Diálogo incluyente y verdadero
Diálogo incluyente y verdadero Sábado 25 de junio de 2016 Miguel Concha La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación(CNTE) ha dado una muestra de resistencia y defensa digna por una educación pública, laica y gratuita. Por desgracia, en los últimos acontecimientos derivados de la reforma educativa, también ha visto violentados sus derechos fundamentales y los de otras personas que se solidarizan con su causa. Los hechos del pasado domingo en Nochixtlán, Oaxaca, nos dieron idea del nivel de error en la respuesta que está dando el actual gobierno federal al conflicto: 10 personas ejecutadas, decenas de heridas y golpeadas en el intento de la Policía Federal por desalojar a quienes mantienen expresiones de protesta en las entradas a la capital oaxaqueña, y decenas de detenidas arbitrariamente. Además, habría que agregar los agravios que en semanas pasadas sufrieron las maestras y maestros en la Ciudad de México, cuando fueron desalojados y expulsados, así como la decena de detenciones de líderes de la Coordinadora. Todo esto configura un escenario de graves violaciones a los derechos humanos, donde lo que menos queremos es el incremento de la violencia y la represión del Estado. El régimen debe entender que una salida viable y pacífica al conflicto es el diálogo de cara a la sociedad, respetuoso de los derechos de las y los maestros que se oponen a la llamada reforma educativa, y por supuesto el esclarecimiento de los hechos registrados en Nochixtlán. Por desgracia tuvieron que acontecer estos sucesos tan lamentables, para que el actual gobierno volteara con renuencia hacia intentar un diálogo, como el que se llevó a cabo en Bucareli, el pasado miércoles con el titular de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, hoy entre la sociedad mexicana sabemos que este diálogo debe ser uno que vaya al fondo del conflicto. Con ello me refiero a que el principal reto que se nos presenta a todos, y a las partes en conflicto, el gobierno federal y la CNTE, es resolverlo de manera que logremos una reforma educativa acorde con las necesidades de las personas y las comunidades. Es decir, una reforma alternativa de la educación. Retomando algunos aportes del Premio Nobel de la Paz 1958, Dominique Pire, se requiere entonces de algunos elementos que me permito esgrimir a continuación. Urge, primeramente, que se ponga entre paréntesis lo que se es y lo que se piensa para tratar de entender el punto de vista del otro, aunque no se comparta, lo que conlleva a escucharse, hablarse de frente y tratar de comprenderse. Que exista, pues, una voluntad de diálogo verdadero. En segundo lugar, será igualmente importante no pretender reducir al otro a la propia posición; es decir, no querer asimilarlo, y, peor aún, rechazarlo, y finalmente, intentar en todo momento buscar una posición incluyente entre ambas partes, en aras de integrar una verdad más plena. Con estos elementos podría avanzar un diálogo respetuoso y de fondo. Además de lo que el propio contexto nos vaya indicando. Por ello, ahora, en los intentos por llevar a cabo un diálogo por la educación pública, laica y gratuita, urgente e imprescindible, las partes deben mostrar su disposición a dialogar, y en todo momento atender a las causas del conflicto. Debo decir que esta postura abierta al diálogo la mostró la CNTE, sobre todo en los últimos meses, y que quienes se cerraron, y pretenden seguirlo haciendo, son por desgracia los funcionarios del régimen. Ayudaría mucho que para este diálogo el gobierno federal mostrara su voluntad mediante la suspensión de la implementación de la reforma, pues con ello contribuiría a que se construyan condiciones adecuadas para iniciarlo. Existe un amplio consenso en la sociedad civil mexicana, y cada vez más en otros países del mundo, para que este diálogo sea tal que vaya a los orígenes del conflicto, que es, sin duda, la política educativa del Estado mexicano, política educativa que no podemos aceptar por la vía de la imposición y la violencia, sino a través de la información, la consulta, la participación y el consenso. De lo contrario sería una manifestación más de la pérdida de ejercicios democráticos. Es importante subrayar que este diálogo que se logre por la educación es un tema de toda la sociedad, y no sólo de las y los profesores de la CNTE. Hoy reconocemos que son las y los maestros quienes conocen de primera mano la situación educativa en el país. Evitemos por ello descalificar su experiencia y conocimientos en la resolución de este conflicto, aunque seguramente ayudará también contar con voces expertas venidas de las ciencias de la educación, de las y los defensores del derecho a la educación y de sectores representativos de la sociedad en general. Para el buen rumbo del diálogo, nos toca a todos exigirlo y acompañarlo, buscando siempre el respeto de los derechos de las y los profesores, y apostando por un paradigma de educación