Reacomodo neoliberal del comercio
Reacomodo neoliberal del comercio Sábado 25 de marzo de 2017 Miguel Concha La reciente reunión de la Alianza del Pacífico demostró el momento turbulento por el que atraviesa el mundo. La crisis del modelo neoliberal es evidente, y sus defensores están a rajatabla buscando sostenerlo y afianzarlo. En su calidad de presidente pro tempore de la alianza, el canciller de Chile dijo: Creemos que ésta (la reunión) es una señal política importante en momentos de incertidumbre, con lo cual se denota la preocupación de los gobiernos neoliberales ante las políticas económicas proteccionistas de Donald Trump. A esa reunión se sumaron además, como invitados, nuevos estados, entre ellos China y Corea del Sur, así como una decena de países que eran integrantes del Acuerdo Transpacífico (ATP). Su objetivo fue revisar las diversas propuestas de comercio e integración entre países, por ejemplo, por medio de la firma de tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI). De una cosa ya estamos seguros: el modelo de reglas comerciales, que en continuidad con otros tratados pretendió implantar el ATP, no ha sido eliminado del todo. Por el contrario, junto con otros modelos de reglas comerciales, se convierte en una especie de estándar sobre el cual se negocian o renegocian acuerdos comerciales entre estados. El neoliberalismo busca entonces afianzarse por medio de estas reuniones de los hombres del poder, quienes, conforme a sus intereses, vinculados siempre a las empresas trasnacionales, legalizados en acuerdos de libre comercio, procuran definir los rumbos de la economía mundial. Por ello no es extraño que la Alianza del Pacífico pretenda reunirse también con países integrantes del Mercado Común del Sur (Mercosur), para, según el canciller chileno, persistir en la apertura al mundo y en la integración bajo distintas modalidades, como hemos hecho en el pasado, con acuerdos bilaterales, subregionales y regionales. Se perfila entonces una guerra comercial entre potencias económicas, una guerra de estados que se ven refuncionalizados por las grandes corporaciones. Y sin embargo, para nuestra esperanza, organizaciones y movimientos sociales –que no son ajenos a este contexto y saben que es adverso para la garantía de una vida digna la vigencia de los derechos humanos y la soberanía de los pueblos– se reorganizan y articulan constantemente y a todo nivel. La semana pasada se reunieron en Buenos Aires, Argentina, algunos de estos movimientos y organizaciones, para reflexionar sobre el contexto de América Latina y el Caribe, con especial énfasis en los TLC y TBI que, parece, seguirán avanzando en la región, con países de otras regiones. Entretejieron reflexiones y estrategias para revertir amenazas y afectaciones, como las que representan el avance de tratados de esta cepa y el uso del régimen de protección de inversiones (ISDS), cuya motivación es la resolución de controversias entre estados y empresas, y el cual, como también sabemos, se construye a partir de un andamiaje jurídico internacional sui géneris, pues se erige desconectado del resto de los sistemas del derecho internacional y funciona meramente con fines económicos. Dichas resoluciones son tan costosas para los estados que, por un lado, deben pagar millones de dólares si pierden sus demandas, o bien mejor abstenerse de realizar cualquier política o acción de gobierno encaminada a proteger, por ejemplo, derechos de grupos específicos o cuidado del medio ambiente, si atentan contra inversiones de empresas trasnacionales. Se configura así el chilling effect, que se realiza cuando el Estado se autorregula en favor de las empresas y en detrimento de las personas y los pueblos, absteniéndose de cumplir sus obligaciones hacia ellos. Con el apoyo de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC, el Transnational Institute, Attac, Amigos de la Tierra y Redes-Red de Ecología Social, y teniendo como sede el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la reunión fue oportuna en este momento histórico coyuntural, que, sobra decir, nos presenta la urgencia de que, desde las posturas de las diversas organizaciones y movimientos, se construyan propuestas alternativas al modelo a escala regional. Son tiempos de cambiarlo todo, con base en las malas experiencias tenidas desde las décadas de neoliberalismo que llevamos acuestas. Es decir, de reconocer que este sistema ya no se aguanta más, y que por tanto la transformación del modelo económico es apremiante, y resulta inadmisible argüir beneficios en su defensa. Las promesas del neoliberalismo, de que las inversiones de trasnacionales traerían mejoras en la vida de las personas, simplemente no se hicieron presentes. Por el contrario, sólo beneficiaron a un conglomerado de grandes empresas que ahora, preocupadas por cómo juega sus dados Estados Unidos, presionan a diversos países para garantizarles certezas jurídicas. Es decir, certezas para mantener el despojo y la precarización de la vida y bienes comunes de las personas y pueblos. Sabemos también que en México esta coyuntura es oportunidad para transformar un modelo que no ha funcionado. Por ello, y con el mismo espíritu del encuentro de Buenos Aires, organizaciones sociales aglutinadas en la Convergencia México Mejor Sin ATP (tratados de libre comercio) convocan a un encuentro nacional el 30 de marzo por la mañana, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, con la finalidad de reflexionar y construir propuestas alternativas, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es momento ahora de pensarnos como pueblos del sur global, momento de acompañarnos y aprovechar esta coyuntura para cambios de raíz y generar ese otro mundo que tanto anhelamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP
Inconstitucionalidad de la ley Atenco
Inconstitucionalidad de la ley Atenco Sábado 11 de marzo de 2017 Miguel Concha Los pasados días 2, 6 y 9 de marzo se discutió en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, también conocida como ley Eruviel o mal llamada ley Atenco. Dicha discusión se dio a raíz de tres acciones de inconstitucionalidad presentadas el año pasado ante el máximo órgano del Poder Judicial: una por el Congreso del estado de México y dos por las comisiones estatal y Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los pueblos de esa entidad federativa y diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), han reiterado en varias ocasiones la importancia de que la SCJN declare la inconstitucionalidad de ese ordenamiento, a causa del riesgo que representa para los derechos a la protesta y la libertad de expresión en ese estado. Derechos fundamentales para la transformación de la sociedad y la garantía de otros derechos humanos en una democracia. A pesar de que los temas cruciales de esta discusión son la protección de la integridad de las personas y sus colectivos en contextos de protesta, la regulación del uso de la fuerza pública y la garantía de que las demandas de las personas y de los pueblos puedan expresarse libremente, las dos primeras sesiones de la SCJN giraron en torno a cuestiones procedimentales acerca de las facultades del Congreso estatal para presentar una acción de inconstitucionalidad, pues se discutió sobre si correspondía o no al máximo tribunal anular la ley en cuestión, dado a