Día de las víctimas de desapariciones forzadas

Día de las víctimas de desapariciones forzadas

Buscando se han encontrado, familiares y colectivos en búsqueda de personas desaparecidas han aprendido a caminar conjuntamente, haciendo de todos los desaparecidos sus desaparecidos. Así lo señalan cuando gritan faltan más de 90 mil o los desaparecidos son de todas y todos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : CDH Vitoria

Por: Miguel Concha

Sábado 28 de agosto de 2021


El 30 de agosto se conmemorará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no ha sido sino hasta hace 10 años cuando se dio el reconocimiento mundial a una problemática tan compleja y devastadora que, a pesar de todo, data de muchos años atrás: la desaparición forzada de personas. El Estado es uno de los principales responsables de la comisión de este delito y grave violación a los derechos humanos y, por ello, para lograr el reconocimiento de esta práctica, así como la visibilización pública de las víctimas, ha sido largo el camino recorrido por colectivos de sobrevivientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil en el mundo.

Este día se contempló como especial en la lucha de quienes buscan a sus seres queridos. Se trata de un momento para revelar más una problemática que, en el caso mexicano, involucra múltiples actores y vínculos entre ellos. Por ejemplo, el crimen organizado y la corrupción generada por gobiernos en todos sus niveles.

Este texto no alcanza para un análisis detallado de las causas históricas, económicas, sociales y políticas de la desaparición en México. pero con el queremos honrar la lucha de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Vale señalar que, en su gran mayoría, son mujeres las que buscan a propios y ajenos, a todas y todos. Sumados dan la cifra de más de 90 mil personas, según los datos más recientes de las autoridades.

Por desgracia, en este país pareciera que las autoridades se acostumbraron rápida y convenientemente a que fueran las buscadoras quienes realizaran mayormente la búsqueda en campo, lo cual pone en riesgo constante su vida. Las personas buscadoras van ahí, donde muchas autoridades se niegan a ir. Se han convertido en las primeras respondientes ante una desaparición y son ellas quienes transmiten saberes, conocimientos y experiencias sobre los procesos jurídicos y de búsqueda cuando una persona nueva comienza a buscar en medio del dolor que trae la desaparición de un familiar.

Vale resaltar que el pasado 24 de agosto organizaciones sociales, personas y colectivos de familiares publicaron un importante comunicado (https://cutt.ly/7WycY88) sobre las preocupaciones con relación a los complejos y largos procesos de búsqueda en campo, así como a investigaciones penales y a la búsqueda de verdad y justicia. En los pasados tres meses han sido asesinadas por lo menos tres personas buscadoras, aunque sabemos que muchos de estos casos no salen a la luz pública por consideraciones de seguridad para los familiares.

Aunado a esto, debemos decir que el derecho a la participación en las distintas etapas de la búsqueda de desaparecidos lo han ganado los familiares y colectivos a fuerza de tenacidad y demanda pública. Este constante proceso de lucha y aprendizaje los ha llevado a adquirir herramientas y conocimientos cada vez más especializados sobre derechos humanos y ciencias forenses, por mencionar algunos de los más evidentes.

La articulación de distintos colectivos y su constancia en la construcción de puentes de diálogo con las autoridades ha hecho posible la próxima instalación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para avanzar en el rezago de la identificación humana en la República; asunto del que me ocupé en meses pasados ( La Jornada, 13/3/21).

Sabemos que son ellas y ellos quienes han impulsado y trabajado en la implementación de leyes ad hoc para avanzar en la búsqueda de personas, tanto a escala local como nacional. Buscando se han encontrado, y ahí han aprendido a caminar conjuntamente, haciendo de todos los desaparecidos sus desaparecidos. Así lo señalan cuando gritan faltan más de 90 mil o los desaparecidos son de todas y todos.

Todo con la firme esperanza de encontrar a todas las personas desaparecidas. Aunque los niveles de violencia y desatención hacen más difícil su caminar, en estas fechas es fundamental que el Estado respete una máxima: ¡sin familias no! Dicha máxima implica que la participación de éstas no se reduzca a poner en riesgo su vida durante las búsquedas en campo; que se fortalezcan los sistemas de búsqueda, y que no quede ninguna institución clave sin los medios necesarios para hacer su trabajo.

Asimismo, es fundamental poner atención a la solicitud que ha hecho el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, de concretar la visita al país del Comité contra la Desaparición Forzada, conforme al artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Tal vez lo único que nos permita avanzar para revertir las desapariciones que no cesan, sea una efectiva coordinación y diálogo entre el Estado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones sociales que les acompañan.

Continúa la lucha por la defensa de San Miguelito en San Luis Potosí

Continúa la lucha por la defensa de San Miguelito en San Luis Potosí

La presión y las amenazas contra la comunidad de San Miguelito por la venta de sus tierras es una constante que se presenta desde el 2019, la cual ha afectado la vida cotidiana de sus habitantes.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Lucy Nieto

Por: Adriana Zárate Escobar

25 de agosto de 2021

En estos momentos la ciudad de San Luis Potosí se enfrenta a un proceso de toma de decisión sobre la modificación de un espacio que repercutirá no sólo en el crecimiento de la mancha urbana, sino también en la vida cotidiana de todas las personas que la habitamos. El espacio en disputa se encuentra en la zona surponiente de la ciudad y abarca las comunidades de San Juan de Guadalupe y anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, todas ubicadas en las faldas de la Sierra de San Miguelito, un área natural protegida cuya delimitación se encuentra actualmente en “consulta”.

Desde el 2019 se comenzó a hablar de la posibilidad de implementar en esta área un proyecto inmobiliario de gran tamaño llamado “Las Cañadas”, de la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V. A lo largo de los tres años que han transcurrido desde que se empezó a socializar dicho proyecto se han señalado, desde diferentes trincheras, las repercusiones negativas que traería consigo el que se lleve a cabo. Activistas, comuneros, ambientalistas, asesores legales, vecinos y vecinas de la zona, estudiantes, académicos y académicas nos hemos sumado a la protesta, pero también a la producción y difusión de información para hacer constar por qué es importante evitar que se realice este proyecto y proteger este territorio.

El espacio que se encuentra en disputa está conformado por 1,805 hectáreas que son parte de las comunidades y de la Sierra de San Miguelito. Su gran importancia recae en que en este lugar se encuentra la zona de recarga del acuífero que abastece el agua de la ciudad de San Luis Potosí, así como las áreas de escurrimiento. De ser intervenido, el acceso al agua en muchas partes de la ciudad seguiría siendo difícil o inclusive nulo, y esto se agravaría, junto con el deficiente manejo del agua en las inundaciones que tanto aquejan a la ciudad.

En términos ecológicos se pondría en riesgo la biodiversidad que forma parte del hábitat de la sierra, con especial énfasis en las especies endémicas y en peligro. Por supuesto, todo esto impactaría en el medio ambiente, que en este momento presenta problemas serios debido a proyectos pasados como lo fue el de la Minera San Xavier, que terminó por destruir al Cerro de San Pedro, que sirvió de inspiración para el escudo de la ciudad. Además de todo esto, en el tema agrario se seguiría permitiendo que se recurra a la figura de Sociedades Mercantiles Inmobiliarias para acreditar el despojo de la tierra, esto a través de un contrato de compraventa que siempre termina por no favorecer a las y los comuneros y ejidatarios que se someten a este proceso.

Por todo lo anterior, el caso de la Sierra de San Miguelito no debe de ser leído únicamente como un conflicto agrario, sino que es importante posicionar este tema como un problema de carácter público que nos compete a todas las personas que habitamos la ciudad y el país, porque sin duda su intervención impactará en nuestro día a día.

A lo largo de todo el proceso de lucha que se ha realizado para resaltar todos los puntos anteriores, al mismo tiempo se han llevado a cabo diferentes acciones que han propiciado las condiciones para que las tierras comunales puedan ser vendidas. Entre ellas, modificaciones al polígono de área natural protegida, en las que se deja por fuera el área de interés para el proyecto inmobiliario (2018). Dos consultas públicas opacas y con grandes dificultades para la participación, en las cuales se discutía sobre el futuro próximo del desarrollo urbano de la ciudad, la primera a nivel municipal, dirigida por el Instituto Municipal de Planeación (2019), la segunda a nivel federal, diseñada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2021) cuyos resultados siguen sin darse a conocer. La amenaza y el acoso por parte de las empresas inmobiliarias se dirige a las y los comuneros que están en contra de vender sus tierras, pero también contra aquellos que han tomado la decisión de vender. Se favorece la entrega de permisos a nivel municipal y estatal para que este proyecto pueda ponerse en marcha, sin que aún se haya resuelto la venta de la tierra en las asambleas comunales, ni se haya delimitado el área de protección de la sierra, que actualmente sigue en el proceso de consulta.

Ante este escenario las demandas son claras: que no se permita que se continúe con la construcción del proyecto inmobiliario “Las Cañadas”, de la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., en las 1,805 hectáreas que se encuentran en la zona de recarga del acuífero en la Sierra de San Miguelito. Que se preste verdadera atención a los proyectos futuros que busquen implementarse en esa zona. Que dejen de existir presiones y amenazas para los comuneros que no se encuentran a favor de vender sus tierras. Que tanto el gobierno municipal, estatal y federal se comprometan y protejan el área natural de la Sierra de San Miguelito. Que la Semarat y las instituciones académicas dejen de priorizar los intereses privados y del capital, y se reconozca que el proceso de consulta del Estudio Previo Justificativo de Área Natural Protegida ha sido opaco y realizado a modo. ¡La Sierra no se vende, se cuida y se defiende!

#SierraSíFraccionamientoNo

* Adriana Zárate Escobar (@AdriannaZaratte) es integrante de la 19° generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C., y es Maestra en Ciencias Sociales por la Flacso-México.

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Juventudes y Covid-19 en México

Juventudes y Covid-19 en México

Atendiendo al «mes de las juventudes» el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria realizó un informe sobre el impacto que ha tenido el Covid-19 en las juventudes.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen :  UNHumanRights

Por: Miguel Concha

Sábado 21 de agosto de 2021


El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, declarado así por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para visibilizar a este grupo de población, generar conciencia sobre su importante papel en los procesos de transformación y colocar sus necesidades y problemas como prioridad en las agendas gubernamentales. Y es que de acuerdo con la ONU alrededor de mil 200 millones de personas entre 15 y 24 años habitan y transitan por el mundo. Es decir, 16 por ciento de la población global.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que representan 24.6 por ciento de los habitantes en el país. Conforme al Censo de Población y Vivienda 2020, de las más de 126 millones de personas que conformamos el total, la mitad tiene 29 años o menos.

Uno de los temas centrales de reflexión a escala internacional en el presente año es el impacto diferenciado del Covid-19 en las juventudes, el cual puso al descubierto y agravó los problemas estructurales que afrontan. Este análisis se recrudece cuando se aplican perspectivas como la interseccional y la de género, porque, si de suyo constituyen un grupo que históricamente ha sido colocado en situaciones de vulnerabilidad, discriminación y desventaja, sus desafíos son aún mayores si son mujeres, si pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+ o a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. O si defienden derechos humanos, por mencionar algunos ejemplos.

En el contexto del también llamado mes de las juventudes, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria recientemente publicó un informe denominado Los impactos del Covid-19 en las juventudes en México (https://cutt.ly/CQ1HXSg). Con la intención de profundizar y debatir los temas abordados en el informe, de igual manera, está realizando una serie de foros con expertos (https://cutt.ly/QQ12H3v).

El informe no sólo fue elaborado por jóvenes, sino que éstos fueron el sujeto y actor social central en todo el proceso. Dicho insumo tiene como propósito analizar los impactos del Covid-19 sobre las juventudes en nuestro país, sobre todo en lo que respecta al goce y ejercicio de sus derechos a educación, empleo, alimentación, vivienda, salud física y mental, así como a la participación política. Se afirma desde sus primeras líneas que en la actual pandemia se adoptó una narrativa adultocéntrica que posicionó a las juventudes como aquellas que se encontraban en menor riesgo ante el virus.

La tercera ola ha demostrado de manera contundente lo contrario, porque una parte significativa de los contagios, hospitalizaciones y lamentables muertes han sido de jóvenes. Además, desde marzo de 2020 muchos ámbitos de su vida han sido fuertemente impactados. Como lo sostiene el informe, aumentaron las violaciones a sus derechos, principalmente a la salud, a la información, a vivir una vida libre de violencia, a la protesta social, a la libertad de expresión, a la educación, así como a sus derechos laborales. Con respecto a éstos últimos, las juventudes señalaron diversas situaciones que constituyen violaciones a sus derechos. Entre otras, están la falta de respeto al horario laboral, las excesivas cargas de trabajo, y la ausencia de provisión de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, especialmente de aquellas que se han desarrollado a distancia.

También apuntaron las omisiones del semáforo epidemiológico, así como despidos injustificados sin las indemnizaciones de ley correspondientes. Otros de los derechos afectados son los referidos a su participación política y social, ya que durante la pandemia fue limitado y restringido el espacio público, el cual es uno de los principales lugares de participación para los jóvenes. Muchos de quienes tomaron la decisión de continuar participando en acciones de defensa y promoción de los derechos humanos fueron víctimas de criminalización, hostigamiento e intimidación.

Como se menciona en las conclusiones del informe, todas las personas deben ser reconocidas de la misma manera, y por ello sus derechos han de ser respetados y garantizados integralmente, sin importar sus características y condiciones, en este caso su edad. Por tanto, en el contexto de la pandemia los programas de atención y recuperación deben incorporar la perspectiva de juventudes y el reconocimiento de los impactos diferenciados que han causado en la vida de millones de jóvenes.

En efecto, no se puede ni debe hablar de una generación que construya el futuro, cuando en esta emergencia sanitaria las juventudes han sido invisibilizadas, colocadas en situaciones de vulnerabilidad, criminalizadas e ignoradas. Por tanto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de poner en el centro los derechos de los jóvenes.

La 4T y las organizaciones de la sociedad civil: la persistente contradicción

La 4T y las organizaciones de la sociedad civil: la persistente contradicción

El Presidente sin duda acierta cuando se refiere a la reorganización de agendas conservadoras y de actores con intereses egoístas, pero insiste en cerrar el diálogo con los sectores sociales que han asumido su tarea como contrapesos necesarios que antes ya han alertado frente a las nuevas formas del autoritarismo.

Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea

Web original | Imagen : Cuartoscuro

Por: Jorge Luis Aguilar Pantoja (@JorgeLuis_DH)

20 de agosto de 2021

Era octubre de 2018 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador participaba en la clausura de los “Foros de escucha por la pacificación y reconciliación” junto a representaciones de organizaciones y colectividades de víctimas. Sus palabras insistieron en atender “las causas de la violencia” y en “saber escuchar”. En el séptimo punto de su discurso pedía que “las organizaciones de la sociedad civil y la ONU [Organización de las Naciones Unidas] ayuden como observadores permanentes en toda la actuación del próximo gobierno” [1]. Es por ello que iniciado el sexenio las decisiones y declaraciones que ha tomado la “4T” con respecto de las organizaciones de la sociedad civil han provocado, por decir poco, gran desconcierto y confusión.

De ese momento a la actualidad muchas cosas han pasado y muchas frases se han dicho. La contradicción comenzó apenas en las primeras semanas de 2019. Desde presidencia se envió una lapidaria “Circular 1” con destino al gabinete legal y ampliado, la cual ordenó eliminar toda transferencia de recursos del presupuesto a los espacios de organización social, con el presunto propósito de “terminar con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”. Apenas se observaban las primeras acciones concretas que, amparadas en la lucha anticorrupción, trataban con dureza a este universo complejo de organizaciones, el cual, dicho sea de paso, desde hace décadas ha sido un importante defensor de las luchas populares, de los derechos humanos, la democracia y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad.

De esta manera, los recursos para el funcionamiento óptimo de las actividades de muchas de las organizaciones de la sociedad civil han sido escasos, obstaculizando una larga lucha que a través de los años ha conseguido importantes conquistas como el robustecimiento del marco institucional para el fomento de sus actividades y el derecho a organizarse [2], que fue abriendo paso a su participación como actores de interés público e importancia social. De las alrededor de 40 mil organizaciones existentes en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para el 2019 ya sólo el 0.3 por ciento realizó actividades con respaldo de recursos gubernamentales, un financiamiento que de por sí ya se reducía año con año pasó a ser prácticamente inexistente de forma drástica.

A este escenario se suma la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que ahora integra nuevas condiciones que colocan aún más obstáculos para recibir financiamiento y donaciones autorizadas [3]. Por si fuera poco, muy recientemente se ha avivado el tema, pues desde el Senado una representante del partido en el poder presentó apenas en junio una iniciativa para facultar al Estado a “evaluar y registrar” a las organizaciones que reciban “recursos económicos del extranjero”, con la supuesta intención de evitar que “dichos fondos sean utilizados para injerir en asuntos estrictamente competentes del Estado Mexicano”. No hace falta decir que la propuesta sobra debido a que ya existen registros de las organizaciones y que ya hay gran cantidad de mecanismos para observar la legalidad de sus acciones e intervenciones. Mientras tanto en la Ciudad de México, espacio que históricamente ha albergado una tradición de acentuada participación y organización ciudadana, recientemente fue reformado el Artículo 256 del Código Penal [4] para equiparar a las personas directoras y administradoras de las asociaciones civiles con servidores públicos. En los hechos esta modificación habilitaría a las autoridades de ejercer castigos penales contra ellas por presuntos actos de corrupción, una medida que parece también estar encaminada, de nuevo, más a diluir las capacidades organizativas ciudadanas y no a enfrentar los posibles actos de corrupción que ocurran en el gasto de recursos públicos.

La beligerancia se multiplica justo en el momento en que urge más una nueva y fortalecida relación entre el gobierno y la sociedad organizada, una que desde luego ha sabido avanzar en el cumplimiento de sus objetivos y acompañamientos, con o sin la anuencia del Estado, y cuya imparcialidad al momento de realizar sus intervenciones, análisis y diagnósticos debe ser principal característica. No es imaginable una transformación profunda de las realidades que aquejan al país y a las poblaciones en situación de histórica marginación sin la experiencia, capacidades y compromiso desinteresado de la sociedad organizada, pero para que esto ocurra es necesario un entorno favorable que de principio no esté amenazado por la construcción de pesadas normas legales, administrativas y fiscales que apuntan no a su fortalecimiento o transparencia, sino a debilitar sus capacidades organizativas y de diálogo.

La contradictoria posición impulsada en el actual sexenio no se ha limitado a desdibujar únicamente a las organizaciones, pues también se ha extendido hacia la propia Organización de las Naciones Unidas, lo cual quedó de manifiesto cuando, para validarse a sí mismo, el presidente recurrió a descalificar su presencia al decir que, junto a las organizaciones de la sociedad civil, “callaron ante las masacres de los pasados sexenios”. No hace falta mucho para distinguir la postura maniquea del dicho, pues la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha mostrado de manera sostenida su labor sensible y cercana a las víctimas de la violencia y del Estado en el sexenio actual y en los anteriores.

En su discurso el Ejecutivo ha mencionado la existencia de una estrategia que busca la ingobernabilidad y debilitar sus capacidades, en los hechos sus decisiones y descalificaciones han atizado, en efecto, a la ingobernabilidad, pero debido al debilitamiento sin distinción del sector completo de organizaciones cuya principal tarea ha sido justamente tender puentes en esos espacios de carencias donde el Estado mantiene una deficiencia profunda, como es la observación del cumplimiento de los derechos humanos, la impartición de justicia, la rendición de cuentas, el combate a la discriminación, la protección a personas defensoras y periodistas, la perspectiva de género y precisamente el combate a la corrupción. Y ocurre que contrario a lo que desde el discurso oficialista se insiste en posicionar, muchos de los vacíos de Estado han sido y siguen siendo atendidos por una sociedad civil que aporta al debate con datos, contrastes y la contundencia que se suma cuando se actúa desde una postura imparcial que coloca en la mesa los temas y hechos incómodos y difíciles de abordar.

La beligerancia no puede ser permanente, pues el presidente sin duda acierta cuando se refiere a la reorganización de agendas conservadoras y de actores con intereses egoístas que buscan amenazar el avance de acciones con una orientación popular, social y transformadora para las mayorías, actores que, a través del miedo y el “calentamiento de las calles”, intentan diluir la esperanza de transformación y aprovechar la desinformación. Sin embargo, su posición corre el riesgo de quedar aún más vulnerable, sobre todo si se persevera en cerrar el diálogo con esos sectores sociales que desde hace tiempo han asumido su tarea como contrapesos necesarios y cuya experiencia está, precisamente, tanto en proponer alternativas ante los grandes problemas nacionales como en alertar tempranamente frente a las nuevas formas del autoritarismo en su actual intento de instalarse, como también lo miramos, de maneras cada vez más encubiertas y peligrosas para la paz y la democracia en la región.

Notas

[1] Andrés Manuel López Obrador, 24 de octubre de 2018, Clausura de los Foros de Escucha (…).

[2] Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil

[3] A contracorriente: financiamiento público para OSC, Alternativas y Capacidades A.C.,

[4] Código Penal para el Distrito Federal

Jorge Luis Aguilar/Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP

Nuevo marco jurídico sobre pueblos indígenas

Nuevo marco jurídico sobre pueblos indígenas

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas por el incumplimiento y agravio de sus derechos, es por esto que se le pide al gobierno de AMLO realizar una reforma constitucional que atienda a las peticiones y necesidades de estas comunidades.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : CDH Vitoria

Por: Miguel Concha

Sábado 14 de agosto de 2021


El pasado 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recordamos la importancia de construir sociedades justas e incluyentes en las que la diversidad, respeto y cuidado sean elementos centrales. Fue una invitación para tener presentes las raíces de nuestra historia, ya que la memoria es una de las bases para la construcción de un mundo con paz, justicia y dignidad, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido, la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representantes del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, marcó lo que habría sido el inicio de una etapa crucial en la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el incumplimiento del Estado mexicano ha constituido una deuda histórica que aún no ha sido saldada.

Ante esto, los pueblos y las comunidades han desarrollado estrategias para fortalecer y defender sus derechos colectivos. Entre las demandas fundamentales se encuentra el reconocimiento, dentro de la Constitución, de sus instituciones y su libre determinación, en tanto elemento central para la transformación social y política. Y es así como el pasado 24 de septiembre se hizo pública la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 10 entidades del país, pertenecientes a las etnias tsotsil, tseltal, lacandona, tenek, nahua, maya, hñähñu, purépecha, na savi, tepecano, wixárika, zapoteca, yaqui, mixe y me’phaa. Uno de los objetivos centrales de Aldea es construir estrategias que fortalezcan el marco jurídico de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y con ello mejorar sus herramientas de defensa y vida, y el reconocimiento de sus derechos.

Sus demandas se resumen en 10 puntos que, de ser reconocidos constitucionalmente, aportarían a la construcción de sociedades incluyentes y justas. Éstos son: 1. Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; 2. Garantía del derecho a la libre determinación y autonomía indígena; 3. Reconoci-miento y garantía de los sistemas normati-vos y de seguridad de los pueblos; 4. Reconocimiento, garantía y protección del derecho a las tierras y territorios indígenas;5. Reconocimiento y garantía del derecho a decidir sus formas de vida y desarrollo;6. Respeto y garantía del derecho al consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas; 7. Garantía a la participación de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones del Estado; 8. Establecer una relación entre el Estado y los pueblos en condición de respeto e igualdad; 9. Participación de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio pleno de sus derechos, y 10. Respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Aldea hizo también un llamado al presidente AMLO para impulsar una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, compromiso que asumió al inicio de su mandato. Exhortó igualmente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión para que dicha reforma sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura, se establezca como tema prioritario de la agenda legislativa y se avance resueltamente en su aprobación.

Si bien es cierto que en los hechos los pueblos y comunidades indígenas siguen construyendo su autonomía a través del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios y bienes comunes, con esta reforma se saldaría parte de la deuda histórica del Estado mexicano con ellos, mediante el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y el establecimiento de una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado. La Alianza considera que la reforma constitucional es también clave para enfrentar la violencia presente en el territorio nacional, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena, el control de sus territorios y bienes comunes, y la aplicación de sus sistemas propios de seguridad y justicia.

Al ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público, con capacidad para darle toda la fuerza jurídica a sus decisiones comunitarias, así como para contar y disponer con presupuestos propios, se rompería con el tutelaje colonial del Estado. Es fundamental que la reforma preserve el espíritu de los acuerdos de San Andrés, y se alinee con instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como con los aportes realizados por pueblos, comunidades y autoridades indígenas de los estados del país durante el proceso previo de construcción de la propuesta.

Código Penal de la Ciudad de México y OSC

Código Penal de la Ciudad de México y OSC

El mal uso del Código Penal de la Ciudad de México puede convertirse en un instrumento de control, amenaza y criminalización contra las OSC´s. Especialmente en un contexto de hostigamiento a la sociedad organizada.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Víctor Chima

Por: Miguel Concha

Sábado 07 de agosto de 2021


El pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México un decreto que contiene una serie de reformas, adiciones y derogaciones a artículos del Código Penal para la capital del país (https://cutt.ly/oQnqWGr). Entre los artículos reformados se encuentran el 256, 256 bis y el 259, que forman parte del título décimo octavo, que se refiere a los delitos contra la buena administración cometidos por servidores públicos.

El artículo 256 dice: es servidora o servidor público de la Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la capital y en los órganos constitucionales autónomos, o bien que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos.

Entre las penas comprendidas en estos artículos se encuentran la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, e igualmente para dirigir o administrar recursos de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. Las sanciones llegan a ascender hasta los 25 años de prisión. En otras palabras, el Código Penal otorga el carácter de persona servidora pública a quien tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, por lo que puede ser procesada por delitos penales como si fuera servidora pública, como explícitamente lo señalan los artículos reformados. Aunque pareciera que estas reformas al Código Penal son novedosas, no es así, ya que del artículo 64 de la Constitución de la Ciudad de México se puede interpretar que se les otorga el carácter de servidores públicos a quienes ejerzan recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obras o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones.

En todo caso, el Código Penal homologó su contenido a la Constitución local. Lo anterior no es poca cosa, porque las lagunas interpretativas y el mal uso del reformado Código Penal pueden convertirse en nuevos instrumentos de control, fiscalización, amenaza, abuso, hostigamiento, criminalización y penalización contra organizaciones de la sociedad civil (OSC), especialmente en un contexto generalizado de crisis de derechos humanos, de minusvalorización de las organizaciones que los defienden, y de agresión contra sus defensores.

Ante esto, distintos actores sociales han manifestado su preocupación por las negativas y peligrosas implicaciones que esto representa para el goce y ejercicio pleno de los derechos de las OSC y de las personas defensoras y colectivos, especialmente a defender derechos humanos y a la libertad de asociación. Diversas organizaciones, y por lo menos un organismo público autónomo que defiende derechos humanos, han sostenido la inconstitucionalidad de estas reformas al Código Penal, debido a que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente los artículos 9, 16 y 108, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, los cuales, sobra decirlo, le generan a éste obligaciones y deberes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, están los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, saludamos el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haya interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra diversas porciones normativas del decreto por el que se reformaron los artículos del Código Penal.

Por lo mismo, ésta se halla ante una oportunidad histórica, no sólo de declarar la inconstitucionalidad de la referida reforma, sino de generar un precedente y cambios estructurales que protejan y garanticen los derechos de las OSC de la Ciudad de México y de la nación. Instamos a las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, a proteger a las OSC y a reconocer su aporte histórico y su importante papel en la vida democrática del país. Y llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a despertar de su azoro y su desesperanza, y realizar discusiones críticas, de fondo, así como acciones conjuntas para defender sus derechos a defender derechos humanos y a la libertad de asociación, porque, como dijo Catherine MacKinnon, detrás de todo derecho está la historia de alguien cuya sangre, si se lee con atención, escurre entre líneas.