COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla
COMUNICADO URGENTE : ORGANIZACIONES SOCIALES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS HACEMOS UN LLAMADO DE CESE AL HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA POBLADORES DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA. 17 de octubre de 2017 Ante las acusaciones infundadas contra el compañero Marco Alonso Aco Cortés y el sacerdote José Martín Hernández Martínez por parte de Antorcha Campesina, por el asesinato, el pasado 10 de octubre, del Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán en el estado de Puebla y miembro del Movimiento Antorchista, Lic. Manuel Hernández Pasión, diversas organizaciones sociales y ambientales señalamos: Primero: Es imprescindible que se haga justicia y se esclarezca el asesinato del Lic. Manuel Hernández Pasión y se detenga a los autores intelectuales y materiales de tan cobarde asesinato, y que las autoridades investiguen y den respuesta a tan lamentable y trágico suceso. Segundo: Demandamos al Gobierno del Estado de Puebla encabezado por José Antonio Gali Fayad y al fiscal General del estado, Víctor Carrancá Bourget, se detenga la acusación dolosa e infundada, así como la criminalización del C. Marco Alonso Aco Cortés, Presidente del Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán y del sacerdote José Martín Hernández Martínez, declarada por el vocero nacional Homero Aguirre Angiano, el pasado 10 de octubre en la prensa local. Tercero: Es un acto vil y deshonesto señalar a Alonso Aco Cortes y al sacerdote José Martín Hernández Martínez como culpables de un homicidio sin ninguna prueba y bajo una investigación judicial transparente y bajo el principio de debida diligencia y respeto de los derechos humanos, con el propósito de presionar políticamente a las autoridades y que esta acusación sirva de pretexto para ocultar a los verdaderos culpables intelectuales y materiales de este cobarde crimen. Antorcha Campesina es una organización que en la Sierra Nororiental de Puebla ha mantenido un férreo control territorial, en particular en el Municipio de Huitzilan de Serdán, cuyas consecuencias han sido asesinatos, abusos, persecuciones de diversa índole contra la población, donde ya se registran graves violaciones a derechos humanos, como lo señala el propio Charbel Jorge Estefan Chidiac, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, en un video publicado por Cambio TV el 9 de agosto de 2017. Cuarto: Responsabilizamos directamente a Antorcha Campesina y al Gobierno del estado de Puebla por cualquier acto que atente contra la integridad física, económica y moral del compañero Marco Alonso Aco Cortés y familiares, así como del sacerdote Martín Hernández Martínez y de cualquier integrante del Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán. Quinto: Exigimos a las autoridades judiciales investigaciones diligentes, claras, honestas y con apego al respecto de los derechos humanos. Sexto: Exigimos el cese de acusaciones, hostigamientos y persecuciones a Marco Alonso Aco Cortés, al sacerdote José Martín Hernández Martínez Alonso y a los integrantes de Comité Ciudadano de Huitzilan de Serdán, y demandamos seguridad para los ciudadanos de Huitzilan de Serdán, en particular para las organizaciones campesinas que luchamos en defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y de nuestros derechos humanos. Atentamente Organizaciones sociales, ambientales y defensores de derechos humanos Alianza Internacional de Habitantes Asamblea Social del Agua de Puebla Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental Asociación Nacional de Industriales de Transformación, ANIT Asociación de Consumidores Orgánicos Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Carnaval del Maíz Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva Central de Trabajadores Comité de Presos Políticos de Puebla Convergencia de Organizaciones Sociales “México Mejor Sin TLCs” Coordinadora Campesina e Indígena de La Huasteca Potosina A.C. Coordinadora Estatal de Productos de Café del estado de Oaxaca A.C. Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida Encuentro Ciudadano Lagunero (de la región Comarca Lagunera) Haciendo Milpa A.C. LAVIDA La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes Maseual Altepetajpianij (Comité de Defensa de la Vida y el Territorio de la Sierra Nororiental de Puebla). Millones contra Monsanto Movimiento de Defensa de la Vida y Territorio de la Sierra Nororiental de Puebla Ora World Mandala México Participantes del Encuentro Nacional de Juventudes por la Defensa de los Derechos Humanos y en Defensa de la Tierra y el Territorio (2017): Viridiana Martínez Ortín; Marisol Feria Ibarra; Wendy Judith Hernández; Esmeralda García Rivero; Melisa Morán Esteva; Karla Maribel Jiménez Montoya; Javier Pichardo Servín; Alma Nelly Díaz Martínez; Yaxem López Sevilla; Citlalli Cleto Bustamante; René García Villanueva; Lilia Salvador Bautista; Beatriz Rivero; Leticia Carpio Cortes; Pobladores, A.C. Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC) Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Unión Popular Valle Gómez Colectivo Zapotlán de Juárez del estado de Hidalgo Hijas e Hijos de Iztaccihuatl, A.C. Colectivo Sohuame Tlatzonkime, Mujeres Bordadoras Comité Ciudadano de Vigilancia del Pueblo de Santa María Ajoloapan Quinceava Generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Adelita San Vicente Tello Antonio Turrent Fernández Jesús Ramírez Cuevas Lorena Damaris Quintana Alonso Luciano Concheiro María Luisa Albores González Narciso Barrera Bassols Imagen destacada: Arturo A. 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Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos
DENUNCIAMOS LA CONTINUA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN CONTRA NORMALISTAS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 16 de octubre de 2017 En una semana, Gobierno de Michoacán ha reprimido y criminalizado a más 60 estudiantes normalistas y activistas. La situación de violencia es constante y creciente contra la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Esta semana se perpetraron una serie de acciones represivas contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, y activistas comunitarios por parte de elementos de la Policía Estatal. Primero conocimos de las agresiones contra integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), especialmente contra Carlos Olivares Valencia, perpetradas en un operativo del que resultaron dos personas detenidas de manera arbitraria. Luego supimos del uso excesivo de la fuerza pública en contra de normalistas que se manifestaron para exigir la liberación de sus compañeros estudiantes el día 15 de octubre, de lo cual resultó la detención arbitraria de 65 personas, así como varias heridas. El pasado martes 10 de octubre del 2017 los integrantes del MCDL, principalmente mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, realizaron una manifestación para exigir la evaluación de los daños en las casas y escuelas ocasionados por las explosiones que la empresa PROACON-ALDESA ha estado detonando para la construcción del Ramal Camelinas. Alrededor de las 19:30 hrs., tras aproximadamente 5 horas de manifestación pacífica en la calle Baltazar Echave, llegó un estimado de 80 elementos de la UROP (Unidad de Restablecimiento del Orden Público) a reprimir violentamente y disolver la manifestación. En medio de estos actos, un grupo de sujetos vestidos de civiles sometió a Carlos Olivares Valencia, quitándole el teléfono celular con que llevaba el registro fotográfico de la manifestación y subiéndolo a una camioneta blanca sin placas. Dentro del vehículo, Carlos fue contínuamente golpeado, insultado y amenazado, según documentó otro miembro del MCDL, Hugo Salas. A pesar de las irregularidades y violaciones a sus derechos, ambos continúan bajo proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, siendo que ambas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad. Por otro lado, el viernes 13 de octubre, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, normalistas de Tiripetío se encontraban realizando boteo con el fin de obtener recursos para una movilización a realizarse el día 15 del mismo mes, en conmemoración de la represión que sufrieron en la misma fecha en 2012. Cuando se encontraban realizando esta actividad, en la carretera Siglo XXI, policías estatales procedieron a detener a seis personas supuestamente pot secuestrar camiones, según versiones de medios locales. A raíz de estos hechos, el 15 de octubre alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) para exigir la liberación de sus compañeros. Como respuesta, la Policía Estatal desplegó un operativo con 200 elementos que persiguió y agredió a los estudiantes manifestantes, haciendo uso de gas lacrimógeno y deteniendo a 65 personas de manera arbitraria. Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) denunciamos esta serie de hechos que violan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad, a la integridad y a la seguridad jurídica, de los estudiantes normalistas de Tiripetío y de integrantes del MCDL. Vemos con preocupación que se esté utilizando de manera sistemática a la fuerza pública para reprimir a dichos estudiantes y activistas: recordamos las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas el pasado 21 de junio, especialmente contra Gael Solorio Cruz, quien resultó gravemente herido por una bala perteneciente a los elementos de la Policía Estatal de Michoacán. Desde el FLEPS exigimos al Gobierno de Michoacán el cese de las agresiones y de las detenciones arbitrarias en contra de las personas que se manifiestan en la entidad y a la Procuraduría General de Justicia del Estado que garantice investigaciones imparciales, así como la garantía a los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión. Asimismo, exigimos que el estado de Michoacán sancione a las personas que participaron en las detenciones arbitrarias de los estudiantes de Tiripetío y del MCDL, y que cumpla con la obligación que tiene de garantizar de manera plena el derecho a la educación, partiendo del diálogo con los estudiantes normalistas, a favor de satisfacer sus necesidades y las de su Escuela, así como la resolución de las peticiones del MCDL. En el marco de los hechos denunciados, repudiamos el uso de la fuerza y la violencia policial, así como la criminalización de la protesta social, de los estudiantes normalistas y de las personas defensoras de derechos humanos. De igual manera, resaltamos la importancia que tienen las normales rurales y las y los estudiantes de éstas en las comunidades como personas defensoras del derecho a la educación en el país. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Internet Entradas relacionadas: Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario> Admite SEGOB solicitud de Alerta de Género para la Ciudad de México Ruta para documentar las afectaciones que resultaron de
Crisis civilizatoria y cuidado de la tierra
Crisis civilizatoria y cuidado de la tierra Sábado 14 de octubre de 2017 Miguel Concha El pasado viernes 6 algunas personas tuvieron la oportunidad de escuchar, en las instalaciones del Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México, a Leonardo Boff, filósofo, teólogo, ecologista, profesor y escritor brasileño. En su conferencia, en la que aludió a la crisis de civilización por la que estamos pasando, compartió un mensaje que posibilita sembrar esperanzas, tras los sucesos, algunos naturales, otros de carácter antropogénico, que han sacudido recientemente nuestro país. El contexto que enmarca ese encuentro es la inminente celebración de los 50 años de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, realizada en 1968 en Medellín, Colombia, luego de que un grupo de obispos de América Latina, en la recta final del Concilio Ecuménico Vaticano II, vislumbraron una reunión para interpretar a la luz del Concilio a Latinoamérica. Fue así como se gestó la II Conferencia de Medellín, que condensó el caminar eclesial de aquella crucial década. En ese acontecimiento se perfiló también la importancia de la liberación, y de una identidad eclesial específicamente latinoamericana y