Derechos Humanos y crisis civilizatoria
DERECHOS HUMANOS Y CRISIS CIVILIZATORIA Ciudad de México, 23 de febrero de 2017. 1 CRISIS DE CIVILIZACIÓN En octubre del 2008 el también fundador del Centro de Estudios Tricontinentales de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y Miembro fundador y directivo de los Foros Sociales Mundiales, así como vicepresidente del Foro Mundial de Alternativas, Francois Houtart, advertía en la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Crisis Financiera y Monetaria Internacional (Comisión Stiglitz) que el mundo no sólo tiene necesidad de regulaciones, sino de alternativas, pues no basta recomponer un sistema, sino que hay que transformarlo. Y que ello constituye un deber moral que sólo puede comprenderse adoptando el punto de vista de las víctimas, el cual permite poder hacer una constatación y formular una convicción, si es que no quiere encontrarse uno el día de mañana en una crisis peor que la que ahora estamos experimentando, ni dejar pasar la oportunidad de introducir todavía a tiempo cambios importantes en la convivencia humana. La constatación de que el conjunto de las crisis que padece hoy la humanidad, la financiera, la económica, la alimentaria, la energética y la climática, tienen una misma causa, ya que asistimos a una verdadera crisis de civilización. Y la convicción de que somos capaces de transformar el curso de la historia si no renunciamos a la razón y no seguimos desdeñando la ética. Para ello es indispensable, propone, el establecimiento de regulaciones que no simplemente mantengan el nivel real de rendimientos, sin tomar en cuenta lo que él llama las “externalidades”; es decir, lo que no entra en los cálculos contables del capital, y cuyo costo deben seguir pagando las colectividades y los individuos. Medidas concretas escalonadas en el tiempo que consideren las “externalidades” ecológicas y sociales que involucra, y que permitan a largo plazo una transformación radical que ofrezca a la crisis una salida que no sea la guerra, ni la continuidad de la lógica destructora de la vida. Y en un texto publicado recientemente, el también científico social Boaventura de Souza Santos expresa igualmente que todas las violaciones de derechos humanos que se dan hoy en el planeta están relacionadas con el neoliberalismo, la versión, también para él, más antisocial del capitalismo en los últimos cincuenta años. “En el norte –dice–, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección económica del capital financiero”. “En el sur –sigue diciendo–, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser simplemente tierra, y las poblaciones que en ellos habitan obstáculos para el ‘desarrollo’ (él lo pone entre comillas) que es necesario promover ‘lo antes posible’”. Lo que implica que nos encontramos inmersos en un sistema irracional y contradictorio en sí mismo, cuyos efectos y presuntas medidas para corregirlos son la depredación de la naturaleza y el aniquilamiento de las condiciones de la vida. Y ello por su lógica interna, que ha venido disminuyendo y excluyendo la importancia de los fines, propia de los seres humanos. Contra lo cual se impone una consideración sobre la ética y un uso racional de la inteligencia, más allá de su empleo puramente instrumental. 2. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS En concordancia con estos planteamientos, desde hace ya algunos años Franz J. Hinkelammert escribió, en el No. 79 de la Revista Pasos, del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) en San José, de Costa Rica (septiembre-octubre de 1998), un incisivo artículo que lleva por título “El proceso de globalización y los derechos humanos: la vuelta al sujeto”, del que para los efectos de esta ponencia pienso que es muy útil transcribir literalmente algunos párrafos. Recurro pues a su texto. Lo que ocurre con los derechos humanos en el actual proceso de globalización, describe lo que ocurre con los seres humanos, vistos como seres humanos naturales —cuerpos hablantes— bajo el impacto de las lógicas reales producidas por este proceso. Hablar de estos derechos humanos, significa hablar de la dignidad humana amenazada y violada por un sistema que se desarrolla con alta dinámica según sus leyes propias, las cuales pasan por encima de los seres humanos. En América Latina la estrategia de la globalización fue impuesta por los tal llamados ajustes estructurales Los ajustes estructurales se refirieron especialmente a tres dimensiones de la sociedad: a) La apertura tendencialmente ilimitada para el capital financiero y las corrientes de divisas y mercancías. b) La reestructuración del Estado en la dirección de un Estado policial y militar. Pareció entonces que el Estado policial significa libertad, y el Estado social, esclavitud. Se le quitaron al Estado las funciones de la política de desarrollo y de la política referente a la infraestructura económica y social. De eso se derivó la privatización de las propiedades públicas, lo que resultó en una nueva acumulación originaria. c) La flexibilización de la fuerza de trabajo, que trae consigo la anulación de derechos de importancia decisiva resultantes del contrato de trabajo como la protección frente al despido y la protección de la mujer, pero también de los niños, etc. Las seguridades sociales son disueltas y los sindicatos debilitados, muchas veces hasta disueltos. La imposición de estas medidas de ajuste estructural es acompañada en la mayoría de los países de América Latina por el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado mantiene hoy una importancia clave en la estrategia de globalización, especialmente en Colombia y México. Desde el punto de vista que nos interesa, esta eliminación de las distorsiones del mercado tiene una importancia central. La lógica real del proceso de globalización se expresa más nítidamente en términos de la eliminación de las distorsiones del mercado. El engranaje del mercado aparece como una gran maquinaria computacional que necesita ser perfeccionada. Las llamadas distorsiones, son considerados elementos de fricción para este funcionamiento. Sin embargo, una máquina tiene que funcionar con un mínimo de fricciones. Eliminarlas, significa mejorar su desempeño.
