Día Internacional de la Mujer
Sábado 7 de marzo de 2020 Miguel Concha Tomando en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Mujer, escribo este artículo en estrecha colaboración con las compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC. Comencemos recordando que la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos tuvo un momento clave en 1791, cuando Olympe de Gouges cuestionó el triunfo de la igualdad de la revolución francesa, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Además de costarle la vida, este acto permitió que viéramos muchas de las dificultades de la lucha de las mujeres por el acceso a la justicia y a una igualdad sustancial y no sólo formal. En ese sentido, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvo su origen en incendios de dos fábricas textiles que marcaron la historia de sus derechos, una el 8 de marzo de 1908 y otra el 25 de marzo de 1911. Por ello, con la finalidad de realizar un ejercicio de memoria histórica que impidiera olvidar cuántas vidas cobró y sigue cobrando la lucha de las mujeres por una vida digna y libre de violencia, en 1977 la Organización de las Naciones Unidas declaró al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La historia mexicana no es ajena a esto, según Rosa María Álvarez –jueza ad hoc del paradigmático caso conocido como Campo Algodonero– la Constitución de 1917, fruto de la Revolución llevada a cabo por mujeres y hombres mexicanos, paradójicamente ignoró a 50 por ciento de la población que contribuyó a su realización: las mujeres. No obstante, los movimientos feministas no se han dado por vencidos y compañeras como Hermelinda Galindo, Nancy Cárdenas, Marcela Lagarde, Araceli Osorio Martínez y mujeres de los siglos XX y XXI, han dado voz a las demandas feministas. El panorama que enfrentan las mujeres en nuestro país es alarmante; organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denuncian que 10 mujeres, en promedio, son asesinadas diariamente en México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), tan sólo en 2019 fueron asesinadas 3 mil 798 mujeres y sólo 980 de los casos fueron clasificados como feminicidios, debido a la resistencia y la falta de capacidad de las autoridades para registrarlos como tales, por lo que muchos de ellos quedan impunes. Asimismo, el Sesnsp dio a conocer que en 2019 existieron 5 mil 347 casos de presunto abuso sexual y 3 mil 874 violaciones en contra de mujeres, mientras que en su último corte (abril de 2018) el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas establece que existen 9 mil 522 mujeres sin localizar. Si bien estas son cifras oficiales, no necesariamente reflejan la situación real, porque están notoriamente desactualizadas, particularmente en lo que se refiere a delitos contra las mujeres, y porque existe una gran desconfianza por parte de muchas de ellas para denunciar, debido a la violencia institucional que provoca su revictimización y criminalización, con las que incluso se les culpabiliza de las violencias ejercidas en su contra. En razón de las exacerbadas violencias ejercidas contra las mujeres, el Estado mexicano ha creado políticas públicas para combatir esta situación. No obstante, éstas han sido insuficientes frente a los altos índices de violencia. Ahora bien, pareciera que la coyuntura política actual ofrece una valiosa oportunidad para transversalizar todo el aparato institucional con los derechos humanos y la perspectiva de género, la cual debería estar encaminada a acciones que resuelvan el problema sistémico y sistemático desde sus raíces. Vale decir, sin paliativos, y así prevenir y sancionar todo tipo de violencias contra las mujeres. Ante las violencias y el contexto violento que viven en México, hemos visto el surgimiento y fortalecimiento de movimientos de mujeres, políticamente activas, que han convocado para mañana a una movilización constituida por mujeres que estarán gritando los nombres de las que ya no están, y exigiendo verdad, justicia, reparación del daño y no repetición. También desde las colectivas de mujeres se ha llamado a un paro nacional el 9 de marzo, denominado #UnDiaSinNosotras, en el que millones de mujeres no asistirán a sus trabajos y actividades. Y, para simbolizar todos los lugares vacíos de las mujeres que han sido víctimas del sistema patriarcal, dejarán desiertos los sitios que ocupan. Las violencias contra las mujeres ameritan respuestas institucionales contundentes y cambios socioculturales trascendentes y de carácter estructural que competen a toda la sociedad, especialmente a los hombres. A nosotros nos toca hacer una autocrítica de las violencias que ejercemos para responsabilizarnos de ellas, cambiar el mandato de masculinidad del sistema patriarcal, colonialista y sexista, y deconstruirnos para que nazcan nuevas identidades y formas de relacionarnos, libres de violencias y discriminación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
Código Penal Nacional: grave retroceso en materia de derechos humanos