caribeña, a partir de experiencias que innumerables comunidades venían ya generando, y de la opción por una iglesia pobre, y con las y los pobres. Fecundaron allí también algunas semillas de la teología de la liberación, que se consolidaron en las siguientes décadas, y un modo original de ser iglesia y estar en el mundo, en permanente discernimiento de la realidad, y no menos constante compromiso creyente con la justicia, la paz y los derechos humanos. Siguiendo este inspirador método, fue como tuvo lugar el encuentro con Leonardo Boff, introducido por Dolores González, antropóloga de la organización Servicios y Asesoria para la Paz, y Álvaro Salgado, teólogo del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas. Ambos compartieron elementos del contexto nacional, con la intención de visualizar la crisis civilizatoria en México y rescatar una agenda mínima de sobrevivencia. Subrayaron la importancia de mantener las olas de solidaridad que se han dejado ver en las diferentes crisis que México ha presenciado, y reconocieron la importancia de los procesos autonómicos, autogestivos y colectivos. Asimismo, la de no descuidar la mirada interseccional, para integrar, por ejemplo, los saberes de personas jóvenes, pueblos originarios y feminismos, con la intención de construir propósitos liberadores comunes. Leonardo Boff centró su reflexión en el tipo de crisis civilizatoria que la humanidad está viviendo, haciendo ver que tiene relación con el programa histórico y hegemónico de la civilización occidental que se instauró por lo menos de forma acelerada en el siglo XVI. Este programa sustenta la ruptura con la naturaleza, con la madre tierra, permitiendo el paradigma de la modernidad, que entre otras características justifica la apropiación de los ecosistemas, para ocupar, explotar y generar una lógica eminentemente antropocéntrica. Optar por observar desde esa lógica la crisis civilizatoria, nos permite clarificar cuatro amenazas que colocan en riesgo a todo ser viviente que habita la Tierra. La primera tiene que ver con el principio de autodestrucción. Hemos creado todas las formas posibles de destrucción, humana, animal, vegetal, ambiental. Vamos, de toda forma de vida. La segunda tiene que ver con la insostenibilidad de la Tierra. Las reservas de bienes y servicios se han agotado. Tenemos menor cantidad de agua y semillas, y menos capacidad de superar la crisis. La tierra está llegando a su límite. La tercera tiene que ver con el calentamiento global, y no se trata de que vayamos hacia él, sino de que ya estamos en él. Se manifiesta a partir de la inestabilidad de la tierra. Gaia está lastimada y se duele. Sufre una clase de fiebre, en la que gran parte de los climas y especies están desapareciendo. La cuarta amenaza es la de escasez de agua dulce. Sólo contamos con 10 por ciento de agua dulce, todo el resto es salada. Y de ese porcentaje, sólo 3 por ciento se destina al consumo humano; el resto lo adquieren las empresas. Para Boff estos cuatro riesgos son parte de la crisis sistémica que estamos viviendo, y por ello es importante cambiar nuestro modo de producción, nuestro modo de consumo, y nuestra relación con la madre tierra. Ello implica superar el programa histórico y hegemónico de la modernidad. Pero para superarlo necesitamos generar un modo sostenible de vida, en el que todas las personas cooperemos. Es prioritario además asumir que la Tierra es un organismo vivo, y que tenemos que vivir en armonía con todo ser vivo. Tenemos que cuidar, proteger la Tierra, pues es la que nos provee de lo básico para subsistir. De la modernidad, debemos rescatar la racionalidad, pues es necesaria para nuestra organización. Sin embargo, tenemos que transformarla en una razón cordial, basada en la solidaridad y el respeto a todo ser viviente. Esta razón cordial parte de lo esencial que nos caracteriza como especie: la capacidad de los mamíferos de sentir solidaridad y empatía por otro ser viviente. Tenemos que rescatar la sensibilidad por la Tierra. Desarrollar la pasión por el mundo y la espiritualidad de la Tierra. Por todo ello, Boff nos comparte que la alternativa a la crisis civilizatoria se encuentra en el cuidado. El cuidado es la esencia de la humanidad. En palabras de Boff, el cuidado es la relación amorosa con la realidad; es la mano extendida para la caricia esencial; protege la tierra; cultiva; cierra las heridas pasadas e impide las heridas futuras. Es indispensable posicionar una cultura del cuidado a la tierra. Y en este camino a la transformación del programa de la modernidad, Boff nos alienta recordando que con esperanza, valentía y resistencia lo podemos lograr. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: CDHVitoria Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos
Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF
Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF Las personas y organizaciones abajo firmantes exigimos a las y los diputados Luciano Jimeno Huanosta (Partido Humanista), Rebeca Peralta León (PRD), Mariana Moguel Robles (PRI), Jorge Romero Herrera (PAN) y Beatriz Adriana Olivares Pinal (PRD), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que asuman con seriedad, rigor y responsabilidad el mandato que les ha sido conferido para coordinar la elección de quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Demandamos puntualmente que la Comisión señale las razones por las cuales se desconoce lo estipulado en la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada el 4 de septiembre del año en curso, cuya base octava señala que: Con el propósito de incorporar a la Sociedad Civil Organizada y mediante solicitud por escrito de las organizaciones y/o instituciones debidamente constituidas y con experiencia en la materia, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se conformará un Comité Observador Ciudadano, que acompañará y hará recomendaciones por escrito a esta Comisión Legislativa, a efecto de que el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF sea transparente y público, haciendo valer el Parlamento Abierto como principio básico de rendición de cuentas