¿Deberíamos defender el TLCAN?
¿Deberíamos defender el TLCAN? ¿Por qué defender un TLC que no sostiene sus promesas de “progreso” e “igualdad” de ninguna manera? ¿A quién benefició este modelo económico? 01 de marzo de 2017 Por: Carlos A. Ventura Callejas La dignidad en nuestras manos Para muchas personas de mi generación, tal vez el acrónimo TLCAN no dice mucho hoy. Estamos inmersas e inmersos desde que nacimos en una política económica que nos ha “normalizado” determinada forma de vida y consumo; poco se sabe de esta historia. Sin embargo, poniendo más atención en el diálogo con otras generaciones que atestiguaron el ascenso de este modelo económico, así como en la documentación sobre los efectos de esta economía en la sociedad mexicana, aunado a la actual coyuntura, se hace imperativo reflexionar de manera profunda otra vez todas las generaciones pero pensando sobre todo en las generaciones futuras, sobre el libre comercio en nuestro país y región. Está fuertemente al centro de la discusión qué modelo económico queremos y necesitamos. ¿Más liberalización, proteccionismo, otro modelo comercial alejado de los dos anteriores? ¿Una alternativa de crecimiento hacia dentro o de complementariedad no competitiva entre países? El ascenso de Trump a la presidencia de Estados Unidos por lo menos trajo dos asuntos de tremenda preocupación para México: el tema de los derechos humanos de las personas migrantes, y claro, el asunto del modelo económico materializado en gran parte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Trump firmó casi de inmediato la salida de su país del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), megatratado comercial que ampliaba la hegemonía estadounidense en la región Asia-pacífico; además, aceleró la renegociación del TLCAN. Esto último develó la lamentable dependencia de nuestro país con el país vecino. De inmediato, el cuestionamiento de algunos sectores de la sociedad se dirigió a la mala conducción de la economía mexicana, pensada desde una élite que defiende y vela por sus intereses, dejando de lado los derechos humanos y bienestar digno para personas y pueblos. En semanas pasadas arrancó la supuesta consulta del Gobierno Federal en torno al TLCAN. Seguramente serán consultados y convocados tan solo un pequeño sector empresarial, que ven en riesgo sus relaciones comerciales con países del norte, donde también se incluye Canadá. Esta consulta, ¿es asunto solamente de empresarios, sabiendo que son afectadas sobre todo personas y comunidades en situación de vulnerabilidad? ¿Qué se negociará y quién lo hará? ¿Negociación o salida del TLCAN? ¿Le han preguntado a la sociedad mexicana en su pluralidad, a través de un mecanismo de consulta amplio y asequible, qué piensa y opina? Otra vez, como es ya costumbre, este tipo de instrumentos comerciales (Tratados de Libre Comercio, TLC´s), que construyen a modo los operadores del neoliberalismo (donde se incluyen los titulares de gobierno del sector económico), se acuerdan y concretan entre los pocos que se verán beneficiados, es decir, solamente un puñado de hombres empresarios, en detrimento de todas aquellas personas y colectividades que ven menoscabado su futuro, violentados sus derechos, y amenazadas sus vidas y todas las formas de vida. ¿Por qué defender TLC´s como éste si hoy sabemos que sus impactos son mayormente negativos sobre los derechos humanos, sobre la naturaleza y los bienes comunes? A casi 25 años de entrada en vigor, el panorama que arroja es desolador. Una precarización de la situación de las y los trabajadores: los salarios no han aumentado en coherencia con el costo en incremento de la canasta básica, por ejemplo. Los empleos generados en el contexto del TLCAN se han ido flexibilizando de tal manera que los derechos laborales y de asociación sindical están prácticamente desmantelados. Las reformas estructurales se ponen a tono con estos tipos de TLC´s, y siempre generan que las y los obreros en México ganen mucho menos, en comparación con lo que empresas transnacionales deberían pagar en su país de origen, Estados Unidos en algunos casos, tal como lo vemos en la industria electrónica y automotriz. En esto, la evidencia más clara, son las miles de maquilas instaladas de nuestro lado en la frontera México-EUA, donde lo impactos de la violencia y empobrecimiento que han generado los padecen sobre todo y mayormente las mujeres. Los operadores y beneficiados del neoliberalismo se abstienen de consultar sobre qué hacer en esta coyuntura. ¿Por qué no preguntarle a las personas de mi generación, quienes nacimos en este modelo económico, si ven adecuado seguir viviendo bajo una imposición de libre comercio como la que ahora padecemos? Temen tal vez que respondamos que nuestro futuro es sinónimo de precariedad, gracias a quienes ahora nuevamente negocian este TLC. ¿No sabrán que pueden pasar incluso años para obtener, si es que se obtiene, un trabajo donde se respeten los derechos y garantice una vida digna? ¿De verdad no les interesa conocer la opinión de aquellas y aquellos que cuentan entre sus números de Población Económicamente Activa (PEA), pero que no podemos acceder una vivienda digna o contar con servicios de salud, enmarcados en una lógica de derechos, que vivimos en la incertidumbre producto de lo que ellos negociaron y comprometieron en décadas pasadas? ¿Por qué defender al TLCAN? Desde su entrada en vigor, aunque suene ilógico, hemos dejado cada vez más de producir alimentos y granos estratégicos para la alimentación de millones de personas que habitan o transitan por el país; por el contrario, lo que vemos son nulos estímulos a las y los pequeños productores del campo, lo que trae consigo la migración constante, de zonas rurales hacía centros urbanos, donde tampoco la mano de obra se paga de manera justa; o bien migraciones hacía el país del norte, donde además ahora, en una evidente política xenófoba, se les amenaza con expulsarles. Este esquema de vida lo hemos ya integrado a nuestra cotidianidad, como si siempre hubiera sido así, como si no existiera alternativa. ¿Por qué defender un TLC que no sostiene sus promesas de “progreso” e “igualdad” de ninguna manera? ¿A quién benefició este modelo económico? Hoy también
