Las OSC ante la agenda de desarrollo

Las OSC ante la agenda de desarrollo

Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, vivimos una distribución regresiva de los ingresos, caída del PIB y el aumento de la deuda externa.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Marte Merlos

Por: Miguel Concha

Sábado 27 de marzo de 2021


En 2016, en el 36 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los estados miembros aprobaron la creación del Foro sobre el Desarrollo Sostenible, como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus objetivos (ODS) y metas.

En la cuarta reunión, que tuvo lugar del 15 al 18 de marzo de 2021, participaron cerca de mil personas, entre representantes de los Estados miembros del foro, el sector privado, la sociedad civil, los bancos de desarrollo y otros organismos de Naciones Unidas. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), representadas en el Mecanismo de Participación formalizado ante la Cepal, que trabajaron antes y durante el foro, presentaron en esta ocasión una declaración conjunta, que diagnostica, llama la atención sobre asuntos delicados y hace propuestas ante la emergencia que vive la región. Se destacan los puntos más relevantes de dicha declaración, cuyo eje fue la década de acción para cumplir los ODS.

Cinco años después de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra región muestra un estancamiento económico, agravado por el Covid-19, que generó la peor crisis económica, social y productiva de los últimos 120 años, marcada por el notable incremento de la pobreza, la desigualdad estructural y las brechas hacia el interior de los países y entre naciones. Marcada también por la distribución regresiva de los ingresos, la caída del PIB, el aumento de la deuda externa y el desmantelamiento de los servicios públicos y su privatización. Y por los altos índices de corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos (DH), aumento de las tendencias autoritarias, persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, represión y criminalización de la protesta ciudadana.

Las políticas neoliberales, adoptadas por la mayoría de los países de la región, obstaculizan el logro de los ODS. Por lo que hoy es aún más urgente un cambio radical en la acción de los gobiernos, así como la puesta en marcha de un nuevo contrato social. Es ahora la oportunidad para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, consideren medidas para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la necesidad de protección de la vida, y la garantía de los DH como políticas de Estado.

Urgen reformas a los sistemas fiscales, que garanticen una justicia redistributiva, con mecanismos para evitar la evasión y elusión de impuestos, así como la fuga de capitales, imponiendo, además, gravámenes a las grandes corporaciones, la riqueza, el ingreso, las transacciones financieras y el comercio. Ante la pérdida de 34 millones de empleos en 2020, la OIT ha descrito la crisis del empleo en la región como una tragedia. Se requieren compromisos en la promoción del trabajo decente y políticas de protección social, destinadas a evitar el desempleo, así como reducir la informalidad y la precariedad laboral, y el quiebre de las pequeñas y medianas empresas.

Ante el evidente incremento de la violencia, especialmente hacia las mujeres, la niñez y los jóvenes, en el contexto del Covid-19, urge la protección, promoción, respeto y garantía de una vida libre de violencias, así como la sanción y cumplimiento efectivo de leyes que aseguren la erradicación de cualquier tipo de violencia y/o discriminación.

Durante la pandemia del Covid-19 se ha constatado la violación de derechos, como los de la vivienda, la educación, el trabajo, el acceso al agua, el libre tránsito, los derechos a la tierra y al territorio y a una vida libre de violencia. Requieren atención los grupos poblacionales integrados por personas adultas mayores, niños, adolescentes, jóvenes, población LGBTQI+, pueblos indígenas afrodescendientes, migrantes y trabajadores informales, así como vendedores ambulantes y trabajadores sexuales; además de las personas con discapacidades y las que viven con o afectadas por el VIH sida. Y es urgente la protección a los defensores de la tierra y el medio ambiente, así como a los periodistas y defensores de derechos humanos, ante la criminalización, persecución y penalización de las que son objeto, mismas que se agudizaron en el contexto de pandemia.

América Latina y el Caribe es la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, siendo Colombia, Brasil, México, Honduras y Guatemala los países con mayor número de asesinatos en 2019.

