Cambio de régimen político
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones, orientar la ética política, una que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de diciembre de 2018 Miguel Concha Está por concluir el primer paso del ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este mes se concluirán discusiones importantes, como la del presupuesto de egresos. Esperamos que se modifique en los recursos destinados a sociedad civil, género y cultura. A partir de enero habrá que retomar los retos que están aún más en el fondo del desempeño del nuevo gobierno. En particular el propósito reiterado de cambio de régimen político. De acuerdo con el Diccionario de Ciencia Política, coordinado por el ya desaparecido Norberto Bobbio, por régimen político se entiende el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. En la pasada década del siglo XX, la vida pública del país estuvo signada por el reclamo democrático y la movilización política que suscitó el fraude electoral de 1988. Lo que derivó en la alternancia electoral y propició la modificación de las instituciones que regulan la lucha por el poder, si bien no de manera suficiente, como lo demostraron las elecciones de 2006. El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones. Lo cual requiere derrotar al neoliberalismo en el campo de la ética económica para pasar del asistencialismo al verdadero desarrollo de las personas. Y en el de la ética política, que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. Pero falta en la agenda del cambio de régimen político otro aspecto que se ubica al centro de sus notas constitutivas. Vale decir la modificación de las instituciones que regulan el ejercicio del poder. En nuestro país, éste se ha hecho con las instituciones emanadas de la revolución mexicana reformuladas durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Las que, si se habla de una nueva transformación, habrá que rediseñar a fondo. El siglo XIX volvió realidad la aspiración liberal de la división tripartita del poder: el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que juzga sobre su correcta aplicación. Con la aparición del Estado Social, el siglo XX reformuló estas relaciones, dándole mayor importancia a la función del Ejecutivo, puesto cuya tarea principal sería la realización de las estrategias para garantizar los nuevos derechos de carácter económico y social. El fortalecimiento del Ejecutivo dio lugar en América Latina a la aparición del llamado Régimen Presidencialista. En nuestro país esto se exacerbó con la centralización del poder mediante el ejercicio de las que el doctor Carpizo llamó facultades metaconstitucionales, contra las que tuvo que luchar la exigencia ciudadana de democratización. El avance de los derechos humanos requirió la aparición de los órganos de Estado autónomos para la organización de los procesos electorales, para la promoción y defensa de los derechos humanos, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la evaluación de las políticas y programas sociales del gobierno. Al discutir el necesario cambio de régimen político, habrá que considerar toda esta herencia con sus saldos positivos y negativos. Si pensamos éste hacia su mayor democratización, las exigencias son mucho más claras, a la vez que más complejas. Para iniciar, la transformación democrática del régimen político no puede venir sólo desde el gobierno, sino que tiene que ser producto del diálogo e interacción entre gobierno y sociedad. En esto la sociedad ya lleva un largo trecho recorrido, por lo que no será mayor problema contar con sólidas propuestas para dialogarlas con el régimen. Uno de los principales asuntos es la relación entre los poderes del Estado, pues el presidencialismo volvió habitual la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Además, muy pocos cambios se han efectuado. Entre ellos la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Facultad que se ejercerá por primera vez el próximo año. Es también necesario ampliar las facultades del Legislativo para evaluar los programas de gobierno, vigilar más estrechamente el ejercicio del presupuesto, e inquirir y cuestionar el desempeño de los altos funcionarios. Por supuesto que ampliar las facultades al Congreso debe hacerse en la perspectiva contemporánea de un Parlamento Abierto. Es decir, permeable a la participación ciudadana. No faltará quien diga que esto equivaldría a restarle fuerza a un gobierno que ha sacado uno de los porcentajes más altos de votación. Habrá que responderle que precisamente por eso, porque la mayoría de su partido en el Congreso haría que la adopción paulatina de estas reformas fuera sin sobresaltos ni dedicatoria. El otro aspecto que conviene discutir es el de la autonomía del Poder Judicial y la vía para la corrección de sus vicios. Ni las propuestas de designación deben provenir de la Presidencia, ni la impartición de justicia y la judicatura deben ser las dos caras de las mismas personas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Argandar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Sexenio de EPN, regresivo para la libertad de expresión y la protesta social: ONG
