Amenazas contra el derecho a comunicar
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos al aprobar reformas mediante procesos irregulares, sin transparencia ni consulta. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 12 de mayo de 2018 Miguel Concha El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos. A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial. Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones. Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones. No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis. Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto. Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad. Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr). Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión. Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes. Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes. El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse. Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma. Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores. Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Rick Payette [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley. Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social. Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y eleborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso. Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos. En materia de designaciones, a la fecha: -No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por rescatar a Alejandro Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal. -Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia. -No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario. -Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron. Los Órganos Internos de Control han sido capturados. El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante. A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura. A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban. Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral. También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral. Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las etapas de Proceso Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación. En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto
FORO: Desafíos de la Alerta de Género en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es innegable la violencia feminicida que se vive en el país, también en la Ciudad de México, donde autoridades en distintos niveles se niegan a responder de manera urgente y efectiva para combatirla y erradicarla, al mismo tiempo que, paradójicamente, se presenta como un entidad federativa segura y libre de violencia. Ante el aumento de esta violencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P, A.C. junto con la organización Justicia Pro Persona A.C., en compañía del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, nos vimos en la necesidad de solicitar el pasado 07 de septiembre del 2017, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para la Ciudad de México. Bajo este esquema la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitió aunque con retraso seis Medidas “Urgentes”, el 02 de marzo del año en curso; y el correspondiente informe del Grupo de Trabajo, el cual contiene el análisis sobre la situación de la violencia feminicida en esta entidad y las recomendaciones que deberá resolver el Gobierno de la Ciudad en un lapso de seis meses, mismo que fue emitido hasta seis meses después de la solicitud de la AVG, es decir, el pasado 22 de marzo del presente. Hoy estamos a más de dos meses desde que fueron aceptadas las Medidas Urgentes y el Informe del Grupo de Trabajo por el Gobierno de la Ciudad de México; nos preguntamos: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno de la Ciudad para atender de manera eficaz lo que el Grupo de Trabajo explicitó tanto en el Informe como en las medidas urgentes? En este sentido, las organizaciones convocantes, tenemos el agrado de invitarle a participar en el Foro Desafíos de la Alerta de Género en la CDMX. Se trata de un espacio para reflexionar y proponer alternativas ante la ausencia de acciones efectivas del gobierno en esta Ciudad, y ante la terrible y alarmante situación de violencia feminicida que vivimos las mujeres hoy en día. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia, reflexionemos y propongamos trabajos conjuntos. Convocamos el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para Todos y Todas» RedTDT, Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, les esperamos. Evento en facebook Para más detalles | Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de la AVG para la CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] Miércoles 23 de mayo 09:00 – 14:00 hrs Casa del Poeta: Álvaro Obregón 73, Roma Nte. Ciudad de México [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Red Universitaria y Ciudadana denuncia irregularidades electorales y llama a observar y participar para defender el voto este 2018