Coincidimos con la Cepal en la urgencia de pactos nacionales y regionales en un entorno de democracia, condición para cumplir con los ODS de la Agenda 2030. La situación que enfrenta nuestra región es de altísima gravedad, incluyendo el creciente cierre de espacios cívicos, lo cual indica que las recomendaciones de la sociedad civil no fueron escuchadas en años anteriores. Por eso, en este foro demandamos que se abra la ruta de diálogos nacionales entre OSC y gobiernos.Subir al inicio del texto

México, sin mecanismo de seguimiento para las recomendaciones internacionales

México, sin mecanismo de seguimiento para las recomendaciones internacionales

Carecemos aún de un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, si bien hay nuevas herramientas, éste es todavía inexistente.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen :  Angélica Díaz Molina

Por: Donovan Ortega (@donoortega)

26 de marzo de 2021

El pasado viernes 19 de marzo se llevó a cabo una audiencia solicitada por el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH), este se dio a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en febrero de 20201.

Durante la audiencia, la cancillería mencionó que dicha plataforma sistematiza las más de 3,500 recomendaciones formuladas por órganos de tratados, procedimientos especiales y/o mecanismos del sistema universal y regional de derechos humanos, con el argumento que de esta manera que se está cumpliendo con el seguimiento a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, desde la sociedad civil y la academia se compartió que el SERIDH no es un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de dichas recomendaciones, como se ha promovido desde la administración federal, sino simplemente una herramienta más que tendría que ser parte de este mecanismo, aún inexistente2.

Hasta marzo de 2021, la SRE compartió que el 57% de estas recomendaciones cuentan con acciones reportadas, no obstante, durante esta audiencia también se evidenció que la metodología que compone al SERIDH tiene distintas limitaciones y fallas como es la falta de indicadores claros que permitan verificar de manera integral este avance. Además, debido a que gran parte de las recomendaciones internacionales son de carácter estructural, el tener una o dos acciones reportadas no implica un cumplimiento integral de la recomendación.Adabout:blank

De hecho, el diciembre pasado se publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos (2020- 2024)3 en el cual dentro de su estrategia prioritaria 1.4 se menciona el establecimiento de un mecanismo que permita dar seguimiento a la atención de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, señalando la responsabilidad de su instrumentalización a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la SRE, siendo esta última la entidad coordinadora para su implementación. A pesar de esto, pareciera que las vinculaciones interinstitucionales no se están llevando a cabo de la manera que deberían, porque hasta la fecha no se conoce una iniciativa que pretenda atender integralmente dicha estrategia prioritaria, la cual incluya dentro de su implementación a la sociedad civil, la academia y, mucho más importante, a todas las víctimas.

El establecimiento de mecanismos nacionales de seguimiento a recomendaciones internacionales no es algo nuevo, sino que ha sido parte del compromiso en materia de política exterior que distintos gobiernos han realizado para el cumplimento de sus responsabilidades internacionales. En mayor o menor medida éstos se han acompañado por diversos actores, como la sociedad civil, la academia y/o los organismos internacionales.

La naturaleza de estos mecanismos puede ser distinta en cuanto a su institucionalización dentro del aparato estatal, pero tienen como principio común coordinar y supervisar la aplicación a nivel nacional de las obligaciones derivadas de los tratados y las recomendaciones que emanan de distintas revisiones y/o evaluaciones a los Estados, así como dar un seguimiento integral a los avances en la materia para la sustentación de futuros informes ante órganos de tratados y/o mecanismos especiales.

Asimismo, requieren de un alto grado de coordinación interinstitucional e involucramiento de distintas instancias del gobierno y otros actores para un resultado efectivo. Las instituciones responsables de su implementación deben ser promotoras del diálogo y la cooperación entre los distintos sectores que componen estos mecanismos, y tener como objetivo principal identificar los avances y/o retos existentes en materia de derechos humanos, tomando en consideración las recomendaciones internacionales.

