¡2do gran bazar solidario y sororario!
SOBRE EL EVENTO: El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Museo Casa de la Memoria Indómita, tienen el placer de invitarles a nuestro segundo ¡Gran Bazar!, en el cual se venderán todo tipo de cachivaches a muy buen precio, para ayudar a solventar los procesos que acompañamos y los trabajos que realizamos. De nueva cuenta les invitamos a visitarnos y adquirir libros, revistas, películas, documentales, adornos, ropa, peluches, y otros muchos cachivaches que les pueden agradar. ¿Tienes algo en casa que no necesites? También puedes apoyar nuestro trabajo con donaciones en especie para trabajos de oficina. ¡Les agrademos mucho su asistencia y difusión! Ojalá puedan acompañarnos. ¡Les esperamos! Entrada libre. Evento en facebook Museo Casa de la Memoria Indómita (Facebook) Calle Regina 66, Centro Histórico, Centro, 06000 Ciudad de México, CDMX 09 de septiembre del 2017 10:00-17:00hrs Contenido relacionado: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Plataforma programática de las organizaciones firmantes ante el inicio de renegociación del TLCAN FORO: Realidades y experiencias de personas defensoras de derechos humanos Alertas de violencia de género en México La Electricidad como Derecho Humano Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control 100 Años Mons. Oscar Arnulfo Romero
La CDHDF que queremos
La CDHDF que queremos. Existe un alto cuestionamiento público de si la CDHDF cumple en la actualidad su mandato de promover y defender los derechos humanos en esta Ciudad. Una Comisión que durante varios años se destacó como un referente nacional en la materia, hoy se percibe con una baja presencia pública y como un actor distante de las víctimas, sus familiares, de las organizaciones sociales y civiles y también de los problemas que aquejan a quienes aquí vivimos o transitamos. Se procuró desde sociedad civil, como en todas las administraciones que han pasado por la CDHDF, promover el diálogo y una alianza con la Comisión, pero desafortunadamente se han diluido los espacios estratégicos de diálogo y no se han incentivado sinergias para impulsar conjuntamente luchas o propuestas encaminadas a fortalecer la agenda de derechos humanos de la Ciudad o a visibilizar los nuevos problemas que la aquejan. La actual administración de la CDHDF evidencia acciones y omisiones que ponen en riesgo su autonomía, se cuestiona la capacidad de gestión interna, se ha distanciado de las víctimas, sociedad civil y academia, que han sido críticas del desarrollo de una serie de acciones en las que se han señalado las incongruencias respecto al mandato de la Comisión y además, ha disminuido el papel estratégico del Consejo Consultivo. A continuación, se esbozan algunos hechos que fortalecen los argumentos señalados: Atención a víctimas Existe una política institucional de trato selectivo de los casos que da lugar a que sólo en pocos de ellos se realicen recomendaciones, a pesar de que cientos lo requerirían para que se solicite la reparación del daño a las víctimas. Esta política es contraria a la normatividad de la CDHDF, sin embargo, existe desde el inicio del funcionamiento de la institución, y se ha sostenido por la actual presidencia a pesar de conocer sus consecuencias negativas para los derechos humanos desde 2014. El uso selectivo de las recomendaciones produce los siguientes problemas: se invisibilizan las violaciones de derechos humanos; se obstaculiza la reparación del daño para víctimas que lo necesitarían en cientos de casos; y se genera el incremento de expedientes en trámite (lo que se ha denominado como “rezago” y que implica mantener abiertos los expedientes por años, muchos de los cuáles eran sencillos de investigar), el cual sólo puede disminuir forzando las conclusiones mediante prácticas irregulares que evitan la emisión de las recomendaciones que jurídicamente corresponderían tras la investigación de las violaciones de derechos humanos denunciadas. De esta forma la emisión de recomendaciones se sujeta a agendas establecidas discrecionalmente por quien preside la institución. Por ello, la actual administración de la CDHDF, en lugar de atender la causa estructural del “rezago”, ha preferido presionar al personal para que concluya los casos, profundizandose prácticas contrarias a los derechos humanos en la investigación de los casos. El cierre extraordinario de casos no significa necesariamente eficacia o justicia. De esta forma, el año 2016 tuvo el cierre de expedientes más drástico en la historia de la CDHDF, habiendo concluido más quejas (9,903) que las recibidas (8,196) en ese año. Forzar la conclusión de casos ha empeorado la situación de la atención a víctimas, la cual ya era de por sí complicada por la selectividad en la atención de casos y emisión de las recomendaciones, lo que se ha reflejado, por ejemplo, en un incremento inusitado en 69% en el cierre de expedientes con la causal “sin elementos suficientes”. La estrategia de atención al rezago de la actual administración está en la conclusión de expedientes principalmente los que tienen más años abiertos, ya que esta administración busca referir que el “rezago” es culpa de las anteriores administraciones mientras se busca cómo cerrar los casos sin una verdadera estrategia de atención y de investigación exhaustiva. Hay una percepción de ex colaboradoras y ex colaboradores de la misma Comisión de que se fuerza a las víctimas para conciliar y poder concluir casos donde se acreditaron violaciones de derechos humanos, ejemplo de ello son los casos de Carlos Sinhué y el referente a invasión de giros en la Central de Abastos. Es preocupante que ni siquiera en los casos donde finalmente se emitió una recomendación por considerarlos casos relevantes se hace acompañamiento en una estrategia de defensa, como el caso Narvarte o en el litigio estratégico ante sistemas regionales de derechos humanos (caso Jesús Ángel Gutiérrez Olivera), entre otros. En otras administraciones esto se realizaba, acompañando los casos de una estrategia en medios y en algunos casos continuando con la emisión de informes