Oct 23, 2021 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
La reciente sentencia de la SCJN contiene criterios muy importantes no sólo para la diversidad biológica de nuestros maíces, sino para la protección de los colectivos y comunidades.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Víctor Chima
Por: Miguel Concha
Sábado 23 de octubre de 2021
Por muchos años los derechos de los colectivos, de los grupos sociales o comunidades han sido menospreciados y, sobre todo, abandonados por las autoridades. Sin embargo, en tiempos recientes hemos vivido distintas iniciativas gubernamentales, ciudadanas, legislativas, locales, nacionales e internacionales para transformar o mitigar esta injusta circunstancia.
Hoy quiero destacar una medida de carácter judicial que abre la puerta para la protección y la justiciabilidad de los derechos colectivos. La semana pasada la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por unanimidad negar el amparo que Monsanto–Bayer y otras tres trasnacionales solicitaban para sembrar de manera extensiva maíz transgénico en nuestro país. Podríamos decir que buscaban inundar el campo mexicano con maíz genéticamente modificado en cientos de miles de hectáreas. Promovieron sus amparos contra una medida precautoria que dictó un tribunal federal dentro de un juicio de acción colectiva que promovió a su vez un colectivo de 53 científicos, campesinos, activistas y 20 organizaciones.
La sentencia de la SCJN contiene criterios muy importantes no sólo para la diversidad biológica de nuestros maíces, sino para la protección de los colectivos y comunidades. Todavía no se conoce la totalidad de la resolución que votaron los ministros, pero sí algunas de sus partes. En primer lugar es importante que finalmente la Suprema Corte haya definido el concepto de medidas precautorias en las acciones colectivas como aquellas providencias adoptadas por el juzgador que tienen por objeto proteger, durante la tramitación del juicio, los bienes o derechos de la colectividad del inminente o actual agravio que se verifique en detrimento de los mismos, cuando existe la urgencia de evitar que ese daño resulte de difícil o imposible reparación, para preservar la materia del juicio y evitar que la sentencia que eventualmente se emita resulte ilusoria
.
En otras palabras, se trata de la orden de un juez para proteger los derechos colectivos durante un juicio también colectivo, para evitar tanto daños irreparables, como sentencias sin beneficios para el colectivo. La decisión de la SCJN reconoce que en ocasiones deben existir reglas de fin, es decir, normas que ordenan al juez procurar lograr cierta finalidad o estado de cosas
. Para alcanzar ese fin, se le deja al juez un margen de libertad para elegir los medios más adecuados
. Cuando para la ley no es posible prever las soluciones que serían adecuadas para ciertas injusticias sociales, la decisión de los jueces dependerá de las circunstancias cambiantes de cada caso.
El juez debe perseguir la realización del fin prescrito por la ley y debe hacerlo eligiendo los medios lícitos más aptos
. En esta importante decisión se consideró adecuado y justificado por la ley que cuando sea imposible prever los hechos, actos u omisiones que podrían atentar en contra de los derechos o intereses colectivos, se implemente una regla abierta; se pensó que es preferible cierta discrecionalidad y delegar en el juez la posibilidad de valorar la necesidad de las medidas de protección de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y en función de los objetivos de las medidas precautorias en juicios colectivos, antes que frustrar la posibilidad de evitar daños difícilmente reparables.
No hay manera de comprender en una regla todas las circunstancias que pudieran presentarse, en todos los casos posibles, en materia de una acción colectiva, que pueden ir desde la protección de intereses como los derechos de los consumidores, hasta las complejas y múltiples situaciones que se podrían presentar en detrimento del medioambiente, cuando están en juego intereses difusos de una colectividad indeterminada
, se dice en el resolutivo.