Una ley eficaz contra la desaparición forzada
Una ley eficaz contra la desaparición forzada Sábado 18 de febrero de 2017 Miguel Concha Antes de finalizar 2016, y luego de varios encuentros en el Senado, una comisión de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se reunió con un grupo de senadores que encabezan los trabajos del dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. En esa ocasión estuvo también presente una comisión integrada por representantes de distintas instancias del gobierno federal. El mensaje al Legislativo y al gobierno federal fue entonces claro: las familias exigieron que el dictamen de la ley estuviera listo en el próximo periodo de sesiones y que incluyera sus peticiones. El nuevo periodo legislativo comenzó el primero de febrero de 2017, y si bien la ley en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares se encuentra en la agenda legislativa, a las familias de las personas desaparecidas les preocupa que una vez más el dictamen quede desplazado. Y así, mientras se sigue demorando esta legislación, las desapariciones en el país continúan, y las cifras aumentan. Hemos llegado a un número oficial que señala más de 30 mil desaparecidos en México, aunque a esta cantidad habría que sumarle la de los restos humanos que han encontrado las familias cuando han tenido que salir a buscar valientemente a sus seres queridos, frente a los vicios institucionales y la falta de acción de las autoridades. Habría que añadir también la cifra de desaparecidos, cuyas familias, por miedo o por las amenazas que reciben, no se atreven a denunciar. No hay, pues, respeto a los derechos de las personas desaparecidas ni a los de sus familias, quienes además se encuentran frecuentemente en una situación límite, al tener que destinar sus escasos recursos a la búsqueda de sus seres queridos. Búsqueda que en muchas ocasiones sigue enfrentando la impunidad y la corrupción de las autoridades, y en otras las amenazas y el hostigamiento constante de grupos locales o de miembros del crimen organizado. Sin embargo, y aun con miedo, soportando la corrupción, miles de familias salen a buscar con vida o en fosas a sus parientes. Y ello porque las autoridades dicen que no está en su haber buscar y que sólo investigan; porque se pierde tiempo valioso en trámites burocráticos, y porque muchas veces las autoridades no muestran interés alguno por buscar. Y sin embargo la búsqueda es pieza clave y prioridad para las familias. Y es por eso que en el proceso de la creación de la ley se propuso una Comisión Nacional de Búsqueda que permitiera la participación activa de los familiares, con recursos suficientes. Para éstas la Comisión Nacional de Búsqueda es irrenunciable, aunque es claro que sin estos componentes esenciales, legales y administrativos no funcionará. No hay que olvidar que frente a una situación generalizada de desaparición forzada de personas en el territorio nacional, la responsabilidad del Estado hace necesaria la implementación de mecanismos novedosos de búsqueda, así como la construcción de instituciones que gocen de capacidades humanas, técnicas y presupuestarias para cumplir con su mandato de forma eficaz. Las familias reconocen sin embargo que la ley no solucionará las desapariciones de un día para otro, pero que sí representa un paso importante en el reconocimiento de la identidad de las personas desaparecidas, y en la necesidad de la asignación de recursos materiales y humanos para la búsqueda. La ley contra la desaparición puede ser también un componente de prevención frente a las desapariciones; es decir, una respuesta clara ante la crisis actual de derechos humanos. En diciembre de 2016 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá, que México tiene un problema con la desaparición de personas. No basta entonces que las autoridades reconozcan la gravedad de este tema en el país; deben pasar de las declaraciones a las acciones, y hacerse responsables. La falta de actuación y de respuestas mostradas hasta ahora deja a las familias la responsabilidad de la búsqueda y el compromiso de impulsar una ley que respete su derecho a participar, y garantice los derechos de los desaparecidos y de sus familias. De luchar por una ley eficaz que responda a la realidad que viven miles de ciudadanos. El gobierno federal y el Senado tienen la oportunidad de sentar un buen precedente frente a las desapariciones. Con la participación de las familias, debe discutirse una ley efectiva. Es fundamental que no se ignore la experiencia de los familiares de los desaparecidos; que no se ignore su dolor ni el camino que han andado en la búsqueda de sus seres queridos. Un camino que ciertamente ha dejado un sinfín de experiencias que deben aprovecharse. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha dejado muy claro que no va a respaldar una Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares que no sea eficaz. No van a respaldar una ley que genere más burocracia y que les haga gastar más recursos. El tiempo avanza, la crisis aumenta, y mientras más se tarden en legislar una ley eficaz, más tiempo se tardarán en encontrar a las personas desaparecidas, y, por el contrario, más continuarán las desapariciones en el país y la impunidad que las rodea. El tiempo se agota y las familias claman, ya no más un periodo más. Y exigen que a la brevedad se dé la discusión y aprobación de esta ley. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria
Organizaciones y academia exigen detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas de seguridad no militarizadas
