May 21, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Es innegable que en medio de la crisis de Derechos Humanos que vivimos, la discriminación contra las personas LGBT+ está más que latente y en ocasiones amenaza la propia vida.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja
Por: Miguel Concha
21 de mayo de 2022
o podemos negar que en el contexto de crisis de derechos humanos en el que nos encontramos, la discriminación en todos sus niveles hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBT+) está más que latente. Los discursos de odio que perpetúan prejuicios y estigmas sociales en torno a las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género distintas a la heterosexualidad, y al binarismo que le corresponde, continúan siendo la excusa mal fundada de movimientos antiderechos
, así como la causa y justificación de agresiones y violaciones a derechos humanos que en muchas ocasiones culminan en crímenes de odio que arrebatan la vida.
El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra las homo-lesbo-bi y transfobias, que no son más que expresiones de odio hacia las personas sexo/género diversas. Fecha por ello en la que con justicia hacemos memoria de las luchas y exigencias de colectivos de personas LGBT+, y enunciamos las violencias que de manera cotidiana sufren. De acuerdo con el informe Muertes violentas de personas LGBT+ en México (https://bit.ly/3MtVZQj), durante 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBT+ en el país, por razones presuntamente relacionadas con su orientación sexual, identidad y expresión de género. Las víctimas: 19 hombres gays, dos mujeres lesbianas, 55 mujeres trans y dos personas de orientación sexual no definida. Pero estas cifras apenas nos ayudan a vislumbrar una parte del panorama, en el que las instancias de procuración de justicia no cuentan con registros oficiales que nos acerquen a la realidad, pues con certeza muchos casos perpetrados en contextos de vida precarizada y exclusión social siguen en el desconocimiento debido a un nulo acceso a la justicia, quedando por lo mismo en la impunidad. Un dato que es necesario subrayar es que de las víctimas registradas en 2021, cinco personas eran defensoras de derechos humanos.
Desde una perspectiva interseccional, y recordando que México es uno de los países con mayor riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, agregar una de orientación sexual, de identidad y de expresión de género diversa, complejiza aún más esa labor e incrementa el riesgo de ser víctimas de crímenes de odio. Por tanto, es fundamental que esta característica sea considerada en los mecanismos, legislaciones e instancias de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Son múltiples las vulnerabilidades estructurales que las personas LGBT+ enfrentan de manera cotidiana y que se traducen en desplazamientos forzados, migraciones, o en el limitado acceso a otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, a los derechos laborales… En general, pues, a una vida digna, y en particular a los casos de personas que se han visto en la necesidad de desplazarse de sus lugares de origen, debido a los riesgos derivados de las homo-lesbo-bi-transfobias.
Será necesario que el Estado mexica-no garantice espacios seguros, y con es-to proteger sus derechos humanos. Y esto no sólo para los desplazamientos al interior del país, sino también para quienes desde Centro y Sudamérica transitan por el territorio mexicano. No ignoremos que hay luchas surgidas desde la sociedad civil organizada e impulsadas por colectivas LGBT+ que han logrado el reconocimiento de múltiples derechos humanos para las personas sexo/género diversas. Es empero fundamental atender las vulnerabilidades estructurales que aún impiden su pleno goce, lo cual se dificulta por las omisiones en las que el Estado mexicano incurre.
Un tema particular, y una de las líneas de acción aún pendientes, es garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan la libertad de decidir sobre su orientación sexual, identidad y expresión de género, evitando cualquier acto discriminatorio en espacios públicos y privados que afecten su integridad, educación y vida consecuente. Reconocemos la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado durante más de 40 años las luchas y acciones de exigencia. Sin duda, propuestas como la tipificación de los crímenes de odio –impulsadas en estados como Oaxaca–, o la de los transfeminicidios, fortalecerá el acceso a la justicia y abonará para garantizar una vida libre de violencia para personas LGBT+. Continúa el llamado exigente dirigido a las autoridades de procuración de justicia, a legisladoras y legisladores, a los gobiernos en sus tres niveles.
