Manual de herramientas jurídicas para la defensa de los DESCA en el DF
Las personas que integramos el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C. (de aquí en adelante, Centro Vitoria) estamos firmemente convencidas de que los derechos humanos deben verse reflejados en la vida de las personas, por lo tanto todas debemos tener herramientas disponibles que nos ayuden a defenderlos, y nuestro principio es que el Derecho no debe pertenecer sólo a los abogados, sino a todas y cada una de las personas que diariamente luchan por mejores condiciones de vida. El Manual de Herramientas Jurídicas para la Defensa de los DESCA en el Distrito Federal nace a partir de nuestra experiencia de más de 29 años defendiendo derechos humanos, así como de los más de 10 años en la defensa y promoción de los DESCA. Una motivación fundamental nace del acompañamiento a víctimas de violaciones del derecho a la vivienda, a la salud, a la alimentación, entre otros; y del interés de más personas en defender sus derechos. Por ello en 2013 nos dimos a la tarea de generar un proyecto que aportara en el conocimiento de tales acciones como herramientas cercanas y accesibles en la defensa jurídica de estos derechos, para lo que partimos desde las propias experiencias de las personas. En este Manual podemos encontrar la descripción de las herramientas tanto jurídicas como no jurídicas para la defensa de los DESCA. El Centro Vitoria y muchas organizaciones defensoras, así como los movimientos sociales, los mismos jueces y magistrados, los abogados postulantes independientes y los funcionarios públicos estamos convencidos de que los recursos jurídicos son indispensables en la actividad de defensa, por lo que es necesario que estos instrumentos se modifiquen, conserven y actualicen en razón de su eficacia y eficiencia; sin embargo también estamos conscientes de que en muchos de los casos los recursos jurídicos resultan insuficientes y de que las acciones que contribuyen a mejorar la posibilidad de defensa incluyen, también, acciones directas como el activismo artístico o las campañas de información en redes sociales. En las herramientas jurídicas tenemos al amparo, las acciones colectivas, el proceso de responsabilidad ambiental o el juicio de nulidad, que aunque no son todas, sí son las que son más utilizadas y las que más éxito han tenido o a las que más provecho les podemos sacar. En las herramientas no jurídicas tenemos los recursos de queja, las actividades de comunicación y las herramientas de acceso a la información, entre otras.
2 de octubre, deberes incumplidos
20 de octubre de 2013 Por: Miguel Concha No puedo iniciar este artículo sin señalar que el 2 de octubre es una fecha significativa para el país. La matanza de Tlatelolco en 1968 no se olvida, como tampoco el movimiento crítico y consciente que surge en su contexto. Sin embargo, podemos constatar con desazón que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esa grave violación a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos. Hasta entonces, nos corresponde a nosotros no sólo seguir exigiendo la verdad, el reconocimiento histórico de las víctimas (que la misma sociedad ha hecho gracias a su investigación sobre el pasado), la sanción de los responsables y, sobre todo, un cambio en el accionar de las autoridades frente a la protesta social legítima, que deje atrás los actos barbáricos y represivos ajenos a un modelo democrático de gobierno. Lamentablemente esto último está muy lejos de ser cierto, y fue otro triste 2 de octubre cuando las autoridades capitalinas volvieron a mostrar que la violencia por parte del Estado, la represión y la falta de capacitación y de respeto a la ley por parte de los cuerpos de seguridad son una realidad. Dicho esto, es tiempo de pasar a analizar los sucesos del 2 de octubre pasado. La marcha originalmente estaba programada para comenzar en la Plaza de las Tres Culturas y culminar en el Zócalo capitalino. Poco a poco se juntaron diversos contingentes en la Plaza de las Tres Culturas y a las 4 de la tarde, aproximadamente, comenzaron a caminar. En el trayecto por el Eje Central se comenzó a observar una fuerte presencia de granaderos y elementos de la policía bancaria e industrial. De igual forma, se comenzaron a notar grupos de personas vestidas de civil que acompañaban a estos cuerpos de seguridad. En algunos puntos de la marcha se incorporaron también grupos de los así llamados “anarquistas”, algunos de los cuales portaban instrumentos que pudieron ser usados como armas. Ante la imposición oficial de impedir la entrada al Zócalo, que por cierto estaba también resguardado por fuerzas federales, los manifestantes decidieron continuar su marcha rumbo al Monumento a la Independencia (el Ángel), suscitándose enfrentamientos en puntos como Avenida Hidalgo y el Paseo de la Reforma. Estos hechos requieren de un severo análisis, toda vez que a pesar de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas el 1 de diciembre de 2012, fuimos testigos de nueva cuenta de una serie de omisiones y acciones de las autoridades que constituyen nuevas violaciones, como la falta de previsión y preparación frente a una marcha de tal magnitud, detenciones ilegales, abusos y uso desproporcionado de la fuerza. Vimos cómo la policía, frente a un grupo de gente que la agredía, arremetió con violencia en contra de numerosos grupos de civiles, defensores de los derechos humanos que actuaban como observadores, y reporteros que cubrían el evento. Las imágenes que se presentan en los medios son contundentes: policías que agredían a familias que se refugiaban en un estacionamiento; presuntos policías vestidos de civil, y, contrariamente a lo que la normatividad establece, sin estar debidamente identificados, golpeando y deteniendo a jóvenes; granaderos arrojando piedras y golpeando con su casco a gente que buscaba refugio en tiendas y comercios, y elementos de esos cuerpos agrediendo a reporteros y defensores de derechos humanos, como los