Constituyente y ciudadanía
Constituyente y ciudadanía Sábado 18 de junio de 2016 Miguel Concha Con las elecciones del pasado 5 de junio, para elegir a 60 por ciento de los miembros de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, concluyó una etapa de este proceso. Con la votación para los representantes, para algunos habría concluido la participación de la ciudadanía. Para otros, los resultados electorales demandan la intervención más a fondo de todas las personas que habitamos esta entidad, a cuyos aportes los representantes y funcionarios deberán estar más atentos. Habrá también que interrogarse por los resultados del proceso de comicios. Llama la atención la baja participación de votantes en comparación con elecciones anteriores. Para algunos, esto demuestra la faltad de interés ciudadano por la existencia de una Constitución para la ciudad. Me resulta difícil pensarlo, pues casi a diario sé, soy invitado o participo en múltiples reuniones que diversas organizaciones realizan para analizar el proceso constituyente, estructurar sus propuestas y diseñar sus estrategias para que se incluyan en el texto constitucional. Otros dirán que la baja afluencia fue un acto de rebeldía ante la decisión del Congreso de reducir la capacidad decisoria de la población a sólo tres quintas partes de los constituyentes. Algunos más dirán que esta situación refleja igualmente el hartazgo ciudadano ante los magros resultados del sistema de partidos, que tampoco parece estar siendo superado por las candidaturas independientes que, en esta circunstancia, no despertaron el entusiasmo civil. Quienes salen en defensa de los partidos sostienen que éstos son necesarios en todo sistema político, afirmación que no está en duda, aunque de lo que sí hay fundada certeza es de que éstos de ninguna manera son suficientes para encauzar la vida pública de una sociedad tan rica y compleja como la que tenemos en la Ciudad de México. En medio de tan diferentes argumentos, podríamos estar de acuerdo en que la Constitución es una cuestión muy importante, como para dejarla sólo en manos de los partidos. Lo real es que los miembros de la Asamblea serán quienes tengan la decisión última sobre la cual regirá la vida pública de la ciudad. Su composición está ya prácticamente definida. Conocemos el número de diputados que corresponde a cada partido, con algunos previsibles cambios de nombres de personas. El Congreso ya ha casi también designado a todos sus representantes, los que dada su designación a partir de su pertenencia partidaria vendrán a modificar la correlación resultante de las urnas. Está pendiente, sin embargo, conocer todavía las designaciones de los ejecutivos local y federal, quienes tienen ante sí la disyuntiva de reforzar las tendencias que los números ya reflejan o fortalecer la presencia ciudadana en el proceso constituyente, con el fin de que se pueda evitar el posible entrampamiento en que podría quedar el texto constitucional. Dado que todas las decisiones de la constituyente deben tomarse por las dos terceras partes de sus miembros, si no se modifican las tendencias actuales que reflejan los números, los acuerdos solamente serían posibles con la aceptación de tres de cuatro partidos, y la decisión sería a cada paso cuál de los cuatro queda excluido. Menos probable, aunque no imposible, es que los acuerdos no sean tomados por las cúpulas partidarias, sino por las afinidades de los distintos miembros del constituyente, toda vez que algunos partidos decidieron incorporar entre sus listas a militantes sociales e intelectuales independientes. De esta manera, existe la posibilidad de acuerdos entre personas con independencia del grupo parlamentario al que nominalmente pertenezcan. Una situación así contribuiría a refrescar tanto el ambiente político de la ciudad como del país, así como a construir una lógica de acción sin monopolio partidario. Que esta posibilidad avance o no, dependerá en mucho del reglamento interno del órgano constituyente. Éste podrá servir para fortalecer la autonomía de los constituyentes o para robustecer el control partidario sobre ellos, tema que no puede eludirse en las deliberaciones ciudadanas. Cualquiera que sea la valoración que se tenga de los motivos de la baja participación en las elecciones, no puede eludirse el asunto de la legitimidad de la constitución resultante, ni puede desconocerse que al respecto hay diversas posiciones en la sociedad. Están quienes piensan que hay ilegitimidad de origen, y que por tanto, sea cual sea el texto aprobado, no le reconocerán validez. Otros, sin negar los problemas de origen, plantean que el texto constitucional es ocasión de ampliar las libertades y derechos de la ciudadanía, y que para ello habrá que presionar a los decisores por medio de acciones cívicas, como una asamblea alternativa, similar al papel que juegan en algunos países de Europa los gabinetes a la sombra, para circular información y debatir los mismos temas que se abordan en los espacios institucionales. Otros más se proponen acciones para influir sobre los constituyentes, como foros, debates y actos públicos de diverso tipo. Por supuesto, las dos últimas modalidades no son excluyentes. Su combinación podría potenciarse mutuamente en la conocida estrategia de actuación adentro y afuera. No creo que en su diversidad la ciudadanía deje de participar en las siguientes etapas, y antes de verla como una amenaza debemos verla como una oportunidad para tener una constitución reconocida por todos, y de legitimidad indudable, porque ello conduciría a tener una vida pública más rica y estable en la Ciudad de México. Demostraría también nuestro compromiso ciudadano con la democracia, consecuente con el principio de que leyes y gobierno son el poder instituido, y que es el pueblo nuestro único poder instituyente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: David Cabrera Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería? Ley general contra la tortura
Las reformas estructurales y su impacto en los derechos humanos
Educación, resistencia y derechos humanos