Además, la participación en particular de la sociedad civil y las víctimas resulta fundamental debido a que gran parte de las recomendaciones que reciben los Estados derivan de un esfuerzo a nivel internacional por evidenciar y dar a conocer ante distintas instancias las situaciones que se viven en mucho países en materia de derechos humanos, que en el caso mexicano no es menor y de ahí que contemos hasta la fecha con un número muy alto de recomendaciones.

Estas características relativas a los mecanismos nacionales de seguimiento no las tiene el SERIDH, y es por esto que desde hace varios años se ha tratado de impulsar el establecimiento de un mecanismo que realmente pueda atender las obligaciones que tiene el Estado mexicano a nivel internacional, que sea participativo y que cuente con mecanismos amplios para la rendición de cuentas que permitan realmente identificar el avance en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones. Cumplir con estas recomendaciones es atender las exigencias de víctimas, de colectivos, de personas defensoras y de la sociedad civil, las cuales tienen toda la legitimidad de exigir su cumplimiento ya que durante décadas han llegado hasta instancias internacionales para poder ser realmente escuchadas.

Ante la crisis de derechos humanos que atraviesa México, las recomendaciones internacionales son un eje fundamental para conocer las áreas de oportunidad y los vacíos existentes que tiene el Estado mexicano, así como para construir y realizar acciones más integrales que den respuesta a las distintas situaciones y problemáticas. No es suficiente con tener una apertura al escrutinio internacional o participar activamente en los foros multilaterales si al interior no se están asumiendo las responsabilidades internacionales efectivamente y, al contrario, se continúan realizando acciones que contravienen estas disposiciones.

Donovan Ortega es colaborador del @CDHVitoria

1 Sitio oficial del SERIDH.

2 Audiencia ante la CIDH sobre la experiencia del Estado mexicano con el SERIDH.

3 PNDH 2020- 2024.

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Veinte años del boletín Alas

Veinte años del boletín Alas

Alas fue siempre algo más que un proyecto editorial. Ha estado ligado a convicciones históricas de sectores eclesiales progresistas y a la preocupación por la defensa de los derechos humanos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Jorge Aguilar

Por: Miguel Concha

Sábado 20 de marzo de 2021


Era el otoño de 2001 en la colonia Isidro Fabela de la Ciudad de México cuando el boletín Alas nació formalmente, aunque sus raíces venían de más atrás. Ese 2 de octubre, Rocío Martín, Ignacio Cuevas y José Guadalupe Sánchez crearon lo que después fue nombrado como el Colectivo Alas, con miras a fortalecer una herramienta informativa y de análisis para la libertad religiosa.

El boletín ya traía el nombre de antemano. Se lo debemos a Nacho, quien venía realizando este minucioso hábito por cuenta propia, en gran medida heredado de su tiempo en Cencos en los 90 y de su cercanía con José Álvarez Icaza, adalid de las efemérides. En la revista Cencos-Iglesias, en ese entonces se incluía un panorama internacional de la situación eclesial, en su relación con lo social y lo político. Identidad que inevitablemente heredó el boletín Alas.

Pensado desde el principio como un proyecto colectivo, Alas fue convirtiéndose en un insumo apreciado, lo mismo por investigadores e investigadoras del fenómeno religioso, que por periodistas, líderes de opinión e incontables comunidades religiosas y eclesiales de México y América Latina, en su permanente tarea de discernir los signos de los tiempos.

Su edición y difusión empezó a multiplicarse y consolidarse a lo largo de los años, gracias a la participación generosa y especializada de tantas personas, cuyos nombres han quedado siempre ligados a cada número publicado, y no es ocioso mencionarlos. Con el riesgo insalvable de olvidar alguno, sobresalen, además de sus fundadores, Pilar Puertas, Norma Moreno, Mariana Gómez, Alejandro Castillo, Ricardo Gallego, Marisa Noriega, Iván Merino y Patricia Santiago.