compañeros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes fueron golpeados mientras documentaban una agresión. Los hechos de los que hablo no pueden negarse, toda vez que están documentados y circulan en las redes sociales. Los hechos del pasado 2 de octubre deben analizarse con sumo cuidado. Estamos asistiendo a un patrón que se ha repetido con frecuencia en las expresiones sociales del último año. Y así como se debe esclarecer el origen, motivos, causas e intenciones de ciertos grupos que con acciones violentas demeritan manifestaciones legítimas, también es cierto que no queremos otro 1968. No queremos que el Estado tenga como único recurso frente a estos complejos problemas la respuesta punitiva y la consecuente falta de visión y de capacidad política para dialogar con los grupos o, en su caso, prever estos sucesos. Es lamentable que se hayan cometido delitos en contra de elementos de los cuerpos de seguridad poniendo en riesgo incluso su vida. Pero esto no puede tener como consecuencia la justificación del uso intempestivo, irracional y desproporcionado de la fuerza en contra de los manifestantes. De igual forma, es lamentable que estos sucesos desplacen a un segundo plano en la atención pública nacional, los actos y demandas que tuvieron como objeto conmemorar a las víctimas de uno de los sucesos más vergonzosos en la historia del país. Debemos seguir exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los actos sucedidos tanto el 2 de octubre de 1968, como el 2 de octubre de 2013. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Marysol*
Reconocimiento internacional en derechos humanos
Reconocimiento internacional en derechos humanos 29 de septiembre de 2013 Por: Miguel Concha El pasado 10 de septiembre, las 73 organizaciones mexicanas que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) recibieron en la Universidad Alcalá de Madrid el V Premio Rey de España en Derechos Humanos. El premio se otorga bienalmente y cabe destacar que, entre las 55 candidaturas internacionales postuladas, el jurado decidió otorgarlo por unanimidad a la Red TDT de México. El galardón es desde luego un referente en los reconocimientos en derechos humanos, pero, más allá de ello, permite visibilizar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, y potenciar su presencia y voz crítica entre muchos países. Hace visible también la lucha que día a día realizan hombres y mujeres para defender la dignidad humana mediante la defensa y promoción de distintos derechos. A casi 1 año de la entrada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la situación de los derechos humanos en el país no ha mejorado. Claro ejemplo de ello es la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limita indebidamente los derechos humanos estipulados en la normativa internacional si estos llegaran a contradecir algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un hecho que ciertamente representa un grave retroceso y hace preguntarse dónde quedó el logro de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011; o la serie de reformas propuestas que en algunos puntos atentan contra los derechos de la población y de la nación, y la crisis generalizada de violencia y seguridad que permanece en el país. Sin embargo, las ambiciosas campañas publicitarias que han emprendido tanto el gobierno federal como los gobiernos de los estados para maquillar la imagen de la violencia no serán suficientes para borrar de la gente la herida que le ha sido infligida. Frente a este panorama nada prometedor, el colectivo de organizaciones agrupadas en la Red TDT sigue trabajando para construir un país diferente. Y no obstante la adversidad y los obstáculos que enfrentan los grupos y las personas que la integran, México sigue siendo un país afortunado por contar con gente que trabaja por la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, o que enfoca su labor en apoyo a comunidades indígenas para proteger sus tierras y sus territorios. Gente también que acompaña a las familias de las personas desaparecidas en el tortuoso camino por encontrarlas, y en su lucha por la verdad y la justicia, así como en la lucha contra la impunidad en los casos de feminicidios; o bien organizaciones que están junto a las mujeres en su esfuerzo por erradicar las violencias que padecen, buscando además nuevos modelos de relaciones entre géneros, intentando superar el sistema patriarcal opresor. Es de suma importancia mencionar también los esfuerzos de otras que promueven los derechos humanos de las juventudes, procurando empoderarlas, para que puedan defenderse contra la criminalización y la discriminación. Y la labor sostenida por diversos colectivos en la defensa de presos políticos, en las denuncias de tortura, de detenciones arbitrarias o de ejecuciones extrajudiciales. O bien la fortaleza que otras tienen en la defensa de los derechos de las personas migrantes, ya sea en albergues, o documentando y defendiendo jurídicamente sus casos. Sin olvidar el posicionamiento para exigir el reconocimiento de los derechos de las poblaciones callejeras, o el acompañamiento a trabajadores y sindicatos en la exigencia de sus derechos laborales. Debe mencionarse igualmente la denuncia de la explotación sexual y la trata de personas, o la necesaria promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como la exigencia de los derechos de las niñas y niños, los de las personas adultas mayores, o los de las personas con discapacidad. Sin dejar de subrayar la lucha contra los efectos negativos de la minería, o la denuncia del incremento de la criminalización de la protesta social. Y aquí cabe preguntarse: ¿desde cuándo señalarle sus faltas al Estado se ha convertido en México en un delito? Estas personas y estos temas son sólo un corto abanico de la inmensa labor que llevan a cabo las organizaciones que son parte de la Red TDT. Son personas y grupos que están dejando huella en la historia del país, aunque no vayan a ser mencionadas en los libros de historia. No está por demás recordar que muchas de ellas han sido blanco de ataques descalificativos de su labor, y ello porque en muchas ocasiones apuntan hacia la autoridad o institución que está siendo omisa o cómplice en las violaciones de los derechos humanos. Y qué mejor que existan colectivos que sigan su camino de lucha y de esperanza en un México que ha quedado manchado con sangre, y con gobiernos que no se comprometen seriamente con los derechos humanos. Con presencia en 20 estados de la República, y algunos con más de 20 años de existencia, los grupos y colectivos que integran la Red TDT se mantienen firmes en continuar por convicción su lucha, pero sobre todo por el interés de colaborar en la construcción de un país más habitable para todas y todos, no obstante la adversidad y la impunidad con las que intentan acallar su voz. Este V Premio Rey de España de Derechos Humanos es un reconocimiento a la articulación de las organizaciones de derechos humanos en México y a sus esfuerzos conjuntos por defenderlos y promoverlos en el país, pero también a un espacio de convivencia, análisis, solidaridad y apoyo entre defensores y defensoras de derechos humanos. No basta un reconocimiento en el nivel internacional. Es urgente un reconocimiento nacional para quienes han elegido como compromiso de vida la defensa de la equidad, la justicia, la libertad, al final de cuentas la (…) *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Javier Rubilar Entradas relacionadas: Por un manual
Estado mexicano, a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos
Estado mexicano, a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos 23 de septiembre de 2013 Por: Miguel Concha En la actualidad, el descrédito de las instituciones crece de manera exponencial. Las y los ciudadanos están retomando las calles para cambiar las condiciones de desigualdad y precariedad. Los espacios públicos, los medios de comunicación alternativos y otras modalidades de expresión colectiva hacen visibles las demandas de los pueblos ante gobiernos que responden a un sistema económico que despoja la vida en todas sus formas. América Latina es hoy una muestra viva de lo que las movilizaciones sociales llevan a cabo para resistir los embates del sistema capitalista. El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado La protesta social en América Latina y publicado en 2013, refleja que en el continente existen severas rupturas institucionales y crisis en materia de gobernabilidad democrática, como fue el caso del golpe de Estado en Honduras en junio de 2009. El estudio destaca, sin embargo, que este tipo de tensión, que alcanza un nivel máximo de radicalización y crisis de gobernanza, no ha sido la norma en la región durante los últimos años. La mayor parte de las protestas sociales incluyen, entre otras formas, declaraciones, manifestaciones y huelgas. También menciona que las “principales demandas suelen abarcar desde temas de salud, trabajo y educación, hasta cuestiones de derechos humanos y ecológicas, como el control de los recursos naturales”. Ante el cansancio de diversos sectores oprimidos y excluidos por un sistema tan desigual y violento, nace desde la ciudadanía un espacio de organización que juzga a los Estados denominado Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Quien lo impulsó en un primer momento fue el abogado italiano Lelio Basso, que decidió generar distintas acciones en favor de los pueblos oprimidos, pues en la historia de la humanidad se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales. Y ya que la experiencia de muchas luchas ha sido que el derecho y la justicia no pueden ser confiados a los órganos del Estado, se vio la necesidad de generar un tribunal independiente que pueda atender el sufrimiento de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta que uno de los actores involucrados en las injusticias es el sector empresarial. El TPP se originó gracias a la experiencia del Tribunal Russell, que analizó las dictaduras militares en Latinoamérica y juzgó los crímenes de los estadunidenses en Vietnam. El Tribunal Permanente de los Pueblos nació formalmente en 1979 y sus fundamentos se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel, de 1976; en los Archivos del Proceso de Núremberg; los Acuerdos sobre Derechos Humanos de la ONU [Organización de las Naciones Unidas] y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (consultado en “Qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos”, www.tppmexico.org/que-es-el-tpp/, 4 de septiembre de 2013). Éste se define como “un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos; determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones”. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad moral, provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos (ibídem). El TPP en su Capítulo México nació en 2011 en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se entregó formalmente la petitoria a la Secretaría General del Tribunal. Los temas centrales son: libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Su objetivo es evidenciar la situación de violencia estructural que impera en nuestro país, cuya raíz se identifica con la firma de numerosos tratados de libre comercio. Intenta, además, desnudar los mecanismos de simulación y desvío de recursos generados por el Estado mexicano para mantener su política económica. La importancia de este Tribunal radica en que, a través de ejercicios de documentación y de las herramientas de los derechos humanos, se evidencian las violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de los sectores sociales más oprimidos, así como a los agentes perpetradores de esa violencia estructural. El TPP en México está constituido por siete audiencias temáticas: 1. Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia; 2. Migración, refugio y desplazamiento forzado; 3. Feminicidio y violencia de género; 4. Violencia contra las personas trabajadoras; 5. Violencia contra el maíz, soberanía alimentaria y autonomía; 6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos; y 7. Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. El TPP propone “construir una tribuna abierta a las participación de decenas o cientos de miles de víctimas agraviadas por políticas neoliberales de libre comercio” (Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, boletín número 1, octubre de 2011, página 23). Cada audiencia está integrada por víctimas y organizaciones que acompañan los procesos. El objetivo es llegar a una audiencia final con jueces internacionales que se efectuará en 2014, en la que se juzgará al Estado mexicano por las violaciones cometidas hacia la población en su conjunto y específicamente en los casos documentados que se le presenten. Durante este año ya se han venido realizando preaudiencias y audiencias temáticas finales. El 28 y 29 de agosto pasados se llevó a cabo la preaudiencia Represión por Motivos Políticos, una Estrategia Permanente del Estado Mexicano, y Eje de Guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. El cuerpo de jueces emitió un dictamen sobre los 12 casos presentados de manera individual y colectiva. En términos generales se señala la existencia de diversos mecanismos de represión política utilizados por el Estado mexicano con la finalidad de acallar, desmovilizar e invisibilizar las expresiones populares que luchan por el ejercicio libre y la defensa de los derechos humanos. Cuatro puntos fueron los que se concretaron en dicho dictamen: 1. En la mayoría de los casos presentados
En solidaridad con Alberto Patishtán
En solidaridad con Alberto Patishtán 21 de julio de 2013 Por: Miguel Concha Alberto Pathistán es un profesor indígena tzotzil comprometido con la causa de las y los más pobres de este país. Es una persona que desde prisión ha sembrado esperanza y resistencia en medio de un sistema judicial injusto e insensible. Su caso es conocido por muchas personas a nivel nacional e internacional. México entero debería exigir la libertad incondicional de este compañero indígena injustamente preso. Hace 13 años fue recluido en las celdas del Centro Federal de Readaptación Social El Amate, y ha sido traslado a cinco diferentes reclusorios. Muchos de estos traslados pretendían alejarlo de su comunidad y su familia, que radica en Chiapas. De manera intencionada se le ha querido distanciar de su pueblo, que desde fuera le apoya y presiona a las autoridades para que sea liberado. El pueblo tzotzil sabe que el Profesor, como lo conocen, fue condenado a 60 años de prisión sin justificación y sin pruebas contundentes. Sabe además que se le fabricaron delitos que no cometió. Alberto Patishtán Gómez fue encontrado culpable, según las autoridades, y se le acusó por presuntas faltas relacionadas con lesiones, homicidio calificado, robo, daños, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Acusaciones que con el paso de los años han sido revertidas, y se ha demostrado que las pruebas son falsas y que los testigos mintieron. No omitimos mencionar que de fondo hay un conflicto político. Hace 13 años el Profesor participaba en la denuncia comunitaria que hacía evidente que el presidente municipal de su comunidad se beneficiaba personalmente de los recursos públicos. La comunidad se organizó y emprendió un proceso de lucha social, exigiendo la destitución del entonces titular de la presidencia municipal. Patishtán, al igual que muchas más personas, exigía justicia y castigo a la corrupción. En este contexto se le acusa de emboscar una patrulla de la policía, donde siete personas perdieron la vida y resultó herido el hijo del presidente municipal. El proceso jurídico que ha vivido el hermano Patishtán ha sido duro y largo, pero sobre todo injusto, ya que se le sentenció a pesar de presentarse pruebas que dan cuenta de que en el momento de la emboscada el profesor indígena se encontraba en una reunión con maestros de la zona escolar de Huitiupán. Todas y todos sabemos que el caso Patishtán pone al descubierto la situación tan injusta que viven muchas de las personas presas al interior de las cárceles en Chiapas. Más grave aún es que nos muestra que existen casos de personas inocentes purgando penas crueles y en condiciones inhumanas. Pero también es cierto que esta lucha nos comparte la fuerza espiritual descomunal de Alberto, pues aun estando en reclusión fundó un colectivo de presos políticos, La Voz del Amate, que de manera pacífica exigen su libertad y desde allí tejen solidaridad de muchas personas que hacen llegar cartas al profesor y al colectivo desde diversas partes del mundo. En las próximas semanas las instituciones del Poder Judicial de este país deberán resolver el caso. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, decidirá si el profesor permanece preso o se le otorga libertad inmediata. Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no reasumir su competencia en el caso, pues argumentó que éste no resulta trascendental, y que no se han incorporado “argumentos novedosos”. A nuestro juicio, y el del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la resolución de la SCJN constituye una denegación del derecho humano al acceso a la justicia de miles de personas cuyos procesos estuvieron colmados de irregularidades. Así de injusto es el proceso en contra del profesor Pathistán. Existen elementos contundentes que dan cuenta de las violaciones al debido proceso y al derecho de acceso a la justicia. Y sin embargo, a pesar de esto se le dictó una sentencia de 6 décadas de prisión. No tenemos reparo en asegurar que en este caso se configuran graves violaciones a los derechos humanos del profesor, pero también de las comunidades indígenas de nuestro país. México tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. El sistema de justicia actual discrimina estructuralmente a las personas pertenecientes a alguno de estos pueblos: juzga a quien no debe juzgar y encarcela a personas inocentes. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformado por más de 70 organizaciones de derechos humanos en el país, respalda en su conjunto la exigencia de libertad inmediata para el profesor, y exige a las autoridades implementar las acciones necesarias para atender y resolver este caso lo más pronto posible. De hecho el caso del profesor es parte de la campaña Defendamos la Esperanza, impulsada por la misma Red TDT, que da cuenta de experiencias ejemplares de defensa y promoción de los derechos humanos en México. Es urgente nuestra solidaridad con todas las personas presas de manera injusta. Patishtán se ha convertido para muchas personas en un guía de cómo defender los derechos humanos privado injustamente de su libertad. Durante todos estos años de encarcelamiento se ha desempeñado además como un ministro fervoroso de la Iglesia, acompañando con fe y esperanza a quienes como él han sufrido las consecuencias del deficiente y violento sistema penal. Asimismo, ha liderado y participado en innumerables huelgas de hambre y jornadas de ayuno. Combina la defensa de la dignidad de su pueblo y de las personas con la meditación y puesta en práctica de textos de la Biblia, fortaleciendo así sus trabajos por la paz y la justicia. A pesar de saber que las condiciones en las que se encuentra su caso son difíciles, Patishtán busca la mejora de las condiciones en las que están sus compañeros de prisión. Ha roto con el miedo, y ahora resiste los embates de un sistema
Participación ciudadana, democracia y gobernanza
Participación ciudadana, democracia y gobernanza 26 de mayo de 2013 Por: Miguel Concha El grado de complejidad de las sociedades contemporáneas requiere del concurso de los diversos actores sociales y de la ciudadanía para la regulación de la vida social. De aquí que la legitimidad de un gobierno democrático y la eficacia de sus funciones dependan hoy, en buena medida, de su capacidad de concertación con los distintos grupos de la sociedad y de su capacidad para garantizar a éstos su condición de ciudadanos. Los avances en la gobernabilidad pasan por reformular y democratizar la relación entre el gobierno y la sociedad, y por propiciar medidas tendientes a instrumentar o formalizar diversas mediaciones y procesos de interlocución a través de: 1) mecanismos abiertos de relación con los distintos sectores de la sociedad; 2) mecanismos innovadores para la gestión de las demandas sociales; 3) una política de inclusión e interlocución con los actores sociales en los procesos de decisión pública; y 4) el diseño e impulso de distintas formas de representación de la sociedad civil. Como explicaron las analistas Lucía Álvarez y Laura Becerra en su ponencia “Participación ciudadana en México” (2010), la participación ciudadana es componente esencial de la construcción democrática porque: 1) fortalece, legitima al gobierno y contribuye a la eficacia de su desempeño; 2) interviene en la funcionalidad de la gestión pública y otorga mayor legitimidad a las políticas públicas; 3) amplía el espectro de la representación de la pluralidad social; 4) es una vía que propicia la inclusión de los intereses sociales en la agenda pública; 5) involucra a la ciudadanía en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública; y 6) valida la función de la sociedad civil y contribuye a su fortalecimiento. Gracias a la lucha por la exigibilidad y reconocimiento de los derechos humanos en México, en las últimas décadas hemos observado un relativo avance cuando se habla de participación ciudadana y democracia. Sin embargo, aún persisten sectores en los que la visión de la democracia se identifica exclusivamente con los procesos electorales y acciones específicas directas o indirectas de representación en el gobierno, como la elección libre de representantes y gobernantes, el derecho a votar y ser votado o tener acceso a los cargos públicos. Esto se debe a que durante muchos años las estructuras gubernamentales han promovido la participación ciudadana como algo meramente electoral y procedimental. Empero, la sociedad civil ha pugnado por un proceso social y político encaminado a transformar las condiciones en las que se ejercen sus derechos. Y los espacios de participación ganados, incluso en la legislación, provienen generalmente de una exigencia social y no de la voluntad política de los gobernantes; ni de un dispositivo institucional que los propicie, los cuales, cuando ya están formalmente establecidos, como es el caso del Distrito Federal, poseen un carácter meramente consultivo, y su eficacia y funcionamiento está a merced de la buena voluntad de los funcionarios. Por ello es necesario que se establezcan mecanismos orientados a garantizar a los ciudadanos su participación permanente en los procesos decisorios y en la regulación de la vida pública. Como lo comenté en el Foro sobre Gobernabilidad, Seguridad y Participación Ciudadana, de la Consulta sobre el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal (2013-2018), en la Ciudad de México es posible mencionar algunos esfuerzos en los que la participación ciudadana y social incide en la toma de decisiones de los asuntos públicos. Las reformas constitucionales de 1993, así como aquellas introducidas en el diseño del gobierno a partir de 1994, marcaron una etapa en la organización política y jurídica de la capital. Las elecciones de 1997 fueron la muestra, pues por primera vez los habitantes de la capital pudieron elegir libremente a sus autoridades locales. Más adelante, con la realización del plebiscito, se puso de manifiesto el reclamo ciudadano de democratizar el gobierno en la Ciudad de México. Posteriormente, la elaboración del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal marcó una etapa fundamental de este proceso, al articular a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en la elaboración, ejecución, institucionalización legal, seguimiento y evaluación de una política pública. La participación ciudadana en la elaboración de los planes generales de desarrollo representa una oportunidad para avanzar en un nuevo sentido de la gobernanza, a condición de que los encargados de elaborarlos tomen en cuenta las propuestas de los distintos sectores de la población involucrados y las conviertan en objetivos, metas y acciones institucionales. En México, los movimientos sociales han promovido la participación activa de la sociedad como un derecho a participar en el ejercicio de la toma de decisiones, han ayudado a generar mecanismos de exigibilidad de sus derechos y han logrado demandar y construir una vida digna para todas y todos. En el caso de la Ciudad de México han conseguido abrir formalmente espacios de participación en los que la ciudadanía tiene voz e incluso algún peso en la toma de decisiones. Ello no obstante, aún se identifican varios retos y desafíos. El principal es que con dicho proceso no sólo se busque una mera pantalla para legitimar a las autoridades, sino que sus resultados y ejecución contribuyan de hecho a la eficacia del desempeño del gobierno. Otro de los retos será lograr la construcción de una metodología que permita dar seguimiento y evaluar las fases de ejecución. En tal sentido, es también necesario garantizar a la sociedad un sistema eficaz de acceso a la información y de rendición de cuentas, ya que una sociedad mejor informada tiene más herramientas para fundamentar sus exigencias, y que éstas ejerzan un contrapeso indispensable frente al gobierno, puesto que una verdadera democracia busca que exista un mejor equilibrio de poder en la toma de decisiones en beneficio de toda ciudadanía respecto a las acciones gubernamentales. *Miguel Concha Malo. Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada:
México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 01 de abril de 2013 Por: Miguel Concha La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos. El gobierno ha vuelto a señalar que los principales responsables de la violencia son los grupos al servicio del crimen organizado, aseveración con la que elude la responsabilidad de sus agentes de seguridad. El reconocimiento constitucional de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y del principio propersona han sido puestos en riesgo a partir de que legisladores emanados del Partido Revolucionario Institucional presentaron, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, sus intentos de contrarreformas. La finalidad de esos retrocesos tiene precisamente como principal objetivo restringir la aplicación de los instrumentos internacionales más protectores de la persona. El diputado responsable de la primera iniciativa, Francisco Arroyo Vieyra, al atender al reclamo social de no legislar regresivamente, señaló que no defendería el proyecto que había presentado el pasado 3 de enero. Sin embargo, no lo desdijo ni lo retiró. Por su parte, la propuesta del senador Raúl Cervantes hecha el 5 de marzo pasado, al igual que la anterior, restringe la posibilidad de reconocer los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en beneficio de las personas cuando sus garantías se antepongan a las reconocidas en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, y contrariamente a la apuesta de los legisladores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Silva Meza, señaló, frente a representantes del Internacional Crisis Group, que las recientes reformas en materia de derechos humanos y amparo buscan acabar con la impunidad y la inseguridad. Es cierto, México es un país donde la impunidad e inseguridad son condiciones de vida que se acentúan en virtud de la falta de perspectivas de derechos humanos en la institucionalidad estatal. El respeto y garantía de derechos, el acceso a la justicia, el debido proceso, la no discriminación y la reparación del daño han estado ausentes en muchos casos de víctimas. Es este sistema de impunidad el que ha obligado a defensores y defensoras de derechos humanos a accionar sistemas judiciales alternos al mexicano, para encontrar en instancias supranacionales el resarcimiento de la dignidad humana. Por ello, ante gestiones de la sociedad civil, el pasado 14 de marzo el gobierno mexicano fue convocado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, para celebrar seis audiencias sobre el acceso a la justicia, y la garantía y justiciabilidad de los derechos humanos en el país. Los temas abordados fueron los casos denominados como “Digna Ochoa y otros” y “Mariana Selvas Gómez y otros”, así como los llamados “Derecho a la privacidad, víctimas de delitos y personas bajo responsabilidad del Ministerio Público”, “Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México”, “Situación general de derechos humanos en México”, y “Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas rarámuri y tepehuán en la Sierra Tarahumara de Chihuahua”. En la audiencia relativa al caso “Digna Ochoa y otros”, las organizaciones civiles de derechos humanos solicitaron a la CIDH que dictara su admisibilidad, en virtud de haberse ya agotado las instancias en la justicia mexicana. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló que la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa fue realizada con sesgo y parcialidad, que al final resultó ineficaz. Como se sabe, la muerte de Digna Ochoa ocurrió, según la autoridad, por suicidio el 19 de octubre de 2001. Esto, no obstante que la familia ha reiterado que la defensora fue asesinada, al dejar entrever que el riesgo que se corre al defender los derechos humanos es la causa de su muerte. Por los hechos ocurridos el 3 y el 4 de mayo de 2006 en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, en los que se registraron graves violaciones a los derechos humanos de personas por su derecho a ejercer la defensa de su tierra y la protesta social, 11 víctimas de tortura sexual (Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cueva Jaramillo) solicitaron también audiencia ante la CIDH. Durante el desarrollo de la misma se expusieron los hechos y agresiones de que fueron víctimas por parte de policías municipales, estatales y federales, así como por las omisiones del gobierno para investigarlas y hacerles justicia. En la misma sesión, la representación del gobierno mexicano a cargo de la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, declaró que el gobierno mexicano tiene “voluntad de reconocer las violaciones y ofrecer disculpas públicas a las agraviadas”. En tanto el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, pidió una “solución amistosa”. Al respecto, las denunciantes rechazaron tajantemente esa vía, porque de haber sido ésa la voluntad del gobierno, habría sido puesta en marcha desde el momento en que fueron denunciadas la agresión y las torturas, y se habría sancionado a los responsables de la vejación sexual. Las agresiones y torturas tanto físicas como sexuales, las violaciones al debido proceso y a la integridad personal, a la vida y al libre tránsito de hace 7 años en el caso Atenco, arrojaron 217 personas detenidas y con sujeción a procesos
Iniciativa desechable
Iniciativa desechable 03 de febrero de 2013 Por: Miguel Concha Malo Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia Artículo 1, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En marzo de 2011, diversos sectores sociales –entre ellos las defensoras y los defensores de derechos humanos– celebramos que el 8 de marzo de aquel año se aprobara, en lo general, el proyecto de decreto que modificaba la denominación del Capítulo I, del Título Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reformaba los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 105 y el apartado B del Artículo 102, también constitucional, en materia de derechos humanos. Con ello, el país entraba a la lista de los Estados democráticos modernos y cambiaba sustancialmente el paradigma para la protección de la dignidad de sus ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a ello, el principio “pro persona” (una de las bases fundamentales de dicha reforma) se encuentra hoy en riesgo de ser violentado de manera regresiva, por la propuesta injustificable y retrógrada de diputados principalmente priístas, como Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados, y Raymundo King de la Rosa, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. La llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, luego de una larga e incansable labor, principalmente de académicos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, con el apoyo técnico de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, debido a que en diversas ocasiones dicha reforma había sido incomprendida y quedado rezagada. Su publicación, sin embargo, fue considerada como un gran avance en un país como el nuestro, donde cada vez es más urgente el reconocimiento integral de la dignidad de todas las personas que habitan y transitan por el territorio mexicano, debido a las constantes, numerosas e inadmisibles violaciones a sus derechos humanos. De acuerdo con Miguel Carbonell, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se pueden identificar más de 19 elementos importantes que se reforman sólo en el Capítulo I de la Constitución, los cuales no sólo tienen que ver con las formas de actuar de todo el Estado mexicano en sus diferentes órdenes, sino con la propia estructura gubernamental, para hacer igualmente evidentes las responsabilidades que les corresponden a los tres Poderes de la Unión. De acuerdo con Carbonell, en su artículo “Las obligaciones del Estado en el Artículo 1 de la Constitución Mexicana”, la reforma “establece claramente que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos corren a cargo de todos los poderes, incluso considerando que algún nivel de gobierno tenga obligaciones reforzadas hacia ciertos derechos […]. Por tanto la reforma enuncia y manifiesta que los derechos humanos generan obligaciones para todas las autoridades y niveles de gobierno; además se establece que dichas obligaciones estarán reforzadas si un precepto constitucional distinto les asigna una competencia concreta”. Esta reforma es relevante no únicamente por su trascendencia en reconocer que las garantías individuales y los derechos humanos no son lo mismo, sino porque hace evidente que a partir de una serie de principios se puede administrar la justicia desde un enfoque amplio que reconozca la dignidad de las personas. El Artículo 1 de la Constitución es sustancial en su contenido para efectos de toda la reforma, ya que se presentan elementos que definen el actuar del Estado ante los derechos humanos. Por ejemplo, el rango constitucional de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales; el reconocimiento del principio “pro persona”; y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Uno de los elementos centrales del Artículo 1 es el denominado principio “pro persona”, que atraviesa toda la doctrina y la práctica administrativa y judicial de los derechos humanos como criterio prioritario de interpretación de normas y actuaciones de las autoridades para protegerlo en casos de conflicto; el cual tiene como fin acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos; e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Pues bien, el pasado 3 de enero se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma, con el fin de modificar el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, para ser establecido contradictoriamente de la siguiente manera: “Artículo 1. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su Artículo 133”. Como puede notarse a simple vista, esta propuesta de Arroyo Vieyra, impulsada ahora por King de la Rosa –a pesar de que el primero declaró públicamente que ya no la promovería– es de por sí contradictoria y no cumple con el supuesto objetivo de generar claridad en la actuación de los operadores gubernamentales y de justicia en México, a la hora de resolver conflictos entre normas y actuaciones de las autoridades; sino todo lo contrario: carece de fundamentos y confunde aspectos jurídicos y políticos. La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar y, por ello, se entregó al actual titular
Discriminación hacia las Juventudes en el Distrito Federal.
