En riesgo verdad y justicia para víctimas del derrumbe de Bolivar 168 el #19S
Resolución de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México permite omisión de autoridades para investigar responsabilidades y corrupción tras derrumbe de edificio Familiares de víctimas mortales del #19s insistimos en la obligación de autoridades para evitar impunidad tras colapsos A lo largo de dieciséis meses, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México han sido omisas para investigar a probables responsables de los derrumbes ocurridos el día 19 de septiembre del 2017. Dicha inacción se ve reiterada luego de que, el día de ayer, la Jueza en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 73, María del Carmen Mora Brito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, decidiera confirmar la determinación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) sobre el no ejercicio de la acción penal en el caso del inmueble de Bolívar 168. Familiares de víctimas y quienes acompañamos este caso sabemos que los desastres, lejos de ser “naturales”, son ocasionados por las condiciones sociales en las que ocurre un evento natural, como es el caso de cualquier sismo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a investigar con debida diligencia las responsabilidades de quienes propiciaron las irregularidades del inmueble, relacionadas tanto con los permisos de uso de suelo y reglamentos pertinentes, como con la evidencia, mostrada en peritajes, del peso excesivo que cargaba su estructura y que presumiblemente causó el derrumbe. Estos elementos señalan la presencia de corrupción inmobiliaria y, por lo tanto, de personas responsables de la tragedia. Con la resolución dictada ayer por la Jueza María del Carmen Mora Brito se perpetuaría la situación de impunidad ante la corrupción de las empresas inmobiliarias, teniendo como cómplice la inacción del gobierno capitalino para erradicarla. Por lo anterior nos vemos en la necesidad de interponer un amparo en tiempo y forma, a fin de que se salvaguarden los derechos humanos de las víctimas y se investigue con exhaustividad y apego a derecho los hechos denunciados, por lo que serán las autoridades federales quienes determinen sobre la continuidad en la investigación. Exigimos que una vez llegado el momento, se analice el caso en dicha instancia con enfoque de derechos humanos y se consideren los más altos estándares internacionales a fin de que se garanticen los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas. Atentamente Familiares de víctimas del derrumbe en Bolivar 168 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
CONVOCATORIAS : Escuelas para Personas Jóvenes Defensoras 2019
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos (EPJDDH), llamada con cariño “Escuelita”, y la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y Constructoras de Paz (EJDDHCP), llamada con el mismo cariño “Escuelita Xalapa”, son procesos que acompaña y forman parte del proyecto político educativo del CDHVitoria. En el contexto político, económico y social del país, las Escuelitas buscan contribuir, desde y con diversas juventudes, a la construcción y fortalecimiento de procesos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, al igual que a la construcción de paz. La apuesta es por la creación de espacios con un sentido crítico, que surjan a partir de compartir experiencias, sentires, saberes y reflexiones tanto de las juventudes participantes, como de sus comunidades. Espacios que posibiliten, a su vez, ecos y articulaciones con otros lugares, territorios e identidades que tengan como horizonte común actuar hacia la realización y dignificación de un mundo más justo, que respete la autonomía y pluralidad de las colectividades. Este año, de manera simultánea, el CDHvitoria acompaña como desde hace más de una década y media el proceso en la Ciudad de México, pero también la «Escuelita Xalapa» que acompañará de forma específica a las y los jóvenes en el contexto veracruzano. A continuación, podrás consultar los detalles de cada uno de los procesos, el de Ciudad de México y el de Xalapa, así como los requisitos y la solicitud para participar en la conformación de los grupos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»LSOW_Accordion_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»LSOW_Accordion_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] Carteles : @queso.rayones