que verdaderamente sea necesario para el futuro soberano de México. Asimismo, es urgente seguir mostrando nuestro rotundo rechazo a la violencia y la represión, pues para la estabilidad del país y la gobernabilidad del Estado, nunca puede ser aceptada la imposición de una política de gobierno por la vía de la violencia. Como personas comprometidas con una educación digna y acorde con las necesidades de las personas y pueblos, y con el futuro soberano de México, debemos sentirnos convocados a participar en la solución de este conflicto, en aras de una educación pública, laica y gratuita. No cabe justificación alguna para perseguir, reprimir y lastimar a quienes disienten. Hoy son muchas las personas que no aceptan el manejo que el actual régimen da a los conflictos, pues no se trata de administrarlos, sino de resolverlos. El actual gobierno tiene la oportunidad de abrir el diálogo y evitar cancelar la democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y
Constituyente y ciudadanía
Constituyente y ciudadanía Sábado 18 de junio de 2016 Miguel Concha Con las elecciones del pasado 5 de junio, para elegir a 60 por ciento de los miembros de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, concluyó una etapa de este proceso. Con la votación para los representantes, para algunos habría concluido la participación de la ciudadanía. Para otros, los resultados electorales demandan la intervención más a fondo de todas las personas que habitamos esta entidad, a cuyos aportes los representantes y funcionarios deberán estar más atentos. Habrá también que interrogarse por los resultados del proceso de comicios. Llama la atención la baja participación de votantes en comparación con elecciones anteriores. Para algunos, esto demuestra la faltad de interés ciudadano por la existencia de una Constitución para la ciudad. Me resulta difícil pensarlo, pues casi a diario sé, soy invitado o participo en múltiples reuniones que diversas organizaciones realizan para analizar el proceso constituyente, estructurar sus propuestas y diseñar sus estrategias para que se incluyan en el texto constitucional. Otros dirán que la baja afluencia fue un acto de rebeldía ante la decisión del Congreso de reducir la capacidad decisoria de la población a sólo tres quintas partes de los constituyentes. Algunos más dirán que esta situación refleja igualmente el hartazgo ciudadano ante los magros resultados del sistema de partidos, que tampoco parece estar siendo superado por las candidaturas independientes que, en esta circunstancia, no despertaron el entusiasmo civil. Quienes salen en defensa de los partidos sostienen que éstos son necesarios en todo sistema político, afirmación que no está en duda, aunque de lo que sí hay fundada certeza es de que éstos de ninguna manera son suficientes para encauzar la vida pública de una sociedad tan rica y compleja como la que tenemos en la Ciudad de México. En medio de tan diferentes argumentos, podríamos estar de acuerdo en que la Constitución es una cuestión muy importante, como para dejarla sólo en manos de los partidos. Lo real es que los miembros de la Asamblea serán quienes tengan la decisión última sobre la cual regirá la vida pública de la ciudad. Su composición está ya prácticamente definida. Conocemos el número de diputados que corresponde a cada partido, con algunos previsibles cambios de nombres de personas. El Congreso ya ha casi también designado a todos sus representantes, los que dada su designación a partir de su pertenencia partidaria vendrán a modificar la correlación resultante de las urnas. Está pendiente, sin embargo, conocer todavía las designaciones de los ejecutivos local y federal, quienes tienen ante sí la disyuntiva de reforzar las tendencias que los números ya reflejan o fortalecer la presencia ciudadana en el proceso constituyente, con el fin de que se pueda evitar el posible entrampamiento en que podría quedar el texto constitucional. Dado que todas las decisiones de la constituyente deben tomarse por las dos terceras partes de sus miembros, si no se modifican las tendencias actuales que reflejan los números, los acuerdos solamente serían posibles con la aceptación de tres de cuatro partidos, y la decisión sería a cada paso cuál de los cuatro queda excluido. Menos probable, aunque no imposible, es que los acuerdos no sean tomados por las cúpulas partidarias, sino por las afinidades de los distintos miembros del constituyente, toda vez que algunos partidos decidieron incorporar entre sus listas a militantes sociales e intelectuales independientes. De esta manera, existe la posibilidad de acuerdos entre personas con independencia del grupo parlamentario al que nominalmente pertenezcan. Una situación así contribuiría a refrescar tanto el ambiente político de la ciudad como del país, así como a construir una lógica de acción sin monopolio partidario. Que esta posibilidad avance o no, dependerá en mucho del reglamento interno del órgano