Ayotzinapa: daños para la verdad
Sábado 14 de septiembre de 2019 Miguel Concha A unos días del quinto aniversario de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, se dio a conocer un golpe tremendo contra la lucha de los familiares por la verdad: la liberación de Gildardo López Astudillo, señalado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien habría tenido un papel relevante en esos lamentables hechos. Tras considerar un juez que no había pruebas suficientes y lícitas en contra de López Astudillo, fue absuelto y salió del penal en el que había estado por cerca de cuatro años, pues fue aprehendido a unos días del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, llevándose consigo información valiosa para dar con el paradero de los jóvenes. Las familias reaccionaron con una indignación que es perfectamente justificable y tiene también lamentables antecedentes y advirtieron que, de no enderezarse el actuar de los ministerios públicos, lo mismo podría suceder con decenas más de personas involucradas. Tanto las familias como los peritos, entre ellos el experimentado Equipo Argentino de Antropología Forense, habían advertido desde los inicios de la investigación que había irregularidades en el proceder de las autoridades y que la evidencia existente no se correspondía con las presuntas declaraciones de las personas presentadas como probables responsables. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió no sólo de la imposibilidad fáctica de la teoría oficial del caso, sino que señaló graves irregularidades en la actuación de las autoridades investigadoras. A esto se sumó el informe Doble Injusticia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual expuso la existencia de fuertes elementos de convicción, para concluir que al menos en contra de 34 de 63 personas imputadas existió tortura. Al analizar los recursos de amparo interpuestos por la defensa de varios acusados, un tribunal colegiado de Tamaulipas reconoció la falta de exhaustividad e imparcialidad en la investigación, así como la tortura contra los detenidos, y ordenó reponer el procedimiento, creando una comisión investigadora con la participación de las familias y sus representantes, de expertos internacionales y de la CNDH, en acompañamiento al Ministerio Público. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a seguir las recomendaciones del GIEI y del tribunal colegiado de Tamaulipas y encubrió a quienes torcieron la investigación hasta el último día de la pasada administración. Al momento de escribir estas líneas estas personas, que actuaron contra el derecho a la verdad y la justicia de los 43 jóvenes y sus familias, no han rendido cuentas por tan grave, doloroso e impune modo de actuar. El cambio de gobierno trajo nuevas expectativas, y con la materialización de la Comisión Presidencial para asegurar el acceso a la verdad y la justicia, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, se renovó la esperanza de hallar a los muchachos. Lamentablemente, el impulso que han mostrado los funcionarios integrantes de esta comisión no ha sido del todo acompañado por quienes tienen la investigación penal en sus manos desde hace al menos 10 meses: no se han corregido las deficiencias cometidas por la PGR, no se han presentado nuevas acusaciones, ni se ha actuado contra quienes sembraronlos errores que hoy han llevado a la caída de los procesos contra personas relevantes. Incluso hace apenas dos meses se nombró al fiscal especial para el caso, en quien las familias han depositado gran confianza. La liberación de El Cabo Gil es la primera absolución que consigue un acusado en la desaseada investigación armada por la PGR para imponer una versión mediante todo tipo de violaciones al proceso y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia. Pero podría haber más. Las familias, por su parte, con su enorme y digna lucha, han conseguido que el caso no se cierre mediante verdades fabricadas a modo, mientras que los organismos internacionales han colaborado mostrando caminos relevantes para este caso y para decenas de miles más. Ahora es realmente urgente que las personas que tienen en sus manos el caso se apresuren a evitar que más personas con información sobre el paradero de los estudiantes eludan la justicia. Aunque también, como expresó La Jornada en su editorial del 6 de septiembre pasado, “por la fuerza ejemplar del caso Iguala, en tanto emblema de la violencia perpetrada con la connivencia de las autoridades, la liberación de El Cabo Gil coloca a la Fiscalía General de la República en la obligación de investigar la investigación; es decir, a poner bajo la lupa a sus empleados o ex empleados que intervinieron para enturbiar el curso de las indagatorias”. Añadiendo que dicha pesquisa no estará completa si no se voltea hacia los jueces que han hecho gala de generosidad en el tratamiento de los presuntos culpables. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Jorge Aguilar