-Elecciones del 2018, en un clima generalizado de violencia y utilización política de programas sociales -Imprescindible un llamado a la paz y a la organización ciudadana en México y el extranjero para fortalecer la democracia y observar proceso el próximo 1 de julio -Existen denuncias que dejan en evidencia la compra y coacción del voto en el país A seis semanas de que se lleven a cabo las elecciones en México, sabemos que hay un incremento de violencia debido a la coyuntura que atravesamos en medio de una crisis de violencia y de derechos humanos. Esta situación ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara recientemente en un comunicado de prensa que, de septiembre de 2017 al mes de abril del presente año, “se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos así como precandidatos y candidatos, particularmente a nivel local, pertenecientes a distintas afiliaciones y movimientos políticos del país”. Ante este clima de violencia, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) hace un llamado a grupos y personas, en México y en el extranjero, para unirse a las tareas de observar, denunciar y proteger el derecho al voto, con el objetivo de mantener la paz y lograr comicios apegados a los principios de un país democrático. Como RUCD también damos cuenta de una serie de irregularidades registradas durante la primera mitad del proceso electoral y hacemos un llamado de atención a las instituciones encargadas de velar por la autenticidad de las elecciones: 1. La fuerte crisis de credibilidad mediática y derivada de las divulgación generalizada de las llamadas fake news y propaganda. A pesar de los valiosos esfuerzos colectivos de la sociedad civil, las autoridades electorales han respondido de forma tardía y no han logrado responder de manera diligente a la desinformación y material intencionadamente engañoso que fluye sobre todo en la web. 2. La ola de spots que difaman y desacreditan, para dar prioridad a aquellos que buscan ofrecer propuestas, contraste y soluciones a la ciudadanía. 3. La falta de control y rigurosidad respecto a la confiabilidad de encuestas electorales. Algunas casas encuestadoras han utilizado de manera dolosa su papel para desinformar a la ciudadanía, convirtiéndose en un espacio ideal para la guerra sucia y uso propagandístico de estos instrumentos. 4. La proliferación de denuncias respecto a la utilización política de programas sociales; así como la compra y coacción de voto, sin hasta ahora una respuesta clara de parte de las autoridades electorales. 5. Los pronunciamientos del titular del Ejecutivo Federal respecto a las elecciones, mismas que violan la exigencia constitucional de estricta neutralidad de los órganos de gobierno. 6. El uso de temas económicos por parte del sector empresarial para coaccionar el voto de la población en general. Es necesario que los grupos empresariales dejen de utilizar la presión económica y el miedo para incidir en el voto y beneficiar a una candidatura. 7. La violencia extrema en contra de actores políticos. De acuerdo con algunos medios de comunicación, esta es la carrera electoral más sangrienta de la historia, algunos de éstos calculan entre 88 y 97 asesinatos cometidos contra personas funcionarias, registradas por una candidatura o personas políticas relacionadas con esta elección. En respuesta a los hechos mencionados, las y los integrantes de la RUCD reiteran su convocatoria a tomar las siguientes acciones: Movilizar una vasta red de observadores y observadoras electorales, nacionales e internacionales, que vigile y denuncie toda irregularidad en la mayor cantidad de casillas electorales posibles, tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. El próximo 31 de mayo se vence el plazo para registrarse, de manera oficial, como observador electoral ante el INE. Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral. Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio. Es menester acabar con la impunidad, corrupción, coacción y violaciones a los derechos humanos, peligros que acechan la adecuada implementación de la democracia en nuestro país. Por ello, la necesidad de sumar esfuerzos entre la sociedad civil, nacional e internacional, estar alerta y tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Para lograr este objetivo, convocamos a unirse a la RUCD, un espacio abierto y plural, universitario y ciudadano. Las bases y el proceso de registro pueden ser consultados en la página www.reddemocracia.org/ o en Facebook Red.Democracia.2018 y Twitter @RUCD_2018. Asimismo, invitamos a todas las personas y agrupaciones, en México y el extranjero, que quieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo democracia2018MX@gmail.com. Finalmente, se hace un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a extender el plazo de registro como observador electoral hasta el 20 de junio, con el objetivo de garantizar la máxima participación social; así como, asegurar la igualdad de oportunidades entre ciudadanos mexicanos y extranjeros que tengan interés en vigilar el proceso electoral. Atentamente RED UNIVERSITARIA Y CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA
Declaratoria de personas jóvenes frente a la globalización neoliberal
En el marco del Foro “Derechos Humanos en la Globalización Neoliberal”, personas jóvenes nos hemos encontrado con compañeras y compañeros que se han posicionado a favor de los derechos de las personas y de los pueblos, haciendo frente a un modelo económico que violenta su bienestar. En este encuentro hemos compartido experiencias de lucha desde diferentes regiones, poniendo especial atención en las afectaciones que la globalización neoliberal, fortalecido por los Tratados de Libre Comercio (TLC’s), ha mostrado en temas de soberanía alimentaria, controversias entre empresas y Estados, defensa de la tierra y el territorio y derechos humanos en general. Con este panorama, podemos ver que el esfuerzo de las empresas se concentra en la acumulación de riqueza en manos de unos cuantos en detrimento del buen vivir de las comunidades y de las personas. Ante ello, demandamos al Estado mexicano que cumpla lo siguiente: EMPRESAS: MECANISMOS DE RESOLUCIÓN Premisa: Las empresas se benefician de estos mecanismos. No aceptar los mecanismos actuales de resolución entre empresas, comunidades y Estado. Por eso demandamos: Cláusula democrática transversal de los tratados internacionales que permita la participación de la sociedad civil organizada. Mecanismo de transparencia a través de una comisión ciudadana, donde las personas y las comunidades sean escuchadas por el Estado. Hacer uso de la soberanía del Estado para resolver las demandas de la comunidad, puesto que los organismos que resuelven cuentan con integrantes de la inversión privada; con lo cual se ve mermada la soberanía del Estado. Fomento de procesos de integración económica y política a nivel regional. Buscar integración con América Latina, creando acuerdo atravesados por la cláusula democrática transversal. Movilización y concienciación de la población en general con el tema. Hacer ver que la extracción de recursos afecta los derechos humanos de todas las personas, a partir de esta concienciación e información, impulsar movilizaciones. Visibilizar las consecuencias de los tratados comerciales en la vida cotidiana de la mayor parte de las personas. La firma de un tratado que responsabilice a las empresas como violadoras de derechos humanos y asimismo se les pueda exigir reparaciones de los daños que ocasionan. DERECHOS DIGITALES La premisa es hacer un uso consciente de las plataformas digitales, puesto que la seguridad digital la hacemos todas las personas, lo cual a su vez implica las formas de hacer las comunicaciones digitales más seguras. Es por ello que demandamos lo siguiente: Considerando que son grupos pequeños de empresarios quienes detentan la propiedad privada de nuestra información, demandamos la soberanía de nuestros datos personales. Hacer promoción del uso de software libre. Hay que llevar la rebeldía a estos actos, los cuales también conllevan la defensa de los derechos humanos. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DERECHO A LA CONSULTA Declaramos que el conocimiento no debe ser apropiado o utilizado para fines privados, ni encadenado de ninguna manera. En consecuencia demandamos: El derecho humano a la consulta previa, libre e informada debe hacerse efectivo. Las personas deben saber lo que se está discutiendo en materia de tratados de libre comercio, la información deber ser aprehensible para las comunidades. Acceso libre a información en materia de tratados de libre comercio que no esté sesgada, lo cual favorezca la construcción de un conocimiento popular anclado en una demanda colectiva. Respeto a las comunidades que defienden sus tradiciones históricas, así como el conocimiento que se conserva en sus prácticas y que se dirige hacia la realización de la soberanía alimentaria. Socialización del conocimiento científico. Evitar que a través de su uso privado se haga merma de otros saberes y formas de vida. AGRICULTURA Nos declaramos a favor de fortalecer la producción campesina, a través de dos ejes: capacitación y subvenciones. Asimismo nos declaramos en contra de la homogeneización