especiales. Hay además una omisión de incluir en los puntos recomendatorios acciones para reparar violaciones a derechos humanos determinadas en las mismas Recomendaciones. Por ello hay una marcada percepción de distanciamiento entre las víctimas con la Comisión, donde es recurrente la ausencia de investigación de los casos; el favorecimiento al desistimiento de las quejas; el propiciar conciliaciones que favorecen a la autoridad y no a la víctima; la falta de atención y trato digno a las víctimas y/o sus familiares. A esto habría que añadir que, frente al supuesto rigor técnico de las Recomendaciones emitidas, éstas han sido criticadas duramente por falta de cobertura en cuanto a los derechos humanos violentados, además de que en ellas no se solicita la reparación integral del daño. Esto, por ejemplo puede observarse en las recomendaciones 03/2017 (sobre derecho a la vida en relación a dos personas privadas de la libertad, respecto las cuales no se solicitó ninguna medida de satisfacción) 04/2017 (sobre 14 personas que perdieron la vida en reclusorios, respecto de las cuales no se solicitaron medidas de satisfacción ni rehabilitación para sus familiares), 16/2017 (sobre condiciones de trabajo de policías de la PGJDF, donde no se solicitó ninguna medida de compensación, ni de satisfacción), o la 17/2017 (sobre derechos laborales de 31 policías auxiliares en que no solicitó medidas de compensación, ni rehabilitación, ni satisfacción). De esta manera, a pesar de que existe una selectividad en el uso de las recomendaciones,
Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF
Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF. La CDHDF que queremos. -La CDHDF debe volver a ser un referente nacional en la materia -La actual administración de la Comisión muestra acciones y omisiones que ponen en riesgo su autonomía -Sociedad civil llama a no reelección y elección de una nueva presidencia que fortalezca su autonomía y capacidades del organismo Organizaciones de la sociedad civil llamamos a realizar un proceso transparente y ciudadano para la elección de una nueva persona titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Es apremiante superar la imagen de una Comisión autorrestringida, ensimismada y aislada. Para lograrlo es indispensable la no continuidad de Perla Gómez Gallardo al frente de la CDHDF, así como dotar de legitimidad el proceso de elección y elegir un perfil idóneo que blinde a la Comisión y atienda sus necesidades institucionales profundas e históricas. Les exigimos a las y los tomadores de decisión la no reelección y el paso a un proceso transparente, objetivo e imparcial, que considere los tiempos necesarios para garantizar un proceso participativo y no un proceso de negociación opaco como el que caracterizó la pasada designación. Existe un alto cuestionamiento público de si la CDHDF cumple en la actualidad su mandato de promover y proteger los derechos humanos en esta Ciudad. La evolución de la Comisión, que durante varios años logró destacarse como un referente nacional en la materia, hoy se percibe con una baja presencia pública y como un actor distante de las víctimas, sus familiares, de las organizaciones sociales y civiles, y de los problemas que aquejan a quienes vivimos o transitamos en la Ciudad de México. Se procuró, desde sociedad civil, como en todas las administraciones que han pasado por la CDHDF, promover el diálogo y un trabajo constante con la Comisión, desafortunadamente, durante la administración que termina se han diluido constantes espacios estratégicos de diálogo y no se han incentivado sinergias para impulsar conjuntamente luchas o propuestas encaminadas a fortalecer la agenda de derechos humanos de la Ciudad, a visibilizar los nuevos problemas que la aquejan. La actual administración de la CDHDF ha cometido acciones y omisiones que ponen en riesgo la autonomía de la institución y generan distancia de las víctimas, que la alejan de las organizaciones de la sociedad civil y academia; sectores que han sido críticas al señalar sus incongruencias respecto del mandato de la Comisión y señalado deficiencias en la atención a víctimas, en la gestión interna, en su relación con su Consejo Consultivo, en su autonomía y en general con la relación con víctimas y sociedad civil. Tomado en cuenta lo anterior, organizaciones de la sociedad civil , diversas personas y víctimas nos pronunciamos por el fortalecimiento de la Comisión. Creemos que ésta debe seguir representando un punto de referencia y vanguardia en materia de vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos en la Ciudad y en el país a través de un proceso de elección de una nueva presidencia que fortalezca la autonomía y capacidades del organismo. ORGANIZACIONES y COLECTIVIDADES FIRMANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez Académicas en Acción Crítica Afluentes SC Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Cauce Ciudadano A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Circo Volador Colectiva Las del Aquelarre Colectivo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Colectivo Siglo XXI Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. Documenta. Análisis y acción para la justicia social A.C. El Caracol A.C. Efecto Útil. Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos A. C. Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil Familias Diversas, A.C. GENDES Grupo Interdisciplinario de Sexología A.C. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana Infancia Común Iniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, A.C. (INCIDET) Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Investigación, Organización y Acción Comunitaria, Altepetl Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. MIRA, Mujeres Iberoamericanas en Red Movimiento Urbano Popular Observatorio Eclesial Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) Organización Popular Independiente Pro Niños Red de Mujeres Sindicalistas Red Democracia y Sexualidad Red Retoño de prevención social de la delincuencia organizada REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México República Laica Ririki Intervención Social Secretariado Social Mexicano Spatium Libertas A.C. Unión Popular Valle Gómez, A.C. Voces Mesoamericanas Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) LA CDHDF QUE QUEREMOS. DOCUMENTO COMPLETO. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Reparaciones de daños en el Alto Atoyac