Incertidumbre ciudadana y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores aprobados en la Constitución de la Ciudad de México que ahora deben ser defendidos e implementados. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de enero de 2019 Miguel Concha El 5 de febrero de 2017 se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), uno de los documentos de mayor profundidad que se han producido en las décadas recientes en América Latina. La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores que, a la vez, expresaban las principales demandas de quienes habitamos en este espacio. Sin embargo dos años después, cuando debe entrar en vigor una de las principales leyes derivada de esta constitución, la Ley Constitucional de Derechos Humanos, prevalece la incertidumbre sobre su contenido. El artículo octavo transitorio de la CPCDMX estableció el primero de febrero de 2019 para el inicio de vigencia de la mencionada ley. Ahora bien, el pasado diciembre fue aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso, como debe serlo toda ley constitucional. Pero es la hora en que el texto aprobado aún no se publica ni en la Gaceta del Congreso ni en la Gaceta de la Ciudad de México. Esta omisión ha generado diversas hipótesis de explicación. Por un lado están quienes señalan que este retraso se debe a las observaciones de la Jefatura de Gobierno, pues la propia constitución le da al Ejecutivo la facultad de hacer observaciones a las leyes y decretos aprobados por el Congreso. Éste además está obligado a discutirlas con dos opciones, incorporarlas, o bien ratificar lo aprobado por mayoría de dos tercios. Con lo cual el texto inicial queda en firme. Es difícil, sin embargo, pensar que ésta sea la razón, puesto que la propia CPCDMX exceptúa de este proceso a las leyes constitucionales, como es el caso de la de derechos humanos. En efecto, el artículo 30, 5, en el que la Constitución establece el proceso que se sigue de las observaciones del Ejecutivo, se señala que “Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso…”. Desechada entonces la hipótesis de las observaciones del Ejecutivo, aparece otra, la de las debilidades internas de la ley constitucional. Para su elaboración se presentaron tres iniciativas, la de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y la de una diputada del grupo parlamentario del PAN. Las dos primeras eran al menos fáciles de conciliar. Por ello resulta sorprendente que a última hora los diputados –y algunas organizaciones no muy conocidas– hayan introducido añadidos y omisiones de primera importancia, que no abonaron a la mejoría de la ley y sí a su confusión. Pusieron además en cuestión el proceso participativo que había seguido la comisión de derechos humanos del Congreso, que si bien no fue todo lo amplio que hubiera sido conveniente, sí lo fue más que las opiniones de quienes introdujeron cambios de última hora. Por tanto, puesto que aún no hay publicación oficial, desde la ciudadanía no hay certeza sobre el resultado. Indagando se me envío un texto que se presenta ya como el decreto surgido del Congreso y suscrito por su presidencia. Si ese fuera el producto resultante, sería de suma preocupación que entrara en vigor el próximo primero de febrero. Veamos algunas de sus dificultades. Es difícil encontrar diferencia de fondo entre algunos artículos, pues por un lado el artículo 18 establece que las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución federal, la Constitución local, el programa de derechos humanos y los diagnósticos realizados por el sistema integral, (junto) con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables; y por otro lado el artículo 128 prescribe que Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, los diagnósticos realizados por el sistema, los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables. Además, se habla de que hay un programa de derechos humanos, al cual se le menciona, pero no se le define. La CPCDMX sí lo hace con toda claridad. Pero en la ley no hay ni siquiera una referencia a los artículos correspondientes. Se habla del sistema integral, aunque en el glosario de la ley éste nunca aparece, como que sí aparece con toda claridad en la Constitución. No es cualquier cosa omitir la función del sistema integral de derechos humanos, ni la del programa que le corresponde elaborar. Justo en ellos la CPCDMX incorporó la participación de la ciudadanía. Esperemos que no sea ésta la causa de la omisión de estas importantes figuras. Es difícil encontrar alternativas legales a tan grandes problemas. Es en cambio de sabios rectificar. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Procesos de verdad y justicia en el nuevo gobierno
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 21 de enero de 2019 Por: Aurélie Innaurato y Carlos A. Ventura Callejas * Apenas electo, Andrés Manuel López Obrador instruyó algunas acciones relacionadas con procesos de justicia y verdad; él o integrantes de su gabinete con toda prisa se pronunciaron con términos como “perdón”, “amnistía”, y anticiparon “comisiones de la verdad” y reparación integral para las víctimas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no conocemos con claridad propuesta alguna de política de Estado para hacer frente a la crisis de derechos humanos y atender a las víctimas. Desde su toma de protesta el primero de diciembre de 2018, los temas de violencia, corrupción, impunidad y víctimas, que estuvieron constantemente presentes en su campaña presidencial, poco a poco van desapareciendo de su discurso, sustituidos algunos de ellos por la preocupante estrategia de seguridad pública que planteó, que vale decir, es contradictoria con la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, y con un nuevo modelo de justicia en transformación y disruptiva con el pasado. A excepción de sus acciones sobre la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, asunto que celebramos y respaldamos, el nuevo Presidente de la República no ha mostrado un considerable interés para el resto de las miles de víctimas del país. Recordemos que no estuvieron presentes en su discurso de toma de protesta, ni en lo que expresó en Palacio Nacional con motivo de su primer acto en torno al día de los derechos humanos, el pasado 10 de diciembre. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tampoco fueron mencionadas de manera amplia en los cien puntos de su Plan de Gobierno. Por desgracia no se ha consolidado su compromiso expresado al universo de víctimas durante su campaña. Los denominados Foros por la Paz impulsados por el presidente electo quedaron lejos de ser percibidos como un ejercicio efectivo de consulta para las víctimas. Por ello, hablar tan precipitadamente de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que comúnmente se denomina como justicia transicional, resultó contraproducente, ya que estos conceptos se percibieron a veces como impuestos desde arriba, sin una real oportunidad de apropiación por parte de las víctimas. Por otro lado, tampoco se entiende muy bien a qué se debe el silencio del gobierno ya en funciones durante el último mes, en relación con la situación de las víctimas del país; lo cual genera inquietudes y preguntas respecto a la continuidad en la práctica de falta de cumplimiento de acuerdos y atención con los movimientos de víctimas, cosa que en gobiernos anteriores se hizo “pan de todos los días”. Sin embargo, la desaceleración de los esfuerzos gubernamentales, que tal vez encuentra entre una de sus justificaciones los recursos limitados en algunas oficinas del gobierno actual, quizás no es del todo negativa, debido a que también representa una oportunidad de replantear un tema de suma importancia: la participación de las víctimas en el diseño de cualquier política pública que les concierne y los procesos que ellas mismas pueden gestionar para incidir y ser escuchadas. Todavía existe la oportunidad de compensar los malentendidos que surgieron durante los foros mencionados anteriormente y, en este sentido, evitar el fracaso de la política pública que resultaría eventualmente. Ejercicios como el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos: por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas[1], celebrado noviembre de 2018, en Nochixtlán, Oaxaca, son un claro ejemplo de cómo las víctimas en compañía de organizaciones sociales impulsan la generación de sus propios espacios, comparten sus dolores y construyen sus propuestas. La voz de las víctimas debe de encontrarse en el centro del proceso que el nuevo gobierno pondrá en marcha, esta es la única manera de entender sus necesidades, así como de conocer la realidad que enfrenta México. Debido a esto, el diálogo directo con las víctimas es totalmente imperativo en aras de asegurar una implementación efectiva y transformadora de la política pública que se está por proponer. De esta manera, podemos también evitar que instrumentos legales, que tienen un óptimo diseño normativo, se vuelvan totalmente ineficientes en la práctica. Además de ser necesaria para la implementación de los procesos de justicia, verdad, reparación y no repetición, la participación de las víctimas en su funcionamiento es la condición sine qua non para el restablecimiento de su dignidad. Únicamente al saberse tomadas en cuenta, en el marco de la construcción de propuestas que les conciernen, las víctimas muy seguramente podrán sentirse valoradas. Al pensar por ejemplo en un programa de reparación, su participación permite que éstas lo perciban como un derecho y no como un simple donativo asistencial por parte del Estado. Asimismo, quizás se podrá restaurar una relación de confianza entre ellas y las autoridades, puesto que nadie puede realmente pensar que el alto índice de votos con el que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales será suficiente para lograr este fin. La consulta con las víctimas es una herramienta que fortalece la democracia como medida que autoriza la intervención directa del pueblo en las decisiones gubernamentales, puesto que permite a cualquier política adquirir cierta legitimidad que requiera para ser efectiva. Finalmente, tengamos presente el hecho de que la participación de los grupos de víctimas y sus familias en todas las etapas necesarias de la realización de una política pública, es decir, en su diseño, su implementación, su seguimiento y su evaluación, es una obligación planteada por el artículo 22 de la Ley General de Víctimas, el cual pone en marcha los mecanismos de participación democrática previstos en la Constitución. Ahora bien, necesitamos una participación de las víctimas que sea institucionalizada como eje central de todo proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, valdría la pena
Plaguicidas peligrosos y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recomendación de la CNDH evidencia que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de enero de 2019 Miguel Concha Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios. La recomendación de la CNDH examina los escritos de 43 personas por actos y omisiones en perjuicio de la población; analiza la evidencia aportada por expertos en el tema, tanto del ámbito académico, como de organismos no gubernamentales, y la información enviada durante la investigación por las autoridades competentes. Concluye que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar la biodiversidad y dañar el medio ambiente. Lo cual constituye una violación a los derechos humanos, porque las autoridades responsables no han actuado con la debida diligencia. El derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada se vulnera al permitir la autorización y el uso de plaguicidas que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, efectos reproductivos adversos y alteraciones hormonales. Además de que también se violan el derecho a un ambiente sano, al acceso a agua salubre y a la información. En su informe sobre el tema que se considera en esta recomendación (A/HRC/34/48), la violación a un conjunto de derechos humanos por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad la han señalado a escala global la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver, y el relator sobre las sustancias tóxicas y residuos peligrosos Baskut Tuncak. Para definir los criterios técnicos de los plaguicidas altamente peligrosos, la CNDH indica que es importante tomar en cuenta los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, y los de la Red Internacional de Plaguicidas o PAN internacional. Desde finales de 2017 miembros de esta red en México, junto con universidades y organismos no gubernamentales, dieron a conocer un informe en el que se enlistan los 183 plaguicidas de alta peligrosidad que se autorizan en México, y los 140 que, incluso prohibidos en otros países, están autorizados en nuestro país. En los criterios propuestos por PAN Internacional se propone incluir la alta toxicidad para las abejas, lo que, dadas las protestas crecientes de comunidades campesinas y productores apícolas por fumigaciones con plaguicidas es importante, al causar la muerte de las abejas, polinizadoras vitales para la producción de miel y agrícola. Para identificar e investigar los efectos adversos de los plaguicidas altamente peligrosos en suelo y en agua superficial y subterránea, la CNDH recomienda la creación de un comité especializado de expertos de instituciones académicas y la sociedad civil. Recomienda también a las autoridades competentes elaborar un plan estratégico conjunto; establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales; determinar los límites máximos de residuos en alimentos, e introducir el término de plaguicidas altamente peligrosos en la normativa legal. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le recomienda impulsar la firma del Convenio 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud. Recomienda además a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam. Para que en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y en los programas sectoriales de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, así como en los de organismos como la Cofepris y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, como una forma de alcanzar la mayor protección de los derechos humanos, reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente, y aplicar el principio precautorio, es muy importante que se cumpla esta recomendación. Además de un cambio en la regulación de los plaguicidas de alta peligrosidad, se necesita una política que apoye las alternativas agroecológicas de control de plagas y enfermedades, articulando la experiencia exitosa de los institutos de investigación agrícola del país con la de las organizaciones de productores campesinos e indígenas, mismas que han logrado no sólo reducir agrotóxicos, sino incluso producir en forma orgánica. La Cuarta Transformación pasa por el respeto a producir y consumir elementos libres de agrotóxicos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desarrollo, democracia e independencia judicial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado de enero de 2019 Miguel Concha Al asumir el pasado 2 de enero la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea reivindicó, entre otras cosas, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes y órganos del Estado, aunque significativamente añadió que independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. En el mismo sentido, aunque con distintas palabras, se expresó el pasado 7 de enero el magistrado Rafael Guerra Álvarez al tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. “No sólo somos en ocasiones un notorio contrapeso –dijo-, sino más bien el reforzamiento social que implica que estamos para ayudar a aplicar la justicia pronta, imparcial y expedita, no para retardarla o destruirla. Para lo cual somos independientes y autónomos”. La autonomía, sin embargo, no debe tampoco confundirse con la autorreferencia, ni basta para garantizarla la voluntad política de sus actores o los necesarios cambios administrativos para generar una mayor confianza en la ciudadanía. Son indispensables cambios institucionales que aseguren reformas estructurales urgentes en la forma de administrar justicia. Un paso adelante se dio en este sentido con la nueva Constitución de Ciudad de México, al abrirse la Judicatura, acotar la presidencia del Tribunal Superior a un solo año y al contar con un Consejo Judicial Ciudadano designado de manera indirecta por el Congreso local, que será el encargado de nominar las ternas de las que el Legislativo elegirá a los magistrados. Todo ello, desde luego, dependiendo de que el Congreso de la ciudad elabore oportuna y congruentemente las leyes constitucionales que harán posible su vigencia, previniendo que alguien vaya a tener la mala ocurrencia de querer retroceder en conquistas ciudadanas tan importantes, avaladas por la SCJN, para apoyar la continuidad inercial en el ámbito federal. Y por lo que se refiere a los órganos autónomos, aunque en ocasiones sus integrantes hayan sucumbido también a la tentación del uso de su poder, no en beneficio de la sociedad sino de su persona o grupo político, hay que admitir que sin duda han aportado a la democratización de la vida pública del país. Ello no obstante, pensamos que para incrementar su vínculo con la sociedad, debe darse un paso adelante. La naturaleza especializada de su actividad hace que se piense en que los que ocupen sus espacios ciudadanos sean seleccionados en función de su prestigio, aunque ello no los exima de tener lazos fuertes y amplios con la sociedad y sus liderazgos. Constituye en efecto una tarea pendiente complementar su estructura con instrumentos para un contacto permanente y efectivo con amplios sectores de la ciudadanía. Añadamos que la transformación del régimen político y sus instituciones no es sólo un asunto de democracia, sino también de desarrollo. No puede haber consensos sobre la producción y distribución de los bienes generados por el país, si no se dan espacios para poder decidir democráticamente cómo incentivar la producción para crecer y distribuir a la vez. La falacia neoliberal de que primero hay que crecer y luego distribuir fue el pretexto para posponer indefinidamente la redistribución, conteniendo por la vía política los salarios y negando los recursos para salud y para educación. Las experiencias de los países llamados desarrollados demuestran que sólo se puede tener crecimiento sostenido y estabilidad política si se hacen las dos cosas a la vez. Y por supuesto que el criterio de democratización y desarrollo tiene que ser la garantía irrestricta e integral de todos los derechos humanos. En síntesis, un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. Y para ello se requiere gobernar con la mirada puesta mucho más allá del sexenio. Es indispensable un régimen de transición que tenga como meta un futuro mejor para los mexicanos, sobre todo para los niños y los jóvenes. Para todos aquellos cuya esperanza parece a veces ser la única capaz de lograr los cambios que anhelamos y cuya frustración podría conducir a que en la desesperanza se vuelva la mirada a los mismos de siempre, o a los nuevos que propongan lo mismo de siempre. La cara del siglo XXI tiene ya tres rasgos indiscutibles: la democracia, con amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos; un desarrollo que permita a las personas desenvolver sus potencialidades en los ámbitos económico, social, político y cultural, y los derechos humanos, única posibilidad de afirmar la dignidad de la persona. Hay sociedad que tiene propuesta y fuerzas para impulsarlos, si esto se complementa con un gobierno capaz de comprender su tarea de colaborar para construir el futuro. Podríamos entonces pensar que la patria para todos, que siempre hemos anhelado, comienza a convertirse en realidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marte Merlos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Audiencias públicas «Guardia Nacional» | Participación de Miguel Concha en la Mesa sobre Derechos Humanos y Guardia Nacional en la Cámara de Diputados
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados. Me es muy grato poder participar en este espacio tan importante, en momentos cruciales para la transformación y la construcción de paz en nuestro país. Saludo el diálogo que se ha entablado con diversos sectores de la sociedad, y que se considere la participación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que tengo a bien dirigir, y en el que desde el 1984 hemos trabajado de la mano con la gente en la defensa y promoción de sus derechos humanos. Aprovecho la ocasión para instar al diálogo con las víctimas, quienes cuentan con total legitimidad para pronunciarse también en la materia que nos ocupa. La experiencia de la guerra contra el narcotráfico y la guerra sucia nos trajo varias lecciones sobre la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. Situación que nos lleva a plantear las siguientes preocupaciones: PREOCUPACIONES 1.- Desde la década de los setenta, y especialmente desde el año 1984, se ha observado que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos para las personas que habitan o transitan por México, principalmente por el constante uso indiscriminado e ilegal de la fuerza por parte de militares en contra de civiles. 2.- La implementación del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contraviene las múltiples observaciones, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. La lista es larga. En los últimos años se le ha instado al Estado mexicano a limitar la intervención militar en tareas de este tipo, por constituir un riesgo latente de violaciones a los derechos humanos; a fortalecer a los cuerpos de seguridad civiles, y a adoptar un cronograma preciso con miras al retiro paulatino y progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Un cronograma que en nuestra opinión no debe ir más allá de los tres años. 3. El modelo de Guardia Nacional que se presenta en la Iniciativa que se comenta, es contrario a los principios de un Estado democrático de derecho. La gran atribución de facultades y protagonismo concedido a las fuerzas armadas se traduce en un reconocimiento de la incapacidad por parte de las autoridades civiles para hacerle frente a los retos de inseguridad que aquejan al país. Lo cual es jurídica y políticamente muy peligroso. Tal situación debilitará la atención y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad policiacos, generando con ello una mayor dependencia e injerencia por parte de las fuerzas militares en tareas que les corresponden a instituciones y autoridades civiles. 4. Saludamos la información que ha trascendido en el sentido de que la Guardia Nacional ya no estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la información que reconoce que su mando operativo sea civil, pero nos sigue preocupando que se proponga reformar el artículo 21 de nuestra Constitución, para otorgarles a las fuerzas armadas facultades de seguridad, administración y procuración de justicia que les competen a las autoridades civiles, particularmente cuando se trata de delitos cometidos por éstos. 5. La implementación de la Guardia Nacional, tal y como aparece en la iniciativa originalmente enviada por el Ejecutivo, es contradictoria con la garantía de no repetición en un nuevo modelo de justicia en transformación. Teniendo en cuenta que en los últimos años las fuerzas armadas se han visto involucradas en múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos, la creación de la Guardia Nacional resulta contradictoria e incluso revictimizante. 6. Dicha Iniciativa contraviene además las obligaciones internacionales contraídas por México y es por tanto regresiva. NUESTRA OPINIÓN Tal y como ya lo expuso el representante en México de la ONU-DH , recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en el caso Alvarado y otros vs México, mismo que por su relevancia y actualidad en el tema de seguridad pública consideramos pertinente retomar, recordando que el cumplimiento de dicha sentencia es obligatoria para México. La sentencia aludida nos señala los principios que deben regir el orden público interno, y en primer lugar destaca que tanto éste último, como la seguridad ciudadana, deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. Cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a. Extraordinaria, es decir, que toda intervención en tareas de seguridad debe ser justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. b. Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que éstas puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, policía judicial o ministerial. c. Regulada a través de mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. d. Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. A pesar de que dadas las circunstancias concretas de inseguridad en algunos estados y regiones del país, por responsabilidad política consideramos que la Guardia Nacional debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven en ella temporalmente fuerzas militares en tareas de seguridad pública, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. EXIGENCIAS ● Exigimos que en la conformación del Dictamen de la Iniciativa de la Guardia Nacional no se soslaye la urgente necesidad de capacitar y profesionalizar a las corporaciones civiles de seguridad pública a todos los niveles, y su correspondiente coordinación, con especial énfasis en la salvaguarda de los derechos humanos con perspectiva de género. ● Es menester el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, a fin de que sean capaces de prevenir, investigar, identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos, bajo la dirección del ministerio público, y con estricto apego a derecho. ● Las tareas de investigación, persecución de delitos, detención y procuración de justicia deben recaer
Justicia para víctimas del sismo #19S en riesgo
Sin argumentos basados en elementos de prueba, decisión de Procuraduría de CDMX amenaza impedir conocer la verdad, combatir la corrupción y fincar responsabilidades. Parcial voluntad de Gobierno de la CDMX para atender las demandas de acceso a justicia de víctimas del sismo El día 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más tristes en su historia. Aproximadamente a la una de la tarde de ese día, nos tomó por sorpresa un sismo de 7.1 grados de magnitud en la escala Richter, con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos. La fuerza de este sismo dejó múltiples inmuebles dañados, y algunos de ellos se derrumbaron en cuestión de segundos, provocando la muerte de un gran número de personas. Ejemplo de esto fue el caso del inmueble ubicado en la calle Bolívar, número 168, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Este edificio colapsó dejando atrapadas a diversas personas, así como víctimas mortales. Si bien los sismos generalmente son entendidos como “fenómenos” de la naturaleza que no se pueden evitar, también diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos han documentado, en diversos informes e investigaciones, una gran cantidad de factores que son omitidos para posibilitar disminuir los riesgos ante tales fenómenos; identificamos prácticas de corrupción y la omisión por parte de diversas autoridades en las tareas de inspección y revisión de la seguridad de los edificios, situaciones que aumentaron vulnerabilidades y daños, por lo cual es pertinente hablar de desastres socialmente construidos. En este marco, el día 29 de septiembre del 2017, se abrió una carpeta de investigación para investigar los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra, homicidio y lesiones en el caso del inmueble ubicado en Bolívar 168. Desde ese entonces, ha pasado más de un año en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ha omitido brindar información y avances efectivos en sus investigaciones; incluso se ha dificultado recabar pruebas debido a la omisión de diversas autoridades, así como las trabas para acceder a la carpeta de investigación, pues ésta constantemente era llevada de un lado a otro sin que se informara a las víctimas y sus asesores, violentando con ello el derecho de las víctimas a conocer y contribuir en las investigaciones. En días recientes, fue notificado a familiares y víctimas que la PGJ-CDMX determinó el no ejercicio de la acción penal para el caso de Bolivar 168. En la exposición de su criterio menciona que no encuentra elementos suficientes que determinen una conducta penal y atribuye el resultado al sismo mismo. Sin embargo, en dicho razonamiento no se toman en cuenta las múltiples observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), mismas que derivaron en recomendaciones; tampoco consideran los diversos medios de prueba que integrados en la carpeta de investigación. Es importante, señalar que se determinó el no ejercicio de la acción penal sin haber investigado las irregularidades relacionadas a los permisos de uso de suelo y reglamentos en la materia, y sin considerar los peritajes emitidos por expertos que develan que la causa del colapso es el sobrepeso del inmueble. Para las víctimas y esta organización defensora de derechos humanos acompañante del caso de Bolívar número 168, es evidente que la PGJ-CDMX incurre en arbitrariedades y omisiones al momento de resolver de esta manera. Con ello, impide el acceso a la justicia para las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Derivado de esta determinación, corresponde resolver al juez de control en turno revocar el no ejercicio de la acción penal y ordenar una investigación apegada a derecho que considere los derechos de las víctimas y se valoren todos los elementos de pruebas a fin de que se pueda judicializar el caso, para que de esta manera las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia, sentándose un precedente para la no repetición de este tipo de casos. Exhortamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a resolver tomando en cuenta los más altos estándares en derechos humanos y valorando los medios de prueba que integran la carpeta de investigación, a no cerrar las investigaciones de éste ni de ningún caso relacionado con el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de ordenar que se realicen los peritajes pertinentes y diligencias necesarias para evitar la impunidad, estableciendo adecuadamente responsabilidades, y asegurando de esta manera el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas. De igual manera exhortamos a la PGJ-CDMX para que se ocupe y realice las investigaciones con estricto apego a derecho, sin favorecer a algunas de las partes y tomando en cuenta los más altos estándares en materia internacional de los derechos humanos de las víctimas. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
Perfil de vacante | Área jurídica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: 07 de enero de 2019 a 25 de enero de 2019 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Febrero 2019 Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Litigio Estratégico Impulsar la protección de Derechos Humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales e internacionales de protección, así como crear insumos metodológicos, informativos y políticos para visibilizar las estrategias y el trabajo de los procesos y casos que acompañamos Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva tanto con autoridades como con las personas que acompañamos en la organización, además de ser una persona responsable con gusto por el trabajo en derechos humanos. El Área de Litigio Estratégico responde directamente a la Coordinación General y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia en procesos de acompañamiento a casos en organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Conocimientos necesarios. Computación: Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacio de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir con anterioridad a las 24 h
El sexenio de la resistencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La protesta social ha sido cultivada por las y los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de enero de 2019 Miguel Concha Después de seis años de un contexto áspero para la movilización, la crítica y la protesta social, llegamos a 2019. Lo que aconteció en el sexenio pasado ya no puede suceder en los próximos seis años: limitaciones y agresiones contra las personas y grupos que protestan y manifiestan sus inconformidades y propuestas de cambio mediante diversas formas. Para los movimientos progresistas y de defensa de los derechos humanos el espacio público se convierte en lugar idóneo para debatir los principales problemas de la nación. Si bien es cierto que las redes sociales, con sus llamadas tendencias, hoy hacen contrapesos en la opinión pública, también es verdad que, por mucho, las movilizaciones sociales en las calles tienen cargas simbólicas y políticas que convocan a una amplia diversidad de grupos en México. Durante las protestas se hace, además, un fuerte ejercicio de concientización sobre los problemas del país, e incluso a escala mundial. En las protestas se construyen y forman también sujetos sociales que se hacen cargo de la realidad. Los espacios públicos se han visto en la historia como una especie de ágora en la que se dirime sobre el bien común y se visibilizan las causas y exigencias que de lo contrario no son tomadas en cuenta. Con más dificultad hoy, si no se cuenta entre las posibilidades el acceder a herramientas y medios que generan trending topicsen redes sociales. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo sin menoscabo alguno. Y debe ser ejercido por aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados. La protesta social ha sido en efecto cultivada por los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. Esto es lo que aborda el reciente informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una articulación de organizaciones sociales de derechos humanos que ha dado cuenta de los abusos cometidos por las autoridades en contextos de protesta. En su informe El sexenio de la resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 se narran, con enfoque de derechos humanos, y bajo una documentación sobre el comportamiento de gobiernos frente a las manifestaciones, algunas historias de movimientos sociales y sus protestas en el sexenio pasado. Sin duda el cambio de gobierno el primero de diciembre de 2012 fue un parteaguas. Vinieron después varios años de represiones a manifestantes: fueron golpeados jóvenes y personas adultas mayores, hostigadas e incluso supimos de casos en los que la niñez estuvo involucrada, como fue el caso del menor de edad que recibió un impacto de bala en Puebla. Vimos, asimismo, cómo se agredió a colectivos y comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios, agua, y bienes comunes. Atestiguamos cómo se violentaron directamente derechos de mujeres que recibieron agresiones o amenazas de tipo sexual. Conocimos de la violencia que enfrentaron personas del grupo LGBTI, como el caso de mujeres trans violentadas en sus derechos cuando protestaban por el asesinato de una de sus compañeras. Quienes entonces gobernaban no se detuvieron con sus agresiones ni en las marchas multitudinarias por la presentación con vida de los jóvenes de Ayotzinapa. Nunca olvidaremos el 8 y 20 de noviembre de 2014, cuando en Ciudad de México los ahora extintos grupos de granaderos arremetieron brutalmente contra la población. No olvidamos tampoco que durante el sexenio anterior resistimos contra el maltrato y la estigmatización de los que fueron objeto movimientos y organizaciones sociales, así como defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo único propósito es trabajar por un país más digno y en paz. Para ello también usamos el derecho a protestar. Decimos lo que pensamos, y trabajamos organizándonos colectivamente. El Informe del Fleps es una especie de línea base para el nuevo gobierno. Esto que ocurrió, no puede volver a suceder. Y reafirma la urgencia de transitar hacía otro modelo de seguridad, tan urgente hoy en México. La protesta social es una expresión de sociedades politizadas, que ante la ausencia de debate público y participación social efectiva, toman las calles y levantan la voz ante la discriminación, la injusticia, y la exclusión de los más pobres, con amplios criterios éticos. No es oportuno que en México y el mundo dejemos de usar las calles para expresar nuestras más genuinas necesidades de cambios de raíz que posibiliten el ejercicio de derechos. Las transformaciones se originan desde quienes habitamos o transitamos por determinado territorio. Si no hay crítica y participación eficaz, difícilmente podremos avanzar hacía un cambio de régimen. La protesta social, la crítica constructiva y las propuestas alternativas son vehículos por medio de los cuales podemos también emprender ese viaje hacia una transformación efectiva. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