24 de febrero de 2020 Por: Ana Gómez y Gisel Mateos* A mediados de enero del presente año comenzaron a circular principalmente dos borradores de reforma en materia de justicia: el primero a nivel constitucional en diferentes ramas del derecho, y el segundo como un anteproyecto que sustituiría a los actuales Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas por un solo Código Penal Nacional. Sin embargo, si estos borradores fueran presentados al Legislativo tal como han circulado hasta el momento, representarían un grave retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que corresponde a dos reformas: la reforma penal de 2008, la cual estableció el cambio del Sistema Penal Inquisitivo al Sistema Penal Acusatorio, cuya característica principal es su garantismo y apego a estándares internacionales, mismo que fue robustecido por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué son tan relevantes las reformas de 2008 y 2011? Primero, porque la reforma de 2008 creó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, además de que integró los principios rectores del mismo: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Todo esto representó un giro de 360 grados en la dinámica jurídica, porque, entre otras razones, privilegió la presunción de inocencia, adquirieron un carácter público las actuaciones de las autoridades, y hubo mayores estándares de control para regular la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público a través de la creación de juezas y jueces especializados en diferentes etapas procesales. Gracias a esto se pudo supervisar que todas las autoridades y actores que tuvieran contacto o participaran en cualquier proceso de investigación, enjuiciamiento e internamiento de cualquier persona, no violaran derechos humanos, con lo que se dio paso a la búsqueda de una verdad “material”, y no únicamente “procesal”, la cual costó la vida y dignidad de muchas personas inocentes por más de 90 años. Una segunda razón es que mediante la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, se incorporaron los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en nuestro sistema jurídico, estableciendo con ello una serie de deberes y obligaciones generales al Estado en torno a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los mismos, por mencionar algunos ejemplos. Lo anterior significa que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por el país, así como a realizar, en medio de las limitaciones y restricciones previstas en la misma Constitución mexicana, los análisis necesarios para conocer si las normas y actos de autoridad sean conformes a tratados internacionales de derechos humanos y estándares de organismos internacionales, con lo cual, además, se pretende beneficiar en mayor medida a las personas involucradas en cualquier proceso judicial. De este modo, si bien es cierto que una de las justificaciones para proponer esta iniciativa de ley (que entre otras tantas cosas elimina las figuras de control de legalidad) es el hecho de que el Sistema Penal Acusatorio no sólo no ha garantizado los derechos de las víctimas y sobrevivientes, sino que además ha creado una “puerta giratoria” que genera mayor impunidad, ya que impide probar la responsabilidad de las personas en hechos delictivos bajo el argumento de la no aceptación de pruebas ilícitas, este argumento es altamente debatible, debido a que una de las fallas más recurrentes que obstaculizan la judicialización de los casos son los vicios que el propio Ministerio Público tiene para investigar, porque emplea la tortura y malos tratos para conseguir pruebas. Por ello, antes de siquiera pensar en la sola idea de un Código Penal Nacional, primero se deben fortalecer la reforma penal de 2008 y la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, para, por lo menos, realizar tres tareas fundamentales: garantizar a las miles de víctimas y sobrevivientes en el país el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, enfrentando y erradicando prácticas que fomentan la fabricación de culpables; superar los niveles de impunidad, fortaleciendo las capacidades materiales y humanas en el ámbito de la investigación de los órganos que procuran y administran justicia en el país; crear herramientas pedagógicas en materia jurídica que sean útiles y estén enfocadas al proceso del que las víctimas y sobrevivientes son parte de forma activa, y así garantizar la legalidad del proceso, para que no sean ellas quienes tengan la carga de probar la responsabilidad de las personas acusadas. De llevarse a la realidad esta posible iniciativa de ley sobre el Código Penal Nacional estaríamos caminando en una especie de Laberinto de Creta, diseñado para la coexistencia de tres sistemas penales diferentes, lo que habrá propiciado impactos negativos en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas y sobrevivientes. Por ello resulta necesario reconocer primero que si el Sistema Penal Acusatorio no ha funcionado correctamente, se debe al colapso de las instituciones responsables, por lo que no se debe capitalizar la necesidad de verdad y justicia de las víctimas y sobrevivientes ante la crisis de derechos humanos para legitimar una reforma punitivista y regresiva en materia de derechos humanos. *Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Protoplasma K
Movimientos sociales y derechos humanos
Sábado 29 de febrero de 2020 Miguel Concha Ayer, 28 de febrero, tuvo lugar, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Encuentro Nacional de Usuarios (en adelante Encuentro), convocado principalmente por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Estuvieron presentes varios de los movimientos sociales más importantes del país, entre ellos el SME, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, Agua Para Todos, Agua Para la Vida y la propia Anuee, quienes se reunieron con un propósito perfectamente definido: construir un gran movimiento nacional que genere un plan de acción común frente a la difícil y compleja coyuntura actual. Todos estos movimientos sociales nos han enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en protagonistas de la historia. Sobre todo en momentos de conflictos históricos, cuando están en juego derechos fundamentales. De ahí que el sociólogo francés Alain Touraine haya dicho en alguna ocasión que un movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor que lucha en una colectividad concreta por la dirección social de la historicidad contra su adversario. Debido a esto, el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la Anuee o Agua Para Todos, porque, como ha señalado Geoffrey Pleyers, que como sociólogo ha analizado