que esa demanda, en opinión de seis ministros sobre cinco, sólo surtía efectos en los casos en que la minoría de las diputadas y diputados (33 por ciento) pidieran la derogación de la ley. La acción de inconstitucionalidad de la ley Atenco fue en efecto presentada por 68 por ciento de los congresistas de ese estado. Es decir, la SCJN sólo discutió si estaba facultada para revisar la ley en virtud del número de congresistas estatales que abogaron para que se llevara ante esa máxima instancia del Poder Judicial. La demanda de los pueblos, de los grupos en resistencia y de la sociedad civil mexiquense, es, por el contrario, que el Estado, en sus diversas instancias y en todos sus niveles, debe garantizar plenamente la integridad física de las personas que ocupan el espacio público para movilizarse, exigir justicia y reunirse, con el fin de visibilizar los problemas que vulneran la dignidad de las personas y la integridad de sus colectivos. Cabe recordar que en la ley Atenco se juega incluso su vida, pues se dejan a merced de interpretaciones vagas y abiertas conceptos como resguardo de la paz pública y amenazas a la autoridad, además de la prácticamente nula limitación en el uso de armas letales y de fuego por las fuerzas del orden en contextos de protesta, pues en razón de la equivocidad de tales conceptos podría ser permitido de manera discrecional, por encima de la seguridad de las personas. De acuerdo con esa ley, las autoridades pueden también hacer uso de la fuerza en los casos en que existan agresiones inminentes, concepto que queda igualmente expuesto a la arbitrariedad y a la discrecionalidad, teniendo en cuenta que el uso de la fuerza pública debe ser el último de los recursos a utilizarse para el control de multitudes. En la mencionada ley se juega también la certeza jurídica de las personas que pueden llegar a ser detenidas en contextos de protesta, pues quedan igualmente estipulados de manera muy laxa aquellos tratos que de acuerdo con mecanismos internacionales son calificables de tortura, y que en esta ley quedan simplemente como tratos crueles. Entre dichas conductas se encuentran aquellas de índole sexual. Esto deja particularmente vulnerables a las mujeres en esos contextos, pues infravalora la gravedad de las agresiones sexuales y normaliza la violencia machista en una sociedad patriarcal que las vulnera de forma cotidiana y cobra la vida de por lo menos siete mujeres todos los días. Atenta también contra la integridad de las y los adolescentes, cuya participación social es cada vez más común en los contextos de protesta, pues en esta ley no se hace tampoco distinción alguna respecto de los procesos que deben darse en el trato a menores de edad. A pesar de todo, el pasado jueves se empezaron a discutir en la SCJN temas de fondo, teniendo como base la acción de inconstitucionalidad presentada por la CNDH. Se deliberó entonces sobre la pertinencia del uso de la fuerza pública a la luz de aquellos aspectos que ya han sido denunciados desde el año pasado por los diversos grupos sociales afectados por esta ley. Algunas de las consideraciones de las y los ministros fueron acerca de la incapacidad de tratar de manera general la diversidad de casos en los que se pudiera hacer uso o no de la fuerza, ya que esto depende de que en cada situación particular deba quedar de manifiesto la prioridad de la protección y el respeto a los derechos humanos, su oportunidad y su necesidad como último recurso, teniendo en cuenta que su finalidad es precisamente resguardar éstos, incluso en casos en los que se amerite su necesidad como último recurso. La discusión aún no se ha cerrado, y es de suma importancia que todos y todas estemos atentos al desarrollo que la misma tendrá a partir del lunes de la próxima semana. Todo indica, sin embargo, que la SCJN se encamina por fortuna a declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Ello no obstante, es menester que nos involucremos en este debate jurídico, pues se trata de un precedente fundamental para la exigibilidad de derechos y el reconocimiento de las diversas formas de participación ciudadana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo
El derecho humano a vivir en paz
El derecho humano a vivir en paz Sábado 04 de marzo de 2017 Miguel Concha Llama la atención que en lugar de discutir un modelo de seguridad compatible con la Constitución y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos aprobados por México, nuestros legisladores, contra toda evidencia, sigan impulsando un esquema desfigurado y hechizo de seguridad pública, contrario a un Estado democrático y social de derecho, y a las expectativas de la nación. Con el inicio, en efecto, de la llamada guerra contra el narcotráfico, a partir de diciembre de 2006, los registros oficiales indican que desde el aumento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad pública, los índices de violencia y violaciones a los derechos humanos en el país han reportado un acelerado incremento. Los informes de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (2016/17), dan a conocer que el gobierno mexicano tiene registrados, hasta finales de noviembre de 2016, 36 mil 56 homicidios en tales operativos. Instituciones académicas, como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, han señalado igualmente, con fundamentos estadísticos sólidos e incontrovertibles, el aumento de la violencia en los últimos años, en proporción directa con el mayor número de efectivos militares involucrados en actividades que no les competen. Y organizaciones nacionales de derechos humanos, junto con otros estudios, como el emitido por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, han mostrado también la alta tasa de letalidad en los enfrentamientos de las operaciones de seguridad, en las que están implicados miembros de las fuerzas armadas. Quizás a ello se deba que no se haya explicitado hasta ahora en México el reconocimiento del derecho humano a la paz, complemento indispensable de todos los esfuerzos de la sociedad por eliminar las causas institucionales y políticas que generan la violencia, para no seguir perpetuando las que la provocan. La paz, como un derecho de las personas y de los pueblos, comenzó a definirse a partir de la construcción doctrinaria que acompañó al surgimiento de la Sociedad de las Naciones en 1918. Ello no obstante, fue tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial cuando la paz se constituyó como un concepto positivo, fundamentado en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Conferencia General de la Unesco, y los órganos regionales de carácter intergubernamental. Pero no fue sino hasta décadas después de 1945 cuando la necesaria existencia de un derecho humano a la paz, de un derecho individual y colectivo a vivir en paz, siguió a la conceptualización de una nueva categoría de derechos humanos, los llamados derechos de la tercera generación, derechos de solidaridad, o de vocación comunitaria. La Declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la Preparación de las Sociedades para Vivir en Paz sostiene que el derecho a vivir en paz es para todas las naciones y todos los individuos. Posteriormente, en su artículo primero, la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz proclama solemnemente que los pueblos de la tierra tienen un derecho sagrado