Educación, resistencia y derechos humanos l Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) en México y en toda América. El viernes 4, en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, diversas organizaciones y personas de todo el hemisferio levantaron la voz contra la ratificación del TPP, y denunciaron también el ataque sistemático contra las democracias en América Latina, y rechazaron el caos actual en el que nos ha colocado el modelo neoliberal en sus crisis profunda. 12 de junio de 2016 Por: Layla A Flandes Vázquez /Carlos A Ventura Callejas En medio de un ambiente de expectativa, escuchamos a los profesores invitados. Las reflexiones que abrieron el espacio de diálogo hicieron hincapié en la esperanza, surgida en la solidaridad mostrada por padres y madres de familia, estudiantes, organizaciones sociales y pueblos de todo el país, que es enorme, y se ha unido a las movilizaciones en apoyo al movimiento de la CNTE alrededor de México. “La huelga y la movilización ha cobrado relevancia… ha roto con las expectativas que nosotros mismos nos habíamos planteado”, declaró uno de los profesores. También aludió el contexto de criminalización, estigmatización y violencia que han vivido las maestras y los maestros desde el inicio de las jornadas de lucha nacional de parte del magisterio. Recordó que las y los manifestantes de la CNTE han sido desalojados ya tres veces de los plantones instalados en la Ciudad de México, siendo el más emblemático el desalojo de la Plaza de Santo Domingo, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el pasado 21 de mayo. “Nos tienen arrinconados. La pretensión del Estado es que no salgamos, que callemos”, mencionó uno de los profesores presentes en el diálogo. Aunado a esto, los maestros relataron cómo el Estado mexicano ha ejercido amenazas, detenciones, desapariciones e incluso asesinatos contra las y los trabajadores de la educación que conforman el movimiento disidente magisterial; además, lo que sucede con los despidos masivos y las campañas de criminalización ejercida a través de los medios masivos de comunicación. Otro de los maestros presentes recordó que “desde el 2013 tenemos compañeros encarcelados, asesinados, perseguidos y exiliados por alzar la voz”. De acuerdo con lo que compartimos con las y los maestros presentes en este encuentro, el Estado ha vuelto a usar las prácticas “tradicionales” de represión en su contra y, con ello, sin duda se configuran graves violaciones a derechos humanos de las y los integrantes de la CNTE. A pesar de esta violencia dirigida en su contra por parte del Estado, las maestras y los maestros seguirán en pie de lucha por medio de diversas acciones enmarcadas en su derecho a la protesta social, al tiempo que, como ellas y ellos mismos han señalado, intentan abrir el diálogo con la sociedad y el gobierno, pues están en la protesta y la propuesta, mientras que el gobierno federal en la cerrazón total. Los maestros presentes en este conversatorio reiteraron las demandas que se manifestarán a lo largo de sus acciones políticas: la no implementación de las reformas estructurales, haciendo hincapié en la reforma educativa; la estabilidad laboral de las maestras y los maestros; la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; la reinstalación inmediata de las y los profesores que están en proceso de despido; la no retención de los salarios de las y los miembros de la CNTE que se han movilizado y negado a presentar la evaluación impuesta por la Secretaría de Educación Pública; el alto a la persecución de las y los luchadores sociales; y la libertad de todos los presos políticos del país, especialmente de aquellos que han sido detenidos a raíz del movimiento magisterial: en total, son 11 los maestros que fueron detenidos a lo largo de las movilizaciones. A la par de esto, mencionaron que es urgente, con la solidaridad de todas y todos, revertir el efecto que ha tenido el “operativo mediático” para desprestigiar y criminalizar a las y los profesores de la CNTE; es necesario reconocer y promover que el magisterio disidente hacen ejercicio y uso de su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la protesta social. El control de los medios masivos de comunicación ha invisibilizado también el movimiento que se ha dado en otros estados del país contra la Reforma Educativa. Cabe señalar que diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron ante la criminalización de la que han sido objeto y demandaron al gobierno tanto de la Ciudad de México como el federal, cesar todo intento de represión o impedimento a la exigencia de derechos que los docentes realicen. Estamos frente a un autoritarismo que a rajatabla violenta derechos sin costo alguno, y el caso de la CNTE ahora es todavía más emblemático en esta lamentable situación de crisis de derechos humanos. De lo recogido en este diálogo con profesores, recalcamos que la CNTE ha estado al lado de muchos otros movimientos sociales, por ello es de reconocerse la trascendencia que tiene el movimiento magisterial en México, pues también representa una de las tantas luchas que convergen a nivel internacional contra los modelos neoliberales de desarrollo y, en este caso, de modelos educación basados en una lógica de control y calidad empresarial. Uno de los maestros afirmó que se enmarcan dentro de “la primera revolución social del siglo XXI”. A lo largo del diálogo, los maestros reafirmaron la posición de la CNTE: “Queremos una evaluación de dignidad, no de calidad”; reiteraron que la calidad a la que aluden en los pasillos de la SEP responde a las exigencias de una lógica empresarial y no al principal objetivo de la educación, que son las personas, su contexto y su historia. De viva voz, escuchamos que, si ha de haber un mecanismo de evaluación de la educación, éste no debe ser el impuesto por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino uno que sea continuo, formativo
Veinte años de Serapaz
Veinte años de Serapaz Sábado 11 de junio de 2016 Miguel Concha En los años 90, México vivía momentos claves que hicieron posible que se concretaran proyectos alternativos y de resistencia que permitieron la maduración de espacios organizados, los cuales ahora reconocemos como referentes entre los movimientos y organizaciones sociales y que trabajan día a día por la justicia, la dignidad y la paz entre los pueblos y personas. Tal es el caso de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); como sabemos, fue en gran parte depositaria de los saberes y experiencias que se generaron en la búsqueda de una paz con justicia y dignidad en Chiapas, durante la labor mediadora de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Retomando lo que sus propios integrantes comparten en algunas de sus presentaciones, después de 1998 Serapaz se integró como organización que busca contribuir al fortalecimiento de capacidades de actores sociales como sujetos de la transformación positiva de sus conflictos, en procesos que conduzcan a una solución justa, constructiva, democrática y no violenta, no a una mera administración de los conflictos, como sucede en muchas instancias oficiales. En medio de una crisis de civilización, como en la que estamos, la importancia de una organización hermana como esa radica en colaborar para transformar las realidades injustas y deshumanizantes que amenazan toda forma de vida. Su trabajo camina hacia la liberación, la emancipación y el respeto de la dignidad y la vida. Su labor de construcción pasa también por el reconocimiento honesto del conflicto, de la conflictividad que hoy está muy presente en el país. Parte del principio de realidad que reconoce que su tarea no es nada sencilla: por lo menos 450 conflictos asociados por tierra, territorios y bienes comunes, según lo reportado en meses pasados por Víctor Toledo o los otros 256 casos documentados por organizaciones sociales y por el trabajo de investigación que el semanario Proceso recientemente dio a conocer, los cuales fueron originados en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En este escenario, Serapaz se ha convertido en un medio por el cual se gestan y entretejen la solidaridad y la paz. En un espacio de aliento para todas aquellas personas y colectivos que, preocupados por la actual crisis, se suman y son parte de procesos creativos de organización para contrarrestar el actual autoritarismo y la grave situación de los derechos humanos. Quienes durante 20 años han sostenido este trabajo de equipo, tienen entre sus referentes, sin duda, aTatic Samuel Ruiz García (†), obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, e inspirados y motivados en su trabajo, continúan caminando al lado de las comunidades y pueblos, no sólo en Chiapas, sino en todo el territorio nacional. Tomando en cuenta además experiencias de construcción de justicia y de paz en América Latina y el Caribe, se hacen cargo, cargan y se encargan de la realidad, como se ha hecho en la línea liberadora del pensamiento crítico y emancipador, tan arraigado en los pueblos del Sur. Hoy reconocemos que con escucha atenta, paciencia y creatividad, han sabido leer los signos de los tiempos; y que, cultivando la humildad, han sabido hacerse presentes entre los procesos organizados que creen y trabajan por ese otro mundo posible al que muchas y muchos aspiramos. Es indudable que, después de 20 años, la experiencia de Serapaz también se ha compartido entre otros espacios organizados, por ejemplo, a través de su Escuela de Paz, en la que cientos de integrantes de comunidades, pueblos y movimientos han cultivado las metodologías de la transformación positiva de conflictos, y se han hecho poco a poco sembradores de paz, justicia y resistencia. Vale la pena mencionar aquí la reciente articulación de 179 comunidades, pueblos, barrios y organizaciones en defensa del territorio que acompaña Serapaz en la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, donde, junto con músicos, académicos, religiosos, actores y escritores se comparten y articulan esfuerzos para revertir la actual cultura de muerte y despojo, y defender a la madre tierra. Ejemplos como éstos nos hacen reconocer que 20 años son por ahora muestra del trabajo sostenido y solidario, nacido del amor y la esperanza, de la visión transformadora que tienen quienes han sido y son parte de Serapaz. Durante la celebración de sus 20 años, la semana pasada, decenas de representantes de estos colectivos reconocieron la labor incansable de esta organización. Quedó claro un mensaje que tiene que ver con el entretejido fino y sostenido de la diversidad de experiencias organizativas con que contamos en México. Y es que solas y solos no podemos. En ese momento, y ahora, amigas y amigos en la construcción de la paz celebramos la vida, la esperanza y los procesos de construcción de una realidad más justa y digna. Un signo es Serapaz, signo de trabajo colectivo, pues esta organización, junto con otras más, reconocen que, como dijo don Samuel en enero de 1994, durante una homilía dominical, la paz en nuestro país, que creíamos tan firme, mostró su fragilidad, porque estaba basada en una situación de injusticia, que aún no superamos. Y reconociéndose hermanadas en estos anhelos, saben que, como don Samuel también señaló, lo que queremos es una paz que posibilite avanzar hacia la construcción de un México nuevo, estructurado por los grandes valores humanos de la fraternidad, de la democracia, de la verdadera libertad, del respeto de todos los derechos humanos para todos. Y así caminan y desean que Serapaz lo siga haciendo por muchas más décadas, hasta erradicar toda forma de opresión. Siempre teniendo a la paz como objetivo y al establecimiento de la justicia como estrategia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: SERAPAZ Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso
Autoritarismo y conflictividad social
Autoritarismo y conflictividad social Sábado 4 de junio de 2016 Miguel Concha La conflictividad registrada en los últimos años en México entre diversos grupos de la sociedad y el Estado u otros actores a quienes éste les genera afectaciones en sus vidas, parece incrementarse, y difícilmente vemos que las instancias oficiales logren disminuirla y evitar las violaciones a derechos humanos que acarrea. Por el contrario, es alarmante que sea tan generalizada y constante la información que circula en medios, redes sociales y plataformas de comunicación sobre casos en los que se registran agresiones a personas y grupos por agentes de seguridad del ámbito civil y militar. Hemos visto, por ejemplo, los recurrentes actos de represión y violencia contra las maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un caso en que la mano dura del autoritarismo de este siglo XXI se hace muy evidente. En él se ha evidenciado que a la par del uso de la fuerza en contra de los integrantes de la CNTE se activan mecanismos mediáticos de criminalización contra los docentes, dirigidos al consumo del grueso de la población, que en ocasiones lamentablemente desaprueba en consecuencia todas las manifestaciones de la Coordinadora, lo que se debería revertir. Pero luego de dirigir gran parte de la opinión pública en sentido negativo contra los maestros, sigue sin reparo alguno el uso de la fuerza pública, y nos damos cuenta de que antes de proteger la integridad y derechos de quienes se manifiestan, se utiliza, por ejemplo, para expulsarlos de la Ciudad de México, reprimirlos y hostigarlos en su derecho a protestar, disentir y hacer exigibles sus derechos, así como a transitar por el país de manera libre y segura. El caso de las y los profesores se inscribe en un contexto de evidente retroceso en el respeto y garantía de derechos relacionados con el uso del espacio público con fines de manifestaciones políticas. Con base en la documentación y monitoreo de la situación de la protesta en México, tan sólo en la última decena de meses hemos registrado por lo menos un acto de hostigamiento, agresión y violencia por semana. Es decir, en diversos lugares del país conocemos de un conflicto cada semana que no se resuelve por las vías institucionales, al que los gobiernos no dan respuesta oportuna, en los que no hay diálogo, y en los que, frente a la exigencia de derechos en las calles, la respuesta del Estado es la violencia contra quienes son precisamente titulares de esos derechos que se reclaman. Qué paradoja que el Estado desvíe su poder, y que en lugar de garantizar derechos, los violente sistemáticamente para mantener sus privilegios y estatus. Sólo con repasar cotidianamente los diversos medios de comunicación o revisar las acciones de denuncia que hacen organizaciones defensoras de derechos humanos –por ejemplo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social– es evidente que existen hoy algunos estados de la República donde se registran en mayor medida este tipo de violaciones a derechos humanos. Encabezan desde luego la lista: Veracruz, Oaxaca, estado de México, Guerrero y Chiapas, aunque en la revisión detallada se coloca en primer lugar a la Ciudad de México. Es importante este dato, en tanto que esta ciudad es sede de los poderes de la Unión y alberga gran parte de la actividad política del país; es por lo tanto un centro político de toma de decisiones y debate. Las autoridades federales y de la ciudad no deben obviar estas consideraciones, ya que para la vigencia de derechos es necesario que la ciudad sea concebida como lugar propicio de gran importancia para procesos de exigibilidad de derechos. La expulsión de las y los profesores de la Plaza de Santo Domingo, el pasado 21 de mayo por la madrugada, cuando los obligaron a subir a autobuses de forma ilegal y arbitraria, representó un agravio casi sin precedente. No se recuerda este tipo de actos violatorios de derechos humanos, por lo menos desde la década de los 70, en plenaguerra sucia. Preguntémonos, pues, si estamos en retroceso o no en estos tiempos. En este sentido, resulta también significativo que en diversos casos son exigencias de derechos que se relacionan, por ejemplo, con el agua y la vivienda, o con derechos laborales lo que está en el centro de las disputas. Sobresalen también los conflictos vinculados a la tierra y los territorios, en los que el despojo es el fondo del asunto. Es indudable, igualmente, que la actuación de las fuerzas policiacas y militares está cada vez más coordinada y presente en el campo de la seguridad, encaminada al control social, y desdibujando las fronteras entre asuntos de seguridad nacional y pública. Este uso del Ejército es palpable sobre todo en estados donde la militarización está presente, por desgracia, en la vida cotidiana de las personas, como en Guerrero y Oaxaca. En el periodo mencionado se registra además el uso de gases lacrimógenos y balas de goma en media decena de casos. Lo que en medio de esta crisis de derechos humanos se nos devela es una conflictividad, producto del desconocimiento y exclusión de los titulares de derechos y principales actores en la realización de la vida de este país; es decir, toda persona, comunidad o grupo, y la formulación y ejecución de un modelo de país que no se corresponde con las necesidades reales de la población. En este contexto, el caso de las y los profesores de la CNTE exige una actitud dialogante e incluyente por parte del Estado. Sin un diálogo en el que se escucha y se propone, y sin apertura de las autoridades, la conflictividad entonces es mayor, las violaciones a derechos son todavía más preocupantes, y el autoritarismo de nuestros tiempos se asienta sin impedimento alguno en nuestro país. Contrarrestemos ese panorama desolador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada:Eneas De Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización
Convergencia de agendas sociales
Convergencia de agendas sociales Sábado 28 de mayo de 2016 Miguel Concha El pesimismo creciente, derivado de los oprobiosos hechos continuados de violación de los derechos humanos y del estancamiento de la economía, con su secuela de desempleo, precarización del trabajo y desigualdad, así como la insuficiencia de la democracia que creímos haber alcanzado, es un riesgo que enfrenta el tan necesario cambio de rumbo en nuestro país. Hay ciertamente encomiables propósitos que se expresan en las agendas de múltiples organizaciones que, pese a los ejemplares esfuerzos desarrollados, no han tenido éxito en revertir las tendencias de dolor y agravio que se extienden por nuestra sociedad. Esta situación ha llevado al convencimiento en muchas personas y organizaciones de que cada quien, aislado, o en alianzas restringidas, es poco lo que puede lograr, si no se plantea alcanzar un amplio acuerdo que surja del diálogo entre la multiplicidad de actores que reclaman derechos, desarrollo equitativo y democracia participativa. Frente a lo anterior, resulta alentador que diversas organizaciones sociales y civiles, así como políticos independientes, defensores de derechos humanos y académicos, se hayan reunido el 12 de mayo último con el fin de unir sus voces y esfuerzos para construir un espacio de diálogo que contribuya a formar la imprescindible alianza estratégica en torno de objetivos comunes, aunque conservando su identidad y autonomía. Para señalar sólo algunos pocos nombres, entre las organizaciones campesinas tenemos a la Central Cardenista Campesina y a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional. Entre las sindicales a los telefonistas, el Stunam y uniones de diversos sectores y personas, como el Frente Amplio Social Unitario y la iniciativa Por México Hoy. La facilitación de esta primera reunión denota también esta diversidad: el obispo Raúl Vera, a título personal; el dirigente sindical Francisco Hernández Juárez; el senador Alejandro Encinas; el académico y militante civil Manuel Canto. Lo mismo que la pluralidad de las voces de las personas que tomaron la palabra y los testimonios de las CRAC de Guerrero, del Sindicato de Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín y la CNTE. Lo anterior es promisorio por múltiples razones. En primer lugar porque constituye una novedad en la tendencia predominante en los movimientos sociales, al ir más allá de la búsqueda de la construcción de frentes, estando éstos ya en buena parte constituidos. Partiendo de la articulación de las diversas agendas, se procede ahora a propiciar acuerdos de fondo, con el fin de construir una alianza estratégica que, persiguiendo objetivos comunes, los realice cada quien desde sus espacios y con su identidad. Liberándose para ello, como lo expresó el obispo Raúl Vera, de cualquier liderazgo personal. También constituye una novedad la perspectiva asumida en relación con los partidos políticos. El diagnóstico elaborado fue que las elecciones se suceden una tras otra sin cambiar la situación, y la ciudadanía está cada vez más desencantada de los partidos; pero no se trata de dejarlos que actúen a su antojo, ni de acabar subordinándose a alguno de ellos, sino de construir entre los actores sociales un amplio acuerdo que tenga un impacto real en la política. Para lo primero se señaló que la relación con los partidos políticos estará basada en un diálogo crítico, en el que se ofrecerá debatir sus propuestas programáticas y legislativas, y censurar abiertamente, cuando así se requiera, las decisiones que tomen. Para lo segundo, se dijo, “afirmamos enfáticamente que no pretendemos formar un partido político ni un grupo de apoyo a un candidato a la Presidencia de la República (…) Somos conscientes de que la conformación de la articulación amplia que estamos impulsando tiene, y deberá tener, consecuencias políticas; pero éstas deberán traducirse en las agendas públicas. La articulación de agendas tendrá cinco ejes iniciales, que transcribo literalmente: 1) La garantía de todos los derechos humanos como condición básica de convivencia social y del cambio político. 2) La construcción de consensos como forma de relación gobierno-sociedad. 3) La promoción del derecho al trabajo como forma de hacer frente a la crisis, fortalecer el ingreso, promover la igualdad y combatir la pobreza. 4) La justicia y la inclusión, pues la injusticia se está volviendo la norma, no la excepción. Esto tiene que cambiar y volver realidad la inclusión de todas las diversidades que integran a la nación. 5) La preservación del medio ambiente como patrimonio de las generaciones actuales y futuras. No subordinar el equilibrio ecológico a los negocios depredadores ni permitir el despojo del agua y los recursos naturales de las comunidades y pueblos. Para realizar esta articulación se harán reuniones periódicas de diálogo, y se procederá con base en consensos en un proceso que estará abierto a todas aquellas personas y organizaciones que quieran unificar sus visiones programáticas en torno de los ejes señalados. Resulta significativo que el primer pronunciamiento puesto a consideración –y que aún está en consulta– sea en torno de los derechos humanos, ya que éstos se han convertido en el lenguaje básico de diálogo entre todos aquellos que luchan por transformar al país, rumbo a la paz, la justicia y el bienestar. Otra noticia esperanzadora es que, según nos han informado quienes han venido trabajando en la sistematización de las propuestas de las diversas organizaciones sociales, una grata sorpresa pueda ser que las diferencias sean menores de lo que la mayoría se imagina, y que el esfuerzo máximo sea para construir la voluntad política que se requiere para lograr una sólida fuerza social, capaz de modificar los derroteros del país. Articular las agendas es un firme primer paso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada): Eneas de Troya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? 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Sociedad civil y sistema anticorrupción
Sociedad civil y sistema anticorrupción Sábado 21 de mayo de 2016 Miguel Concha Estamos viviendo un momento importante en nuestro país, caracterizado por la evolución de una sociedad civil tradicionalmente pasiva y escéptica a una más ampliamente organizada para formular y proponer leyes que propicien incorporar lo que muchos consideran necesario para convivir en un auténtico Estado de derecho. Arranca del hecho lamentable de que la forma en que ejercen funciones nuestras instituciones de gobierno las ha vuelto incapaces de frenar el crecimiento de la impunidad, y de que se ha declarado abiertamente que la corrupción es parte de nuestra cultura. Da la impresión de que nuestros funcionarios gobiernan conviviendo con ella y que algunos evidentemente lo disfrutan. No perciben la trascendencia y urgencia que le da la sociedad a este último problema y no entienden por qué hay molestia y malestar. Prueba de ello es el esfuerzo por minimizar las leyes anticorrupción y las tácticas dilatorias para aprobarlas. Como dato significativo, el titular del Ejecutivo Federal no asistió en días pasados al Foro Mundial sobre Corrupción que tuvo lugar en Londres, al que acudieron varios presidentes latinoamericanos, y en el que se argumentó que la corrupción en el sector público es una de las causas del evidente fracaso social del modelo económico que nos agobia. Lo que indica que para él la corrupción no es prioridad. Una de las propuestas de la sociedad civil que más preocupa a los gobernantes, que de lograrse la haría ciertamente más eficaz, es el conocimiento de sus declaraciones por parte de la ciudadanía, lo que le permitiría involucrarse activamente en el proceso de identificar y difundir prácticas corruptas. La reacción de los partidos políticos, en particular del PRI y el Verde, no se ha hecho esperar. Hacen lo de siempre. Tratan de incorporar enmiendas que diluyan, castren, desvirtúen los propósitos de las leyes que los obligan a actuar apegados a la legalidad y a la ética. Sin embargo, en esta ocasión nuestros legisladores se enfrentan a un proponente diferente, con el que no están acostumbrados a lidiar, ya que cuando reciben propuestas de otros poderes o partidos siempre han podido negociar, de modo que la corrupción e impunidad prevalezcan, y sigan siendo su moneda de cambio y su manera de operar. Te permito y otorgo prebendas inmorales e ilegales, a cambio de que te subordines a las prácticas que persiguen mantener o incrementar intereses personales, pecuniarios o de poder, sin considerar en forma alguna el bien general. Las siete leyes que constituyen el sistema nacional anticorrupción tienen elementos de los que no se puede en absoluto prescindir. Tal es el caso de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, la cual debe ser efectivamente autónoma, para nada subordinada a quienes tiene que juzgar. Integrada con un conjunto de facultades que le permitan aplicar sanciones administrativas y penales, con el fin de que pueda ser realmente eficaz y llegar hasta sus últimas consecuencias, sin que se permita interferir con recursos judiciales que difieran y minimicen tales sanciones. Por ahora me quiero referir a la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su título segundo, artículo 10, incorpora la esencia de la propuestatres de tres, respaldada con 640 mil firmas de ciudadanos, pues se ha comenzado a percibir que algunos de los representantes de la sociedad civil que participaron en su formulación han empezado a claudicar y a aceptar la propuesta del PRI-Verde, aduciendo que en el citado artículo aparece la siguiente mención: Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. La interpretación interesada y sesgada de esa mención permitiría, según algunos legisladores y representantes del sector privado, que haya dos versiones de la declaración patrimonial, una para el público –es decir, un listado de vaguedades incuantificable, que no permite en forma alguna conocer el monto del patrimonio ni cómo está constituido– y otra, la oficial, que supuestamente sí lo detallaría. Más aún, lo realmente ridículo es que se acepte como declaración fiscal el simple acuse de recibo de la misma, sin que se publique su contenido. Lo cual impediría conocer si el funcionario ha pagado correctamente sus impuestos. Es importante recordarle a esos representantes del sector privado que han comenzado a flaquear que la oferta a la ciudadanía, con la que consiguieron el apoyo de más de 600 mil personas, fue la petición concreta de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscales, y no las seudo declaraciones o acuses de recibo que no permiten conocer si nuestros gobernantes son honestos y actúan conforme a la ley, o no, que es el verdadero propósito. Nunca se les planteó que estarían facultados a negociar con la voluntad de los ciudadanos. Sería un gran freno a ese más amplio despertar de la ciudadanía, que da esperanzas de una convivencia más apegada a la moral y a la ley, el que con una actitud, tan usual en nuestro medio, sacrifiquen lo trascendente, a cambio de lograr lo posible, y acepten las propuestas del PRI y el Verde, haciendo nugatorio el esfuerzo y compromiso de la sociedad. Es indispensable que nuestros representantes exijan que se aprueben las siete leyes que integran el sistema anticorrupción, manteniendo íntegramente su autonomía, y recogiendo sin concesiones las propuestas de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Marte Merlos Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y ciudadanía Veinte años de Serapaz Autoritarismo y conflictividad social Convergencia de agendas sociales Urgencia de seguridad ciudadana ¿Cómo se enfrenta a la minería?
La amenaza del fracking
La amenaza del fracking En México existen zonas donde se registran yacimientos de recursos energéticos que son de mucho interés para la extracción del shale gas o gas de lutita con la técnica del fracking. Se pueden identificar en como Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Los procesos de licitaciones ya iniciaron en nuestro país, por ello es urgente continuar con la denuncia sobre el peligro que supone la implementación de la reforma energética. 15 de mayo de de 2016 Por: Salomé Almaraz Reyes La dignidad en nuestras manos La Reforma Constitucional en materia energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, parece ser la médula de lo que hasta hoy día conforman las llamadas “grandes reformas estructurales” (RE’s), las cuales son una consolidación de medidas tecnocráticas que van en detrimento de los derechos sociales protegidos en instrumentos internacionales signados por México y que en 2011 fueron consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante tomar en cuenta la velocidad con la que se han aprobado dichas reformas estructurales, en comparación a la reforma en materia de derechos humanos. Mientras esta última llevó meses y mesas de negociación, plazos y modificaciones, la reforma energética, junto con sus legislaciones secundarias que la respaldan (Ley de Hidrocarburos y Ley de Energía Eléctrica, la Ley General de Agua, entre otras), fueron aprobadas y adoptadas por las Cámaras y los estados en tiempo récord, con ausencia de un mecanismo de participación ciudadana, consulta o discusión pública. Ante este panorama, especialistas, organizaciones civiles, comunidades y luchadores sociales se han pronunciado contra los cambios legislativos en la materia, pues constituyen un retroceso en política ambiental; corremos el riesgo de perder soberanía sobre el territorio y sobre un recurso energético como el petróleo; esta reforma también es un obstáculo para transitar hacia un modelo energético sostenible. Igualmente, han denunciado que su implementación representa graves violaciones a derechos humanos, como el de participación ciudadana, a la consulta, a la tierra y territorio, a la vivienda, a la salud, alimentación, medio ambiente, y los que se relacionen conforme avanza el análisis que hacemos. Uno de los puntos más preocupantes tiene que ver con la autorización para implementar la extracción de hidrocarburos basado en el fracking (fractura del suelo para la obtención de gas). Sobre esto se ha advertido que se trata de una de las técnicas más nocivas, que no significa la obtención de un recurso energético más ecológico, por el contrario, sí representa un daño irreversible al medio ambiente, al agua y la salud de la población que habita en las inmediaciones de los territorios donde se realizará dicha práctica. Entonces, ¿por qué se habla de un proceso nocivo? La técnica del fracking es un método de extracción, procesamiento y transporte donde diversas mezclas (agua, arena y productos químicos que pueden dañar la salud de las personas) son inyectadas al subsuelo, lo que a su vez desprende gas metano, considerado uno de los elementos más nocivos para el medio ambiente y que agudizan el cambio climático. Sin que suene exagerado, pero es cierto que en gran parte del mundo -sobre todo donde se ha implementado el fracking- se documenta cómo se relaciona la implementación de esta técnica extractiva con contaminación de mantos y pozos de agua ubicados en las zonas de explotación. Impresiona observar videos, que abundan en internet, sobre experiencias de diversas familias que ven arder su agua debido a los gases y productos químicos concentrados en los acuíferos que abastecen sus comunidades. Esta contaminación del territorio, del agua y del aire (por la mezcla de polvo y vapores químicos) ha provocado daños severos en la producción agropecuaria de las poblaciones; más grave aún, ha causado el detrimento de las condiciones de salud de las y los habitantes de dichas comunidades; se registran afectaciones relacionadas con bajo peso y afectaciones genéticas en niños recién nacidos. Por si fuera poco, el daño al subsuelo se asocia con sismos constantes en dichas regiones. La escasez de agua debido a las grandes cantidades usadas para esta técnica generarán conflictos sociales relacionadas con el acceso a este vital elemento. A todo esto hay que agregar que con la reforma energética, en particular con la implementación del fracking, se propicia el desplazamiento forzado de comunidades. Por ejemplo, la Ley de Hidrocarburos no pone ningún impedimento para el despojo, pues señala que si bien debe consultarse a pueblos y comunidades o ejidos sobre la implementación de proyectos de extracción de gas, privilegia la garantía para que empresas petroleras y gaseras puedan sin “obstáculo” alguno implementar sus proyectos. Las concesiones se respaldarán en la figura de “servidumbre legal” de hidrocarburos y con ello permitir que el proyecto proceda. En México se considera una actividad prioritaria nacional la producción de hidrocarburos por encima de la producción de alimentos o la conservación del medio ambiente. La Alianza Mexicana contra el Fracking desde 2013 trabaja para difundir y generar conciencia sobre las afectaciones sociales, al medio ambiente y a la salud que están asociadas a esta técnica. Actualmente, quienes la conforman tienen demandas contundentes: prohibición del fracking, el retiro de concesiones para la explotación de hidrocarburos no convencionales, y la apertura de un espacio real y certero de discusión con amplia participación ciudadana, que realmente incorporen las opiniones de quienes se oponen a esta reforma estructural. En México existen zonas donde se registran yacimientos de recursos energéticos que son de mucho interés para la extracción del gas con la técnica del fracking. Se pueden identificar en Chihuahua, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, y Veracruz. Los procesos de licitaciones ya iniciaron en nuestro país, por ello es urgente continuar con la denuncia sobre el peligro que supone la implementación de la reforma energética. No se trata de un discurso que detiene el desarrollo casi troglodita, como lo han querido minimizar sus más arduos defensores. Sostenemos que, contrario a lo que ellos digan, estamos en un trabajo de defensa de derechos humanos. Buscamos sensibilizarnos
Consulta legal y amañada
Consulta legal y amañada Sábado 14 de mayo de 2016 Miguel Concha Como resultado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación con las afectaciones a comunidades mayas por la siembra de soya transgénica, se ordenó realizar una consulta a las comunidades indígenas de Campeche y Yucatán. Sin embargo, y apenas comenzada la fase de acuerdos previos, ya se han registrado irregularidades en el proceso. La Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada presentó esta semana el primer reporte elaborado con base en la documentación recabada en dos comunidades de Campeche: Hopelchén y Tenabo. En él se da cuenta de manera pormenorizada de las fallas que se presentaron en este primer intento por cumplir la sentencia. Es importante señalar antes que esta Misión se constituyó a petición de las comunidades que serán consultadas, con la finalidad de que organizaciones a escala nacional, y otras propias de la península de Yucatán, acompañen testimonialmente la realización de la consulta. Lo cual cobra relevancia teniendo en cuenta que en otras consultas que ya se han hecho en México son precisamente estas misiones de la sociedad civil las que han coadyuvado para la denuncia de los procesos de consultas ilegales y amañadas contra las comunidades y pueblos indígenas. Para este caso, la Misión se ha conformado por más de 25 organizaciones sociales, a las que se suman académicos y expertos en la materia. Lo que muestra este primer reporte se relaciona con la fase denominada de acuerdos previos, pues ahora sabemos que esta consulta se realizará en cinco momentos: acuerdos previos, informativo, deliberativo, consultivo, y de ejecución y seguimiento de acuerdos. Pues bien, el proceso actual se ubica en el primero, y por desgracia ya las autoridades de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, han efectuado acciones que ponen de manifiesto el incumplimiento de la sentencia de la SCJN y omiten atender los estándares internacionales para la realización de estas consultas. La Misión reportó que mientras se realizaron las reuniones con las comunidades convocadas, no hubo en las dos primeras de ellas la presencia de traductores e intérpretes de lengua maya, toda vez que uno de los principios fundamentales de la consulta indígena es que debe ser culturalmente adecuada y en la lengua de las comunidades. Y ahonda en episodios que muestran cómo las autoridades encargadas de realizar las actas correspondientes no consignaban, en ninguna de las reuniones realizadas, lo que en lengua maya expresaban representantes de las comunidades. La Misión identificó también que las autoridades se presentaron a las reuniones con información confusa y poca disposición para explicar ampliamente las implicaciones y el significado de una consulta de este tipo, violando de esta manera el principio de buena fe y el carácter informativo que debe tener la consulta. Por si no fuera suficiente, se registraron igualmente presiones de las autoridades para imponer un calendario a quienes estuvieron en las reuniones. A lo que las y los representantes de las comunidades respondieron que sus tiempos son muy diferentes, y por ello requieren que se realice esta consulta de manera amplia, con tiempos holgados y libremente, pues en todo momento tienen que consultar a sus comunidades. Igual de grave es lo que señala la Misión respecto a la pésima actuación de funcionarios federales, quienes intentaron influir en las decisiones de los asistentes por medio del ofrecimiento de obras públicas, como una carretera, o bien proporcionando información tergiversada en relación con las abejas y su aproximación con la soya transgénica, pues funcionarios de Cibiogem argumentaban que no era verídico que la miel hubiera sido contaminada, al tiempo que intencionaban dar por sentado que las siembras de soya transgénica se realizarían de cualquier forma. Y de paso, los representantes del Estado se negaron a pagar los gastos de traslado de las respectivas representaciones de las comunidades, lo que, conforme a la sentencia de la SCJN, es obligación de las autoridades implicadas. Además, en todo este proceso los funcionarios públicos se empeñaron en que los representantes de las comunidades dieran ya su anuencia para avanzar en la siguiente fase. Por fortuna no lo lograron, pero sabemos que las presiones de las grandes corporaciones influyen sobremanera en el actuar de las autoridades. Todo lo cual demuestra que se violentan los principios de la consulta, tales como la buena fe, y el que sea libre y de carácter informativo, imparcial y culturalmente adecuada. Estos detalles pueden consultarse en (https://goo.gl/d4i0Wl). Queda muy claro que en esta consulta se hace vital que se respeten la cultura, los tiempos, y usos y costumbres de las comunidades consultadas. Las consultas a pueblos y comunidades indígenas no deben ser instrumentadas para que de cualquier forma se les impongan megaproyectos. En este caso en su versión de monocultivos nocivos. El Estado debe partir de buscar el consentimiento de las comunidades, y, en caso de no obtenerlo, anular el megaproyecto que intentaban realizar. De lo contrario se configuran graves violaciones a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. La pregunta es, ¿tendrá el Estado mexicano la voluntad de corregirse la plana y hacer una consulta con apego a los estándares internacionales y a la sentencia de la SCJN? Sigamos para ello de cerca el trabajo de la Misión de Observación y escuchemos con atención la experiencia de las comunidades mayas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Consulta Indígena Maya Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? 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Incumplimiento de recomendaciones
Incumplimiento de recomendaciones Sábado 7 de mayo de 2016 Miguel Concha Luego de 14 meses de coadyuvancia con la Procuraduría General de la República (PGR), el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el domingo 24 de abril, ante familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, la comunidad de derechos humanos, así como medios y personas que han seguido de cerca este caso, su informe final. El GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, señaló que no les fue posible establecer el paradero de los jóvenes desaparecidos, debido en parte a las fallas y retrasos de la PGR, así como a los obstáculos para no poder volver a entrevistar a detenidos ni obtener declaraciones de militares, líderes políticos y ex funcionarios de alto rango. Lamentaron la actitud del Estado mexicano de no apoyarlos en la prórroga solicitada, con el pretexto de que su participación ya no era necesaria. Sin embargo, no es ésta la primera vez que el gobierno mexicano obstaculiza o frena el trabajo de organismos internacionales de derechos humanos que visitan nuestro país. Recordemos que en mayo de 2015 el Relator contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, presentó en Ginebra un informe en el que señaló que la tortura es generalizada en México y ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de la justicia, con fines de castigo e investigación y en un contexto de impunidad. Esas fueron algunas de sus conclusiones, luego de reunirse entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014 con altos funcionarios, representantes de la sociedad civil, víctimas de tortura y sus familiares, así como miembros de organizaciones internacionales y de la comunidad diplomática en México. Las reacciones de Juan Manuel Gómez Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se hicieron esperar. Expresó que la actuación de Juan Méndez no era profesional ni ética, ya que, según él, dio mayor valor a premisas sin pruebas, y desestimó los argumentos oficiales. Advirtió además que ya no sería invitado nuevamente, y así fue, pues en septiembre de 2015 el relator solicitó de manera formal llevar a cabo una visita de evaluación y seguimiento del informe previamente emitido. La respuesta de México fue negativa, argumentando que se recibirían otras visitas que ya se habían previsto. El actual gobierno minimiza la información contenida en los folios 0001700300414 y 0001700020615, en los que la PGR informa haber recibido 4 mil 55 denuncias por el delito de tortura entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de octubre de 2014, con solamente 15 sentencias condenatorias por dicho delito. En ese mismo lapso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del folio 00062414, afirmó haber recibido 104 quejas por tortura y emitido 188 recomendaciones por tortura y malos tratos. En un hecho inédito, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió también, en un lapso menor a un año, cinco opiniones oficiales al gobierno de Enrique Peña Nieto, en las que señala que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de cinco defensores de derechos humanos que menciono a continuación: el periodista Pedro Celestino Canché Herrera, el activista mixe Damián Gallardo Martínez, el estudiante de la UNAM Enrique Guerrero Aviña, el abogado defensor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas Librado Jacinto Baños Rodríguez, así como Nestora Salgado García, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Si bien cada caso es independiente, lo cierto es que entre los cinco tienen algo en común: todas estas personas realizaban una labor de defensoras de derechos humanos antes de su detención, repitiéndose de así el patrón de criminalización de quienes se organizan para defender sus derechos. En los casos de Gallardo y Guerrero se detectó que existe un proceso de incomunicación y violaciones al debido proceso, pues al momento de ser detenidos fueron desaparecidos, torturados y llevados a un penal federal. Estas opiniones fueron emitidas entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, pero a la fecha el gobierno no ha informado ni a la ONU ni a las familias ni a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan. Mucho menos ha dado respuesta oficial a ninguna de las peticiones que le hizo Naciones Unidas, como la de la libertad inmediata de Enrique Guerrero, Librado Baños y Damián Gallardo, ni a la correspondiente reparación del daño por parte del Estado. En los casos de Pedro Canché y Nestora Salgado, aun cuando ambos ya están en libertad, la persecución penal en su contra no ha cesado. La comandanta de Olinalá permanece en Estados Unidos ante el temor de ser detenida nuevamente, pues la Fiscalía General de Guerrero informó que apelará las órdenes de libertad emitidas en marzo pasado. Con las tres situaciones antes referidas se demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para obtener insumos, observaciones y recomendaciones de organismos internacionales que permitirían fortalecer la garantía y el respeto a los derechos humanos en México. Resultan, pues, muy preocupantes las campañas de desprestigio y negación iniciadas por el gobierno mexicano contra expertos internacionales en derechos humanos, tanto de la ONU como del Sistema Interamericano, que pretenden desacreditar la importante y necesaria labor de investigación sobre violaciones a derechos humanos que ocurren sistemáticamente en nuestro país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Miscelánea legislativa por las víctimas Imputaciones falsas Nuevo constitucionalismo en la CDMX Derechos humanos frente a empresas Normalización de la represión política FSM: logros y retos ¿Una reforma garantista con las familias? Discriminación social contra migrantes Debate sobre la protesta social Defensa contra megaproyectos mineros Una consulta trucada Otra oportunidad fallida para la justicia Tlatlaya: caso abierto Diálogo incluyente y verdadero Constituyente y
