“Línea” en el caso Aranda Ochoa
“Línea” en el caso Aranda Ochoa 16 de febrero de 2014 Por: CDHFFV Pocos casos constituyen tan claro ejemplo de que es posible mejorar como persona después de haber estado en prisión, como el de los hermanos Aranda Ochoa, quienes han sido defendidos en diversos momentos por organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red Tdt). Actualmente, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, es codenunciante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las violaciones a sus derechos al acceso a la justicia, debido proceso e integridad personal, documentadas en este caso. Los hermanos Aranda llevan casi 18 años en prisión, más de dos tercios de su sentencia, por haber sido acusados de un secuestro y de intentar otro; en ambos casos se trató de familiares de políticos de regímenes pasados. Han cumplido en su mayor parte dicha condena, no obstante que ésta haya sido muy cuestionada debido a que está infestada de irregularidades y arbitrariedades, como la desaparición de evidencias, de informes médicos, contradicciones de la parte acusadora, entre otras. Ahora se comete una más al negarles los beneficios de preliberación a los que tienen derecho al cumplir con todos los requisitos que exige la ley, los cuales se ganaron ejemplarmente pese a las adversidades y extremas condiciones de carencia en el reclusorio. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ha sido claramente adverso y no ha tomado en consideración dichas anomalías jurídicas, pero sí ha tomado disposiciones que les han perjudicado, por ejemplo, haber cambiado al juez el día de la sentencia de la reposición de procedimiento que ordenó un tribunal federal en 2005. Además, durante 1 año, los inculpados presentaron testimonios de descargo en audiencias en las que no estuvo presente el improvisado juez sustituto. Hayan sido culpables, suponiendo sin conceder, y sólo comprobándose, según se desprende del expediente, que a diferencia de cualquier secuestro mercenario no se habría amenazado con causarle algún daño, no tratándose de un caso de delincuencia organizada, la existencia de un perfil ideológico, el excepcional buen trato, en palabras de la misma presunta plagiada, ya habrían pagado con creces la presunta culpabilidad, como lo demuestran notas técnicas y laudatorias por méritos excepcionales durante su reclusión, rubricadas por las autoridades de todas las áreas penitenciarias. Aún más a sabiendas de que uno de ellos se graduó en la carrera de derecho; el otro, como maestro en Kundalini Yoga, además de obtener 14 premios nacionales de literatura y el Premio al Fomento de la Lectura México Lee 2011, entregado por primera vez a un preso; ha escrito ocho libros aún inéditos y un guión cinematográfico en su reclusión. Ambos han impartido clases ininterrumpidamente en el Centro Escolar del reclusorio. A uno le negaron beneficios al aplicar retroactivamente una ley en su perjuicio, medida claramente inconstitucional; a otro, por haber participado en “pocos cursos”: sólo le validaron 19 de los 82 que acreditó de manera documentada. Sería deseable constatar que no existe línea desde las cúpulas del poder para no conceder beneficios, en general, a los delitos considerados de alto impacto social, máxime que aún no hay legislación que lo prohíba. Entonces, la subrepticia medida sería anticonstitucional, discriminatoria e implicaría castigar dos veces por los mismos hechos, y por ende una grave violación de derechos humanos y a la independencia de jueces y magistrados, a quienes se les obliga, en algunos casos, a firmar resoluciones aberrantes. Con todo esto se manda un pésimo y riesgoso mensaje a las personas que se enfrentan a las desesperantes situaciones en el sistema de justicia mexicano, que por más cursos que tomaran o participaran en actividades rehabilitadoras no se les concederían beneficios que tienen por derecho. Se activa entonces una bomba de tiempo que complica la labor de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, además de ir en contra de los derechos de las personas en reclusión. Más grave aún sería que en un estado de derecho se combatan los actos delictuosos con disposiciones dictadas desde la extralegalidad. En el caso que nos ocupa, la resolución negativa robustecerá la denuncia presentada desde 2013 ante la CIDH, aunado a que sufren hostigamiento constante. Otro aspecto importante es que se falsificó la firma de uno de sus abogados, a fin de pedir la preliberación prematuramente, justo en el momento de un sonado secuestro, queriendo así sabotear la posibilidad de salir de la cárcel. Los hermanos Aranda no sólo han recibido apoyo de organizaciones no gubernamentales, sindicatos u organizaciones políticas de izquierda, sino que internacionalmente lo han tenido de Lawyer’s Committee for Human Rights, que publicó un libro sobre derechos humanos donde el primer anexo es sobre este caso. Asimismo, el Pen Club ha enviado varias cartas a autoridades mexicanas solicitando la liberación de los hermanos Aranda Ochoa y ha dado espacio en sus congresos internacionales a la lectura de poemas de Enrique. Amnistía Internacional, en su investigación Juicios injustos; tortura en la administración de justicia en México, publicada en 2003, tiene entre uno de sus anexos este caso. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 12/2002 por tortura y violación de garantías jurídicas. Aún permanece abierta, después de 15 años, la averiguación previa contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin que se le haya podido dar carpetazo pese a los reiterados intentos, apostándose a una vergonzosa prescripción de los delitos cometidos. ¿Cómo podrían los hermanos Aranda Ochoa defraudar toda la confianza que tantas organizaciones han depositado en ellos? Posibilitar la libertad a que tienen derecho no es únicamente un acto humanitario de elemental justicia, sino que jurídica y éticamente es correcto y conveniente conforme a la razón y el corazón humanos. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada (modificado): Sexta-Azcapotzalco Entradas relacionadas: “Dulce agonía”: epidemia de obesidad y diabetes La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos Atacado en Belice, padece negligencia de instituciones mexicanas Desarrollo
Violaciones a los derechos humanos en San Pedro Mártir
Violaciones a los derechos humanos en San Pedro Mártir 26 de enero de 2014 Por: Miguel Concha El pueblo de San Pedro Mártir está localizado al Sur de la Ciudad de México. Ha sido una comunidad, desde siempre, que alberga en su interior una profunda solidaridad, que brinda desinteresadamente a movimientos, organizaciones y colectivos sociales que se organizan para defender sus territorios, sus derechos y su dignidad en el Distrito Federal y en el país. San Pedro Mártir es así un testimonio de esperanza, justicia y convivialidad comunitaria urbana. Su proceso organizativo de más de 40 años le otorga además el título de pueblo fraterno, de pueblo hermano. Lamentablemente hoy día sufre graves violaciones a sus derechos humanos. En septiembre de 2011 inició una lucha pacífica contra la imposición ilegal de una gasolinera en su territorio que, entre otras cosas, pone en riesgo los derechos a la vida y a la movilidad de sus habitantes. Para octubre de ese mismo año las y los vecinos instalaron el campamento Ixtliyólotl (“Por la vida y la dignidad”), con la finalidad de impedir su establecimiento. Todo ello con base en las constantes irregularidades que el proceso de construcción implica: en ningún momento se informó a la comunidad sobre dicho inmueble, y cuando lo solicitó, tampoco se le proporcionó información. Sus principales preocupaciones ahora tienen que ver con el peligro que esta gasolinera le acarrea y con los daños al medio ambiente que ocasionaría; así como el nulo proceso de participación de sus habitantes para elegir y opinar sobre el modelo urbano que más les beneficiaría en su territorio. Las autoridades, por el contrario, han privilegiado los intereses económicos de empresas dedicadas, en este caso, a la distribución de gasolina, y no titubean en aplicar la ley a personas que a su juicio son incómodas y se oponen al “desarrollo de la Ciudad”. Así lo constatamos el pasado 25 de diciembre, cuando alrededor de las 6 y media de la mañana, aprovechando las circunstancias especiales de asueto de esa fecha, fue sorpresivamente desalojado el campamento con extremo y excesivo uso de la fuerza pública, sin mayor argumento que el de “ocupan un espacio privado”. El despliegue de granaderos ascendió a más de 500 elementos, lo cual deja entrever la colusión entre el gobierno de la delegación de Tlalpan y el gobierno central del Distrito Federal para beneficiar a la empresa CorpoGas. La defensa de los vecinos no ha sido sólo a través de actos pacíficos de resistencia. También tiene un componente jurídico. Han ganado varios juicios relacionados con los permisos ilegales de construcción de la gasolinera. Las instancias judiciales les han dado razón favorable a sus demandas, pues se ha demostrado cómo las autoridades permitieron indebidamente la construcción, violando, entre otros, el uso de suelo y las normas ambientales. Los tres juicios iniciados por las y los habitantes dan cuenta de ello. En este momento aguardan la resolución de un amparo interpuesto en contra de una resolución que benefició a la empresa gasolinera, sin que los impartidores de justicia hayan ido al fondo del asunto. Ahora al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, encargado de administrar justicia en los casos en donde haya controversias entre personas físicas y morales, y las autoridades de la administración pública y paraestatal del Distrito Federal, le toca resolver este caso, que esperamos sea a favor de los derechos humanos del pueblo de San Pedro Mártir. De lo contrario quedará más al descubierto la descomposición institucional por la que pasan los órganos encargados de garantizar los derechos de las personas y de los colectivos. Este caso es uno más de los tantos que se presentan hoy en el Distrito Federal. En cada uno de ellos es evidente que el desarrollo de la