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha documentado casos y legislaciones represivas entre 2012 y 2018 De julio de 2015 a noviembre de 2018 se presentaron por lo menos 175 casos de represión Pide al nuevo gobierno garantizar y respetar la libertad de expresión, de reunión y de tránsito en el espacio público. Durante el sexenio 2012-2018 en México, el ejercicio de la protesta social fue objeto de constante de represión, criminalización y diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública, tanto a nivel federal como estatal, tendientes a estigmatizar la protesta y cerrar los espacios públicos; así lo ha documentado el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018. Cabe recordar que el #1DMX (1° de diciembre de 2012), fecha en que tomó protesta Peña Nieto, marcó un punto de partida simbólico y reprobable, observando una clara representación de lo que vendría en los siguientes seis años. Detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias derivadas de un uso letal de la fuerza pública, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidación, fueron huellas que quedaron marcadas frente al ejercicio de la protesta social. Estos actos, según explica el Frente, se pueden identificar “antes, durante y después” de la protesta: antes, señalando aquellas legislaciones locales y federales que restringen y criminalizan el ejercicio de la protesta social a través de normas ambiguas, disposiciones que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o que restringen el uso del espacio público; durante, en los actos de represión cometidos contra diversos actores movilizados a lo largo del sexenio, quienes han sufrido encapsulamientos, agresiones físicas y sexuales, detenciones arbitrarias, ataques con todo tipo de armamento letal y no letal, e incluso ejecuciones extrajudiciales; y después, cuando integrantes de movimientos sociales y personas solidarias son judicializadas por delitos imputados de manera arbitraria, aprovechando su redacción ambigua, tales como los delitos de “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, “resistencia de particulares”, “sedición”, “terrorismo”, entre otros. El informe contabiliza que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo menos en 15 entidades federativas se aprobaron legislaciones restrictivas a la libertad de expresión y la protesta social. Algunas de estas restricciones son: la obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas; la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse, así como determinados horarios; la inadecuada regulación sobre armas y el otorgamiento de facultades amplias y discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas. Asimismo, en el periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2018 se registraron 175 casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social; esto quiere decir que, en promedio, se dio un acto represivo a la semana a lo largo de estos dos años y medio. Dentro de estos casos se encuentran Chalchihuapan (2014), Ayotzinapa (2014) Nochixtlán (2016), las movilizaciones contra el gasolinazo (2017), la represión en Tiripetío, Michoacán (2017), entre muchas otras. Resulta necesario un cambio de enfoque, prevaleciendo uno en el que se coloca el ejercicio de la protesta social como un tema de orden público y un riesgo para la estabilidad, debiendo adoptar un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, sin contraponer a la protesta con orden, y verlo como un ejercicio natural de derechos y autonomía que robustecen una democracia. Finalmente, el FLEPS, por medio de su Informe, hace un recuento de los retos que los nuevos gobiernos locales y el federal deben asumir para garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta social: caracterizar de manera positiva el ejercicio de la protesta, adoptar modelos de concertación política que faciliten la interlocución entre las personas movilizadas y las autoridades, derogar los tipos penales y las legislaciones que mitigan y criminalizan las manifestaciones, y garantizar la debida investigación y sanción de violaciones a derechos humanos en contextos de movilizaciones sociales. El FLEPS está conformado por 11 organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos, y surgió en abril de 2013 dedicándose a realizar labores de documentación de violaciones al ejercicio de la protesta social, las libertades de expresión y reunión; así como labores de incidencia y promoción con el fin de que el Estado mexicano garantice estas libertades. El informe El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 puede ser consultado aquí y en el sitio libertadyprotesta.org. Contacto: contactofleps@gmail.com FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Comisiones de la verdad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos, también para evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que permitieron las graves violaciones a los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de diciembre de 2018 Miguel Concha Como se sabe, el pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El establecimiento de una Comisión