El pasado 15 de octubre se llevó a cabo un seminario de derecho crítico titulado Violencias extremas y cotidianas: una mirada interseccional, el cual tuvo como objetivo reflexionar, en un diálogo plural, sobre violencias extremas dirigidas a personas y sus cuerpos, grupos, comunidades y modos de vida particulares, como el feminicidio, el genocidio y la desaparición forzada. Con una visión interseccional, se discutieron además aquellas violencias cotidianas vividas por causa del entramado social en que nos encontramos, mismas que están sostenidas por categorías cuestionables que atraviesan la realidad de las personas: raza, género, clase, etnia y orientación sexual, entre otras.

Se identificó una estructura política, social y económica que impone un sistema de jerarquías desde el que se valora que existen vidas que no son dignas de ser vividas y muertes que no son dignas de ser lloradas. Y, asimismo, la mirada crítica se dirigió hacia otras categorías que generan barreras lingüísticas y epistemológicas para nombrar e identificar esas violencias extremas, así como hacia las corporalidades y comunidades que son objeto de ellas.

Para referir la violencia extrema contra mujeres indígenas se problematizó igualmente la base teórica, jurídica y el uso de conceptos como feminicidio o genocidio, cuestionando si el uso de una u otra favorece la explicitación de la forma y el sentido en que operan las violencias estructurales o si tienen el efecto de invisibilizar la propia cosmovisión de las comunidades.

Otro de los ejes de la discusión fue el análisis de la interrelación entre el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo en el mantenimiento de una estructura de poder mediante distintos mecanismos operados en muchas ocasiones por acción u omisión del Estado. Por ejemplo, la violencia y el control ejercidos de manera selectiva contra mujeres y pueblos indígenas.

Y de la misma manera la violencia del crimen organizado en la región latinoamericana, expresada en la desaparición forzada y la explotación de la vida en favor de la concentración de la riqueza. Todo lo cual está relacionado con despojos de bienes comunes y con el desplazamiento de comunidades campesinas que habitan territorios de gran interés para capitales trasnacionales.

Estas estructuras de poder, con ejercicios extremos de violencia vividos cotidianamente, han generado en décadas recientes una gran cantidad de víctimas y sobrevivientes, a quienes los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la verdad para conocer las razones por las que fueron violentadas. Así como su acceso a la justicia, y ésta no sólo desde sistemas occidentales. Para ello es indispensable que los Estados incorporen las aportaciones de los distintos campos disciplinares que se aproximan a una comprensión integral de las violencias, como es el caso de las nuevas ciencias forenses que favorecen el acceso a la verdad de las víctimas, pues problematizan y documentan las violencias con un enfoque diferenciado.

Por otra parte, la antropología permite comprender y esclarecer quiénes son las personas que están siendo afectadas por conflictividades actuales. Y de esta manera, en la medida en que se identifiquen las prácticas diferenciadas y focalizadas de violencia, se podrán impulsar mejor los procesos de justicia y la reparación para las diversas víctimas. Por consiguiente, es obligatorio que los Estados dispongan de recursos para llevar a cabo acciones encaminadas a la verdad y la justicia, garantizándose igualmente la reparación integral.

Es cierto que la violencia extrema genera pérdidas irreparables, como la vida, por lo que vale la pena preguntarnos ¿qué entendemos por reparación y para qué buscarla? En el seminario se abordaron a este respecto prácticas de pueblos indígenas en las que la reparación es un proceso colectivo que busca que los perpetradores entiendan y reconozcan los agravios cometidos y las afectaciones al territorio, buscando un proceso afianzado en su relación con la naturaleza. Es decir, al hablar de reparación se hace necesario generar narrativas transformadoras y reivindicativas sobre los distintos modos de vida. Es necesario contraponerse a los ejercicios revictimizantes de las instituciones y sus esquemas de mantenimiento de estructuras de poder violentas. De ahí que también la reparación, como una de las principales medidas de no repetición, busque transformar al Estado.

Finalmente, el seminario convocado por el Ciesas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, forma parte de la larga y fecunda relación de diálogos y reflexiones articulados entre colectivos de víctimas de violencia, academia y organizaciones de la sociedad civil. Por lo que estos lugares apuntan a ser fundamentales para la participación amplia de diversos actores en la construcción de espacios de reflexión y acción que permitan vislumbrar condiciones de vida más justas y dignas.