Dos años sin justicia y atención adecuada para víctimas del sismo del #19S
Sin avances significativos para esclarecer los hechos en el caso de Bolívar 168 Mediante amparo otorgado a familias, se evita la impunidad y el cierre de investigaciones. Han pasado dos años desde el 19 de septiembre de 2017, cuando la Ciudad de México enfrentó un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, recordándonos, a la vez, al también trágico 19 de septiembre de 1985. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó a su paso una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Del mismo modo, el #19S también fue reflejo y consecuencia de las prácticas ilegales de empresas inmobiliarias apostadas en la Ciudad de México desde hace años, así como de un actuar de gobiernos anteriores caracterizados por la implementación de políticas públicas guiadas por la explotación inmobiliaria desmedida y el otorgamiento de permisos de construcción de manera indiscriminada, dejando de lado criterios y estándares internacionales y normatividad correspondiente en materia tanto ambiental como de desarrollo urbano. Después de dos años de los hechos del sismo, a través de diversos informes e investigaciones, tanto de organismos públicos de derechos humanos como de organizaciones de la sociedad civil, y grupos de personas académicas, se ha logrado documentar que, si bien los hechos del 19 de septiembre, por su propia naturaleza, corresponden a un sismo con una gran fuerza, sus consecuencias se agravaron de una manera alarmante por una gran cantidad de factores humanos. Por lo tanto, el #19S no solamente debe considerarse como un fenómeno natural, sino también como una catástrofe socialmente construida. El incumplimiento por parte de las autoridades en sus obligaciones de vigilar e inspeccionar el adecuado respeto a la reglamentación en la materia, al igual que su participación en el otorgamiento de permisos que propiciaron crecimientos inmobiliarios desmedidos, contribuyeron enormemente a que de manera activa u omisiva fueran responsables de violaciones a derechos humanos, dado el incumplimiento de sus obligaciones de mitigación y prevención de riesgos. Esta situación fue documentada y descrita ampliamente también en la Recomendación 12/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A lo largo de estos dos años, familiares de las víctimas del #19S han emprendido un largo recorrido para acceder a la justicia y a la verdad. Según ellos, dicho proceso se ha caracterizado, entre otras cosas, por investigaciones deficientes, demora en los tiempos, gran dificultad para acceder a la información relacionada con el caso, e incluso intentos para cerrar toda investigación. Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Bolívar 168, cuya carpeta de investigación se abrió desde el 29 de septiembre de 2017 y que, pese a ello, hasta el día de hoy no hay ningún responsable. De igual manera hubo intentos por parte de la Procuraduría capitalina de darle carpetazo, pues en el último día de la administración pasada se determinó el no ejercicio de la acción penal en las investigaciones de los hechos denunciados en relación con el sismo, aun sin haber realizado todas las diligencias y peritajes necesarios para determinar semejante decisión. Cabe enfatizar que esta situación se revirtió mediante un amparo otorgado a las familias, cuando el Poder Judicial ordenó a la misma Procuraduría reabrir las investigaciones. Ante los intentos de dejar en la impunidad y en el olvido las investigaciones relacionadas a propósito del sismo del 19 de septiembre de 2017, seguimos buscando junto a las víctimas justicia y verdad, al igual que investigaciones claras y eficientes que abran otras líneas de investigación que busquen determinar la posible responsabilidad de las diversas autoridades y servidores públicos involucrados por su acción u omisión, y escuchar y tomar en cuenta las diversas aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos que pueden coadyuvar en las investigaciones. Finalmente, a dos años del sismo hacemos un llamado a las autoridades federales y locales para redoblar esfuerzos y garantizar a las víctimas el pleno acceso a sus derechos, haciendo todo lo necesario a su alcance para implementar cambios estructurales que posibiliten la no repetición de estos altos impactos hacia las personas y comunidades en futuros desastres, como el sismo del #19S. ATENTAMENTE Familiares de víctimas del edificio Bolívar 168 y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C Imagen destacada: Alberto Ledezma
Propuesta de presupuesto ignora emergencia climática asignando recursos millonarios a gas y petróleo