de la Verdad para tal caso no sólo es necesario y urgente, sino que puede ser el inicio de un proceso de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿y las demás víctimas de desaparición forzada no merecen también una Comisión de la Verdad? Estamos hablando de más de 40 mil desapariciones reconocidas por el anterior gobierno, y de una cifra que va desde las 70 mil hasta las 300 mil desapariciones forzadas denunciadas por los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. Además, en los pasados 12 años más de 170 luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada y cerca de 250 fueron ejecutados de manera extrajudicial. Pensamos, entonces, que no sólo debe considerarse que es necesaria, sino que también es urgente una Comisión de la Verdad para todas las víctimas de desaparición forzada. Y ello como un primer paso para conocer su paradero y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y a los beneficiarios y los facilitadores de esta grave violación a los derechos humanos. Para ello el gobierno tiene que abandonar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores, y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización. Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en un determinado lapso de tiempo. Lo que incluye no sólo garantizar a las víctimas el derecho humano a la verdad, sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como visibilizar a las personas, grupos e instituciones que se vieron beneficiados por éstas, para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder. Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad son una de las formas de intentar garantizar el derecho a la verdad, tomando en cuenta que este derecho se debe tratar en su integralidad; es decir, en su interdependencia con el derecho a la justicia, a la memoria, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Por lo general, las comisiones de la verdad surgen por la exigencia de los pueblos de conocer lo que sucedió en un determinado periodo histórico, y están mediadas por la voluntad política de los gobiernos para develar la verdad de los hechos acontecidos. Sin la voluntad política real del gobierno, una comisión de la verdad sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades, y se convierte en una instancia que simula buscar la verdad. Como expresa el Comité Cerezo México, la voluntad política del nuevo gobierno debe traducirse en adoptar políticas que permitan garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en tres grandes periodos. Primer periodo (1968-1994), con el fin de atender la demanda de conocer el paradero real de todas las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra sucia. Segundo (1994-2000), con el propósito de atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contrainsurgente contra el EZLN y el EPR, así como las de la represión política contra los movimientos populares e indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tercer periodo (2000-2018), para atender la demanda de dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada en el país. Para ello deberán contemplarse principalmente dos tipos de poblaciones: las que por su militancia política o su labor de defensa de los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte; y las que sin tener una participación o militancia política contra el gobierno en turno son víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El punto central para que funcione este proceso de verdad, de manera que responda a las exigencias de los millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y esté en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares e indígenas, así como los expertos en la materia, académicos, intelectuales y periodistas comprometidos, participen activamente en su construcción. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Mujeres tejiendo redes de apoyo y autocuidado
A finales de 2018, el CDHVitoria convocó a un Encuentro Regional para diálogo entre mujeres al que acudieron compañeras defensoras de derechos humanos, pertenecientes a colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil y academia de los estados de Puebla, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, quienes ayudaron a generar espacios de análisis y reflexión para abonar a la discusión sobre las estrategias y tácticas para el autocuidado y cuidado colectivo entre mujeres de corporalidades y orientaciones sexuales diversas. Este documento es fruto del compartir anécdotas y del tejer resistencias, sueños y esperanzas entre grupos de mujeres que cotidianamente se organizan y generan espacios de escucha, contención y construcción colectiva de saberes con el fin de hacer frente a la narrativa de violencias de género que permea en los espacios públicos, desde el ámbito local hasta el nacional. Tiene la intención de recordarnos lo fundamental de la presencia de las mujeres en los ejercicios de organización y de lucha que históricamente han protagonizado por la reivindicación de sus derechos, también de seguir brindando herramientas para la conformación de redes de sororidad y solidaridad que transforman la vida cotidiana.