Reparaciones de daños en el Alto Atoyac Sábado 26 de agosto de 2017 Miguel Concha Los pobladores de varias comunidades de los municipios de Ixtacuixtla, Tepetitla, Nativitas, Huejotzingo y San Martín Texmelucan, en los límites de Puebla y Tlaxcala, libran desde hace más de 20 años una lucha por su derecho a la justicia ambiental, como aspecto inherente a la justicia social que les ha sido negada por el Estado. Los integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida presentaron en 2011 una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que ésta, con base en el examen de evidencias testimoniales, documentales y científicas, determinara si las autoridades federales, estatales y municipales estaban violando los derechos humanos de los pobladores de las comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Atoyac, Xochiac y Zahuapan (cuenca del Alto Atoyac). Ríos gravemente contaminados con descargas de agua residual de origen municipal, y, peor aún, con descargas altamente tóxicas de origen industrial, provenientes de no menos de dos mil empresas de todo tamaño asentadas en esos cinco municipios, y que incluso ascienden a más de 10 mil, si se incluyen todas las empresas instaladas en la cuenca. En marzo de este año, seis años después de presentada la queja, la CNDH finalmente respondió con una recomendación, la 10/2017, en la que señala la responsabilidad de autoridades federales, como la Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris; estatales, como los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, y municipales, representadas por los ediles de los municipios mencionados, en la violación de derechos humanos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento y a la información, sin olvidar que estos derechos están directamente vinculados al ejercicio de otros más, como el derecho a la vida, la salud y la alimentación. De hecho, la recomendación de la CNDH reconoce una realidad ampliamente conocida por las comunidades afectadas, pero que había sido negada durante décadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno: la contaminación de la cuenca del Alto Atoyac está directamente vinculada con la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, como cáncer, leucemia, púrpura trombocitopénica e insuficiencia renal, que abundan en la región, y cuya proliferación podría ser prevenida con una política pública de estricta regulación de las emisiones y descargas contaminantes de las industrias asentadas en la cuenca, pertenecientes, entre otras, a los ramos automotriz, de autopartes, químico, petroquímico, agroquímico, de plásticos, textil, procesamiento de alimentos, metalmecánico, maderero y papelero. Sin embargo, el gobierno mexicano ha aplicado en todo el país la política exactamente contraria; es decir, la desregulación ambiental, que no significa otra cosa que dejar a las empresas privadas, nacionales o extranjeras violar impunemente la normatividad existente, o bien adecuar dicha normatividad a que las industrias que manejan y vierten sustancias altamente tóxicas para el ambiente y la salud, aparezcan siempre como cumpliendo con la norma. La recomendación señala con claridad que las Normas Oficiales Mexicanas encargadas de determinar los límites máximos permisibles de ciertos contaminantes vertidos en aguas nacionales (NOM-001-SEMARNAT-1996), y en los sistemas de alcantarillado municipales (NOM-002-SEMARNAT-1996), no sólo son cotidianamente violadas por las miles de industrias que operan en la cuenca del Alto Atoyac y las mismas autoridades, sino que, aún cumpliéndolas, los ríos estarían igualmente contaminados, y la población seguiría sufriendo las consecuencias de dicha contaminación: enfermedades, ruina económica y muerte, en parte porque en los ríos de México, como en la cuenca del Alto Atoyac, hay presencia de decenas de contaminantes industriales que ni siquiera están contemplados por la norma. En consecuencia, la recomendación de la CNDH permite detectar un hecho evidente: la normatividad ambiental mexicana es absolutamente inoperante para la protección de los ecosistemas ribereños, los derechos humanos y el modo de vida de las personas y comunidades que habitan en la cuenca, y tendría que ser sustituida por otra que efectivamente incluya los cientos de sustancias y compuestos tóxicos que vierten directamente las empresas en los ríos y los drenajes municipales. Una normatividad que considere la medición de la carga acumulada de contaminantes vertidos por el conjunto de la industria, en vez de medirlos individualmente –lo que permite que todas las empresas prácticamente cumplan la norma–, y que imponga un sistema de sanciones que verdaderamente inhiba su incumplimiento y la impunidad reinante. La CNDH les ha establecido a las autoridades un plazo de seis meses para que, con la participación de los quejosos y afectados, diseñen un Plan Integral de Restauración Ecológica de toda la cuenca del Alto Atoyac; esto es, más allá de los cinco municipios incluidos en la propia recomendación. Un plan que incluya el tratamiento médico para la población afectada en su salud, y que requiere de atención urgente. Ello no obstante, las recomendaciones de la CNDH no tienen lamentablemente la fuerza vinculante que obligue a las autoridades a cumplir con su contenido a cabalidad, a satisfacción plena de los afectados. No ha dejado de existir en efecto el riesgo de que el daño ocasionado a las comunidades del Alto Atoyac se repita mediante simulaciones de remediación, como las que las autoridades aplicaron en esa cuenca en 2005 y 2011. Se requiere entonces de la presión y de la exigencia civil y social para que el Estado repare realmente los daños ocasionados a las comunidades, para que dejen de morir más personas y puedan vivir ejerciendo plenamente sus derechos. Lo que no se logrará sin escuchar y respetar los deseos de los agraviados. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: Un obispo de la liberación del pueblo Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social