Agua, ciudad y protesta social
Agua, ciudad y protesta social Las acciones de la última semana contra defensores de bienes comunes en la ciudad son atentados graves contra la participación democrática. 07 de diciembre de 2016 Por: Layla Ahlam Flandes Vázquez y Carlos A. Ventura Callejas La dignidad en nuestras manos En menos de una semana, quienes habitamos o transitamos por la Ciudad de México hemos presenciado dos actos de represión en contra de movimientos sociales que tiene como punto común la defensa del derecho humano al agua y del derecho a la ciudad. El miércoles 30 de noviembre del presente año, cuatro mujeres jóvenes defensoras de derechos humanos, integrantes de la Coordinadora “Agua para Tod@s, Agua para la Vida”, así como dos personas adultas más, fueron agredidas por elementos de la policía de la Ciudad de México por el simple hecho de estar sentadas frente al Hotel Hilton, ubicado en el centro de esta Ciudad. Esperaban a más personas para juntas manifestarse a través de un performance y con la finalidad de ejercer su derecho a la protesta social; esto, en el marco de la Cumbre de Líderes Mayors Summit 2016, mejor conocida bajo el nombre de C40, que se realizó en dicho hotel desde el 30 de noviembre y hasta el viernes 2 de diciembre. La manifestación en cuestión tenía como objetivo mostrar la inconformidad de la ciudadanía ante las ya constantes políticas privatizadoras y gentrificadoras del gobierno de la Ciudad de México, que afectan la posibilidad de la mayoría de las y los habitantes de esta ciudad de adquirir y de mantener una vivienda estable y digna; impiden la gestión justa, equitativa y sustentable del agua, y el uso de los espacios públicos para el desarrollo y el bienestar social y ambiental, entre otras problemáticas propiciadas por la creciente agenda de los intereses privados en esta megalópolis. En medio de un operativo inmenso, que mantuvo cerradas las calles aledañas a la Avenida Juárez y al área comprendida por la Alameda Central y la Plaza de la Solidaridad, el performance planeado se vio frustrado de manera violenta antes de realizarse. Elementos policiacos, algunos vestidos de civiles, así como mujeres policías de tránsito, retiraron de manera violenta a las personas que se encontraban en las inmediaciones. Cabe destacar que a una de las compañeras, cuya persona fue agredida y violentada con evidente saña, fue una mujer transgénero, misma que es una de las personas firmantes de este artículo, y que colabora en Agua para Tod@s, Agua para la Vida. De acuerdo a su testimonio, “fui arrastrada por los brazos y por el cuello hasta la Plaza de la Solidaridad mientras dos de mis compañeras, mujeres jóvenes defensoras de derechos humanos, trataban de no perder contacto físico conmigo”. Ante esto, las policías de tránsito las jalonearon, las pellizcaron y les insistieron en soltar a su compañera. Mientras tanto, las personas vestidas de civiles intentaron cargar a la mujer transgénero por sus cuatro miembros. Siguiendo con su testimonio: “yo empecé a gritar para que me soltaran, cosa que pasó después de un rato ante la presencia de medios de comunicación y tras recorrer toda la zona frente a dicho inmueble”. Esto es especialmente grave debido a que el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha querido dotar a esta ciudad de una imagen “Amigable LGBTTTI”, y resaltamos que es precisamente la población trans la que más se ha visto gravemente vulnerada en los últimos meses por los crímenes de odio contra mujeres trans y porque este grupo sigue siendo de los más vulnerados en sus derechos, tales como el acceso a la salud, a la justicia, el respeto y protección de su integridad personal, así como a un trabajo digno. En este mismo suceso de represión, otra persona -que intentó apartar a las personas vestidas de civil lejos de la compañera trans- recibió amenazas verbales de parte de elementos policiacos: “te vamos a romper la madre”, le dijeron. A otra mujer joven le doblaron la mano ocasionando mucho dolor, para inmovilizarla y retirarla cargándola en presencia de su madre, quien también fue retirada de manera injusta y violenta del lugar. Pocos días más tarde, por si fuera poco, alrededor de las 3:45 a.m. del lunes 5 de diciembre, se realizó un operativo con al menos 400 granaderos para desalojar el plantón de Avenida Aztecas #215 en los conocidos pedregales de Santo Domingo, colonias populares del sur de esta Ciudad que sabemos por demás su conocido trabajo digno a favor de sus derechos. El plantón fue instalado desde el 30 de abril del 2016, contra la realización ilegal de mega obras por parte de la inmobiliaria “Quiero Casa” frente a dicho predio. Se pretende crear espacio suficiente para edificar un mega estacionamiento para los autos de los propietarios de departamentos de lujo que ahí también se construirían; en medio de las obras, dicha inmobiliaria desperdició alrededor de 1,200 millones de litros de agua limpia de un manantial directo al drenaje, derramando litros del valioso líquido que tanto hace falta a las y los más de 300 mil habitantes de la zona. A pesar de los esfuerzos de las y los integrantes de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán por detener el despojo del agua y del territorio en Aztecas #215, los elementos policiacos arrasaron con el campamento de dicho predio y resguardaron la maquinaria que empezaría a operar alrededor de ese mediodía, para continuar con las obras, impidiendo el paso y arribo a las y los habitantes del pueblo de Los Reyes y la Candelaria. Ante esto, las vecinas y los vecinos, así como las diversas colectividades que acompañan la resistencia de los Pedregales de Coyoacán contra las inmobiliarias y la ZODES “Ciudad del Futuro”, empezaron la difusión del acto en redes sociales y se realizó una rueda de prensa al mediodía en el lugar de los hechos, donde se expresó y se denunció la ilicitud, desmesura y agresividad del operativo de la madrugada. Ambos hechos, las agresiones