ORGANIZACIONES Y ACADEMIA EXIGEN DETENER LAS INICIATIVAS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y BUSCAR MEDIDAS DE SEGURIDAD NO MILITARIZADAS Ciudad de México a 14 de febrero de 2016 En el marco de las iniciativas presentadas para dar un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país y la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la academia dieron a conocer hoy en conferencia de prensa las preocupantes consecuencias que puede tener la aprobación de dicha Ley. Las víctimas de la militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e integrantes de la academia, urgimos al Congreso de la Unión a detener de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas. La Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México. Resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de organizaciones nacionales, como organismos internacionales por considerarla riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. La CIDH consideró indispensable que el Gobierno mexicano presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. De la misma manera, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos. Tal y como hemos señalado con insistencia, legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional. Ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, urgimos al Congreso de la Unión detenga la aprobación de la Ley. Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones. La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. Estos casos tendrían que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley. Las organizaciones e integrantes de la academia insistimos en la necesidad latente que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años. Para más información: Mariana Gurrola, Comunicación, CMDPDH comunicacion@cmdpdh.org Tel: (55) 55642582, ext. 114 Narce Dalia Santibañez, Centro Prodh medios@centroprodh.org.mx Tel: (55) 5546 8217, ext 111 Imagen destacada:* Entradas relacionadas: La Colectividad demandante lanza Campaña vs abusos al maíz de México La moneda sigue en el aire para maíz mexicano Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos Se mantiene la suspensión de siembra de maíz transgénico en México a pesar de las impugnaciones de las corporaciones trasnacionales Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos Frente por la Libertad de Expresión exhorta a todas las autoridades a garantizar la protesta social Cambio de Coordinación General en el “Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. A la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
La Constitución de la CDMX
La Constitución de la CDMX Sábado 11 de febrero de 2017 Miguel Concha Con la publicación de la Constitución de la Ciudad de México concluyó una parte del proceso de legislación sobre la vida pública de quienes en ella habitamos, aunque no su totalidad; se prolongará con la adecuación de todo el marco jurídico, lo que al menos llevará cuatro años más. No obstante, se impone un balance provisional de esta etapa, que será definitivo sólo con la terminación de todo el proceso legislativo. La primera constitución del siglo XXI se distingue de las del XIX e inicios del XX por diversas razones. La primera, porque se trata de un ámbito subnacional y la segunda porque su caso no es igual al de las constituciones latinoamericanas de finales del siglo pasado, que ciertamente no fueron producto de revoluciones, como las del inicio de esa centuria, pero sí resultado de profundos cambios en la correlación de fuerzas entre los distintos grupos sociales. La Constitución de la CDMX fue tal vez sólo la culminación de un proceso en una entidad cuya ciudadanía optó por tener de manera continuada gobiernos de izquierda que, al innovar en ella, abrieron brecha en el país. A ello respondió el interés de la Federación por evitar que la urbe, dejada al libre juego de sus fuerzas locales, hubiera creado una constitución de aún más avanzada. Si la ciudadanía hubiera podido elegir a toda la Asamblea Constituyente, los dos partidos de izquierda habrían tenido 68 diputados, los cuales, por sí solos, si hubieran votado juntos, habrían alcanzado la mayoría de dos tercios que se requería para la aprobación de cada uno de los artículos constitucionales. El afán interventor de la Federación para alterar el equilibrio político local, la falta de acuerdos entre los partidos de izquierda y la presión social de los grupos conservadores –de la que se hicieron eco en forma desproporcionada algunos medios de comunicación, e intelectuales resentidos por no haber sido hechos partícipes de este proceso–, aunados a las presiones de tiempo, ocasionaron ciertamente que se establecieran limitaciones e incluso contradicciones en el texto, aunque no lo suficientemente fuertes como para frenar el impulso innovador en la ciudad. Los avances alcanzados tampoco fueron únicamente resultado de los partidos de izquierda, sino también de una ciudadanía organizada que, aunque con limitaciones, contribuyó al proceso, aportando su dedicación para elaborar un proyecto que, de conformidad con lo establecido en la reforma a la Constitución del país, presentó el jefe de Gobierno; este proceso, sin embargo, no se construyó sólo en el ámbito de su gobierno, sino sobre todo en el de ciudadanos independientes, que a su vez fueron el canal de expresión de diversas organizaciones de la sociedad civil, que también aportaron sus conocimientos y experiencia. Igualmente, sectores de la ciudadanía participaron en un cabildeo que aportó argumentos, no favores, como hacían los cabilderos de los grupos de poder económico, a los miembros de la Asamblea Constituyente. Con todo lo anterior, se lograron avances en algunos casos, y en otros por lo menos se evitaron retrocesos, como el que se pretendía hacer con la exclusión de la sociedad civil y de las universidades del Sistema de Derechos Humanos. Que se haya ido más allá de la lógica partidaria, dio lugar a innovaciones en la relación entre gobierno y sociedad, como la existencia del Instituto de Planeación, organismo integrado por gobierno y ciudadanos, que tendrá a su cargo la construcción del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, con vigencia de 20 años. Entre otras cosas, este plan pretende sustraer las orientaciones del desarrollo del predominio de una sola fuerza política, o de los vaivenes inherentes a la normal y democrática alternancia de los partidos en el gobierno. Por el contrario, obligaría a la continuidad de las líneas generales del desarrollo, a las que tendrían que