La búsqueda de garantizar una vida digna y el pleno ejercicio de los derechos humanos para las personas sexo/género diversas ha tenido logros importantes que nos ayudan a acercarnos a ese otro mundo posible, donde sea una realidad garantizar todos los derechos para todas las personas, donde las vidas de las personas LGBT+ sí importan.
May 17, 2022 | Contenidos, Participaciones
Participación de Jorge Luis Aguilar Pantoja en el Foro «Aportes en materia de Derechos Humanos del Dr. Miguel Concha Malo», realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro el 17 de mayo del 2022.
Hay historias que parecen no cambiar jamás, narrativas que se repiten y sospechosismos que perseveran a lo largo de las décadas. Era 1994 y desde el Senado de la República se agitaba la sospecha hacia un nuevo entorno que en ese entonces apenas empezaba a tomar fuerza y protagonismo. Senadores de aquél entonces señalaban con rudeza a las organizaciones no gubernamentales que “proliferan en el país” y que eran denunciadas por supuestamente ser “usadas para lavar dinero del narcotráfico».
Era 1994 y lo cierto es que de alguna forma era entendible la sorpresa de las y los senadores ante la enorme multiplicación de esas organizaciones, nombrar, para tener una referencia, que si en 1984 apenas había 4 organizaciones registradas en el país, para los 90 ya eran varias decenas, puñados de organizaciones que desde diferentes enfoques y metodologías apostaban a tomar un papel central en el monitoreo de la vida pública y su transformación en búsqueda de mejores condiciones para todas y todos.
Los 90 fue una década caótica, pero podemos y debemos remontarnos más atrás para hacer una semblanza entendible, y es que hay que narrar la historia del movimiento de derechos humanos en nuestro país para hacer justicia a la trayectoria de ciertas vidas, pues estas vidas se tejen, se entrecruzan, se atraviesan y se funden con la propia historia del movimiento como tal.
Es cierto que el movimiento de Derechos Humanos llegó tarde a nuestro país, a diferencia del Cono Sur y de Centroamérica en nuestro país no se vivió un proceso abierto de dictadura que en esas latitudes a su vez incentivó la creación de organización y colectivos, aunque sí vivimos la guerra sucia, ese periodo oscuro de persecución y exterminio.A veces, por fortuna, algunas personas hacen su aparición en la historia y la transforman. Personas que han hecho de la lucha por los derechos de los demás la razón inalterable e incorruptible de su vida.
El movimiento entonces tiene dos vertientes o manifestaciones claras, por un lado está el Comité Eureka y el rostro visible de Doña Rosario Ibarra de Piedra y por el otro, un grupo de organizaciones que fueron fuertemente influeciadas por las experiencias latinoamericanas, en particular de las y los refugiados de el Salvador y Guatemala que llegaron a nuestro país a refugiarse. En ese contexto nace nuestro Centro, pero el Vitoria es sólo una de las obras de Don Miguel. Para entender todas las otras aportaciones hay que ir al origen.
Fray Miguel Concha Malo es queretano, nació en 1945 en el seno de una familia católica, desde muy joven tomó los hábitos y en 1970 fue ordenado como sacerdote dominico por Don Sergio Méndez Arceo, Obispo de Cuernavaca. Don Miguel es Dr. en Teología, Diplomado en Sociología, periodista y catedrático.
El entorno familiar en el que creció y su motivación en la teología de la liberación lo llevaron a elegir el camino de la defensa de los pobres, a partir de entonces, su inquietud por la justicia social se convirtió en piedra angular de su quehacer y de su vida. Ya en el principio de los años 1970 emprendió su faceta como profesor, primero en la Universidad Iberoamericana y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde continúa dando clases hasta la actualidad.
Inició su labor periodística en 1977, como escritor de opinión en el diario de circulación nacional “Uno más Uno” y desde 1988 comenzó a mostrar una enorme preocupación por visibilizar la violencia que vivían los países en América Latina, evidenciando desigualdades sociales, denunciando los abusos y comenzando de esta manera, a través de la faceta de periodista y articulista, una trayectoria de defensa de los derechos humanos que está a punto de llegar a cuatro décadas y media de trabajos.
1984 fue un año importante, en septiembre, junto con un grupo de periodistas fue creado el periódico La Jornada donde Miguel Concha seguiría a través de su pluma un trabajo de documentación y registro de la realidad en la región y el país, es a través de sus artículos periodísticos semanales que Don Miguel ha creado una bitácora rigurosa y documentada del movimiento de derechos humanos en nuestro país.
Apenas al mes siguiente cofundó la que es quizá su principal obra, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, asociación civil que actualmente dirige, también en ese tiempo impulsó junto a otros y otras defensoras la creación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). Además del Centro Vitoria, ha sido pieza clave en la formación de asociaciones civiles como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, DECA Equipo Pueblo o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Ya en el nuevo siglo, fomentó la creación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de los Derechos Humanos, un proyecto clave en el quehacer del Vitoria y que en este año llega a 20 generaciones de personas jóvenes convencidas de que es a través de la defensa de los derechos humanos que se alcanzan transformaciones locales y globales. También en la primera década del siglo promovió la reforma constitucional en materia de DH.
Posteriormente, en 2011, acompañó de manera cercana las tareas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, también participó en la defensa del campo mexicano contra el maíz transgénico y en la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. En 2016 formó parte del Grupo Redactor de la Constitución Política de la Ciudad de México y fue miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2018-2024.
Es parte del grupo Paz con Democracia, referencia obligada para muchos movimientos sociales en el país. En su andar ha colaborado en algunas instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX.
Es cierto que de la forma en que persisten discursos que criminalizan y estigmatizan el trabajo de las y los defensores, así como la creación y labores diarias de las organizaciones de la sociedad civil, se hace urgente reconocer la experiencia y ofrecer legitimidad a estos espacios y trayectorias, hoy tan vulnerables ante la inacción del Estado y los propios recursos que se multiplican para obstaculizar la construcción de alternativas.
Por eso, reconocemos el trabajo de Don Miguel, quien sin duda alguna continuará trabajando mientras sigan existiendo hechos que violenten o amenacen los DH y la dignidad de las personas. Hay personas excepcionales a través de la historia y Don Miguel Concha Malo es una de ellas, nos llena de mucho orgullo a las y los integrantes del Centro Vitoria, como lo hace con las y los queretanos y también a quienes le conocen en la urgente tarea de la defensa.
REFERENCIAS:
CDHFV (2014). “Historia de 35 años del Dr. Miguel Concha Malo como defensor de los DH”. Disponible en : derechoshumanos.org.mx
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May 7, 2022 | Editoriales, La Jornada
El Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil fue reconocido recientemente con el Premio Nacional de Derechos Humanos, conoce su labor en defensa de la autonomía y libre determinación de los pueblos.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
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Por: Miguel Concha
07 de mayo de 2022
l legado de don Sergio Méndez Arceo, séptimo obispo católico de Cuernavaca, continúa animando la organización popular y comunitaria de los pueblos, y entretejiendo las luchas sociales en apoyo a grupos marginados, para la defensa de la dignidad humana y fortalecer la construcción de un mundo más justo.
Prueba de ello es el Premio Nacional de Derechos Humanos que lleva su nombre, un reconocimiento no sólo a la memoria de quien fuera impulsor de la teología de la liberación y del llamado progresismo católico, sino además de la solidaridad entre las organizaciones, colectivos y personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. Después de una pausa por la pandemia de covid-19, el pasado 30 de abril se llevó a cabo la 28 entrega del galardón en las instalaciones de la Universidad La Salle, campus Cuernavaca (https://fb.watch/cOElZngh9f/).
En la categoría grupal se recibieron seis postulaciones: la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el colectivo Voz de los Desaparecidos en México, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil SC, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, y la Unidad por Coyomeapan Sierra Negra de Puebla. El Premio en esta categoría se otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil SC, por su trabajo comprometido en la defensa del territorio y de los bienes comunes en Campeche. Un combate cada vez más urgente.