constituyente. Éste podrá servir para fortalecer la autonomía de los constituyentes o para robustecer el control partidario sobre ellos, tema que no puede eludirse en las deliberaciones ciudadanas. Cualquiera que sea la valoración que se tenga de los motivos de la baja participación en las elecciones, no puede eludirse el asunto de la legitimidad de la constitución resultante, ni puede desconocerse que al respecto hay diversas posiciones en la sociedad. Están quienes piensan que hay ilegitimidad de origen, y que por tanto, sea cual sea el texto aprobado, no le reconocerán validez. Otros, sin negar los problemas de origen, plantean que el texto constitucional es ocasión de ampliar las libertades y derechos de la ciudadanía, y que para ello habrá que presionar a los decisores por medio de acciones cívicas, como una asamblea alternativa, similar al papel que juegan en algunos países de Europa los gabinetes a la sombra, para circular información y debatir los mismos temas que se abordan en los espacios institucionales. Otros más se proponen acciones para influir sobre los constituyentes, como foros, debates y actos públicos de diverso tipo. Por supuesto, las dos últimas modalidades no son excluyentes. Su combinación podría potenciarse mutuamente en la conocida estrategia de actuación adentro y afuera. No creo que en su diversidad la ciudadanía deje de participar en las siguientes etapas, y antes de verla como una amenaza debemos verla como una oportunidad para tener una constitución reconocida por todos, y de legitimidad indudable, porque ello conduciría a tener una vida pública más rica y estable en la Ciudad de México. Demostraría también nuestro compromiso ciudadano con la democracia, consecuente con el principio de que leyes y gobierno son el poder instituido, y que es el pueblo nuestro único poder instituyente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: David Cabrera Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura
Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos
Educación, resistencia y derechos humanos
Educación, resistencia y derechos humanos l Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en México y en toda América. El viernes 4, en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, diversas organizaciones y personas de todo el hemisferio levantaron la voz contra la ratificación del TPP, y denunciaron también el ataque sistemático contra las democracias en América Latina, y rechazaron el caos actual en el que nos ha colocado el modelo neoliberal en sus crisis profunda. 12 de junio de 2016 Por: Layla A Flandes Vázquez /Carlos A Ventura Callejas En medio de un ambiente de expectativa, escuchamos a los profesores invitados. Las reflexiones que abrieron el espacio de diálogo hicieron hincapié en la esperanza, surgida en la solidaridad mostrada por padres y madres de familia, estudiantes, organizaciones sociales y pueblos de todo el país, que es enorme, y se ha unido a las movilizaciones en apoyo al movimiento de la CNTE alrededor de México. “La huelga y la movilización ha cobrado relevancia… ha roto con las expectativas que nosotros mismos nos habíamos planteado”, declaró uno de los profesores. También aludió el contexto de criminalización, estigmatización y violencia que han vivido las maestras y los maestros desde el inicio de las jornadas de lucha nacional de parte del magisterio. Recordó que las y los manifestantes de la CNTE han sido desalojados ya tres veces de los plantones instalados en la Ciudad de México, siendo el más emblemático el desalojo de la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pasado 21 de mayo. “Nos tienen arrinconados. La pretensión del Estado es que no salgamos, que callemos”, mencionó uno de los profesores presentes en el diálogo. Aunado a esto, los maestros relataron cómo el Estado mexicano ha ejercido amenazas, detenciones, desapariciones e incluso asesinatos contra las y los trabajadores de la educación que conforman el movimiento disidente magisterial; además, lo que sucede con los despidos masivos y las campañas de criminalización ejercida a través de los medios masivos de comunicación. Otro de los maestros presentes recordó que “desde el 2013 tenemos compañeros encarcelados, asesinados, perseguidos y exiliados por alzar la voz”. De acuerdo con lo que compartimos con las y los maestros presentes en este encuentro, el Estado ha vuelto a usar las prácticas “tradicionales” de represión en su contra y, con ello, sin duda se configuran graves violaciones a derechos humanos de las y los integrantes de la CNTE. A pesar de esta violencia dirigida en su contra por parte del Estado, las maestras y los maestros seguirán en pie de lucha por medio de diversas acciones enmarcadas en su derecho a la protesta social, al tiempo que, como ellas y ellos mismos han señalado, intentan abrir el diálogo con la sociedad y el gobierno, pues están en la protesta y la propuesta, mientras que el gobierno federal