Según cifras de la Universidad JohnsHopkins, hasta hoy más de 18 millones de personas están contagiadas de Covid-19 en el mundo, y poco más de 700 mil han muerto. Recientemente México ocupó el tercer lugar de fallecidos a escala mundial a causa del virus, sólo detrás de Brasil y Estados Unidos. Ante este panorama se hace más importante la carrera científica por desarrollar una vacuna que prevenga y trate el contagio del Covid-19.

Sin obviar que Rusia anunció que ya tiene una vacuna, los resultados son prometedores. Hasta el momento 10 proyectos en etapa clínica presentan avances notables, y por lo menos tres de ellos se encuentran en fase tres, lo cual significa que pronto se aplicarán en miles de personas, antes de que pueda determinarse la seguridad y efectividad de una de ellas. Y así, luego de que se superen todas las pruebas, se iniciará un proceso de aprobación por parte de autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reguladoras a escala nacional, como el Consejo de Salubridad General en México, y con ello su producción y distribución a gran escala.

Sin embargo, la complejidad de esta carrera no sólo implica ir a contrarreloj para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, sino también una serie de dilemas que han de ser problematizados y resueltos desde la bioética y los derechos humanos. De esta manera surge una pregunta crucial, ¿quiénes tendrán acceso a la vacuna, especialmente en una coyuntura de crisis multifactorial y recursos escasos? Por tanto, es fundamental definir grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19, cuya delimitación habrá de justificarse mediante criterios razonables, proporcionales, objetivos y transparentes y, a su vez, considerando el respeto, protección, promoción y garantía de tres derechos en juego: a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones.

De acuerdo con la resolución 4/2020, titulada Derechos humanos de las personas con Covid-19, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de julio (https://cutt.ly/ndIaJcr), en el contexto de la pandemia los estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar los derechos a la vida y a la salud.

La misma resolución considera que el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud, exige que los estados adopten, de forma participativa y clara, medidas dirigidas al acceso a las vacunas. Así, en medio de un escenario donde éstas no podrán aplicarse en una primera fase a todas las personas, parece conveniente que la medicación se distribuya a los siguientes grupos de atención prioritaria: personal de salud de primera línea; enfermos de Covid-19; adultos mayores; personas con predisposiciones o comorbilidades y aquellas que estén expuestas a un contacto humano significativo.

Ahora bien, si históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en situación de calle o en pobreza, resulta aún más indispensable defender y proteger los derechos en juego de estos grupos. Todo lo anterior plantea numerosos desafíos, los cuales deben ser considerados desde ahora. En función de esto, a principios de julio la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anticiparon una serie de retos para los estados, entre los que destacan aspectos técnicos y logísticos, como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; el número de dosis a administrar, para lograr una protección adecuada; su seguridad y efectividad, y la preparación de la infraestructura y componentes claves para su distribución (https://cutt.ly/kda9NO5).

Pueden, asimismo, presentarse otros desafíos, como la formulación de leyes y guías para evitar el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países, tal y como sucedió durante la pandemia de gripe A/H1N1, en 2009, y con ello eliminar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de autoridades y particulares que puedan violar derechos humanos durante su proceso de producción y distribución. Retomando unas palabras de la doctora María de Jesús Medina Arellano, se necesitará una fuerte coordinación, solidaridad y cooperación internacional entre diversos actores para el desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19. Entre ellos, desarrolladores, reguladores, encargados de la formulación de políticas públicas, inversionistas, organismos de salud pública, gobiernos y sociedad civil.

Saludamos los esfuerzos de quienes están involucrados en el desarrollo de la vacuna para prevenir y tratar el Covid-19. Los llamamos a adoptar una perspectiva de derechos humanos para distribuirla de manera justa y equitativa, y de esta forma garantizar su acceso en condiciones de igualdad y no discriminación.