Tepoztlán, frente al ecocidio del gobierno de Morelos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 20 de agosto de 2017 Por: Layla Ahlam Vázquez Flandes/Carlos A Ventura Callejas En los últimos años, a lo largo de todo el país hemos visto el incremento de los conflictos causados por la imposición de megaproyectos de todo tipo: mineros, turísticos, inmobiliarios, energéticos, monocultivos y de construcción de autopistas. Estos megaproyectos, a cargo de grandes empresas, se ven impulsados por la complicidad de los diversos niveles y órdenes del gobierno mexicano, y por las intenciones del Estado de fortalecer cada vez más al sistema neoliberal por medio de las reformas estructurales y de los tratados de libre comercio. Asimismo, ante el avance de estos proyectos violatorios de los derechos humanos y contrarios al buen vivir de las personas y de los pueblos, la gente afectada por ellos se ha organizado para defender sus territorios y la vida que de éstos depende. Éste es el caso del pueblo de Tepoztlán, Morelos, que ha luchado contra el gobierno de Graco Ramírez y contra el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos (Centro SCT Morelos) desde 2013, por la construcción de la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla. Las y los habitantes de Tepoztlán denuncian que esta obra se inició sin contar con los permisos necesarios: la Asamblea de Comuneros no ha autorizado la construcción sobre 16 de los 21 kilómetros correspondientes al megaproyecto, los cuales son de propiedad comunal; y el resto, de carácter ejidal, fueron entregados al Centro SCT Morelos por el Comisariado Ejidal a cambio de 12 millones de pesos, de modo que las tepoztecas y los tepoztecos hablan de que tal permiso fue “amañado”. La construcción de dicha autopista representa el ecocidio de más de 121 hectáreas de bosque, el equivalente a más de 3 mil árboles de los cuales depende el ecosistema tepozteco, sin contar las hectáreas afectadas por la construcción de casetas y otras obras aledañas; además de violar dos decretos presidenciales que protegen el territorio (el decreto que declara Parque Nacional El Tepozteco, los terrenos que rodean el pueblo de Tepoztlán, y el decreto por el que se declara el área de protección de la flora y fauna silvestres, ubicada en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, Morelos), así como el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Morelos. Por otro lado, la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla ha traído a Tepoztlán el desabasto del agua, pues la empresa constructora utiliza grandes cantidades del vital líquido para la obra, despojando a las y los tepoztecos de un derecho humano consagrado en el Artículo 4 constitucional. Aunado a esto, se prevé que agravaría el desabasto del agua y la contaminación del aire en la región, toda vez que existe una ampliación parte del Plan Integral Morelos (PIM) que busca industrializar la región oriente del estado, centrándose en la construcción de dos plantas termoeléctricas. En suma: despojo del territorio de los pueblos originarios y del agua, ecocidio del bosque y la polarización entre la población de Tepoztlán es, todo ello, consecuencia de la imposición del megaproyecto que contempla la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, violando los derechos a la autonomía de los pueblos, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano y al agua, amén de la descomposición del tejido social que se sustenta en una cultura diversa en tradiciones, y de las cuales las y los habitantes de Tepoztlán están orgullosas y orgullosos. Contra toda esta serie de amenazas a la dignidad y al buen vivir, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se han organizado para evitar que este megaproyecto, perjudicial para la vida de este pueblo, siga avanzando; ejerciendo presión política, social y jurídica para mostrar la arbitrariedad con la que han actuado las autoridades de Morelos para imponer la ampliación de la autopista ya mencionada. En las últimas semanas, las y los integrantes de los Frentes impulsaban sostener una reunión de trabajo, tanto con el gobierno del estado como con el Centro STC Morelos, mas dicha reunión fue cancelada debido a que no había nadie para recibirlos. A raíz de ello, personas de los Frentes se instalaron en plantón dentro del Palacio de Gobierno de Morelos hasta que alguien los recibiera; durante este acto de protesta, se les negó el acceso a los baños, a agua y a alimentos para quienes se encontraban dentro de la sede gubernamental. Ahora los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán se encuentran a la espera de que se reagende la reunión de trabajo con las instancias estatales ya mencionadas, en conformidad con los acuerdos a los que se llegaron tras el plantón, en la cual se permita conocer íntegros los supuestos permisos de la ampliación de la autopista, y se priorice la protección del corredor ecológico del Tepozteco y la vida digna y plena para el pueblo de Tepoztlán. Es deber del gobierno de Morelos atender de manera integral y urgente las demandas de estas comunidades, casi 4 años, desde iniciado el conflicto, no le parecen suficientes a las autoridades para entender que la razón asiste a los pueblos, y que su imposición autoritaria de megaproyectos no hace sino violentar sistemáticamente derechos de pueblos y comunidades en Morelos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] *Colaboradorxs del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: desinformemonos.org [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Un obispo de la liberación del pueblo