Alas fue siempre algo más que un proyecto editorial. Ha estado ligado a convicciones históricas de sectores eclesiales progresistas y a la preocupación por la defensa de los derechos humanos de grupos vulnerables. Su punto de partida fue siempre que mientras más se conozca el fenómeno religioso, más podremos avanzar hacia un ambiente de mayor libertad religiosa, armonía y justicia social.

En un ambiente cultural marcado por el catolicismo y el patriarcalismo, Alas se esforzó siempre por tener una perspectiva ecuménica y de género, a sabiendas de que la construcción de un mundo mejor requiere de la suma de esfuerzos, no de la exclusión de los diferentes.

Heredera también de la teología de la liberación, la publicación priorizó siempre las voces de los sectores eclesiales y sociales empobrecidos, no sólo para detonar o multiplicar la solidaridad, sino también para mostrarlos como sujetos comprometidos con su propia liberación.

Quien ha tenido la oportunidad de consultar el boletín Alas y seguirle la pista semana a semana, no sólo encuentra en él la garantía de estar al día sobre lo más relevante del acontecer sociorreligioso de México y el mundo, sino también análisis críticos y variados de dicho devenir, así como coberturas de los acontecimientos eclesiales más sobresalientes de la esfera nacional e internacional.

Todo ello en un contexto histórico en el que los límites entre lo religioso y lo sociopolítico han sido siempre complejos, en detrimento de minorías específicas, cuyos derechos, incluso salvaguardados por nuestras leyes y nuestra Carta Magna, son reiteradamente vulnerados, poniendo en entredicho la laicidad del Estado.

Ante el ascenso reciente de los fundamentalismos religiosos y políticos en el continente, el boletín Alas-OE cobra especial relevancia. En 2013, disuelto ya el Colectivo Alas por azares del destino, el Observatorio Eclesial (OE) acogió el proyecto del boletín en una nueva y última etapa, en la que, gracias al liderazgo de Gabriela Juárez, secretaria ejecutiva del OE, logró adquirir mayor sistematicidad, periodicidad, y, por supuesto, profesionalización, llegando a publicarse 391 números, recientemente con el nombre de Boletín Alas-OE.

Nos sorprendió que esta semana se haya difundido su último número, con la noticia de que se suspende su realización hasta nuevo aviso.

Pensamos, sin embargo, que en esta pausa obligada por las actuales circunstancias de incertidumbre económica, no sólo es loable reconocer el esfuerzo de muchas y muchos que lo hicieron posible, sino también esperar que haya sido valioso para quienes lo recibieron en estos 20 años de su publicación, y pueda ser considerado como una experiencia pedagógica que invita a que, en cada comunidad religiosa o eclesial, en cada círculo de investigación o acción social, siga reproduciéndose este esfuerzo de discernir la realidad, para seguir construyendo una sociedad plural y respetuosa de la inocultable diversidad religiosa.

Es necesario llamar también a la solidaridad económica, para que un proyecto como éste siga vivo y se fortalezca. Quienes quieran aportar su ayuda pueden escribir al correo observatorioeclesial@gmail.com, con la certeza de que toda aportación será destinada a los objetivos de este proyecto.

Agradezco a José Guadalupe Sánchez Suárez su colaboración para escribir este artículo.

Disputas desde la educación popular

Disputas desde la educación popular

El efecto «desmovilizador» de la pandemia atravesó las experiencias de luchas y resistencias, las cuales tambalearon al no poder coincidir en espacios y cuerpos. ¿Cómo hacer frente a esta nueva realidad?