muy de cerca los movimientos sociales en México y Latinoamérica, sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza, ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo comunes que beneficien a muchas más personas. Por ejemplo, una tarifa social justa, en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica o el acceso equitativo y sustentable al agua. Y por ello también luchan contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo, diseminados en gran medida por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Es importante señalar que los movimientos sociales, con características como las de aquellos que asistieron al Encuentro, desafían frontalmente el orden establecido por el capitalismo en su fase neoliberal y enfrentan la apatía, la indiferencia, las descalificaciones, el rechazo, los prejuicios y la discriminación de diversos sectores, entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, en sus diferentes niveles de competencia, les endilgan estereotipos como revoltosos, flojos, problemáticos, “ chairos”, conservadores. Según Pleyers, las luchas de los colectivos sociales intentan responder a una eterna pregunta: ¿cómo cambiar el mundo?, y en el caso mexicano lo hacen especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un México en llamas. Es decir, en un México feminicida, en el que mueren 10 mujeres al día y donde existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas, por citar sólo algunas referencias. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que está desgarrando al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal, los movimientos sociales siguen representando una alternativa, a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles, que pueden también construirse de la mano de los derechos humanos, sobre todo si son vistos por los colectivos como herramientas efectivas de exigibilidad y justiciabilidad, y como medios de lucha y emancipación. Retomando una idea desarrollada por investigadoras como Sandra Serrano García, los movimientos sociales tienen ante ellos la posibilidad de desempacar los derechos humanos para ponerlos en acción, pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los colectivos sociales. Finalmente, como señala Boaventura de Sousa Santos, bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos desperdiciar ninguna de las genuinas experiencias de indignación de los movimientos sociales, como es el caso del plan de acción conjunto realizado en el Encuentro, porque están orientadas a reforzar la organización y la determinación de todas y todos los que no han abandonado la lucha por una sociedad más digna, democrática y equitativa, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
Ser migrante hoy en México
Sábado 22 de febrero de 2020 Miguel Concha En años recientes la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y la información recopilada en estaciones migratorias por el área de solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. A pesar de la larga tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante. De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019 más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran: hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les permita en meses lavar sus cobijas. Mujeres, hombres y niños pasan días y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice. Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico. Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias. En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad (Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación). Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus países. Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran que no se merecen ese derecho. En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Internet es un derecho y está en riesgo
19 de febrero de 2020 Por: Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun) y CDHVitoria El internet es una herramienta primordial para el desarrollo de la sociedad actual. No importa a qué te dediques o la naturaleza de tu proyecto, seguramente usas internet. Comercio, educación, comunicación, construcción, finanzas, entretenimiento, defensa de los derechos humanos, entre otros. Debido a que gran parte de la población lo utiliza en sus actividades cotidianas se ha vuelto un medio para ejercer nuestros derechos humanos. ¿Puedes imaginar un lugar en el cuál no tengas capacidad de participar o decidir libremente? Es por esto que tenemos que hablar de salvar internet y por lo tanto, de defender nuestros derechos. Internet es un espacio tanto de oportunidades como de riesgos para las personas y sus derechos, por los múltiples actores que participan, por sus agendas e intereses, pero también porque las personas lo han vuelto parte de su vida y han encontrado en este espacio diversas maneras para informarse, participar, visibilizar y denunciar activamente. Por lo que es necesario protegerlas, brindar toda la información necesaria para mantener su seguridad y confianza en la herramienta, y además defender el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Pero a qué nos referimos con derechos humanos en internet? En primer lugar debemos entender que todas las personas tendríamos que tener la misma oportunidad para acceder y utilizar esta herramienta, así como, para manejarla libremente dependiendo de nuestros intereses y actividades. En segundo lugar, muchos de los derechos que todas las personas tendríamos que poder ejercer cotidianamente como la libertad de expresión, la protección de nuestra identidad, nuestra privacidad, la educación, el tener espacios libres de violencia también están reflejados en internet y los vivimos y ejercemos diariamente. No obstante, estos derechos también se pueden ver afectados y violentados por distintos actores, por el simple hecho de que sus intereses no están enfocados en el bienestar de las personas. ¿Y cómo se puede dar esta situación? Desde Estados que regulan fuertemente el acceso y los contenidos en línea, por la censura o casos de espionaje dirigidos por autoridades y empresas, e inclusive por realizar avances tecnológicos que no consideran la diversidad de realidades e identidades de las personas y que dificultan su uso e inclusive pueden llegar a ser discriminatorias. ¿Pero qué está pasando en México y por qué consideramos que nuestros derechos humanos en internet pueden verse violentados? El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está presentando una iniciativa de Reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que pone en riesgo la neutralidad de la red. Entendemos como Neutralidad de la red a este principio de equidad, donde no importa si eres una empresa gigantesca o un estudiante escribiendo un blog, tú página se debe consultar con la misma velocidad que la de cualquier otra persona. Este principio actualmente se ha transgredido por falta de una legislación adecuada y también porque las autoridades no cuentan con la capacidad técnica para revisar y sancionar a las compañías proveedoras de internet. ¿Cuál sería un ejemplo de vulneración a la neutralidad del internet? Cuando contratas un plan de telefonía móvil y hay páginas o aplicaciones que puedes visitar “libremente” o sin costo, mientras que cualquier otra usará los datos que hayas contratado. Esto actualmente pasa y podría empeorar. En 2014 se realizó una reforma a la LFT en la que si bien se estableció que todas las empresas deberían respetar la neutralidad de la red, no se redactaron ni aprobaron las reglas específicas de esta ley. Una ley sin reglamento está muerta, y así estuvo la LFT hasta ahora, pues tras 5 años de retraso el IFT ha presentado su iniciativa de Reglamento. Esta propuesta de Reglamento, sin embargo, abre el paso a que las grandes empresas proveedoras de internet vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas discrecionales para que unas páginas puedan ser más rápidas que otras. ¿Y si no tenemos dinero para pagar?, ¿y si no queremos? Esto no está resuelto en la actual propuesta de Reglamento. Debemos entender que cuando pagamos por el servicio de internet, lo hacemos justamente por el acceso a toda la red, no a páginas específicas. ¿Qué pasa si una empresa de noticias acepta y paga una tarifa diferenciada de internet para que se pueda entrar más rápido?, ¿qué pasará con las que no pueden pagar como microempresas, medios de comunicación locales, artistas, etc? La actual propuesta es confusa y carece de las protecciones mínimas a la privacidad de las personas y al ejercicio de sus derechos, pues para poder saber qué páginas deben abrir más rápido, podrán monitorear cotidianamente el tráfico de internet, tus actividades cotidianas en línea, vulnerando directamente tu derecho a acceder a la red y tu privacidad. En resumen, si tu página no paga, será lenta, independientemente de los megas de tu servicio de internet, si pagas, pues tu sitio será más rápido. Por todo el mundo han ocurrido este tipo de intentos de las empresas proveedoras de internet para aumentar sus ganancias y establecer monopolios en internet. A veces les han funcionado y a veces no. Hoy el riesgo está sobre nuestro país y sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos en internet. El IFT abrió un breve periodo de consulta que termina el próximo 6 de marzo. En este periodo recibirá opiniones, contrapropuestas y críticas a su iniciativa de reglamento. Diversas organizaciones de la sociedad civil están impulsando la campaña #Salvemosinternet en la cual explican los riesgos y posibles amenazas a la neutralidad de la red y nuestras libertades. Es momento de participar, informarse y defender nuestros derechos humanos en internet, recordar los principios de promoción, protección y disfrute del internet que obligan a los Estados a proteger estos derechos, reconocer su naturaleza mundial y abierta, y garantizar su libre acceso y nuestros derechos, ¡salvemos la neutralidad de la red! *Este texto fue escrito en colaboración con la Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun), que facilita procesos de capacitación para la reapropiación tecnológica y el uso de software libre. La organización forma parte
Iniciativa legal ciudadana por el agua
Sábado 15 de febrero de 2020 Miguel Concha Siete años después del límite constitucional para contar con una Ley General de Aguas centrada en los derechos humanos, la semana pasada la energía ciudadana y de los pueblos desbordó el Congreso de la Unión, al presentar una iniciativa ciudadana para el nuevo marco legal. Su propuesta cumple cabalmente con la reforma al artículo 4 de la Constitución de febrero 2012, que mandata una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los pueblos. Está naciendo una nueva etapa en la gestión del preciado líquido en México. La actual Ley de Aguas Nacionales, de 1992, buscó sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad del líquido, sin contrapesos, vulnerable a los incentivos y presiones de los intereses. Desde entonces esta institución ha repartido más de 537 mil concesiones de aguas nacionales. Objetos de compraventa, en violación de vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos. Enfrentamos ahora el saldo de esta política fallida: 70 por ciento de nuestras aguas concesionadas están en manos de 2 por ciento de los titulares, incluyendo 77 mil concesiones otorgadas a terceros en territorios indígenas, sin consultar ni informar a los afectados. El presupuesto federal asigna sólo 4 mil millones para obras locales de agua y saneamiento, mientras gastamos 70 mil millones anuales en agua embotellada y 34 millones de mexicanos reciben agua en sus hogares sólo tres veces por semana, en ocasiones menos. Además, 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados. La iniciativa ciudadana propone remplazar el actual ejercicio arbitrario de la autoridad con planes rectores aprobados en consejos mayoritariamente compuestos por representantes de asambleas de pueblos originarios, afectados/as hídricoambientales, investigadores, sistemas comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas sustentables. Los funcionarios de los tres órdenes de gobierno se convertirían en “ejecutores“ de los planes y decisiones de los consejos, bajo la vigilancia de la Contraloría Social del Agua. Se reconocería el derecho de los pueblos a administrar el líquido en sus territorios y los sistemas comunitarios autogestionados contarían con personalidad jurídica y serían reconocidos como sujetos colectivos de derecho público. La iniciativa ciudadana no sólo prevé instancias democratizadas, además propone los instrumentos requeridos. Cualquier obra o proyecto que pudiera vulnerar el derecho humano o de los pueblos al agua requeriría de un dictamen de impacto sociohídrico favorable, que tendría que demostrar que este derecho básico no sería violado y que la población potencialmente afectada haya dado su consentimiento previo, libre e informado, en cumplimiento de la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No se permitiría la compraventa de concesiones y se disolverían los bancos del agua. Para poner fin a la sobrexplotación, el acaparamiento, la contaminación y la impunidad, los consejos regionales se enfocarían en los grandes concesionarios, esto es los que se beneficien con volúmenes mayores a mil millones de litros anuales. Estas concesiones serían bianuales (actualmente son hasta por 30 años) y su renovación sería automática, con ajustes por disponibilidad, y siempre que el titular compruebe que haya cumplido con sus obligaciones de medición, pago de derechos y la eliminación progresiva de contaminantes en sus descargas. Una defensoría del agua contaría con recursos públicos y abogados especializados para interponer litigios estratégicos y hacer que los grandes concesionarios violadores de la normatividad cubran el costo de la restauración a las comunidades y ecosistemas que hayan dañado. Lograr esta ley será una lucha en sí: los intereses han compenetrado la legislatura, y los principales cargos en Conagua están ocupados por funcionarios coludidos desde los tiempos de Calderón y Peña Nieto, salvo la directora general, quien intenta mantener la ley actual hasta 2023. Mientras tanto, miles de luchas por el agua en todo el país se están articulando para lograr una ley general que potencie sus esfuerzos en favor de la vida y frene los abusos de poder. A través de acuerdos de asamblea para proteger los territorios de la minería tóxica y el fracking; de acciones para revertir el derroche de recursos públicos en megaobras cuestionables; la elección de gobiernos locales mandatados para desprivatizar los servicios municipales; la oposición a cerveceras en zonas de estrés hídrico; de acciones de presión desde las vastas zonas populares que se han quedado en secas; la formación de comités de microcuenca; la elaboración de planes hídricos y las luchas por democratizar los distritos de riego, el proceso de construcción del buen gobierno del agua no se detendrá. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Empresas y derechos humanos
Sábado 08 de febrero de 2020 Miguel Concha La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 23 de abril de 2019 la resolución 24/2019, en la que constata los daños ocasionados a la salud de pobladoras y pobladores, así como la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a la contaminación de un basurero operado por la empresa Proactiva Medio Ambiente Tuxtla SA de CV, instalado cerca de esa comunidad. Cabe señalar que en nuestro país se han presentado numerosos casos similares a los de ese ejido, casos en los que, si bien es cierto que se denuncian violaciones a los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), el Estado no interviene para sancionar a los responsables y reparar los daños. A este respecto la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH publicó en noviembre de 2019 el informe Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos, resultado de los esfuerzos por identificar las obligaciones internacionales de los estados en torno a los derechos humanos y a las acciones de empresas que vulneran los Desca. Y así, uno de los principales objetivos de este informe es presentar un análisis regional de la situación de las empresas y los derechos humanos, para luego, con base en ello, formular recomendaciones a los estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y al propio sector empresarial. La CIDH resalta en este informe la labor de la sociedad civil, ya que además de participar en las mesas de trabajo, para la elaboración de este documento, monitorea el seguimiento y la implementación de las recomendaciones propuestas, tanto para prevenir medidas que violenten los Desca, como para cerciorarse de que, ante las violaciones de las empresas, el acceso a la justicia y las medidas de reparación estén al alcance de la población. De este modo, cada Estado de la OEA debe asegurarse de que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, pueblos, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Cuando hablamos de personas, pueblos y comunidades indígenas, las afectaciones implican, además, el despojo de sus territorios, lo que muchas veces termina en desplazamientos forzosos y en ataques directos a defensoras y defensores de la tierra, los territorios y el medio ambiente. Por ello, una de las medidas propuestas por la CIDH es consultar de manera previa, libre e informada, y se entiende que también culturalmente adecuada, a las