Aumenta en 72% presupuesto de Sener, 95.7% de éste va para gas y petróleo. 73% de los recursos para combatir cambio climático se utilizan para transportar gas natural. El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PPEF 2020), recientemente entregado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, no es congruente con una política enfocada a atender el cambio climático lo que es preocupante ante el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. El análisis de este documento refleja la continuidad y profundización de una política pública que prioriza la explotación de hidrocarburos como fuente de energía y de ingresos públicos, que en 2020 recibe 11.21% del presupuesto total del sector público presupuestario, con un total de 683.6 mil millones de pesos (mmmp). En línea con lo ocurrido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 (PEF 2019), se siguen aumentando recursos para la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en proyectos de gas y petróleo, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo crudo, que pretenden que pase de 1,697 miles de barriles diarios en 2019 a 1,951 mbd en 2020. Así, de aprobarse el PPEF 2020 la Secretaría de Energía (SENER) recibiría un aumento real de 72% de su presupuesto con respecto al presupuesto de 2019, con un total de 48.5 mmmp, de los cuales 95.7% va dirigido a temas de petróleo y gas natural. La prioridad de dicha Secretaría parecería no ser de “energía”, sino únicamente de hidrocarburos. En particular, 46.3 mmmp se dirigirán a inversión en Pemex y, de estos, 41.3 mmmp a la nueva refinería de Dos Bocas. En esta línea, es importante recordar que en 2019 ya se había aumentado el presupuesto de la Sener en 961.3% en términos reales respecto a 2018, al pasar de 2.5 mmmp a 27.2 mmmdp, de los cuales 25 mmmp fueron para inversión en Pemex. Para 2020, a esta empresa productiva del Estado se le está asignando un presupuesto de 290.7 mmmp para Programas y Proyectos de Inversión, una cantidad millonaria que irá directamente a inversiones sucias en combustibles fósiles, causantes de la crisis climática en la que nos encontramos actualmente y ante la cual es urgente actuar. Entre los proyectos financiados destaca la asignación de 10.8 mmmp para explotar gas y petróleo mediante fracking, lo que aumentaría 58.4% en términos reales los recursos ya asignados para este fin en el presupuesto de 2019. Este hecho es alarmante, dado que el uso de esta técnica tiene un impacto aún mayor sobre el calentamiento global y supone la profundización de un modelo fósil que debemos abandonar en el corto plazo para evitar un calentamiento catastrófico de la temperatura del planeta. Además, esto es una contradicción con los anuncios realizados por el Presidente, quien ha señalado en diversas ocasiones desde el mismo día de su investidura que el fracking no se realizará en México. Si bien entendemos la intención del presente Gobierno de fortalecer la rectoría del Estado de la política energética, nos resulta sumamente alarmante que esto se haga fortaleciendo a Pemex y la explotación de gas y petróleo, política completamente insostenible ante la crisis climática actual. Es importante destacar que a diferencia del PEF 2019 en el que se asignaron 23.9 mmmp al Anexo Transversal para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en 2020 se establece una contribución de 55.6 mmmp. Sin embargo, a pesar del incremento, 40.29 mmmp, es decir el 73% de los recursos de todo el anexo se destinan solamente al transporte de gas natural a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Resulta indignante que el fomento a los hidrocarburos permee aún en el presupuesto destinado a mitigar y adaptar el país a la crisis climática actual. Es un error delicado destinar recursos que podrían ser utilizados para reducir la vulnerabilidad del país y para atender la crisis climática a una actividad que más bien la agrava. El gas natural es un combustible fósil, compuesto principalmente de metano que es un gas poderoso de efecto invernadero, que no puede ser visto como un combustible puente, la urgencia y la evidencia científica nos insta a dejar de utilizarlo en el corto plazo. Por ello, desde las organizaciones firmantes consideramos que el gobierno en turno tiene la oportunidad y la responsabilidad de tomar acciones radicales y ambiciosas que permitan dirigir al país hacia una verdadera transición con un modelo genuinamente sostenible. Uno que le garantice a las presentes y futuras generaciones el derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de vivir una vida digna. Esto, entre otras cosas, implica el comenzar a reducir la extracción de hidrocarburos y evitar la construcción de más infraestructura que nos condiciona a seguir explotando y consumiendo este tipo de combustibles. En este sentido, hacemos un llamado a nuestras y nuestros representantes para que hagan un cambio de dirección y a que impulsen desde el sector público la transición energética justa hacia un modelo renovable y descentralizado. Imagen destacada: WildEarth Guardians