sujetarse los programas de gobierno. Como limitación de este instrumento es que no será autónomo, sino un organismo público descentralizado, aunque con ello no se inhibe su tarea, pero sí se le limita. En el Poder Judicial podemos ver también avances. Se evitará la reproducción del predominio de sus jerarcas máximos al designar o intervenir en la designación de jueces y magistrados, formando una cadena de dependencia y fidelidades. Ahora será un Consejo Judicial Ciudadano el que designará a los miembros del Consejo de la Judicatura, que será el encargado de nombrar a los jueces y proponer a los magistrados al Congreso local. Sin embargo, como limitación tenemos como excepción en el nuevo diseño del poder judicial al Tribunal de Justicia Administrativa, al cual se sustrajo de estos controles. Curiosamente es a éste al que corresponde decidir sobre las controversias que interponen ciudadanos frente a decisiones del gobierno que los afectan. Basten estos dos ejemplos para afirmar que en el futuro de la ciudad no desaparecerán ni las pugnas entre la izquierda ni las presiones de la Federación ni las posiciones conservadoras. En medio de todas ellas tendrá que continuar la línea progresista que aún mantiene la mayoría de sus habitantes. La posibilidad de la sociedad de decidir el destino de su vida pública será mayor o menor, dependiendo de su capacidad de organización y de la elaboración de sus argumentos. La política es tan importante para la vida cotidiana de la ciudadanía, que no se puede dejar sólo en manos de los partidos y de los grupos de poder económico. Se ha podido, pese a todo, dar un paso adelante. Faltan muchos otros para avanzar de nuevo; hace falta dialogar y analizar mucho, abordar de frente las diferencias. Pero, sobre todo, falta organizarse más, para poder participar con mayor eficacia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Dan Cortés Entradas relacionadas: Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX
Protección a personas defensoras
Protección a personas defensoras Sábado 04 de febrero de 2017 Miguel Concha La reciente visita a México del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores en este renglón hizo que, de nueva cuenta surgiera un llamado de atención al Estado mexicano para hacer frente a la severa crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Retomando lo que el relator mencionó, debemos decir que, efectivamente, la labor de defensa de los derechos humanos hoy, en México y en el mundo, se hace muy necesaria, urgente y vital para el desarrollo de democracias incluyentes, libres de odio y discriminación. Y que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados en derechos humanos, el trabajo de personas y colectividades defensoras apremia a construir y fortalecer sociedades sin miseria ni miedo. La visita oficial cobra también relevancia en medio de una creciente criminalización y persecución hacia defensores de derechos humanos, así como señalamientos contra organizaciones sociales, que incluyen descalificaciones y ataques por agentes del Estado. Quedó además documentada en esas agresiones la participación activa de actores no estatales, como empresas, el crimen organizado y algunos grupos religiosos hegemónicos, que son ahora considerados por el relator como partícipes en las violaciones a los derechos humanos de defensores. Es inadmisible e indignante que al inicio de la visita, Isidro Baldenegro, activista en la defensa de los bosques y de sus comunidades rarámuris, fuera asesinado, pues es una muestra más de las situaciones que se enfrentan en México cuando se participa en la defensa de bienes comunes, derechos inalienables y la misma dignidad. El relator escuchó de viva voz los testimonios de alrededor de 800 defensores, y cabe resaltar que 60 por ciento fueron de mujeres comprometidas en labores de defensa de derechos humanos, lo que es relevante, ya que son ellas las que reciben los mayores impactos de las campañas permeadas de misoginia y sexismo en su contra. Resaltó también el relator que durante su vista pudo constatar que entre los principales grupos de defensores afectados están aquellos que participan o se relacionan con pueblos indígenas y con la custodia de derechos sociales. Y quienes acompañan o son parte de colectivos LGBTI, defienden a migrantes o son informantes (whistleblowers), periodistas o familiares de personas desaparecidas. En esta visita fue casi inédita la reunión que sostuvo con religiosos o que participan en la defensa de derechos desde sus diferentes confesiones, quienes también enfrentan los ataques de agentes del Estado y se ven vulnerables frente a grupos religiosos hegemónicos y sus autoridades jerárquicas. En este abanico de testimonios, de entrevistas con funcionarios públicos, titulares de gobierno e instancias autónomas, el relator Michel Forst se hizo consciente de algunos aspectos que el Estado y la sociedad deben atender de manera inmediata en México. Como puede verse en el Informe de cierre de misión (https://goo.gl/f1QZ2q), el relator apremia al Estado mexicano a que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos se dé bajo un enfoque integral, sistémico y participativo. Y en las primeras recomendaciones ahonda en la necesidad que tienen de contar con un reconocimiento público del Estado a la labor que hacen, al tiempo que se requiere que éste garantice investigaciones prontas e imparciales en casos en los que se afecta su integridad. Esto sería primordial en medio del clima de descalificaciones que padecen, pues sabemos incluso de campañas difamatorias que acusan a las y los defensores de, supuestamente, lucrar con las víctimas y desestabilizar al país. Recomienda asimismo evitar el uso del marco legal, sobre todo penal, para criminalizar o judicializar la acción de personas y grupos que se organizan para custodiar sus derechos y señala la urgencia de integrar la perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con la protección de defensores y defensoras. Asimismo, el relator se dirige a los actores no estatales, particularmente