en la cerrazón total. Los maestros presentes en este conversatorio reiteraron las demandas que se manifestarán a lo largo de sus acciones políticas: la no implementación de las reformas estructurales, haciendo hincapié en la reforma educativa; la estabilidad laboral de las maestras y los maestros; la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; la reinstalación inmediata de las y los profesores que están en proceso de despido; la no retención de los salarios de las y los miembros de la CNTE que se han movilizado y negado a presentar la evaluación impuesta por la Secretaría de Educación Pública; el alto a la persecución de las y los luchadores sociales; y la libertad de todos los presos políticos del país, especialmente de aquellos que han sido detenidos a raíz del movimiento magisterial: en total, son 11 los maestros que fueron detenidos a lo largo de las movilizaciones. A la par de esto, mencionaron que es urgente, con la solidaridad de todas y todos, revertir el efecto que ha tenido el “operativo mediático” para desprestigiar y criminalizar a las y los profesores de la CNTE; es necesario reconocer y promover que el magisterio disidente hacen ejercicio y uso de su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la protesta social. El control de los medios masivos de comunicación ha invisibilizado también el movimiento que se ha dado en otros estados del país contra la Reforma Educativa. Cabe señalar que diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron ante la criminalización de la que han sido objeto y demandaron al gobierno tanto de la Ciudad de México como el federal, cesar todo intento de represión o impedimento a la exigencia de derechos que los docentes realicen. Estamos frente a un autoritarismo que a rajatabla violenta derechos sin costo alguno, y el caso de la CNTE ahora es todavía más emblemático en esta lamentable situación de crisis de derechos humanos. De lo recogido en este diálogo con profesores, recalcamos que la CNTE ha estado al lado de muchos otros movimientos sociales, por ello es de reconocerse la trascendencia que tiene el movimiento magisterial en México, pues también representa una de las tantas luchas que convergen a nivel internacional contra los modelos neoliberales de desarrollo y, en este caso, de modelos educación basados en una lógica de control y calidad empresarial. Uno de los maestros afirmó que se enmarcan dentro de “la primera revolución social del siglo XXI”. A lo largo del diálogo, los maestros reafirmaron la posición de la CNTE: “Queremos una evaluación de dignidad, no de calidad”; reiteraron que la calidad a la que aluden en los pasillos de la SEP responde a las exigencias de una lógica empresarial y no al principal objetivo de la educación, que son las personas, su contexto y su historia. De viva voz, escuchamos que, si ha de haber un mecanismo de evaluación de la educación, éste no debe ser el impuesto por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino uno que sea continuo, formativo
Veinte años de Serapaz
Veinte años de Serapaz Sábado 11 de junio de 2016 Miguel Concha En los años 90, México vivía momentos claves que hicieron posible que se concretaran proyectos alternativos y de resistencia que permitieron la maduración de espacios organizados, los cuales ahora reconocemos como referentes entre los movimientos y organizaciones sociales y que trabajan día a día por la justicia, la dignidad y la paz entre los pueblos y personas. Tal es el caso de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); como sabemos, fue en gran parte depositaria de los saberes y experiencias que se generaron en la búsqueda de una paz con justicia y dignidad en Chiapas, durante la labor mediadora de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Retomando lo que sus propios integrantes comparten en algunas de sus presentaciones, después de 1998 Serapaz se integró como organización que busca contribuir al fortalecimiento de capacidades de actores sociales como sujetos de la transformación positiva de sus conflictos, en procesos que conduzcan a una solución justa, constructiva, democrática y no violenta, no a una mera administración de los conflictos, como sucede en muchas instancias oficiales. En medio de una crisis de civilización, como en la que estamos, la importancia de una organización hermana como esa radica en colaborar para transformar las realidades injustas y deshumanizantes que amenazan toda forma de vida. Su trabajo camina hacia la liberación, la emancipación y el respeto de la dignidad y la vida. Su labor de construcción pasa también por el reconocimiento honesto del conflicto, de la conflictividad que hoy está muy presente en el país. Parte del principio de realidad que reconoce que su tarea no es nada sencilla: por lo menos 450 conflictos asociados por tierra, territorios y bienes comunes, según lo reportado en meses pasados por Víctor Toledo o los otros 256 casos documentados por