En la categoría individual se recibieron seis candidaturas: Aída Isela González Díaz, Esther Ámbar Escalante Hernández, Higinio Bustos Navarro, Kenia Inés Hernández Montalván, Roberto de la Rosa y Víctor Hugo Serrano Morales. Inicialmente el galardón se otorgó a Kenia Hernández Montalván, defensora de los derechos humanos de la población indígena y campesina en zonas marginadas de Guerrero. La también feminista se encuentra presa de manera injusta por su compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Considero importante mencionar a las organizaciones, colectivos y personas candidatas, con el fin de visibilizar los esfuerzos que, frente a diversas problemáticas sociales y violaciones de derechos humanos que continúan aquejando a nuestra sociedad, son realizados y acompañados a lo largo y ancho del país. Después de anunciar el resultado, el comité organizador recibió reacciones que, lamentablemente, acrecentaban las diferencias entre las organizaciones y defensores de las garantías fundamentales. Por ello, en una reunión extraordinaria, llevada a cabo el 14 de abril, se declaró desierta la categoría individual.
Sin duda, la intención del comité organizador del premio fue respetar el compromiso de contribuir al entendimiento entre quienes luchamos por la dignidad humana y contra el origen y las consecuencias de la injusticia y la desigualdad. Será también un llamado crítico y autocrítico para las organizaciones y personas que defendemos los derechos humanos, con el propósito de consolidar y ampliar espacios de diálogo en torno a las dificultades que se presentan en las luchas sociales, y conocer las múltiples posturas que desde las organizaciones y colectivas se defienden. Todo ello, con respeto a las distintas acciones que desde diversos espacios y comunidades se animan día con día. Con ello el Comité también ha refrendado el compromiso que todos debemos sostener para conseguir la libertad inmediata e incondicional de las personas defensoras de derechos humanos injustamente presas.
En cambio, sí se reconoció con el premio al Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil SC, que ha defendido la autonomía y libre determinación de los pueblos, a pesar de los hostigamientos denunciados por sus mismas integrantes, debido a su labor de defensa contra la imposición de megaproyectos de muerte y en la búsqueda de un buen vivir para los habitantes de la región de Calakmul, en Campeche. Como puede observarse, la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, así como por la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y campesinos, continúa siendo una tarea que pone en riesgo no sólo la libertad, sino también la vida de quienes la han asumido como una batalla por sobrevivir.
Como nota final, refiero a la invitación a la solidaridad de las actividades del Foro Social Mundial México, espacio precisamente de encuentro de diversos defensores de las garantías fundamentales, con la intención de construir un debate democrático que ayude en la tarea de articular la voz de las luchas sociales de diferentes latitudes. Después del primer encuentro, realizado en 2001, el foro caminó como un proceso mundial con propuestas y alternativas al neoliberalismo. En él convergen múltiples movimientos para dialogar sobre los retos que se enfrentan día con día en las comunidades. Podremos encontrar mayor información sobre lo que se ha discutido en el sitio web: wsf2022.org.Subir al inicio del texto
Abr 30, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Tras su reciente visita, el Comité contra la Desaparición Forzada insistió en que el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz las causas de la vigente espiral de violencia y las constantes desapariciones en la nación.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja
Por: Miguel Concha
30 de abril de 2022
En noviembre pasado se concretó una visita oficial del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), luego de que durante casi 10 años se le solicitó al Estado mexicano. Por más de 10 días la comitiva del CED visitó 13 entidades de la nación, escuchando y constatando la presente crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Seguramente se conmovió con los dolores, historias y denuncias que cientos de familiares de personas desaparecidas expresaron en las reuniones que sostuvieron con ellas y ellos.
Por lo conocido de esos días de la visita, no cabe duda que México se dio cita con una de las situaciones más dolorosas, actuales y del pasado, la desaparición de personas. Situación que a partir de 2006 se agudizó y agravó por la implementación de la guerra contra el crimen organizado
. Ese fatídico momento de estrategia de guerra, tal como lo ha expresado el CED en su Informe, trajo consigo una diversidad de perpetradores, modalidades y un sinfín de víctimas de desa-pariciones y de graves violaciones de derechos humanos.
Subrayo este aspecto, pues cobra relevancia que una instancia internacional de la ONU ponga el dedo en la llaga
, al señalar, por un lado, que las constantes desapariciones son atribuibles a agentes del Estado y al sostener, por otro, y con toda certeza, que también son atribuibles a actores del crimen organizado, tan expandido por todo nuestro territorio. Asunto éste ineludible que hay que considerar al intentar dar cuenta de las constantes desapariciones de personas en la nación y que, bajo una lógica de prevención y de derechos humanos, debemos comprender mejor como sociedad para atender de fondo tal problemática y generar los cambios estructurales que erradiquen estas situaciones lastimosas para todas las personas y comunidades que habitan o transitan por el país.
El que sean violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por particulares, es decir, en su mayoría vinculados al crimen organizado, no exime bajo ningún motivo al Estado, ya que el CED consideró fundamental que las autoridades reconozcan las distintas formas de su responsabilidad en los casos de desaparición, incluidos los atribuibles a particulares. Con esto, el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz todas las causas de esta espiral de violencia y constantes desapariciones en la nación, sin menoscabo alguno.
Ahora conocemos una decena de recomendaciones, todas importantes, para prevenir y erradicar el flagelo de las desapariciones. Pueden consultarse a detalle en el Informe del CED (disponible: https://cutt.ly/PGzXoHg). Y de éstas, otro aspecto que pongo de relieve es el que tiene que ver con el llamado urgente que hace sobre la militarización del país. El Comité señala que es necesario mantener el carácter y las labores de seguridad en cuerpos civiles. De lo contrario se complica el avance en la erradicación de las desapariciones de las personas. Su dicho lo fundamenta en las constantes y documentadas violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Asimismo, quienes integran este Comité nos recuerdan las reformas legales de 2019 sobre el tema de la Guardia Nacional, que por desgracia no generaron cambios que trascendieran al modelo de seguridad militarizado.
Dado que México requiere construir condiciones efectivas para que el Estado enfrente el problema de la desaparición, vale dar seguimiento a este problema que subraya el CED. Con la militarización creciente en la República, definitivamente no se obtendrán buenos resultados. Llama la atención que el CED se centre en la necesaria y urgente tarea de la implementación adecuada –que desde 2017 se ha venido dando–, en relación con los sistemas de búsqueda de personas y su efectiva coordinación con las instancias encargadas de la investigación.
Quedan grandes pendientes en temas de implementación de tal marco normativo, y se vuelve de inmediata atención el concluir con la construcción de las herramientas y sistemas que la ley y demás acuerdos de Estado mandatan para atender las desapariciones y la crisis forense en México.
Para revertir las desapariciones de personas, es necesario, como condición sine qua non, la efectiva y diligente participación de las familias afectadas. ¿Quiénes, si no, mejor que ellas para opinar en la implementación de las recomendaciones del CED, en aras de construir diversos programas y estrategias para prevenir y erradicar las desapariciones desde un enfoque diferenciado de derechos humanos, y bajo la debida diligencia? Y todo ello enmarcado en un proceso participativo con las familias, colectivos y sus organizaciones acompañantes. El Informe del CED se presenta como una oportunidad invaluable e inédita para todo el Estado mexicano para ayudarse en la ardua lucha para prevenir y erradicar todas las desapariciones en nuestra nación.
Abr 23, 2022 | Animal Político, Contenidos, Editoriales
La defensa por los derechos de las personas campesinas necesita ser globalizada para poder hacer frente a los grandes intereses corporativos que rebasan incluso a los poderes y alcances de los Estados Nacionales.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : hans van der wal
Por: Hugo Obed Martínez, Sofía Cortés y Cassandra Meléndez
23 de abril de 2022
El reconocimiento internacional de los derechos humanos de las personas campesinas es resultado de una larga lucha y esfuerzos por transformar una realidad en la que no sólo se han vulnerado los derechos de casi un tercio de la humanidad -que constituyen la población campesina-, sino que los derechos de este amplio sector de la población ni siquiera son reconocidos por actores como los mismos gobiernos o las empresas transnacionales.
Es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan en Zonas Rurales, aprobada el 28 de septiembre de 2018 por el Consejo de los Derechos Humanos, nos recuerda que “la actual expansión de la agricultura, la especulación con productos alimentarios y las adquisiciones y los arrendamientos de tierras en gran escala en muchos lugares del mundo amenazan la vida de millones de campesinos”, y con esto reconoce a la agricultura campesina, a la pesca y la ganadería de pequeña escala, como contribuciones fundamentales para asegurar una producción de alimentos sostenible para todas y todos.
Considera además que, por ser un grupo social específico y de diversas maneras vulnerado, la protección de sus derechos requiere medidas especiales para garantizar que los Estados respeten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos. Entre las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas campesinas están la discriminación, la ausencia de reformas agrarias y políticas de desarrollo rural que atiendan a sus contextos actuales, desalojos, desplazamientos forzados y la apropiación de las semillas por las empresas transnacionales, entre otras.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en México el 21% de la población vive en zonas rurales, 65% de la población de este sector sufre condiciones de pobreza y de entre éstas, el 23% vive en condiciones de pobreza extrema.
En el sentido de reconocer los derechos de las personas campesinas y de emitir recomendaciones a los Estados para implementar acciones que los garanticen, Michael Fakhir, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el Informe que lleva por título “Las semillas, el derecho a la vida y los derechos de los agricultores”, esto durante el 49 período de sesiones, celebrado del 28 de febrero al 1 de abril de este año.
Dicho informe aborda la importancia de las semillas para asegurar y hacer efectivo el derecho a la alimentación, también aborda los retos a los que se enfrentan las poblaciones campesinas e indígenas como guardianas de las semillas y la biodiversidad ante la enorme concentración de poder de las grandes empresas que controlan los sistemas de semillas comerciales. Recordemos que empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta han acaparado la producción agroindustrial de alimentos a partir de paquetes tecnológicos que incluyen semillas modificadas genéticamente o transgénicas y agroquímicos tóxicos.
El informe también menciona cómo el derecho a las semillas es parte esencial de los derechos de las personas campesinas y poblaciones indígenas. Pero, ¿qué son los sistemas de semillas? En la actualidad, existen dos tipos de sistemas de semillas: los de las personas agricultoras y campesinas, y los comerciales. Los primeros permiten utilizar, intercambiar, donar, trocar y vender libremente las semillas por las personas campesinas, garantizando además que puedan alimentarse directamente de ellas. El intercambio de semillas es necesario para desarrollar nuevas variedades que respondan a la problemática del cambio climático, sin tener que recurrir a la modificación genética.
En cambio, en los sistemas comerciales las plantas se convierten en mercancía, provocando que unas pocas personas controlen las semillas y restrinjan su acceso.
Reconocer el derecho de las personas campesinas a conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente las semillas es una tarea urgente, son los saberes tradicionales de las poblaciones campesinas e indígenas los que han potenciado la diversificación de las semillas, son una forma de producir alimentos suficientes en manos de las personas campesinas y representan una oportunidad para contrarrestar los embates del cambio climático.
La defensa por los derechos de las personas campesinas necesita ser globalizada para poder hacer frente a los grandes intereses corporativos que rebasan incluso a los poderes y alcances de los Estados Nacionales; los instrumentos internacionales deben a su vez ser transformados en herramientas de exigencia y justiciabilidad de derechos en las luchas locales. Como dice el dicho: “piensa globalmente, actúa localmente”.
Insistamos en denunciar las prácticas de despojo que las empresas han llevado a cabo durante décadas sin reparo, tampoco desistamos en exigir el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Vemos en este Informe una oportunidad para llamar a los organismos internacionales y a los Estados a reconsiderar las alianzas con la agroindustria y en su lugar privilegiar el diálogo con las comunidades campesinas y pueblos indígenas, en poder dirigir los esfuerzos a promover las formas tradicionales de producción de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente adecuados y en la búsqueda para proteger los sistemas de semillas campesinos y las formas de vida comunitarias.
* Hugo Obed Martínez Rodríguez, Sofía Cortés y Cassandra Meléndez son integrantes del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.