a empresas y a grupos religiosos hegemónicos, a los que recomienda respetar los derechos de los defensores y abstenerse de realizar intimidaciones y ataques, ya sea directamente o mediante empresas privadas de seguridad. Pide expresamente abstenerse de estigmatizar a defensores religiosos de derechos humanos. Por el contrario, invita a las jerarquías a reconocer la importante labor de defensa que realizan motivados por su fe. Se dirige también a la sociedad civil, y recomienda a las personas y organizaciones defensores asegurarse de ampliar sus capacidades de autoprotección y a que éstas sean accesibles, sobre todo a quienes están en mayor riesgo, así como a erradicar en los movimientos sociales la discriminación hacia las defensoras o los defensores LGBTI. La visita de Michel Forst fue ocasión para que las y los defensores de derechos humanos compartieran lo que ya están haciendo para fortalecerse en la garantía de los derechos humanos en México. Se cuenta, por ejemplo, con redes de apoyo y acompañamiento en casos en los que se considera que existe riesgo o ya se padecen ataques, así como con la conciencia e implementación de medidas de seguridad y autocuidado en las organizaciones, movimientos o comunidades que llevan a cabo defensa de derechos. Sabemos que el Estado es el principal responsable de velar por sus derechos, pero ante las omisiones o desvío de poder que lo caracteriza, son ellos quienes más se organizan y continúan luchando por un México y un mundo más digno y justo. Su actividad es clave en la construcción de un futuro prometedor para las generaciones presentes y futuras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Red TDT Entradas relacionadas: Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social
MANIFIESTO A LA NACIÓN: Construyamos el futuro de México
MANIFIESTO A LA NACIÓN. CONSTRUYAMOS EL FUTURO DE MÉXICO Ciudad de México, 31 de enero de 2017. Nos hemos convocado para manifestar nuestro descontento y nuestro rechazo ante la situación actual de nuestro país, propiciada por las erráticas decisiones gubernamentales. Pero también nos reunimos para presentar propuestas realistas que hagan frente a la crisis actual, la que se agravará si no tomamos el futuro de México en nuestras manos. Para ello proponemos: 1. El exorbitante aumento al precio de las gasolinas ha detonado un justificado y amplio descontento social. Detrás de estos acontecimientos hay una causa evidente: la crisis económica que está propiciando una crisis social. El hartazgo popular expresado en todo el país es también por el desempleo, la miseria, la demagogia, la corrupción, la impunidad y los privilegios de la clase política y, ahora, por la humillación de que somos objeto por el Presidente de Estados Unidos, con declaraciones y acciones violatorias del derecho internacional. El gobierno de México, el Congreso de la Unión y los partidos políticos no han sido capaces de ofrecer una alternativa digna. No podemos continuar por la desgastada vía de simulación con los pactos corporativos carentes de representatividad y de poder vinculante, en los que no participa la sociedad. Urge rectificar la senda. Para ello es indispensable que como sociedad construyamos el país que anhelamos. 2. Lo que está ocurriendo es claro, el modelo económico y político que se ha seguido, no sólo ha profundizado las brechas sociales, sino que es inoperante y está agotado. Lo peor de la crisis aún está por venir si no actuamos para cambiar las políticas instrumentadas hasta ahora. Urge que la sociedad construya un programa, desde lo inmediato y en el mediano plazo, que sea capaz de contender con la crisis internacional en la que estamos insertos. Un programa que vaya más allá de los intereses de unos cuantos, que se fundamente en la garantía de todos los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales, para toda la población. Derechos que han sido conquistados por los trabajadores del campo y la ciudad, por las mujeres, por los jóvenes y por muchos actores de la sociedad. 3. El punto de partida tiene que ser una nueva política económica y social, que reformule la estrategia energética, que desarrolle fuentes alternativas, que reconstruya PEMEX y que optimice el uso de toda su capacidad instalada, en particular la de refinación, para que así se disminuyan los volúmenes de importación para ofrecer gasolinas a menor precio. Hay que echar atrás las decisiones tomadas que propiciaron el incremento en el precio de los combustibles. Para revertir la reforma, hacemos nuestra y apoyaremos la petición formulada por ciudadanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2015, ante la negación del derecho a la consulta popular en materia energética. 4. Tenemos que construir el desarrollo sustentable que, centrado en el bienestar social, recupere la capacidad de producción industrial, que esté fincado en el mercado interior y, para ello, favorezca salarios, el poder adquisitivo, la plena ocupación con trabajo digno e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, erradicando la discriminación por razones de género. 5. Para satisfacer las necesidades alimenticias básicas de toda la población se requiere reactivar la producción del campo, principalmente la de los pequeños y medianos productores con la inversión pública, el financiamiento, la comercialización y la adecuada protección en el mercado internacional. Se debe renegociar los términos de intercambio del capítulo agropecuario del TLCAN y sustituir las crecientes importaciones de granos básicos con el fomento de la producción nacional. Sólo con soberanía alimentaria se podrá negociar dignamente con otras naciones. 6. La reconstrucción nacional a la que convocamos no es sólo económica, requiere que el país levante su mirada con una sólida educación pública, con la recuperación y fomento de la cultura, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Que se fortalezca la deteriorada salud de la población, no con medidas paliativas sino con instituciones que sean la garantía del derecho a la verdadera seguridad social. Todo ello con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el campo y la ciudad, los jóvenes y los viejos. 