Por supuesto que la SCJN estableció algunos límites jurídicos que la propia ley establece. La medida precautoria debe ser lícita, no debe causar más daños que los que debe prevenir, no debe causar una afectación ruinosa al demandado, debe ser adecuada para evitar daños difícilmente reparables o irreparables que dejen sin materia el juicio colectivo, y debe existir urgencia para que sea previsible el daño a la comunidad. Con esta definición de la Suprema Corte podemos decir que las comunidades, asociaciones o grupos que promuevan una demanda colectiva podrán encontrar protección a sus derechos desde etapas tempranas de los juicios.
La protección que encuentren debe ser amplia y adecuada para cada caso. Los jueces no deberán negar medidas precautorias basándose en leyes estrictas; deberán valorar las circunstancias y emitir ordenamientos que impidan daños a la sociedad. Estaremos atentos a que los jueces cumplan esta nueva directriz judicial.
Oct 16, 2021 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
La situación de mujeres imputadas y sujetas a procesos penales sigue deteriorándose por motivos de género, origen, nacionalidad, condición etaria, afiliación política u orientación sexual así como por sus condiciones sociales, culturales y económica.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Libertad para Kenia
Por: Miguel Concha
Sábado 16 de octubre de 2021
Si bien es cierto que los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia son normas imperativas de derecho internacional y que deben garantizarse a todas las personas en cualquier circunstancia y sin excepción, para erradicar la impunidad y asegurar un estado de derecho, es necesario reconocer la existencia de numerosas prácticas que terminan por denegarlos y limitarlos. Y esto especialmente en supuestos que involucran a grupos históricamente discriminados, como ocurre en el caso de las mujeres imputadas y sujetas a procesos penales.
Cabe reconocer los avances que se han impulsado y generado desde los sujetos de exigencia, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, academia, organismos internacionales e instituciones gubernamentales encargadas de la política pública en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el impulso a reformas legislativas, la creación de mecanismos e instituciones, la construcción de protocolos y facilitación de procesos de capacitación para promover las perspectivas de género e interseccionalidad.
Pese a esto, la situación de mujeres imputadas y sujetas a procesos penales sigue deteriorándose por otros factores estigmatizantes y discriminatorios, no sólo por motivos de género, sino también por su origen, nacionalidad, condición etaria, afiliación política u orientación sexual, entre otras, así como por sus condiciones sociales, culturales y económicas. El quehacer de los jueces, y demás personas operadoras de justicia en el país, debe llevarse a cabo bajo los principios básicos de independencia, imparcialidad y competencia, así como de acuerdo con las perspectivas de género, interseccionalidad y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Se han documentado casos que reflejan la prevalencia de estereotipos basados en concepciones de subordinación respecto a grupos determinados, como es el caso de la defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván, indígena del pueblo amuzgo, originaria del municipio de Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Kenia se encuentra privada de la libertad en la prisión de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, del municipio de Coatlán, Morelos. Ello debido a numerosos procesos judiciales iniciados en su contra, tanto a nivel local y federal, por la supuesta comisión de distintos delitos, como ataque a las vías de comunicación. Dichos procesos se perciben como parte de una estrategia de criminalización e inhibición del derecho a defender derechos humanos, particularmente el de protesta social y el de manifestación, como partes fundamentales del derecho a la reunión pacífica. Sobre todo en contextos donde los canales de participación política ordinarios no son accesibles para todas las personas, debido a la situación de exclusión en la que han sido colocados ciertos grupos, así como por la falta de canales de diálogo para la denuncia y solución de las realidades de injusticia y desigualdad sociales que los aquejan.
Sin embargo, en este momento el caso de Kenia Hernández representa una posibilidad histórica para que las personas juzgadoras generen un precedente con respecto al acceso de las mujeres a la justicia y el debido proceso: la incorporación de las perspectivas de género e interseccionalidad, así como del principio de intervención mínima, el cual está considerado como una garantía frente al poder punitivo que detenta el Estado a través del derecho penal.
