La apuesta es por construir nuevas estrategias políticas que incluyan una verdadera perspectiva de género para garantizar el bienestar y la dignidad de las mujeres.
Entrada web | Imagen : José Luis Granados Ceja
Por: Jose Antonio Garcia Garcia y Kassandra Arizai Gutierrez
Junio de 2021
El proceso electoral de este 2021 es considerado el más grande de la historia de nuestro país, con casi 95 millones de votantes registrados. Pero también uno que ha sido marcado por actos de violencia política hacia las mujeres. De acuerdo con la Observatoria Ciudadana Todas Mx, organización que dio seguimiento a la jornada electoral, estas elecciones fueron las más violentas en materia de género, con 21 mujeres candidatas asesinadas, contra 14 hombres candidatos.
El Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género define a la violencia política como todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras públicas que se dirigen a una mujer en razón de su género, que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente y menoscaban o anulan los derechos político-electorales.
Nos han presentado las elecciones como un ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía, en igualdad de condiciones para todas las personas y en donde tenemos la oportunidad de participar en los procesos políticos y de representación que marcan el curso del país. Sin embargo, el ejercicio del derecho al voto y a la participación política no han logrado ser garantizados para las mujeres por igual.
Por un lado, la violencia política hacia las mujeres candidatas hace evidentes las estructuras de poder patriarcales, donde las figuras masculinas se sobreponen y acaparan los espacios de toma de decisiones. Las afectaciones que derivan no son únicamente individuales, sino también estructurales, ya que la violencia que se ejerce hacia una de ellas es sólo muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran todas.
México actualmente presenta un gran atraso en la participación de las mujeres en el ámbito político, dado que históricamente el sistema estructural ha impedido que se involucren y ocupen cargos políticos. Las barreras que se han impuesto abarcan desde el acceso a la educación hasta la construcción de un imaginario colectivo patriarcal que reconoce únicamente a los hombres como líderes innatos. Abordar este tema desde una perspectiva interseccional es necesario para conocer y comprender las distintas realidades, vivencias y desigualdades que las mujeres enfrentan de manera recurrente.
En este contexto, cabe resaltar que, a pesar de que hay medidas para garantizar la participación de mujeres en los espacios políticos, como la cuota de género y los lineamientos del “3 de 3” contra la violencia, no han logrado alcanzar la paridad participativa y mucho menos asegurar las condiciones necesarias para avanzar hacia ese punto. Persiste una cultura de impunidad y de incumplimiento de leyes, donde el acceso a la justicia no es inmediato, pasando a ser un proceso lento, revictimizante e inconsistente.
Según datos proporcionados por Yndira Sandoval, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, la constante violencia física y simbólica por parte de instituciones y funcionarios es cada vez más marcada, pues hubo candidaturas de hombres que no cumplían con los lineamientos del 3 de 3 contra la violencia, poniendo así en evidencia las deficiencias del sistema de justicia penal que no garantiza la vida digna y segura para todas.
Las luchas y protestas feministas buscan cada vez nuevas formas de demandas para hacer visible al sistema que desatiende sus necesidades por las deficientes políticas públicas ante la violencia política y de género que enfrentan. La apuesta es por construir nuevas estrategias políticas que incluyan una verdadera perspectiva de género para garantizar el bienestar y la dignidad de las mujeres, una realidad que sólo puede ser alcanzable si las mujeres tienen una participación libre de violencia dentro del contexto político del país.
Un aspecto destacable de la jornada electoral fue la intervención de boletas que circuló en redes sociales. De esa forma, muchas mujeres encontraron una manera de manifestarse y hacer eco de sus demandas, pues al colocar mensajes en las boletas abordaban temas de justicia para las víctimas de feminicidio, desaparición forzada, entre otras. La intervención de boletas sirvió como un ejercicio legítimo de protesta, memoria y dignificación de las demandas que urge sean tomadas en cuenta por parte del gobierno, para que no queden como promesas inconclusas que únicamente se abordan en temporada electoral. El papel del Estado es claro y es su responsabilidad prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género que está presente en todos los ámbitos de la vida pública y privada de los y las ciudadanas.
*Jose Antonio Garcia Garcia y Kassandra Arizai Gutierrez colaboran en el Programa institucional de acciones voluntarias, servicio social y prácticas profesionales del CDH Vitoria.