7. La transición política quedó inconclusa. Hacer posible todo lo anterior requiere democratizar el régimen político a través de la supresión de los controles corporativos y con el equilibrio entre poderes y órdenes de gobierno, pero con predominio de la sociedad en las decisiones, que resulte en políticas públicas para la sociedad y no para los intereses de quienes gobiernan. La democracia tiene que llegar al conjunto de las entidades de la federación, no sólo para hacer real la alternancia, sino para hacer valer preceptos como la rendición de cuentas y la transparencia en el funcionamiento de los gobiernos, para hacer efectiva la vigilancia de la ciudadanía que erradique la escandalosa corrupción. 8. La ausencia de seguridad ciudadana es la muestra más clara de la ineficacia del régimen político. La solución no es la militarización del país como lo propone la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que abiertamente rechazamos. Necesitamos terminar ya con la sistemática y reiterada violación a los derechos humanos, demandamos que se aclaren las gravísimas afrentas como las de Ayotzinapa, la guardería ABC, Nochixtlán y Tlatlaya. Que se libere a los presos políticos. Que se termine de una vez con la cruel violencia de género ¡ni un feminicidio más! 9. Lo que hagamos en el país determinará su ubicación en la arena internacional, se debe actuar y, en su caso, negociar con firmeza y dignidad, rindiendo cuentas de lo negociado a toda la sociedad, no sólo a las élites, con ello el gobierno de México se diferenciaría del estilo del gobernante norteamericano que no escucha a los ciudadanos que se manifiestan, ni a las distintas expresiones de la opinión pública. Se requiere de la unidad, pero en torno de un nuevo proyecto de nación. No aceptaremos una negociación en los mismos términos que han conducido a la situación actual. Necesitamos
La Colectividad demandante lanza Campaña vs abusos al maíz de México
LA COLECTIVIDAD DEMANDANTE LANZA CAMPAÑA VS ABUSOS AL MAÍZ DE MÉXICO Ciudad de México, 31 de enero de 2017. La sociedad mexicana responde a los abusos de la industria en nuestro país Una a una caen mentiras de Monsanto y otras transnacionales usadas durante proceso de Demanda Colectiva contra maíz transgénico Corporaciones buscan a como de lugar, que se levante la prohibición temporal que los jueces han ordenado Durante los tres años y medio de dura batalla legal promovida por la Colectividad demandante integrada por científicos, campesinos y consumidores contra Sagarpa y Semarnat y las transnacionales Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto, estas corporaciones han buscado que se permita la siembra de maíz transgénico con argumentos falsos. Pretenden sembrar millones de hectáreas de maíz transgénico en nuestro país y han mentido en varias ocasiones a los tribunales federales mexicanos. Buscan a como de lugar, que se levante la prohibición de siembra de maíz transgénico que los jueces han ordenado y ratificado por más de tres años. El abogado René Sánchez Galindo enlistó algunos de esos casos: Cambian sus argumentos: El 29 de enero de 2014, la trasnacional Dow, argumentó ante un tribunal de revisión de amparos que la demanda colectiva y la medida cautelar continuaban suspendiendo siembra de maíz transgénico; sin embargo, el 5 de febrero de 2014, una semana después, y sin que existiera ningún cambio en el juicio, la empresa agroindustrial dijo lo contrario a un tribunal de apelaciones. Cambian el tiempo: El corporativo formado por Dupont y Pioneer impugnó la orden judicial que suspende la siembra de maíz transgénico por primera vez el 16 de enero de 2014; sin embargo, dos años más tarde, el 8 de abril de 2016, ante otro tribunal de amparo, pretende hacer creer que es la primera vez que impugna. Cambian lo que confiesan: El 26 de marzo de 2015, Monsanto reconoció ante el Juez federal de acciones colectivas que, tratándose maíz, existe dispersión de genes entre las distintas regiones del país; sin embargo, ante el tribunal de amparo, el 5 de abril de 2016 negó que exista dispersión de genes. Cambian la ley: Ese mismo día y para lograr que un tribunal de amparo levantara la suspensión de cultivar transgénicos de maíz, Monsanto aseguró que la ley autorizó la siembra y que mantener la suspensión era derogar o inaplicar la ley, lo cual es falso ya que en realidad la ley no autoriza la siembra, sólo dice en qué casos podría sembrarse; nueve meses más tarde, el 25 de enero de 2017, para impedir la decisión final del amparo, pidió a la Suprema Corte que interviniera, argumentando que se derogaría o inaplicaría la ley ocultando su falso argumento de que la ley autorizó las siembras. Como lo ha señalado la Dra. Elena Álvarez-Buylla, a 20 años de haberse liberado los transgénicos, los datos son contundentes y corroboran lo advertido por grandes redes de científicos comprometidos con la sociedad y el ambiente. Su siembra implica costos inaceptables en salud pública, y no son equivalentes sustancialmente a los híbridos convencionales. Estudios recientes publicados en Nature y Scientific Reports demuestran que “al intervenir a ciegas en el genoma de un organismo se alteran de maneras incontrolables e impredecibles las complejas redes de proteínas y metabolitos, y no sólo la proteína de interés biotecnológico”. Esto explica que en el experimento conducido por el doctor Séralini en Francia, “las ratas alimentadas con el maíz genéticamente modificado presentaron disminución en longevidad y aumento en tumoraciones cancerosas”. Los estudios reportan “alteraciones en metabolitos como la putrescina (alterado 2.7 veces) y la cadaverina (alterada 28 veces)”, entre otros efectos. Ahora tenemos la prueba irrefutable de no equivalencia sustancial (concepto introducido por la OCDE y avalado por la OMS y la FAO) entre el maíz NK603 y maíz no transgénico. Y como lo destaca el Dr. Emmanuel González-Ortega, dado que ese maíz fue aprobado en