personas, pueblos y comunidades indígenas, antes de que cualquier proyecto afecte sus tierras, territorios y los bienes comunes que históricamente han tenido a su cargo, e igualmente tomar medidas que reduzcan los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales e, incluso, los que afecten sus cosmovisiones. La aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados, en el contexto de las actividades empresariales, implica la adopción de marcos normativos claros para asegurar que las empresas realicen, entre otras cosas, evaluaciones de los efectos de sus actividades en el extranjero sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que las víctimas accedan a la justicia ante los tribunales del Estado de origen. Esto se puede ejemplificar muy bien con los casos de distintas mineras canadienses que, instaladas en países como México y Guatemala, han ocasionado graves daños al medio ambiente y violentado los Desca de sus habitantes. En el contexto latinoamericano, en el que históricamente se han sufrido abusos de poder por parte del Estado, muchas veces en complicidad con las empresas trasnacionales, tienen que tomar relevancia los procesos de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición, así como la efectiva rendición de cuentas de los actores económicos. Todo lo cual hará que las empresas adopten cada vez más medidas que atiendan las problemáticas del cambio climático, y que, por mencionar sólo algunos ejemplos, se limite su participación e influencia en la toma de decisiones públicas. Por último, y a pesar de que este informe brinda pautas a los estados para el actuar de las empresas privadas en relación con los derechos humanos, las recomendaciones emitidas siguen siendo insuficientes en una nación como la nuestra, donde se sigue permitiendo que las empresas violen los derechos humanos en nombre del desarrollo. Un país en el que continúa la impunidad de casos como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de Grupo México, y en el que se realizan además varios megaproyectos promovidos por el Estado y las empresas. Resulta, por consiguiente, necesario el cumplimiento y seguimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales que México ha ratificado, como es el caso de este informe, así como la revisión, adecuación y vigilancia de los marcos normativos internos para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por la República Mexicana. Consultar artículo en La Jornada. 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Corrupción y derechos humanos
Sábado 01 de febrero de 2020 Miguel Concha Nuevamente estamos atestiguando acusaciones por presuntos actos de corrupción contra funcionarias y funcionarios que ocupan u ocuparon cargos públicos en el gobierno mexicano, algunos de alto nivel. Y, por lo que parece, no dejaremos de hacerlo. De ahí que, desde la perspectiva de los derechos humanos, el análisis acerca del fenómeno de la corrupción y la búsqueda de soluciones son tareas, digámoslo así, de carácter permanente y obligatorio. A este respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o Comisión), organismo que promueve y defiende los derechos humanos en el continente americano, recientemente publicó un informe temático titulado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. En términos generales, la Comisión analiza en el informe los avances y desafíos en torno a la corrupción, y propone iniciativas regionales, nacionales y locales que articulen estrategias efectivas para enfrentarla y erradicarla. En este mismo espacio hemos señalado en otras ocasiones que la corrupción, vista desde el prisma de la complejidad, es uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, el cual afecta la vida, la dignidad y los derechos humanos de personas y colectivos. Igualmente, la corrupción es un fenómeno sistémico y sistemático, lo que implica que un acto corrupto puede convertirse en una espiral de magnitudes indeseables que deviene, como en un cáncer, en una metástasis que invade y perjudica otros órganos vitales mediante distintos sistemas, como el circulatorio. Considerando lo anterior, y retomando la resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos realizada por la Comisión, digamos que la corrupción, en tanto fenómeno complejo, genera numerosos impactos negativos. Por ejemplo, sobre la democracia, el Estado de derecho y la libertad de prensa. Ello no obstante, nuestro objeto de reflexión afecta sobre todo integralmente los derechos humanos; es decir, los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. De este modo, la corrupción agrede sobre todo a los grupos que histórica y estructuralmente, y por diferentes causas, se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, discriminación u opresión. Los que, en palabras del jurista argentino Roberto Saba han sufrido tratos desiguales y sostenidos, provocando su sometimiento, marginación, exclusión y segregación. En nuestro país entre ellos se encuentran las niñas y los niños, las juventudes, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y las personas LGBTI, que habitan o transitan por el territorio mexicano, por mencionar algunos. Por tanto, un acto corrupto perjudica directa o indirectamente, y de manera proporcional, el goce y ejercicio de los derechos humanos de personas y grupos, debido al abuso o desviación del poder público o privado. Lo cual, en consonancia con la CIDH, es perpetrado por actores que establecen estructuras que capturan instituciones mediante diversos esquemas criminales. Unos de ellos, los sobornos o prebendas indebidas solicitadas por funcionarias y funcionarios a cambio de servicios públicos. Esto, además del especial debilitamiento de las instituciones responsables de impartir justicia, provoca necesariamente el desplazamiento de intereses públicos o generales, como es el caso de la seguridad, la educación o la salud, los cuales son indebidamente sustituidos por beneficios privados personales o de terceros. Aparte del valioso análisis sobre los efectos de la corrupción, el informe de la Comisión también advierte sobre quiénes son las personas y los grupos que, en función de su rol en la lucha contra ella, merecen una atención especializada. Así, la CIDH identifica principalmente a los defensores y defensoras de derechos humanos, los y las luchadoras medioambientalistas, las y los periodistas, ciertos funcionarios y funcionarias, testigos y denunciantes, frente a quienes el Estado, en nuestro caso el mexicano, tiene la especial obligación de protegerles de cara a las posibles violaciones graves a derechos humanos que pudieran sufrir, y a los riesgos a que están expuestos. Finalmente, si el Gobierno mexicano pretende erradicar la corrupción, tal como lo establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es absolutamente necesario que adopte políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y que implemente estrategias de lucha anticorrupción, donde efectivamente se incluya a periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensoras de derechos humanos, iniciativa privada y a la sociedad en general. Resulta igualmente fundamental que considere los análisis en la materia elaborados por organismos internacionales como la CIDH, y ponga en marcha acciones que la Comisión, en el contexto de su mandato y atribuciones, puede llevar a cabo, mediante mecanismos, como el monitoreo, las medidas cautelares, el conocimiento de peticiones, la cooperación técnica y la tramitación de casos individuales. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : DW
El derecho a la verdad
Sábado 25 de enero de 2020 Miguel Concha El pasado jueves inició la Caminata por la verdad, justicia y paz, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), integrantes de la familia LeBarón, y otras y otros activistas. La Caminata partió de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, llegó ayer a la Ciudad de México, y mañana domingo arribará a Palacio Nacional para pedirle al Presidente, a pesar de su negativa a recibirla, por lo menos tres cosas: volver a colocar la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad del país; construir desde esta agenda una política sólida de Estado, y llamar a la unidad para que, en torno a la verdad y la justicia, todas y todos nos aboquemos a esta tarea. Semanas atrás el poeta y activista Javier Sicilia profirió una afirmación que se ha convertido en una de las grandes críticas del MPJD contra la política de seguridad y búsqueda de la paz del gobierno: “Sin verdad […] no habrá jamás justicia ni paz ni seguridad, mucho menos reconciliación ni la amnistía con la que sueña el Presidente […] no habrá tampoco transformación, no habrá vida política. Lo que habrá es más violencia, más dolor, más olvido, más impunidad, más muerte y más fosas”. Dado que la verdad es el punto de partida de la agenda propuesta por el MPJD, en tanto uno de los principios de la también llamada y debatida justicia transicional, centraremos nuestras reflexiones desde el horizonte del derecho a la verdad. Adecuando una idea del filósofo griego Aristóteles, consideremos que la verdad puede decirse o entenderse de muchas maneras, una de ellas bajo la perspectiva de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la verdad? A este respecto la Ley General de Víctimas señala que todas las víctimas en México, sus familiares y la sociedad en general tenemos el derecho de conocer los hechos constitutivos de un delito y de las violaciones a los derechos humanos, la identidad de las y los responsables, y las circunstancias que hayan propiciado su comisión. El derecho a recibir información específica, participar activamente en la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo a expresar nuestras opiniones y preocupaciones. En contraparte, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, la cual busca principalmente el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica, la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos y la superación de la impunidad. Y por lo que se refiere a instrumentos foráneos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, expresa que el derecho a la verdad obliga al Estado a iniciar investigaciones y a prevenir y sancionar actos que obstaculicen averiguaciones en casos de violaciones a derechos humanos. A su vez, el Informe sobre el derecho a la verdad, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/15/33) habla de los mecanismos de protección de testigos, víctimas y otras personas en los procesos de investigación que pretenden esclarecer diversas violaciones a derechos humanos. En tanto, la resolución 12/12 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce la importanciade preservar la memoria histórica en casos de violaciones y violaciones graves a derechos humanos. Pese a la existencia de estos y otros instrumentos, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, constatamos que el derecho a la verdad tiene limitaciones considerables en México, debido, entre otras causas, a los altos niveles de corrupción e impunidad, a las redes de macrocriminalidad, en las que participan delincuentes, funcionarios, políticos y empresas, y a las fallas estructurales en las instituciones que administran y procuran justicia. Y así, de cara a una aparente justicia transicional gubernamental sin transición, ya que sólo se atienden situaciones particulares o casos aislados, no se generan todas las condiciones para que haya una transición completa y radical, la cual transforme normativa y estructuralmente el orden social y político del país. Y ante la falta de políticas integrales y sólidas de Estado para enfrentar y erradicar la crisis actual de derechos humanos, es vital implementar procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición por medio de mecanismos efectivos (ordinarios y extraordinarios) que atiendan las causas y consecuencias de las violencias sistémicas, sistemáticas y extremas, privilegiando la participación de las víctimas y sobrevivientes, y articulando a organizaciones de la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales, los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos, la iniciativa privada y las autoridades. Sin verdad difícilmente habrá acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición para las miles y miles de víctimas y sobrevivientes en la nación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Ética y sociedad tecnológica