Un obispo de la liberación del pueblo Sábado 19 de agosto de 2017 Miguel Concha Organizaciones eclesiales, sociales y populares conmemoraron el pasado martes en la Casa de la Solidaridad de Ciudad de México los 100 años del nacimiento de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, sacrificado por la oligarquía mientras celebraba la eucaristía el 24 de marzo de 1980. Ocasión propicia para recordar, con el teólogo jesuita Jon Sobrino, que monseñor Romero fue defensor del pobre y del oprimido, e hizo de esa defensa función específica y fundamental de su ministerio episcopal. Con ello consiguió institucionalizar en la Iglesia la opción preferencial por los pobres, y recobró un dato fundamental del episcopado latinoamericano y caribeño, que comenzó en tiempos de la Colonia, y después desapareció: el de ser por oficio su protector. Durante el acto, convocado también para hacer ver la actualidad de la trayectoria pastoral y el pensamiento de monseñor Romero, se recordaron igualmente los principios teológicos y los criterios prácticos que fueron normando su vida como pastor cristiano, desde y al lado del proceso de liberación del pueblo. Para monseñor Romero, en efecto, la Iglesia no es adecuadamente la utopía cristiana del reinado de Dios, sino su servidora, y por ello tiene que cooperar desde dentro con todos aquellos que, aunque no fuesen cristianos, quieren de verdad una sociedad más justa. Sin embargo, debe además propiciar en el proceso de construcción de una nueva sociedad, y cuando ésta se constituya, los valores cristianos del hombre y la mujer del reino. Para él los destinatarios primeros del reinado de Dios son los pobres, pero no sólo en el sentido de que éste deba ser construido para ellos, sino en el sentido de que ellos mismos deben ser gestores de su propio destino. Y por ello ningún proceso dirigido a su construcción puede negarles su sustancial participación. Para la Iglesia entonces impedir, dificultar o anular el reino, y el hombre y la mujer del reino, es pecado, el cual se extiende a lo personal y estructural. Y su malicia tiene una gradación intrínseca, importante para juzgar sobre situaciones y procesos. Para monseñor Romero no es por tanto suficiente evangelizar a todas las personas o segmentos de las mismas con acciones adecuadas a sus condiciones y necesidades, sino que es indispensable evangelizar la totalidad. Lo que significa evangelizar también la realidad estructural de la sociedad, y por ello evangelizó constantemente, denunciando como pastor las estructuras injustas, anunciando los necesarios cambios sociales, económicos y políticos, y propiciando y acompañando aquellos proyectos concretos que mejor parecen conducir a un cambio de estructuras. Aunque para monseñor Romero todos estos principios no eran vistos solamente como cuestiones teóricas, especulativas y abstractas, sino como verdaderos criterios prácticos que orientaban sus posicionamientos frente a la realidad conflictiva y compleja de su país. Por ello historizó siempre la realidad del pobre, superando su noción espiritual, propia de lecturas ingenuas e interpretaciones interesadas, ajenas a los sufrimientos de los oprimidos, y describió su rostro concreto en El Salvador, tal y como lo hizo la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, en 1979 (nn. 31-39). Pero más allá de eso, vio en el pobre no a un individuo aislado, sino a las mayorías del país, con lo que, al mencionar al pobre, estaba mencionando el problema de su país. Concibió además a esas mayorías no como suma de individuos, sino como colectividad, como pueblo, viendo en ellas a un grupo social antagónico al grupo oligárquico, sin detenerse como pastor a hacer un análisis clasista de ambos grupos. Como afirma también Jon Sobrino en el artículo que encabeza el libro que colecciona las cartas pastorales de monseñor Romero durante los tres años que estuvo al frente de la arquidiócesis de San Salvador –titulado La voz de los sin voz, y al que nos hemos estado refiriendo–, monseñor Romero historizó también lo que significa que el pueblo debe ser gestor de su propio destino y no puro destinatario de beneficios supuestos o reales. Por ello comprendió la lógica de avanzar de pueblo a pueblo organizado, profundizando igualmente en la comprensión de la finalidad de la organización del pueblo: la defensa de sus justos derechos y su lucha legítima por sus causas reivindicativas. Vio también la importancia de la organización del pueblo para que de alguna manera accediese al poder político, o estuviese representado sustancialmente en él. Y tomando en cuenta que las iglesias gozan todavía de un prestigio social importante en América Latina y el Caribe, vale también recordar la manera como monseñor Romero entendió ese poder en la sociedad, pues para él no se trata de un poder análogo al del poder político del Estado, que tuviera a éste como su interlocutor para llevar a cabo su propia misión, como si el gobierno fuese el dialogante natural de las iglesias, y el pueblo el mero destinatario desde arriba de ambos poderes. Lo que equivaldría al viejo modelo eclesial de cristiandad. Para él se trata de institucionalizar al servicio del pueblo el poder eclesial en la sociedad, teniendo a éste como su interlocutor natural. “El poder institucional de la Iglesia –dice Sobrino- se debe realizar a través de sus propios medios, sobre todo de la palabra que crea conciencia colectiva, y no a través de medios político-eclesiásticos, buscando concesiones del Estado. Y se debe realizar en beneficio del pueblo y no de la misma institución de la Iglesia”. Por ello el pueblo considera a monseñor Romero como un modelo de lo que debe ser un obispo con fe evangélica, capaz de hacer eficaz esa fe para su proceso de liberación. Consultar artículo en La Jornada. Entradas relacionadas: Otro esfuerzo indígena a contracorriente Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia
Justicia para Lesvy en la tierra
