Manual de exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la vivienda digna

[et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»section» _builder_version=»3.22″][et_pb_row admin_label=»row» _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.7.3″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] El Manual de Exigibilidad y Justiciabilidad del Derecho Humano a la Vivienda Digna es una herramienta que proporciona el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. a movimientos sociales y a organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo a personas que por diversas razones deben emprender acciones para defender este derecho humano. Las personas que colaboramos en la organización estamos convencidas de que las estrategias para la defensa y promoción de los derechos humanos son diversas; que responden al alcance que se quiere tener de las mismas, pero también de los recursos, no sólo financieros, sino también políticos que se tengan. La lucha para que los derechos humanos sean una realidad, se da en las instancias de procuración de justicia, aunque también en otros espacios, como son los organismos públicos de derechos humanos, los medios de comunicación, y en acciones que permiten ejercer el derecho a la protesta social, como son las movilizaciones. La apuesta de la organización es contribuir al fortalecimiento de los procesos organizativos; compartir herramientas legales específicas para la defensa y exigibilidad de los derechos, y compartir experiencias no jurisdiccionales que han ayudado a la organización a elevar el tema de las violaciones a los DESCA a un terreno político y de opinión pública. Esperamos que este Manual, que constituye un reflejo del trabajo que realiza la organización de manera cotidiana, sea una herramienta que contribuya a la defensa y promoción de los derechos humanos. Pero sobre todo fortalezca los procesos organizativos y el papel de la sociedad como observadores y contrapeso de la función pública.     [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes

Violaciones sistemáticas a derechos humanos de las juventudes 30 de noviembre de 2014 Por: Aarón Emmanuel Hernández En estos momentos México está viviendo una severa crisis humanitaria donde la violencia generada por el Estado es el pan de cada día que, si bien afecta a todas y todos en este país, de manera particular lo hace con las personas jóvenes. Cuando una violación a derechos humanos se realiza de manera repetitiva, ya no se trata de un “hecho aislado” o “coyuntural”, sino de un actuar sistemático del aparato estatal, que tiene la finalidad de mantener las estructuras de poder y dominación, favoreciendo los intereses de quienes ocupan las altas esferas política y económica. Las violaciones sistemáticas se han intensificado en las dos últimas administraciones, donde la implantación de megaproyectos en zonas rurales y urbanas, la “lucha contra el crimen organizado” y las reformas estructurales han detonado un gran descontento por parte de la población, traduciéndose en el levantamiento de distintos movimientos sociales como diversos frentes en defensa de la tierra y el territorio, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Los movimientos sociales en distintos momentos han mantenido una postura crítica y de exigencia ante el actuar del Estado mexicano, trastocando así los intereses de quienes detentan el poder. La respuesta del aparato estatal ha sido la criminalización, el uso del estado de excepción, delitos de lesa humanidad, la militarización y el terrorismo de Estado, acciones reiteradas en las que incurren las instituciones de gobierno con la finalidad de modificar y/o controlar el comportamiento de un grupo específico de la población. En su mayoría ha tenido como objetivo a la población joven, en especial la estudiantil, como podemos ver en distintos hechos más representativos: La masacre de Tlatelolco la noche del 2 de octubre de 1968, donde el Ejército atacó a los estudiantes dejando un importante saldo de asesinatos y desapariciones con la intención de desarticular el movimiento. En esa lógica, en 1971, un grupo paramilitar denominado Los Halcones, asesinó y dejó heridos a varios estudiantes participantes de una movilización. Estos dos sucesos se han convertido en el principal referente de criminalización de las juventudes mexicanas. Durante la huelga estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1999, los medios de comunicación comenzaron una campaña de estigmatización de los universitarios, señalándoles como “criminales” que tenían “secuestrada” a la máxima casa de estudios, discurso que legitimaba la ejecución de operativos de la Policía Federal, atentando contra la autonomía de esta institución, tal como lo sucedido el 15 de noviembre pasado. En 2006, la comunidad del pueblo de San Salvador Atenco, ubicada en el Estado de México, se encontraba en pie de lucha y resistencia. Se oponía a la construcción de un aeropuerto que afectaría la forma de vida de los pobladores, quienes se dedican a la agricultura. En ese contexto, el 3 de mayo de ese año se llevó a cabo un operativo policial haciendo uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Éste registró como saldo el asesinato de los jóvenes Alexis Benhumea, de 20 años de edad, y Javier Cortés, de 14 años; cerca de 200 detenciones arbitrarias (entre ellas, las de nueve niñas y niños); casos de tortura y tratos crueles o degradantes; tortura y violación sexual de 26 mujeres, algunas entre los 18 y 27 años de edad (eran empleadas o estudiantes). La criminalización no sólo se hace presente en contra de movimientos sociales, también lo hace para crear control social sobre la población –en este caso, las juventudes–, valiéndose de la estigmatización y discriminación por edad y apariencia física (vestimenta y tatuajes), ejemplo de ello es el caso New’s Divine. En 2008 se realizó un operativo de seguridad en la Discoteca New’s Divine, ubicada en la delegación Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. En éste fallecieron siete jóvenes, dos policías auxiliares y un agente judicial, dos jóvenes más al llegar al hospital. De los jóvenes fallecidos, cuatro eran menores de edad. En esa ocasión no hizo falta disparar algún arma: el operativo provocó pánico en el lugar y el dueño apagó las luces y el aire acondicionado, el lugar no contaba con las condiciones mínimas de seguridad, sólo había una salida de 1.2 metros de ancho, lo que dificultó la salida de alrededor de 500 personas envueltas en pánico. Este caso demostró que las fuerzas policiales no están capacitadas para realizar operativos en donde se garanticen y respeten los derechos humanos, lo que devino en la emisión de una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la cual se exigen condiciones de seguridad para las y los jóvenes en la entidad, lo que demuestra la necesidad de una ley de derechos de las juventudes que genere dichas condiciones, sin embargo a la fecha no se ha podido materializar. En 2011, bajo el argumento de la “guerra” contra el crimen organizado, se agudizó la criminalización hacia las juventudes, pues se señalaba que los hombres jóvenes eran presa fácil del crimen organizado al ser involucrados como sicarios. Se identificó la utilización de menores de edad en labores del Ejército, desapariciones forzadas y tratos crueles y degradantes. Las personas jóvenes fueron las principales víctimas. En versiones oficiales se decía que su fallecimiento era a causa del “fuego cruzado”. No existen datos desagregados sobre cuántas personas jóvenes han sido víctimas de la “guerra” contra el narco. Con la identidad del #YoSoy132, en 2012 se volvió a articular el movimiento estudiantil que, entre otras cosas, exigía transparencia en los procesos electorales y mostraba su descontento por la candidatura de Enrique Peña Nieto por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por representar el regreso de dicho partido a la silla presidencial a pesar de ser responsable de los actos ocurridos en Atenco y de no atender el creciente número de feminicidios en el Estado de México (en su mayoría de mujeres jóvenes). El 1 de diciembre de ese año, durante

¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón?

¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.   05 de noviembre de de 2016 Por: Sayuri Herrera Román La dignidad en nuestras manos El mensaje Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado. Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo. Los torturadores La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar. Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico. El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta: “Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”. La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy. Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”.   Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida: la arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura, ésta es el abuso de poder llevado al extremo. Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador “pretende ante todo mostrar y mostrarse que es él incuestionablemente el más fuerte. Ese es su propósito fundamental, así sea enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de “lo hago para obtener información útil para el Estado”, “estoy obedeciendo”, “cumplo con mi deber”, “defiendo los valores de la civilización occidental”. La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores”. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia. Los responsables La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos. Por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el Gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el presidente de la República y comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto. El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y, en cambio, silencia a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder, pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador: “unidos unos contra otros para que acabemos con ellos”. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos (PRI, PAN, PRD) están “unidos unos contra otros” para acabar con el pueblo. El amor La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio y madre de su hija, Melisa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer

Después de los estragos…

Después de los estragos… Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio.   10 de octubre de de 2014 Por: Diana López Santiago La dignidad en nuestras manos La lucha que iniciaron las madres y las familias de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez desde hace más de 10 años continúa para muchas de ellas, pues las víctimas se siguen sumando. La tragedia con la que se dio a conocer a nivel nacional e internacional el odio que existe hacia las mujeres en México fue el Caso Campo Algodonero en 2001 que, debido a la falta de responsabilidad del Estado Mexicano de cumplir con sus obligaciones y a la nula voluntad política, fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo cual dio como resultado que en 2009 se dictara una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. A la fecha, esta sentencia emitida por el organismo regional no ha sido cumplida por el Estado mexicano. Cuando las mujeres desaparecen en Ciudad Juárez, no regresan; son desaparecidas o encontradas sin vida en lugares baldíos con el cuerpo lacerado, irreconocible, debido a las torturas a las que fueron sometidas por parte de los victimarios. La respuesta misógina de las autoridades es siempre la de responsabilizar a las mujeres por ser asesinadas, sin iniciar averiguaciones en contra de los asesinos o sin calificarlo siquiera como feminicidio, sino únicamente como homicidio. Frente a esta realidad en Ciudad Juárez, el pasado 22 de septiembre Silvia Banda Pedroza, madre de Fabiola Janeth Valenzuela Banda, desaparecida el 10 de agosto de 2010; Bertha Alicia García Ruiz, madre de Brenda Berenice Castillo García, y Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, asesinada en febrero de 2001, iniciaron una huelga de hambre para exigir justicia para sus hijas, para sus hermanas y para las miles de mujeres que han sido asesinadas por razones de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Secretaría de Gobernación, institución a través de la cual el Gobierno Federal está obligado a actuar, a 15 días de iniciado este acto de exigencia y después de los estragos que deja la huelga de hambre en los cuerpos y en la salud de estas madres, apenas este 7 de octubre, respondió a sus demandas concretas. La acción dejó también agresiones por parte de elementos de seguridad del Distrito Federal, el robo de dos pancartas mientras el campamento se encontraba ubicado en Reforma casi esquina con Chivatito, y la tensión y acoso constante de ser agredidas mientras dormían por las noches. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es competencia de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género [1] y deberá emitirla cuando no se esté garantizando el derecho a la integridad, a la libertad, a la seguridad y a la vida de las mujeres; es decir, cuando haya violaciones a sus derechos humanos.Asimismo, cuando la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y otras entidades así lo demanden; en el caso específico de Chihuahua aun cuando se ha tipificado el feminicidio a nivel estatal y federal, ninguna de las solicitudes para declarar esta alerta ha sido aceptada; de hacerlo, significaría que el Estado mexicano ha consentido que desde la sociedad hasta las instituciones gubernamentales – que es lo más grave- haya violencia hacia las mujeres sin siquiera actuar en torno a ello; todo lo contrario, el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria es algo que casi nunca es tangible y real. La reparación del daño; es decir la no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, el acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial, contemplada en el derecho internacional de los derechos humanos no es garantizada; prueba de ello es que cada día hay más mujeres buscando a sus hijas, a sus hermanas, y la violencia estructural por razones de género a las que se les somete no cesa. Si bien se lograron avances tras la presión política de las madres con el apoyo sororo y constante de colectivos de jóvenes, así como de personas de a pie, también es cierto que el Estado mexicano aún tiene largas cuentas pendientes, pues no debemos olvidar que existen muchas madres más y familias esperando a que los gobiernos les tomen en cuenta, escuchen sus casos y demandas, se den un tiempo, sentarse y escucharlas, además de trabajar, como es su obligación, para que no haya ¡Ni una más, ni una asesinada más!  *Diana López Santiago es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O P A. C. [1] La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida ya sea por individuos o por la comunidad. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Jorge Aguilar   Entradas relacionadas: Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala La amenaza del fracking Hoy es mi cumpleaños… y en lugar de felicitaciones escucho exclamaciones de ¡justicia! Un manual de investigación para defender derechos humanos ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón? Juventudes alzan la voz por una vida digna Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte) Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Parque Reforma Social: cinco años de lucha y resistencia Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres Vicisitudes para 2015

Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano

Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano 05 de octubre de 2014 Por: Miguel Concha Desde hace décadas se abrió en México un debate sólido sobre la situación del campo mexicano. Lamentablemente el modelo neoliberal se ha impuesto y, por ello, desde la década de 1980 se comenzó primeramente con el despojo de su valor, difundiendo la falsa idea de que el campo no es rentable ni ayuda al progreso del país. Ahora ésta logra “encumbrarse” por medio del despojo de los territorios y de los bienes comunes. Con el modelo de desarrollo que el gobierno actual sigue, el campo agoniza cada día más, no por causa de sus campesinas y campesinos, ni de los pueblos indígenas o los productores, sino porque reformas estructurales como la energética atentan directamente contra su fortalecimiento, pues amenaza a sus territorios y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. Se pretende cerrar el ciclo neoliberal que abrieron durante el salinismo. El despojo y privatización de los bienes naturales es una agresión cada vez más fuerte. Hoy se nos arrebata a las y los mexicanos la posibilidad de seguir sembrando en nuestra tierra, produciendo los alimentos que eventualmente nos lleven a recuperar la seguridad y soberanía alimentaria indispensable. Por tanto, y como inmediata consecuencia, se nos condena a migrar en las peores condiciones, y se nos somete a perpetuidad a una “pobreza modernizada”. Unos cuantos se enriquecen con los pocos subsidios para el campo, pues en su mayoría los recursos están destinados a grandes empresarios agroindustriales, dejando desprotegidos a pequeños y medianos productores. En la distribución de recursos públicos se privilegia a los que más tienen, y se margina a quienes cuentan con menos recursos. Y si protestan, si exigen mayor justicia y equidad en su distribución, se les criminaliza, encierra, o se les victimiza con situaciones aún más graves. En palabras de un campesino de la Sierra Norte de Puebla, los pueblos campesinos e indígenas padecen “destierro, encierro y entierro”. Entre tanto, en nuestro país se prioriza la producción de alimentos chatarra que nos tienen mal alimentados. Empresas de alimentos procesados, refresqueras y agroindustriales son las culpables de ello, en connivencia con el propio Estado. Se hace entonces urgente hacer algo, por ejemplo, monitorear como sociedad civil el comportamiento de los estados en sus negociaciones con las empresas. Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son un primer paso, aunque en la región de América Latina requerimos todavía ampliar más el análisis y el debate en torno a ello. La actual situación económica del país arrastra al campo a morir lentamente, pues se anula a los pequeños productores que representan más de la mitad de quienes en él producen. Ahora las empresas transnacionales abusivamente se apropian de la producción, comercialización y distribución de los alimentos y de todos los bienes naturales que nuestras tierras guardan y generan: agua, minerales, semillas, bosques, aire y tierra. En este sentido, se busca también transgenizar el campo y los cultivos. Son riesgos para nuestra alimentación, y por ello actualmente lo debatimos cada vez más en México. La introducción en general de cultivos transgénicos, y en particular la siembra de maíz transgénico, agravaría aún más lo que hemos dicho. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, integrada por organizaciones de productores, de derechos humanos y ambientalistas, entre otras, ha denunciado que el gobierno intenta legitimar la siembra de transgénicos con el falso discurso de erradicar el hambre y hacer más eficiente la producción en el campo mexicano. México hoy registra contaminación por transgénicos en siembras de maíz donde no se ha permitido la liberación al medio ambiente de estos cultivos genéticamente modificados. Aun así, el Estado omite llevar a cabo alguna política pública para garantizar la inocuidad del maíz que consumimos. Se ha documentado cómo es que las empresas pretenden poco a poco sembrar estos cultivos, aunque la sociedad en su conjunto coincide en que la emergencia alimentaria será todavía más grande si estos cultivos siguen fomentándose. Actualmente transnacionales como Monsanto intentan patentar la vida y despojar a los pueblos de su historia y de sus formas ancestrales y sustentables de producir y consumir alimentos. La siembra de estos monocultivos transgénicos implica graves violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, comunidades y productoras de alimentos, y en general a los derechos humanos de toda la población mexicana, en especial sus derechos a un medio ambiente sano, a una alimentación inocua y de calidad, a gozar de la diversidad biológica con la que el país cuenta, y a conservar su historia y cultura. En julio del año pasado iniciamos una demanda judicial a través de la figura jurídica de acciones colectivas, recientemente incluida en el marco jurídico mexicano, para exigirles al Estado y a las empresas que se prohíba y omita la siembra de esos cultivos, pues se corre el riesgo de sufrir afectaciones al medio ambiente, a la alimentación y a la salud. En el transcurso del juicio, antes que velar por los derechos de las y los ciudadanos, el Estado mexicano ha preferido litigar a favor de las empresas. Durante la consulta que el pasado 16 de agosto hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), denunciamos el conflicto de interés en el que incurren instituciones como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuando renuncian a cumplir con sus obligaciones para favorecer a grandes empresas trasnacionales que se han convertido en un flagelo para los pueblos. La CIDH, a través de la Unidad (futura Relatoría) sobre los DESCA, mostró mucho interés en el tema. Y con razón se dijo que es un reto para toda la región de América Latina avanzar en estándares relacionados con la exigibilidad de estos derechos, incrementar las audiencias públicas regionales o por país sobre derechos relacionados con estos temas, así como atraer casos que avancen en la justiciabilidad (defensa judicial) de alguno de los

Desarrollo con inclusión social

Desarrollo con inclusión social 13 de julio de 2014 Por: Miguel Concha En junio pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo su XLIV Periodo Ordinario de Sesiones. La reunión tuvo lugar en la Ciudad de Asunción, Paraguay, del 3 al 5 de junio, sobre el tema del desarrollo sustentable y con el lema: “Desarrollo con inclusión social”. Si se toman en cuenta los altos índices de pobreza que persisten en todo el Continente Americano, la relevancia de esta consigna es evidente. Recordemos que el documento Panorama social de América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sostiene que en la región existen 167 millones de personas en pobreza y 66 millones en situación de indigencia. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en sus resultados respecto a 2012, muestra que 53.3 por ciento de la población en México vive en pobreza, y 19.7 por ciento en extrema pobreza. Gran parte de la responsabilidad recae sin duda en la falta de compromiso que los gobiernos de los países del área tienen con respecto del combate a la pobreza, pues actualmente muchos de ellos responden a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, cuyos lineamientos son íntegramente de corte capitalista liberal, y cada vez están más lejos de la sensibilidad y el respeto por los derechos humanos. Recordemos sólo que el último “consejo” dado por el FMI en 2012 proponía aumentar la edad de jubilación y bajar las pensiones ante el crecimiento de la esperanza de vida, por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (El País, 11 de abril de 2012). Los gobiernos de América Latina se han puesto de acuerdo en el discurso de que es necesario impulsar el desarrollo humano y social para abatir la pobreza que aflige al Continente. En consecuencia, el desarrollo ha sido de nueva cuenta declarado como relacionado con una promesa de bienestar con relación a la calidad de vida. Es decir, el avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político de una comunidad o país. Con ello, no obstante, vale la pena también destacar que esta calidad de vida se ha visto avasallada por un modelo de cálculos mercantiles, en los que la felicidad depende de la capacidad de consumo. Desde este punto de vista, el desarrollo responde a otro modelo aún más específico: el neoliberal. Dicho modelo concibe todo bajo un único estándar, el occidental, y para muchos, neocolonizador. Y en ese sentido se trata de un “desarrollo” económico “global” basado en la acumulación de riqueza, la explotación de los recursos naturales y la precariedad de las fuentes de trabajo. Y en un “progreso” político sustentado en la realización controlada de una democracia electoral, pero no participativa, que entrega el poder a unos cuantos y no toma realmente en cuenta la opinión y las expectativas de la sociedad en general. Un desarrollo cultural selectivo, que elitiza y controla los recursos culturales. El debate en torno a esta visión del desarrollo ha hecho cuestionar su validez y dirigido la atención a aspectos que se deben atender para lograr los avances y mejoras que permitan satisfacer las necesidades humanas. Por ello en los debates sociológicos actuales el desarrollo no sólo debe hacer referencia ni tener como fin la acumulación de bienes y riquezas materiales, sino que debe también comprender un concepto más amplio, como es el de desarrollo sostenible, que está ligado a lo social, lo cultural, lo económico y lo medioambiental. Por ello los Estados parte no deben olvidar sus obligaciones y compromisos adoptados en documentos regionales de protección de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional, el Protocolo de San Salvador, los cuales establecen definiciones, criterios y lineamientos para que los Estados adopten las medidas necesarias de orden jurídico, político, social y económico, a fin de lograr, progresivamente y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos humanos de las personas que habitamos este Continente. Los Estados deben garantizar un entorno socioeconómico que promueva y permita un acceso total y sin discriminación alguna a condiciones en las cuales las personas puedan gozar plenamente de sus derechos fundamentales, como son el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los derechos laborales (como el contar con condiciones de trabajo seguras y sanas, así como con seguridad social), a un medio ambiente sano y a la participación ciudadana, principalmente cuando se trata de la toma de decisiones en materia de política pública. Por ello, si se toma como marco de referencia la garantía y el cumplimiento de los derechos humanos, el desarrollo sólo puede tener como propósito promover el bienestar y la libertad sobre la base de la dignidad y la igualdad inalienables de todas las personas. Por tanto, el desarrollo con inclusión social sólo puede tener como objetivo el disfrute de derechos y el acceso a oportunidades para mejorar con equidad la calidad de vida de la población, y un sistema de procuración y administración de justicia que funcione. Un desarrollo con inclusión social debe buscar ciertamente como resultado la mejora en la calidad de vida de las personas, pero también la mejora en los procesos. Hoy en día la pobreza no puede entenderse sólo como la falta de bienes materiales y oportunidades, como el consumo, el empleo y la propiedad, así como la democracia no sólo significa contar con elecciones populares y periódicas pero sin el acceso a la toma de decisiones por parte de la población. Los Estados deben garantizar instituciones que reflejen un interés fundamental por las personas y políticas públicas que tengan la cobertura más amplia, así como procesos que cuenten con la mayor participación, permitiendo con ello que los bienes materiales y oportunidades sean accesibles y asequibles para todos, sobre todo para que los grupos en situación de discriminación no queden excluidos. Sin embargo, cuando

El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal

El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal 15 de junio de 2014 Por: Sayuri Herrera / Johana Sánchez ¡Cuán diferente es el cuadro del pobre!: cuanto más le debe la humanidad, más le niega la sociedad. Se le cierran todas las puertas, incluso cuando tiene el derecho a que se le abran, y si alguna vez obtiene justicia, es con mayor pena que con la que otro hombre obtiene gracia  Juan Jacobo Rousseau La capital de México padece un grave retroceso en materia de respeto y garantía de derechos humanos que alcanza todos los niveles de gobierno y poderes. Poco queda de la llamada “Ciudad de la Esperanza”, que promovió el reconocimiento de la diferencia, la justicia social, la libertad de expresión y manifestación. De acuerdo con las viejas prácticas priístas, el gobierno en turno ejerce airadamente la represión contra medios alternativos de comunicación, brigadas de información ciudadanas, grupos populares y movimientos sociales. No hay lugar para los pobres en el Distrito Federal. No hay vivienda que se pueda pagar con un salario de 60 pesos diarios, de modo que desalojos forzados, desahucios y rentas exorbitantes obligan a centenares de familias a vivir en la calle o buscar vivienda en la periferia de la Ciudad mientras se acrecienta la construcción de condominios de lujo, que sólo unos pocos pueden pagar. Ni hablar del aumento al costo en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, principal medio de movilidad de los trabajadores y trabajadoras. En este escenario no es vano preguntarse si es de izquierda el Gobierno del Distrito Federal. ¿Es éste un gobierno del pueblo? Un auténtico gobierno de izquierda debe promover cambios en todos los ámbitos, entre los que destacan la procuración de justicia y una nueva política de seguridad pública no represiva ni discriminadora. No es un proceso sencillo, se tiene que luchar contra inercias, viejos hábitos y fuerzas retrógradas enquistadas en las instituciones. Es manifiesto que en los países en los que la izquierda ha llegado al poder se han dado progresos democráticos, pero en lo que se refiere al actuar de los cuerpos policiacos, la procuración de justicia y el sistema penitenciario, los cambios han sido muy lentos. Una de las razones de lo anterior es que las policías, la sociedad e incluso el nuevo gobierno tienen internalizado y estructurado el clasismo y el racismo. En la mayoría de países latinoamericanos se criminaliza la pobreza, así como el color de piel y la pertenencia a alguna etnia. En algunas ocasiones llegan al gobierno fuerzas políticas progresistas pero emanadas de las clases acomodadas, empresarios con buena conciencia, profesionistas o clases medias que buscan sacar a sus países del atraso, pero que dentro de sí llevan los viejos prejuicios contra la plebe. En realidad no son gobiernos del pueblo y, por tanto, muy en el fondo siguen sosteniendo que los pobres son, o bien ovejas a las que hay que conducir o potenciales delincuentes a los que hay que contener. Parece que los ricos, los blancos, los privilegiados que gobiernan, lo hacen a favor de intereses en los que el odio, el exterminio, el destierro y la exclusión de los pobres es política pública fundamental. Lo más grave es cuando en la gente humilde permea la ideología del oligarca y hace suyo ese odio, reproduciendo la semilla que lo genera: la ignorancia del otro, el temor y la estigmatización que genera el consenso social, que luego utilizan los gobiernos para ejecutar acciones fuera del marco de derechos humanos. La más reciente encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México revela como causas de discriminación la pobreza, con 19 por ciento; color de piel, con 17 por ciento; situación económica, con 11 por ciento; clase social, con 7 por ciento; ignorancia, 7 por ciento; y educación, 7 por ciento. Sin embargo, los porcentajes de la pobreza, la situación económica y la clase social se pueden sumar porque en realidad son tres maneras de nombrar lo mismo. En total arrojan un 37 por ciento. Por otro lado, el color de piel está relacionado con la condición social: la gran mayoría de las personas en pobreza extrema son indígenas o de piel morena o negra y, en contraparte, la gran mayoría de los magnates del país son de piel blanca. La ignorancia o la falta de educación son en buena medida consecuencia de la miseria. A la pregunta: ¿cuál es la principal forma en la que se discrimina a las personas pobres? La encuesta menciona el trato humillante; el pago menor por trabajo igual; señalamientos por la apariencia y forma de vestir; la negativa para entrar en algunos lugares, obtener empleos y oportunidades, servicios públicos y acceso a la justicia. En México 53.3 millones de personas son pobres, lo cual quiere decir que cerca de la mitad de la población del país es discriminada, despreciada y ninguneada. Esto es grave y no se soluciona únicamente con campañas de tolerancia, respeto y trato igualitario, que es como decir: “que sigan en la pobreza pero no los traten mal”. La solución de fondo está en la eliminación de la miseria. Resultado de una política económica equivocada, la pobreza tiene su mayor y más grave expresión en la existencia de poblaciones callejeras. Jóvenes en su mayoría, pobres entre los pobres, son ahora el blanco no de una política de inclusión y justicia social, sino de acoso, hostigamiento e incluso persecución por parte del Gobierno del Distrito Federal. Son víctimas de discriminación, desaparición forzada, trata de personas, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, juicios injustos y desventajosos. Esto es el indicador más revelador de la degradación de nuestras instituciones. Para muestra un botón: el desalojo forzado de poblaciones callejeras de la calle Artículo 123, el denominado “Grupo Juárez”. El 22 de abril de 2014, antes del mediodía, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron con violencia al “Grupo Juárez”. Sus pertenencias (alimentos, colchones, cobijas, carriolas, dinero, ropa, zapatos, documentos) fueron destruidas y depositadas en un camión recolector de basura

“Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes

“Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes 18 de mayo de 2016 Por: Miguel Concha México padece una sistemática violación en los derechos sociales de su población. En este artículo me ocuparé de violaciones sobre todo al derecho a la salud y a la alimentación de las personas. Tomo como base un valioso documental presentado en semanas pasadas en diversas salas de cine de la Ciudad México, entre ellas la Cineteca Nacional, titulado Dulce agonía (www.youtube.com/watch?v=4Y-WslZoV9c). Precisamente es en esta polémica cinta donde se da rostro y nombre a la catástrofe nacional provocada por la epidemia de la obesidad y la diabetes. El primer dato es por demás alarmante: 500 mil personas murieron por diabetes en el sexenio pasado. Hoy en día, más de 4.5 millones de enfermos no tienen una atención médica adecuada y de calidad en el sistema público. Además, en 2013 se registraron 75 mil amputaciones en México provocadas por la diabetes. El documental –del cual es productor ejecutivo Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, y cuya dirección estuvo a cargo de Alejandro Tagle y Amaranta Rodríguez– da cuenta de la historia de don Gonzalo, quien, junto con varios testigos más, comparte los padecimientos que sufre a causa de este problema de salud pública. En él se recaban también las opiniones de más de 20 personas expertas, y se analizan exhaustivamente las maniobras de mercadotecnia, cabildeo e influencia política que usan la industria refresquera y de comida rápida para “conquistar” a sus potenciales clientes. Dulce agonía expone ante la opinión pública un Estado ausente y omiso en la protección de los derechos a la salud y a la alimentación, y a su vez pone de manifiesto la intervención de capitales privados para que los gobiernos omitan todo tipo de política pública en materia de regulación, que busque frenar la epidemia que han generado grandes corporaciones del ámbito refresquero y de alimentos industrializados. El documental entrelaza las historias de Gonzalo Hernández, Pedro López, María Velázquez, Alfonso Vizcarra, Aurora Sandoval y José Ramírez, todas ellas son personas en edad productiva, pero que a causa de su enfermedad enfrentan severos problemas de salud –que además les representa un gasto que no pueden pagar– y que van desde amputaciones hasta la muerte, pasando por la ceguera. A través de este medio audiovisual se evidencian las formas perversas que usa el mercado de la industria refresquera, y cómo éste adapta su publicidad y costos para llegar incluso a los pueblos indígenas de México, mediante la publicidad en su propia lengua, disminuyendo los precios de sus productos con respecto a otras zonas del país incentivando el consumo del refresco, para finalmente invadir así sus ritos y costumbres. Expertos de diversas instituciones señalan con mucha razón en el documental que, al ritmo que crece la epidemia de diabetes, no hay capacidad humana y recursos públicos suficientes en los estados para atender el denominado “pie diabético” e impedir amputaciones. Por ello es recurrente que el sector salud realice, como principal medio para resolver esta situación, ablaciones masivas. Se pueden escuchar las voces de destacados médicos, nutriólogos, pediatras y especialistas en el tema, tales como Julieta Ponce, del Centro de Orientación Alimentaria, AC; Marcos Arana, del Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud; Kelly D Brownell, del Centro Rudd para Políticas Alimentarias y Obesidad de la Universidad de Yale; y Walter Willet, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, entre otros. Por su parte, el médico Francisco Martínez, de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, comenta que la diabetes es la primera causa de ceguera en la población económicamente activa. Se trata de un mal irreversible y representa, primeramente para las familias y en general para el país, un impacto económico muy grande y difícil de solventar. Según la información proporcionada en el documental, el costo total de la diabetes en México pasó de 2 mil 970 millones de pesos en 2003, a 8 mil 836 millones en 2010. Y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una persona con sobrepeso gasta 25 por ciento más en servicios de salud, presenta ausentismo laboral recurrente, y gana menos del 18 por ciento que el resto de la población sana. En la entrevista que hicieron al relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas, para este trabajo, se advierte sobre la “Coca-Colonización” que sufre México. El relator hace un llamado al Estado mexicano para proteger el derecho de las personas a la salud y sugiere, como siempre lo ha hecho, que se modifiquen las políticas públicas, pues deberían contener un fuerte componente de prevención, el cual comienza por incentivar y transversalizar otros hábitos de alimentación entre las personas y las comunidades. El filme señala también el grado de responsabilidad que tiene esta empresa en la epidemia de diabetes que vive México, y cómo es que con el paso de los años va en aumento el consumo de estas bebidas y, por tanto, la imposibilidad de frenar este grave problema. En el caso de las niñas y niños el panorama no se muestra mejor. Actualmente se ha observado una alta cifra de infancia con diabetes como consecuencia del deterioro de hábitos alimenticios y de la alta ingesta de bebidas y productos azucarados. El médico Juan Rivera, director adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, comparte que uno de cada tres escolares y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, lo que hace que México sea uno de los países que tiene prevalencias mayores en todo el mundo. En la Encuesta nacional de salud y nutrición 2012, la prevalencia de sobrepeso para la población escolar (5-11 años) fue de 19.8 por ciento, y la de obesidad de 14.6 por ciento. El médico Salvador Villalpando, quien dirige la Clínica de Obesidad del Hospital Infantil de México Federico Gómez, pregunta: “¿Te costaría trabajo pensar en un niño de 11 años que tuviera presión alta,

Derechos comprometidos

Derechos comprometidos 20 de abril de 2014 Por: Salomé Almaraz Reyes Antes de terminar su sexenio al frente de la Presidencia de la República, Felipe Calderón Hinojosa comenzó lo que hasta hoy día conforman las llamadas “grandes reformas estructurales”, las cuales, en el trasfondo, no son más que la consolidación de medidas tecnocráticas que van en detrimento de los derechos sociales resguardados tanto en instrumentos internacionales como en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma laboral, aprobada a la salida de Calderón, fue sólo el principio del detrimento en la garantía y protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras en nuestro país. Estos cambios se han profundizado con la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde su toma de protesta ha impulsado una serie de cambios que solamente tienen un efecto: reducir prestaciones y elevar impuestos. Recordemos que la reforma hacendaria, en su principio más profundo, buscaba el aumento al impuesto al valor agregado en medicina y alimentos, afectando el ingreso de las y los trabajadores y significando un duro golpe a los sectores en situación de pobreza y pobreza extrema, medida que se justificaba necesaria para el gobierno federal, mucho más teniendo en cuenta que con la reforma energética se perderían ingresos por la renta petrolera. En sí misma, toda la política fiscal y legislativa propuesta y realizada sólo busca como meta el financiamiento de capitales externos y reducir el bienestar y la garantía de derechos. ¿Cómo se pretende lograr esto? “Actualizando” el cuadro de beneficios que debe brindar un Estado, es decir, reducirlo para disfrazar el abandono que el Estado mexicano tiene en materia de obligaciones hacia los derechos sociales. Amparándose en la Recomendación sobre los Pisos de Protección Social 2012 (R202) establecida por la Organización Internacional del Trabajo, el actual gobierno federal busca efectuar una reforma que en su discurso asevera el supuesto contrapeso social con la propuesta de la ejecución de la seguridad social universal; propuesta que en realidad limitaba estos derechos, ya que lo que se discute hoy día en las cámaras del Legislativo distan mucho de la universalidad de la seguridad social. Las reformas contemplan solamente dos de estos derechos: seguro de desempleo y pensión universal. Empero, por la manera en que funciona, el seguro de desempleo sólo será accesible para aquellas personas que coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales deberán conformar una subcuenta con el 1.5 por ciento que aportará la Federación y 3 puntos porcentuales del 5 por ciento del salario que aporta el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Además, la o el trabajador sólo podrá generar el fondo mixto para el seguro de desempleo una vez que haya cotizado 3 años (mientras que los trabajadores temporales deben tener 6 meses ininterrumpidos en un periodo de 12 meses), y únicamente se podrá disponer de él si demuestran 45 días de desempleo para, finalmente, sólo contar de 3 a 6 mensualidades, las que una vez agotadas ya no le permitirán acceder a este seguro. La actual reforma no tiene la intención de generar programas o recursos que permitan la garantía de estos derechos. Con la propuesta de que sea financiada con la partida del Infonavit, el Estado mexicano está delegando la responsabilidad de generar y asignar recursos a los propios trabajadores, lo cual a su vez pone en riesgo su fondo de vivienda. En materia del derecho a la vivienda, esto representa un golpe más al ya lastimado sistema de vivienda social con lo cual el Estado mexicano incumple obligaciones de garantizar y respetar, pues lleva a cabo medidas que restringe a las y los trabajadores su capacidad de acceso al derecho a una vivienda digna. En un país que restringe el derecho a la salud con la limitante que significa la atención dentro del Seguro Popular con sus 284 intervenciones; que niega derechos laborales gracias a la desregulación laboral con los nuevos tipos de contratación como el outsourcing (subcontratación) y se presenta como salarialmente barato, se aúna este “piso básico” para la protección social, el cual limita el goce de derechos sociales y delega la responsabilidad de su garantía y goce en los trabajadores, quienes deberán solventar ellos mismos estos seguros. Esta medida sólo se une a una serie de reformas que han provocado el descalabro en la garantía de los derechos a la salud y a la vivienda y a los derechos laborales. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada (modificada) : Antonio Marín Segovia Entradas relacionadas: México ante el escrutinio internacional Producción de alimentos y amenazas para el campo mexicano Desarrollo con inclusión social Violaciones graves a los derechos humanos en Huitzilan de Serdán Los derechos culturales: herramientas para la defensa de la dignidad La orden de “abatir” y el deber de investigar a los mandos castrenses Restricción y suspensión de derechos y garantías en México Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas El estigma de ser pobre: persecución de poblaciones callejeras en el Distrito Federal Obstáculos a la transparencia

Memorándum de Amnistía Internacional a Peña Nieto

Memorándum de Amnistía Internacional a Peña Nieto 23 de marzo de 2014 Por: Miguel Concha México tiene retos que reclaman solución urgente e ineludible en materia de derechos humanos. La presencia en México de Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dejó constancia de la profunda preocupación que le causa a la comunidad internacional la situación de los derechos humanos en el país. El representante de la organización humanitaria entregó el pasado 17 de febrero al presidente Enrique Peña Nieto el memorándum Los retos de México en materia de derechos humanos. En ese documento, Amnistía Internacional analiza y recomienda a la Presidencia de la República realizar acciones muy concretas en nueve tópicos fundamentales: reformas de derechos humanos; seguridad pública y derechos humanos; desapariciones, tortura y malos tratos; sistema de justicia penal; justicia militar; migrantes irregulares; personas defensoras de derechos humanos y periodistas; derechos humanos de las mujeres; y derechos de los pueblos indígenas. En el memorándum se conmina al representante del Estado mexicano a combatir con efectividad las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y a “hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos”. Peña Nieto se comprometió a emitir una declaración, reconociendo y anunciando las medidas que tomaría. A 1 mes de esta reunión, esta declaración no ha tenido lugar; tan es así que Amnistía Internacional ha emprendido una campaña para que el grueso de la ciudadanía firme una petición para exigir que el presidente asuma de forma inmediata estos compromisos. No es éste el único pronunciamiento pendiente del gobierno mexicano. En este mes de marzo debe anunciar también y con formalidad cuáles recomendaciones adoptará de las 176 realizadas en 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que toca al contenido del memorándum referido, hemos visto con agrado que el diagnóstico y recomendaciones emitidas son pertinentes, y desde luego hacen eco de lo que numerosas personas y organizaciones civiles y sociales en defensa de los derechos humanos hemos venido exigiendo a lo largo de estos últimos sexenios. Sin embargo, el desastre en materia de derechos humanos que viven las y los mexicanos es de tal magnitud, que desborda las temáticas que aparecen en el informe de Amnistía Internacional. Así las cosas, queremos aprovechar este espacio para abonar sobre algunos puntos que lamentablemente no son referidos en el escrito entregado a Peña Nieto, y que forman parte muy importante de las agendas de lucha de las defensoras y defensores de derechos humanos (asuntos sobre los que es importante que el gobierno federal se pronuncie con claridad y asuma compromisos inmediatos). El primero que queremos tratar se refiere a la fallida guerra contra el narcotráfico y la utilización de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Estas acciones son fuente sistemática de violaciones a derechos humanos, lo que nos lleva no sólo a pronunciarnos para que sean juzgadas en tribunales civiles, sino a reiterar el llamado a que el gobierno federal trace una estrategia de seguridad que permita el retiro paulatino de militares en funciones de policía. En materia laboral, podemos decir que el trabajo digno y bien remunerado es una verdadera rareza en el país. Las autoridades, más que velar por el respeto a los derechos que la clase trabajadora conserva a pesar de la contrarreforma laboral, parecen más interesadas en desalentarlos cuando emprenden un proceso legal contra un patrón abusivo, y en cubrir la responsabilidad de los empleadores en los desastres industriales, como el dramático caso de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila. Las autoridades además entorpecen y obstaculizan la libertad sindical mediante un actuar faccioso de las juntas de Conciliación y Arbitraje. El derecho a la alimentación está igualmente vulnerado. Se hace necesario emitir una ley que reglamente las disposiciones constitucionales que garantizan su ejercicio. Esta ley tendría que ir acompañada de una política de impulso al campo, protección de la biodiversidad y rechazo enérgico de la introducción de semillas transgénicas. Ésas y otras medidas similares crearían las condiciones para que el derecho a la alimentación sea efectivo. Programas asistencialistas, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, son paliativos más orientados a la propaganda que a la solución real de los problemas. A lo largo del país se han desplegado diversos megaproyectos, que van desde autopistas –como en Xochicuatla– hasta el reordenamiento urbano –como las supervías Poniente y Oriente–, y las grandes explotaciones mineras. Estos megaproyectos, ya sean de empresas privadas o del Estado, atropellan diversos derechos, como el derecho a la consulta oportuna, libre e informada, a un ambiente sano, a la vivienda (generalmente, los pobladores son desplazados con 1 mil tretas), al empleo y a la salud. El derecho a la educación no se encuentra en mejores condiciones. Para los hijos de los más pobres continúa siendo apenas una aspiración o un lujo. En la zona metropolitana el ingreso al bachillerato es sujeto a un concurso que excluye a por lo menos 150 mil jóvenes cada año. Señalaba el profesor Hugo Aboites –allá por mediados de 2012, y lamentablemente la situación continúa vigente– que no es justificable que el ejercicio del derecho a la educación y el acceso a los lugares disponibles en los planteles esté sujeto a “un examen cuyos resultados proclaman que unos tienen más derecho que otros”, sino que, como todo derecho, debe garantizarse la igualdad en su ejercicio. Así también, la mal llamada reforma educativa, que pone en manos de las familias el sostén de los centros escolares, reduce la posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes mexicanos puedan formarse, adquirir un oficio o profesión y, consecuentemente, obtener un empleo remunerador cuando adultos. Es necesario que el Estado mexicano asuma verdaderamente la obligación que tiene, y destine recursos suficientes para la construcción y ampliación de planteles escolares, así como para la contratación de personal docente de base. Para finalizar, es importante señalar que las contrarreformas laboral, educativa, financiera, fiscal, política y energética,