La designación de la próxima persona titular de la CNDH es fundamental para responder a la crisis de derechos humanos que atraviesa el país
El Senado tiene la obligación de garantizar una designación transparente, abierta y que genere confianza sobre la idoneidad de la persona que encabece la CNDH durante los próximos cinco años. En el marco del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, hay en la agenda una designación que cobra una relevancia sustancial para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes viven o transitan por México. Se trata de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución fundamental ante la grave crisis de derechos humanos, violencia e impunidad que atraviesa el país. Las más de 40 mil personas desaparecidas, los más de 300 mil homicidios, las tres mil fosas clandestinas, los 26 mil cuerpos sin identificar y los nueve asesinatos de mujeres que suceden, en promedio, cada día, ponen en evidencia la crítica situación del país. Ante esta grave realidad, es indispensable que la designación que llevará a cabo el Senado de la República garantice un proceso que permita contar con un perfil con amplio conocimiento en materia de derechos humanos y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución, precisamente por la enorme responsabilidad y relevancia de la CNDH. Los Principios de París –que refieren al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos– establecen que el nombramiento de sus titulares “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, especialistas, académicos/académicas y personas defensoras de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento hacemos un llamado al Senado de la República para que: Realice de manera participativa la convocatoria con la cual dará inicio esta designación y a partir de este documento se dé certeza jurídica sobre cada una de las etapas y criterios que guiarán las decisiones del proceso; Desarrolle una designación en mejores términos que las realizadas por Legislaturas pasadas; Garantice el principio de máxima publicidad del proceso, privilegiando la transparencia proactiva, al ser de gran interés público toda la información de esta designación; Establezca mecanismos efectivos de participación ciudadana y de parlamento abierto, poniendo especial énfasis en la inclusión de las víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos; Defina criterios claros y objetivos para evaluar a las y los candidatos que dé pauta a un análisis riguroso de sus cualidades y méritos profesionales para asumir dicho cargo; Rinda cuentas de manera amplia y exhaustiva de las decisiones tomadas, a partir de fundar y motivar las razones que sustentan cada decisión; y Garantice la igualdad y no discriminación, en particular la equidad de género, en la valoración de las candidaturas propuestas. Estamos convencidas de que el buen desempeño de las instituciones pasa necesariamente por designaciones que aseguren estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, por lo que, las y los senadores tienen la enorme responsabilidad de construir confianza y dotar de legitimidad a esta designación clave para el futuro de México, y de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado. #SinCuotasNiCuates Organizaciones 1. Académicas en Acción Crítica 2. Acción Popular por la Inclusión y la Equidad en Chiapas, A.C. 3. Aldeas Infantiles SOS 4. Almas Cautivas 5. Amnistía Internacional México 6. APIC Utopía, A.C. 7. Arthemisas por la Equidad, A.C. 8. Artículo 19 México y Centroamérica 9. Asistencia Legal por los Derechos Humanos 10. Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), A.C. 11. Asociación Multidisciplinaria de Archivos y Bibliotecas, A.C. 12. Asylum Access México, A.C. 13. Borde Político 14. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM 15. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. 16. Causa en Común, A.C. 17. Centro de Apoyo para la Educación y la Creatividad Calpulli, A.C. 18. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. 19. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. 20. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cordero, A.C. (…) (Firman 114 organizaciones) Imagen destacada:
Poder Judicial de la Federación otorga amparo que ordena a CONAVIM declarar Alerta de Violencia de Género en CDMX