a la paz. Y una resolución adoptada en 1976 proclamó ese derecho humano a la paz, que ha sido incorporado posteriormente a varias constituciones de diferentes países. En el ámbito regional americano también se le reconoce, mencionado por primera vez en una resolución de la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, adoptada en 1979 en la Conferencia de Quito, la cual proclamó el derecho de todas las personas, los estados y la humanidad a vivir en paz. Igualmente, en el marco de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General de la OEA, en la Declaración de Caracas, reconoció en su párrafo cuarto, en 1998, la existencia del derecho humano a la paz. La paz no es entonces un valor que pertenezca únicamente a las relaciones internacionales, ni mucho menos un asunto que deban pactar quienes ostentan el poder. Es sobre todo un derecho humano del que todas las personas, los grupos y los pueblos somos titulares. Todas y todos tenemos derecho a vivir en paz; todas y todos tenemos derecho a una paz justa, sostenible, duradera y con dignidad. La paz no es tampoco sólo la ausencia de conflictos armados internos o internacionales. Es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la seguridad ciudadana, e incluso humana; a vivir en un entorno sano y seguro; al desarrollo, y a un medio ambiente sostenible. Es un derecho que engloba también el derecho a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que supongan amenazas contra la paz, así como el derecho a la resistencia contra la opresión de los regímenes que violentan derechos humanos. La paz es la premisa para el ejercicio de todos los derechos humanos, y al mismo tiempo un derecho humano, para cuyo ejercicio se requiere del concurso de diversos factores sociales, culturales, políticos, económicos e ideológicos. Las responsabilidades de los estados sobre la paz incluyen, pero no se limitan, al plano internacional. La Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz de 1984 enuncia que es deber sagrado de todos los estados garantizar que los pueblos vivan en paz. Y declara que proteger el derecho de los pueblos a la paz, y a fomentar su realización, es una obligación fundamental de todo Estado. Un ejemplo destacable del reconocimiento interno del derecho a la paz se encuentra en la Constitución de Colombia de 1991, la cual, en su artículo 22, dispone que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y en México, ¿cuándo será garantizado explícitamente en nuestra Constitución? Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Eneas De Troya Entradas relacionadas: Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad
Un Gramsci para nuestro tiempo
Un Gramsci para nuestro tiempo Sábado 25 de febrero de 2017 Miguel Concha La crisis en México tiene varias dimensiones. Comprender la problemática económica, la decadencia política, la explotación de los trabajadores, la invasión de los territorios indígenas y campesinos, la violación sistemática de los derechos humanos, la militarización de la seguridad, etcétera, requiere de un análisis crítico de la sociedad. También es necesario un compromiso político y una praxis con la diversidad de grupos con los que ésta se estructura, en el contexto de la organización ciudadana. México se encuentra en el momento preciso para restructurar su política económica interna y reorganizar su lugar en la política económica externa. El proyecto no depende sólo de las grandes estructuras económicas, ni de la política de profesión, sino de la participación política de las y los ciudadanos mexicanos, como ya lo había señalado Antonio Gramsci en su momento histórico. En su libro La modernidad de Gramsci. Política y humanismo, publicado por el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci AC, el doctor Francisco Piñón ofrece una lectura del pensamiento gramsciano, que pueda dar a nuestros tiempos de crisis una perspectiva humanista. En él expone el pensamiento del filósofo italiano desde su propio contexto histórico-social; es decir, no sólo busca exponer su pensamiento, sino sobre todo lo material, lo humano del pensador mismo, pues, como señala Piñón, la labor de Nino no fue sólo la de recrear la mera teoría marxista, sino la de responder desde un punto de vista crítico a la transformación de su presente; aquél atado al pasado europeo, al de la tradición clásica griega, medieval y renacentista. El ámbito de trabajo de Gramsci no fue la academia, sino el problema político concreto; la tensión entre el proyecto revolucionario y el clima de fascismo. La lucha, nos enseña el pensador italiano, no se llevó a cabo sólo en el terreno supraestructural, sino en el terreno cultural, que está íntimamente ligado con la política y la economía; y por ello el libro del doctor Piñón nos muestra a un Gramsci complejo en influencias y en análisis sociales, políticos, económicos y culturales. Y por lo que respecta al marxismo del pensador italiano, éste se construyó en diálogo constante con Antonio Labriola, Benedetto Croce y Lenin, aunque en la práctica con su participación activa en el Partido Comunista Italiano y en la revistas Avanti! o L’Ordine Nuovo, desde donde ofreció importantes análisis a las cuestiones en torno al meridión italiano o los consejos de fábrica. El marxismo de Gramsci no quedó paralizado ante las estructuras, sino que buscó dar respuesta desde la dimensión práctica a la cuestión del determinismo y del economicismo. Según Gramsci, las críticas estructural e ideológica no son suficientes. Las ideologías, que hacen que los hombres se identifiquen y se organicen; las utopías; los mitos; las religiones; los principios; los prejuicios y las opiniones, deben ser comprendidas en el proyecto de la reorganización del proletariado. El pensador italiano tuvo claro el objetivo, al proponer configurar una cultura socialista que pudiera posibilitar y madurar la organización. Para él la nueva cultura tenía que ser un humanismo real. La teoría política de Gramsci es histórica, sostiene Francisco Piñón, porque parte de las condiciones concretas de la cultura moderna, de la economía política, de la complejidad social. El lugar del hombre en el pensamiento político gramsciano es la del actor principal, el que tiene una participación activa en la construcción de la nueva sociedad. En otras palabras, resalta la importancia del quehacer del hombre sobre su propia historia. El doctor Piñón explica en el prólogo de su libro: Para Gramsci es el hombre el actor central. Es el máximo factor de la historia. No los hechos económicos en bruto, sino el hombre, la sociedad de los hombres que se entienden entre sí y desarrollan una voluntad social y colectiva, y comprenden los hechos económicos, los juzgan y los conforman a su voluntad. Este es a su parecer el pensamiento esencial de Gramsci. Sin embargo, el ejercicio de la libertad humana requiere del conocimiento de las condiciones sociales, de las estructuras económicas, y de que su realización es posible en el terreno de lo político. La tensión social, las crisis económicas y el conflicto político tienen por elemento central las utopías, los egoísmos humanos, las ideologías jurídicas, políticas, religiosas, filosóficas y artísticas. Pero son los hombres, los funcionarios, los intelectuales y los grupos, quienes con sus ideologías, visiones del mundo, creencias y