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Abr 16, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Como sociedad civil, debemos seguir insistiendo en que las instituciones no les pertenecen a los funcionarios, y que las mismas se tienen que ajustar a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si está en sus manos una tarea tan importante como la procuración de justicia.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Fiscalía Veracruz
Por: Miguel Concha
16 de abril de 2022
El Congreso de Veracruz nombró el 28 de mayo de 2020 como titular de la Fiscalía General del Estado (FGEV), con la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, a Verónica Hernández Giadáns, en sustitución de Jorge Winckler Ortiz, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado de tortura y otros delitos presuntamente cometidos durante su encargo.
Cabe precisar que éste fue impulsado por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional. Posteriormente, el 18 de marzo de 2022, a casi dos años de dicho nombramiento, durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que la entidad era en la que más habían bajado los delitos de alto impacto. Remarcó el cambio de fiscal en el estado, el programa Cero Impunidad y la ruptura de la vinculación con la delincuencia organizada que prevalecía en los gobiernos que lo antecedieron.
Es menester preguntarse si efectivamente el nombramiento de un(a) fiscal carnal
garantiza la observancia irrestricta de los derechos humanos en la procuración de justicia, siendo éstos un eje central del partido gobernante a escala federal y local, a saber, el combate a la corrupción o si, por el contrario, pareciera que la procuración de justicia, sin importar los cambios políticos, se encuentra supeditada al capricho de los gobernantes en turno.
Se considera que la FGEV tuvo una oportunidad indiscutible en el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para sentar un precedente claro y contundente en los hechos, y no sólo en el discurso, respecto al combate a la corrupción entre amigos o enemigos
, con estricto respeto a los derechos humanos y a la procuración de justicia.
Sin embargo, lamentablemente aconteció todo lo contrario y la historia se volvió a repetir. Veamos, en junio de 2021 la FGEV inició una carpeta de investigación por el homicidio de Remigio Tovar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a ocupar la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, y por ese delito detuvo a Omar
, a quien una comisión de dicho partido había designado como candidato sustituto, siendo éste uno de los testigos que había asistido a dicha reunión de sustitución, quien también señaló que estuvieron presentes integrantes de Movimiento Ciudadano de Veracruz, entre ellos, José Manuel del Río Virgen, que había mencionado que se debía tener cuidado para que no se repitiera un acontecimiento tan trágico.
Siendo este testimonio el detonante para que la FGEV imputara a este último la autoría intelectual del delito de homicidio calificado. Debido a ello, la mañana del 22 de diciembre pasado fue detenido José Manuel del Río Virgen, en los límites de Veracruz y Oaxaca, por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, quienes lo amenazaron con armas largas
y presentaron ante el juez de control a cargo del proceso penal, para posteriormente ser privado de su libertad en el centro penitenciario de Pacho Viejo.
¿Por qué decimos que la historia se repite? Porque la actuación de la autoridad ministerial, y de la policía ministerial que está bajo su conducción, actuaron vulnerando los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen y de su familia, que lo acompañaba en el momento de su detención, tal y como ha quedado acreditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 59/2022, por violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, la libertad personal y el derecho de acceso a la justicia, así como al principio del interés superior de la niñez.
En ese sentido, como sociedad civil, debemos seguir insistiendo en que las instituciones no les pertenecen a los funcionarios, y que las mismas se tienen que ajustar a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si está en sus manos una tarea tan importante como la procuración de justicia, de la cual depende la libertad de las personas.
Hacemos votos para que la FGEV acepte en su integridad la mencionada recomendación y dé cumplimiento a las medidas de reparación integral del daño. Aunque también llamamos al Poder Judicial de Veracruz, para que retome en sus resoluciones lo argumentado por la CNDH, ejerza un control de convencionalidad ex officio, y asuma los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Ejercicio jurisdiccional del cual saldrá fortalecido y legitimado como garante de los derechos humanos de todas las personas que por alguna razón acuden ante sus puertas a solicitar justicia, haciendo también realidad el combate a la corrupción y a la impunidad, que se empecinan en eclipsar la procuración y la administración de justicia en el estado de Veracruz y en todo el país.