organizaciones sociales y por el trabajo de investigación que el semanario Proceso recientemente dio a conocer, los cuales fueron originados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este escenario, Serapaz se ha convertido en un medio por el cual se gestan y entretejen la solidaridad y la paz. En un espacio de aliento para todas aquellas personas y colectivos que, preocupados por la actual crisis, se suman y son parte de procesos creativos de organización para contrarrestar el actual autoritarismo y la grave situación de los derechos humanos. Quienes durante 20 años han sostenido este trabajo de equipo, tienen entre sus referentes, sin duda, aTatic Samuel Ruiz García (†), obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, e inspirados y motivados en su trabajo, continúan caminando al lado de las comunidades y pueblos, no sólo en Chiapas, sino en todo el territorio nacional. Tomando en cuenta además experiencias de construcción de justicia y de paz en América Latina y el Caribe, se hacen cargo, cargan y se encargan de la realidad, como se ha hecho en la línea liberadora del pensamiento crítico y emancipador, tan arraigado en los pueblos del Sur. Hoy reconocemos que con escucha atenta, paciencia y creatividad, han sabido leer los signos de los tiempos; y que, cultivando la humildad, han sabido hacerse presentes entre los procesos organizados que creen y trabajan por ese otro mundo posible al que muchas y muchos aspiramos. Es indudable que, después de 20 años, la experiencia de Serapaz también se ha compartido entre otros espacios organizados, por ejemplo, a través de su Escuela de Paz, en la que cientos de integrantes de comunidades, pueblos y movimientos han cultivado las metodologías de la transformación positiva de conflictos, y se han hecho poco a poco sembradores de paz, justicia y resistencia. Vale la pena mencionar aquí la reciente articulación de 179 comunidades, pueblos, barrios y organizaciones en defensa del territorio que acompaña Serapaz en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, donde, junto con músicos, académicos, religiosos, actores y escritores se comparten y articulan esfuerzos para revertir la actual cultura de muerte y despojo, y defender a la madre tierra. Ejemplos como éstos nos hacen reconocer que 20 años son por ahora muestra del trabajo sostenido y solidario, nacido del amor y la esperanza, de la visión transformadora que tienen quienes han sido y son parte de Serapaz. Durante la celebración de sus 20 años, la semana pasada, decenas de representantes de estos colectivos reconocieron la labor incansable de esta organización. Quedó claro un mensaje que tiene que ver con el entretejido fino y sostenido de la diversidad de experiencias organizativas con que contamos en México. Y es que solas y solos no podemos. En ese momento, y ahora, amigas y amigos en la construcción de la paz celebramos la vida, la esperanza y los procesos de construcción de una realidad más justa y digna. Un signo es Serapaz, signo de trabajo colectivo, pues esta organización, junto con otras más, reconocen que, como dijo don Samuel en enero de 1994, durante una homilía dominical, la paz en nuestro país, que creíamos tan firme, mostró su fragilidad, porque estaba basada en una situación de injusticia, que aún no superamos. Y reconociéndose hermanadas en estos anhelos, saben que, como don Samuel también señaló, lo que queremos es una paz que posibilite avanzar hacia la construcción de un México nuevo, estructurado por los grandes valores humanos de la fraternidad, de la democracia, de la verdadera libertad, del respeto de todos los derechos humanos para todos. Y así caminan y desean que Serapaz lo siga haciendo por muchas más décadas, hasta erradicar toda forma de opresión. Siempre teniendo a la paz como objetivo y al establecimiento de la justicia como estrategia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: SERAPAZ Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso
Autoritarismo y conflictividad social
Autoritarismo y conflictividad social Sábado 4 de junio de 2016 Miguel Concha La conflictividad registrada en los últimos años en México entre diversos grupos de la sociedad y el Estado u otros actores a quienes éste les genera afectaciones en sus vidas, parece incrementarse, y difícilmente vemos que las instancias oficiales logren disminuirla y evitar las violaciones a derechos humanos que acarrea. Por el contrario, es alarmante que sea tan generalizada y constante la información que circula en medios, redes sociales y plataformas de comunicación sobre casos en los que se registran agresiones a personas y grupos por agentes de seguridad del ámbito civil y militar. Hemos visto, por ejemplo, los recurrentes actos de represión y violencia contra las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un caso en que la mano dura del autoritarismo de este siglo XXI se hace muy evidente. En él se ha evidenciado que a la par del uso de la