prejuicios, entre otros, confluyen en el Estado. Como sostiene el doctor Piñón: “[…] en el fondo, es el mismo hombre la medida de todos sus valores, y por consiguiente el criterio inmediato de toda crítica social” (p. 43). El profesor Francisco Piñón nos ofrece una imagen de Antonio Gramsci como la de un intelectual comprometido con los complejos problemas de la Italia de su tiempo histórico: el fascismo, la religión, los movimientos revolucionarios, la división italiana, entre otros. El pensamiento de Gramsci nos obliga a recuperar de nuevo el lugar de la acción humana en la construcción de una sociedad económica y políticamente justa. Saludamos que el doctor Piñón nos brinde la radiografía de aquel intelectual italiano en el preciso momento en que México vive una de sus más grandes crisis, pues, como afirma en el prólogo de su libro, Gramsci es el pensador político que en tiempos de crisis y decadencia de la cultura occidental, en épocas de revolución y fascismo, intentó una magistral reflexión teórica sobre su tiempo histórico. Hoy también para México es el tiempo de continuar organizándonos, y de comprender y seguir actuando ante la crisis mexicana. No queda más que invitar a la lectura de este ilustrativo libro. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Andrew Russeth Entradas relacionadas: Una ley eficaz contra la desaparición forzada La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los
Una ley eficaz contra la desaparición forzada
Una ley eficaz contra la desaparición forzada Sábado 18 de febrero de 2017 Miguel Concha Antes de finalizar 2016, y luego de varios encuentros en el Senado, una comisión de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se reunió con un grupo de senadores que encabezan los trabajos del dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. En esa ocasión estuvo también presente una comisión integrada por representantes de distintas instancias del gobierno federal. El mensaje al Legislativo y al gobierno federal fue entonces claro: las familias exigieron que el dictamen de la ley estuviera listo en el próximo periodo de sesiones y que incluyera sus peticiones. El nuevo periodo legislativo comenzó el primero de febrero de 2017, y si bien la ley en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares se encuentra en la agenda legislativa, a las familias de las personas desaparecidas les preocupa que una vez más el dictamen quede desplazado. Y así, mientras se sigue demorando esta legislación, las desapariciones en el país continúan, y las cifras aumentan. Hemos llegado a un número oficial que señala más de 30 mil desaparecidos en México, aunque a esta cantidad habría que sumarle la de los restos humanos que han encontrado las familias cuando han tenido que salir a buscar valientemente a sus seres queridos, frente a los vicios institucionales y la falta de acción de las autoridades. Habría que añadir también la cifra de desaparecidos, cuyas familias, por miedo o por las amenazas que reciben, no se atreven a denunciar. No hay, pues, respeto a los derechos de las personas desaparecidas ni a los de sus familias, quienes además se encuentran frecuentemente en una situación límite, al tener que destinar sus escasos recursos a la búsqueda de sus seres queridos. Búsqueda que en muchas ocasiones sigue enfrentando la impunidad y la corrupción de las autoridades, y en otras las amenazas y el hostigamiento constante de grupos locales o de miembros del crimen organizado. Sin embargo, y aun con miedo, soportando la corrupción, miles de familias salen a buscar con vida o en fosas a sus parientes. Y ello porque las autoridades dicen que no está en su haber buscar y que sólo investigan; porque se pierde tiempo valioso en trámites burocráticos, y porque muchas veces las autoridades no muestran interés alguno por buscar. Y sin embargo la búsqueda es pieza clave y prioridad para las familias. Y es por eso que en el proceso de la creación de la ley se propuso una Comisión Nacional de Búsqueda que permitiera la participación activa de los familiares, con recursos suficientes. Para éstas la Comisión Nacional de Búsqueda es irrenunciable, aunque es claro que sin estos componentes esenciales, legales y administrativos no funcionará. No hay que olvidar que frente a una situación generalizada de desaparición forzada de personas en el territorio nacional, la responsabilidad del Estado hace necesaria la implementación de mecanismos novedosos de búsqueda, así como la construcción de instituciones que gocen de capacidades humanas, técnicas y presupuestarias para cumplir con su mandato de forma eficaz. Las familias reconocen sin embargo que la ley no solucionará las desapariciones de un día para otro, pero que sí representa un paso importante en el reconocimiento de la identidad de las personas desaparecidas, y en la necesidad de la asignación de recursos materiales y humanos para la búsqueda. La ley contra la desaparición puede ser también un componente de prevención frente a las desapariciones; es decir, una respuesta clara ante la crisis actual de derechos humanos. En diciembre de 2016 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá, que México tiene un problema con la desaparición de personas. No basta entonces que las autoridades reconozcan la gravedad de este tema en el país; deben pasar de las declaraciones a las acciones, y hacerse responsables. La falta de actuación y de respuestas mostradas hasta ahora deja a las familias la responsabilidad de la búsqueda y el compromiso de impulsar una ley que respete su derecho a participar, y garantice los derechos de los desaparecidos y de sus familias. De luchar por una ley eficaz que responda a la realidad que viven miles de ciudadanos. El gobierno federal y el Senado tienen la oportunidad de sentar un buen precedente frente a las desapariciones. Con la participación de las familias, debe discutirse una ley efectiva. Es fundamental que no se ignore la experiencia de los familiares de los desaparecidos; que no se ignore su dolor ni el camino que han andado en la búsqueda de sus seres queridos. Un camino que ciertamente ha dejado un sinfín de experiencias que deben aprovecharse. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha dejado muy claro que no va a respaldar una Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares que no sea eficaz. No van a respaldar una ley que genere más burocracia y que les haga gastar más recursos. El tiempo avanza, la crisis aumenta, y mientras más se tarden en legislar una ley eficaz, más tiempo se tardarán en encontrar a las personas desaparecidas, y, por el contrario, más continuarán las desapariciones en el país y la impunidad que las rodea. El tiempo se agota y las familias claman, ya no más un periodo más. Y exigen que a la brevedad se dé la discusión y aprobación de esta ley. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La Constitución de la CDMX Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria
La Constitución de la CDMX