Carta Pública | OSC manifestamos preocupación respecto a Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México
ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México FÉLIX ARTURO MEDINA PADILLA Subsecretario de Gobierno Calle Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro (Área 1), Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México P R E S E N T E Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2018 Entre las organizaciones y personas firmantes existen una preocupación con respecto a la definición de la próxima persona titular del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México; por lo que consideramos fundamental transparentar y publicitar el proceso de selección, garantizando la participación plena del Consejo Consultivo del Mecanismo y de la sociedad civil con el objetivo que éste se adecúe a las necesidades de las personas defensoras y periodistas que acuden a dicha instancia a solicitar protección por la situación de riesgo en la que se encuentran; consideramos que las y los postulantes a ocupar el cargo deben contar con el conocimiento y la experiencia necesaria. Es necesario hacer una serie de valoraciones con respecto a la persona al frente de este mecanismo de protección pues, debe contar con la capacidad para liderar su implementación dentro del marco de una política pública integral acorde a estándares internacionales, en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunidades, y organizaciones de la sociedad civil, con miras a garantizar el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio periodístico, mediante la debida coordinación entre las instituciones involucradas en la materia así como con el Mecanismo de Protección Federal; asimismo, la adecuada elaboración e implementación de programas de prevención y planes de protección que salvaguarden la vida e integridad de las personas defensoras y periodistas, garantizando el desarrollo de sus labores en un entorno seguro. Además de los requisitos establecidos en la ley, consideramos que las personas que ocupen estos cargos deberán tener: Alta calidad moral, sensibilidad y empatía a las problemáticas de derechos humanos y víctimas. No haber sido candidato u ocupado un cargo de elección popular, ni puestos de dirección en partidos políticos, por los menos en los dos años previos a su designación. En cargos públicos o privados no haber tenido declaraciones o pronunciamientos en contra de las personas defensoras y periodistas, y en general contra los derechos humanos. Independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus labores. Conocimiento profesional y técnico para el desarrollo de las funciones del cargo. Experiencia probada en terreno y reconocida trayectoria vinculada en la defensa, protección y reparación a víctimas. Experiencia probada y reconocida trayectoria en materia de prevención, protección y acompañamiento con perspectiva de género y enfoque diferencial de personas defensoras y periodistas en riesgo. Experiencia en el manejo de relaciones con medios de comunicación, altos funcionarios gubernamentales, expertos y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Experiencia en procuración, transparencia y administración de recursos humanos y financieros. Compromiso y probada experiencia con la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Capacidad de diálogo, manejo de conflicto y trabajo con grupos. Capacidad de dialogar y conciliar opiniones e intereses entre las diferentes partes involucradas en el Mecanismo e implementación. Para la selección de la persona titular es necesario asegurar la participación del Consejo Consultivo del Mecanismo de la Ciudad de México, en la toma de decisiones y seguimiento al proceso, con miras a garantizar que la o el titular cumpla los requisitos establecidos en la ley, y acorde al perfil que como sociedad civil hemos propuesto para asegurar el buen desarrollo de las competencias y obligaciones del puesto. Las nuevas servidoras y servidores públicos encargados de operar el Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de la Ciudad de México tienen la obligación y la oportunidad, a través de la composición de dicho Mecanismo, de empezar a realizar acciones concretas, que solventen las falencias actuales y garanticen su efectividad en su funcionamiento y coordinación con las demás instituciones locales y con el propio Mecanismo Federal; así como el aumento de capacidades técnicas y económicas para el desempeño de sus labores. Quedamos en espera de su apreciable respuesta, informando de los avances en los procesos de selección. Atentamente, ORGANIZACIONES FIRMANTES Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C. Ednica I.A.P. El Caracol A.C. Espacio Libre Independiente Marabunta AC Espacio OSC Las organizaciones que conforman el Espacio_OSC son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC¬Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras SMR; Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Justicia Pro Persona Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar
Los derechos humanos ante la Cuarta Transformación