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) Saludo a la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación; a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y a todas las autoridades de la Ciudad de México; al Sr. Jan Jarab, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y a participates que nos acompañan esta mañana. Asimismo, agradezco los esfuerzos que se han venido realizado para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en la importancia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Me parece muy conveniente iniciar mi participación recordando que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; ejemplo de esto, es la falta de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual es una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender, proteger y acceder a sus derechos y a la justicia. Así pues, es necesario reconocer a los derechos económicos, sociales, culturales y también a los ambientales como derechos humanos que deben garantizarse más allá del desarrollo de políticas públicas o programas de prestación de servicios, sino desde una perspectiva de igualdad sustantiva que permita eliminar la desigualdad estructural por medio de acciones que garanticen el ejercicio de cada uno de estos derechos; considerando el contexto sociocultural y económico en donde se construyen y reproducen las estructuras de poder que perpetúan los privilegios y las desventajas que impiden el pleno desarrollo de las personas en situaciones de empobrecimiento. Dicho esto, me gustaría abordar la situación que organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha manifestado sobre nuestro país en materia de desarrollo económico y social. Si bien, México es uno de los países con mayor índice de personas en situación de empobrecimiento, colocando a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca como los más afectados, es necesario superar el aspecto de la falta de ingresos como el único elemento constitutivo de la situación de pobreza que adolecen millones de personas en nuestro país, ya que la mayoría de la población en esta situación, se ha visto históricamente privada de la seguridad, las capacidades y las opciones suficientes para poder desarrollarse en el marco de un nivel de vida adecuado. En este sentido, es importante señalar que la escasez de recursos tampoco exime a los Estados en la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que los Estados están obligados a demostrar que han hecho uso del máximo de sus recursos para la efectividad progresiva de cada uno de los derechos, fijando metas que permitan evaluar si las medidas adoptadas van en función de la satisfacción de las obligaciones contraídas. Otro punto fundamental, es la necesidad de reconocer que aun cuando el derecho internacional contempla el margen de discreción a los Estados, el cual brinda la libertad a los mismos para seleccionar los mecanismos que utilizará para hacer efectivas sus obligaciones, este principio no puede ser utilizado para incumplir o justificar la derogación o limitación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que estos actos están enmarcados en las obligaciones mínimas esenciales que cada Estado parte se ha comprometido a cumplir, independientemente de la disponibilidad de los recursos. En consonancia con lo anterior, es necesario la adopción de medidas efectivas que se centren en la elaboración y aplicación de criterios e indicadores de evaluación, con enfoque de derechos humanos, que atiendan a los más altos estándares internacionales para su construcción, y que permitan a la población acceder a información, fidedigna, imparcial y transparente. Por lo que es fundamental que las instituciones encargadas de llevar a cabo esta tarea cuenten con los recursos y autonomía necesaria para cumplir efectivamente sus propósitos en beneficio de la sociedad. Por otra parte es sumamente necesario establecer mecanismos de supervisión, con la finalidad de garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados ante posibles violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyan el derecho al resarcimiento, la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Por ello, es primordial garantizar a su vez la seguridad de quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, durante su visita a México en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos concluyó que uno de los sectores más criminalizados, son aquellos que promueven los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que su labor ha comprometido los intereses económicos que giran en torno a la realización de proyectos a gran escala en materia de minería, energía o infraestructura, evidenciando la falta de regulación de particulares, así como la falta de cumplimiento de las normas internacionales por parte del Estado en relación a tareas concretas que pudieran ser retomadas en el Programa Nacional de Derechos Humanos se identifica la urgente necesidad de fortalecer, acorde con la Constitución Política, instituciones encargadas que tengan por objeto la medición de la pobreza y la evaluación de todas las estrategias y fondos de toda la política de desarrollo social. Me refiero puntualmente, al fortalecimiento del Consejo Nacional del Consejo de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL). Como he