La Constitución de la CDMX Sábado 11 de febrero de 2017 Miguel Concha Con la publicación de la Constitución de la Ciudad de México concluyó una parte del proceso de legislación sobre la vida pública de quienes en ella habitamos, aunque no su totalidad; se prolongará con la adecuación de todo el marco jurídico, lo que al menos llevará cuatro años más. No obstante, se impone un balance provisional de esta etapa, que será definitivo sólo con la terminación de todo el proceso legislativo. La primera constitución del siglo XXI se distingue de las del XIX e inicios del XX por diversas razones. La primera, porque se trata de un ámbito subnacional y la segunda porque su caso no es igual al de las constituciones latinoamericanas de finales del siglo pasado, que ciertamente no fueron producto de revoluciones, como las del inicio de esa centuria, pero sí resultado de profundos cambios en la correlación de fuerzas entre los distintos grupos sociales. La Constitución de la CDMX fue tal vez sólo la culminación de un proceso en una entidad cuya ciudadanía optó por tener de manera continuada gobiernos de izquierda que, al innovar en ella, abrieron brecha en el país. A ello respondió el interés de la Federación por evitar que la urbe, dejada al libre juego de sus fuerzas locales, hubiera creado una constitución de aún más avanzada. Si la ciudadanía hubiera podido elegir a toda la Asamblea Constituyente, los dos partidos de izquierda habrían tenido 68 diputados, los cuales, por sí solos, si hubieran votado juntos, habrían alcanzado la mayoría de dos tercios que se requería para la aprobación de cada uno de los artículos constitucionales. El afán interventor de la Federación para alterar el equilibrio político local, la falta de acuerdos entre los partidos de izquierda y la presión social de los grupos conservadores –de la que se hicieron eco en forma desproporcionada algunos medios de comunicación, e intelectuales resentidos por no haber sido hechos partícipes de este proceso–, aunados a las presiones de tiempo, ocasionaron ciertamente que se establecieran limitaciones e incluso contradicciones en el texto, aunque no lo suficientemente fuertes como para frenar el impulso innovador en la ciudad. Los avances alcanzados tampoco fueron únicamente resultado de los partidos de izquierda, sino también de una ciudadanía organizada que, aunque con limitaciones, contribuyó al proceso, aportando su dedicación para elaborar un proyecto que, de conformidad con lo establecido en la reforma a la Constitución del país, presentó el jefe de Gobierno; este proceso, sin embargo, no se construyó sólo en el ámbito de su gobierno, sino sobre todo en el de ciudadanos independientes, que a su vez fueron el canal de expresión de diversas organizaciones de la sociedad civil, que también aportaron sus conocimientos y experiencia. Igualmente, sectores de la ciudadanía participaron en un cabildeo que aportó argumentos, no favores, como hacían los cabilderos de los grupos de poder económico, a los miembros de la Asamblea Constituyente. Con todo lo anterior, se lograron avances en algunos casos, y en otros por lo menos se evitaron retrocesos, como el que se pretendía hacer con la exclusión de la sociedad civil y de las universidades del Sistema de Derechos Humanos. Que se haya ido más allá de la lógica partidaria, dio lugar a innovaciones en la relación entre gobierno y sociedad, como la existencia del Instituto de Planeación, organismo integrado por gobierno y ciudadanos, que tendrá a su cargo la construcción del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, con vigencia de 20 años. Entre otras cosas, este plan pretende sustraer las orientaciones del desarrollo del predominio de una sola fuerza política, o de los vaivenes inherentes a la normal y democrática alternancia de los partidos en el gobierno. Por el contrario, obligaría a la continuidad de las líneas generales del desarrollo, a las que tendrían que sujetarse los programas de gobierno. Como limitación de este instrumento es que no será autónomo, sino un organismo público descentralizado, aunque con ello no se inhibe su tarea, pero sí se le limita. En el Poder Judicial podemos ver también avances. Se evitará la reproducción del predominio de sus jerarcas máximos al designar o intervenir en la designación de jueces y magistrados, formando una cadena de dependencia y fidelidades. Ahora será un Consejo Judicial Ciudadano el que designará a los miembros del Consejo de la Judicatura, que será el encargado de nombrar a los jueces y proponer a los magistrados al Congreso local. Sin embargo, como limitación tenemos como excepción en el nuevo diseño del poder judicial al Tribunal de Justicia Administrativa, al cual se sustrajo de estos controles. Curiosamente es a éste al que corresponde decidir sobre las controversias que interponen ciudadanos frente a decisiones del gobierno que los afectan. Basten estos dos ejemplos para afirmar que en el futuro de la ciudad no desaparecerán ni las pugnas entre la izquierda ni las presiones de la Federación ni las posiciones conservadoras. En medio de todas ellas tendrá que continuar la línea progresista que aún mantiene la mayoría de sus habitantes. La posibilidad de la sociedad de decidir el destino de su vida pública será mayor o menor, dependiendo de su capacidad de organización y de la elaboración de sus argumentos. La política es tan importante para la vida cotidiana de la ciudadanía, que no se puede dejar sólo en manos de los partidos y de los grupos de poder económico. Se ha podido, pese a todo, dar un paso adelante. Faltan muchos otros para avanzar de nuevo; hace falta dialogar y analizar mucho, abordar de frente las diferencias. Pero, sobre todo, falta organizarse más, para poder participar con mayor eficacia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Dan Cortés Entradas relacionadas: Protección a personas defensoras Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX
Protección a personas defensoras
Protección a personas defensoras Sábado 04 de febrero de 2017 Miguel Concha La reciente visita a México del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores en este renglón hizo que, de nueva cuenta surgiera un llamado de atención al Estado mexicano para hacer frente a la severa crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Retomando lo que el relator mencionó, debemos decir que, efectivamente, la labor de defensa de los derechos humanos hoy, en México y en el mundo, se hace muy necesaria, urgente y vital para el desarrollo de democracias incluyentes, libres de odio y discriminación. Y que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones que tienen los estados en derechos humanos, el trabajo de personas y colectividades defensoras apremia a construir y fortalecer sociedades sin miseria ni miedo. La visita oficial cobra también relevancia en medio de una creciente criminalización y persecución hacia defensores de derechos humanos, así como señalamientos contra organizaciones sociales, que incluyen descalificaciones y ataques por agentes del Estado. Quedó además documentada en esas agresiones la participación activa de actores no estatales, como empresas, el crimen organizado y algunos grupos religiosos hegemónicos, que son ahora considerados por el relator como partícipes en las violaciones a los derechos humanos de defensores. Es inadmisible e indignante que al inicio de la visita, Isidro Baldenegro, activista en la defensa de los bosques y de sus comunidades rarámuris, fuera asesinado, pues es una muestra más de las situaciones que se enfrentan en México cuando se participa en la defensa de bienes comunes, derechos inalienables y la misma dignidad. El relator escuchó de viva voz los