A su vez, esta posibilidad implica el no uso del poder punitivo del derecho penal, ya que es uno de los mecanismos más irruptivos en la sociedad y en el proyecto de vida de defensoras e indígenas, como Kenia, debido a los impactos diferenciados y a la difícil reparación que produce mediante la privación de la libertad, lo cual termina por generar efectos adversos en todas las esferas de la vida de las mujeres, como su núcleo familiar, comunitario y social. Sobre todo si existen alternativas de solución frente a la privación de la libertad, e igualmente se dan las facultades necesarias para la colaboración entre el Poder Judicial y las instituciones en materia de derechos humanos a escala federal, para el fortalecimiento institucional y la garantía del acceso al debido proceso y a la justicia en casos que se encuentran en proceso, como el de Kenia.
Sin lugar a dudas, esto abonará a las apuestas que se han generado y construido para subsanar el inacceso histórico de grupos en situación de vulnerabilidad al derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, como lo son las indígenas privadas de la libertad, mediante la Ley de Amnistía y el reciente acuerdo de preliberación de personas sentenciadas o que se encuentran en prisión preventiva, así como para sobrevivientes de tortura.
Oct 15, 2021 | Animal Político, Contenidos, Editoriales
Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer indígena amuzga defensora de derechos humanos, originaria del municipio de Xochistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero. Fue injustamente privada de su libertad, teniendo múltiples procesos penales y carpetas de investigación en el ámbito local y federal en su contra por su delito más grave: la defensa de los derechos humanos.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : Libertad para Kenia
Por: Mariana Bermúdez y Marcos Zavala
15 de octubre de 2021
“La erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad. Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá verdadera libertad”. Nelson Mandela
Durante la última década, el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, la protesta social y la defensa de los derechos humanos en el mundo, ha colocado a las personas defensoras en situaciones de vulnerabilidad que ha detonado en detenciones arbitrarias e injustas, exilios y persecuciones políticas e, incluso, amenazas contra su vida llegando hasta la muerte. Dichas condiciones se potencian cuando las defensoras y defensores se encuentran en grupos histórica y socialmente discriminados, este es el caso de Kenia.
Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer indígena amuzga defensora de derechos humanos, originaria del municipio de Xochistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero. Fue impulsora de la ley 701, que otorga marco legal a las comunidades indígenas para hacerse cargo de su seguridad y sus sistemas de justicia; fundadora de colectivos como Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) y Colectivo Libertario Zapata Vive, y defensora por la libertad de los 16 presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP).
Es importante mencionar que la defensa y las luchas de Kenia han estado atravesadas y motivadas por los contextos de desigualdad estructural en los que vive siendo mujer, indígena y persona defensora de derechos humanos, dimensiones en donde el Estado Mexicano es omiso para atender necesidades y garantizar una vida digna para las personas que se encuentran en dichas condiciones de desigualdad. Ante ello, Kenia ha mantenido un paso firme en las luchas por la defensa de los derechos humanos para transformar y construir condiciones justas, dignas y libres para todas y todos.
Ha sido a través del ejercicio de su derecho a la protesta social y a la libertad de expresión que ella ha visibilizado las problemáticas de injusticia social históricas de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las mujeres, tanto en Guerrero como en diversas partes del país. Y es bajo ese contexto que Kenia fue injustamente privada de su libertad, teniendo múltiples procesos penales y carpetas de investigación en el ámbito local y federal en su contra por su delito más grave: la defensa de los derechos humanos.
¿Es acaso un delito defender y exigir que se garanticen los derechos humanos en México? ¿Es acaso un delito construir condiciones más justas, dignas y equitativas para las personas? Si los mecanismos de exigibilidad utilizados por Kenia son totalmente legales, ¿por qué se le priva de su libertad?
Estas y más preguntas son las que la defensa de Kenia, las personas y colectividades que la acompañan en la búsqueda y exigencia de su libertad se cuestionan día a día, pues pareciera que las personas defensoras se convierten en criminales ante los ojos del Estado, cuando éste lejos de utilizar todos los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, utiliza el poder punitivo estatal en contra de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso contra Kenia. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer los y las defensoras ante las injusticias y desigualdades si somos criminalizadas y encarceladas por ello?
Además, resulta necesario insistir que Kenia es mujer e indígena, características por las cuales el Estado ha recrudecido sus acciones contra ella. Ya que todo indica que bajo la normativa estatal y social, está “prohibido” ser defensora, pues “atenta” contra los estereotipos y roles sociales de género que mantienen una “falsa estabilidad” en la sociedad mexicana. Aunado a que las autoridades en México parecieran entender que ser indígena es sinónimo de desamparar e impedir un adecuado y debido proceso, así como el de omitir los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que legitiman su integridad cultural como indígena.
En este contexto, se debe abdicar de aplicar el poder punitivo estatal bajo la lógica del derecho penal del enemigo, y transitar hacia la aplicación efectiva y justa del mismo como el recurso disponible para garantizar los derechos de las personas, máxime tratándose de personas defensoras de derechos humanos, que lejos de hacer callar la movilización y las luchas de sus justas exigencias, las alimenta, las aumenta y las propicia. En ese sentido, a pesar de estar privada de libertad y sin que se le garantice un efectivo acceso a la justicia, así como el irrestricto respeto a sus derechos humanos, Kenia Hernández con dignidad y voluntad inquebrantables, continúa resistiendo, confiando y promoviendo sus ideales sobre la búsqueda y exigencia de justicia social.
Por ello, desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A. C., nos pronunciamos y sumamos a la exigencia por la libertad inmediata de Kenia Hernández. Asimismo, realizamos un llamado a todas las autoridades involucradas, a fin de que se le garantice un debido proceso y acceso a la justicia, bajo un enfoque culturalmente adecuado, con perspectiva de género, interseccionalidad y respeto a sus derechos humanos, siendo éste un pilar fundamental que no sólo se legitima en el actuar institucional, sino en la garantía del ejercicio de los derechos humanos para las personas defensoras, tal como lo es Kenia Hernández.
* Mariana Bermúdez y Marcos Zabala colaboran en el @CDHVitoria.
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Oct 9, 2021 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Tras 20 años de la reforma constitucional para la NO discriminación, México sigue teniendo retos importantes: igualdad socioeconómica, modelos de atención diferenciados o la regulación de los espacios no públicos que actúan con convicción moral.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : Conapred
Por: Miguel Concha
Sábado 09 de octubre de 2021
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirma que la discriminación consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinadas personas o grupos de población, debido a características físicas o a su forma de vida. Y es precisamente la discriminación uno de los problemas estructurales más lacerantes de nuestro país. A propósito de esto, el doctor Jesús Rodríguez Zepeda menciona en uno de sus más recientes ar-tículos, titulado El derecho a la no discriminación: a veinte años de distancia (https://cutt.ly/sENXU4p), que el 14 de agosto se cumplieron 20 años de la publicación de la reforma constitucional que introdujo en el artículo primero de la Constitución la prohibición expresa de la discriminación en nuestra nación.
Han pasado entonces ya dos décadas desde la aprobación de dicha reforma, y resulta necesario detenernos a reflexionar cuáles han sido los avances y los retos del derecho humano a la igualdad y a la no discriminación en México. Es menester reconocer que muchos de los avances de la agenda sobre la no discriminación han surgido de la lucha de colectivos, organizaciones y actores sociales y políticos. Ejemplo de ello es la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, promulgada el 11 de junio de 2003.
En cuanto a los retos, es necesario reiterar que la prohibición de la discriminación no es abstracta, sino que está referida concretamente al ejercicio pleno de los derechos humanos, como lo señala Alda Facio. En ese sentido, constituye no sólo una obligación de no hacer del Estado, de abstenerse de algo, sino también de hacer; de generar acciones para el aseguramiento y goce de los derechos humanos de todos los grupos sociales. Según Rodríguez, implica la formulación de tratamientos diferenciados, justificados o preferenciales, conocidos también como acciones afirmativas, hacia grupos específicos que histórica y estructuralmente han sido discriminados y colocados en situaciones de vulnerabilidad.
Estas medidas deberían ser capaces de regular no sólo las relaciones en los espacios públicos, sino también en los privados. Sobre la formulación de medidas en materia de política pública, conviene retomar las reflexiones del doctor Rodríguez Zepeda, quien, dicho sea de paso, es profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, e investigador nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores.
En su artículo presenta cinco obligaciones fundamentales del Estado para el cumplimiento del derecho a la no discriminación, a los que me referiré de manera resumida enseguida 1. La política social, encargada de plasmar en la práctica el valor de la igualdad socioeconómica, debe estar acompañada de un criterio interno de no discriminación, ya que la inclusión de este principio es una condición estructural de la justicia social.2. El Estado debe brindar un modelo de atención diferenciado, según la situación de cada grupo, pues no existe contradicción entre la protección universal contra la discriminación y la formulación de protecciones jurídicas relativas a ciertos grupos, como mujeres, personas indígenas, infancias, personas con discapacidad, y otros susceptibles al estigma y al prejuicio negativo. 3. El Estado debe considerar que la diversidad de grupos que sufren discriminación no admite jerarquizaciones valorativas para la tutela de su derecho a la igualdad de trato y, por ello, los gobernantes no deben tener grupos de discriminación preferentes.
Por ello mismo, el derecho humano a la no discriminación no puede ser realizado arrastrando discriminaciones internas
.4. La acción pública implica la obligación del Estado de actuar radicalmente a favor de la no discriminación y dedicar los recursos pertinentes, como los presupuestales, hasta el máximo de que disponga, al mismo tiempo que ningún gobernante debería poder decidir sobre las prioridades y el alcance de la agenda de la no discriminación desde sus meras convicciones morales o religiosas. 5. Si el Estado se limita a regular únicamente el dominio público, dejará intacta una gran parte de la discriminación estructural que se da en los espacios no públicos. En este sentido, ni las instituciones educativas, ni corporaciones, Iglesias u organizaciones similares deberían quedar fuera del escrutinio y de la acción del Estado para luchar contra la discriminación.
A 20 años de la reforma, la agenda constitucional de la no discriminación tiene numerosas áreas de oportunidad, como las referidas por el doctor Rodríguez Zepeda. Por ello, resulta fundamental que la no discriminación no sólo sea un objeto de discursos, sino una prioridad en la agenda pública. La cual, de la mano de los mismos grupos históricamente discriminados, la sociedad civil, las autoridades e instituciones, como el Conapred, enfrenten los grandes desafíos para prevenir y erradicar la discriminación. Y fortalezca el respeto y garantía de los derechos humanos en México.
Oct 2, 2021 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
Durante décadas la agroindustria trasnacional, liderada por Monsanto, ha presumido poderosas campañas de publicidad para imponer sus proyectos. Hoy pretenden acaparar el campo mexicano con maíz genéticamente modificado.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : CDH Vitoria
Por: Miguel Concha
Sábado 02 de octubre de 2021
Durante décadas la agroindustria trasnacional, liderada por Monsanto, hoy fusionada con Bayer, ha presumido contar, a través de financiar poderosas campañas de publicidad, con desarrollos tecnológicos y científicos.
En México han afirmado que cuentan con evidencia científica robusta sobre los supuestos beneficios de la siembra de transgénicos, llegando al extremo de pretender acaparar el campo con maíz genéticamente modificado y de explotar con ello los derechos de propiedad intelectual que afectarían a cientos de miles de hectáreas. Estas afirmaciones están llenas de simulaciones, verdades a medias, datos confusos y manipulación en su manejo.
Podemos afirmar que la agroindustria trasnacional falsea la información científica, no sólo para tener un lucro desproporcionado, sino para acaparar la producción de alimentos de México y el mundo. Esta circunstancia de nuestros tiempos no únicamente es violatoria de los derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales, como la Convención de Derechos Económicos Sociales y Culturales (y ambientales) de Naciones Unidas, la Declaración de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica e incluso protocolos que la agroindustria pretende tergiversar, tales como el de Cartagena y el de Nagoya, sino que además podría representar la forma más poderosa de dominación y colonialismo que la historia de la humanidad ha padecido.
La manipulación de las empresas transgénicas puede comprobarse con el juicio de la demanda colectiva del maíz que 20 organizaciones y 53 ciudadanos promovimos desde 2013, y que actualmente sigue en disputa. Monsanto señaló por escrito que su tecnología cumpliría con las leyes mexicanas e internacionales, que respetaría las zonas donde no debe existir presencia de maíz transgénico. Sin embargo, reconoció, también por escrito, que las semillas que obviamente contienen información genética se trasladan entre las distintas regiones del país. Esto es una contradicción evidente. Es como si afirmara que el agua puede permanecer en un recipiente y al mismo tiempo reconocer que se filtra.
Otra empresa trasnacional, Syngenta, surgida en Suiza, reconoció dentro del juicio colectivo que para mantener a los transgénicos en las zonas que se llegue a autorizar, es necesario imponer barreras físicas, biológicas y químicas. Sin embargo, hoy pide a la Suprema Corte de Justicia que revoque la decisión de tribunales federales de imponer este tipo de protecciones. También reconoció que, a pesar de que la industria abandera la supuesta finalidad científica, todas las siembras que buscan realizar tienen fines comerciales, aun aquellas que por ley debieran ser experimentales.
Además, cuando las trasnacionales presentan traducciones mutiladas de investigaciones científicas, el descaro en el juicio es aún mayúsculo. Aquí, un ejemplo: en el caso de Raven 2010, que analiza si las plantas transgénicas generan disminución o beneficios a la biodiversidad, el autor señala que no habrá flujo genético de la tecnología transgénica hacia los parientes silvestres del maíz en el mundo, salvo en México y Guatemala. Tramposamente esta afirmación no llegó a la traducción que presentó ante los tribunales. Se han cumplido cinco años y medio de que un tribunal federal ordenó mantener la suspensión de siembra de maíz transgénico comercial, que, sin embargo, permitió sembrarlo experimentalmente, sujeto a informes mensuales para confrontarse en el juicio colectivo.
En otras palabras, al suspender la siembra comercial, dio la razón a la Colectividad, y al mismo tiempo abrió una puerta para contar con información directa en el juicio, al permitir la siembra experimental y confrontarla mensualmente en juicio, con el objeto de decidir si deben o no sembrarse los transgénicos.
La Colectividad ha conseguido informes mensuales de Semarnat y Sagarpa, hoy Sader. No obstante, la industria ha preferido no sembrar experimentalmente, antes que confrontar su información con los científicos de la Colectividad y los jueces, dando con ello una muestra más que evidente de que su objetivo es meramente comercial y lucrativo, y no colaborar en la atención de la alimentación y la salud de los mexicanos.
Por eso, hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ratificar la medida precautoria ordenada. Esperamos que los ministros puedan tomar una decisión a favor de los maíces nativos y la milpa. A favor del pueblo de México, de su alimentación sana y nutritiva, y de su soberanía alimentaria.
Un abrazo solidario y muy sentido a Carmen Lira y a los compañeros de La Jornada , por el sensible fallecimiento de Josetxo Zaldua, gran amigo y periodista.
Sep 25, 2021 | Contenidos, Editoriales, La Jornada
En 2009 surgió como iniciativa ciudadana la celebración del Día Nacional del Maíz, inspirada en los festejos que familias campesinas hacen en sus milpas para cosechar los primeros elotes.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Web original | Imagen : CDH Vitoria
Por: Miguel Concha
Sábado 25 de septiembre de 2021
Defender las semillas nativas del maíz es defender la vida. Es defender los territorios de comunidades indígenas y campesinas. Es defender los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de intercambio y mejoramiento que han tenido como resultado las 64 razas de maíz que existen a lo largo y ancho del país. Interceder por las semillas nativas del maíz es abogar por la soberanía alimentaria y proteger la biodiversidad y el medio ambiente.
En 2009 surgió como iniciativa ciudadana la celebración del Día Nacional del Maíz, inspirada en los festejos que familias campesinas hacen en sus milpas para cosechar los primeros elotes, en concordancia con una de las fiestas más importantes para las comunidades: la fiesta de San Miguel Arcángel, quien simbólicamente lucha contra el mal y protege la milpa.
Además de organizaciones y sociedad civil, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) ha defendido esta planta sagrada, convoca a celebrar su diversidad y su valor cultural y nutricional. Esta celebración es además un acto a favor de las formas de producir alimentos desde las manos campesinas que sostienen la soberanía alimentaria a partir de su diversidad y sustentabilidad, así como un acto de protesta contra los más de 30 años de abandono al campo, como resultado de políticas anticampesinas neoliberales impuestas durante décadas. Éstas ocasionaron la precarización de la vida en el campo, la inseguridad a partir del ingreso del crimen organizado a los territorios y el acaparamiento de la producción alimentaria por parte de las empresas agroindustriales. Cabe reiterar también que, mediante el uso de semillas de maíz transgénico, la agroindustria aplica agroquímicos tóxicos, como el glifosato, y realiza prácticas de monocultivo que erosionan los suelos donde se siembra. Esto ha ocasionado graves daños no sólo al medio ambiente y a la salud de las personas, sino también a las culturas, identidades y vida comunitaria de muchas colectividades.
El Día Nacional del Maíz es ocasión para refrendar el compromiso por defender la milpa y los maíces nativos. Para reconocer que es urgente trabajar para lograr un buen vivir que parta de una alimentación nutritiva, suficiente y culturalmente adecuada para todos. Para alertar sobre la necesidad de proteger bienes comunes fundamentales como agua, bosques, suelos y semillas nativas, y con esto la exigencia del respeto a los derechos humanos.
Han sido diversas las acciones conjuntas impulsadas en la búsqueda por alcanzar la soberanía alimentaria. El pasado 22 de septiembre se discutiría en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ratificación de la medida precautoria que ha impedido dar permisos de siembra de maíz transgénico en México, logro alcanzado por la demanda de acción colectiva contra esta siembra. Sin embargo, la resolución se aplazó para el próximo miércoles. Sobra decir que esperamos que sea favorable.
Por otro lado, el jueves pasado se llevó a cabo la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, foro mundial que ha sido cooptado por intereses de las grandes corporaciones de producción industrial de alimentos y de agroquímicos tóxicos, dejando de lado la intención verdadera de reformar los sistemas alimentarios para enfrentar las necesidades urgentes de alimentación que vivimos como humanidad. Además de que se han omitido las participaciones del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO y del Mecanismo de la Sociedad Civil Internacional. Diversas organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado sobre el conflicto de intereses en dicha cumbre, para lo cual han hecho un llamado enérgico al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la delegación que representará a México, para poner sobre la mesa nueve puntos esenciales que deben abordarse, en aras de transformar los sistemas alimentarios en el mundo desde la agroecología y una perspectiva de derechos humanos.
Septiembre es un mes muy sentido por injusticias sociales, como el 19S o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pero también es uno en el que alzamos la voz por la defensa de la milpa y los maíces nativos. El 29 de septiembre, Día Nacional e Internacional del Maíz, es ocasión para hacer un recuento de los alcances que las luchas sociales y campesinas han tenido para la construcción de un modelo de producción de alimentos libres de transgénicos y agrotóxicos, equitativo e incluyente, agroecológico, respetuoso y garante de los derechos humanos, y la protección de la biodiversidad, los suelos y el medio ambiente. Festejemos desde las diversas geografías y culturas que comprende nuestro territorio. Compartamos la diversidad de alimentos preparados con maíces nativos, reconociendo su valor histórico y cultural. Como lo enuncia la CNSMNHP: ¡qué nuestra celebración sea tan variada y rica como la milpa y el maíz!
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