Ciudad se hace conforme a los intereses económicos de unos cuantos, dejando de lado el derecho colectivo que las y los habitantes de determinado territorio tienen para ser consultados y elegir qué modelo de ciudad es adecuado y conforme a una vida de calidad, digna y sustentable. El Gobierno del Distrito Federal incurre constantemente en conflictos de este tipo con personas que por décadas han habitado ciertas zonas. Casos emblemáticos hay muchos. Por ejemplo, el de la Supervía Poniente, que violentó múltiples derechos de personas en la delegación La Magdalena Contreras. También el de la Arena Ciudad de México, y en últimas fechas el que existe entre habitantes del Oriente de la Ciudad y la administración central, debido a la construcción de la Autopista Urbana Oriente. El caso de San Pedro Mártir es otro de ellos. Sin duda se han venido diluyendo poco a poco los compromisos que los gobiernos de la Ciudad habían venido haciendo con sus habitantes. En el gobierno de Marcelo Ebrard se logró la firma de una Carta por el Derecho a la Ciudad, la cual contiene los lineamientos necesarios para transitar hacia una ciudad democrática, con justicia, garantía de nuestros derechos humanos y conforme a la responsabilidad ambiental. Ahora vemos cómo ese cometido se hace a un lado. El derecho a la ciudad sigue siendo, sin embargo, impulsado por movimientos sociales, en respuesta al erróneo desarrollo de ciudades basado simplemente en la lógica del mercado, el lucro y la acumulación del capital. Este derecho exige considerar a la Ciudad como un espacio en el que las personas satisfagan sus necesidades vitales, en el que no sea suficiente conformarse con lo que ya está, sino por el contrario transformarlo radicalmente y crear nuevas propuestas urbanísticas en beneficio de una vida digna para las comunidades, y no tanto para los intereses económicos de unos cuantos. Este derecho protege a las personas y colectividades de violaciones a su dignidad. Combina derechos económicos, políticos, sociales, civiles, culturales y ambientales sobre la base del interés común en proclamar nuevas formas de convivialidad en la Ciudad, que hallan relación con la sustentabilidad, la democracia y el desarrollo económico. Así como con propuestas vinculadas a la reproducción y gestión del hábitat, el manejo responsable de los bienes comunes, el disfrute
Por un manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA
Por un manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA 05 de enero de 2014 Por: José de Jesús Palacios Serrato El derecho (las leyes, la doctrina, los principios, la jurisprudencia, etcétera) es innegablemente un producto social; pero, como todo producto social, no surge en masa de toda la sociedad, sino de un proceso que refleja las diferenciaciones y tensiones de la misma. Es innegable también que el derecho ha sido elaborado tradicional y principalmente desde sectores que han detentado el poder político y económico, el cual se ha ido modificando por la inevitable manifestación de intereses de otros grupos, como los sindicatos, estudiantes o campesinos. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son un terreno jurídico que se ha ganado mayormente por movimientos sociales que reafirman y buscan el reconocimiento de la dignidad humana y de condiciones mínimas para vivir una vida digna y justa, es decir, no han sido concesiones gubernamentales sino el resultado de tensiones entre un pueblo cada vez más oprimido y gobiernos cada vez menos transigentes. En el año que recién concluyó, además de ser testigos de un embate cínico, cruel y progresivamente más contundente contra los derechos y las condiciones de vida digna de las personas, vemos que la defensa de los DESCA resulta estratégica y urgente. Desde una organización como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria vemos con preocupación cómo se va dilapidando de manera acelerada la calidad de vida de las personas. Las abogadas y abogados de las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos tenido que valernos de herramientas jurídicas que se han diseñado para defender múltiples derechos, pero que en la práctica sirven más bien para obstaculizarlos, o bien hemos tenido que enfrentarnos a imposibilidades de defensa por carecer de herramientas eficaces. También, muchos de los movimientos sociales y personas víctimas de alguna violación a sus derechos se han visto atadas de manos por la carencia de herramientas jurídicas, por las carencias técnicas de quienes los asesoran, por los entresijos y vericuetos de las figuras jurídicas o por la dificultad léxica que representa el discurso del derecho. Sin duda alguna, igualmente nos hemos enfrentado a las cargas ideológicas del derecho, a que algunas sentencias son tendenciosas y son expresamente resultado de intereses particulares que no se identifican con los intereses de las comunidades. Esta situación hace que percibamos el derecho como algo que sólo sirve a quienes poseen el poder económico y político, un arma de dominación y de opresión, que es ineficaz, inservible, que poco abona