México desde 2002, podemos suponer que estamos comiendo maíz transgénico que produce compuestos tóxicos: cadaverina y putrescina, además del glifosato, clasificado como probable cancerígeno por la propia Organización Mundial de la Salud. De levantarse la medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico en México, los daños a la salud y al bienestar general de las familias campesinas y de toda la población también serían incalculables e irremediables[1]. Aún estamos a tiempo, destacó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales GEA. Al año México produce 22 millones de toneladas de maíz y consume 33 millones de toneladas. La dependencia del exterior es del orden de 10 millones de toneladas anuales. La fracción de la demanda que va al consumo directo como alimento es de 12 a 14 millones de toneladas, que es producida en el país. El país tiene reservas de tierra de labor y de agua dulce y de tecnología para producir casi 60 millones de toneladas. Sin embargo, se requiere invertir en infraestructura hidroagricola en el sureste, donde están las reservas de recursos naturales. Tiene también una gran reserva de híbridos públicos no transgénicos para cubrir el país. Los maíces nativos cubren ya el 70% de las 9 millones de hectáreas sembradas con maíz cada año. Con esos recursos México tiene todo el potencial para alcanzar la autosuficiencia alimentaria sin depender de importaciones, así lo indicó el Doctor Antonio Turrent de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Las y los campesinos estamos en la defensa y protección del maíz nativo porque significa defender y garantizar nuestra soberanía alimentaria a través de la siembra del sistema milpa ya que nuestro maíz nativo convive con otras plantas como son el frijol, la calabaza, el haba, los quelites entre otras arvenses. Al mismo tiempo se integran prácticas agroecológicas cuidando y respetando al medio ambiente, revalorando los saberes indígenas y campesinos desde nuestra cultura e identidad. Por todo esto no oponemos a la siembra de maíz transgénico, señaló Emiliano Juárez Franco del Grupo Vicente Guerrero. Adelita San Vicente Tello, representante común de la Colectividad,
CONVOCATORIA: Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos 2017
SOBRE LA ESCUELITA: El Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP» A.C. invita participar en la 15ª Generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos La Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos (EDJDH) es un proyecto que fundó y acompaña el Centro Vitoria. Con el paso de una década y media, esta escuela se ha convertido en un espacio que pretende articular y entretejer diversos saberes de las juventudes que participen en ella, para ser intercambiados, socializados y compartidos con y entre las comunidades, con la finalidad de acompañarnos en la defensa y promoción de nuestros derechos humanos, y en la construcción de un mundo más justo y digno. A partir de la experiencia compartida entre las y los jóvenes defensores, consideramos que es importante que toda nuestra formación y trabajo compartido nos lleve a ampliar horizontes del saber, reconociendo en el otro y la otra su capacidad para aprender y enseñar de manera horizontal y comunitaria. REQUISITOS: 1. Tener entre 18 y 29 años 2. Enviar solicitud de ingreso a los correos: edupromo1@derechoshumanos.org.mx, edupromo2@derechoshumanos.org.mx 3. Acudir a una entrevista en las oficinas del Centro Vitoria (Odontología 35 Col. Copilco-Universidad Del. Coyoacán. Ciudad de México) (Mapa) previa cita tras el envío de la solicitud de ingreso. 4. Asistir a una de las sesiones informativas: 24 de febrero de 17:00 hrs a 19:00 hrs; 25 de febrero de 11:00 hrs a 13:00 hrs. 5. Registrarse antes del 22 de febrero de 2017 6. Disponibilidad de tiempo los sábados a partir de marzo hasta octubre de 2017. 7. Cuota de recuperación simbólica. SOLICITUD: Contenido relacionado: Proyecto. EDJDH 2013. Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos. 10 años de formar defensoras y defensores jóvenes en Derechos Humanos 2010. Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos 2010. El ABC de los DESCA: Manual de Promoción y Educación
Desafíos del contexto actual para la articulación de una agenda socio-eclesial común
SOBRE EL EVENTO: En un contexto latinoamericano marcado por la violencia creciente y por gobiernos entregados a la corrupción y las políticas neoliberales que han desplomado nuestras economías y ante un contexto religioso de crecientes fundamentalismos con cada vez más injerencia en las políticas públicas, vemos la importancia de realizar un encuentro de análisis y discernimiento socio-eclesial con actores sociales y religiosos interesados en la construcción de una agenda común que perfile una ruta de trabajo a favor de los derecho humanos, el Estado laico y la reconstrucción de la paz social. Es por ello que extendemos la presente invitación a acompañarnos en este espacio de construcción colectiva que tendrá lugar los días 23 y 24 de Febrero de 2017 en el Hotel NH ubicado en Calle Palma 42, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nuestro encuentro tiene como objetivos analizar de una manera sistemática los temas y situaciones que nos preocupan como ciudadanos y como iglesias comprometidas con el bien común y los derechos humanos de todas y todos; una puesta en común del análisis y trabajo que cada sector realiza como iglesias y/o organizaciones comprometidas; y la construcción de una agenda común de trabajo inter-eclesial donde demos respuesta a la defensa de los derechos humanos, al estado laico y la reconstrucción de la paz social, respondiendo a la misión profética y de justica social que nos congrega. Paneles magistrales abiertos a todo el público. Para la participación en toro el Encuentro es indispensable la inscripción previa que debe solicitarse al correo: observatorioeclesial@gmail.com Más información: Observatorio Eclesial (Web) Observatorio Eclesial (Facebook) HOTEL NH: Palma 42, Centro Histórico. Ciudad de México, D.F. Contenido relacionado: Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Agua, ciudad y protesta social Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social