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles
El derecho negado a quienes sobreviven en las calles “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. La policía le quitó a sus dos hijos, a dos años de ser separados, siguen padeciendo de dicriminación y criminalización de diversas autoridades. 25 de octubre de de 2016 Por: Johana Sánchez La dignidad en nuestras manos “De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. Luego de eso, el policía le pidió que se subiera a la patrulla junto con los niños, pues había una denuncia en su contra por maltrato hacia ellos. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Desde ese día los niños se encuentran separados de su madre. La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes le inició una averiguación previa por omisión de cuidado. Luz no entendía qué pasaba; nunca le explicaron que iniciarían una investigación para determinar si había cometido el delito imputado; tampoco que tenía derecho a una defensa adecuada, y mucho menos le avisaron que sus hijos permanecerían por tiempo indefinido lejos de ella. Al leer dicha averiguación, Luz supo que la persona que la denunció fue la misma que en días pasados le había pedido que le regalara o vendiera a su hijo más pequeño. –Seguro que esa mujer se enojó porque yo no quise venderle a mi hijo; por eso inventó cosas y me denunció; pero los hijos no se venden, cómo cree.- dijo Luz a las organizaciones de la sociedad civil a las que se acercó para que le ayudaran a recuperar a los niños. El trato en la Fiscalía En repetidas ocasiones la mujer acudió a la Fiscalía para preguntar qué ocurría con sus hijos y cuándo se los iban a regresar. -A ver señora, yo no tengo a sus hijos; se encuentran en la estancia transitoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); vaya y pregunte allá; aquí yo investigo si usted es culpable de lo que la acusan-, le dijo, en tono grosero, el agente del Ministerio Público (MP). Cuando su abogada se presentaba, el trato era muy diferente. -Lic., ¿sí sabe por qué le quitaron a la señora a sus hijos?; vivía con ellos en la calle, imagínese; ellos tienen derecho a ser protegidos, no a que los ande arriesgando así su mamá. Nosotros como institución estamos preocupados por el interés superior del niño; es mejor que estén en una casa hogar y ella vaya a visitarlos-. De esa manera el MP intentaba hacer ver que la mejor opción era la “institucionalización” del cuidado de los niños. Durante la investigación se presentaron pruebas en las que constaba que la madre en todo momento había brindado cuidados, alimentación, educación y servicios médicos a sus pequeños; incluso, que había solicitado a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México acceder a un lugar de estancia que garantizara su seguridad y la de su familia, para ya no vivir en la calle. El proceso ante el DIF Los niños estuvieron cerca de un año en la estancia transitoria de la PGJDF. Dos o tres veces a la semana Luz se comunicaba para saber cómo estaban. –Estables-, era la única respuesta de la trabajadora social. En una ocasión la respuesta fue diferente. –Ellos ya no están aquí- y le colgaron. Ante la angustia que le provocó, Luz acudió al DIF. Ahí le informaron que sus hijos ya estaban en una Casa Hogar de Monterrey. La devastadora noticia le hizo creer que ya no volvería a verlos. No entendía por qué se los llevaban tan lejos y sin avisarle. Quien entonces era encargado del caso en el DIF señaló que ellos podían enviarlos a donde quisieran, siempre y cuando hubiera convenio con esa Casa, lugares disponibles, y que los niños tuvieran la edad requerida para ser admitidos en la misma. Por lo tanto no veía ningún problema en que estuvieran allá. Luego de 15 meses, el agente del MP determinó el no ejercicio de la acción penal. Luz no había cometido ningún delito. Por lo tanto se suponía que sus hijos debían regresar con ella. El nuevo personal del DIF solicitó el traslado de los niños a otra Casa Hogar en la Ciudad de México, pues aun cuando ya había una determinación ministerial, Luz tenía que demostrar que “era viable” para estar con sus hijos. Es decir, recibir atención psicológica, comprobar que ya no vivía en la calle y que tenía un trabajo. En mayo de 2016, una vez que la madre recibió apoyo psicológico y previa aprobación del DIF, se reunió nuevamente con sus hijos. Tenía miedo y nervios. Habían pasado más de 500 días sin verse, y no sabía cómo reaccionarían los niños. Sin embargo el anhelado encuentro se llevó a cabo. No es un caso aislado El Caracol A.C. aplicó una encuesta a 44 mujeres que sobreviven en las calles, para saber cuántos hijos o hijas tienen, dónde se encuentran y en qué condiciones. De los 126 niños, niñas y adolescentes, 38% se encuentran con familiares de sus mamás; 18.25 %, se encuentran viviendo en las calles; 12.6%, están institucionalizados, y 2.3% se encuentran desaparecidos. Las y los niños que permanecen institucionalizados, 56.25% de sus mamás no saben si tienen algún documento de existencia legal; mientras que 31.25%, saben que tienen por lo menos acta de nacimiento. El 100 por ciento de las mujeres entrevistadas, y que les han quitado a sus hijos o hijas, no ha recibido apoyo del gobierno para recuperarles. Del total de mujeres entrevistadas, y que les han quitado a un hijo o hija, 65.90% dejaron de dormir, comer; sienten tristeza y culpa[1]. El informe “El derecho del niño y la niña. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las américas”, de la Comisión Interamericana
Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo Representantes de la ONU se han reunido estos días con integrantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales para revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 6 de septiembre de 2016 Por: Lucía Moguel y Carlos A. Ventura Callejas La dignidad en nuestras manos “Pedimos que sean nuestra voz ante el mundo de lo que está pasando en México, que hagan que aflore la verdad”, esta fue la petición que más de 28 representantes de pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la última reunión con actores sociales que se realizó el pasado domingo, en el municipio de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, y antes de que los integrantes de este grupo den a conocer su informe preliminar este miércoles 7 de septiembre. Esta visita oficial comenzó la semana pasada en la Ciudad de México, y a lo largo de estos días se han encontrado en seis ocasiones con representantes de comunidades, movimientos y organizaciones sociales en distintos estados de la República bajo un mismo objetivo: revisar a detalle el cumplimiento o no en México de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU. Niñas, niños, mujeres y hombres de distintos lugares de México recibieron a dos integrantes del Grupo de Trabajo, Dante Pesce y Pavel Sulyanziga (actual presidente del Grupo), y cuatro representantes más de Naciones Unidas entre cantos, música, collares de flores y abrazos; uno por uno expusieron casos en donde denunciaron violaciones a sus derechos humanos con un factor común: empresas transnacionales y nacionales buscando despojarles de sus tierras y bienes comunes para beneficio económico privado. Ante una ofrenda tradicional de la región, el humo blanco del copal, velas, flores y constantes consignas de resistencia, las y los representantes de pueblos y comunidades indígenas y campesinas aseguraron ser ellos quienes deben resolver sus problemas, enfrentar la lucha como lo han hecho desde hace varios años y trabajar para recuperar sus tierras, al tiempo que enfatizaron que “cualquiera que estuviera en nuestra situación defendería la cuna que los vio nacer y es por eso que les pedimos ayuda”. Tras tres horas de escucha, el Grupo de Trabajo se comprometió a no dejar archivado ninguno de los casos, pero dejaron claro que ellos no pueden garantizar la resolución de éstos, ya que su única facultad es realizar recomendaciones al gobierno mexicano, quien decide aceptarlas o no. Pese a esto, la esperanza y resistencia de los pueblos no da marcha atrás, por el contrario, el Grupo de la ONU dejó un sentimiento de fortaleza y esperanza entre las y los asistentes, quienes seguramente seguirán con sus procesos comunitarios, que se ha extendido por siglos, que no están perdidos y que están dispuestos a continuar; sin duda el Grupo de la ONU contempló a pueblos y comunidades en resistencia que les expresaron desde su sinceridad y calidez sus preocupaciones, pero también la fortaleza de sus procesos organizativos, cosa que esperamos inspiren al Grupo para recomendar contundentemente al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, de protección de derechos frente a terceros y reparación de daños cometidos en territorios indígena y campesinos. Es importante resaltar que esta visita es de carácter oficial, por lo tanto lo que este Grupo de la ONU concluya, si bien está sujeto a la valoración y aceptación del Estado mexicano, lo cierto es que son argumentos que nos permiten sustentar todavía más la seria crisis de derechos humanos en México, las formas en que las empresas atropellan los derechos humanos de pueblos, comunidades y barrios urbanos, y la connivencia del gobierno en sus tres niveles en estas violaciones. Las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos no dudamos en denunciar que el Estado se encuentra coptado por capitales transnacionales que ahora disponen las reglas del juego, no solamente en el marco normativo interno, recordemos las recientes reformas estructurales que benefician a estas empresas, sino también imponen sus reglas en los tratados de libre comercio a nivel mundial, muestra de ello es el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), del cual se ha dado información al Grupo de Trabajo de la ONU. En este panorama complejo, que las comunidades sostengan procesos de ejercicio y exigibilidad de sus derechos se vuelve piedra de toque para generar realidades donde la democracia y la justicia sean concretas, palpable, y no simulaciones de garantías de derechos como ha hecho el Estado mexicano. En los procesos organizativos que le hacen frente al despojo y la violación sistemática de los derechos humanos, experiencias como convocarnos para reunirnos con la ONU son pretextos para, en realidad, fortalecernos en el encuentro. Esto se experimenta entre quienes ahora se organizan y defienden. * Lucía Moguel es integrante de la 14 generación de la Escuela para Defensores de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Carlos Ventura es colaborador del mismo Centro. Consultar en Animal Político. Imagen destacada: Lucía Moguel Entradas relacionadas: Empresas, derechos humanos y comunidades en vilo
Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos
La amenaza del fracking
La amenaza del fracking En México existen zonas donde se registran yacimientos de recursos energéticos que son de mucho interés para la extracción del shale gas o gas de lutita con la técnica del fracking. Se pueden identificar en como Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Los procesos de licitaciones ya iniciaron en nuestro país, por ello es urgente continuar con la denuncia sobre el peligro que supone la implementación de la reforma energética. 