Abr 30, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Tras su reciente visita, el Comité contra la Desaparición Forzada insistió en que el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz las causas de la vigente espiral de violencia y las constantes desapariciones en la nación.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja
Por: Miguel Concha
30 de abril de 2022
En noviembre pasado se concretó una visita oficial del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), luego de que durante casi 10 años se le solicitó al Estado mexicano. Por más de 10 días la comitiva del CED visitó 13 entidades de la nación, escuchando y constatando la presente crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Seguramente se conmovió con los dolores, historias y denuncias que cientos de familiares de personas desaparecidas expresaron en las reuniones que sostuvieron con ellas y ellos.
Por lo conocido de esos días de la visita, no cabe duda que México se dio cita con una de las situaciones más dolorosas, actuales y del pasado, la desaparición de personas. Situación que a partir de 2006 se agudizó y agravó por la implementación de la guerra contra el crimen organizado
. Ese fatídico momento de estrategia de guerra, tal como lo ha expresado el CED en su Informe, trajo consigo una diversidad de perpetradores, modalidades y un sinfín de víctimas de desa-pariciones y de graves violaciones de derechos humanos.
Subrayo este aspecto, pues cobra relevancia que una instancia internacional de la ONU ponga el dedo en la llaga
, al señalar, por un lado, que las constantes desapariciones son atribuibles a agentes del Estado y al sostener, por otro, y con toda certeza, que también son atribuibles a actores del crimen organizado, tan expandido por todo nuestro territorio. Asunto éste ineludible que hay que considerar al intentar dar cuenta de las constantes desapariciones de personas en la nación y que, bajo una lógica de prevención y de derechos humanos, debemos comprender mejor como sociedad para atender de fondo tal problemática y generar los cambios estructurales que erradiquen estas situaciones lastimosas para todas las personas y comunidades que habitan o transitan por el país.
El que sean violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por particulares, es decir, en su mayoría vinculados al crimen organizado, no exime bajo ningún motivo al Estado, ya que el CED consideró fundamental que las autoridades reconozcan las distintas formas de su responsabilidad en los casos de desaparición, incluidos los atribuibles a particulares. Con esto, el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz todas las causas de esta espiral de violencia y constantes desapariciones en la nación, sin menoscabo alguno.
Ahora conocemos una decena de recomendaciones, todas importantes, para prevenir y erradicar el flagelo de las desapariciones. Pueden consultarse a detalle en el Informe del CED (disponible: https://cutt.ly/PGzXoHg). Y de éstas, otro aspecto que pongo de relieve es el que tiene que ver con el llamado urgente que hace sobre la militarización del país. El Comité señala que es necesario mantener el carácter y las labores de seguridad en cuerpos civiles. De lo contrario se complica el avance en la erradicación de las desapariciones de las personas. Su dicho lo fundamenta en las constantes y documentadas violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Asimismo, quienes integran este Comité nos recuerdan las reformas legales de 2019 sobre el tema de la Guardia Nacional, que por desgracia no generaron cambios que trascendieran al modelo de seguridad militarizado.
Dado que México requiere construir condiciones efectivas para que el Estado enfrente el problema de la desaparición, vale dar seguimiento a este problema que subraya el CED. Con la militarización creciente en la República, definitivamente no se obtendrán buenos resultados. Llama la atención que el CED se centre en la necesaria y urgente tarea de la implementación adecuada –que desde 2017 se ha venido dando–, en relación con los sistemas de búsqueda de personas y su efectiva coordinación con las instancias encargadas de la investigación.
Quedan grandes pendientes en temas de implementación de tal marco normativo, y se vuelve de inmediata atención el concluir con la construcción de las herramientas y sistemas que la ley y demás acuerdos de Estado mandatan para atender las desapariciones y la crisis forense en México.
Para revertir las desapariciones de personas, es necesario, como condición sine qua non, la efectiva y diligente participación de las familias afectadas. ¿Quiénes, si no, mejor que ellas para opinar en la implementación de las recomendaciones del CED, en aras de construir diversos programas y estrategias para prevenir y erradicar las desapariciones desde un enfoque diferenciado de derechos humanos, y bajo la debida diligencia? Y todo ello enmarcado en un proceso participativo con las familias, colectivos y sus organizaciones acompañantes. El Informe del CED se presenta como una oportunidad invaluable e inédita para todo el Estado mexicano para ayudarse en la ardua lucha para prevenir y erradicar todas las desapariciones en nuestra nación.