Niveles superiores de acción cívica
Niveles superiores de acción cívica Sábado 28 de enero de 2017 Miguel Concha La visión que los analistas y los políticos de otros países tienen sobre México puede sintetizarse en la interrogante de por qué una sociedad, que habiendo recibido tan pocos beneficios ha aguantado tantos años el dominio de unas élites económicas y políticas que han procurado tan poco por el conjunto de los mexicanos. Los acontecimientos de este mes, seguro que harán cambiar esta visión. Es cierto que el incremento en los precios de los energéticos colmó la paciencia social, puesta a prueba durante muchos años, e incluso décadas, por las pésimas decisiones que llevaron al desempleo, al deterioro del salario, a la disminución en calidad y cobertura de la seguridad social, a la pérdida de futuro para los jóvenes, y, por si esto fuera poco, a la tolerancia, en connivencia en muchos casos con funcionarios, del ascenso de grupos delincuenciales, con los cuales pactaron, a costa de la violencia sufrida por la población, y sin el menor cuidado de sus derechos fundamentales, el enriquecimiento mutuo. Pero también es cierto que las expresiones de descontento, valiosas por espontáneas, que tuvieron la capacidad de frenar las provocaciones para desprestigiarlas, y poder continuar con sus acciones pacíficas, tienen que pasar a niveles superiores de acción cívica. Tienen que ser capaces de generar programas, tanto de acción inmediata como de mediano plazo, compartiendo el capital analítico que han venido acumulando en tantos años de sufrimiento. En estos momentos de amenaza y afrenta internacional se requiere sobre todo la intervención decidida y decisoria de la sociedad. Tenemos que iniciar conjuntamente el proceso de reconstrucción de la patria en los frentes económico, político, social, cultural e internacional. Frente al panorama anterior es promisorio que muchas organizaciones sociales, que desde los inicios de la crisis han advertido de sus efectos y también de sus causas, y llamado reiteradamente a la sociedad mexicana a tomar en sus manos su propio destino –como el Frente Amplio Social Unitario, Por México Hoy, la Unión Nacional de Trabajadores, El Campo es de Todos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muchas otras más– hayan decidido convocarse mutuamente, y a toda la ciudadanía, para que este martes 31 de enero salgamos en todo el país a manifestarnos, no sólo en contra de la decisión que generó la movilización de la sociedad mexicana, sino también para expresar el rechazo a un modelo económico y político que ha traído tantas calamidades a la nación entera. Y por ello mismo invitar a toda la nación a crear una nueva ruta de desarrollo para todas y todos. Este valioso llamado tiene, sin embargo, ante sí dos retos fundamentales. El primero es que no puede quedarse en una sola marcha, que seguramente será muy numerosa, en la ciudad y en todo el país, sino que tiene que continuarse con diversas acciones que apunten a la construcción de un espacio de diálogo y acuerdos entre todos aquellos que pugnan por una nueva ruta de desarrollo, dirigida al logro de las condiciones básicas para el bienestar de toda la población, la vida pública con democracia sustantiva y participativa, y al final de cuentas una sociedad fincada en la observancia estricta de los derechos humanos de toda la ciudadanía. El segundo desafío consiste en armonizar las distintas formas y tradiciones de participación de las diversas organizaciones, las campesinas y las urbanas, los sindicatos y las organizaciones civiles; en síntesis, todas las que han sido agraviadas por las élites, y que hoy pretenden conjuntar sus esfuerzos, para lo cual es necesario que nadie dirija a nadie, sino que todos estén dispuestos a aprender unos de otros y caminar juntos superando los resentimientos por las confrontaciones anteriores. En efecto, la política real también requiere del perdón mutuo. Sobre todo si se está de acuerdo en que lo fundamental es avanzar hacia un modelo de desarrollo que tenga por horizonte la vigencia de todos los derechos humanos de todas y todos, y una vida pública orientada a una democracia real, y a unas relaciones sociales justas y solidarias. Hoy es claro que la sociedad tiene que hacer las tareas que gobierno y partidos políticos no fueron capaces de realizar: ofrecer un proyecto de nación, condición indispensable para ser reconocidos y respetados en la sociedad internacional, y para afirmar nuestra soberanía, particularmente amenazada en estos días por el giro autoritario y conservador que ha experimentado el gobierno estadunidense, que pretende la prosperidad de su país a costa de la humillación del nuestro. Defender nuestra soberanía en estos aciagos momentos reclama más que nunca defender nuestra independencia como nación. Pero la necesaria unidad nacional no puede construirse en abstracto, sino tiene que ser en función de un proyecto, cuya defensa nos unifique. Y en este sentido, el primer paso de la sociedad organizada será siempre exigir una respuesta digna y clara frente a las provocaciones del gobierno del norte, y pedir al Senado que cumpla con su papel de garante de la política exterior de México. Las relaciones con Estados Unidos son muy importantes como para sustraerlas del escrutinio ciudadano y de la deliberación pública. Es seguro que el mundo neoliberal ya no será como se soñó. No es improbable que haya entrado en su crisis final, pero no tendremos un mundo ni un país mejores si no empezamos a construirlos desde ahora, si no nos creemos capaces de lograrlo. Tal vez tengamos que conocer lo inédito. Una sociedad que es capaz de marcarle rumbo a su gobierno. Hay indignación y potencial organizativo para realizarlo. Pero ello será a condición de que intentemos caminar y aprender juntos cómo construir una nueva etapa para nuestro país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta