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : CDHVitoria

Por: Viridiana Martínez, Yoxmara Tapia y Beatriz Rivero

19 de marzo de 2021

Que la otra escuela resurja en nuestros hogares,

en la primera llovizna de la mañana sobre el campo

y en el abrazo que desafía la distancia,

con la ruptura esperanzadora que construye el trabajo sencillo y cotidiano

que se guarda en la memoria de nuestros tactos

Los principios de la educación popular buscan ser consecuentes con las identidades de los sujetos políticos, dialogando desde y con heridas históricas que reconfiguran y componen las geografías territoriales y emocionales. Partir desde estos horizontes es una labor compleja y desafiante para la tarea de ejercitar procesos concientizadores, y más aún frente a un contexto que remarca la precariedad y desigualdad ya existentes en nuestras realidades.

Una de las transformaciones más severas, causadas por este tiempo pandémico, fue la imposición de las distancias y, por tanto, de efectos “desmovilizadores”. Esto atravesó las experiencias de luchas y resistencias, las cuales tambalearon al no poder coincidir en espacios y cuerpxs, práctica esencial en la construcción de herramientas basadas en la escucha, acción y compartición.

Estos instrumentos también han sido vitales para el andar de la(s) educación(es) muy otra(s), las cuales aún se enfrentan a resolver el cómo reflexionar desde la acción, en tiempos en los que es más indispensable seguir pero también se cancela toda suerte de cercanías. Para ello, en el re-pensar constante, advertimos que las pausas son vitales e indispensables para el cuidado, pero también que los tiempos en los que las realidades se sitúan no pausan: megaproyectos impuestos en territorios que se niegan a un falso desarrollo construido por intereses extractivistas, asesinatos de defensoras y defensores criminalizados por las propias instituciones obligadas a protegerlos, y desapariciones de amigas, hijas o hermanas; son sólo algunos acontecimientos que no han dejado de recordarnos que el engranaje de violencia que sostiene a este sistema de despojo, destrucción y muerte tiene una capacidad de adaptación que pareciera mecánica, la cual no entra en cuarentena ni da treguas para condolerse.

Como educadoras populares y mujeres jóvenes que habitamos territorios en procesos de despojo, reconocemos el vital llamado a mantener, hoy más que nunca, la urgente tarea de seguir organizando la creativa compartición que posibilita las acciones de formación política, pues reconocemos en la dimensión pedagógica de los procesos de lucha social, la construcción de condiciones que permiten politizar la vivencia y realidad concreta para hablar y vincular con las experiencias  de otras y otros,  a partir del intencionado contacto, que en su radical construcción deviene en el diálogo ritualizado más no esencializado, que es capaz de  reconocer y defender la esperanza como un bien común que transita a través de las historias de las corporalidades estigmatizadas, racializadas y oprimidas, y que en ese devenir de complicidad política, se contribuye a la elaboración de proyectos de vida que apuestan por horizontes justos y dignos en los que las posibilidades sean transformadoras para todas y todos.

Coincidimos junto con otrxs, que la defensa de y por lo común es apuesta necesaria y que frente a ésta, los procesos de formación política así como no son accesorios o secundarios a lo organizativo, tampoco son duros ni únicamente racionalizados, menos desde una lógica eurocéntrica.  Esto ha implicado desenmarañar el contacto desde espacios de comunicación que tengan la capacidad de reinventarse y ser sensibles a códigos diversos sonoros y visuales, pero sobre todo experienciales, con todas las afecciones psicosociales que trae consigo habitar en momentos de crisis sociales y con ellas, la desobediencia a mantener velocidades, ritmos y lógicas temporales de aprendizaje capitalistas, coloniales y patriarcales.

Nos decodificamos entre corporalidades, memorias y territorios con las que intentamos, a modo de apuesta, entretejer complicidades políticas que dispongan y acuerpen la necia e irreverente práctica cotidiana de acompañarnos en las distintas dimensiones de la existencia  con intenciones de reconocer el potencial político de las paciencias, los afectos , las ternuras y pausas como actos de sostenibilidad que nos posibilitan la  organización, el intercambio y compartición de reflexiones, herramientas y prácticas; pues transgredir lo violentamente impuesto pasa por todas las dimensiones de existencia real y concreta.

Con un año desafiante y un acumulado de aprendizajes desde el caminar de otros y otras educadoras populares, pero sobre todo, con la gratitud hacia quienes han sido parte de nuestro proceso de aprender desprendiendo, nuestras palabras brotan a partir del difícil momento de re construir procesos formativos que den cabida al cuestionamiento y la vitalidad de resistir a estos tiempos dentro de este tipo de espacios, en donde se abren nuevas preguntas sobre lo que a cada proceso organizativo le toca repensar, trabajar y fortalecer; desde lo íntimo de la vivencia y el tejido de vínculos, hasta los pies y puños dispuestos en los tequios, las faenas, la calle, la escuela y el trabajo popular, barrial y comunitario.

Estas preguntas nos llevan a volver a nombrar con firmeza las apuestas que han dispuesto generaciones de muchas personas jóvenes en el proyecto político-pedagógico del CDH Vitoria, que en gran medida ha sido condensado por el proceso que con cariño nombramos “La Escuelita”. En él, las juventudes disputamos espacios para escucharnos, sentirnos, reconocernos e imaginar proyectos alternativos, para dialogar con las propias experiencias y espacios organizativos que acompañamos desde una lectura en clave intergeneracional e interseccional.

Con la apertura de la convocatoria para conformar una generación más de la Escuelita y la invitación a mantener espacios de reflexión y diálogo colectivo con otras juventudes a pesar de las distancias impuestas, recordamos y nombramos a quienes conformaron la décimo octava generación. A ustedes les decimos: gracias escuelites, por compartirse más allá de un monitor, por estar aún en las ausencias y las pérdidas, por establecer un espacio seguro para sabernos en cercanía y por  reconocer que hoy es más que necesario disputar en colectivo por la vida, y que el encuentro a través de la educación popular como puente, es una entre tantas de estas disputas.

* Viridiana Martínez, Yoxmara Tapia y Beatriz Rivero son colaboradoras del área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación del CDH Vitoria (@CDHVitoria).

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Mecanismo de identificación forense

Mecanismo de identificación forense

México enfrenta una crisis forense que requiere de esfuerzos extraordinarios para solucionarla, de acuerdo a familias entre 37 mil y 50 mil restos de personas permanecen sin identificar.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Miriam Pascual Jiménez

Por: Miguel Concha

Sábado 13 de marzo de 2021


México enfrenta una crisis forense que requiere de esfuerzos extraordinarios para solucionarla. Conforme a informes oficiales, las cifras sobre el número de cuerpos o restos de personas sin identificar oscilan entre más de 37 mil y más de 50 mil, de acuerdo con datos proporcionados en diciembre pasado por colectivos de familiares de personas desaparecidas (cfr. https://bit.ly/3bwUjpf). Por desgracia, los hallazgos de cuerpos y restos humanos sin identificar no cesan, al contrario, es recurrente conocer de estos dramáticos episodios en diversos estados de la República.

Por otro lado, no se pueden obviar el rebase y colapso que presentan los servicios forenses del país. Pareciera que no hay recursos suficientes para atender esta crisis. Frente a todo esto, vale señalar que urge concretar el Banco Nacional de Datos Forenses, así como el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, con lo cual ciertamente no se solucionará la crisis, aunque en algo ayudará contar con información ordenada, pública, actualizada y dispuesta para los procesos de búsqueda, identificación y restitución digna de personas.

Para nuestra fortuna, y gracias al arduo trabajo de colectivos de familiares de personas desaparecidas y sus organizaciones acompañantes, así como a la participación de organismos internacionales, mediante un Acuerdo del Sistema Nacional de Búsqueda, en marzo de 2020, se creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), el cual, tal como se describe en el Diario Oficial de la Federación (https://bit.ly/38wFYaC), será un mecanismo de carácter extraordinario, multidisciplinario, con autonomía técnico-científica, que practicará los peritajes pertinentes sobre los cuerpos o restos óseos que no han sido identificados y sean de su competencia.

Con el MEIF se pretende contar con una herramienta de carácter extraordinario para atender una situación extraordinaria: la crisis forense que azota a buena parte de la nación. Dicho mecanismo tendrá también el encargo de construir una relación con las familias de personas desaparecidas, posibilitando así la continua participación de éstas en acciones que se emprendan con el fin de avanzar efectivamente en los procesos de identificación y restitución dignos.

Ahora bien, desde el pasado 10 de diciembre, la Secretaría de Gobernación informó que se contaba con la descripción de perfiles que se requieren para conformar al grupo coordinador para la implementación del MEIF. Éste es clave para que se sienten las bases de tan importante tarea y desarrollar los correspondientes planes de trabajo, mantener un diálogo con familiares de personas desaparecidas y generar vínculos nacionales e internacionales que abonen a un buen desarrollo del MEIF, por mencionar algunas de sus funciones más destacadas.

Por otra parte, el pasado 10 de marzo, a través del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –en alianza con la Oficina de Servicios de Proyectos de Naciones Unidas– se emitió la convocatoria para conformar el grupo coordinador.

Para ello, se abrieron cuatro vacantes para especialistas en identificación forense; una para especialista en materia legal y jurídica en desaparición forzada y desaparición por particulares en México; otra para un especialista en cooperación técnica internacional, y una más para un especialista en enfoque sicosocial y acompañamiento a familiares. Estas convocatorias pueden consultarse en https://bit.ly/3bykoUS.

En este momento de claroscuros en relación con la agenda de derechos humanos en México, esta etapa abierta para consolidar el MEIF se convierte en una oportunidad para revertir la situación tan grave que en materia forense enfrenta la República. Resulta igualmente esperanzador que un proceso que se inició hace algunos años tenga hoy, con la voluntad de todos los actores sociales, políticos e internacionales involucrados, la posibilidad de concretarse.

Por otro lado, vale resaltar que el MEIF se ha ido construyendo a través de un ejemplar proceso participativo, principalmente con familiares de personas desaparecidas, y con organizaciones sociales, diversas instancias de gobierno y organismos internaciona-les de derechos humanos. Toca ahora animar a que se presenten personas a tales vacantes y que los mejores postulantes sean seleccionados para ocupar los espacios en el grupo coordinador del organismo. Con lo cual se tendrá una primera garantía para que desde su inicio esta empresa cuente con los cuidados debidos para su arranque.

Hacemos votos para que esfuerzos de tipo ordinario o extraordinario entre las instituciones del Estado mexicano sean efectivamente llevados a cabo en beneficio de las víctimas, con el propósito de revertir la crisis de derechos humanos que, insisto, aún está presente en la nación.

Yo sí te creo: contra el silencio y la impunidad

Yo sí te creo: contra el silencio y la impunidad

Este año es necesario recordar que la agenda contra la violencia hacia las mujeres no sólo debe ser una reivindicación de las luchas y los derechos de las mujeres durante el mes de marzo, sino que es un compromiso político irrestricto que va más allá de la temporada electoral.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Angélica Díaz Molina

Por: Brenda M. Aguirre, Itzia Durán y Mariana Bermúdez

09 de marzo de 2021

La pandemia causada por el COVID-19 ha traído consigo una serie de problemas estructurales que han visibilizado las desigualdades económicas, sociales, políticas e históricas persistentes en la actualidad. Si bien, el virus ha generado miles de muertes en el planeta y la vacuna parece prometedora para su erradicación, hay un sistema que, incluso antes de la pandemia, mata a miles de mujeres en México y el mundo: el sistema patriarcal1.

A lo largo de la historia, las violencias contra las mujeres han sido la base para el mantenimiento de este sistema de dominación, desigualdad y crímenes cometidos hacia ellas debido a la ausencia del Estado para garantizarles condiciones para una vida digna. Los trabajos precarizados, salarios y oportunidades laborales dispares, los obstáculos para acceder a la justicia, la ausencia de recursos para las víctimas de violencia feminicida, la falta de confianza en las denuncias de violaciones y abusos sexuales, entre otros, son algunos de los escenarios que viven diariamente las mujeres en nuestro país.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2020 se recibieron 260,067 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia hacia la mujer, aunado a que se registraron 939 mujeres víctimas de presunto feminicidio y 2791 mujeres víctimas de presunto homicidio, lo cual representa un promedio de 10 mujeres asesinadas al día en México. Asimismo, reportó que las principales entidades con mayor número de delitos de feminicidio durante el mes de enero de 2021 son el Estado de México, Veracruz y Morelos2.

Los datos que presenta el SESNSP son contundentes, pero en la realidad, el número de casos rebasa esta información. Esto se debe a que no todas las mujeres agredidas han sido escuchadas por las instituciones y el sistema de justicia mexicano, y peor aún, hay mujeres que han sido silenciadas a través de estas violencias cuyas denuncias jamás serán escuchadas.

Las violencias estructurales se legitiman a través de un sistema que genera y perpetúa desigualdades para las mujeres mediante la impunidad que reside en  el temor de las víctimas a denunciar por la revictimización que sufren, la ineficacia del sistema de justicia, la errónea clasificación de los delitos, la falta de sensibilidad de los jueces y funcionarios públicos, así como la existencia de una política de simulación de interés por el tema, y  la falta de  propuestas que permitan transformar las condiciones estructurales que limitan el acceso de las mujeres a sus derechos.

Estas condiciones y prácticas patriarcales podrían remontarse a una serie de ideas complicadas de representar en la realidad, pero que se personifican a través de una serie de comentarios, acciones, instituciones y personas tales como el apoyo a los candidatos propuestos de cara al proceso electoral de este año.  El no reconocimiento y desprestigio de las denuncias contra los candidatos a gubernaturas, así como el silencio y la falta de posicionamiento respecto a las mujeres víctimas de violencia, solamente representan una parte de las condiciones de violencia a las que las mujeres han estado expuestas durante la pandemia. El establecimiento de las medidas de confinamiento sin perspectiva para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en sus hogares, habla de una falta de voluntad política para contrarestar  la violencia.

Este año es necesario recordar que la agenda contra la violencia hacia las mujeres no sólo debe ser una reivindicación de las luchas y los derechos de las mujeres durante el mes de marzo, sino que es un compromiso político irrestricto que va más allá de la temporada electoral. Estamos ante un escenario nunca antes visto donde confluyen los distintos feminismos y las mujeres se organizan para alzar la voz, una voz que se hace más fuerte año con año cuando protestamos por las que ya no están, cuando exigimos justicia para nuestras víctimas, cuando buscamos el reconocimiento de nuestros derechos.

Los movimientos feministas y de las mujeres continúan, y no van a detenerse hasta alcanzar la justicia. Hoy las redes que se forman a través del acompañamiento entre mujeres son la forma de lucha más poderosa para terminar con la violencia estructural y el silencio, resultados del pacto patriarcal. Es momento de respaldarnos como mujeres, de creernos las unas a las otras, recordando que nunca más estaremos solas, pues nos tenemos a nosotras. Seguiremos resistiendo en esta lucha para que las mujeres sigamos existiendo, porque esta estructura no se va a caer, juntas la vamos a tirar.

* Brenda M. Aguirre, Itzia Durán y Mariana Bermúdez son colaboradoras del @CDHVitoria.

1 Es un sistema histórico que se fundamenta en el dominio del sexo biológico masculino hacia el femenino a través de relaciones de poder jerárquicas en los diversos ámbitos de la vida.PUBLICIDAD

2  Cfr. SESNSP.  Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. Consultado el 02 de marzo de 2021, aquí.

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