testimonios de alrededor de 800 defensores, y cabe resaltar que 60 por ciento fueron de mujeres comprometidas en labores de defensa de derechos humanos, lo que es relevante, ya que son ellas las que reciben los mayores impactos de las campañas permeadas de misoginia y sexismo en su contra. Resaltó también el relator que durante su vista pudo constatar que entre los principales grupos de defensores afectados están aquellos que participan o se relacionan con pueblos indígenas y con la custodia de derechos sociales. Y quienes acompañan o son parte de colectivos LGBTI, defienden a migrantes o son informantes (whistleblowers), periodistas o familiares de personas desaparecidas. En esta visita fue casi inédita la reunión que sostuvo con religiosos o que participan en la defensa de derechos desde sus diferentes confesiones, quienes también enfrentan los ataques de agentes del Estado y se ven vulnerables frente a grupos religiosos hegemónicos y sus autoridades jerárquicas. En este abanico de testimonios, de entrevistas con funcionarios públicos, titulares de gobierno e instancias autónomas, el relator Michel Forst se hizo consciente de algunos aspectos que el Estado y la sociedad deben atender de manera inmediata en México. Como puede verse en el Informe de cierre de misión (https://goo.gl/f1QZ2q), el relator apremia al Estado mexicano a que la protección de defensoras y defensores de derechos humanos se dé bajo un enfoque integral, sistémico y participativo. Y en las primeras recomendaciones ahonda en la necesidad que tienen de contar con un reconocimiento público del Estado a la labor que hacen, al tiempo que se requiere que éste garantice investigaciones prontas e imparciales en casos en los que se afecta su integridad. Esto sería primordial en medio del clima de descalificaciones que padecen, pues sabemos incluso de campañas difamatorias que acusan a las y los defensores de, supuestamente, lucrar con las víctimas y desestabilizar al país. Recomienda asimismo evitar el uso del marco legal, sobre todo penal, para criminalizar o judicializar la acción de personas y grupos que se organizan para custodiar sus derechos y señala la urgencia de integrar la perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con la protección de defensores y defensoras. Asimismo, el relator se dirige a los actores no estatales, particularmente a empresas y a grupos religiosos hegemónicos, a los que recomienda respetar los derechos de los defensores y abstenerse de realizar intimidaciones y ataques, ya sea directamente o mediante empresas privadas de seguridad. Pide expresamente abstenerse de estigmatizar a defensores religiosos de derechos humanos. Por el contrario, invita a las jerarquías a reconocer la importante labor de defensa que realizan motivados por su fe. Se dirige también a la sociedad civil, y recomienda a las personas y organizaciones defensores asegurarse de ampliar sus capacidades de autoprotección y a que éstas sean accesibles, sobre todo a quienes están en mayor riesgo, así como a erradicar en los movimientos sociales la discriminación hacia las defensoras o los defensores LGBTI. La visita de Michel Forst fue ocasión para que las y los defensores de derechos humanos compartieran lo que ya están haciendo para fortalecerse en la garantía de los derechos humanos en México. Se cuenta, por ejemplo, con redes de apoyo y acompañamiento en casos en los que se considera que existe riesgo o ya se padecen ataques, así como con la conciencia e implementación de medidas de seguridad y autocuidado en las organizaciones, movimientos o comunidades que llevan a cabo defensa de derechos. Sabemos que el Estado es el principal responsable de velar por sus derechos, pero ante las omisiones o desvío de poder que lo caracteriza, son ellos quienes más se organizan y continúan luchando por un México y un mundo más digno y justo. Su actividad es clave en la construcción de un futuro prometedor para las generaciones presentes y futuras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Red TDT Entradas relacionadas: Niveles superiores de acción cívica Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social
Niveles superiores de acción cívica
Niveles superiores de acción cívica Sábado 28 de enero de 2017 Miguel Concha La visión que los analistas y los políticos de otros países tienen sobre México puede sintetizarse en la interrogante de por qué una sociedad, que habiendo recibido tan pocos beneficios ha aguantado tantos años el dominio de unas élites económicas y políticas que han procurado tan poco por el conjunto de los mexicanos. Los acontecimientos de este mes, seguro que harán cambiar esta visión. Es cierto que el incremento en los precios de los energéticos colmó la paciencia social, puesta a prueba durante muchos años, e incluso décadas, por las pésimas decisiones que llevaron al desempleo, al deterioro del salario, a la disminución en calidad y cobertura de la seguridad social, a la pérdida de futuro para los jóvenes, y, por si esto fuera poco, a la tolerancia, en connivencia en muchos casos con funcionarios, del ascenso de grupos delincuenciales, con los cuales pactaron, a costa de la violencia sufrida por la población, y sin el menor cuidado de sus derechos fundamentales, el enriquecimiento mutuo. Pero también es cierto que las expresiones de descontento, valiosas por espontáneas, que tuvieron la capacidad de frenar las provocaciones para desprestigiarlas, y poder continuar con sus acciones pacíficas, tienen que pasar a niveles superiores de acción cívica. Tienen que ser capaces de generar programas, tanto de acción inmediata como de mediano plazo, compartiendo el capital analítico que han venido acumulando en tantos años de sufrimiento. En estos momentos de amenaza y afrenta internacional se requiere sobre todo la intervención decidida y decisoria de la sociedad. Tenemos que iniciar conjuntamente el proceso de reconstrucción de la patria en los frentes económico, político, social, cultural e internacional. Frente al panorama anterior es promisorio que muchas organizaciones sociales, que desde los inicios de la crisis han advertido de sus efectos y también de sus causas, y llamado reiteradamente a la sociedad mexicana a tomar en sus manos su propio destino –como el Frente Amplio Social Unitario, Por México Hoy, la Unión Nacional de Trabajadores, El Campo es de Todos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muchas otras más– hayan decidido convocarse mutuamente, y a toda la ciudadanía, para que este martes 31 de enero salgamos en todo el país a manifestarnos, no sólo en contra de la decisión que generó la movilización de la sociedad mexicana, sino también para expresar el rechazo a un modelo económico y político que ha traído tantas calamidades a la nación entera. Y por ello mismo invitar a toda la nación a crear una nueva ruta de desarrollo para todas y todos. Este valioso llamado tiene, sin embargo, ante sí dos retos fundamentales. El primero es que no puede quedarse en una sola marcha, que seguramente será muy numerosa, en la ciudad y en todo el país, sino que tiene que continuarse con diversas acciones que apunten a la construcción de un espacio de diálogo y acuerdos entre todos aquellos que pugnan por una nueva ruta de desarrollo, dirigida al logro de las condiciones básicas para el bienestar de toda la población, la vida pública con democracia sustantiva y participativa, y al final de cuentas una sociedad fincada en la observancia estricta de los derechos humanos de toda la ciudadanía. El segundo desafío consiste en armonizar las distintas formas y tradiciones de participación de las diversas organizaciones, las campesinas y las urbanas, los sindicatos y las organizaciones civiles; en síntesis, todas las que han sido agraviadas por las élites, y que hoy pretenden conjuntar sus esfuerzos, para lo cual es necesario que nadie dirija a nadie, sino que todos estén dispuestos a aprender unos de otros y caminar juntos superando los resentimientos por las confrontaciones anteriores. En efecto, la política real también requiere del perdón mutuo. Sobre todo si se está de acuerdo en que lo fundamental es avanzar hacia un modelo de desarrollo que tenga por horizonte la vigencia de todos los derechos humanos de todas y todos, y una vida pública orientada a una democracia real, y a unas relaciones sociales justas y solidarias. Hoy es claro que la sociedad tiene que hacer las tareas que gobierno y partidos políticos no fueron capaces de realizar: ofrecer un proyecto de nación, condición indispensable para ser reconocidos y respetados en la sociedad internacional, y para afirmar nuestra soberanía, particularmente amenazada en estos días por el giro autoritario y conservador que ha experimentado el gobierno estadunidense, que pretende la prosperidad de su país a costa de la humillación del nuestro. Defender nuestra soberanía en estos aciagos momentos reclama más que nunca defender nuestra independencia como nación. Pero la necesaria unidad nacional no puede construirse en abstracto, sino tiene que ser en función de un proyecto, cuya defensa nos unifique. Y en este sentido, el primer paso de la sociedad organizada será siempre exigir una respuesta digna y clara frente a las provocaciones del gobierno del norte, y pedir al Senado que cumpla con su papel de garante de la política exterior de México. Las relaciones con Estados Unidos son muy importantes como para sustraerlas del escrutinio ciudadano y de la deliberación pública. Es seguro que el mundo neoliberal ya no será como se soñó. No es improbable que haya entrado en su crisis final, pero no tendremos un mundo ni un país mejores si no empezamos a construirlos desde ahora, si no nos creemos capaces de lograrlo. Tal vez tengamos que conocer lo inédito. Una sociedad que es capaz de marcarle rumbo a su gobierno. Hay indignación y potencial organizativo para realizarlo. Pero ello será a condición de que intentemos caminar y aprender juntos cómo construir una nueva etapa para nuestro país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta
Seguridad pública militarizada
Seguridad pública militarizada Sábado 21 de enero de 2017 Miguel Concha En medio de la crisis de derechos humanos que encara el país –que a decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se caracteriza por un clima de violencia que afecta gravemente a grupos en situación de vulnerabilidad, provocado por agentes del Estado y por otros actores, como el crimen organizado–, las acciones del gobierno para enfrentarla parecen un tanto erradas. Me explico. Por lo que se refiere a los agentes del Estado, la CIDH no titubea en asegurar que, efectivamente, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública propicia el aumento de violaciones a los derechos humanos. Además, al concluir su visita a México en 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo en su declaración final que se requiere la adopción de un cronograma para el retiro de las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública. Exigencia que también desde hace años hacen diversas organizaciones civiles, al tiempo que demandan la realización de un diagnóstico integral y responsable de los efectos de 10 años de militarización de la seguridad pública en el país. Frente a lo anterior, el Estado mexicano, incluso por medio del Poder Legislativo, propone en cambio la legalización de la militarización, y bajo eufemismos, como el de seguridad interior, asimilado indebidamente al campo de la seguridad pública, pretende llevar a cabo la aprobación de leyes, o la modificación de otras, con la finalidad de hacer legal lo ilegal. Es decir, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Todo ello en contraposición a lo que los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos le han señalado acerca de la necesidad de adoptar un enfoque de seguridad ciudadana, como paradigma que prioriza la centralidad de la dignidad humana y los derechos humanos en la seguridad. Como expresé en semanas pasadas en este mismo espacio (24/12/16), el Congreso se empeña en desnaturalizar una figura jurídica propia de la seguridad nacional, para usarla inconstitucionalmente en el campo de la seguridad pública. Lo hemos vuelto a confirmar en este año, pues vemos cómo se ha propiciado una discusión en torno a la elaboración de un marco jurídico que dé certeza de las competencias y condiciones de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública en México. Si bien el tema de la militarización de la seguridad pública y sus consecuencias han sido visibilizados desde hace más de una década por organizaciones de derechos humanos y las mismas víctimas, en el marco de la política de combate al narco y el aumento de la violencia, no ha sido sino hasta los recientes reclamos de los altos mandos de las fuerzas armadas cuando el Legislativo federal ha considerado actuar en consecuencia y acceder a la legalización de la militarización de la seguridad pública, como presunta solución al tema de la crisis de derechos humanos, lo que resulta paradójico y contradictorio con un Estado que pretende garantizar los derechos de quienes habitan o transitan en su jurisdicción. En un Estado democrático son inadmisibles estos supuestos debates a modo bajo un esquema que excluye voces críticas sobre una propuesta de ley, sobre todo de organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas y sectores académicos, e incluso de legisladores que se oponen a tales iniciativas. Es lamentable que algunos grupos en las Cámaras busquen imponer apresuradamente una legislación que es de máximo interés público y compromete derechos humanos. Ante ello, organizaciones, colectivos y académicos nos posicionamos en diversos momentos contra las actuales propuestas de Ley de Seguridad Interior, que por un lado no dan certeza en sus definiciones ni garantizan el carácter excepcional y temporal de la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, en las que se incluya congruentemente el programa de retiro de los militares de labores de policía, y por otro no garantizan la seguridad de los ciudadanos, pues es sabido que a mayor presencia de las fuerzas armadas, es innegable el incremento de las violaciones a los derechos humanos; ni la impartición de justicia en medio de la impunidad reinante. Tampoco titubeamos en evidenciar las competencias de facto que el Congreso se arroga para legislar sobre seguridad interior, sin que haya quedado claro si lo puede hacer tal como plantean los legisladores promoventes. Llama la atención que iniciada la exigencia de contar con leyes en materia de víctimas y desaparición forzada, uno de los argumentos más recurrentes en las Cámaras era precisamente que no tenían