15 de mayo de de 2016 Por: Salomé Almaraz Reyes La dignidad en nuestras manos La Reforma Constitucional en materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, parece ser la médula de lo que hasta hoy día conforman las llamadas “grandes reformas estructurales” (RE’s), las cuales son una consolidación de medidas tecnocráticas que van en detrimento de los derechos sociales protegidos en instrumentos internacionales signados por México y que en 2011 fueron consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante tomar en cuenta la velocidad con la que se han aprobado dichas reformas estructurales, en comparación a la reforma en materia de derechos humanos. Mientras esta última llevó meses y mesas de negociación, plazos y modificaciones, la reforma energética, junto con sus legislaciones secundarias que la respaldan (Ley de Hidrocarburos y Ley de Energía Eléctrica, la Ley General de Agua, entre otras), fueron aprobadas y adoptadas por las Cámaras y los estados en tiempo récord, con ausencia de un mecanismo de participación ciudadana, consulta o discusión pública. Ante este panorama, especialistas, organizaciones civiles, comunidades y luchadores sociales se han pronunciado contra los cambios legislativos en la materia, pues constituyen un retroceso en política ambiental; corremos el riesgo de perder soberanía sobre el territorio y sobre un recurso energético como el petróleo; esta reforma también es un obstáculo para transitar hacia un modelo energético sostenible. Igualmente, han denunciado que su implementación representa graves violaciones a derechos humanos, como el de participación ciudadana, a la consulta, a la tierra y territorio, a la vivienda, a la salud, alimentación, medio ambiente, y los que se relacionen conforme avanza el análisis que hacemos. Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con la autorización para implementar la extracción de hidrocarburos basado en el fracking (fractura del suelo para la obtención de gas). Sobre esto se ha advertido que se trata de una de las técnicas más nocivas, que no significa la obtención de un recurso energético más ecológico, por el contrario, sí representa un daño irreversible al medio ambiente, al agua y la salud de la población que habita en las inmediaciones de los territorios donde se realizará dicha práctica. Entonces, ¿por qué se habla de un proceso nocivo? La técnica del fracking es un método de extracción, procesamiento y transporte donde diversas mezclas (agua, arena y productos químicos que pueden dañar la salud de las personas) son inyectadas al subsuelo, lo que a su vez desprende gas metano, considerado uno de los elementos más nocivos para el medio ambiente y que agudizan el cambio climático. Sin que suene exagerado, pero es cierto que en gran parte del mundo -sobre todo donde se ha implementado el fracking- se documenta cómo se relaciona la implementación de esta técnica extractiva con contaminación de mantos y pozos de agua ubicados en las zonas de explotación. Impresiona observar videos, que abundan en internet, sobre experiencias de diversas familias que ven arder su agua debido a los gases y productos químicos concentrados en los acuíferos que abastecen sus comunidades. Esta contaminación del territorio, del agua y del aire (por la mezcla de polvo y vapores químicos) ha provocado daños severos en la producción agropecuaria de las poblaciones; más grave aún, ha causado el detrimento de las condiciones de salud de las y los habitantes de dichas comunidades; se registran afectaciones relacionadas con bajo peso y afectaciones genéticas en niños recién nacidos. Por si fuera poco, el daño al subsuelo se asocia con sismos constantes en dichas regiones. La escasez de agua debido a las grandes cantidades usadas para esta técnica generarán conflictos sociales relacionadas con el acceso a este vital elemento. A todo esto hay que agregar que con la reforma energética, en particular con la implementación del fracking, se propicia el desplazamiento forzado de comunidades. Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos no pone ningún impedimento para el despojo, pues señala que si bien debe consultarse a pueblos y comunidades o ejidos sobre la implementación de proyectos de extracción de gas, privilegia la garantía para que empresas petroleras y gaseras puedan sin “obstáculo” alguno implementar sus proyectos. Las concesiones se respaldarán en la figura de “servidumbre legal” de hidrocarburos y con ello permitir que el proyecto proceda. En México se considera una actividad prioritaria nacional la producción de hidrocarburos por encima de la producción de alimentos o la conservación del medio ambiente. La Alianza Mexicana contra el Fracking desde 2013 trabaja para difundir y generar conciencia sobre las afectaciones sociales, al medio ambiente y a la salud que están asociadas a esta técnica. Actualmente, quienes la conforman tienen demandas contundentes: prohibición del fracking, el retiro de concesiones para la explotación de hidrocarburos no convencionales, y la apertura de un espacio real y certero de discusión con amplia participación ciudadana, que realmente incorporen las opiniones de quienes se oponen a esta reforma estructural. En México existen zonas donde se registran yacimientos de recursos energéticos que son de mucho interés para la extracción del gas con la técnica del fracking. Se pueden identificar en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Los procesos de licitaciones ya iniciaron en nuestro país, por ello es urgente continuar con la denuncia sobre el peligro que supone la implementación de la reforma energética. No se trata de un discurso que detiene el desarrollo casi troglodita, como lo han querido minimizar sus más arduos defensores. Sostenemos que, contrario a lo que ellos digan, estamos en un trabajo de defensa de derechos humanos. Buscamos sensibilizarnos
Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala
Despojo sistemático y estructural en comunidades de Tlaxcala El Proyecto Integral Morelos es una estrategia articulada desde el gobierno para el despojo sistemático y estructural del territorio, de la cultura, de las formas de convivencia comunitaria, de los usos y costumbres, de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de Tlaxcala. 09 de abril de de 2015 Por: Miguel Concha La dignidad en nuestras manos caret-down caret-up caret-left caret-right “Durante décadas los pueblos del volcán Popocatépetl hemos combatido la codicia y la ambición de los poderosos. Los campesinos de estas tierras hemos resistido durante generaciones la constante agresión hacia nuestras formas de organización, historia y cultura. Y así, como hace tiempo, hoy nos vemos enfrentados y luchando nuevamente contra los megaproyectos promovidos por el neoliberalismo y su dinero, pero también contra los gobiernos que fomentan sus intereses…” Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTAMPT) Por más de 4 años las comunidades, pueblos indígenas y campesinos de Tlaxcala han resistido y luchado ante las amenazas latentes de ser privados de sus territorios, de su libertad y hasta de su propia vida, por no ceder ante la construcción y operación del Gasoducto Morelos, el cual forma parte del denominado “Proyecto Integral Morelos”. Este proyecto es desarrollado en el marco de la reciente reforma energética, y consta de dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan a base de gas natural (gasoducto) y de vapor (acueducto), que impacta en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, 24 municipios y más de un ciento de comunidades. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) funge como responsable del proyecto, así como empresas privadas contratadas por las trasnacionales españolas ELECNOR y ENAGAS y la italiana BONATTI, concesionarias del gasoducto. Omisiones y engaños por parte de CFE Los habitantes de las comunidades pertenecientes a los tres estados refieren que nunca fueron consultados, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serían afectados por la construcción de la obra que se inició en mayo de 2011. Así mismo, CFE omitió informar a la población en general los detalles y riesgos que la construcción de esta obra implica, así como de los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que transportará más de 9 mil millones de litros de gas metano diariamente. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) advirtió a la CFE y a la Comisión Reguladora de energía (CRE) sobre los riesgos que implicaría el proyecto, pues el ducto pasaría por una zona peligrosa por derrumbes gigantes ubicada en el flanco sur del volcán; 23 kilómetros del ducto quedarían dentro de la zona de peligro moderado de flujos volcánicos, así como78 kilómetros dentro de la zona de peligro menor, por lo que el peligro lo calificó de significativo. Sugirió la realización de mayores estudios especializados, los cuales nunca se hicieron y aun así la obra está autorizada. Además, el Centro Universitario de Prevención de Desastres (CUPREDER) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla manifestó que los distintos trazos del gasoducto cruzan por la zona considerada como de peligro eruptivo. La instalación del megaproyecto incentivaría además en la región el crecimiento inmobiliario, urbano e industrial, violentando lo establecido en el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del territorio del Volcán Popocatépetl y su zona de Influencia del estado de Puebla. Esta situación pondría a un mayor número de población en riesgo. A su vez, el Instituto de Geofísica de la UNAM ha externado su preocupación sobre el tratamiento que se ha dado a las estimaciones del riesgo volcánico, ya que no creen prudente minimizar los peligros que el Volcán Popocatépetl pudiese ocasionar. Agrega que no parecen haberse considerado de manera exhaustiva los posibles flujos de lodo o lahares y su impacto destructivo ya mostrado, como la ruptura y explosión de un poliducto de hidrocarburos de PEMEX, cuyas consecuencias fueron catastróficas para la población de Balestrera, al pie del Volcán Pico de Orizaba en 2003. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reconoció que la zona es de alto potencial arqueológico, y que en el trazo del gasoducto se encuentran un estimado de 92 sitios inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de los cuales 7 de ellos pudiesen sufrir algún tipo de afectación directa o indirecta en el estado de Tlaxcala. Con tal de que las comunidades cedan su patrimonio cultural y comunitario, CFE se ha valido de engaños, presión y amenazas, pues ha enviado personas a sus hogares para tratar de hacerlos firmar cartas de anuencia para la concesión de servidumbres de paso, amenazándolos que de no hacerlo acudirá el ejército y fuerza pública a obligarlos a ceder sus tierras y derechos. Los pueblos se han organizado y realizado peticiones a las autoridades federales y estatales pero han hecho caso omiso; denunciaron el uso ilegal de la fuerza policiaca y militar para intentar callarlos e imponer las obras, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e interpusieron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, mismos que siguen en trámite. ¿Por qué oponerse al Proyecto Integral Morelos? El Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Social A. C., organización de la sociedad civil en Tlaxcala que da acompañamiento al caso, refiere que el Proyecto Integral Morelos sólo busca ampliar la red del sistema nacional de gasoductos, fomentando la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural, con el fin de producir energía eléctrica fundamentalmente para la industria, a costa de la vida de los pueblos. Además de la ilegalidad y ausencia de transparencia del proyecto, el procedimiento de licitación, adjudicación de contratos, permisos y autorizaciones otorgados han sido oscuros y no cuentan con fundamento jurídico. Señalan que el acceso a la información pública en varias ocasiones ha sido negada en primera instancia por considerarse “reservada”, situación que aunque ha sido revertida en procedimientos de revisión, se imposibilita en los hechos por sus altos costos (más
Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX
Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Es fundamental que la reforma política de la Ciudad de México abra espacios de reflexión reales, en donde se puedan conocer los alcances de esta reforma en la vida cotidiana, el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso al derecho al agua, etc., pero sobre todo que fortalecezca a sujetos de derechos. 03 de marzo de de 2016 Por: Melissa Vértiz Hernández La dignidad en nuestras manos Actualmente en la Ciudad de México (CDMX) se están construyendo desde la sociedad civil y en el marco del ejercicio del derecho a la participación, experiencias y reflexiones en torno a la reforma política. Es importante conocer algunas de las implicaciones de esta reforma aprobada en abril por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados en diciembre del 2015. El DF pasa a ser CDMX, con autonomía en su gobierno, organización política y administrativa. La Asamblea Legislativa será el Congreso de la CDMX y estará conformada por 66 representantes. Las 16 delegaciones serán ahora demarcaciones territoriales con un alcalde y un concejo. El Jefe de Gobierno será el Ejecutivo Local y los Jefes Delegacionales, Alcaldes. La CDMX seguirá siendo la capital del país y la sede de los tres poderes El Legislativo aprobará el presupuesto y asignaciones. El Ejecutivo Local nombrará a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX sin el aval del Presidente de la República. Se crea una Asamblea Constituyente, la cuál será la responsable de aprobar la Constitución antes del 31 de Enero del 2017. Las personas que formen parte de este constituyente no recibirán un sueldo, pero el establecimiento y funcionamiento requiere una infraestructura para su funcionamiento. Años atrás de las aprobaciones mencionadas, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y personas especialistas[1] realizaron acciones de incidencia política y con actores claves tomadores de decisiones; promovieron espacios de reflexión en donde posicionamos la libre determinación y la participación en la reforma y demandamos: 1) conformar una Asamblea Constituyente Ciudadana con especialistas en diversos temas y sectores de la población, para elaborar la carta magna, 2) participar en el diseño de la Constitución, lo que implicaba que el proyecto pudiera ser elaborado por el jefe de gobierno y la constituyente, a través de la iniciativa popular, 3) que este ejercicio de soberanía fuera el preámbulo de la definición inscrita en nuestra Constitución,4) respetar los derechos de las personas trabajadoras que están al servicio de los Poderes de la Ciudad y, 5) retomar el contenido de la Carta por el Derecho a la Ciudad y el Programa de Derechos Humanos. Actualmente este grupo, conformado por cerca de 40 referentes, estamos trabajando con acciones de incidencia política y con un mayor empeño en el diseño y construcción de principios y contenidos para la Constitución. Estamos convencidas y convencidos que este pacto deberá contener los principios básicos de DDHH, las obligaciones del Estado, y sobre todo mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, principios fundamentales como el de la igualdad y la no discriminación, que incluya de manera transversal la perspectiva de género y que permita afianzar una política de igualdad sustantiva y el fortalecimiento de la cohesión social. Una vez que la reforma fue aprobada, se establece por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el grupo de notables, conformado por personas defensoras de derechos humanos y expertas en los temas de Ciudad, y el Instituto Nacional electoral lanza la convocatoria, la cual es un “palo encebado” sobre todo para las candidaturas independientes. Frente a esto, el trabajo de sociedad civil se ha planteado y fortalecido hacia distintas reivindicaciones. Entre los diversos ejercicios de participación están los espacios conformados por actores que se oponen a la reforma, ya que tanto en forma como en fondo privilegia a ciertos partidos y carece del componente ciudadano. Por ejemplo el movimiento Todxs somos Constituyentes que han diseñado y preparado espacios para y desde la sociedad con la finalidad de analizar y reflexionar sobre el tema y su participación. Otra vía es la preparación de candidaturas independientes, que a pesar de los obstáculos que establece el INE, han logrado inscribirse. La primera planilla de candidaturas independientes articuladas en “Tú Constituyente. Colectivo Independiente” es un ejemplo. Lo importante es que, independientemente de la fórmula de participación y estrategia, las personas, organizaciones y colectivos estamos ejerciendo el legítimo derecho de quienes habitan en un país: la participación política, el cual se mira como un mecanismo de exigibilidad del pleno cumplimiento y garantía de derechos, indirecta o directamente, y como un elemento fundamental en la construcción de una sociedad más participativa en la cimentación de un país democrático, que a su vez forma parte del derecho a defender derechos.[2] Los pendientes y retos son diversos; por ejemplo la actual administración de la CDMX tiene como obligación informar, principal pero no exclusivamente, a la sociedad que vive y/o transita en ella, sobre alcances e implicaciones de esta reforma. No basta con la colocación de pósters en transporte público o en algunas plazas, despidiendo al DF y saludando a la Ciudad de México, como si se tratara del cambio de horario o de un nuevo programa social. Es fundamental que se abran espacios de reflexión reales, en donde se puedan conocer los alcances de esta reforma en la vida cotidiana, en el acceso a la justicia, la participación ciudadana, el acceso al derecho al agua, etc., pero sobre todo fortalecer a sujetos de derechos y no a objetos de políticas muchas veces privatizadoras y asistencialistas. Como sociedad civil, tenemos el reto de lograr confluencias, de ubicar el punto en donde todas y todos tenemos un acuerdo, este acuerdo puede ser la elaboración de un Pacto (constitución) a favor de las personas que viven y transitan por la Ciudad, en donde se privilegie la seguridad humana sobre los intereses económicos y políticos, y se ponga un alto a la corrupción e impunidad. * Melissa Vértiz Hernández es Coordinadora General del Centro Vitoria. [1] Derechos Plenos,
La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedó a su suerte)
La historia de un estudiante mexicano atacado en Belice (y cómo quedo a su suerte) Mientras estudiaba una maestría en Belice becado por el Conacyt, Iván Juárez fue atacado brutalmente por dos sujetos que le dejaron múltiples heridas. La agresión física fue apenas el inicio del tormento que ha vivido ante el desinterés y falta de sensibilización por parte de los responsables del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)-México, la Universidad de Sherbrook-Canadá y la Cancillería mexicana. 23 de febrero de de 2016 Por: Johana Sánchez La dignidad en nuestras manos Iván Juárez Torrijos, estudiante mexicano de maestría en Ecología Internacional en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)-México y la Universidad de Sherbrook-Canadá, realizaba una estancia en la comunidad de Steadfast del Distrito Stannd Creek al sureste de Belice cuando el 20 de junio de 2015 fue atacado brutalmente por dos sujetos que le causaron múltiples heridas. Iván sufrió cuatro heridas en la cabeza, una en la espalda, fracturado el cúbito del brazo derecho y cortados tendones y flexores profundos y superficiales de cuatro dedos de la mano izquierda. Fue necesaria una cirugía para salvarle la mano. Este terrible hecho fue notificado a Marbella Michel de la sección consular mexicana en Belice, quien sugirió el traslado de Iván a México. Para ello le ofreció pagar el boleto de avión, no sin antes decirle que el dinero debía reponerse a la Cancillería mexicana. Dadas las circunstancias, el estudiante aceptó de inmediato, pues en su cuenta de depósito de beca no tenía dinero. El lunes 22 de junio la familia de Iván se vio presionada por el Consulado para pagar el boleto de avión (no como se había acordado) aludiendo en una llamada telefónica que de lo contrario perdería el brazo o el dedo. Fue trasladado en una camioneta del consulado a Chetumal, después lo dejaron en el avión. Ya en la Ciudad de México, lo esperaba una persona de Cancillería quien simplemente cumplió con esperarlo y entregarlo a su familia, sin preguntar más sobre las necesidades de traslado al hospital, por ejemplo. Su familia lo llevó en taxi al Hospital Regional del ISSSTE Ignacio Zaragoza y ahí fue operado al día siguiente. La agresión física fue apenas el inicio del tormento que Iván Juárez ha vivido desde hace poco más de ochos meses ante el desinterés y falta de sensibilización por parte de los responsables del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur)-México, la Universidad de Sherbrook-Canadá y la Cancillería mexicana. Durante su estancia, él observó que en el poblado era común la venta y consumo de alcohol y droga, situación que las autoridades de las instituciones educativas nunca valoraron al momento de proponer a Belice como destino para realizar prácticas y mucho menos le proporcionaron garantías de seguridad. Incumplimiento de ECOSUR en la oferta diversificada para realizar prácticas profesionales en el extranjero La maestría se promueve con una oferta de prácticas en el extranjero, que incluye países de Latinoamérica, Estados Unidos o incluso África. Los grupos en los cursos incluyen estudiantes tanto mexicanos como canadienses. En diciembre de 2014 se les informó a los estudiantes mexicanos que los sitios para las prácticas eran en Belice y sólo había un lugar para Canadá, en el caso de los alumnos canadienses se les ofertaron países como Chile, Argentina, Brasil, Guatemala o Marruecos. De esta manera no se tomó en cuenta si el proyecto de investigación de cada alumno era acorde con el país al que sería enviado, aunado a que no se respetó la oferta educativa que se ofreció en principio. Beca insuficiente para una estancia digna Para efectos del apoyo económico de estudios de la maestría, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) otorgó una beca mixta, la cual usualmente cubre doce meses de apoyo en intercambio extranjero. Sin embargo, CONACYT (solo a partir de la generación de Iván) no continuó el apoyo completo de 12 meses de beca mixta y lo redujo a ocho, en el entendido de que, de acuerdo a como está formulado el Programa de Maestría en Ecología Internacional, el intercambio efectivo con la Universidad canadiense en Sherbrooke aplicaba solo por ocho meses la estancia. Las prácticas profesionales posteriores se realizan en otro país (Belice) diferente a la Universidad canadiense sede del intercambio. A pesar de lo anterior, la Coordinación de Maestría los envió a realizar la práctica al extranjero sólo con la cobertura de una beca nacional que no era suficiente para que los alumnos y alumnas cubrieran los gastos de trasporte, vivienda, alimentación y mucho menos un seguro médico. No todos los compañeros de generación de Iván obtuvieron esta beca y su situación económica realmente era crítica, incluso se les pidió ayudar con su propio dinero a otros que más lo necesitaran. Falta de protocolo o plan de actuación ante casos de emergencia o accidentes Nicolás, compañero de grupo de Iván, apareció por casualidad minutos después del ataque, fue quien le brindó los primeros auxilios y lo trasportó en su coche particular a la clínica más cercana. No había un plan de acción previsto en casos como éste por parte de ECOSUR, de hecho el contacto se generó hasta tres días después, ya que Iván Juárez estaba en México, mediante una grabación de voz en el teléfono. Literalmente Birgit Schmook, coordinadora de la maestría en México, dijo que no había recibido el correo que mandó Nicolás y reconoció que no existía ningún teléfono previsto para dar a conocer de emergencia un caso como este. Hasta la fecha no ha habido ningún contacto formal de la Coordinación de la Maestría en Canadá, solo una comunicación vía facebook recibida 16 días después. En el portal en línea del Programa de Maestría en Ecología Internacional de la Universidad canadiense se colgaron las medidas de seguridad solamente hasta después de lo ocurrido. En el portal mexicano simplemente no existe. Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos El 11 de noviembre de 2015 se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por
Para construir memoria. Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las Mujeres