-Juzgado halla omiso y negligente el actuar de la CONAVIM, frente a la violencia contra las mujeres. -Poder Judicial reconoce la existencia de la violencia feminicida en la CDMX y mandata la participación de las OSC en la implementación de las acciones derivadas de la AVG. El pasado viernes 13 de septiembre de 2019, el Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de amparo 968/2019-I, que ordena a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México (CDMX), en un plazo no mayor a 10 días naturales. El amparo fue interpuesto el 28 de junio de 2019 por las organizaciones peticionarias de la AVGM: Justicia Pro Persona, y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT, luego de la resolución emitida por la CONAVIM el 7 de junio de 2019, en la que determinó que no era procedente declarar la AVGM en la CDMX. La resolución del juicio de amparo 968/2019-I fue emitida por el Juez José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual fue atestiguada por la Licenciada Paulina Verdeja Jiménez, Secretaria de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En dicha resolución, el Poder Judicial reconoce que: I.-La CONAVIM pasó por alto la naturaleza de emergencia de la AVGM. Cabe recordar que la petición de la Declaratoria se realizó el 7 de septiembre de 2017, y la resolución de la CONAVIM se dio hasta el 7 de junio de 2019, es decir, un año y 9 meses después, sin que el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevea la posibilidad de otorgar prórrogas para la remisión del Informe por parte del Gobierno. Es por eso que el retardo en resolver sobre la solicitud de la AVGM y la determinación final de no decretarla, contraviene el parámetro de regularidad constitucional de los derechos humanos de las mujeres, pues se perdió de vista la naturaleza de emergencia del mecanismo, así como las cifras relacionadas con feminicidios y homicidios de mujeres en la ciudad. II.Existió una indebida fundamentación y motivación de la resolución en la que se determinó no declarar procedente la AVGM, ya que a partir del análisis del Grupo de Trabajo, de las acciones realizadas por el gobierno de CDMX, sólo se cumplieron tres de un total de seis, es decir el 50%, mientras que una estaba en proceso de cumplimiento y dos parcialmente cumplidas. Por otra parte, de los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron sólo 22 (30.5%), siete están en proceso de cumplimiento (9.7%), 11 se consideraron parcialmente cumplidos (15.2%) y 32 no fueron cumplidos (44.6%). Aunado a ello, el contexto de violencia feminicida en la CDMX prevalece. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Juzgado refiere que de enero a julio de 2019 se han denunciado 26 delitos de feminicidio y 99 casos de homicidio doloso contra mujeres, asimismo, 65 mil 679 presuntas víctimas mujeres por delito, entre los que se encuentran trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, tráfico de mejores y lesiones dolosas. Asimismo, de enero a julio de 2019 hubo un total de 2 mil 700 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, y que de 2017 a la fecha -año en que se solicitó la AVGM- 77 mujeres fueron víctimas de feminicidio: 37 en 2017 y 40 en 2018; además de otros delitos como violencia sexual, trata de personas y desaparición, por lo que “de lo anterior se advierte que en CDMX existe un contexto de violencia feminicida”. Asimismo, cuatro de siete integrantes del propio Grupo de Trabajo se manifestaron a favor de la declaración de la AVGM en la capital del país, por lo que, conforme al artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CONAVIM debió emitir la declaratoria de la AVGM en la CDMX. III.-La CONAVIM no se basó en el dictamen sino en las “acciones relevantes” que, según su consideración, implementó el nuevo gobierno de la Ciudad de México. IV.-La CONAVIM no realizó una interpretación conforme a los parámetros de regularidad constitucional, no aplicó el principio pro persona ni tampoco realizó un riguroso control de convencionalidad para garantizar los derechos de las mujeres. V.-La CONAVIM omitió actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y cumplir con la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres que habitan en la Ciudad de México a una vida libre de violencia, de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución. VI.-La resolución de CONAVIM contraviene los instrumentos internacionales y obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en específico, el derecho a una vida libre de violencia, como las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) hizo a México en 2018, en el sentido de que debía “adoptar las medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, así como garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de AVGM y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal”. Ante ello, la resolución deriva de la disonancia con el contenido de la norma, y el Poder Judicial advierte que durante los casi dos años que se tardó la autoridad en emitir la resolución, las mujeres y niñas que habitan en la Ciudad de México permanecieron
Familiares de víctimas exigen a Poder Judicial, juzgue con perspectiva de género
Familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales exigen que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género, los casos relacionados con la violencia feminicida. Como organizaciones de la sociedad civil, hemos documentado una serie de acciones y omisiones que obstaculizan el acceso a las justicia para las víctimas de feminicidio, para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y para las familias de las víctimas. La reproducción de prejuicios y estereotipos de género, imperan antes que el cese de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Las descalificaciones, falta de credibilidad, prejuicios, la responsabilidad de los hechos hacia las propias víctimas e investigarlos como otros delitos, como el suicidio u homicidio doloso -en los casos de los feminicidio-, nos deja ver la ausencia de perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. A pesar de que en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el criterio de que toda muerte violenta de mujeres sea investigado como feminicidio, la realidad nos evidencia que además de que no es un criterio cumplido, el problema continúa al reconocer que solo un porcentaje mínimo de los casos investigados como feminicidio concluye con una sentencia. Seguimos documentando casos brutales en los que las mujeres son violadas sexualmente antes de ser asesinadas, torturadas, y en los que los cuerpos de mujeres, niñas y jóvenes son acribillados de las formas más crueles. Pese a ello, existe una gran reticencia por parte de las autoridades para que realicen las acciones necesarias, análisis de contexto, peritajes, etc. que puedan no solo resolver los casos que se presentan, sino para prevenir otros feminicidios. El desconocimiento y la negativa para otorgar medidas de protección se convierte en una omisión que coloca en riesgo a las mujeres y que ha acabado con sus vidas. La inacción de las autoridades, su actuar sin perspectiva de género y la impunidad ha derivado en la existencia de una ciudad y un país feminicida y sin justicia para las mujeres. Hoy, a 2 años, 4 meses, y 5 días del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017 y en el que las autoridades capitalinas argumentaron que había sido un suicidio, vemos como la lucha de su familia, organizaciones y defensoras acompañantes, así como la movilización e indignación social, logró la reclasificación del caso para que este se investigue como feminicidio.En este contexto, cabe recordar de acuerdo a la SCJN -máximo tribunal de justicia en México- el Poder Judicial debe “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Dada la violencia que acaba con la vida de las mujeres en México, como familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno Federal para que: -Agilicen y juzguen con perspectiva de género todos los casos relacionados con violencia feminicida. -Garantice el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctima de feminicidio y/o de tentativa de feminicidio. -Declare la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México y para los estados en donde se ha documentado el aumento, agudización y prevalencia de este tipo de violencia. De manera particular y dado que los días 9, 10,11,12,17,18,19 y 20 se desarrollará el juicio oral relacionado con el feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, hacemos un llamado para que las operadores de la justicia, juzguen con perspectiva de género y se garantice el acceso a la justicia, de acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres. Como familiares, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, estaremos atentas del desarrollo del juicio e informando a la ciudadanía nacional e internacional sobre los precedentes que pudieran sentarse a raíz de este caso, con miras a que sea la justicia la que llegue a cada una de las familias a las que les ha sido arrebatada una hija, una hermana, o una madre. Atentamente, Familiares de víctimas de Feminicidio Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, (REDTDT). Imagen destacada: Esx Queso
Organizaciones peticionarias de la AVG urgen declaratoria en el marco de marcha de víctimas de CDMX
Exigencia de mujeres en la CDMX sin respuesta efectiva de autoridades. Organizaciones de la Sociedad Civil se suman a Marcha del Silencio convocada por víctimas y colectivas de mujeres. Alerta de Género para CDMX es necesaria y urgente; autoridades deben decretarla e implementarla sin más demora. La acciones emprendidas por mujeres para denunciar la violencia feminicida que enfrentan, así como las voces que solicitan una Alerta de Género para esta Ciudad, unido a las recientes movilizaciones de mujeres, demuestran que existe la ausencia de una vida libre de violencia para las mujeres que habitan o transitan por la capital del país. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX), nos pronunciamos en solidaridad con las movilizaciones de las mujeres organizadas, que dignamente persisten en convocarse para expresar la necesidad de medidas urgentes que aseguren una vida libre de violencia para las mujeres, y acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violencia feminicida en la Ciudad de México y el país. Nos sumamos a la exigencia de justicia de las madres y familiares de víctimas de feminicidio y otras violencias, que convocan a marchar en silencio el día de hoy en la Ciudad de México. Nos adherimos a las demandas de todas las mujeres que luchan, colectivas de mujeres, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y diversas colectividades que acompañan el llamado a exigir justicia, manteniendo un diálogo abierto y transparente, que nos lleve a construir acciones efectivas para enfrentar la violencia feminicida. Consideramos necesario recordar que ante la negativa de la CONAVIM de la SEGOB, el pasado 9 de junio de 2019 para declarar la AVGM en la Ciudad de México, hoy esta entidad se encuentra sin un mecanismo vinculante, coordinado e integral, que permita implementar y evaluar las medidas necesarias para que las mujeres accedan una vida libre de violencia. El diagnóstico realizado en el marco de dicha solicitud, es una clara radiografía de la situación que enfrentan las mujeres que viven y transitan en la Ciudad; las recomendaciones del Grupo de Trabajo, con académicas expertas, a su vez recogen medidas para atender la violencia feminicida de manera estructural y coherente, involucrando a los tres niveles de gobierno, por lo que deben servir para trazar acciones y políticas públicas con sustento, evitando respuestas inmediatas y provisionales sin efecto, ante la cada vez más visible y articulada demanda de las mujeres. La AVGM es un mecanismo correctivo que funciona como una hoja de ruta para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y el acceso a la justicia, verdad y reparación. Hoy salimos a las calles de nuevo; insistimos en nuestra exigencia para que autoridades declaren sin más demoras la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, haciendo de esta declaratoria un mecanismo efectivo para hacer real y palpable una vida plena, libre y segura para todas. #JusticiaParaTodAs ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias y acompañantes del proceso de AVGM en la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) -Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX Imagen destacada: Esx Queso
Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050. Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: 1. Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; 2. Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; 3. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 4. Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. 5. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo. Imagen destacada: Donovan Ortega
Urgen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, emita la Alerta de Género de forma inmediata #AlertaInmediataYA
La ley faculta a la Secretaría de las Mujeres, pedir de forma inmediata la emisión, ante la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Casos, manifestaciones y protestas, hacen notoria la demanda de medidas urgentes para atender la violencia feminicida. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, exigen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, presidida por Gabriela Rodríguez, solicitar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México la emisión de la Alerta de Género. Luego de que fuera negada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), al ser solicitada desde el 7 de septiembre de 2017, los casos que acompañamos y tal como lo han dejado ver las recientes manifestaciones, la demanda de las mujeres que han sufrido violencia de género en la Ciudad, exige respuestas contundentes de las autoridades, de todos los niveles de gobierno. Ante la negativa de la CONAVIM, es facultad de la Secretaría de las Mujeres solicitar la Declaratoria de dicha Alerta de forma inmediata a la Secretaría de Gobierno, por lo que, como organizaciones peticionarias de la primer solicitud, hoy 23 de agosto entregamos de manera formal ante la Secretaría de las Mujeres, una carta solicitando haga ejercicio de dicha facultad. Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental, por lo que es arbitrario y contraproducente esperar más tiempo para evaluar medidas, siendo una realidad que desde el año 2017, cuando se realizó la solicitud de la primer Alerta, se inició ya un proceso legal que por mucho tiempo se alargó de manera dilatoria para evitar su emisión, sin embargo, se desarrollaron medidas e indicadores por atender, a las que el Gobierno de la Ciudad de México tendría que apegarse para dar seguimiento puntual a la erradicación de la violencia de género,de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de mujeres y víctimas de la violencia. La declaratoria inmediata es una oportunidad para encaminar un proceso que a pesar de los avances legislativos e institucionales sigue siendo insuficiente para garantizar los derechos de las mujeres, sin embargo, la Secretaría de las Mujeres la puede solicitar de manera inmediata, según sus facultades marcadas en la Ley la declaratoria de AVGM en la Ciudad de México. Esto posibilita la emisión de un mecanismo vinculante que permitirá atender de manera integral la violencia feminicida. Cabe mencionar que de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en el país, es decir, un promedio de 10 mujeres al día. A casi dos años de la solicitud de la Alerta de Género, seguimos exigiendo este mecanismo como una posibilidad para, de manera conjunta con organizaciones y víctimas, construir acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y segura. Es urgente, que se tomen decisiones que se traduzcan en hechos que impacten de manera positiva en la vida y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes que viven o transitan en la Ciudad de México, dilatar esta decisión significa aumentar la deuda histórica con quienes representamos más de la mitad de la población. ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Impunidad, factor principal que obstaculiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
El hartazgo social: consecuencia de falta de acceso a la justicia, violencia y dilación de las autoridades. Hoy por hoy, la realidad nos indica que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, para la dimensión del problema que cada día impacta negativamente en la vida de las mujeres. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 mujeres por día. A ello se suman las denuncias por violación sexual. En 2018 se registraron un total de 15,322 denuncias por violación sexual a nivel nacional. De igual forma, la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que acompañamos y visibilizamos casos de violencia feminicida, hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello implica para ellas y sus familias. Ante ello, es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva. Las organizaciones firmantes reivindicamos que la impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país, agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren las mujeres del país. En este sentido, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República, y demás organizaciones firmantes, nos sumamos a las exigencias de colectivas, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de los derechos de las mujeres, y exigimos que a la brevedad el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales 1.-Ante la negativa de la CONAVIM para declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, solicitamos que la Jefa de Gobierno realice dicha declaratoria, retomando las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo y la propia CONAVIM, en el marco de la solicitud realizada desde el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones: Justicia Pro Persona A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 2.-Se realicen investigaciones con perspectiva de género, que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de seguridad pública. 3.-Se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las víctimas y sus familias. 4.-Se conformen cuerpos de policías de género, formados específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres. 5.-Se realicen acciones inmediatas para la reparación del daño a las víctimas y se den garantías de no repetición. 6.-Se realice la actualización de protocolos de actuación para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia. 7.-Acciones y políticas públicas firmes, coherentes, sostenibles y basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos. 8.-Participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una vida libre de violencia. 9.-Los gobiernos eviten la criminalización de la protesta social contra las mujeres, niñas y adolescentes que de manera legítima ejercen el derecho a defender sus derechos, por el contrario, facilitar canales efectivos de diálogo directo con las víctimas, las organizaciones, y colectivas de mujeres. 10.-Se generen los marcos legales para sancionar a las autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u omisión violenten los derechos de las mujeres. En el caso específico de la Ciudad de México es indispensable que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum genere el espacio y canal de comunicación que permita dar seguimiento a las mesas de trabajo y acciones emprendidas, hasta ver materializadas las propuestas de acción, iniciativas y políticas públicas que emprenderán para la atención dicha problemática. Estamos convencidas, que lo que sucede en la Ciudad de México, es un indicador de lo que pasa en otros estados de nuestro país, por lo que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y los gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la ausencia de una política integral que proteja a las mujeres de México. Hacemos un llamado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y seguras. ATENTAMENTE, Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: Justicia Pro Persona A.C Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
La protesta social es un derecho, jamás una provocación
-El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) urge al gobierno de la ciudad abstenerse de actos y declaraciones que criminalicen la protesta. -El reto principal es atender las causas de la misma: la violencia feminicida que enfrentan día a día las mujeres. El día de ayer, 12 de agosto de 2019, mujeres de diversos colectivos y organizaciones se manifestaron frente a la PGJ-CDMX en un acto de indignación y exigencia de justicia por el caso de una joven de 17 años violada por elementos de la policía de la CDMX y por la violencia sexual y feminicida, así como la impunidad que enfrentan día a día por parte del estado. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México se refirió en declaraciones a la protesta realizada por colectivas de mujeres frente a la PGJ-CDMX como una «provocación», señalando que se abrirían carpetas de investigación. En ese sentido es necesario recordar que como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, las autoridades tienen estrictamente prohibido realizar actos que den pauta a la criminalización del ejercicio de la protesta, es decir, que intenten amedrentar o inhiban el ejercicio de este derecho, esencial para la participación ciudadana a través del espacio público. Recordamos a las instancias encargadas de coordinar labores de seguridad que actualmente está vigente el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones, expedido en marzo de 2017, mismo que es de observancia obligatoria, protege el derecho a la protesta y debe aplicarse en contextos de manifestaciones públicas. Por tal motivo, resulta preocupante que la jefa de gobierno y la titular de la PGJ-CDMX declaren ante medios de comunicación y redes sociales que se iniciarán investigaciones penales para determinar responsabilidades hacia manifestantes por la supuesta comisión de delitos durante una manifestación, calificados como “provocaciones”, lo cual interpretamos como un claro acto de intolerancia de la autoridad. De continuarse con los procesos penales, estaríamos frente a la configuración del uso faccioso y selectivo del derecho penal, es decir, de actos de criminalización en contra del libre ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión. Siendo así, los daños mínimos hacia un edificio gubernamental en el contexto de manifestaciones deberían considerarse fuera del rango de persecusión, en tanto son un reflejo de una problemática social que debe atenderse de raíz, no dentro del ámbito penal hacia quienes expresan su descontento contra las acciones y omisiones gubernamentales en asuntos de interés público, como lo es la violencia de género. Es necesario escuchar la voz de las mujeres que participaron en la protesta de ayer sobre la necesidad de realizar trabajos urgentes y efectivos por parte del gobierno de la Ciudad de México, para erradicar la violencia contra las mujeres. Frente a la legítima exigencia de justicia, el gobierno, lejos de hacer uso del derecho penal como primera herramienta frente a la protesta, debe buscar soluciones y atender las causas que la originan. El FLEPS llama al gobierno de la ciudad, particularmente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad, a cumplir su responsabilidad de abstenerse de pronunciarse o iniciar cualquier acto que polarice, deslegitime, inhiba o criminalice la protesta social. Seguiremos reivindicando la importancia de contar con un gobierno e instituciones que reconozcan la importancia de la protesta social; la diversidad de expresiones en las calles es un indicador del nivel democrático de la ciudad. Como organizaciones del FLEPS, también nos solidarizamos con las mujeres, defensoras y organizaciones feministas que, ejerciendo su derecho a la protesta, luchan por visibilizar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de esta ciudad, exigiendo al estado el pleno respeto y garantía de todos sus derechos humanos Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: FLEPS