Justicia para Lesvy en la tierra “Están viendo el rostro del dolor, el rostro de la rabia”, dice la madre mientras mira al padre de Lesvy, que se mantiene al lado de ella con un gesto que ilustra sus palabras. “Pero al final estamos viendo mujeres y hombres que buscan el cambio, a ese mundo queremos apostar, a ese mundo le apostaba mi hija; el dolor no nos va a tirar”. 17 de agosto de 2017 Por: Diana del Ángel La dignidad en nuestras manos “Grandes fueron las viajeras que cruzaron por aquí”. Con esta leve modificación a la letra de “Hoy hace un buen día”, el coro “Semillas” comienza la misa por Lesvy Berlín Rivera Osorio en la casa de las Comisiones Mixtas del Stunam, a un costado del estacionamiento 3 del Estadio México 68. A decir verdad no hace un buen día en cuanto al clima pues el cielo está notablemente nublado, por eso y por lo apartado del lugar el padre Miguel Concha inicia a las cinco en punto la celebración con un auditorio medio lleno. El altar improvisado es muy sencillo: solo un crucifijo, propiedad del padre Concha, una mesa con un par de floreros y algunas veladoras; en papel craft, que hace las veces de mantel, está escrito “Justicia, memoria y verdad / Ni un feminicidio más”. Enfrente de la mesa hay un arreglo con girasoles y gladiolas rojas, pues Araceli, la mamá de Lesvy, dijo que a su hija le gustaban las flores de colores. El resto de los ramos repartidos por el auditorio son de nubes y crisantemos: las flores habituales de la muerte. Al lado derecho de la mesa está la imagen de la Virgen de Guadalupe y en el lado izquierdo el rostro de Lesvy nos mira desde distintas fotografías, casi siempre está con amigos, siempre sonriente; también hay listones de estudiantina. “Caminaré en presencia del señor en el país de la vida”, dice el padre Concha para dar lectura al salmo responsorial. Los textos de la liturgia son leídos por integrantes de la Escuela para defensoras y defensores jóvenes que coordina el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, desde hace más de quince años. El Vitoria, como es fraternalmente conocido, decidió acompañar jurídica y socialmente a los familiares de Lesvy en su búsqueda de verdad y justicia. Después de leer el Evangelio según San Mateo, el padre Concha, tal vez sugerido por la proximidad del México 68, recuerda a Heberto Castillo, universitario y luchador al lado de los jóvenes de su tiempo. Recuerda también que Jesús tuvo una especial atención hacia los grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, en un tiempo en que las mujeres no contaban para nadie. Recuerda que Jesús tenía entre sus seguidores apóstoles mujeres y enfatiza que fueron ellas las primeras en enterarse y anunciarles a los hombres que Jesús había resucitado. Recuerda para no dar paso al conveniente olvido. La muerte es parte de la vida, pero no de esta manera violenta, continúa don Miguel, por eso el sacrificio de Lesvy nos sirve para seguir luchando por los derechos de las mujeres. Anuncia que se dará lectura a un pronunciamiento por parte de un integrante del centro. El documento exige a la procuraduría del gobierno de la CDMX “pleno acceso y otorgamiento de copias de la carpeta de investigación”, pues hasta ese momento ni sus familiares ni la abogada habían podido ver más que 51 copias del expediente: las que contienen sus propias declaraciones y las del personal de la UNAM. Sobre esta falta de transparencia, el sacerdote apunta que lo alarmante de no saber lo que las autoridades hacen al respecto, hace que uno se imagine lo peor. El auditorio se ha ido llenando en el transcurso de la misa y cuando el padre Concha pide que alcen la mano los que vayan a comulgar, solo unos pocos nos quedamos con las manos cruzadas o en las rodillas. “¿Quién dijo que todo está perdido?”, suena mientras otros se levantan para tomar la comunión; luego se oyen los acordes que acompañan los versos de Gloria Martín, en la canción que hiciera famosa Amparo Ochoa: “Mujer si te han crecido las ideas/ de ti van a decir cosas muy feas”. La letra fue escrita en 1973, pero a más de treinta años, sigue siendo vigente para las mujeres asesinadas, que son las primeras en ser culpadas de su propia muerte por las dependencias del Estado. En el caso de Lesvy, la Procuraduría de la CDMX “hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy, atribuyéndoles veracidad y revictimizando” a su familia. Cosas muy feas fueron dichas de ella, sin tomar en cuenta que viajar, independizarse, soñar, pensar distinto es altamente femenino. Para finalizar, Araceli, madre de Lesvy, toma la palabra. Ella es trabajadora afiliada el STUNAM, a quien agradece por el apoyo brindado. Refrenda las peticiones expresadas en el pronunciamiento y nos comparte que el día anterior estuvo en el Congreso Nacional Indígena, que nombró a su vocera; nos dice que fue porque ella y su hija habían planeado estar allí, pues las dos son zapatistas desde hace mucho tiempo. “Están viendo el rostro del dolor, el rostro de la rabia”, dice mientras mira al padre de Lesvy, que se mantiene al lado de ella con un gesto que ilustra sus palabras. “Pero al final estamos viendo mujeres y hombres que buscan el cambio, a ese mundo queremos apostar, a ese mundo le apostaba mi hija; el dolor no nos va a tirar”. Cuando termina toma la palabra una integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que pedirá coadyuvar en el proceso jurídico y de acompañamiento. El padre da por concluida la misa con una frase poco usual en las celebraciones religiosas convencionales: “A luchar por la justicia y la verdad”. Información adicional: Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que el Centro Vitoria, como organización acompañante de la familia de Lesvy, interpuso un recurso de apelación
Otro esfuerzo indígena a contracorriente