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de diciembre de 2018 Miguel Concha Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular. El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas, sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra. La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todospresentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza, donde documenta 161 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales, periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir 40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación, pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia. El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua, zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall, Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro cardiorrespiratorio en enero de 2014. Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido, el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta Transformación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Presentación «Mujeres tejiendo redes de apoyo y autocuidado»
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] A finales de 2018, el CDHVitoria convocó a un Encuentro Regional para diálogo entre mujeres al que acudieron compañeras defensoras de derechos humanos, pertenecientes a colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil y academia de los estados de Puebla, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, quienes ayudaron a generar espacios de análisis y reflexión para abonar a la discusión sobre las estrategias y tácticas para el autocuidado y cuidado colectivo entre mujeres de corporalidades y orientaciones sexuales diversas. Este documento es fruto del compartir anécdotas y del tejer resistencias, sueños y esperanzas entre grupos de mujeres que cotidianamente se organizan y generan espacios de escucha, contención y construcción colectiva de saberes con el fin de hacer frente a la narrativa de violencias de género que permea en los espacios públicos, desde el ámbito local hasta el nacional. Tiene la intención de recordarnos lo fundamental de la presencia de las mujeres en los ejercicios de organización y de lucha que históricamente han protagonizado por la reivindicación de sus derechos, también de seguir brindando herramientas para la conformación de redes de sororidad y solidaridad que transforman la vida cotidiana | Entrada libre. Ilustraciones : Anacoreta Martes 11 de diciembre del 2018. 16:00 hrs Centro Universitario Cultural | Odontología 35, Copilco Universidad, 04360 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Pendientes cambios de fondo para erradicar y atender la violencia feminicida en CDMX
Pendientes cambios de fondo para erradicar y atender la violencia feminicida en CDMX Organizaciones y víctimas exhortamos a Jefa de Gobierno y Procuradora a atender urgentemente deuda en materia de violencia contra las mujeres Procuraduría debe poner especial atención en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género El pasado 13 de septiembre de 2018 la Jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum se reunió con víctimas de violencia feminicida, cuyos casos se encuentran en la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para la Ciudad de México; en ese entonces, escuchó atentamente de viva voz las experiencias de las víctimas, quienes le compartieron un panorama de la terrible situación de violencia feminicida que permea la Ciudad, y las obstrucciones que generan las instituciones citadinas encargadas de atención y procuración de justicia para acceder a la verdad y la justicia. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañamos casos de violencia feminicida hemos podido constatar que las víctimas se encuentran con un sinfín de impedimentos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en su búsqueda por la verdad y la justicia, situación que vulnera sus derechos humanos y las revictimiza. A partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se ordena la transición de Procuraduría a Fiscalía autónoma, situación que en conjunto con el cambio de gobierno en la Ciudad, representa una oportunidad para que las autoridades encargadas de esta transición revisen las fallas estructurales que han obstaculizado el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas de violencia feminicida y encaminen acciones contundentes para superar dichas dificultades y trabas. Dentro de las tareas urgentes, en materia de impartición de justicia, se encuentran el diseño de perfiles adecuados del personal encargado de atender en todos sus niveles de responsabilidad a víctimas de violencia feminicida en las diferentes áreas, quienes deberán tener conocimientos en materia penal, derecho internacional de los derechos humanos y contar con perspectiva de género; revisión del desempeño de las actuaciones de los funcionarios de dicha institución, poniendo especial énfasis en los altos funcionarios y, en su caso, iniciar o continuar los procedimientos de sanción pertinentes; asimismo, revisar que los procedimientos sean llevados a cabo en los términos establecidos en la ley, a fin de no vulnerar los derechos humanos de las víctimas. Derivado del proceso de AVGM, y en cumplimiento de la medida urgente ordenada por el Grupo de Trabajo, se estableció la Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidos en la solicitud de AVGM, a través de la cual se revisaron las fallas en los procesos y se impulsaron acciones que atendieran no sólo los casos que se encuentran en la Alerta, sino generar impactos positivos en los casos en general de violencia feminicida. Sin embargo, la última mesa de casos se llevó a cabo pasado el 06 de noviembre, dejando inconclusos los procesos. Las víctimas y organizaciones estamos preocupadas por que los equipos asignados para la investigación y acompañamiento de los casos de la mesa de victimas son retirados, dejando en la incertidumbre el seguimiento de las investigaciones pendientes y procesos judiciales de casos graves. En ese sentido, solicitamos a la Jefa de Gobierno electa dé continuidad a los trabajos iniciados en la mesa de casos durante las administración saliente, debido a la gravedad de los mismos y a las fallas estructurales persistentes. La organizaciones peticionarias de la AVGM, conscientes de que el trabajo realizado para mejorar en materia de acceso a la verdad y a la justicia debe hacerse en conjunto, nos encontramos en condiciones de colaborar críticamente para continuar las tareas que se estimen pertinentes en coordinación con la Procuradora y la Jefa de Gobierno, refrendado nuestra compromiso para que la Ciudad de México cuente con instituciones eficaces y eficientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. ATENTAMENTE Víctimas de Violencia Feminicida en la Ciudad de México Justicia Pro Persona A.C Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P A.C Fotografía destacada : Esx Queso
Recuperar el territorio y la vida
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de diciembre de 2018 Miguel Concha stá a la puerta un cambio de gobierno. Uno de los principales retos consiste en el cuidado y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y de nuestros bienes comunes. El gobierno que hoy asume funciones debiera tomar en consideración la experiencia acumulada de los pueblos para detener los procesos de despojo, los cuales, dentro de su vida colectiva, tienen presente el cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida. Con el sexenio que termina descubrimos dos cosas en el proceso de defensa y cuidado de los bienes comunes. Primero, que las resistencias, desde los territorios, son fundamentales para entender los conflictos socioambientales y experimentar al mismo tiempo alternativas. Y enseguida el descubrimiento de los saberes profundos que los pueblos indígenas y campesinos poseen para configurar acciones concretas y hacer así frente a la crisis multidimensional que enfrentamos. Es decir, la crisis civilizatoria que encaramos. Existen también diversos esfuerzos ciudadanos, acompañados de propuestas venidas desde las comunidades y pueblos que dan cuenta del panorama de despojo. Tal es el caso de Por México Hoy, un espacio político progresista, abierto, incluyente y plural, que promueve la participación y organización ciudadana para imaginar, proponer y construir una nación de todas y todos. En dicho espacio participamos también diversos movimientos y colectivos en defensa de la tierra y el territorio y de él surgió un documento valioso que contiene información fundamental para entender y atender las centenas de conflictos territoriales con los que ahora contamos por toda la República. El documento Recuperar el territorio y la vida es en efecto una herramienta de análisis y propuestas, pues en él se condensan las experiencias de lucha de comunidades y pueblos que han enfrentado el sistema neoliberal imperante en México. Es importante señalar que éste surge de diversos recorridos que Por México Hoy, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha realizado por el país, proponiendo la discusión sobre un nuevo proyecto de nación que pueda plasmarse en una nueva constitución. Estos recorridos, encuentros y conversatorios abarcaron de febrero de 2016 a inicios de 2018 a más de 27 entidades. Fue en ellos constatable el despojo territorial y de bienes comunes naturales que sin el debido cuidado hacen imposible hacer valer la independencia y la soberanía del país. Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista, buscando y haciendo reales propuestas que estén basadas en el aprovechamiento y conservación, no en la explotación, para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. El documento parte de las resistencias. Para ellas todo nuestro reconocimiento y deseo de articulación de una visión integral y de largo plazo, con la finalidad de plantear un proceso de debate amplio, que oriente las definiciones sobre este tema con el gobierno que recién inicia. Como bien explica Carlos Lavore, coordinador del texto, la importancia de reconocer los esfuerzos y trabajos de resistencia en México nos hacen también pensar en un mosaico de propuestas que se extiende por todo el territorio nacional, confrontando el modelo hegemónico, la estructura institucional vigente y el relato mediático de despojo y criminalización. Urge cambiar de rumbo, pues como bien se dice, hoy la humanidad consume una vez y media más de lo que el planeta puede dar. Sólo 23 por ciento de su superficie no ha sido intervenida por mano humana, mientras hace un siglo era 85 por ciento. Los recursos energéticos se están agotando; de cada siete barriles de petróleo consumidos se descubre uno y de él depende 95 por ciento del transporte mundial. Metales no renovables, bosques, fauna, hielo, tienen un horizonte de ruptura de sustentabilidad planteado hacia 2050. Y valga decir que esa crisis y dinámicas de despojo van siempre acompañadas de violencia, corrupción e impunidad. Qué hay detrás del despojo, nos preguntamos durante los encuentros y al momento de sistematizar el documento. Claramente respondimos que a escala global, de la región latinoamericana y de México, existe una hegemonía con alta concentración de poder económico, financiero, político, institucional y mediático. De ahí que insistamos en que no basta con un cambio de gobierno; urge y es necesario un verdadero cambio de régimen, pues de lo contrario la crisis se acrecentará, el despojo se perpetuará y las violaciones a los derechos humanos no cesarán. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que se dé ese cambio de régimen, y de modelo económico y desarrollo. El inicio de un nuevo gobierno para los próximos seis años es una oportunidad. En ello la sociedad civil y el gobierno debemos jugarnos, desde la crítica libre y la propuesta responsable. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHDF [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La Ciudad de México entre urgencias e incertidumbres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 01 de diciembre de 2018 Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas* Este 5 de diciembre entrará en funciones el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que tiene la responsabilidad de atender una agenda urgente en temas relacionados con derechos humanos. Si bien el equipo de gobierno electo ya está trabajando en esos pendientes, el futuro aparece lleno de incertidumbres en cuanto a la importancia y efectividad que le dará a los derechos humanos como objetivo de políticas públicas, así como a la estrategia que elegirá su gobierno en cuanto a las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento estos asuntos en la ciudad. De la lucha por el respeto, protección y promoción de los derechos humanos En la parte legislativa, el Congreso de la Ciudad tendrá que adoptar tres leyes: la Ley Constitucional de Derechos Humanos (que debe ser publicada el 1ro de febrero del 2019), la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos (ambas deberán ser publicadas el 30 de abril de 2019). Si bien la construcción de leyes es prerrogativa del Poder Legislativo, no cabe duda de que el Poder Ejecutivo influenciará ese proceso, ya que puede proponer sus iniciativas, y sobretodo porque que el partido Morena también tiene la mayoría en el Congreso. Esas leyes son muy importantes: determinarán en qué medida el diseño institucional de la Ciudad pone al centro los derechos humanos, y garantiza a las y los ciudadanos mecanismos para que puedan exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos. Desde las organizaciones civiles, apostamos, por ejemplo, por un Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDH) que sea concebido como un mecanismo transversal en todo el ejecutivo, encargado de vigilar que todas las políticas públicas e instituciones de la Ciudad perfilen su acción hacia el cumplimiento efectivo de los derechos. También nos parece imprescindible que la sociedad civil, es decir organizaciones, ciudadanas y ciudadanos estén en el centro del Sistema, mediante mecanismos de participación y que las leyes les reserve un lugar donde podrán influir en las decisiones, por ejemplo en el nombramiento de la persona titular del Sistema. Por otra parte, el gobierno electo deberá enfrentarse a la tarea de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para la Ciudad. Esta instancia, producto de la Ley de 2012, es encargada de emitir medidas de protección hacia periodistas o defensores de derechos humanos en situación de riesgo por su trabajo. Sin embargo, y a juicio de organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta hoy no ha sido eficiente por varias razones: la falta de presupuesto y de personal capacitado, la acumulación y rezago en atención de casos, y el rechazo de parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo en construir varios espacios de trabajo previsto por la ley, así como su toma de decisiones de manera unilateral y obstaculización constante al diálogo con las organizaciones que conforman Consejo Consultivo del Mecanismo. En consecuencia, se sigue criminalizando a los defensores y periodistas. Una reforma de la Ley de Protección de Personas Defensoras y Periodistas está en preparación, así como la consecuente reorganización del Mecanismo: urge que el gobierno electo se comprometa en la construcción de un Mecanismo eficiente y democrático, que escuche las voces de las organizaciones. En particular, será unos de los retos fundamentales el proceso de nombramiento de una nueva persona titular que sea una persona capacitada, atenta a las realidades de las personas defensoras y periodistas,así como ser sensible de aplicar un enfoque integral de derechos humanos. Sobre la procuración e impartición de justicia y la reparación integral a víctimas de violaciones Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. (CDH Vitoria) junto a otras organizaciones, solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad para que por fin se adopten medidas concretas y transversales que luchen contra la situación extrema de violencia feminicida y de género que sufren las mujeres en la Ciudad. El 2 de octubre de 2018 venció el plazo de los seis meses establecidos en el Reglamento para que el gobierno de la Ciudad entregue el informe en el que transparente las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo; ese informe debe servir de base a dicho Grupo para que decida si se activa o no la Alerta de Violencia de Género. El Gobierno actual aún no ha entregado el informe, lo que provoca un retraso en la activación de la Alerta que tendría que ser una herramienta que debe responder a una situación de emergencia. Muy probablemente, será el gobierno electo quién tendrá que implementar una estrategia integral para erradicar la violencia hacia las mujeres. Importante es pensar hasta qué punto el gobierno electo asumirá la efectiva transformación del sistema de justicia en la Ciudad, y ampliará sus capacidades en la lucha contra la impunidad. Un indicador de ello se expresará en cómo se solventará el proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. La Ley de Fiscalía debe ser publicada el 15 de diciembre de 2018, y nombrado el o la Fiscal a más tardar el 30 de abril 2019. ¿Cómo asegurar que el proceso de transición sea completo y eficaz, y que no se traduzca en un mero cambio de nombre con la reproducción de las mismas lógicas de corrupción e impunidad que prevalecen en