Sábado 11 de enero de 2020 Miguel Concha El resurgimiento de la filosofía práctica en la década de los sesenta del siglo pasado experimentó en su interior una gran diversidad de discusiones. Una de las tensiones de este pensamiento ha sido la relación entre ética y política. Hasta la década de 1980 los desarrollos teóricos de la filosofía política y la praxis concreta de la política se detuvieron ante la perplejidad de un mundo globalizado, en el que el Estado de bienestar parecía haber fracasado. En el que las estructuras económicas parecía que habían superado por mucho a otras estructuras sociales, y principalmente las del propio Estado. Los derechos laborales, producto de largas luchas sindicales, y los derechos del campesinado son efectivamente violados por un sistema económico en el que la ponderación se encuentra en la reproducción del capital. La sobrexplotación de los recursos naturales no renovables ha conducido también a cifras alarmantes de contaminación y degradación del ambiente. La violación de derechos humanos, tanto de individuos, como de comunidades, en pro de los procesos económicos y políticos, nos ha llevado a una situación en la que el desencanto, la apatía y la inactividad política son muestra de la decadencia de la vida humana. Esto es parte del contexto en el que hablar de ética y política se hace todavía más urgente. Y por ello, con el título Ética y modernidad en la era de la tecnociencia, publicado bajo el sello editorial Orfilia, Francisco Piñón nos ofrece un libro, en el que se propone un análisis filosófico de la situación política de nuestro mundo actual. En él recupera pensamientos, reflexiones y análisis vertidos a lo largo de su obra, pero enmarcados y dirigidos por la unidad temática de la tecnociencia, como estructura del mundo moderno. El texto busca recuperar a la ética como una manera de vivir el mundo, distinguiéndola de la descripción científica del mundo. Así, según él, el sentido de la vida humana sólo puede tener como horizonte la racionalidad práctica. En otras palabras, la vida humana sólo puede ser una vida moral. Sin embargo, la ética que postula Piñón se aleja del individualismo o del mero normativismo moderno. Es una ética de la otredad, en la que se tiene en perspectiva a los otros, en un orden concreto, histórico y social. Como es su costumbre, nuestro autor se sirve también del pensamiento griego antiguo para fundamentar su reflexión ética con elementos como la virtud, la prudencia y la racionalidad, con el fin de mostrar que la acción moral puede y debe contemplar la real e integral situación del hombre. Una vez situado en esta perspectiva, Piñón inicia una ardua crítica del mundo globalizado. El proyecto humanista y cosmopolita de la modernidad ha realizado el ideal de los derechos humanos, así como la posibilidad que tienen los pueblos de adoptar un lenguaje comunitario y asumir la tierra como nuestra. Sin embargo, la otra cara de la modernidad, el individualismo, ha servido como base del fetichismo denunciado por Carlos Marx. La lógica del capital continúa con la desintegración de las comunidades y el extravío de la humanidad. Ya no son sólo los trabajadores pobres los afectados por esa dinámica. Los excluidos del sistema son también mujeres y niños; campesinos y pueblos originarios cuya situación se hace mucho más miserable por las condiciones de la economía global. Como se ha podido constatar en muchas partes, la liberación del mercado se sustenta en la idea del egoísmo. Así, la política económica internacional consiste más bien en la imposición de barreras que impiden el desarrollo de los países más pobres y el subsidio a los grandes grupos del poder económico. Como lo señala el autor: el poder de las corporaciones lo avasalla todo. Nos encontramos, pues, ante las contradicciones de la modernidad. Por una parte, los humanismos que sostuvieron los ideales de la igualdad y la fraternidad; por la otra una ilustración que tuvo como base la racional-irracionalidad de la tecnociencia. La tesis central del libro de Francisco Piñón es que la modernidad se encuentra en crisis, sus contradicciones parecen insalvables y el horizonte es de penumbra. La apatía, la indiferencia y el conformismo sólo son una más de las tantas expresiones de la situación del mundo actual. Sin embargo, la injusticia y la miseria social son ya insostenibles. Asumir el mundo como nuestro implica actuar. Nuestro autor propone el proyecto de construir una comunidad política y económica fundamentada en un nuevo humanismo: el del comunitarismo ético, surgido desde la complejidad histórica de América Latina, pues han sido los pueblos latinoamericanos los que han preservado lo mejor del antiguo humanismo europeo, y éste se ha actualizado con la eticidad de los pueblos originarios. Si bien nuestros pueblos han estado también a merced del nuevo poder económico global, la experiencia de oponernos a él nos ha hecho crear nuevas formas de organización social. Como lo sostiene Piñón, es la hora 25, la hora de la acción. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marcelo Hernández