de los genes y de las modificaciones transgénicas. Demandamos: Mejorar los precios y el mercado. Difusión y visibilización de las luchas. Recuperar las tierras abandonadas bajo el argumento de que la vida campesina ya no es redituable, generando que sean acaparadas por un pequeño grupo de particulares, quienes controlan el sector de la agricultura. Asimismo nos pronunciamos en favor de la creación de un símbolo que unifique todas las luchas sociales. DERECHOS HUMANOS Se parte de la existencia de dos sistemas de relaciones a nivel internacional. Uno es el campo de los derechos humanos en el que el Estado firma para que sean de goce en todo el territorio. Pero al mismo tiempo forma parte de tratados comerciales que violentan todos estos derechos, ya que priorizan el beneficio de las corporaciones. Las demandas se plantean en dos sentidos: negativo y positivo. El primero con respecto a lo que no queremos que suceda, el segundo refiere a lo que sí queremos que tenga lugar. Demandamos que los derechos humanos sean contemplados dentro de los tratados comerciales dado que entran en conflicto de manera constante. Demandamos que los tratados comerciales no se impongan sobre los derechos humanos. En el sentido positivo demandamos lo siguiente: Problematizar las repercusiones de los tratados de libre comercio en la vida de todas las personas. Imaginar patrones de consumo diferentes al modelo económico actual Apostarle a la complementariedad y no a la competitividad que invisibiliza a las minorías. Visibilizar la interseccionalidad de las violaciones de los derechos humanos. La cual es posible por medio de la descolonización de nuestro pensamiento, es decir, dejar a un lado la idea que nos han vendido de que sólo es posible vivir bajo este modelo económico neoliberal. Atentamente : Integrantes de la 16a generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos y participantes del Foro: Derechos Humanos en la globalización neoliberal
Premio Don Sergio 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de mayo de 2018 Miguel Concha El Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo tiene desde 1992 el objetivo de reconocer el trabajo de personas luchadoras sociales, y el de destacar el compromiso que Don Sergio, VII Obispo católico de Cuernavaca, historiador mexicano y teólogo de la liberación, tuvo con la defensa de los derechos humanos en México, América Latina y el Caribe. Como cada año, las organizaciones y personas convocantes tienen el arduo compromiso de distinguir a una persona y a una organización ganadoras, teniendo en cuenta el análisis de cuatro ejes: la coyuntura actual de México, la visibilidad de la persona o agrupación, la temática que trabajan y su trayectoria. Este año fueron postuladas 11 agrupaciones y siete personas; Irinea Buendía Cortés fue galardonada en la categoría individual, y en la grupal, los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl, de San Pedro Tlanixco. De nueva cuenta el premio, en su edición 26, reconoce el trabajo y la defensa de los derechos humanos desde abajo. Doña Irinea, por ejemplo, es madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010. A raíz del asesinato de su hija, esta mujer realizó con tesón una investigación de manera autodidacta para esclarecer los hechos de la muerte de su hija. De esta manera se especializó en derecho y criminalística, con lo cual pudo desmentir las pruebas que se construyeron para armar la teoría oficial de un suicidio, cuando en realidad se trató de un feminicidio. El caso fue tan indignante, que en septiembre de 2013 llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), constituyéndose en un precedente histórico, pues fue el primer caso de feminicidio atraído por el máximo tribunal de justicia en México. En efecto, en 2015 la SCJN resolvió que las instancias correspondientes del gobierno del estado de México debían realizar, nuevamente, con la debida diligencia, las investigaciones, considerando la perspectiva de género (Sentencia 554/2013) y siguiendo la línea de feminicidio. Los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl de San Pedro Tlanixco, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, defienden su derecho a la justicia y el derecho humano al agua. Desde la década de los años 80, cuando llegaron a su municipio en Villa Guerrero empresas floricultoras, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido su lucha. El río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, fue entonces concesionado por la Comisión Nacional del Agua a empresarios floricultores, impidiendo con ello el acceso al agua de la comunidad, a pesar de que cuentan con documentos válidos que los acreditan para hacer uso de ésta. En 2003 la población de San Pedro Tlanixco fue agredida y en apego a