a las luchas populares, que poco hace por eliminar desigualdades… En pocas palabras, que el derecho les pertenece a otros. Ante esta preocupación surge la necesidad de que sean los movimientos, los intereses de los trabajadores, de las madres y padres de familia, de los estudiantes, quienes se apropien del derecho, que lo construyan y le den sus propios contenidos, sus propios significados. Los DESCA son derechos estratégicos. Su defensa y promoción es un asunto que debe importar tanto a los gobiernos como a la sociedad, puesto que por medio de estos derechos se fincan las condiciones dignas para que las personas puedan vivir de manera armónica, decorosa y justa. Además, al ser derechos que están íntimamente relacionados con la producción material de la vida, son derechos sumamente importantes y, en particular, delicados. Tal vez por esta razón sean los derechos que están detrás de las más variadas luchas y manifestaciones de la sociedad, la cual en su actuar disputa su exigibilidad legal y política, y su defensa judicial (judiciabilidad). La política de violación, opresión y saqueo ha minado las certezas jurídicas de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que se traduce en que sea cada vez más complicado exigir su cumplimiento, o exigirlos legítimamente a pesar de las obligaciones estatales de protegerlos, promoverlos, respetarlos y asegurarlos y de que se cumplan bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria estamos conscientes de este contexto y de estas necesidades y urgencias, y hemos pensado en recoger algunas experiencias de académicos, funcionarios, jueces y magistrados, defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales y víctimas de violaciones para la defensa de los DESCA, y nos hemos dado a la tarea de elaborar un Manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA que sirva como un paso en esa constante lucha por el derecho y por el reconocimiento de la dignidad de las personas. Este Manual será presentado este 7 de enero de 2014, y será motivo de mucha alegría para quienes participamos en él, pero también una responsabilidad para su formulación y refinamiento, pues se hizo pensando no en la dinámica que ha seguido el derecho constantemente, sino bajo la idea de que el derecho pueda servir para las causas populares, para las luchas sociales de los excluidos, de los pobres, de los vulnerados sistemática e históricamente. Sabemos que hay diferentes mecanismos para hacer exigibles los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pueden ser jurisdiccionales (que son los recursos legales establecidos en tratados internacionales, reformas, leyes, reglamentos, etcétera), o no jurisdiccionales (como las marchas, los plantones, las denuncias, el activismo artístico, etcétera). Todos pueden ser eficaces o combinarse para lograr una defensa integral; quizá algunos grupos sociales han encontrado más capacidad en algunos en comparación con otros; sin embargo, lo que buscamos recoger con este Manual son las herramientas que nosotros vemos más eficaces –o que podemos volver más eficaces– y que sirva como guía, no como la verdad absoluta e inamovible. El Manual responde a la necesidad de aclarar el derecho, construir otra justicia y reinterpretar o reformular las leyes en favor de los derechos humanos, a favor de las personas que, por siglos, no han sido escuchadas, las personas que han sido el objeto de la depredación y la injusticia. Los criterios que le dieron origen a este documento son, por un lado, las posibilidades que representa la reforma constitucional en
Manual de Investigación para la defensa de los DESCA: Herramientas para la documentación y Análisis con perspectiva de derechos humanos
[et_pb_section fb_built=»1″ admin_label=»section» _builder_version=»3.22″][et_pb_row admin_label=»row» _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text admin_label=»Text» _builder_version=»4.7.3″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] Dentro de las actividades del Centro Vitoria, se encuentra el acompañamiento a procesos organizativos que desde distintas estrategias defienden promueven y exigen sus derechos, principalmente los DESCA. Ésta situación ha contribuido a que el análisis que, desde la organización se hace de los derechos, cuente con el componente teórico; y el de “terreno” El resultado es, que se cuenta con publicaciones complementarias pero sobre todo que son representativas, útiles y significativas; no sólo para las organizaciones civiles, el sector académico o inclusive el gubernamental, sino también y sobre todo para los movimientos sociales. El Manual de investigación para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: Herramientas para la Documentación y Análisis con Perspectiva de Derechos Humanos, representa la sistematización de la experiencia que ha tenido la organización, específicamente en las acciones de investigación sobre el estado que guardan los DESCA. [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Control del Espacio Público. Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno.