de la ALDF. De las más de 80 organizaciones que solicitaron formar parte del Comité Observador Ciudadano sólo se conoce el nombre pero no están disponibles para su consulta los documentos probatorios que demuestren la constitución legal de las mismas y mucho menos insumos que permitan demostrar que tienen experiencia en defensa, garantía, promoción y protección de Derechos Humanos. Si bien en la página web1 de la ALDF está habilitado un apartado específico sobre la designación de la CDHDF, ésta ha fallado como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, al no contar con información de interés público relacionada con el proceso y no ser utilizada como canal de comunicación formal entre la Asamblea y las y los actores involucrados. Es ahí donde debieron albergarse documentos que prueben que las 95 organizaciones de la sociedad civil inscritas para acompañar este proceso están legalmente constituidas y cuentan con expertise en el tema -requisito trascendental de la convocatoria. A un día de las comparecencias, el Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Ignacio Picacho, informa que los diputados no han determinado dónde se llevará a cabo y cómo se coordinará la participación de 95 organizaciones que brindarán sus observaciones sobre la idoneidad de las candidaturas para ocupar la presidencia de la CDHDF. Luego de lo ocurrido en el Foro “Las OSC de Derechos Humanos y el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF” –espacio que pretendía incluir una amplia consulta ciudadana sobre el proceso pero que, finalmente, derivó en un desfile de organizaciones que asistieron para manifestar su respaldo a una candidatura en particular– no podemos permitir que la defensa, protección y garantía de los Derechos Humanos en la Ciudad de México se limite a una simple cuestión asistencialista y de popularidad. El desaseo con el que se ha gestionado la participación de la sociedad civil en este proceso de designación parece dar cuenta de un ejercicio de simulación para cumplir con el trámite de incluir las voces de la sociedad civil en eventos como el antes mencionado y no como un esfuerzo por generar un sistema de pesos y contrapesos que permitan que la persona más capaz ocupe el cargo y no aquella con mayor poder político para movilizar clientelas. Reiteramos la exigencia a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para que el nombramiento público del presidente o presidenta de la CDHDF se lleve a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzca de acuerdo con los principios de parlamento abierto y de designaciones públicas. El proceso de deliberación que conduzca al nombramiento de la presidencia de la Comisión debe ser público, abierto e incluir las observaciones e inquietudes de la sociedad civil. A continuación se presenta una evaluación del proceso que ha seguido la ALDF con base en buenas prácticas en materia de designaciones públicas: Buenas prácticas en designaciones públicas : ATENTAMENTE : Abigail Delgado EstradaAcademia de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de MéxicoAdriana HerreraAlberto Serdán RosalesAl-dabi Olvera CastilloAlianza para la Defensa de los Derechos Humanos y la Salud A.C.Alicia Naomi Ramos ImuroArkemetria Social A. C.Artículo 19 Oficina para México y CentroaméricaAsistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGALAsociación de Espina Bífida Miel que vino del cielo A. C.Brenda Rodríguez HerreraCatólicas por el Derecho a DecidirCentro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.Centro de Derechos Humanos Zeferino LadrilleroCentro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, A.C.Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social A.C. (CIEDIS)Claudia Campero ArenaCoalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)Colectivo de Egresados de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de MéxicoColectivo Forjando CaminosComisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.Cristina Gómez JohnsonDenise Dresser GuerraDenise ReyesEdgar Bautista JiménezEducando en los Derechos y la Solidaridad EducaDyS A.C.Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos A.C.El Caracol A.C.Emilienne de LeónErnesto Tescucano HernándezFelipe MartínezFrancisco Robles Gil Martínez del RíoFrente Ciudadano Salvemos la CiudadFundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.Gabriela Delgado BallesterosGabriela RodríguezGabriela Ramírez Rojas SalazarGloria Lidia Legorreta NavarroIDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.I-legal. Derechos humanos, servicios y consultoría jurídicaInclusión y Equidad Consultora LatinoamericanaIniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia INCIDET A.C.Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.Investigación, organización y acción comunitaria Altepetl A.C.Iván García GárateHabitat International Coalition – América LatinaHilda Salazar RamírezJosé Guadalupe Sánchez SuárezJuan Carlos Medel CabreraLeonardo Jorge Martínez MejíaLetra S Sida, Cultura y Vida cotidiana A.C.Lourdes Morales CanalesLuis Daniel
(ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación
FAMILIA DE LESVY SOSTIENE EXIGENCIA DE JUSTICIA Y RECLASIFICACIÓN DE DELITO EN AUDIENCIA DE APELACIÓN Ciudad de México, 13 de octubre de 2017 5ta. sala penal del TSJDF resolverá si se reclasifica a feminicidio el delito que se imputa a pareja de Lesvy. Existen elementos suficiente para juzgar por feminicidio. Autoridades han evitado investigar y juzgar con perspectiva de género. Tras más de 5 meses del feminicidio de Lesvy Berlin Rivera Osorio, sus familiares junto con organizaciones y colectividades acompañantes exigimos que se reclasifique el delito imputado al presunto feminicida, no como homicidio simple sino como feminicidio, para que se investigue considerando las características peculiares del mismo y con perspectiva de género. Desde que el cuerpo de Lesvy fue encontrado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria el día 3 de mayo de 2017, las autoridades de la Ciudad de México se han mostrado negligentes en el tratamiento del caso, al negar y obstaculizar el acceso a la