Encuentro | «DH y Construcción de paz», transformación positiva de conflictos
Con el objetivo de seguir apostando a la construcción de espacios de intercambio y fortalecimiento de experiencias y saberes, desde el Centro Vitoria y el Centro de Derechos de las víctimas de violencia «Minerva Bello»invitamos a participar los próximos días 20, 21 y 22 de septiembre en el Encuentro: DH y construcción de paz, que tendrá lugar en Chilpancingo. 20, 21 y 22 de septiembre 📅 📍 Guerrero
Familiares de víctimas exigen a Poder Judicial, juzgue con perspectiva de género
Familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales exigen que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género, los casos relacionados con la violencia feminicida. Como organizaciones de la sociedad civil, hemos documentado una serie de acciones y omisiones que obstaculizan el acceso a las justicia para las víctimas de feminicidio, para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y para las familias de las víctimas. La reproducción de prejuicios y estereotipos de género, imperan antes que el cese de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Las descalificaciones, falta de credibilidad, prejuicios, la responsabilidad de los hechos hacia las propias víctimas e investigarlos como otros delitos, como el suicidio u homicidio doloso -en los casos de los feminicidio-, nos deja ver la ausencia de perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. A pesar de que en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el criterio de que toda muerte violenta de mujeres sea investigado como feminicidio, la realidad nos evidencia que además de que no es un criterio cumplido, el problema continúa al reconocer que solo un porcentaje mínimo de los casos investigados como feminicidio concluye con una sentencia. Seguimos documentando casos brutales en los que las mujeres son violadas sexualmente antes de ser asesinadas, torturadas, y en los que los cuerpos de mujeres, niñas y jóvenes son acribillados de las formas más crueles. Pese a ello, existe una gran reticencia por parte de las autoridades para que realicen las acciones necesarias, análisis de contexto, peritajes, etc. que puedan no solo resolver los casos que se presentan, sino para prevenir otros feminicidios. El desconocimiento y la negativa para otorgar medidas de protección se convierte en una omisión que coloca en riesgo a las mujeres y que ha acabado con sus vidas. La inacción de las autoridades, su actuar sin perspectiva de género y la impunidad ha derivado en la existencia de una ciudad y un país feminicida y sin justicia para las mujeres. Hoy, a 2 años, 4 meses, y 5 días del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017 y en el que las autoridades capitalinas argumentaron que había sido un suicidio, vemos como la lucha de su familia, organizaciones y defensoras acompañantes, así como la movilización e indignación social, logró la reclasificación del caso para que este se investigue como feminicidio.En este contexto, cabe recordar de acuerdo a la SCJN -máximo tribunal de justicia en México- el Poder Judicial debe “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Dada la violencia que acaba con la vida de las mujeres en México, como familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno Federal para que: -Agilicen y juzguen con perspectiva de género todos los casos relacionados con violencia feminicida. -Garantice el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctima de feminicidio y/o de tentativa de feminicidio. -Declare la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México y para los estados en donde se ha documentado el aumento, agudización y prevalencia de este tipo de violencia. De manera particular y dado que los días 9, 10,11,12,17,18,19 y 20 se desarrollará el juicio oral relacionado con el feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, hacemos un llamado para que las operadores de la justicia, juzguen con perspectiva de género y se garantice el acceso a la justicia, de acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres. Como familiares, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, estaremos atentas del desarrollo del juicio e informando a la ciudadanía nacional e internacional sobre los precedentes que pudieran sentarse a raíz de este caso, con miras a que sea la justicia la que llegue a cada una de las familias a las que les ha sido arrebatada una hija, una hermana, o una madre. Atentamente, Familiares de víctimas de Feminicidio Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, (REDTDT). Imagen destacada: Esx Queso
Organizaciones peticionarias de la AVG urgen declaratoria en el marco de marcha de víctimas de CDMX
Exigencia de mujeres en la CDMX sin respuesta efectiva de autoridades. Organizaciones de la Sociedad Civil se suman a Marcha del Silencio convocada por víctimas y colectivas de mujeres. Alerta de Género para CDMX es necesaria y urgente; autoridades deben decretarla e implementarla sin más demora. La acciones emprendidas por mujeres para denunciar la violencia feminicida que enfrentan, así como las voces que solicitan una Alerta de Género para esta Ciudad, unido a las recientes movilizaciones de mujeres, demuestran que existe la ausencia de una vida libre de violencia para las mujeres que habitan o transitan por la capital del país. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX), nos pronunciamos en solidaridad con las movilizaciones de las mujeres organizadas, que dignamente persisten en convocarse para expresar la necesidad de medidas urgentes que aseguren una vida libre de violencia para las mujeres, y acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violencia feminicida en la Ciudad de México y el país. Nos sumamos a la exigencia de justicia de las madres y familiares de víctimas de feminicidio y otras violencias, que convocan a marchar en silencio el día de hoy en la Ciudad de México. Nos adherimos a las demandas de todas las mujeres que luchan, colectivas de mujeres, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y diversas colectividades que acompañan el llamado a exigir justicia, manteniendo un diálogo abierto y transparente, que nos lleve a construir acciones efectivas para enfrentar la violencia feminicida. Consideramos necesario recordar que ante la negativa de la CONAVIM de la SEGOB, el pasado 9 de junio de 2019 para declarar la AVGM en la Ciudad de México, hoy esta entidad se encuentra sin un mecanismo vinculante, coordinado e integral, que permita implementar y evaluar las medidas necesarias para que las mujeres accedan una vida libre de violencia. El diagnóstico realizado en el marco de dicha solicitud, es una clara radiografía de la situación que enfrentan las mujeres que viven y transitan en la Ciudad; las recomendaciones del Grupo de Trabajo, con académicas expertas, a su vez recogen medidas para atender la violencia feminicida de manera estructural y coherente, involucrando a los tres niveles de gobierno, por lo que deben servir para trazar acciones y políticas públicas con sustento, evitando respuestas inmediatas y provisionales sin efecto, ante la cada vez más visible y articulada demanda de las mujeres. La AVGM es un mecanismo correctivo que funciona como una hoja de ruta para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y el acceso a la justicia, verdad y reparación. Hoy salimos a las calles de nuevo; insistimos en nuestra exigencia para que autoridades declaren sin más demoras la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, haciendo de esta declaratoria un mecanismo efectivo para hacer real y palpable una vida plena, libre y segura para todas. #JusticiaParaTodAs ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias y acompañantes del proceso de AVGM en la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) -Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX Imagen destacada: Esx Queso
La presencia hispano latina en Estados Unidos
Sábado 07 de septiembre de 2019 Miguel Concha Impedir la invasión de mexicanos a Estados Unidos fue el objetivo confeso de Patrick Wood Crusius al llevar a cabo en San Antonio Texas el 3 de agosto el acto terrorista en que mató a 22 personas, 19 de ellas con apellido hispano y nueve de nacionalidad mexicana, e hirió a 26. Con ello dio inicio a un terrorismo interno que tan gravemente ha afectado la vida cotidiana de los hispano latinos en el vecino país, cuyo procesamiento riguroso y sanción judicial estamos esperando en todo el continente. Por ello me ha parecido oportuno echar mano, con su anuencia, del análisis histórico, sociológico y teológico, Estados Unidos: a matar mexicanos, que Edgar Beltrán dio a conocer en la red hace casi un mes, donde desenmascara la mentira y el engaño de la invasión hispano-latina en Estados Unidos. Para el teólogo pastoralista colombiano la presencia hispano latina en el país es muy anterior a la de habla inglesa. Nada tiene de cierto eso de la invasión hispana, pues quienes hablan español llegaron a territorio estadunidense más de un siglo antes que los de habla inglesa. Ponce de León llegó en 1515 a Florida el día de la Resurrección. De ahí su nombre. Los famosos pilgrims(peregrinos) llegaron a Plymouth Rock 107 años después, ¡en 1620! Y por ello, en Estados Unidos se habló español más de 100 años antes que el inglés. Además, muy pocos años después del descubrimiento de Colón se atravesó ese territorio. Hernando de Soto y su gente, por ejemplo, partieron de Florida en 1539 para cruzar lo que hoy es Georgia, Carolina Norte y Sur, Alabama, Louisiana, y descubrió el río Mississippi, cerca del cual murió. En tanto, Francisco Vásquez de Coronado y su gente penetraron en 1540 el suroeste por Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Kansas, mientras Fray Juan de Padilla llegó a Kansas en 1542, donde lo martirizaron; fue el primer mártir en esas tierras. También dieron su vida en 1549, en Florida, en lo que hoy es Tampa, los dominicos Luis de Cáncer, Diego de Peñalosa y el hermano Tortosa. Unos años después, en 1566, fue también martirizado en Florida el jesuita Pedro Martínez. En esta misma época Juan Rodríguez atraviesa California de sur a norte. La famosa ciudad de San Agustín, al norte de Florida, primera ciudad, como tal en Estados Unidos, fundada por Pedro Menéndez en 1565, 55 años antes de los Pilgrims. Es en ese país donde se da el nacimiento de la civilización occidental y la fuente inicial del cristianismo. La capilla donde se celebró por primera vez la misa tenía un cuadro de nuestra Señora de La Leche, que aún se conserva allí. Se le consideró el primer santuario mariano de Norteamérica. La misión El Paso fue fundada en 1659. Por todo lo cual, quien también fuera secretario de la II Conferencia General del Episcopado Católico Latinoamericano en Medellín, Colombia, en agosto de 1968, concluye, los hispanos estaban en estas tierras 500 años antes (1515-2019) de quienes ahora los quieren expulsar o matar. Cuando les dicen que se vayan a su país, los hispanos contestan con nobleza, en español y en inglés: este es nuestro país, bienvenido tú, querido recién llegado. Y añade que la invasión fue de Estados Unidos a México. A mediados del siglo XIX, recuerda, en 1841, el águila estadunidense se anexó más de la mitad del territorio mexicano, del Río Grande hacia el norte, casi llegando a Canadá por el Pacífico y muchos estados del centro del país. A la población la cambiaron de país sin moverse, los invadieron. Y precisa que de manera extraordinaria fue una invasión militar, aunque no suficiente, pues dominaron las tierras, pero no a las personas. Estas seguían siendo como lo eran antes, pues gracias a su forma familiar nuclear y extendida, a su lengua y a su cultura, así como a su fe religiosa, conservada sobre todo por las abuelas, no se dejaban invadir. Hoy en día, sigue diciendo este teólogo pastoralista, que lleva años entre las comunidades hispanas de Estados Unidos, el pueblo hispano latino continúa haciendo historia. Su población pasa de 60 millones, siendo ya la mayor minoría en ese país. Ya es incluso mayoría en algunos estados. Su población es además la más joven de la nación. Su lengua, el español, hace que Estados Unidos sea ya, por población, el segundo país del mundo que habla español, después de México, con 126 millones, y antes que Colombia, con 48; España, con 46, y Argentina, con 43 millones. El español, recuerda, no es una lengua extranjera en Estados Unidos. Como final de la invasión armada, el 2 de febrero de 1848, en el tratado Guadalupe Hidalgo el gobierno admitió al español como idioma oficial, a la par que el inglés. El español es de hecho el segundo idioma más hablado en la política. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, pronunció en el Senado todo un discurso en español el 11 de junio de 2013, y en su visita a Estados Unidos el papa Francisco dirigió en español su discurso oficial a los obispos de ese país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ElPeriodico.com
Pueblos indígenas y derechos humanos | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Pueblos Indígenas y Derechos Humanos» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) ________________________________________________________________________________ Saludo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; también a Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Saludo y felicito muy especialmente a Josefina Bravo, por estar ahora al frente de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Saludo también a la Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas; a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; a Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia; a Dolores González Saravia, también integrante del Consejo Asesor, y a Estefanía Hernández, Directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación. Saludo a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana. En mi calidad de Consejero Asesor en la elaboración de este Programa Nacional de Derechos Humanos, agradezco los esfuerzos que cada una de las representaciones de comunidades y pueblos indígenas y de sus organizaciones han hecho para estar este día para dialogar sobre tan urgente e importante aspecto en la vida pública de México. Abordaré en esta breve intervención algunos aspectos que considero importantes en el marco del PNDH en este tema de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sabiendo que gran parte de lo sustantivo se dialogará en las próximas horas en las correspondientes mesas de trabajo. Primeramente abordaré el momento histórico del país y la importancia que tiene en la reflexión abierta a nivel nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Quisiera también profundizar en el tema del territorio de los pueblos y comunidades indígenas, y finalmente un punto igualmente clave: su libre determinación y autonomía. No es menor que en meses pasados se haya llevado a cabo un ejercicio impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que sabemos que se dialogó con 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, mediante 54 Foros Regionales. De dichos foros, sin duda todavía perfectibles, se logró conformar una serie de propuestas que ahora deberán recogerse efectivamente en una iniciativa de reforma constitucional que el Congreso de la Unión deberá discutir sin demora. Este acto de modificación constitucional pudiera hacer, en parte, justicia a la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas. En particular revertir la negativa de los anteriores tres gobiernos para cumplir efectiva y cabalmente los Acuerdos de San Andrés. Qué importante resulta que hoy México reflexione sobre su ser profundo; sobre lo que también somos como país: un país pluriétnico y pluricultural, donde ya no puede ser posible que las hermanas y hermanos indígenas sigan padeciendo lo que hasta ahora han enfrentado: discriminación, violencia, despojo y constantes violaciones a sus derechos. En esto nos jugamos el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, y no únicamente como entidades de interés público; es decir, como titulares de un conjunto de derechos en condiciones de igualdad y de dignidad frente al resto de los integrantes del Estado Mexicano. Se reconocerá, pues, su capacidad jurídica para establecer legítimamente interlocución con las distintas instancias de los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno, y de acuerdo con sus culturas y sus formas propias de organización. La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que se proponga, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por México, como parte de nuestra Constitución desde junio de 2011, en particular la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hace pensar que el artículo segundo debe ser debidamente debidamente reformado en este momento político para México. Dicha reforma constitucional no debe ser solamente el reconocimiento formal de los pueblos como sujetos de derecho público, sino también el inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas. Esta nueva relación pasa por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero también pasa por atender las demandas históricas más sentidas y recurrentes de sus pueblos y comunidades. Una de ellas es el respeto de su relación cercanísima, íntima y vital con sus territorios. Ya relatores de la Organización de las Naciones Unidas han hablado abundantemente sobre este tema. Cómo no mencionar aquí a nuestro querido amigo y conciudadano Rodolfo Stavenhagen, quien nos enseñó que hemos de entender esta relación de los pueblos y comunidades indígenas con el territorio como lugares donde se hace y rehace la vida. Donde conviven lo espiritual y lo material. Donde no hay una sola visión del mundo, sino diversas maneras de ser y estar en el mundo. Este vínculo entre las comunidades y los pueblos con su territorio se ha visto lastimado, y en muchos casos eliminado, dado los intereses, en la mayoría de los casos económicos, que no entienden o no quieren entender esta forma relacional distinta al mundo hegemónico colonial. Urge, por tanto, que el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en relación a los derechos de pueblos y comunidades indígenas se rijan por la búsqueda y construcción de mecanismos legales y políticas públicas que hagan valer su derecho de propiedad sobre el territorio, así como el preferente derecho de uso y disfrute de sus tierras y bienes comunes en esos territorios. El territorio, tal como lo establece la mencionada Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluye en efecto aguas, mares, ríos, lagunas. Vamos, la biodiversidad y símbolos sagrados que en él subsisten. Es decir, que el territorio abarca más que un determinada porción de tierra. Otro asunto fundamental, en mi opinión, es la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. La centralidad del derecho a la libre determinación y a la
Complejidad, corrupción e impunidad
Sábado 31 de agosto de 2019 Miguel Concha Hace unos días fue presentado el libro Corrupción y complejidad en el aula magna de profesores eméritos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Teniendo como interlocutores a un número significativo de estudiantes y profesores se habló de un asunto que recién ha vuelto a ocupar la discusión pública: la corrupción pública y privada, las que, aparte de aparecer para algunos como un asunto normale irreversible, es uno de los grandes problemas estructurales del país, cuyas fuertes, extensas y profundas raíces han invadido a instituciones de todo tipo en México. Para este tema resulta relevante la información que proporciona Transparencia Internacional. Se-gún ésta, entre 2000 y 2017 México pasó, respecto a los índices de corrupción internacional, del lugar 53 al 134, de 175 países evaluados. Dicho en pocas palabras, en sólo 17 años escalamos 81 peldaños. Por otra parte, los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 revelaron que buena parte de la población ha tenido contacto con la corrupción cuando realiza algún tipo de trámite (12 mil 590 personas por cada 100 mil). Y por si esto fuera poco, calibremos las complejas dimensiones de la corrupción comparando dos cifras. Por un lado, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, en el contexto de un foro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo no hace mucho que el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos estimaron que la corrupción en México equivalió a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). Y por otro lado el Inegi calculó que el PIB mexicano ascen-dió a poco más de 18.5 billones depesos durante el segundo trimestre de 2019. Ahora bien, si cruzamos estas dos cantidades, comprobaremos al menos dos datos que si bien no son exactos, sí nos dan una idea más clara de lo grave de la problemática: que al menos 10 de cada 100 pesos generados anualmente se pierden, de manera ilegal, mediante actos corruptos y que tan sólo de abril a junio de este año se perdieron 1.8 billones de pesos debido a la corrupción. Todo lo anterior desenmascara una cruda realidad que, debido a la complejidad que está detrás, los costos de ese flagelo van más allá de lo económico. De esta manera, la corrupción pública y privada, acompañada de la impunidad, su hermana siamesa, que la encubre y reproduce, es un problema estructural que afecta directa o indirectamente la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas y colectivos en México, principalmente los de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Este complejo vínculo pernicioso entre corrupción e impunidad tiene otros graves efectos. Provoca que disminuya la inversión, frena el crecimiento económico y empuja a las empresas a actuar fuera de las regulaciones del Estado, lo cual incrementa la economía informal y conduce a la pérdida de credibilidad de las instituciones. Básicamente, el complejo binomio corrupción-impunidad compromete el desarrollo de la sociedad, afecta la convivencia ciudadana y pervierte el ejercicio de la autoridad. Como expresara Graue, en la ocasión arriba citada, la corrupción, motivo de oprobio nacional, junto con la impunidad, nos anclan en el subdesarrollo y nos impiden progresar. Es necesario también señalar que en el sector privado gravitan igualmente diversas acciones y actitudes negativas ante la corrupción gubernamental. Por esta razón la iniciativa privada tendría que participar responsablemente en el estudio y la aportación de soluciones para prevenir la corrupción, desarticularla y no seguirla manteniendo, evitando beneficiarse de ella mediante prácticas de soborno, tales como la obtención de licencias y contratos o la agilización de trámites para conseguir permisos, por citar algunos casos. El problema de la corrupción es complejo, porque cruza numerosas dimensiones. Entre ellas, las históricas, políticas, económicas, sociológicas, éticas, jurídicas, culturales y hasta las religiosas. Y la complejidad es precisamente una herramienta que nos puede ayudar a comprenderla mejor y a encontrar posibles soluciones para enfrentarla y erradicarla. De este modo, si la corrupción es compleja, la lucha contra ella también debe serlo. Una lucha seria y responsable forzosamente ha de involucrar, además del quiebre de la rueda de la impunidad, a la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, el control interno, la fiscalización superior o independiente, los procedimientos electorales realizados conforme al derecho y la ley electoral, así como el combate contra la corrupción en las reformas legislativas, la aparición de nuevos ordenamientos y la creación de programas e instituciones tendientes a mejorar la gestión pública, por mencionar algunos casos. Hoy es necesario seguir exigiendo la importancia de nuestros derechos a la buena gestión y administración. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Scott Campbell
Manual de Protesta Creativa
Modificar las cosas con las que no estamos de acuerdo porque son injustas o violentan nuestros derechos requiere de acciones colectivas y planeadas que lo vayan impulsando como un proceso con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Para poder trazar este camino necesitamos, en primer lugar, tener una imagen del futuro al cual queremos llegar: una VISIÓN. La visión es el horizonte, lo que deseamos, ese mundo que queremos construir. Es un proceso de largo aliento, algo que no se logra con una sola acción, sino que requiere pensar muy bien los pasos que nos acercan a ese futuro. A los movimientos sociales, a la valentía y convicción de los corazones que expresan la voluntad de un pueblo diverso, heterogéneo y plural; a la convicción colectiva que cuestiona en claves de justicia y verdad; a las voluntades que ponen sus cuerpxs en el espacio público por un deseo compartido. A quienes caminaron alzando sus puños, sus mantas, sus carteles; a quienes protestaron antes que nosotras, nosotros, nosotres, y a quienes vendrán. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) es un espacio compuesto por Organizaciones de la Sociedad Civil y personas defensoras del derecho humano a la libertad de expresión y la protesta social. Visita el sitio web del FLEPS
Personas defensoras y periodistas | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Personas defensoras de derechos humanos y periodistas» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) ________________________________________________________________________________ Saludo al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; al Ing. Aarón Mastache, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana. Agradezco asimismo los esfuerzos que se han venido realizando para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Me parece muy conveniente iniciar mi breve participación señalando algo de gran importancia: debemos reconocer los invaluables aportes de las personas defensoras y periodistas para la democratización y la defensa de los derechos humanos. De lo anterior se desprende la necesidad de garantizar y respetar su labor a favor de los derechos humanos y de las personas y grupos más vulnerables, por lo cual resulta esencial incentivar mecanismos de colaboración efectiva, participativa y respetuosa entre el Estado y las personas defensoras y periodistas, construyendo siempre un diálogo franco y propositivo que permita la presencia de ambientes propicios para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Dicho esto, quiero compartirles mi profunda preocupación sobre el actual contexto de violencia al que se enfrentan día con día las personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas, así como las organizaciones de la sociedad civil desde las que realizan sus irremplazables aportes. A este respecto, vale recordar el pasado lunes la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde emitió 104 recomendaciones. Este diagnóstico se suma a otras recomendaciones de las que también México ha sido objeto por parte de mecanismos internacionales y expertos de la ONU. Por mencionar un ejemplo relevante, el año pasado se realizó el tercer ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), en el cual nuestro país recibió 264 recomendaciones, de las cuales casi 40 fueron relativas a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y por ello considero igualmente pertinente señalar que las recomendaciones más relevantes del EPU mencionan la importancia de reformar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las agresiones y demás formas de abuso contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; la necesidad de generar entornos de trabajo seguros, que respeten la labor de defensa, así como la conveniencia de reforzar los mecanismos de acceso a la justicia y la realización de investigaciones adecuadas, por mencionar sólo algunas. Tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, los Estados deben tener en cuenta una serie de parámetros para desarrollar una política global de protección, más allá de “restringirse, por ejemplo, a proporcionar esquemas de seguridad a defensores en peligro sin investigar el origen de las amenazas de las que han sido objeto”. Por lo tanto, la promoción del papel de las personas defensoras y periodistas, así como su derecho a defender a derechos, debe constituir el aspecto central de cualquier política pública destinada a proteger, respetar y garantizar este derecho. Finalmente, si bien es cierto que medidas como la solicitud de la elaboración del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la aceptación de las 104 recomendaciones del Mecanismo y de las 262 del EPU, al igual que el reconocimiento público de la labor de activistas y periodistas frente a los riesgos que enfrentan, entre otras, son plausibles y deben ser saludadas, es necesario continuar creativamente con los esfuerzos para que las personas defensoras y periodistas puedan ejercer libre y democráticamente sus actividades a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y con esto me refiero también a los organismos públicos de protección a los derechos humanos, y a las personas que en ellos y desde ellos los promueven y defienden. Imagen destacada: Donovan Ortega