Otro esfuerzo indígena a contracorriente Sábado 12 de agosto de 2017 Miguel Concha En la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, ubicada a siete horas de la capital de ese estado, habitan personas de todas las edades que cada día dedican una parte importante de su tiempo, recursos, energías, proyectos y trabajo a defender su tierra, su territorio y sus bienes naturales. Frente a la industria eólica en México, que desde hace más de una década crece, sin que el Estado mexicano haga verdaderos esfuerzos por garantizar el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio desarrollo, esta defensa parece inagotable. Una prueba de ello es que el pasado 29 de junio la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgó un permiso anticipado a la trasnacional francesa Electricité de France (EDF) para la generación de energía eólica por conducto del parque eólico Gunaa Sicarú, que se ubicará dentro del territorio de Unión Hidalgo. Sin embargo esta comunidad zapoteca, principal afectada por cualquier cambio que traiga este proyecto, no ha sido informada formalmente ni consultada hasta ahora para obtener su consentimiento sobre la construcción de dicho parque. No fue sino mediante solicitudes de acceso a la información como se enteró que la empresa solicitó ese permiso el 27 de abril pasado, el cual se autorizó el 29 de junio siguiente. Al otorgar este permiso, las autoridades federales pasaron por alto que desde 2004 la comunidad de Unión Hidalgo, acompañada por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC), inició una defensa legal y pacífica, aún vigente, en tribunales agrarios, y que conformó el Comité de Resistencia por la creación del parque eólico de la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), con el fin de recuperar su tierra comunal. Misma que por medio de engaños y hostigamientos fue adquirida por la empresa como propiedad privada, con una vigencia de más de 30 años. Para otras comunidades, cuyas vidas están siendo transformadas por la llegada de megaproyectos, ha sido emblemática la batalla que ha dado la comunidad frente a Demex, aunque para los poderes ejecutivos del gobierno del estado no ha significado nada. Desde los primeros meses de 2017, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, y Wilson Sánchez Chevez, presidente municipal de Unión Hidalgo, hicieron pública, apenas dos meses después de la segunda subasta energética, la realización de distintas reuniones con representantes de las empresas generadoras de energía eólica, entre ellas EDF. Anunciaron además la conformación de un Consejo Estatal de Energía, en el que participan empresarios y funcionarios locales, así como la aprobación de un acuerdo en materia fiscal, protección civil, registral y social para garantizar las condiciones de certidumbre necesarias a las empresas, y la instalación del Comité Técnico de la Consulta Indígena, que hasta la fecha no ha sido notificada a la comunidad. El otorgamiento por parte de la CRE de este permiso para la generación de energía eólica representa la implementación de las reformas legislativas que desde 2013 el gobierno federal impulsó en materia energética, a pesar del rechazo de la sociedad civil y de las comunidades. Destaca también que estas reformas y su implementación se desprenden del Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo cual demuestra que el otorgamiento de permisos sin consulta es un acto que concretiza una visión de Estado, cuyo centro está en favorecer los intereses de los grupos empresariales, por encima de los derechos de las comunidades. Mientras tanto la comunidad de Unión Hidalgo persiste en la defensa de sus derechos, lo que significa tratar todos los días de recuperar la parcela comunal que heredaron y que les fue arrebatada con engaños por una empresa trasnacional; en aprender el lenguaje jurídico y técnico de los documentos gubernamentales, que no están traducidos al zapoteco; en prolongar la reproducción de la vida, la lengua y los símbolos de su pueblo, en una comunidad mayormente migrada; en revivir en medio de cientos de aerogeneradores su flora y fauna original, cuyos aceites y raíz de metal dañan la fertilidad de la tierra, y en reconstruir, en un pueblo que está siendo orillado a dividirse y a desconfiar entre sí, sus estructuras indígenas y agrarias, mediante los consejos de ancianos y las asambleas comunitarias. Ahora, con la posible llegada de nuevas empresas trasnacionales de energía eólica, la comunidad se ha visto obligada a invertir más esfuerzos para interponer al menos tres amparos en lo que va de este 2017, con el propósito de exigir a las autoridades que se consulte a la comunidad, antes incluso de cualquier acto administrativo, y durante cada una de las fases que impliquen la implementación de proyectos, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. La comunidad exigió también por este medio que el Estado mexicano le informe sobre posibles permisos que haya otorgado a EDF, y que mientras no hayan sido debidamente consultados ni consentidos por los pueblos, los dejen sin efecto. Esto demuestra que, en esta contradicción, la defensa de la tierra y el territorio significa tener que reinventar cada día, en el contexto de la implementación de un proyecto de nación –cuya finalidad es abrir con toda concesión la puerta a las empresas extranjeras, sin priorizar los derechos humanos de las comunidades indígenas y agrarias, y cuya vida está siendo directamente afectada–, proyectos comunitarios de resistencia y de defensa de derechos. El Estado mexicano está obligado a garantizar a la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo certeza jurídica y respeto a sus derechos humanos, así como la garantía de sus derechos como pueblos indígenas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : jhderojas Entradas relacionadas: Alertas de violencia de género en México Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica
FORO: Realidades y experiencias de personas defensoras de derechos humanos
SOBRE EL EVENTO: En su reciente visita, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras, Michel Forst, recalcó la importancia de la legítima labor que realizamos las personas defensoras de derechos humanos, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar su seguridad y condiciones óptimas para que defensoras y defensores realicen su trabajo en un contexto donde ejercer este derecho tiene altas implicaciones. ¿Qué significa ser una persona defensora de derechos humanos en nuestro país? Para construir un espacio en el cual podamos compartir algunos saberes sobre la defensa de derechos humanos, les invitamos al Foro “Realidades y experiencias de personas defensoras de derechos humanos”. Contaremos con tres mesas: Mesa 1. El contexto de las personas defensoras de derechos humanos. Judicialización y criminalización de las personas defensoras Estrategias de seguridad para personas defensoras Mesa 2. Personas defensoras de derechos humanos, una mirada interseccional. Estrategias feministas en la defensa de derechos humanos Vivencias de las personas jóvenes defensoras Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: Simón Hernández Katharina Masoud, Serapaz PBI María Martín, JASS Carla Inés Ríos Nava, Brigada Humanitaria de Paz, Marabunta SALA 22 DEL Centro Universitario Cultural (CUC): Odontología 35. Colonia Copilco-Universidad. Ciudad de México, D.F. 19 de agosto del 2017 11:00-15:00hrs Entrada libre Contenido relacionado: Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Los feminismos ¿una opción política? Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica
Alertas de violencia de género en México
Alertas de violencia de género en México Sábado 05 de agosto de 2017 Miguel Concha La situación de crisis que actualmente se vive en nuestro país agudizó el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La violencia que enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos años. El feminicidio es una de sus expresiones más extremas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se cometieron 2 mil 735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo 25 por ciento fue tipificado como feminicidio. Esto refleja que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han adoptado políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia que las mujeres viven día con día, dejando de lado sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México es parte. A escala federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de una alerta de violencia de género (AVG) que obligaría a las entidades y municipios a establecer medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y de acuerdo con el artículo 22 de esa ley de acceso éstas consisten en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Cabe señalar que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida tanto por los individuos como por la propia comunidad. Convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el pasado martes se llevó a cabo el foro Nadando a contracorriente: contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, el cual aportó importantes elementos para un debate público sumamente necesario e inevitable, dado el contexto que enfrentamos. Durante el foro se escucharon las experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el estado de México, peticionarias de la AVG en sus entidades, o que les dan seguimiento, ejerciendo así su derecho ciudadano. Las AVG en efecto han sido resultado del trabajo conjunto de las OSC, de la academia y de diversas instituciones, las cuales visualizaron la necesidad de implementar acciones urgentes de protección a la integridad y la vida de las mujeres, mediante medidas de seguridad, justicia y prevención. A pesar de que la declaratoria formal se realiza mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la implementación de la AVG depende de las acciones que realizan las autoridades en los estados y municipios. Sin embargo, todas las experiencias del foro coinciden en la falta de voluntad política de las autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente. Las cifras en la activación de la AVG son un indicador de que la violencia contra las mujeres no ha disminuido. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que entre julio de 2015 y junio de 2016 se emitieron tres AVG, de julio del año pasado al mismo mes de este año se han decretado sólo ocho, y actualmente hay únicamente 11 alertas decretadas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en los últimos meses se les ha exigido llevar a cabo las acciones necesarias a 51 municipios de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Sin embargo, hay que decir que frente a esta situación no todo termina con la activación de las AVG, pues el proceso de implementación y evaluación de esas medidas son fundamentales para analizar su eficacia. Además, durante el foro las organizaciones resaltaron que en sus entidades las autoridades locales no permiten su participación en la creación y supervisión de las medidas, y se limitan a señalar la falta de presupuesto para su implementación. Es importante resaltar que, a dos años de la declaratoria de AVG en el estado de México, han sido asesinadas al menos 748 mujeres solamente en esa entidad. Las organizaciones de la sociedad civil encontraron retos relcionados con compartir información y metodologías que permitan generar procesos de seguimiento más efectivos para el apoyo a las víctimas. En general se observa que prevalecen prácticas negativas que no permiten que las organizaciones peticionarias participen de las mesas de seguimiento. En este sentido Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, destacó la importancia de generar información objetiva y estadísticas constantes con alcance municipal, estatal y nacional. De la misma forma subrayó la necesidad de dejar de poner el foco central en la capacitación, pues ésta no ha resultado eficiente. Se destacó también la necesidad de homologar a nivel nacional la tipificación penal del feminicidio, así como la de dotar de presupuesto suficiente, y sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas instancias involucradas, las cuales deben de operar con criterios de interculturalidad e inclusión, pues se requieren medidas específicas que atiendan las particularidades de las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas, entre muchas formas de ser mujer en México. El enfoque interseccional es pues sumamente necesario en nuestro país. En suma, se requiere que el Estado demuestre la más amplia voluntad política para combatir la violencia feminicida que está matando hoy en día a miles de mujeres, y agraviando a la sociedad entera. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Rendición de cuentas y anticorrupción Plaguicidas fuera de control Diez años de “sin maíz no hay país” Un nuevo estado para una nueva sociedad Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia
