Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : designaciones.org
El Estado mexicano enmudece ante los agravios que recibe un defensor mexicano
El defensor de derechos humanos mexicano Alejandro Cerezo Contreras fue detenido y deportado el pasado primero de octubre por agentes migratorios panameños, durante su escala rumbo a la ciudad de Asunción en Paraguay, donde iba a presentar una ponencia en el marco del “III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo” a celebrase el día miércoles 3 y 4 de octubre de 2018. El silencio del Estado mexicano ante este abuso facilita nuevos atropellos hacia él y su familia. Esta es la segunda ocasión en la que el defensor es impedido de ejercer su defensa de derechos a nivel internacional lo que evidencia que la inacción diplomática del Estado mexicano es un llamado a la repetición. México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión de Alejandro Cerezo, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México. El Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del defensor, su familia y su organización. Según la declaración de las personas defensoras de derechos humanos, es labor de las y los defensores impulsar el más alto estándar de derechos a nivel local, nacional e internacional. Negar la participación del defensor en el foro internacional al que fue invitado es una violación al derecho de defender derechos humanos y sus derechos asociados como el derecho a la libertad de asociación, protesta y de libertad de expresión. El estado mexicano debe borrar la información referente a los antecedentes penales de Alejandro, toda vez que existe una sentencia de amparo que determina su inocencia. Esta omisión ha provocado la existencia de atropellos para realizar su labor de defensa de derechos humanos, lo cual no es permisible dentro de un Estado de Derecho. ESPACIO OSC Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México. FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
La revocación del mandato
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de octubre de 2018 Miguel Concha Por décadas el mundo de la política ha estado reservado a los partidos, figura hasta ahora necesaria, pero de ninguna manera suficiente para el ejercicio de la soberanía ciudadana, fundamento de la democracia. Ha predominado la idea de que la intervención del ciudadano en la política queda reducida a la emisión del voto, y que al término del periodo para el que se hubiera electo el ganador se vuelva a emitir el sufragio para reiterarle su confianza. Entretanto, si el gobernante tiene mal desempeño, al ciudadano no le queda más que esperar la conclusión de su mandato y confiar en que el próximo sea menos malo que el actual. Así ocurre hoy en la democracia estadunidense, y es el modelo que estuvo detrás de los promotores de la reforma política de 2014, la cual estableció la relección de parlamentarios, bajo el supuesto que ello significaría mayor control de los ciudadanos. No puede dejarse de lado que en esa misma reforma se estableció la consulta popular vinculante, negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su primer intento de ejercicio, cuando cerca de 5 millones de ciudadanos demandaron ser consultados con relación a la reforma energética. El modelo de democracia hasta ahora vigente, que cada vez demuestra más sus limitaciones, es, por sus actores y la manera de concebir el papel de los ciudadanos, reducido a consumidores pasivos de las ofertas de las élites –que generan propuestas para los electores y deciden cuál de ellas comprarán con su voto, lo que le asegurará al que obtenga la mayoría el monopolio de las decisiones públicas–, el de la democracia elitista o teoría económica de la democracia. Contra esta visión del ciudadano se han gestado múltiples iniciativas de la sociedad civil que demandan no sólo intervenir en decidir quién gobernará, sino cómo lo hará. Dentro de éstas, que se han convertido en ley en algunos países, está la revocación de mandato, que significa no esperar estoicamente a que termine su mandato el mal gobierno de los electos para darle la confianza a otro, con la esperanza de que ahora sí cumpla con sus promesas. La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. Este mecanismo, al disminuir el monopolio de las decisiones, acota el poder de las élites y de los partidos, algunos de los cuales serán reticentes a que se instaure en nuestro país. La revocación de mandato fue establecida en la Constitución de Ciudad de México en su artículo 25, letra G 1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. En su momento, el malestar de la élite política se expresó mediante la Procuraduría General de la República, que interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, aduciendo que la revocación añadía nuevos requisitos para la elección de los gobernantes, y que con ello se violentaba la Constitución. En un brillante proyecto de dictamen, que fuera aprobado por el pleno de la SCJN, el ministro Laynez argumentó que los requisitos se habían modificado con la reforma de 2014, al establecer la relección, por lo que su recíproco resultaba válido. La iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional, para que la revocación del mandato del Presidente sea posible, que el partido Morena presentó la semana pasada, debe ser saludada con entusiasmo por la ciudadanía. Establece que de manera concurrente con las elecciones federales para diputados, el titular del Ejecutivo puede ser sometido a consulta sobre su revocación a la mitad del mandato presidencial, siempre y cuando participe al menos 40 por ciento del electorado, y se pronuncie en tal sentido la mitad más uno de los votantes. Podrán solicitar la consulta el mismo Presidente, el 33 por ciento de cualquiera de las dos cámaras del Congreso federal o los ciudadanos en un número igual a 33 por ciento de los que hayan participado en la elección presidencial. Sin embargo, habrá que decir enfáticamente que este último requisito debe ser modificado. En las elecciones pasadas participaron 56 millones 611 mil 27 votantes, lo que implicaría que para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de votación se requerirían 18 millones 681 mil 71 firmas que lo solicitaran. Cifra difícil de obtener si no se pone en juego de manera encubierta la maquinaria organizativa de los partidos, y, de esta manera, lo que es un derecho ciudadano, no se podrá ejercer sin los partidos. Otros han anunciado su intención de presentar iniciativas para que el requisito para los ciudadanos sea con relación a un porcentaje del padrón electoral, lo que en números lo hace más bajo, pero aún a distancia del ciudadano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jose Luis Granados Ceja [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Red Universitaria y Ciudadana presenta informe sobre irregularidades y participación observada en elecciones de 2018
Participaron más de 300 personas en el despliegue de observación electoral de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). 101 visitantes del extranjero participaron provenientes de 15 países diferentes. Se emitieron un total de 32 denuncias ante la FEPADE gracias a la información obtenida en observación de 7 estados del país. La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) realizó actividades de observación electoral el pasado 1ro de julio, a través del despliegue de 101 personas de otros países y de 202 nacionales desplegadas en 7 entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Resultando en la vigilancia de 41 distritos electorales federales, 315 secciones electorales y 625 casillas durante la jornada electoral. LA RUCD también fue producto de la alianza de trabajo entre el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. y el Programa Universitario Diálogos por la Democracia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto se enmarca en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de 2018, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde las primeras horas del 1ro de julio, como informamos en los reportes emitidos el día de la elección por la RUCD, se detectaron contratiempos como la apertura tardía de casillas, la escasez de boletas electorales en casillas especiales, la falta de organización y preparación de las y los funcionarias de casilla; así como indicios de compra de votos. Con la información recopilada por nuestras brigadas, resaltamos los siguientes datos: Apertura tardía en el 93.22% de las casillas observadas. Siendo la apertura posterior a las 8:15 de la mañana, en algunos casos incluso con más de una hora de retraso. Sustitución de funcionarias y funcionarios de casilla en el 49.3% de las 118 casillas de las cuales obtuvimos este dato. Esto significa que en cerca de la mitad de los casos faltaron a sus funciones las personas que ya estaban capacitadas, con apenas una diferencia de 2.4% entre la permanencia y la suplantación. Si bien ocurrieron diversas irregularidades en el proceso, nos parece importante destacar la notoria participación de la ciudadanía. Entre las 303 personas que participaron de la RUCD, 217 personas acreditadas ante el INE, entre observadores y observadoras y visitantes del extranjero. Las labores de observación se hicieron de manera voluntaria, con la presencia de 50 jóvenes entre los 18 y 29 años así como 37 personas adultas mayores, constituyendo el 23% y el 17% respectivamente. Durante el desarrollo de la Jornada Electoral del 1ro de julio, la RUCD recibió 32 denuncias recabadas en campo por las brigadas de observación electoral en despliegue, 14 de ellas relacionadas con compra de voto, 9 por obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las elecciones, 2 por votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley, 2 por organizar el traslado de votantes, 2 por solicitar evidencia del sentido del voto, 2 por hacer proselitismo a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas y una por realizar actos que provoquen intimidación o temor en el electorado. Derivado de nuestro ejercicio de observación, identificamos algunas recomendaciones que se relacionan con mejorar mecanismos para revertir la compra y coacción del voto; evitar el uso de programas sociales con fines electorales; la necesidad de que instituciones electorales enfrenten las campañas negras y sucias; por otro lado, también recomendamos sobre necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la generación de condiciones de seguridad para que se llevan a cabo las elecciones; y sobre la imperiosa necesidad del fortalecimiento legal e institucional de la observación electoral ciudadana, así como la de robustecer la participación ciudadana en este tipo de ejercicios. La RUCD, es una iniciativa ciudadana, con participación de múltiples actores entre ellos personas de la academia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, investigadoras e investigadores, con presencia nacional e internacional interesadas en vigilar la transparencia, legalidad y legitimidad en el proceso electoral del 2018, así como impulsar la participación ciudadana más allá de esta coyuntura, en aras de fortalecer la democracia en el país. Atentamente Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia ( reddemocracia.org ) Contacto: democracia2018mx@gmail.com Fotografía: Ximena Martínez Reyna
Colectivo #SeguridadSinGuerra entrega carta a la SCJN
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE JOSÉ PABLO GIRAULT RUIZ, en representación de las más de 300 organizaciones de la sociedad civil y personas que integramos el colectivo #SeguridadSinGuerra me dirijo respetuosamente a este Alto Tribunal, a fin de solicitar que se celebren audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior. La resolución de estos asuntos tendrá un impacto profundo en la vida constitucional del país. El pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República aprobaron y promulgaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las advertencias de varios organismos nacionales como la CNDH y organismos internacionales como la ONU y la CIDH, sobre los riesgos que conlleva la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública. Asimismo, una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior, se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas, a la par de fortalecer a las policías civiles a quienes constitucionalmente les corresponde esa labor. En este día histórico en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca, reafirmar la defensa de las libertades y derechos. Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aun así, en los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados. Los componentes fundamentales de nuestro sistema constitucional –el carácter civil de su gobierno, la eficacia del sistema federal, la separación efectiva de poderes y, por supuesto, la protección de los derechos humanos, se ven involucrados directamente por la legislación impugnada. Además, la complejidad de la materia y el volumen de la evidencia reunida a lo largo de los últimos tres lustros sobre el impacto, en la práctica, del uso de las Fuerzas Armadas, en contacto con la población civil, en materia de seguridad, amerita un desahogo exhaustivo y transparente. Por estas razones, creemos oportuno que la Suprema Corte repita el ejercicio realizado en casos de complejidad y relevancia semejantes. Es fundamental, para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad. En otros asuntos, la Suprema Corte ha convocado, ejemplarmente y con éxito, a la realización de audiencias públicas ciudadanas a fin de conocer la evidencia y la opinión de los expertos en la materia. Nos referimos a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, así como a la acción de inconstitucionalidad 26/2006. Con estos antecedentes de enorme complejidad técnica y un nivel importante de atención pública, la Corte demostró que el desahogo público de posturas y opiniones expertas favorece la comprensión de su deliberación y la aceptación de la resolución por parte de la población. La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían audiencias públicas. Retomamos y hacemos propias las palabras que usted, en su carácter de Ministro Presidente, expresó la semana pasada en el coloquio “El 68 y su impacto en materia de derechos humanos”, en el sentido de que “el 68 nos dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de la voz de los jóvenes; que jamás deben cerrarse los canales de comunicación; que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia; que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad para la construcción de un mejor México más incluyente y – desde luego, con ello- más en paz”. No es otro, sino ese anhelo de un México incluyente y en paz, lo que sustenta nuestra petición. El momento que atravesamos es histórico y la construcción de esa paz debe lograrse entre todas y todos. Para que nunca más exista represión a las libertades ciudadanas. Para que nunca más exista represión sobre el ejercicio de derechos y para que la justicia constitucional se fortalezca. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
Relanzamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
Tras once años de trabajo y ante un nuevo panorama político, la Campaña Sin Maíz No Hay País buscar reivindicar la vigencia de las demandas que desde hace más de una década ha defendido. Ante un nuevo contexto, fruto del último proceso electoral en el que se manifestó un mandato popular, el Estado mexicano debe coadyuvar a la construcción de un modelo donde las personas y los sujetos colectivos estén al centro de los planes gubernamentales. Esto implica rescatar al campo de una forma sustentable, equitativa y digna que permita la soberanía alimentaria con campesinas, campesinos, ciudades y pueblos originarios. En vísperas de la celebración del Día del Maíz el próximo 29 de septiembre, convocamos a todas y todos a festejar y defender al maíz como base de nuestra alimentación y patrimonio de México y del mundo. Hoy más que nunca es fundamental mantener los esfuerzos por defender el derecho a la alimentación, desde la perspectiva de la producción hasta la del consumo y la salud. Por ello, consideramos menester ampliar nuestras redes a otras luchas hermanas, pues la defensa de la soberanía alimentaria no está desligada de la urgencia por defender de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua; así como la necesidad de reconstruir el tejido social, ya que el fortalecimiento del campo parece ser la única salida para desterrar la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada de nuestro país. Ante el nuevo panorama que se presenta en México, mantenemos las demandas en torno a mantener fuera al frijol y al maíz en los Tratados de Libre Comercio; reafirmamos nuestra posición en contra de la siembra de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos; la importancia de apoyar y fortalecer al campesinado, así como a los marcos jurídicos que protegen la biodiversidad y al medio ambiente; y sostenemos la importancia. ahora más que nunca, de hacer políticas públicas que garanticen la operación integral de las secretarías, para que éstas atiendan holísticamente los problemas agrarios, alimentarios, de salud y medioambientales. Finalmente, hacemos un llamado a todo el pueblo mexicano a unirnos en un permanente proceso de lucha por la defensa de la vida y la soberanía alimentaria.
Recomendaciones internacionales a México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El EPU (Examen Periódico Universal) tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU, permite exponer al escrutinio internacional, la situación y desempeño de cada país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 29 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos. Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados. Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad. El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente. La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento. Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país. Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes. Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva. Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México. Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones. Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado. Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales. El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Selene González [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Día Nacional del Maíz
La Campaña Sin Maíz no hay País celebra por décimo año el Día Nacional del maíz y reafirma el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con agricultura campesina e indígena, y asegurando la soberanía nacional. Ante el desastre que desde hace más de 30 años ocasionaron las políticas anti-campesinas, el mandato popular de las recientes elecciones obliga a la construcción de un nuevo modelo donde las personas y los sujetos colectivos, con todas sus demandas, estén representados en el Plan Nacional de Desarrolloorientado a reactivar la producción campesina e indígena con el maíz como eje y la milpa como sistema de vida. Mantendremos, de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua ante la depredación por mega-proyectos, los cuales ponen en riesgo lo necesario para sembrar, comer y vivir. Las políticas neoliberales sólo han protegido la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en pocos estados y en pocas manos; en tanto que la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción han sido excluidas[1]. Seguimos defendiendo la producción campesina e indígena –de pequeña y mediana escala- de maíz nativo, que preserva la gran agrobiodiversidad del campo mexicano, el agua y los bosques; además, representa un modo de vida alternativo al capitalismo, en grave crisis. La sangre derramada en esta tierra, las desapariciones -como las de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, que aún hoy nos faltan-, junto al dolor ocasionado por el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene una razón que se resume en la política de abandono y despojo de la los territorios campesinos e indígenas. Reactivar la economía y la producción en estos territorios es la única salida para desterrar la violencia, frenar la migración forzada de jóvenes y familias enteras, fortalecer el tejido comunitario, así como para detener la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz. El derecho a la alimentación se ha ganado por la sociedad y debe asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de comida sana a toda la población con equidad y justicia. Los campesinos pueden asegurar este Derecho con el apoyo decidido del gobierno, que también debe combatir los monopolios agroalimentarios para evitar el acaparamiento y la especulación con alimentos, así como, la venta de alimentos de pésima calidad. Es impostergable garantizar el principio de equidad en las políticas rurales, así como los derechos humanos, ciudadanos y laborales de personas jornaleras agrícolas, de las mujeres, los migrantes, de pueblos originarios, y trabajadores y trabajadoras del campo. Las consecuencias tanto en el campo como en nuestra mesa han sido nefastas, en tanto, grandes empresas trasnacionales extranjeras y mexicanas se benefician con incrementos constantes de sus ganancias gracias a la oferta de productos dañinos. La sustitución de la tortilla de maíz en la dieta permitió el ingreso de productos con sustancias riesgosas por tanto, el cambio en la alimentación explica en buena medida siete de las diez principales causas de muerte relacionadas con la comida, ahora con peores consecuencias entre familias campesinas y de pueblos originarios donde los servicios de salud suelen ser carentes de acceso y calidad para prevenir muertes por mala alimentación. De recuperar maíz y frijol como base de una nueva canasta alimentaria conforme a derecho, sería posible construir un panorama de salud a favor de los mercados locales, la cultura, el paisaje y la identidad alimentaria. De igual manera es preciso, proteger el derecho de las y los consumidores para prohibir la publicidad engañosa de comida «chatarra» que invisibiliza el riesgo de los productos ultra-procesados que han desplazado al maíz en todas sus variedades. Es urgente contar con una estructura sólida de vinculación intersecretarial con el objetivo de hacer funcionar un sistema alimentario para asegurar la reserva, distribución y abasto de maíz y productos de la milpa, cercano a los hogares donde pueda consumirse a diario y sea el punto de partida de una economía territorial creciente y sustentable. ¡Con maíz y milpa hay país! Llamamos a las mexicanas y los mexicanos a unirnos en un permanente proceso de lucha por las siguientes demandas: Vigilar que el Poder Ejecutivo actue a favor del Derecho universal a la Alimentación y que defienda el interés público en todos los ámbitos y niveles, lo cual implica dejar inmediata y definitivamente de trabajar y litigar a favor de las corporaciones[2]. 2. Destinar prioritariamente los subsidios gubernamentales a la agricultura campesina e indígena cuyos cultivos nos alimentan de manera sana y diversa. 3. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN y del Acuerdo Transpacífico (TPP11). Instalar un mecanismo permanente en el Congreso de la Unión para administrar las importaciones y exportaciones de maíz, frijol y sus derivados. 4. Prohibir la siembra de maíz transgénico de todos los productos agrícolas genéticamente transformados, para proteger y mejorar el patrimonio genético de los maíces y productos originarios junto con un incentivo a la producción de maíces nativos. 5. Prohibir a los agrotóxicos, particularmente los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato[3], los que pueden causar la muerte a las abejas y otros polinizadores y de los prohibidos en otros países y autorizados en México 6. Aplicar inmediatamente el Principio de Precaución y los instrumentos y recomendaciones internacionales de protección a nuestros cultivos[4] y de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación[5] 7. Elaborar un nuevo marco legal de leyes, reglamentos y normas basado en la ética y la protección de los bienes comunes, de los derechos humanos individuales y colectivos a un ambiente sano, a una alimentación sana, a la biodiversidad, a la libre circulación de las semillas, a la información y a la autodeterminación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, y su aplicación sin reserva por parte del Ejecutivo; así como el respeto de todos estos derechos por el Poder Judicial en todas las sentencias dictadas. 8. Abrogar los decretos presidenciales para devolver la veda a acuíferos. Prohibir el fracking y otras concesiones contaminantes para impedir la privatización del agua y asegurarla para las comunidades y poblaciones en primera instancia y en segundo lugar para la producción de alimentos que aseguren el Derecho a ala Alimentación. 9. Realizar estudios científicos pertinentes y libres de conflicto de interés para detectar tanto la presencia de transgénicos en el campo y alimentos,
Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: • La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. • El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. • La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. • La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. • El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. • El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : Presidencia de la República
Defensores y periodistas sin protección
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los compromisos del gobierno federal no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de septiembre de 2018 Miguel Concha A raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, y cuya principal medida fue la militarización del país, se agravaron las condiciones de riesgo para quienes defienden derechos humanos y quienes informan sin tapujos sobre las corruptelas y omisiones del gobierno, y sobre las atrocidades de grupos del crimen organizado. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas exigieron en 2010 una ley general que garantizara el ejercicio de su labor, su seguridad, su vida, integridad y libertad. Y por ello un conjunto de organizaciones de derechos humanos y periodistas impulsó y redactó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Lppddhp). Dicha ley, de carácter federal, aprobada en 2012, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, política pública cuyo fin es ofrecer medidas de protección para los integrantes de estos colectivos que, debido al ejercicio de su labor, se encuentren en situación de riesgo. El mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación y está integrado por una junta de gobierno, órgano interinstitucional constituido por instancias oficiales y de la sociedad civil, por medio de su consejo consultivo. El mecanismo se encarga de analizar el riesgo de las personas defensoras y periodistas que solicitan su incorporación a él, y de diseñar planes de protección acordes a su situación de riesgo, incluyendo medidas físicas como cámaras, escoltas o refugio. El sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como el más violento en la historia de México. A propósito de personas defensoras y periodistas es necesario agregar, además de la violencia continuada de la guerra contra el narcotráfico, las agresiones causadas por las reformas estructurales y el impulso a proyectos de desarrollo. Desde el inicio del sexenio del presidente saliente, hasta el final de 2017, habían sido asesinadas 110 personas defensoras. Y en lo que va del sexenio han sido asesinados 45 periodistas. Sin embargo, ante esta grave situación de riesgo, el mecanismo es la única respuesta del Estado mexicano. Ello no obstante, si para el próximo mes de enero no cambia nada, el mecanismo será inoperante, pues el fideicomiso que dota de recursos económicos para la implementación y operación de las medidas preventivas, de protección y urgentes, está próximo a quedarse sin fondos. Esto se debe a que la Secretaría de Hacienda sólo depositó en abril de 2018, 200 millones de pesos de los 300 solicitados. Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación pidió 126 millones de pesos para hacer frente a las erogaciones de octubre de 2018 a marzo de 2019, tomando en cuenta que el presupuesto de 2019 se entrega en abril. Sin embargo sólo se ha confirmado la entrega de 76 millones, situación que aplaza el problema hasta enero. No contar con los recursos antes de enero implicaría que a inicios de 2019 el mecanismo tendría que retirar más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas y 51 colectivos, cuyo resguardo y protección está a su cargo. Vale la pena añadir que este es el segundo año consecutivo en que el mecanismo se queda sin recursos. Peña Nieto y la Conago hicieron públicas el 17 de mayo de 2017 una serie de acciones para prevenir, investigar y sancionar agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, no fue hasta que cinco periodistas fueron asesinados a mayo de este año, cuando el Presidente de la República se comprometió y afirmó lo siguiente: Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas…. Y agregó: Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Ello no obstante, esto no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. México atraviesa una crisis de seguridad y de derechos humanos. En este contexto, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental para luchar por condiciones de vida dignas en un país tan lastimado por la violencia y la impunidad. A meses de irse, este gobierno se encuentra ante una responsabilidad histórica que no puede ser obviada: garantizar la vida de quienes se comprometen a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. El futuro gobierno y el actual Poder Legislativo se encuentran con la necesidad de mejorar el contexto jurídico del mecanismo y volver real las demandas de la sociedad civil por una política pública integral que atienda las necesidades de estos colectivos y solucione las carencias de la actual ley federal de protección. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