Abr 23, 2022 | Animal Político, Contenidos, Editoriales
La defensa por los derechos de las personas campesinas necesita ser globalizada para poder hacer frente a los grandes intereses corporativos que rebasan incluso a los poderes y alcances de los Estados Nacionales.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : hans van der wal
Por: Hugo Obed Martínez, Sofía Cortés y Cassandra Meléndez
23 de abril de 2022
El reconocimiento internacional de los derechos humanos de las personas campesinas es resultado de una larga lucha y esfuerzos por transformar una realidad en la que no sólo se han vulnerado los derechos de casi un tercio de la humanidad -que constituyen la población campesina-, sino que los derechos de este amplio sector de la población ni siquiera son reconocidos por actores como los mismos gobiernos o las empresas transnacionales.
Es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan en Zonas Rurales, aprobada el 28 de septiembre de 2018 por el Consejo de los Derechos Humanos, nos recuerda que “la actual expansión de la agricultura, la especulación con productos alimentarios y las adquisiciones y los arrendamientos de tierras en gran escala en muchos lugares del mundo amenazan la vida de millones de campesinos”, y con esto reconoce a la agricultura campesina, a la pesca y la ganadería de pequeña escala, como contribuciones fundamentales para asegurar una producción de alimentos sostenible para todas y todos.
Considera además que, por ser un grupo social específico y de diversas maneras vulnerado, la protección de sus derechos requiere medidas especiales para garantizar que los Estados respeten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos. Entre las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas campesinas están la discriminación, la ausencia de reformas agrarias y políticas de desarrollo rural que atiendan a sus contextos actuales, desalojos, desplazamientos forzados y la apropiación de las semillas por las empresas transnacionales, entre otras.
De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en México el 21% de la población vive en zonas rurales, 65% de la población de este sector sufre condiciones de pobreza y de entre éstas, el 23% vive en condiciones de pobreza extrema.
En el sentido de reconocer los derechos de las personas campesinas y de emitir recomendaciones a los Estados para implementar acciones que los garanticen, Michael Fakhir, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el Informe que lleva por título “Las semillas, el derecho a la vida y los derechos de los agricultores”, esto durante el 49 período de sesiones, celebrado del 28 de febrero al 1 de abril de este año.
Dicho informe aborda la importancia de las semillas para asegurar y hacer efectivo el derecho a la alimentación, también aborda los retos a los que se enfrentan las poblaciones campesinas e indígenas como guardianas de las semillas y la biodiversidad ante la enorme concentración de poder de las grandes empresas que controlan los sistemas de semillas comerciales. Recordemos que empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta han acaparado la producción agroindustrial de alimentos a partir de paquetes tecnológicos que incluyen semillas modificadas genéticamente o transgénicas y agroquímicos tóxicos.
El informe también menciona cómo el derecho a las semillas es parte esencial de los derechos de las personas campesinas y poblaciones indígenas. Pero, ¿qué son los sistemas de semillas? En la actualidad, existen dos tipos de sistemas de semillas: los de las personas agricultoras y campesinas, y los comerciales. Los primeros permiten utilizar, intercambiar, donar, trocar y vender libremente las semillas por las personas campesinas, garantizando además que puedan alimentarse directamente de ellas. El intercambio de semillas es necesario para desarrollar nuevas variedades que respondan a la problemática del cambio climático, sin tener que recurrir a la modificación genética.
En cambio, en los sistemas comerciales las plantas se convierten en mercancía, provocando que unas pocas personas controlen las semillas y restrinjan su acceso.
Reconocer el derecho de las personas campesinas a conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente las semillas es una tarea urgente, son los saberes tradicionales de las poblaciones campesinas e indígenas los que han potenciado la diversificación de las semillas, son una forma de producir alimentos suficientes en manos de las personas campesinas y representan una oportunidad para contrarrestar los embates del cambio climático.
La defensa por los derechos de las personas campesinas necesita ser globalizada para poder hacer frente a los grandes intereses corporativos que rebasan incluso a los poderes y alcances de los Estados Nacionales; los instrumentos internacionales deben a su vez ser transformados en herramientas de exigencia y justiciabilidad de derechos en las luchas locales. Como dice el dicho: “piensa globalmente, actúa localmente”.
Insistamos en denunciar las prácticas de despojo que las empresas han llevado a cabo durante décadas sin reparo, tampoco desistamos en exigir el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Vemos en este Informe una oportunidad para llamar a los organismos internacionales y a los Estados a reconsiderar las alianzas con la agroindustria y en su lugar privilegiar el diálogo con las comunidades campesinas y pueblos indígenas, en poder dirigir los esfuerzos a promover las formas tradicionales de producción de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente adecuados y en la búsqueda para proteger los sistemas de semillas campesinos y las formas de vida comunitarias.
* Hugo Obed Martínez Rodríguez, Sofía Cortés y Cassandra Meléndez son integrantes del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.
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Abr 16, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Como sociedad civil, debemos seguir insistiendo en que las instituciones no les pertenecen a los funcionarios, y que las mismas se tienen que ajustar a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si está en sus manos una tarea tan importante como la procuración de justicia.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Fiscalía Veracruz
Por: Miguel Concha
16 de abril de 2022
El Congreso de Veracruz nombró el 28 de mayo de 2020 como titular de la Fiscalía General del Estado (FGEV), con la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, a Verónica Hernández Giadáns, en sustitución de Jorge Winckler Ortiz, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado de tortura y otros delitos presuntamente cometidos durante su encargo.
Cabe precisar que éste fue impulsado por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional. Posteriormente, el 18 de marzo de 2022, a casi dos años de dicho nombramiento, durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que la entidad era en la que más habían bajado los delitos de alto impacto. Remarcó el cambio de fiscal en el estado, el programa Cero Impunidad y la ruptura de la vinculación con la delincuencia organizada que prevalecía en los gobiernos que lo antecedieron.
Es menester preguntarse si efectivamente el nombramiento de un(a) fiscal carnal
garantiza la observancia irrestricta de los derechos humanos en la procuración de justicia, siendo éstos un eje central del partido gobernante a escala federal y local, a saber, el combate a la corrupción o si, por el contrario, pareciera que la procuración de justicia, sin importar los cambios políticos, se encuentra supeditada al capricho de los gobernantes en turno.
Se considera que la FGEV tuvo una oportunidad indiscutible en el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para sentar un precedente claro y contundente en los hechos, y no sólo en el discurso, respecto al combate a la corrupción entre amigos o enemigos
, con estricto respeto a los derechos humanos y a la procuración de justicia.
Sin embargo, lamentablemente aconteció todo lo contrario y la historia se volvió a repetir. Veamos, en junio de 2021 la FGEV inició una carpeta de investigación por el homicidio de Remigio Tovar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a ocupar la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, y por ese delito detuvo a Omar
, a quien una comisión de dicho partido había designado como candidato sustituto, siendo éste uno de los testigos que había asistido a dicha reunión de sustitución, quien también señaló que estuvieron presentes integrantes de Movimiento Ciudadano de Veracruz, entre ellos, José Manuel del Río Virgen, que había mencionado que se debía tener cuidado para que no se repitiera un acontecimiento tan trágico.
Siendo este testimonio el detonante para que la FGEV imputara a este último la autoría intelectual del delito de homicidio calificado. Debido a ello, la mañana del 22 de diciembre pasado fue detenido José Manuel del Río Virgen, en los límites de Veracruz y Oaxaca, por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, quienes lo amenazaron con armas largas
y presentaron ante el juez de control a cargo del proceso penal, para posteriormente ser privado de su libertad en el centro penitenciario de Pacho Viejo.
¿Por qué decimos que la historia se repite? Porque la actuación de la autoridad ministerial, y de la policía ministerial que está bajo su conducción, actuaron vulnerando los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen y de su familia, que lo acompañaba en el momento de su detención, tal y como ha quedado acreditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 59/2022, por violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, la libertad personal y el derecho de acceso a la justicia, así como al principio del interés superior de la niñez.
En ese sentido, como sociedad civil, debemos seguir insistiendo en que las instituciones no les pertenecen a los funcionarios, y que las mismas se tienen que ajustar a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si está en sus manos una tarea tan importante como la procuración de justicia, de la cual depende la libertad de las personas.
Hacemos votos para que la FGEV acepte en su integridad la mencionada recomendación y dé cumplimiento a las medidas de reparación integral del daño. Aunque también llamamos al Poder Judicial de Veracruz, para que retome en sus resoluciones lo argumentado por la CNDH, ejerza un control de convencionalidad ex officio, y asuma los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Ejercicio jurisdiccional del cual saldrá fortalecido y legitimado como garante de los derechos humanos de todas las personas que por alguna razón acuden ante sus puertas a solicitar justicia, haciendo también realidad el combate a la corrupción y a la impunidad, que se empecinan en eclipsar la procuración y la administración de justicia en el estado de Veracruz y en todo el país.
Abr 9, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
El modelo de producción industrial de alimentos ha desplazado gradualmente la producción de tortillas hechas de maíz nixtamalizado por tortillas ultraprocesadas, que tienen como base harinas industrializadas que han perdido en el proceso los nutrientes naturales del maíz.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Internet
Por: Miguel Concha
09 de abril de 2022
Con esta consigna, la Alianza por Nuestra Tortilla, y la Alianza por la Salud Alimentaria, lanzaron el pasado 4 de abril una campaña para participar en la Consulta Pública del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-187-SSAI/SE-2021, que regula la elaboración y venta de tortillas y otros productos derivados del maíz. La producción de tortillas, fundamentales en la alimentación de la población mexicana, enfrenta en nuestros días problemáticas que han deteriorado su calidad nutricional y han puesto en riesgo las formas tradicionales de producirlas –como la nixtamalización–, así como su valor cultural en los diversos territorios del país.
El modelo de producción industrial de alimentos ha desplazado gradualmente la producción de tortillas hechas de maíz nixtamalizado por tortillas ultraprocesadas, que tienen como base harinas industrializadas que han perdido en el proceso los nutrientes naturales del maíz. Contienen además aditivos, colorantes o blanqueadores con la intención de imitar características naturales, como el color de las tortillas de los maíces nativos.
Pero no son éstas las únicas afectaciones. En 2019 la Asociación de Consumidores Orgánicos realizó una investigación que halló en diversas muestras de harina de maíz de la marca Maseca recopiladas en México y Estados Unidos, glifosato y rastros de maíz transgénico en cantidades que afectan la salud de la gente. Diversas organizaciones de la sociedad civil, en colaboración con sectores académicos que investigan temas sobre la salud alimentaria, y con personas productoras y consumidoras, han puesto sobre la mesa estas problemáticas, y en conjunción con otras medidas y políticas públicas ya implementadas, presentaron propuestas para regular su producción industrial, revalorar su producción y consumo de tortillas hechas de maíces nativos nixtamalizados, y preservar su valor nutricional y cultural.
Esta consulta pública funge como plataforma para motivar la participación ciudadana en la mejora del actual proyecto de Norma Oficial Mexicana, y para posicionar este proceso en la discusión pública. Los comentarios recibidos serán revisados por grupos de trabajo involucrados, con la finalidad de contar con un proyecto más cercano y propuestas realizables, en el afán de garantizar alimentos derivados de un maíz de calidad, inocuos y culturalmente adecuados.
¿Cuáles son los principales aspectos que defiende este proyecto? Propone hacer una distinción entre los productos derivados del maíz que usen masa de maíz nixtamalizada o harina procesada, y que se informe a la población consumidora sobre qué ingredientes se utilizan en su producción, así como la cantidad ,en porcentajes, de los ingredientes adicionales, como nopales y chiles, y la presencia de aditivos.
Una propuesta más es que las tortillerías informen sobre el tipo de materias primas que utilizan, si trabajan con harinas procesadas o masa de maíz nixtamalizado. Al acercarle información relacionada con la comida que consume y tener con ello una mejor toma de decisiones, este proyecto será de utilidad para la población. Aunque también lo será para fomentar la producción de alimentos derivados de maíces nativos, asignatura pendiente del Estado mexicano, a pesar de que ya ha aprobado la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.
Frente a padecimientos como diabetes e hipertensión, que son resultado de una alimentación basada en productos ultraprocesados, regular a partir de normas y legislaciones la forma en que se generan los alimentos es una medida necesaria, atendiendo también a las condiciones socioeconómicas de un número importante de quienes integran la población, dado que los alimentos derivados del maíz, como las tortillas, representan una fuente de nutrimentos esenciales, tanto para el desarrollo de la niñez y de la juventud, como para las personas adultas y adultas mayores. Este proyecto de NOM-187 no soluciona problemáticas como el apoyo a la producción local de maíces nativos por parte de comunidades campesinas, la de garantizar precios justos para los productores o el proporcionar alimentos asequibles para toda la gente.
Sin embargo, abona a la construcción de un modelo de producción de alimentos alternativos, cercano a las comunidades, que respeta los derechos humanos de las personas y un medio ambiente sano. Es tarea del Estado asegurar que en la búsqueda de garantizar la soberanía y la salud alimentaria en el país, los esfuerzos realizados desde la sociedad civil organizada se materialicen, y el exigir a las empresas de alimentos ultraprocesados el cumplimiento de sus responsabilidades en lo concerniente a respetar los derechos humanos de la población.
Para participar en la Consulta Popular está disponible el enlace salvemosnuestratortilla.org, donde hasta el 16 de abril se recibirán comentarios para apoyar y mejorar el proyecto de revisión de la NOM-187.
Abr 2, 2022 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
La Alianza Global ConVida20 hizo un llamado a continuar y fortalecer la organización de los pueblos, de la sociedad civil y de los movimientos, que son los que han construido alternativas de otros mundos posibles en medio de la crisis sistémica que vivimos.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Internet
Por: Miguel Concha
02 de abril de 2022
En el contexto de la conmemoración de los 42 años del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, la llamada Alianza Global ConVida20 –con la que un sector de la juventud de América Latina y el Caribe intenta responder al desafío que le lanzó el papa Francisco, de imaginar otro mundo después de la pandemia de covid-19–, llevó a cabo del 21 al 25 de marzo un encuentro virtual a escala continental en respuesta al Foro Económico de Davos, el cual en febrero de este año se planteó en forma gélida y de manera tecnocrática el problema de la desigualdad social.
El encuentro se dividió en cuatro paneles: Mujeres en Lucha y Militarización; Migración, Territorios, Pueblos Originarios y Afrodescendientes; Deuda Externa y Renta, y Crisis Climática y Tecnologías. En él participaron más de 100 delegadas y delegados de las organizaciones que integran y apoyan a la alianza, unidas para discutir y crear caminos para la construcción de un mundo en el que se proteja a todas las vidas del planeta, impulsadas por la utopía de monseñor Romero de cambiar de raíz todo el sistema
.
Haciendo un balance de la crisis mundial, que se agudizó con el covid-19, se denunciaron las contradicciones que encara el modelo sostenido por el Foro Económico Mundial, denominado Capitalismo de las Partes Interesadas, en el que los Estados renuncian a su papel como garantes de derechos fundamentales, y delegan progresivamente sus funciones a las grandes corporaciones. Como en el caso de la crisis climática, en la que la aspiración de la COP26, retomada por Davos, es sólo llegar en 2050 a emisiones netas cero
de carbono, las que no significan que cese la contaminación, sino sólo que éstas podrán ser compensadas a través de transferencias de recursos y mediante la carga de los contaminantes de naciones centrales a países periféricos. Lo cual pone de manifiesto que para que unas naciones puedan llegar a cero emisiones, es necesario que otros absorban los estragos generados por el deterioro ambiental, visibilizando así que la desigualdad es intrínseca al modelo capitalista.
Al mismo tiempo se hizo un llamado a continuar y fortalecer la organización de los pueblos, de la sociedad civil y de los movimientos sociales, que son los que a través de su incansable labor han construido alternativas de otros mundos posibles en medio de la crisis sistémica que vivimos.
En conferencia de prensa se afirmó: la esperanza está en la articulación de los pueblos victimizados, quienes desde lo local a lo global expresan su fuerza transformadora en dirección a conseguir una vida con dignidad para todas y todos
. Producto de los cuatro días de reflexión que realizaron las ocho comisiones que conforman la Alianza Global ConVida20, se trazaron rutas de trabajo para abonar a la construcción de un mundo más equitativo, justo y digno, en el que todas las vidas de nuestra Casa Común sean consideradas y protegidas.
Entre estos acuerdos, destacan: 1. Ir desmontando el patriarcado dentro de las Iglesias y toda la sociedad, mediante talleres, cursos, foros y conversatorios; 2. Revitalizar y resignificar la dimensión social, política, económica, ecológica y cultural del acceso a la tierra y el territorio, respetando las cosmovisiones de los pueblos originarios y afrodescendientes; 3. Identificar y denunciar a los responsables individuales y los mecanismos estructurales responsables de la crisis climática, y fortalecer las luchas que velan por el cuidado de la Casa Común, y 4. Reflexionar sobre la denuncia a los poderes que tienen en sus manos las tecnologías de la información, quienes se apropian de nuestra libertad y nuestro derecho a la privacidad. Apostar por el uso de software libre y no privativo.
El encuentro fue un llamado a pensar y construir alternativas de mundo, haciendo énfasis en las contradicciones exacerbadas del sistema actual, que ha agudizado su crisis por el covid-19. Y que, partiendo de esta experiencia global, se ha podido hacer patente que la defensa de la vida de las personas es también la de todas las vidas; que la defensa del territorio, sus recursos y frutos, es la defensa del presente y el futuro, pues nos debemos a la tierra de la que somos parte, y que la paz y la solidaridad son los caminos para poder hacer frente a cualquier contingencia.
En el encuentro se hizo también un fuerte llamado a la paz, hasta el punto de que se dedicó todo un día a reflexionar sobre su construcción y consolidación en el continente americano y el mundo de hoy. Y antes de que ocurriera la invasión de Ucrania por Rusia, se enfocó esta problemática considerando al militarismo como una amenaza para la paz, tanto en algunos países de América Latina, mencionando los casos de Colombia, El Salvador e incluso México, así como el de otras regiones y naciones del planeta. Particular énfasis se le dio también al problema de la contaminación, que los países del primer mundo creen solucionar con medidas tecnológicas, y los del llamado tercer mundo mediante la transformación de patrones de consumo.
Abr 1, 2022 | Contenidos, Editoriales, Revista Contralinea
Persiste un rezago importante por parte del Estado Mexicano para cumplir sus responsabilidades respecto a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ¿Cuáles son algunos de ellos?
Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea
Web original | Imagen : David Manrique
Por: Cassandra Meléndez, Ariadna Buenrostro y Mariana Neyvi Ortiz
Febrero de 2022
En 2011 el Estado Mexicano reformó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), allí se argumenta que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. En este sentido, México ha ratificado diversos tratados en materia de derechos, los cuales, a partir de esta reforma, son los instrumentos rectores para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estén obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas que transitan y/o habitan en el país.
Sin embargo, a pesar de estos logros en materia jurídica, en México se vive una grave crisis de derechos humanos que impacta en mayor proporción a las personas en condiciones de vulnerabilidad y además se ha profundizado por la pandemia.
El primer mes del 2022 comenzó con los asesinatos de cuatro periodistas: José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado en Tijuana y Roberto Toledo en Michoacán. A pesar de que existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la realidad es que esta herramienta jurídica ha mostrado tener significativas deficiencias para garantizar la vida y la dignidad de las personas en riesgo.
En el régimen internacional de los derechos humanos existe el Sistema Interamericano, compuesto por la Comisión Interamericana y la Corte; por otra parte, también existe el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el cual deriva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tanto el sistema regional como el universal cuentan con mecanismos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales para exigir a los Estados miembros que garanticen los derechos humanos. En este contexto de violaciones a derechos humanos, los retos y desafíos continúan para cumplir con lo establecido en los tratados internacionales, convenciones, informes y recomendaciones en la materia, a continuación, presentamos algunos retos de la agenda internacional en temas de derechos humanos que el Estado Mexicano debe enfrentar en el 2022.
Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos
A partir de la ratificación de diversos tratados internacionales se ha consolidado el marco normativo nacional de protección de los derechos humanos y existen diversos comités que periódicamente evalúan a los Estados para conocer el cumplimiento de lo pactado. Ante esto, México cuenta con más de 3,500 recomendaciones formuladas por diversos órganos de tratados, así como de mecanismos del sistema universal y regional. Al respecto el gobierno Mexicano ha implementado el Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH), sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil han argumentado que este mecanismo no es eficaz para implementar y dar seguimiento a dichas recomendaciones. Este es uno de los grandes retos para el 2022, ya que cumplir con las recomendaciones internacionales implica implementar políticas que ahonden en los problemas estructurales que ocasionan la violencia y la desigualdad en el país.
Otro de los compromisos internacionales es el cumplimiento de la Agenda 2030, pues debido a la pandemia se han intensificado los índices de pobreza, desigualdad y discriminación. Solo por ejemplificar esta situación, de acuerdo con el INEGI, en 2020 5.2 millones de estudiantes entre los 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar debido a dos causas principales, por un lado la COVID pero también la falta de dinero y recursos para hacerlo. Ante esto, el Estado Mexicano tiene el reto de implementar medidas con base en los instrumentos internacionales para erradicar las brechas de desigualdad que ha dejado la crisis sanitaria en el país. Para dar seguimiento a la agenda 2030 México firmó en 2020 el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025, busca ser una herramienta para impulsar la planificación, el monitoreo y para reportar las acciones encaminadas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Por otro lado, en junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022 y en octubre de 2020, México fue reelecto para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde su mandato terminará en 2023, por lo tanto México tiene que replicar lo acordado en estos espacios de diálogo y negociación para ser implementado en el país.
Sistema interamericano
Apenas el 21 de enero de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció que el Estado mexicano es responsable por el caso del asesinato de la defensora Digna Ochoa, ella fue encontrada sin vida el 19 de octubre de 2001 y posterior a su muerte las investigaciones continuaron durante 10 años. El Estado Mexicano planteaba en su averiguación que la defensora se había suicidado, sin embargo, en abril de 2021 México reconoció la responsabilidad internacional parcial por la violación a las garantías judiciales, finalmente el 21 de enero de 2022, la Corte determinó que hubo numerosoas falencias en el manejo y documentación de la escena del crimen. Además, se determinó que las investigaciones estuvieron sesgadas por la aplicación de estereotipos de género que apelan a aspectos personales de la defensora.
Uno de los principales alcances de este fallo es que se fortalece los estándares internacionales sobre libertad de expresión y protección a personas defensoras de derechos humanos. La CIDH y la Corte Interamericana han recalcado en su jurisprudencia que el derecho de la libertad de expresión guarda una relación estructural con la democracia y la convierte en una condición necesaria para facilitar la autodeterminación personal y colectiva, así como para hacer operativos los mecanismos de control y denuncia ciudadana.
La sentencia del Caso Digna Ochoa tiene repercusiones sustanciales para que existan garantías de no repetición y se generen precedentes en la defensa del derecho a la vida de las personas defensoras y periodistas. Uno de los grandes retos para el Estado Mexicano es cumplir con las reparaciones que estipulan las diversas sentencias de la Corte Interamericana a fin de resarcir los daños de manera integral. La exigencia no debe dejar de ser que el Estado Mexicano implemente reparaciones integrales y transformadoras, ha hecho falta en otras sentencias, ejemplo claro es el caso González y otras vs México (Caso Campo Algodonero), pues hoy en día la violencia hacia las mujeres continúa en todo el país a pesar de existir un fallo en contra de México.
La importancia de las OSC y la incidencia internacional
Finalmente, es necesario reconocer que a lo largo de los años se ha exigido el cumplimiento de cada uno de los tratados internacionales, sin embargo existe un rezago por parte del Estado Mexicano respecto a sus responsabilidades internacionales. Sobre lo dicho, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han utilizado la incidencia internacional a través de informes, intervenciones y declaraciones tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Esta incidencia internacional ha servido para visibilizar violaciones graves a derechos humanos, pero también para recordar la obligación que tiene el Estado mexicano para cumplir sus responsabilidades. Frente a este panorama, resulta primordial el fortalecimiento del diálogo por parte del Estado Mexicano con las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de víctimas, entre otros actores políticos y sociales para avanzar en garantizar los derechos humanos. Las OSC complementan las tareas y deficiencias de los Estados al exigir la garantía de los derechos y se articulan para hacer frente a las injusticias. Falta mucho para reconocer que se requiere de las OSC y por supuesto, de las experiencias de las víctimas, de otra manera se seguirá retrasando la obligación de cumplir con lo estipulado en los diversos tratados.
*Escriben Cassandra Meléndez, Ariadna Buenrostro y Mariana Neyvi Ortiz, colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (derechoshumanos.org.mx)