facultades expresas para legislar en esas y otras materias. Ahora, sin contar con esas facultades constitucionales, pues ni siquiera le han explicado a la sociedad a qué se refieren cuando hablan de seguridad interior, se aprestan a aprobar aceleradamente las mencionadas iniciativas de ley. En realidad, estas acciones del Legislativo buscan imponer un modelo militarizado de seguridad, que no es coherente con el respeto y la garantía de los derechos humanos, y contradice las recomendaciones que la ONU y la CIDH le han hecho al Estado mexicano. Valga añadir que la militarización se ha vuelto ya común y cotidiana en el país. Con lo que quiero decir que generalmente la presencia de los miembros de las fuerzas armadas se va haciendo más notoria en diferentes regiones, ámbitos sociales y espacios públicos, las más de las veces con acciones coercitivas. Modelo que se opone a paradigmas alternativos de seguridad, basados en la dignidad y los derechos de las personas. Toca ahora al Congreso convocar a foros amplios y plurales; recoger preocupaciones sobre la legalización de la militarización, y abstenerse de aprobar leyes a conveniencia del régimen. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : isan Entradas relacionadas: Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de
Medida cautelar por el maíz criollo
Medida cautelar por el maíz criollo Sábado 14 de enero de 2017 Miguel Concha El acceso a tribunales independientes, en los que se pueda solicitar justicia completa, auténtica, eficaz, pronta y libre de obstáculos, es un derecho humano fundamental. Puede decirse que los derechos de las personas comienzan a existir hasta que un tribunal los hace valer. Cuando ante un abuso o una amenaza, un juez hace realidad los derechos humanos, los garantiza y los protege. De nada sirve contar con una ley que contenga muchos derechos en el papel, si no existe un tribunal en el que se pueda hacer efectivo lo que esa ley dice. El proyecto de sentencia del magistrado Gilberto Vargas Chávez, que aprobó el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, es un ejemplo palpable. La industria transgénica pretendía que el Poder Judicial revocara la medida cautelar por la que se ordena suspender la siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país. En junio de 2015 el tribunal federal resolvió en última instancia el amparo que promovió la empresa trasnacional Monsanto contra la suspensión provisional de siembra. Se trataba de una decisión preliminar que dictó un juzgado federal, al dar cumplimiento al mandato de un tribunal de apelaciones. La medida se consideró provisional, puesto que no se había consultado a las empresas y dependencias demandadas, y tampoco se había solicitado la opinión de los órganos federales competentes. Actualmente el mismo tribunal tiene en sus manos la decisión de que esta suspensión de la siembra de transgénicos se vuelva definitiva. Lo que en términos legales quiere decir que no se podrá sembrar maíz transgénico hasta que se resuelva el juicio principal. En este caso el juicio principal es la acción colectiva que científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, artistas, abogados y consumidores promovimos desde septiembre de 2013 para defender al maíz nativo de los riesgos del maíz transgénico. Pero volvamos a la sentencia de 2015. El magistrado Vargas expuso que en años recientes la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocieron la necesidad de tutelar los derechos económicos, sociales y culturales ya no sólo en su dimensión individual, sino también en su dimensión colectiva. Lo que incluso comprende la implementación de medidas procesales que permitan el resguardo inmediato e incluso cautelar o preventivo de los derechos sociales, a pesar de que el fondo de la cuestión pueda llegar a demandar un análisis más prolongado en el tiempo. Vargas Chávez también argumentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que al tratarse de acciones de protección de derechos fundamentales, en casos que requieren de una respuesta urgente, la formalidad de la prueba no debe ser la misma que la que se demanda en los procesos ordinarios. Esto, porque la idea que subyace a esta tutela de tipo cautelar es que en el corto plazo se adopten las provisiones necesarias para la protección inmediata de los derechos en juego. El magistrado propuso a sus colegas hacer efectivos los derechos de la colectividad, al explicar que la esencia de lo que efectivamente se pretende proteger, es decir, la prevalencia y acceso al derecho humano de interés difuso de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos, al existir el posible riesgo de que con la siembra de organismos genéticamente modificados, se puedan sobrepasar los límites y restricciones establecidos por la Ley de Bioseguridad. Con esta resolución, así como con la que previamente propuso el magistrado Walter Arellano Hobelsberger –además de la sentencia de apelación que certificó los requisitos de la demanda colectiva que dictó el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta–, la demanda colectiva abrió paso a las respuestas de la industria trasnacional de los transgénicos y de las dependencias de gobierno, Sagarpa y Semarnat, también demandadas, que dicho sea de paso han litigado conforme a las posturas de las corporaciones. La industria, por su parte, reconoció que hay dispersión de polen entre regiones del país, y que existe intercambio campesino de semillas, mientras que el gobierno reconoció, a su vez, que los transgénicos no producen más, que no hay evaluaciones sanitarias de las siembras de transgénicos, y que la investigación científica no fue afectada por la suspensión judicial, sino por la publicación de la Ley de Bioseguridad. Los ciudadanos demandantes, por su parte presentaron pruebas que demuestran que la Semarnat mintió a los tribunales, puesto que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ha detectado 89 casos de presencia ilícita de maíz transgénico en el país. La dependencia, cuyo titular es Rafael Pacchiano, no informó tampoco a los tribunales de tal estudio, a pesar de que su consejo consultivo se lo dio a conocer con antelación. Junto con esa, y otras importantes pruebas periciales, con sus respectivas audiencias de interrogatorios verbales, la Colectividad por el Maíz Nativo demostró fehacientemente, dentro del expediente de la medida cautelar, los graves riesgos que se corren con la siembra de maíz transgénico en México. Sólo el grupo propuso peritajes; la industria demandada, al igual que el gobierno, presentaron sólo documentos. Pero ni la industria ni el gobierno impugnaron tales evidencias. Hoy, un año más tarde, pretenden cuestionar las pruebas por falta de datos en las que salieron negativas, cuando la clave son las pruebas positivas. También pretenden que los tribunales cambien lo que ya resolvieron en última instancia, es decir, la materia del juicio, así como la protección que de ella realiza la medida cautelar. En el extremo buscan llegar a la máxima instancia judicial del país, pidiéndole que cambie algo que ya es cosa juzgada. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : torbakhopper Entradas relacionadas: La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social No discriminación por razón de edad La Constitución de la CDMX, a debate Megatratados comerciales
