El enfoque de derechos humanos implica el cambio de la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino la de sujetos con derecho a demandar determinadas necesidades.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Dimitri Df

Por: Miguel Concha

Sábado 5 de mayo de 2021

El pasado miércoles terminaron las campañas electorales. Mañana la ciudadanía ejercerá uno de los derechos políticos más importantes en un sistema democrático representativo: el voto. Mediante este ejercicio, habrán de elegirse más de 20 mil cargos de los ámbitos federal, estatal y local. Y esto en el marco de los comicios más grandes en la historia de nuestro país, ya que, además, poco más de 93 millones de personas estaremos en posibilidad de participar mediante nuestro sufragio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los cargos a elegir destacan la renovación de la Cámara de Diputados; concretamente 300 curules por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En los ámbitos estatal y municipal, se decidirán 15 gubernaturas y se renovarán 30 congresos locales y mil 923 presidencias municipales; 2 mil 57 sindicaturas; 14 mil 222 regidurías y 204 concejalías, así como 431 cargos auxiliares.

Como señalan algunos especialistas, entre ellos el doctor Manuel Canto Chac, la participación democrática en esta jornada electoral deberá pasar de la delegación simple del poder, al ejercicio de la ciudadanía como poseedora de derechos. ¿Cómo? Sobresalen tres notas constitutivas: a través de la incidencia en las estructuras gubernamentales, en las políticas públicas, en la transformación del orden social y político, y en la exigibilidad de los derechos políticos y humanos en general.

Según Canto, el enfoque de derechos humanos implica el cambio de la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino la de sujetos con derecho a demandar determinadas necesidades.

Desde que comenzó el proceso electoral, se escucharon algunas propuestas, no muchas por cierto; se oyeron algunas reflexiones; se presenciaron muy pocos debates, y tuvieron lugar algunos actos de campaña. Leímos algunos textos, y pocos profundizamos en los análisis de especialistas. Personas candidatas declinaron en favor de otras de diferentes partidos. Asimismo, se hicieron señalamientos y se presentaron denuncias contra postulantes en razón de violencia de género e igualmente por violencia política en razón de género. Además de esto, lamentablemente también hemos visto cómo estos comicios se han teñido de rojo, debido a los altos niveles de violencia en medio de la llamada jornada electoral más grande de la historia de México.

Según los datos más actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril de 2021 se registraron 656 mil 24 presuntos delitos en el país. El número total de víctimas alcanza casi 111 mil. Ahora bien, los índices de violencia política han sido igualmente altos, debido a que se han presentado numerosos incidentes de seguridad. Desde el inicio de las precampañas electorales, en septiembre de 2020, se habla de al menos 88 actores políticos asesinados, incluidas personas candidatas, como en Cajeme, Sonora, y en Moroleón, Guanajuato. Entre el 4 de marzo y el 21 de mayo, el Mecanismo de Protección a Candidatos registró 398 denuncias. Entre las razones se cuentan amenazas, agresiones, actos de intimidación, malos tratos físicos y verbales, así como actos disruptivos que han buscado interrumpir reuniones proselitistas en lugares públicos, y denuncias por presunta usurpación de candidaturas reservadas a personas indígenas y afromexicanas. De acuerdo con la organización Observatoria Ciudadana Todas MX, este proceso electoral ha sido el más violento contra las mujeres, ya que van 21 feminicidios políticos, como fue señalado en la rueda de prensa denominada 2021: El proceso electoral más violento de la historia contra las mujeres (https://cutt.ly/vnzu28p).

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que observa la ocurrencia de preocupantes hechos de violencia en contra de precandidatas y candidatas, e igualmente con respecto a otras dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas (https://cutt.ly/UnzOOPO).

Si bien es cierto que en medio del contexto de violencia electoral, las autoridades han otorgado medidas de protección a candidatas, y que durante los comicios del 6 de junio elementos de la Guardia Nacional estarán presentes en distintas entidades de la nación, específicamente en las que presentan mayores índices de peligro, como Guerrero, Guanjuanto, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, tales medidas parecen ser insuficientes de cara a esta alarmante coyuntura de violencia electoral. Por lo tanto, las autoridades tienen la obligación de otorgar protección no sólo a las personas candidatas, sino a toda la ciudadanía, y ello antes, durante y después de las elecciones, con investigaciones, procesamientos y sanciones adecuadas para prevenir y erradicar la impunidad y la violencia electorales.