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] Es inaceptable cualquier forma de discriminación hacia cualquier persona o colectivo, sobre todo cuando viven en condiciones de pobreza, marginación y exclusión. Este es el caso de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Es decir, más de un tercio de la población total. Este informe busca romper con concepciones adulto-céntricas y cargadas de estereotipos imbricados socialmente, hacia lo que se determina “debe ser un joven” dentro de las estructuras sociales e institucionales. El documento que ofrecemos busca por el contrario, abordar desde un plano incluyente y propositivo a las juventudes. Por lo tanto, aquí se explican de manera central y más integral los conceptos clave de personas jóvenes y juventudes, reivindicando su diversidad y la libertad para poder ejercer sus identidades. Todo esto desde el enfoque teórico de los derechos humanos de las juventudes y su no discriminación. Cuando iniciamos este proceso, nos planteamos el gran reto de generar una investigación que tendría que precisar cómo es que se violenta cada derecho humano de las personas jóvenes a través de la discriminación. Sin embargo, esto sería un esfuerzo muy amplio, que requiere, y lo advertimos desde ahora, de un trabajo en profundidad, que consulte en gran medida a las juventudes que habitan y transitan en el Distrito Federal. Previendo esta situación, decidimos generar un foro denominado “Por la No Discriminación hacia las Juventudes de la Ciudad de México” realizado el 30 de mayo de 2013, y en el que participaron más de 60 personas de diferentes partes del Distrito Federal, quienes con sus expresiones hicieron aportes en gran medida para los contenidos de esta investigación. Algunos fragmentos de ellas se encuentran expresados textualmente en las páginas de la presente publicación. En este documento tomamos como elementos centrales el análisis de los derechos a la igualdad y la no discriminación; a la educación; al trabajo y los demás derechos laborales; al más alto nivel de salud y a la participación de las personas jóvenes. Esto con el fin de abordar los derechos más violentados de las juventudes en el mundo, sobre todo en América Latina, de conformidad con las investigaciones que se han realizado desde la Comisión Económica Para América Latina (Cepal), la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde hace tiempo en el Centro Vitoria hemos venido desarrollando diversas investigaciones, como es el caso de los Informes sobre los Derechos Humanos de las Juventudes en México y el Distrito Federal 2010-2011. De aquí partimos para definir los principales capítulos que conforman este documento. Como Centro de Derechos Humanos que promueve y defiende los derechos humanos de las juventudes en México, ponemos a la vista un documento que esperamos sea analizado y cuestionado, y sirva como referente de discusiones que se dirijan a construir condiciones de igualdad y no discriminación para las juventudes en el Distrito Federal. Este es también un llamado a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que cumplan con sus responsabilidades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las personas jóvenes, como lo dicta la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ello desde un enfoque articulador que promueva el desarrollo integral, pues todavía hay grandes pendientes gubernamentales, como una Ley de Derechos Humanos de las Personas Jóvenes, actualizada con un enfoque integral, así como políticas públicas transversales, programas y presupuestos específicos para las juventudes, informaciones oficiales con datos desagregados y específicos para ubicar la situación de los derechos, y acceso a una vida libre de violencia, entre otras, que abordamos en este documento. Al final nuestra máxima aspiración es que este proceso pueda tener un seguimiento a profundidad, para que de manera progresiva se aporte en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas jóvenes que habitan y transitan en el Distrito Federal. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1CYhZm0yF8P6TCZdDvfGFYmcptMFIgQ1D/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos. 10 años de formar defensoras y defensores jóvenes en Derechos Humanos
Desde nuestra experiencia como organización defensora de derechos humanos hemos identificado que algunos de los motivos de las constantes violaciones en nuestro país han sido la ausencia de una política de Estado en materia de derechos humanos que garantice su cumplimiento, y la falta de conocimiento por parte de las personas sobre sus derechos y de los mecanismos existentes de protección. El discurso de derechos humanos que se promueve en el sistema neoliberal intenta eximir al Estado de sus responsabilidades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, a sabiendas de que hasta hoy la única entidad que viola derechos humanos es el Gobierno, traducido en la palabra Estado. Es fundamental ubicar que las decisiones y acciones de las entidades de gobierno benefician en gran medida a las empresas coartando la dignidad y los derechos de las personas que habitan y transitan en el país, ésta es una realidad latente que se demuestra en la creciente admisión de megaproyectos y concesiones de obras, leyes y políticas que se entregan a los grandes capitales. [(De aquí la importancia de generar herramientas que profundicen y presenten a los derechos humanos como elementos que cuestionen y transformen el sistema de desigualdad en el que viven los pueblos, para reconocer la dignidad de todas las personas. Defender y promover los derechos humanos, también es un derecho, por tanto criminalizar la protesta social constituye una violación y un delito. Este manual, por ello, dedica sus páginas a ofrecer elementos que aporten herramientas para ejercer este y otros derechos, en continuación con las dos ediciones anteriores.)] El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. a partir del año 2003 impulsa el proyecto denominado Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos. A partir de las constantes evaluaciones a quienes han sido parte de esta iniciativa consideramos que la Educación Popular, la Educación para la Paz y los Derechos Humanos son herramientas teóricas, metodológicas y prácticas fundamentales para que las personas jóvenes contribuyan en procesos críticos y participativos en y desde su realidad económica, política y social. La elaboración de este manual ha implicado un proceso de trabajo de varias generaciones de jóvenes que colaboran participativamente a que la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos sea un proyecto con vida colectiva, por tanto, esta publicación reúne la colaboración de 27 hombres y mujeres jóvenes egresadas y egresados de diez generaciones de la EPJDH, así como las aportaciones de diversas personas que con sus saberes fortalecieron este material. Desde el Centro Vitoria desarrollamos nuestros procesos reivindicando el territorio como elemento base; reconociendo la cultura como una guía; entrelazando la Educación Popular, la Educación en Derechos Humanos y la Educación para la Paz, ubicando a la primera como fundamental para la generación de análisis críticos de la realidad y al mismo tiempo que ponga en el centro a la dignidad de las personas más vulneradas de tal forma que se reconozcan como agentes fundamentales de transformación hacia la justicia; tanto la Educación en Derechos Humanos y la Educación para la Paz se convierten en referentes importantes en el acompañamiento de procesos personales y colectivos, y también como herramientas de defensa. Consideramos que “Si no hay una labor de tú a tú y desde un nosotros dentro de la Educación, no tiene sentido el discurso de una realidad con justicia, una realidad que reivindique la diversidad y reconozca la Dignidad.
