-Sentencia evidencia persecución y criminalización de la protesta social

-Tribunal insiste en la protección de derechos frente a detenciones arbitrarias

-Autoridades deben dejar de utilizar el derecho para inhibir la protesta social

El Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito en Almoloya de Juárez ha reafirmado en días pasados una resolución judicial de no vinculación a proceso a integrantes de la ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica) que anteriormente habían sido criminalizados por la CFE al intentar imponer obras sin consulta ni justificación. La resolución resulta ser justa y sin precedentes para la protección de los derechos de las personas , en especial del derecho a la protesta y libertad de expresión.

Integrantes de la ANUEE, particularmente en diversos municipios del Estado de México, se han visto hostigados por cuerpos de policías municipales y federales en contextos del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, por medio del cual exigen el detener los altos cobros de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, y exteriorizan su oposición al “proyecto de modernización de infraestructura eléctrica”, consistente en la instalación impuesta de medidores de luz y de cableado de aluminio, sin que esta empresa consulte o avise a las personas afectadas.

En este contexto, en el municipio de Naucalpan el 9 de agosto de 2017 se detuvo de manera arbitraria e ilegal a Manuel Damián Mendoza y a José Pedro Moreno Herrera por manifestar, de manera pacífica, su rechazo a la instalación de medidores de luz de la CFE, acusándolos del delito de “oposición a obra o trabajo públicos”, previsto en el Artículo 185 del Código Penal Federal. A pesar de que la Procuraduría General de la República obstaculizó deliberadamente su defensa, en audiencia de 16 de octubre, el juez Saúl Cota Murillo resolvió apegado a derecho que no podía vincularse a estas personas a dicho delito, y dejó constancia de que la imputación al mismo consistía en un acto de criminalización de la protesta social.

Luego de que la CFE apeló esta primer resolución, el Auto de No Vinculación a Proceso fue confirmado por el Tribunal Unitario de Almoloya de Juárez, insistiendo en la protección del derecho a la protesta y a la libre expresión de los movimientos sociales.

En el periodo de abril a noviembre del presente año, se han detenido de manera arbitraria a por lo menos 18 personas por el supuesto delito ya mencionado, el cual es inconstitucional puesto que contraviene el derecho de libertad de expresión y manifestación. Con base en este tipo penal, se ha criminalizado y judicializado a integrantes de este movimiento social, representando un hecho clave para observar cómo autoridades estatales utilizan el derecho para inhibir la protesta social.

En medio de este contexto, saludamos la resolución que confirma el Auto de No Vinculación a Proceso. Dicha decisión es una muestra de cómo las resoluciones judiciales pueden ser tomadas bajo una perspectiva de Derechos Humanos y reconociendo las obligaciones del Estado.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P”, A.C.