sus usos y costumbres resistieron el embate. Aunque desde entonces este hecho acarreó también una fuerte criminalización en contra de la comunidad, y desde esa fecha los defensores de derechos humanos de San Pedro Tlanixco llevan resistiendo legalmente la falsa acusación que pesa en su contra, misma que denota, además, actos discriminatorios. El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. Para enmarcar la entrega del mismo se realizó el Foro Agenda de los Derechos Humanos Ante la Realidad Actual, que tuvo como objetivo construir una agenda mínima de derechos humanos como demanda y exigencia de la colectividad que acompaña el premio a los contendientes en las próximas elecciones. En esta línea, el foro transcurrió a partir de cuatro ejes temáticos: Ley de Seguridad Interior; agresiones a personas defensoras y periodistas; defensa de la tierra y el territorio, con especial énfasis en los pueblos y comunidades en resistencia, y feminicidios. En el foro se confirmó la necesidad de que sean más las personas y organizaciones que se sumen a las luchas desde debajo de las izquierdas sociales y democráticas. Permitió también entretejer tres retos importantes que, de cara a la coyuntura electoral, se tienen que afrontar. El primero tiene que ver con el reconocimiento de mantener puentes con la memoria histórica. La juventud tienen el compromiso de aprovechar los logros de las luchas de otras generaciones y hacerse cargo de la realidad actual. Las generaciones con más experiencia tienen, a su vez, el compromiso de acompañar las nuevas luchas de la juventud, muchas de ellas relacionadas con la identidad y las diversidades. Ninguna lucha es más importante que la otra. Todas ellas son diversas formas de acción. Otro reto relacionado tiene que ver con la importancia de reconocer el diálogo intergeneracional, el cual implica escucharse, acompañarse y descubrirse los pensamientos y sentires. Por último, es importante reconocer la mirada interseccional en las luchas. Es decir, la manera diferenciada como impacta la violencia según la identidad de las personas y grupos, apreciando al mismo tiempo la forma como construyen sus estrategias de resistencia y defensa frente a las distintas expresiones de la dominación. Esto implica reconocer que no se vive de la misma manera la defensa de la tierra y el territorio siendo mujer, mujer joven o indígena, que siendo varón. Por ello hay que insistir en que es necesario escuchar y preguntar por los propios sentipensares. Lo cual implica llevarse este compromiso a los espacios organizativos y conversar sobre la importancia de construir estos puentes, estas miradas y, más que nada, construir colectivamente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FundDonSergio [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Afirmemos la opción por la paz en México
La guerra sucia electoral está llegando a un nivel de intensidad, que ronda ya la crisis política y ciudadanía tenemos que participar abierta y masivamente para detenerla, exigiendo a las autoridades electorales, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país, así como a los medios de comunicación masivos, que se manifiesten abierta y contundentemente en contra de esas expresiones que incitan a la violencia y hagan un pronunciamiento categórico en favor de la paz y el respeto a la vida de todas y todos los candidatos y ciudadanos. Circuló en las redes un tuit «golpista«, de un periodista abiertamente contrario al candidato presidencial de Morena. Ricardo Alemán lanzó un tuit en el que «sugiere» que Andrés Manuel López Obrador «podría ser asesinado por un seguidor». Afortunadamente, la condena fue inmediata, en las redes, en las versiones electrónicas de los diarios, e incluso fue lanzada una petición ciudadana en change.org, para contrarrestar esta intención que, además, lamentablemente no es la primera vez que se hace pública, pero que con este tuit adquiere una peligrosa corporeidad. En el clima de confrontación electoral y en el marco de la violencia que ha causado más de 200 mil muertos en los últimos 12 años, una expresión de esa naturaleza puede ser un catalizador que desate con mayor fuerza opciones de antagonismo con muy graves consecuencias. Por ello consideramos urgente que tanto la ciudadanía organizada como las autoridades políticas y electorales del país nos pronunciemos clara y abiertamente a favor de la paz y la concordia, el respeto a la ley, a la vida humana, fortaleciendo las conductas sociales y prácticas políticas que permitan el desarrollo democrático de nuestro país. Firman por la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia : Abraham Nuncio Limón Americo Saldivar Axel Didriksson T. Benjamín Arditi Carlos A. Ventura Callejas Carlos Figueroa Ibarra Carlos Gershenson Carlos Vargas Pacheco Diego Osorno Elisa Cruz Rueda Elisa Cuevas Landero Elisabetta Di Castro S Ernesto Hernández Norzagaray Gabriel Corona Armenta Griselda Gutiérrez Castañeda Guillermo Fernandez Ampie Gustavo Leyva Irma Eréndira Sandoval Javier Esteinou M. Jesús Solís John Mill Ackerman Jorge Gómez Naredo José Antonio Vela Julio Boltvinik Laura Carlsen Laura Cevallos Luis Arizmendi Luis Lemus Manuel Pérez Rocha Martin Aguilar Miguel Concha Malo Oscar Ugarteche Paola Ricaurte Quijano Patricia Escamilla-Hamm Gabriela Ippolito-O’Donnell Sergio O. Saldaña-Zorrilla Vladimir Pliego-Moreno Para más detalles o información adicional contactar a: Democracia2018MX@gmail.com Imagen destacada: Wikimedia
FORO: Derechos humanos en la globalización neoliberal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Existe una reflexión constante de que el conjunto de las crisis que padece hoy la humanidad, la financiera, la económica, la alimentaria, la energética y la climática, tienen una misma causa: el neoliberalismo. Es constante también la convicción de que podemos y debemos transformar radicalmente el curso de esta crisis y apostar a alternativas a esa lógica depredadora y contraria a los derechos humanos. Para construir un espacio en el cual podamos compartir algunos saberes sobre el contexto de globalización neoliberal desde una lectura de derechos humanos, les invitamos a encontrarnos en el primer foro realizado en el marco de la 16a generación de la Escuela para Defensosas y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Centro Cultural Zapata STUNAM Av. Universidad 779, Col del Valle Sur, 03100 Ciudad de México, CDMX 12 de mayo de 2018 11:00-15:00hrs Entrada libre [siteorigin_widget class=»CL_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Organizaciones denuncian criminalización a defensor del derecho al agua en Mexicali
-León Fierro está acusado de un delito por ejercer su derecho a la protesta social. -El FLEPS documenta uso discrecional del sistema penal en Mexicali contra quienes protestan por la defensa del agua -La criminalización de integrantes de Mexicali Resiste ha sido una constante desde 2017. El jueves 3 de mayo del presente año, León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, movimiento que ha ejercido su derecho a la protesta social para mostrar oposición a la privatización del agua de la región, fue detenido y puesto en prisión preventiva ese mismo día, acusado de intento de homicidio, por un presunto acto ocurrido en el contexto de una protesta. Sus familiares ven claramente que su detención es un medio de hostigamiento y criminalización contra una persona que ha protestado en contra la privatización del agua en el municipio. Mexicali Resiste, junto con otros colectivos afines, son parte de un movimiento que se manifiesta contra las medidas que el gobierno de Baja California ha tomado para privatizar el agua, beneficiando a empresas como la cervecera Constellation Brands, a costa del pleno goce del derecho al agua de las personas y comunidades de Mexicali y su comarca. La respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales al ejercicio de la protesta social, ha consistido en hostigar, reprimir y criminalizar a integrantes de Mexicali Resiste. Entre enero y febrero de 2017, cuando comenzaron las movilizaciones, se dieron casos de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, desalojos violentos y encapsulamientos operados por las policías municipal y estatal; y la respuesta represiva contra el movimiento ha sido una constante desde entonces. El hecho más reciente para inhibir el derecho a la protesta fue la detención de León Fierro. De acuerdo con testimonios de familiares, la detención se realizó en un auto, acompañado de otros cuatro automóviles, sin insignias visibles que permitieran identificar si se trataba de un vehículo oficial. Posteriormente, se informó a la familia que León estaba acusado por homicidio doloso en grado de tentativa: presuntamente había intentado atropellar con su auto a 6 elementos de la policía municipal el día 16 de enero de 2017, día en que Mexicali Resiste se manifestaba en contra de la construcción de un acueducto en el ejido El Choropo, a las afueras de Mexicali. Según testimonios recabados por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en medio del operativo coordinado entre policía municipal, estatal y ministerial, el automóvil de León Fierro había sido gravemente afectado por elementos municipales, de modo que León procedió a retirar el vehículo sin causar ningún daño. Este acto es el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC) utiliza para formular la acusación mencionada, a pesar de que hay documentación que muestra que el retiro del auto se dio acorde a la versión de sus familiares. Desde el FLEPS, evidenciamos que estos hechos constituyen un intento de obstaculizar el ejercicio de la protesta de las y los integrantes de Mexicali Resiste, criminalizándoles por medio de la imputación de delitos sin sustento real alguno. Exigimos a la PGJE y al Poder Judicial de Baja California que se respete el debido proceso de León Fierro y se le otorgue la libertad, toda vez que se ve claramente la tendencia a la criminalización de la protesta social como la causa de su imputación. Asimismo, exigimos el cese al hostigamiento y represión en contra de quienes hacen uso legítimo de la protesta como un medio para demandar el pleno goce, la garantía y el respeto de otros derechos en Baja California, y particularmente contra quienes forman parte de Mexicali Resiste. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Mxli resiste
Más de 100 intelectuales y líderes de la sociedad civil estadounidense exigen al Congreso de los Estados Unidos estricta neutralidad de Washington frente a las elecciones del próximo 1 de julio en México | Boletín
-En una carta dirigida al Senado y a la Casa de los Representantes, los firmantes indican su preocupación sobre la permanencia de prácticas fraudulentas en México y el cuestionable papel que ha jugado Washington en materia de promoción a la democracia en América Latina “Es importante que México, uno de los aliados y socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, goce de una democracia auténtica, en la que la ciudadanía pueda hacer pleno ejercicio de su derecho al voto en libertad, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras”, escribe un grupo de más de 100 intelectuales y líderes de las sociedad civil en una carta que enviaron hoy a las y los miembros del Congreso de los Estados Unidos. En la carta, los firmantes instan a los senadores y los diputados de los Estados Unidos a “[…] hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y promueva las normas fundamentales de la democracia.” Los y las firmantes incluyen destacados intelectuales como Gilbert M. Joseph, profesor de historia de la Universidad Yale y ex presidente de la Asociación de Estudios de América Latina; Mary Kay Vaughn, profesora de historia en la Universidad de Maryland y presidenta de la Conferencia de Historia Latinoamericana; Bruce Ackerman, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Yale; Noam Chomsky, profesor emérito del Massachusetts Institute for Technology; Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora del Woodrow Wilson Center for International Scholars y presidente de la Association for Borderlands Studies; y Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York y miembro de la American Academy de Artes y Ciencias. Entre quienes firman también se incluyen destacados líderes de organizaciones de la sociedad civil como Laura Carlsen, Directora del Programa para las Américas del Centro para Políticas Internacionales (CIP); Mark Weisbrot, Co-director del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR); Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA); Ted Lewis, Director de Derechos Humanos en Global Exchange; y Manuel Peréz Rocha, del Instituto de Estudios Políticos (IPS). Las y los firmantes citan recientes amenazas a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho a la protesta en México, así como el uso de software de espionaje por parte del gobierno mexicano para vigilar a activistas y el papel que ha jugado el gobierno en el encubrimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. La carta también destaca como la proliferación de la corrupción y de crímenes violentos pone en peligro la libertad del sufragio en México, señalando en particular que: “[…] las recientes elecciones estatales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila demostraron que la permanencia de prácticas fraudulentas se mantiene como un grave problema en el México de hoy.” Los firmantes también alertan con respecto a que en Honduras el año pasado, y en México en 1988 y 2006, “[…] el gobierno estadounidense se apresuró en reconocer y apoyar resultados electorales que estaban bajo sospechas graves […]”. En este contexto, la carta llama al Congreso de Estados Unidos a respaldar plenamente la celebración de elecciones democráticas en México “[…]condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violación a los derechos humanos, promoviendo una transición pacífica del poder, e insistiendo en el estricto cumplimiento de la normatividad electoral” así como manteniéndose alerta con respecto al proceso de selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México. Contactos: Laura Carlsen (Ciudad de México), +52 1 55 3551 9993, lecarlsen@gmail.com Christy Thornton (Washington, D.C) +1 646 752 5507 llchristyll@gmail.com