fuerza en contra de los integrantes de la CNTE se activan mecanismos mediáticos de criminalización contra los docentes, dirigidos al consumo del grueso de la población, que en ocasiones lamentablemente desaprueba en consecuencia todas las manifestaciones de la Coordinadora, lo que se debería revertir. Pero luego de dirigir gran parte de la opinión pública en sentido negativo contra los maestros, sigue sin reparo alguno el uso de la fuerza pública, y nos damos cuenta de que antes de proteger la integridad y derechos de quienes se manifiestan, se utiliza, por ejemplo, para expulsarlos de la Ciudad de México, reprimirlos y hostigarlos en su derecho a protestar, disentir y hacer exigibles sus derechos, así como a transitar por el país de manera libre y segura. El caso de las y los profesores se inscribe en un contexto de evidente retroceso en el respeto y garantía de derechos relacionados con el uso del espacio público con fines de manifestaciones políticas. Con base en la documentación y monitoreo de la situación de la protesta en México, tan sólo en la última decena de meses hemos registrado por lo menos un acto de hostigamiento, agresión y violencia por semana. Es decir, en diversos lugares del país conocemos de un conflicto cada semana que no se resuelve por las vías institucionales, al que los gobiernos no dan respuesta oportuna, en los que no hay diálogo, y en los que, frente a la exigencia de derechos en las calles, la respuesta del Estado es la violencia contra quienes son precisamente titulares de esos derechos que se reclaman. Qué paradoja que el Estado desvíe su poder, y que en lugar de garantizar derechos, los violente sistemáticamente para mantener sus privilegios y estatus. Sólo con repasar cotidianamente los diversos medios de comunicación o revisar las acciones de denuncia que hacen organizaciones defensoras de derechos humanos –por ejemplo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social– es evidente que existen hoy algunos estados de la República donde se registran en mayor medida este tipo de violaciones a derechos humanos. Encabezan desde luego la lista: Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Chiapas, aunque en la revisión detallada se coloca en primer lugar a la Ciudad de México. Es importante este dato, en tanto que esta ciudad es sede de los poderes de la Unión y alberga gran parte de la actividad política del país; es por lo tanto un centro político de toma de decisiones y debate. Las autoridades federales y de la ciudad no deben obviar estas consideraciones, ya que para la vigencia de derechos es necesario que la ciudad sea concebida como lugar propicio de gran importancia para procesos de exigibilidad de derechos. La expulsión de las y los profesores de la Plaza de Santo Domingo, el pasado 21 de mayo por la madrugada, cuando los obligaron a subir a autobuses de forma ilegal y arbitraria, representó un agravio casi sin precedente. No se recuerda este tipo de actos violatorios de derechos humanos, por lo menos desde la década de los 70, en plenaguerra sucia. Preguntémonos, pues, si estamos en retroceso o no en estos tiempos. En este sentido, resulta también significativo que en diversos casos son exigencias de derechos que se relacionan, por ejemplo, con el agua y la vivienda, o con derechos laborales lo que está en el centro de las disputas. Sobresalen también los conflictos vinculados a la tierra y los territorios, en los que el despojo es el fondo del asunto. Es indudable, igualmente, que la actuación de las fuerzas policiacas y militares está cada vez más coordinada y presente en el campo de la seguridad, encaminada al control social, y desdibujando las fronteras entre asuntos de seguridad nacional y pública. Este uso del Ejército es palpable sobre todo en estados donde la militarización está presente, por desgracia, en la vida cotidiana de las personas, como en Guerrero y Oaxaca. En el periodo mencionado se registra además el uso de gases lacrimógenos y balas de goma en media decena de casos. Lo que en medio de esta crisis de derechos humanos se nos devela es una conflictividad, producto del desconocimiento y exclusión de los titulares de derechos y principales actores en la realización de la vida de este país; es decir, toda persona, comunidad o grupo, y la formulación y ejecución de un modelo de país que no se corresponde con las necesidades reales de la población. En este contexto, el caso de las y los profesores de la CNTE exige una actitud dialogante e incluyente por parte del Estado. Sin un diálogo en el que se escucha y se propone, y sin apertura de las autoridades, la conflictividad entonces es mayor, las violaciones a derechos son todavía más preocupantes, y el autoritarismo de nuestros tiempos se asienta sin impedimento alguno en nuestro país. Contrarrestemos ese panorama desolador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada:Eneas De Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización