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] La protesta social puede entenderse de distintas maneras que encierran una misma lógica. Sea que se conciba como un derecho autónomo o como una de las variantes del ejercicio de otros derechos, como libertades de expresión y de reunión. La manifestación es un elemento indispensable de todas las sociedades democráticas. Es, al mismo tiempo, un canal para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones del gobierno de las personas y comunidades. Además, es un catalizador del debate abierto de los temas de interés público, un mecanismo de participación política y un instrumento de defensa y garantía de muchos otros derechos que son consustanciales para la dignidad humana. La protesta es un elemento integrador y esencial del orden democrático. Como núcleo esencial de la democracia opera como una garantía de derechos. Es un dispositivo de protección y autotutela, entendida como un mecanismo de acción en el que los titulares de un derecho emplean vías directas para su exigencia o defensa, sobre todo ante la ineficiencia de los mecanismos jurídicos existentes y la indiferencia gubernamental frente a un problema social. El derecho a la protesta social integra y emplea los derechos constitucionales de reunión, manifestación de las ideas y libre expresión, asociación y petición, entre otros. De ahí su compleja naturaleza jurídica y su interacción: es un derecho compuesto por otros derechos que sirven de medio para proteger, exigir y hacer vigente algún otro derecho o derechos. En democracia, existen distintos principios que funcionan como elementos necesarios e indispensables (como condiciones o precondiciones democráticas) que deben cumplirse de manera efectiva por el Estado. La ausencia, lesión o distanciamiento de estos principios, aleja al sistema de que se trate, de un sistema verdaderamente democrático. Ahí donde estos principios han sido suplantados u olvidados, la idea de la democracia no puede sostenerse. De esta manera, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la participación, el respeto y reconocimiento del otro, la libre determinación o autonomía, entre otros, son principios que deben ser garantizados por el Estado. Todos ellos son transversales a la protesta social; es a partir de su respeto y robustecimiento, que la protesta puede ser ejercida de manera plena y adecuada en términos democráticos. La protesta social se vincula históricamente con el fortalecimiento de la vida democrática en la medida que opera como un elemento que posibilita la deliberación, consenso y resolución sobre cuestiones de interés público y trasparentar así las determinaciones del Estado. Es un fenómeno que dinamiza la acción colectiva y permite llevar al espacio público los requerimientos de sectores sociales desaventajados que sin este mecanismo no podrían ser atendidos y representados en los canales de diálogo institucionales. Sin embargo, la protesta social no pasa por un buen momento en la actualidad. Distintos gobiernos en el mundo han mostrado la dificultad de relacionarse con ella y han cometido, por acción o por omisión, violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan. A través de distintos mecanismos, se han tomado acciones de diferente nivel para intentar limitar las voces disidentes y los espacios de protesta. Muchas de las democracias hoy en día no cuentan con mecanismos formales de participación y de respuesta a las demandas de distintos grupos, que se consideran oprimidos o que no están de acuerdo con las políticas gubernamentales, y si existen muchos de ellos son inoperantes ante ciertos grupos sociales, además se utilizan métodos tanto directos como indirectos de limitación ilegítima de la protesta social. Este documento pretende hacer un primer acercamiento al tema de la protesta social en México, enfocado sobretodo en el marco de la nueva administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto. A lo largo del texto, analizamos e informamos sobre el contexto en que se da la criminalización de la protesta social. Pasamos luego al análisis de los criterios internacionales en la materia, y analizamos posteriormente la legislación que pone en riesgo derechos humanos, además compartimos las acciones, que a nivel nacional e internacional, emprendimos organizaciones defensoras de derechos humanos para denunciar los intentos de los gobiernos para criminalizar a personas y colectivos que hacen uso del legítimo derecho a la protesta social, por último realizamos algunas recomendaciones o criterios orientados a los gobiernos tanto federal como estales en relación a los derechos asociados con la protesta y la manifestación social. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está conformado por: Article 19 Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC Centro de Derechos HumanosMiguel Agustín Pro Juárez, AC Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), AC Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa; Fundar Centro de Análisis e Investigación,AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC; Propuesta Cívica, AC; Servicios y Asesoría para la Paz, AC; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos p [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»http://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2018/05/control_espacio_publico_fleps_2014.pdf» button_text=»Descargar documento» button_alignment=»center» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] Este Segundo Diagnóstico realiza un análisis de 59 casos acompañados por las organizaciones que se agrupan en el Espacio_OSC documentados entre noviembre de 2012 (instalación del Mecanismo de Protección) y noviembre de 2014. También realiza un análisis cualitativo del funcionamiento del Mecanismo de Protección que concluye con recomendaciones que permitirían al mismo brindar una mejor atención a las personas defensora y periodistas que ven en riesgo su labor y su integridad física. La comunicación entre el Consejo y el Espacio OSC ha sido fundamental para la elaboración de este Segundo Diagnóstico. Las organizaciones que integran el Espacio de OSC, acompañado por Amnistía Internacional (AI) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI), por orden alfabético son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Artículo 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México AMARC-Mx, Casa de Derechos del Periodista, Casa del Migrante Saltillo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comunicación e Información de la Mujer A.C.(CIMAC) Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), JASS Asociadas por lo Justo, Propuesta Cívica (PC), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), Reporteros sin Fronteras, SMR: Scalabrinianas, misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio_OSC también cuenta con una red a la que se han sumado organizaciones de diversos estados a las que informa y brinda orientación sobre como presentar casos ante el Mecanismo de Protección Federal, así como para compartir experiencias para brindar protección. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1_5HvJrJKQXlrszedF2b7yU_hC4U78Ucm/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Informe sobre las personas privadas de su libertad presentado al Relator Especial de la ONU
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] En el marco de la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes el señor Juan E. Méndez durante el primer semestre del 2014, organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron información al Relator sobre diversos temas relacionados con las personas privadas de libertad. El informe plantea la necesidad de la implementación de la reforma de 2011 en materia de ejecución, así como la urgencia por transformar el sistema penitenciario mexicano acorde a estándares internacionales. La información recopilada en este documento confirma la tendencia de la política criminal actual a incrementar los niveles de encarcelamiento como única solución a los problemas de seguridad ciudadana. Documenta el incremento de los niveles de violencia, hacinamiento y sobrepoblación dentro del sistema penitenciario situación que impacta directamente en las condiciones de vida de las personas en situación de reclusión. También confirma que el uso de la tortura contra las personas en custodia del Estado ocurren durante el arresto y las primeras horas o días de la detención con fines de investigación criminal . Frente a esta situación es deber del Estado Mexicano realizar tomar las acciones necesarias para asegurar el trato humano y el respeto a la dignidad a toda persona privada de libertad. Presentado por: Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C. Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) Documenta Acción y Análisis para la Justicia Social (DOCUMENTA) Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. Universidad Iberoamericana de Puebla (IDHIESJ) [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1KYsB_XHGQVaQD1URi9WOhvj7aUo5-4el/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» button_alignment=»center» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Historia de 35 años del Dr. Miguel Concha Malo como defensor de derechos humanos
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] “Miguel Concha es una figura medular no sólo de la causa de los derechos humanos sino de la lucha por la democratización del país y por la dignificación de los de abajo» En una nación en donde el movimiento social está altamente fragmentado y dividido, Miguel Concha es una personalidad de unidad y consenso; en un país en el que sus clases dirigentes están corrompidas hasta la médula, el padre Concha es una referencia ética indiscutible. El doctor Concha presta su voz regularmente a quienes no la tienen, para que sean escuchados. Por eso, lo mismo es requerido como orador en las más importantes marchas campesinas del país, que como tribuno en conferencias y asambleas populares. Sin exagerar, puede asegurarse que él ha sido un puente central que comunica el mundo del catolicismo progresista y la izquierda atea (e incluso jacobina)”. Fragmento del Prólogo, Luis Hernández Navarro. “…siempre nos referimos a Miguel Concha Malo como Doctor, profesor, Padre, fraile o simplemente como Don Miguel. Existen todas estas formas de nombrarlo porque cada una simboliza la hebra de un hilo que se entreteje a lo largo de muchas luchas; quienes hemos tenido la fortuna de conocer a Don Miguel Concha sabemos que en su día a día él siempre ha procurado construir una vida sencilla y coherente con sus ideas. Compartimos ahora este trabajo desde nuestra indignación frente a las diversas violaciones a los derechos humanos que han manchado nuestra historia, desde la convicción de nuestra labor como personas defensoras de derechos humanos y desde la esperanza de reconocernos en la lucha, junto a un hombre que felizmentenos recuerda que, para la humanidad, todavía estamos a tiempo de generar transformaciones profundas”. Fragmento de la Introducción,Clara Gabriela Meyra Segura. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1QXdNy2IY08jvNHrS8KnjjPgbES7DP9OH/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
2014. Memorias 30 años del Centro Vitoria
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»4.7.3″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] En 2014 el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. celebró su 30 aniversario. Creado en 1984 por la Provincia de Santiago de la Orden de Predicadores en México, de inspiración cristiana y dominica, esta asociación civil sin fines de lucro, e independiente de cualquier partido político, realiza su labor con una vocación claramente laica. Las personas que formamos parte del Centro Vitoria nos asumimos con gran orgullo como defensoras y defensores de derechos humanos. Durante 30 años en México ha habido avances en materia de derechos humanos, como la aprobación de la reforma constitucional; sin embargo aún quedan pendientes, como su implementación y operatividad en diversos niveles de gobierno. También existen retos, como poner fin a las desigualdades económicas, políticas y sociales, terminar con la impunidad y garantizar la justicia. Este trabajo no se puede entender sin la participación de diversos actores, como la academia, los organismos internacionales no gubernamentales y la sociedad civil organizada; ni tampoco sin la fortaleza de aquellas personas que han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, que buscan la verdad, la memoria y la justicia. En este breve recuento de tres décadas de trabajo hemos decidido destacar algunos de los principales procesos en los que el Centro Vitoria ha participado e incidido, cumpliendo así sus objetivos de defender, promover difundir, investigar y reflexionar la situación de los derechos humanos, en México desde una visión integral, fundamentada en los instrumentos internacionales de derechos humanos y con trabajo a favor de los grupos de población en situación de vulnerabilidad. Con el único fin de no omitir injustamente a nadie, simplemente diré que han sido muchas las personas que forman y han formado parte de este Centro y a quienes debemos también nuestra gratitud por lo que cada una contribuyó al trabajo que realizamos. Asimismo agradezco a la Provincia de Santiago de México y al Centro Universitario Cultural (CUC) toda la colaboración, apoyo y respaldo que durante estos 30 años han brindado al CDHFV. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1gojPjQ0gX_W-H3_OWBNOQDeO4aKp183s/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Manual de exigibilidad del DH a la alimentación
Los DESCA contienen elementos clave para el buen vivir de las personas y los pueblos. Son los derechos que pueden ayudar a erradicar la pobreza a las que se las somete, por un sistema económico individualista, acaparador y depredador, basado en la lógica de la explotación y la acumulación. Podemos igualmente decir que constituyen la base esencial de la supervivencia de las personas y, en concreto, para alcanzar un nivel de vida adecuado y una vida digna, en la que pueden satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar al máximo sus capacidades. Como ejemplo tomemos el derecho a la alimentación adecuada y sana. Es estratégico que en nuestros procesos de construcción colectiva podamos conocer más sobre este derecho, sus definiciones y cuáles son los elementos que lo componen. Será igualmente importante comprender entre todas y todos, socializando nuestros saberes, cómo funciona el sistema internacional, en especial el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Conocer asimismo a detalle los marcos nacionales que lo reconocen y protegen. En el caso del derecho a la alimentación, se puede decir que no es el simple derecho a ser alimentado, sino principalmente el derecho a alimentarse en condiciones de dignidad. Se espera, pues, que las personas satisfagan sus propias necesidades con su propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos. Una persona debe vivir en condiciones que le permitan, o producir sus propios alimentos, o adquirirlos con facilidad y satisfacción. Para producir sus propios alimentos una persona necesita tierra, semillas, agua y otros bienes naturales; y para comprarlos necesita dinero y acceso a un sistema de comercio justo, donde no exista el acaparamiento de la distribución de alimentos por parte de las empresas. Si el Estado no garantiza el derecho humano a la alimentación en toda su amplitud, entonces incurre en graves violaciones a los derechos humanos. Es entonces importante que conozcamos los mecanismos de denuncia, exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la alimentación.