información y a la justicia a la familia y a sus representantes legales en repetidas ocasiones. Recordamos las declaraciones infundadas, estigmatizantes y revictimizantes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), así como la negativa a reclasificar el delito como feminicidio, afirmando, por el contrario, que se trató de un homicidio simple cometido por omisión y que fue la misma Lesvy quien se quitó la vida en presencia del imputado. El pasado 10 de julio ocurrió una audiencia en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), en la cual se discutió la reclasificación del delito cometido contra Lesvy como feminicidio, siendo que en días anteriores la PGJCDMX había declarado que se trataba de un homicidio simple doloso bajo la versión de que el presunto feminicida se había limitado a no tomar acción alguna mientras Lesvy se quitaba la vida. En dicha audiencia, el juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes determinó que el delito se seguiría tratando como homicidio simple cometido por omisión. Se tomó esta resolución a pesar de todos los elementos presentados por la defensa de la familia para que el juez de primera instancia no avalara las omisiones de la Procuraduría y reclasificara el delito como feminicidio. El día de hoy se realizará, a las 13:30 horas, la Audiencia de Apelación en contra de la resolución del 10 de julio, misma que resolverá la 5ta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con lo que se presenta una valiosa oportunidad para que las autoridades permitan el acceso a la justicia y a la verdad para Lesvy y su familia, y envíen un mensaje claro a la sociedad de que la violencia contra las mujeres ya no será tolerada y no permanecerá en impunidad. En este sentido, familiares de Lesvy junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, confiamos en que el Tribunal de alzada determinará a favor de la reclasificación del delito como feminicidio cometido contra la vida de esta joven estudiante de la UNAM, garantizando que se investiguen, se juzguen y se sancionen los hechos con perspectiva de género. Esperamos una resolución favorable. Informaremos oportunamente y dependiendo del desarrollo de la Audiencia sobre la resolución de dicho Tribunal. Es urgente que se cumpla esta exigencia de garantizar justicia para Lesvy y para todas las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad de México; no desistiremos en denunciar todas y cada una de las violaciones a derechos humanos que cometan las autoridades capitalinas, enfatizando el derecho a la información, a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño de las víctimas y de la violencia feminicida que impera en la Ciudad y a la debe ponerse un alto. (ACTUALIZACIÓN) El día de hoy a las 13:30 horas, se desarrolló la Audiencia de Apelación al fallo, referente al caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que resolvió el pasado 10 de julio que el imputado era culpable solamente de un homicidio simple por omisión; siendo que como familia y como representación legal aseguramos, con base en evidencias y elementos suficientes, que Lesvy fue víctima de feminicidio. En este sentido, en esta Audiencia de Apelación se buscó que el delito investigado sea reclasificado como feminicidio y se juzgue con perspectiva de género. Durante esta Audiencia, concluida media hora después de la cita, se resolvió que en tres días hábiles el Tribunal dará a conocer su resolución. Esperamos que en su decisión se tome verdaderamente en cuenta los argumentos de la familia y la parte defensora de las víctimas, así como una serie de amicus curiae, presentados por organizaciones y personas expertas en derechos humanos, y las más de cien cartas que le hicieron llegar directoras de organizaciones defensoras, personas del ámbito académico y mujeres feministas, muchas de ellas jóvenes. Familiares, organizaciones y colectividades acompañantes, y la sociedad civil en general quedamos a la espera de esta resolución de la Audiencia, de la cual esperamos que apunte a la debida investigación de este feminicidio y a la garantía de verdad, justicia y reparación para Lesvy Berlín Rivera Osorio y su familia. ¡Justicia para Lesvy Berlín Rivera Osorio! ¡No fue suicidio, fue feminicidio! ¡Ni una menos! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. Más información : Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227. 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Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá
CARTA ABIERTA AL SEÑOR JUSTIN TRUDEAU. PRIMER MINISTRO DE CANADÁ. Ciudad de México, 02 de octubre 2017 Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a nuestro país los próximos 12 y 13 de octubre.Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías. Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores. Desde el 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) ha contabilizado 5,910 averiguaciones previas por tortura y las Fiscalías de los estados han registrado al menos 6,262. No obstante, hasta el momento solo existen 8 sentencias condenatorias en torno a este grave delito. Así mismo, ocurren hechos extremadamente violentos y atentados contra el derecho a la vida a un nivel intolerable. Desde el 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 77 recomendaciones en las que se documentan hechos de asesinatos. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, de acuerdo a cifras oficiales, se han registrado más de 150 mil homicidios intencionales entre el 2006 y 2015. Por otro lado, existe un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en gran parte del territorio de México, y existen serias dificultades para la prevención, investigación y sanción de las mismas, así como para la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 32,943 personas desaparecieron desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8,525 mujeres y 5,985 menores de edad. Por su parte, la PGR sólo ha iniciado 598 averiguaciones previas por este delito y hasta el momento solo se han emitido 9 sentencias condenatorias por desaparición forzada. De manera preocupante, de acuerdo a datos de 19 procuradurías estatales del país, existe un total de 1,075 fosas clandestinas y 2,014 cuerpos exhumados del año 2007 al 2014. La violencia e impunidad, además ha propiciado el desplazamiento interno forzado de al menos 310,527 personas dentro del país. Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes. En particular, nos preocupa que gran parte de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en México, se cometan bajo un contexto de militarización de la seguridad pública. Hemos documentado una actuación recurrente de las Fuerzas Armadas mexicanas: el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas. En ese sentido, aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra preocupación por la aprobación de una Ley de Seguridad de Interior en México. Dicha Ley, tiene como propósito facultar a las Fuerzas Armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía llegando a ampliar las facultades para que el Ejército y la Marina puedan tener competencias ministeriales y judiciales. Tememos que, con esta Ley, la autoridad civil termine cediendo a las acciones militares y de que se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. De igual manera, nos preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva, así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial. Así mismo, desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo, se han registrado 38 asesinatos de periodistas, lo anterior, a pesar de que el mandatario anunció oficialmente en mayo de 2017 las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”. Pese a ello, en lo que va del 2017, 11 asesinatos en contra de periodistas han sido documentados, 6 de ellos corresponden a mujeres periodistas. Esto demuestra que las acciones anunciadas por el presidente parecen solo actos de retórica sin indicadores de impacto efectivo. En tanto, 106 personas defensoras han sido asesinadas y 81 desaparecidas, lo que evidencia que las acciones del Estado para promover y proteger la defensa de derechos humanos no han sido efectivas a pesar de los compromisos asumidos. Es importante destacar, que las agresiones que enfrentan en México las y los periodistas y las personas defensoras, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje, son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas. Señor Primer Ministro, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Canadá, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países
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Admite SEGOB solicitud de Alerta de Género para la Ciudad de México
ADMITE SEGOB SOLICITUD DE ALERTA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 09 de octubre de 2017 -ONG exigimos la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de seguimiento, con profesionales en investigación criminal con perspectiva de género y conocedoras de la problemática de desaparición y trata de mujeres Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México, con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos para Todas y Todos”, manifiestan el beneplácito luego de la admisión de dicha solicitud, realizada el pasado 6 de septiembre de 2017. La admisión es un paso hacia garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, las siguientes acciones tendrán que realizarse con apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para que dicho derecho sea garantizado de manera efectiva. Ejemplo de ello, es la conformación de el Grupo de Trabajo que realizará la investigación sobre el contexto de violencia feminicida e impunidad en la Ciudad de México, como se prevé en el artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV. Como organizaciones peticionarias, exhortamos a las autoridades federales a que se garantice la conformación de dicho Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de expertas con profesionales en investigación criminal con perspectiva de género y conocedoras de la problemática de desaparición y trata de mujeres. La convocatoria difundida por el Gobierno Federal el pasado 5 de octubre, deberá cumplir con dichos requisitos a fin de implementar medidas de prevención, seguridad y justicia que elimine dichas problemáticas en la Ciudad de México. Cabe recordar que de 2012 a 2016 las autoridades capitalinas reconocen como feminicidios 260 casos, pero esos datos reflejan sólo aquellos casos que el Ministerio Público tuvo la voluntad de investigar y tipificarlos como tal, lo que no necesariamente responde al total de asesinatos de mujeres (feminicidios y homicidios dolosos). Las organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que implemente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para eliminar el contexto de violencia feminicida, desaparición y violencia sexual contra las mujeres en la Ciudad de México, pues estamos convencidas de que existe una falta de reconocimiento y dimensión real por parte de las autoridades de la problemática que impera; así como el incremento de las formas crueles en los feminicidios y el aumento considerable en el número de desapariciones que podrían estar vinculadas con trata de mujeres. Si bien la Ciudad de México destacó por su avanzada en la protección de los derechos de las mujeres: tipificó el feminicidio como delito autónomo, y cuenta con un Protocolo Especializado para la investigación ministerial, pericial y policial del delito de feminicidio, actualmente vive un estancamiento que violenta la vida e integridad de las mujeres por lo que estaremos atentas para que las autoridades federales, procedan de manera cabal y den respuesta favorable, rápida y eficaz a la solicitud y problemática que viven las mujeres en esta ciudad. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Para mayor información: Atziri Ávila. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Cel.9512536082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org.mx @OCNF | FB: OCNFeminicidio México | Entradas relacionadas: Organizaciones exigimos información y certezas sobre edificio de Bolívar esquina Chimalpopoca después del sismo. El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México ONG repudian ascenso de quienes obstaculizan el acceso a la justicia en la Ciudad de México Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio
Obligaciones internacionales hacia migrantes
Obligaciones internacionales hacia migrantes Sábado 07 de octubre de 2017 Miguel Concha Recientemente compareció México ante el Comité de Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas, mecanismo de revisión sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Por su parte diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron un trabajo de documentación y análisis, para evidenciar los retos, obstáculos, y violaciones que sufren en el país personas migrantes, solicitantes de protección internacional, refugiadas, desplazadas internas de manera forzada, y defensoras de derechos humanos en nuestro territorio. Durante la sesión en Ginebra, el Instituto Nacional de Migración tuvo un discurso de avance y respeto a los derechos humanos, pero se notó la ausencia de información y de instancias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y en algunos momentos se percibió un lenguaje poco incluyente, evasivo e inconcluso ante los cuestionamientos del comité. Ello no obstante, se reconocieron progresos a nivel de procedimientos, rendición de cuentas, transparencia y armonización legislativa. Días después el comité emitió sus Observaciones Finales, en las que se reconocen los avances en materia de marcos normativos, políticas públicas y algunas medidas institucionales en favor de esta población, y se formularon recomendaciones, algunas retomadas de informes de la sociedad civil, o de sesiones anteriores. Lo que demuestra los limitados progresos que se ha tenido en la materia, desde que en 1990 el Estado mexicano ratificó la convención. El comité retoma la necesidad de armonizar, con un enfoque de seguridad humana, diversos marcos normativos, como el dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Migratorios en el Senado, que armoniza la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). E insta a la ratificación de marcos normativos internacionales en temas como la apatridia (sic) y personas trabajadoras del hogar. Refiere igualmente sobre la importancia de incluir el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y el principio de no discriminación en la articulación e implementación de diversas políticas. Y hace referencia a realizar bases de datos, con información desagregada, del perfil y la situación de personas migrantes, en un país de origen, destino, tránsito y retorno; y sobre los servicios que se brindan en municipios y estados. Con mecanismos y acciones efectivas de evaluación e impacto en el goce de derechos de las personas migrantes, prevé la puesta en marcha de capacitación a autoridades y a la población contratada para realizar trabajos en el extranjero. Otro tema del que se ocupa es el relacionado con la necesidad de investigaciones exhaustivas y ágiles en casos de delitos y violaciones a derechos humanos, en los que están involucrados agentes del gobierno e integrantes del crimen organizado, y en los que por actos de corrupción e impunidad los responsables no han sido llevados ante la justicia. Ejemplo de ellos son los casos de extorsión a familias de migrantes privados de libertad en estaciones migratorias; de masacres, como las ocurridas en los estados de Tamaulipas y Nuevo León; de desaparición de personas migrantes; de abusos a derechos humanos laborales, y de hostigamiento y acoso sexual a mujeres migrantes. En cuanto a las trabajadoras migrantes, se insta a garantizarles sus derechos mediante mecanismos accesibles para lograr su regularización migratoria y autorización de trabajo, independientemente del empleador, esposo o familiares. Y a garantizarles la seguridad social, sueldos, contratos laborales, terminación e indemnización al término del trabajo, así como su derecho a formar y participar en sindicatos, y la realización de un monitoreo sistemático de sus condiciones laborales. En lo que respecta a la privación de libertad en estaciones migratorias, se urge la adopción de medidas para poner fin a la detención de niñas, niños y adolescentes y sus familiares, así como el establecimiento de medidas alternativas para garantizar que cumpla con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Y en el caso de que ésta sea una excepción, se deben garantizar condiciones de acceso a derechos, como la salud física y mental, la alimentación y el descanso, además de los derechos al debido proceso y acceso a la justicia, sin que esto signifique una extensión de la privación a la libertad, como hasta ahora está estipulado en el artículo 111 de la Ley de Migración. El comité se refiere también a temas como el del control y verificación migratoria, en los que México deberá realizar una evaluación sobre el impacto de estos operativos en el aumento de violaciones al derecho a la vida y a la integridad de las personas, y en los que se debe eliminar cualquier posibilidad de hacer uso de perfiles raciales, que hasta la fecha han permitido la privación de libertad, y en muchos casos la deportación de personas, inclusive mexicanas. Una de las recomendaciones más valoradas es la de poner fin de manera inmediata a la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes, y a la práctica de medidas alternativas de la LGDNNA, ya que de 2011 a 2016 se incrementó en 900 por ciento la puesta a disposición de esta población en estaciones migratorias. En cuanto al registro de nacimiento y nacionalidad, se insta al Gobierno a fomentar la inscripción de mexicanos en el exterior mediante los consulados, y en el territorio la de hijos e hijas de padres extranjeros, eliminando así la posibilidad de que su condición migratoria sea una limitante para el goce de derechos, como el de identidad, registro de nacimiento, nombre y nacionalidad; y el acceso a derechos como la salud, la educación y la seguridad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: CIDH Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla
Organizaciones exigimos información y certezas sobre edificio de Bolívar esquina Chimalpopoca después del sismo.
ORGANIZACIONES EXIGIMOS INFORMACIÓN Y CERTEZAS SOBRE EDIFICIO DE BOLÍVAR ESQUINA CHIMALPOPOCA DESPUÉS DEL SISMO Ciudad de México, 02 de octubre 2017 Debido al sismo del martes 19 de septiembre del presente año, el edificio que se encontraba en la calle Bolívar 168, colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc, se colapsó. En torno a este predio, se han documentado una serie de irregularidades e información respecto a este sitio y al actuar de las autoridades en torno al mismo. La mala gestión de la información por parte de las autoridades para documentar y brindar información sobre las condiciones de este inmueble, el motivo del colapso y las personas que allí se encontraban durante y después del sismo, ha causado especulaciones que carecen de información acreditada, oficial y certera respecto a los hechos en el lugar, provocando incertidumbre en la sociedad e incluso a nivel internacional. Durante las labores voluntarias de rescate y de remoción de escombro por parte de ciudadanas y ciudadanos, se hizo evidente la falta de coordinación de las autoridades que hicieron presencia en el lugar (Policía Federal, policía de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas), tanto entre ellas mismas como con la sociedad civil y la ciudadanía. Las autoridades no dieron ni han dado información sobre las personas que se encontraban en el predio, las labores de rescate, la presencia de maquinaria en el lugar ni las motivaciones para suspender la búsqueda; esto provocó tensiones al punto de que el viernes 22 de septiembre se produjo un altercado entre granaderos y las brigadas solidarias que se encontraban removiendo escombros y recogiendo acopio para las zonas afectadas por el sismo. Existen varias versiones confusas y contradictorias sobre quién utilizaba el predio en cuestión. Por otro lado, varios medios y periodistas de investigación independientes han dado cuenta de que en Bolívar 168 se encontraban varias empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de juguetes, ropa y cámaras de seguridad[1]; pero hasta la fecha, no hay información clara de quiénes eran las personas que se encontraban laborando dentro del edificio en el momento del colapso ni de quiénes eran los dueños del mismo. Asimismo, de acuerdo con un trabajo periodístico, se reportó que el predio se encuentra relacionado con la Procuraduría Agraria, perteneciente a la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano[2]. Debido a las irregularidades y opacidad en el actuar de las autoridades en torno al lugar y a la información poco clara sobre las víctimas que se encontraban en el edificio, las organizaciones exigimos a las instancias y autoridades correspondientes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, información contundente que dé cuenta de, al menos, las siguientes preguntas: ¿Cuántas personas se encontraban presentes cuando ocurrió el sismo y se derrumbó el lugar? ¿Cuántos cuerpos se encontraron en el lugar? ¿Cuántas personas sobrevivieron ilesas al derrumbe? ¿Cuántas personas están heridas a raíz del derrumbe y cuántas de ellas, sobrevivientes, fueron atendidas por servicios médicos? ¿En qué lugar están siendo atendidas y cuál es su situación? ¿Cuántas personas que se encontraban en el edificio no han sido localizadas o han sido reportadas como extraviadas? ¿Cuántas de las personas que fueron encontradas eran de nacionalidad distinta a la mexicana? ¿Cuáles son las representaciones consulares de otros países a las que han dado información? ¿Qué autoridades se están coordinando para poder dar información clara y oportuna a las y los familiares de quienes se encontraban en el edificio? ¿Quién o quiénes son las personas dueñas o responsables del edificio? ¿Quiénes eran las personas que laboraban ahí y qué labores realizaban? ¿En qué empresas u oficinas trabajaban? ¿Por qué el Estado mexicano, a dos semanas del sismo, no ha dado ninguna información? ¿Quién es la autoridad o autoridades que se encargarán de dar información a la sociedad, personas afectadas y sus familiares? Exigimos que se abra una investigación en torno a la supuesta relación que existe entre este predio con una instancia del Gobierno Federal. El acceso a esta información es importante y necesaria para generar certidumbre tanto en la sociedad mexicana como en la comunidad internacional que se ha solidarizado ante esta emergencia y pudieran tener connacionales víctimas, garantizando en todo momento el respeto pleno e irrestricto a los derechos humanos. Ello también es especialmente relevante para las personas que se han visto afectadas e involucradas de manera directa o indirecta con las actividades que ahí se realizaban y con las labores de rescate y documentación sobre derechos humanos. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C., ProDESC. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER. Red Internacional de Migración y Desarrollo Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. [1] .- http://www.sinembargo.mx/28-09-2017/3317892 [2] .- http://www.proceso.com.mx/504893/fabrica-caida-en-chimalpopoca-vieja-conocida-del-gobierno Imagen destacada : Alberto Ledezma Entradas relacionadas: El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México ONG repudian ascenso de quienes obstaculizan el acceso a la justicia en la Ciudad de México Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
