Día Nacional del Maíz
La Campaña Sin Maíz no hay País celebra por décimo año el Día Nacional del maíz y reafirma el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con agricultura campesina e indígena, y asegurando la soberanía nacional. Ante el desastre que desde hace más de 30 años ocasionaron las políticas anti-campesinas, el mandato popular de las recientes elecciones obliga a la construcción de un nuevo modelo donde las personas y los sujetos colectivos, con todas sus demandas, estén representados en el Plan Nacional de Desarrolloorientado a reactivar la producción campesina e indígena con el maíz como eje y la milpa como sistema de vida. Mantendremos, de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua ante la depredación por mega-proyectos, los cuales ponen en riesgo lo necesario para sembrar, comer y vivir. Las políticas neoliberales sólo han protegido la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en pocos estados y en pocas manos; en tanto que la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción han sido excluidas[1]. Seguimos defendiendo la producción campesina e indígena –de pequeña y mediana escala- de maíz nativo, que preserva la gran agrobiodiversidad del campo mexicano, el agua y los bosques; además, representa un modo de vida alternativo al capitalismo, en grave crisis. La sangre derramada en esta tierra, las desapariciones -como las de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, que aún hoy nos faltan-, junto al dolor ocasionado por el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene una razón que se resume en la política de abandono y despojo de la los territorios campesinos e indígenas. Reactivar la economía y la producción en estos territorios es la única salida para desterrar la violencia, frenar la migración forzada de jóvenes y familias enteras, fortalecer el tejido comunitario, así como para detener la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz. El derecho a la alimentación se ha ganado por la sociedad y debe asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de comida sana a toda la población con equidad y justicia. Los campesinos pueden asegurar este Derecho con el apoyo decidido del gobierno, que también debe combatir los monopolios agroalimentarios para evitar el acaparamiento y la especulación con alimentos, así como, la venta de alimentos de pésima calidad. Es impostergable garantizar el principio de equidad en las políticas rurales, así como los derechos humanos, ciudadanos y laborales de personas jornaleras agrícolas, de las mujeres, los migrantes, de pueblos originarios, y trabajadores y trabajadoras del campo. Las consecuencias tanto en el campo como en nuestra mesa han sido nefastas, en tanto, grandes empresas trasnacionales extranjeras y mexicanas se benefician con incrementos constantes de sus ganancias gracias a la oferta de productos dañinos. La sustitución de la tortilla de maíz en la dieta permitió el ingreso de productos con sustancias riesgosas por tanto, el cambio en la alimentación explica en buena medida siete de las diez principales causas de muerte relacionadas con la comida, ahora con peores consecuencias entre familias campesinas y de pueblos originarios donde los servicios de salud suelen ser carentes de acceso y calidad para prevenir muertes por mala alimentación. De recuperar maíz y frijol como base de una nueva canasta alimentaria conforme a derecho, sería posible construir un panorama de salud a favor de los mercados locales, la cultura, el paisaje y la identidad alimentaria. De igual manera es preciso, proteger el derecho de las y los consumidores para prohibir la publicidad engañosa de comida «chatarra» que invisibiliza el riesgo de los productos ultra-procesados que han desplazado al maíz en todas sus variedades. Es urgente contar con una estructura sólida de vinculación intersecretarial con el objetivo de hacer funcionar un sistema alimentario para asegurar la reserva, distribución y abasto de maíz y productos de la milpa, cercano a los hogares donde pueda consumirse a diario y sea el punto de partida de una economía territorial creciente y sustentable. ¡Con maíz y milpa hay país! Llamamos a las mexicanas y los mexicanos a unirnos en un permanente proceso de lucha por las siguientes demandas: Vigilar que el Poder Ejecutivo actue a favor del Derecho universal a la Alimentación y que defienda el interés público en todos los ámbitos y niveles, lo cual implica dejar inmediata y definitivamente de trabajar y litigar a favor de las corporaciones[2]. 2. Destinar prioritariamente los subsidios gubernamentales a la agricultura campesina e indígena cuyos cultivos nos alimentan de manera sana y diversa. 3. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN y del Acuerdo Transpacífico (TPP11). Instalar un mecanismo permanente en el Congreso de la Unión para administrar las importaciones y exportaciones de maíz, frijol y sus derivados. 4. Prohibir la siembra de maíz transgénico de todos los productos agrícolas genéticamente transformados, para proteger y mejorar el patrimonio genético de los maíces y productos originarios junto con un incentivo a la producción de maíces nativos. 5. Prohibir a los agrotóxicos, particularmente los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato[3], los que pueden causar la muerte a las abejas y otros polinizadores y de los prohibidos en otros países y autorizados en México 6. Aplicar inmediatamente el Principio de Precaución y los instrumentos y recomendaciones internacionales de protección a nuestros cultivos[4] y de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación[5] 7. Elaborar un nuevo marco legal de leyes, reglamentos y normas basado en la ética y la protección de los bienes comunes, de los derechos humanos individuales y colectivos a un ambiente sano, a una alimentación sana, a la biodiversidad, a la libre circulación de las semillas, a la información y a la autodeterminación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, y su aplicación sin reserva por parte del Ejecutivo; así como el respeto de todos estos derechos por el Poder Judicial en todas las sentencias dictadas. 8. Abrogar los decretos presidenciales para devolver la veda a acuíferos. Prohibir el fracking y otras concesiones contaminantes para impedir la privatización del agua y asegurarla para las comunidades y poblaciones en primera instancia y en segundo lugar para la producción de alimentos que aseguren el Derecho a ala Alimentación. 9. Realizar estudios científicos pertinentes y libres de conflicto de interés para detectar tanto la presencia de transgénicos en el campo y alimentos,
Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: • La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. • El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. • La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. • La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. • El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. • El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : Presidencia de la República
Carta abierta: La Ciudad de México y su deuda con las víctimas
La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor retraso en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas. El cambio de gobierno capitalino representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. Urge instalar la Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México con presupuesto y recursos necesarios para una adecuada atención de las víctimas. Por mucho tiempo, la Ciudad de México ha sido percibida como un oasis en medio de un país aquejado por un contexto de violencia generalizada. Este Oasis se desvanece con una simple lectura de datos oficiales que nos confronta con una realidad en la que la inseguridad va creciendo, al igual que la sed de justicia de las víctimas y de la sociedad. La Ciudad de México, como muchas otras ciudades del país, se ha vuelto en los últimos años una inmensa fábrica de víctimas. Oficialmente, se ha registrado en la Ciudad de México un total de 744 casos de personas desaparecidas, incluido 327 casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, todos investigados en el fuero común. Sólo en los últimos 10 años (2007-2017), se ha contabilizado en nuestra Ciudad un total de 8,932 homicidios dolosos y 783 secuestros. A lo anterior, se suman todos los casos de feminicidios, trata de personas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura o ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. Todas estas víctimas y/o sus familiares no solamente han experimentado de primera mano esta violencia, sino también se han enfrentando a la indiferencia, inercia, incompetencia y/o negligencia de las autoridades que por Ley deberían de protegerlas y atenderlas. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas ni siquiera acuden ante las autoridades para denunciar los hechos. Se estima que la cifra negra para delitos en la Ciudad de México es del 93,8%; entre las razones para no denunciar se destaca la desconfianza en las autoridades (23.2%)3. Esta cifra negra permite dimensionar la magnitud de las víctimas que hoy en día deberían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, parece que al momento las autoridades de la Ciudad de México no han tenido disposición de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable: justicia, asistencia, protección, verdad y reparación del daño. A más de cinco años de aprobarse la Ley General de Víctimas, la Ciudad de México sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que la Ley General de Víctimas fue aprobada el 9 de enero de 2013 como resultado de una proceso de demanda encabezado por las propias víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles frente a la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vivía en el país, lo anterior con el fin de convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos. Si bien la LGV establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales, fue hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México4, sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia. Esta Ley establecía un plazo de 120 días para la elección de la persona Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace tres meses, sin que se logrará tal objetivo. La tardada armonización de la Ley y ausencia de una Comisión de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México no solamente ha impedido el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda, asistencia y reparación previstas en la Ley, sino también, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las personas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que éste tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno a mecanismos que contribuyan a su protección, asistencia y a la reparación integral de los daños sufridos. Por lo anterior, las organizaciones civiles, colectivos y personas expertas que conforman el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas deseamos llamar su atención sobre esta deuda impostergable que la Ciudad de México tiene con las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que este cambio de gobierno representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. En este sentido, le invitamos en su calidad de Jefa de Gobierno electa para la Ciudad de México a establecer como prioridad en su futura agenda de trabajo las siguientes acciones: Crear el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, tal como previsto en el artículo 79 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Diseñar un Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual se formularán los mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Autorizar la estructura y presupuesto para la instalación de la Comisión a partir del 1 de enero del 2019. Para tal efecto, se alienta al equipo
Familiares y víctimas de violencia feminicida se reúnen con la Jefa de Gobierno Electa
Organizaciones celebran apertura de Jefa de Gobierno para tratar el tema de erradicación y prevención de violencia feminicida Es prioritario agilizar las investigaciones de casos de feminicidios en la Ciudad de México. Familiares, víctimas de violencia feminicida y organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron ayer con Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para tratar el problema de la violencia feminicida en la Ciudad de México. Se trataron temas concernientes a la impunidad de los casos de feminicidio, la falta de debida diligencia en las investigaciones y la necesidad de prevenir la violencia feminicida en la entidad. Las y los asistentes a la mesa celebran la apertura y disposición a escuchar por parte de la futura Jefa de Gobierno, para atender el problema de la procuración de justicia para las mujeres, y prevenir la situación de violencia feminicida en la capital. En la Ciudad de México se encuentra abierto el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), solicitado por organizaciones que, acompañando a los casos de violencia feminicida, damos constancia de la gravedad de la situación en la capital. En esta ocasión, los casos que se encuentran referidos en la solicitud de AVG fueron dados a conocer a la Jefa de Gobierno electa, quien se comprometió a coadyuvar para que los casos accedan a la verdad y la justicia, reiterando así que la prevención y erradicación de la violencia feminicida se encuentra de manera prioritaria en su agenda. Se hizo un llamado para abordar el tema de violencia contra las mujeres de manera integral y a continuar de manera diligente con las investigaciones de los casos, priorizando el tratamiento del tema de procuración de justicia, enfocado en la necesidad de una Fiscalía que tenga la capacidad para responder de manera eficaz ante la gravedad de la problemática real en la Ciudad. Consideramos que este encuentro es el potencial inicio de un proceso que garantice una ciudad libre de violencia feminicida, por medio de una transformación real en el sistema de justicia en el que la prevención del delito de feminicidio sea una política de gobierno en la capital. En el encuentro estuvieron presentes familiares de víctimas de violencia feminicida y las organizaciones acompañantes de los casos, quienes son también las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX: Justicia Pro Persona A.C., el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Para mayor información: Jorge Luis Aguilar Pantoja CDH Vitoria 5659 6797 ext. 227 / comunicacion.centrovitoria@gmail.com
245 organizaciones llaman a la nueva cancillería mexicana a establecer diálogo público en torno a recomendaciones EPU
Informe presentado muestra el incumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009 y 2013. Solicitan al Consejo considerar las exigencias del Colectivo y dar seguimiento al cumplimiento de las nuevas recomendaciones del próximo EPU. Cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa la situación de derechos humanos de los países de manera igualitaria a través del Examen Periódico Universal (EPU). Resulta muy relevante para la comunidad de derechos humanos de nuestro país que esta edición del EPU coincida con una transición histórica. Tenemos la certeza de que la orientación que este proceso aporte a la sociedad mexicana puede ser muy importante. Por ello 245 organizaciones de la sociedad civil mexicanas que conformamos el #ColectivoEPUmx realizamos un respetuoso llamado a la cancillería del nuevo gobierno electo a informar sobre la manera en que procesarán este mecanismo internacional. En el contexto de reflexión nacional esta inédita articulación civil presentó este informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Destacamos algunos elementos que nos permiten afirmar que el resultado de este proceso tendrá un impacto fundamental en la agenda de DH del nuevo sexenio. México ha incumplido con las recomendaciones emitidas en los anteriores exámenes de 2009 y 2013 en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Si bien corresponderá a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, expresar su aceptación o rechazo a las recomendaciones, estas se refieren a responsabilidades del Estado mexicano en su conjunto. Las organizaciones tenemos diversas reivindicaciones y protestas: un sistema integral de seguridad ciudadana, un adecuado modelo de atención a víctimas, una Fiscalía autónoma, atención efectiva a las víctimas, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y un mecanismo de seguimiento a recomendaciones internacionales, como mínimos para demostrar un compromiso real para resolver las graves violaciones estructurales de derechos humanos. El informe busca visibilizar la situación actual de los derechos humanos en México y resaltar las deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. Es importante resaltar que las recomendaciones serán emitidas en los primeros días de diciembre, ya con el nuevo gobierno en funciones. En este sentido las organizaciones consideramos pertinente tener un espacio de diálogo en torno al tema en el contexto del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los días 9 y 10 de diciembre de este año. El informe puede ser consultado en el sitio web http://colectivoepu.mx. Estarán disponibles las ediciones del informe para descargar en español e inglés. A través de la web también se podrán consultar las 15 fichas temáticas que sustentan las afirmaciones y exigencias expresadas en el informe hecho público hoy. De la misma forma se pueden encontrar postales y videos explicativos. Más información Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx cel: 5517966731 Oficina 55239992
OSC presentan estudio de opinión sobre la protesta social en la CDMX
-Las personas que viven o transitan en la CDMX consideran que la protesta social es un derecho. -Existe interés de la sociedad en conocer las demandas y exigencias de actores movilizados. -No todas las personas que no protestan, están en contra de las protestas. Las y los habitantes de la Ciudad de México, así como quienes transitan en ella, consideran que la protesta social es un ejercicio legítimo, democrático y de derechos, revela el Estudio de Opinión sobre Protesta Social en la Ciudad de México presentado el 28 de agosto de 2018 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Dicho estudio, realizado a solicitud del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) por el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud (Colectivo iae), busca conocer la percepción de quienes habitan o transitan por la capital respecto al constante flujo de marchas y otros ejercicios de protesta social. Para ello, se llevaron a cabo una encuesta en línea, entrevistas a personas transeúntes durante manifestaciones, reuniones de trabajo con movimientos sociales, y entrevistas a profundidad a actores referentes sobre el tema y a personas para las que la protesta es parte de la cotidianidad. Las organizaciones que conforman el FLEPS han realizado acciones de incidencia y comunicación en torno al respeto y protección del derecho a la protesta social desde 2013. Por ello, se realizó este Estudio de Opinión como un insumo para la discusión pública y la toma de decisiones en torno al respeto, protección y garantía de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de tránsito, así como a la participación política y a la protesta social, derecho ya reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Un resultado que arroja el Estudio de Opinión es que 57% de las personas encuestadas y entrevistadas perciben que quienes protestan lo hacen en ejercicio de un derecho, que tienen necesidad de resolver un problema generalmente ocasionado por el gobierno. En el mismo estudio se encontraron dos narrativas: una considera que quienes protestan lo hacen para defender privilegios o porque son manipulados, y por tanto sólo participarían al verse afectadas directa o indirectamente; y otra, la cual se sostiene en la opinión de 8 de cada 10 personas, indica que participarían en manifestaciones cuando se simpatice con la causa que la motiva aunque no les afecte de manera directa (tal y como lo vimos con las protestas masivas por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa). Asimismo, 4 de cada 10 se movilizarían si se vieran afectadas y afectados por alguna situación. Estas cifras son de gran relevancia debido a que contrastan con la supuesta percepción de la protesta que se difunde por los medios de comunicación y las informaciones del gobierno: como un problema que afecta sobre todo al tránsito vehicular y al comercio de la Ciudad de México. La mayoría de las personas (90%) percibe que los medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) hacen más énfasis en las supuestas afectaciones que conllevan las protestas, y no informan sobre las demandas y motivaciones. Es importante resaltar el hallazgo sobre la reacción de las personas que tienen negocios o trabajan en un contexto donde ocurren protestas, pues el Estudio demuestra que “está fuertemente influenciada por lo que el Gobierno de la Ciudad les recomienda. Esto infunde temor sobre las protestas, además que con sus políticas públicas maximizan las afectaciones responsabilizando de ellas a quienes protestan”. Igualmente, “las personas que habitan la Ciudad de México consideran que hay un vínculo de comunicación roto entre la ciudadanía y los actores que se manifiestan. Se reconoce que las personas no logran conocer las demandas de los grupos que se movilizan”, y se percibe que éstos dirigen sus mensajes a grupos de población muy específicos, dejando de lado al resto de las personas que habitan la Ciudad. Éstas consideran que debería haber un canal por el cual se puedan conocer las demandas y problemáticas de los grupos que hacen uso de la protesta social. También se ubicaron diferencias generacionales importantes; por ejemplo, los y las jóvenes con ingresos más bajos y de entre 15 a 25 años, representan el rango que presenta menor participación en protestas y reconoce menos beneficios para el ejercicio de sus derechos como resultado de las mismas. Al contrario, las personas que se encuentran en los rangos de 25 a 45 años son las que más presencia tienen en las protestas. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social reconoce la importancia del derecho a la protesta social en la construcción de países más democráticos. El Estudio que ahora damos a conocer es reflejo de una ciudadanía que pone énfasis en el legítimo uso del espacio público para protestar y dirimir los asuntos públicos sensibles para grupos específicos y agendas amplias para la vigencia de los derechos humanos. El Estudio de Opinión se puede consultar en el sitio: http://libertadyprotesta.org/ Para mayor información del estudio y del FLEPS: contactofleps@gmail.com ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la CDMX será elegido mediante un proceso opaco y sin consulta de las víctimas y de la Sociedad Civil
-Preocupa a colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil la falta de información y consulta en el proceso de instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. -Exhortan a Congreso y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a iniciar a la brevedad un proceso transparente, incluyente y participativo en el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Las organizaciones, colectivos, víctimas y expertos integrantes del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas[1]” expresamos nuestra preocupación por el opaco proceso encabezado por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México en la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la elección de su titular. Después de una tardanza de cuatro años, es hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México[2], sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia, todos reconocidos en la Ley General de Víctimas. Ahora bien, el transitorio séptimo de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establecía 120 días para la elección del Titular de la Comisión, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace dos meses. Las y los firmantes expresamos nuestra preocupación respecto a la convocatoria de reunión prevista para el día de mañana en la cual se convoca a diversas instituciones de la CDMX para instalar la Junta de Gobierno de la Comisión, sin que se contemple la representación de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. En el marco de esta reunión, se pretende designar a la persona que ocupará “temporalmente” el cargo de Comisionada/o de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Rechazamos categóricamente que el nombramiento del titular de Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, se realice sin un proceso previo de consulta de los colectivos de víctimas y las organizaciones civiles y en este sentido exhortamos: Al Secretario de Gobierno de la CDMX que informe a toda la ciudadanía, y a quienes abajo firmamos, sobre las acciones realizadas para la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como la lista de personas que fueron propuestas para ocupar temporalmente el cargo de Comisionado/a y cuáles fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y/o expertos/as que les propusieron. Al nuevo Congreso de la CDMX a iniciar un proceso transparente, incluyente y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil, para la selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, lo anterior con el fin de asegurar que cumpla con el perfil idóneo. FIRMANTES Organizaciones civiles IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta A.C; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos- Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)* Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Desaparecidos Justicia, Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México. Experta: Eliana García *Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica)
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se debe escuchar a la Ciudadanía
Desde sus orígenes conocemos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hemos monitoreado sus impactos y hecho propuestas alternativas. Sobre la actual renegociación hace doce meses advertimos el riesgo de apresurarla y caer en la estrategia e intereses corporativos y políticos de los gobiernos respectivos, y propusimos posponerla hasta que hubiera un nuevo gobierno en México y después del proceso de renovación del Congreso en los Estados Unidos, para evitar caer entre las presiones e intereses electorales. En el caso de México, hemos sostenido que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha carecido de legitimidad y representatividad para negociar en nuestro nombre. Es el nuevo gobierno electo, con la legitimidad política tras el triunfo electoral el que debe negociar una nueva agenda y relación de cooperación y complementación de América del Norte. El primero de julio la mayoría de las mexicanas y mexicanos votamos por un cambio real. La renegociación del TLCAN es uno de los temas claves que atañe a recuperar soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población. La renegociación debe superar la orientación del actual TLCAN. El TLCAN no es un simple acuerdo de circulación de mercancías es un tratado que establecerá obligaciones jurídicas así como de teoría y práctica económica para seguir limitando las facultades de los estados nacionales de regular la economía en función de un proyecto nacional y dejar como hasta ahora la dinámica de la economía y la sociedad a la ley de la oferta y demanda, bajo la lógica de maximizar la ganancia privada en prejuicio del bienestar social. El nuevo gobierno debe reorientar a fondo el sentido de las negociaciones a fin de preservar los intereses fundamentales de un Estado nacional comprometido con el desarrollo nacional, independiente y soberano, en donde los derechos sociales, la justicia, la libertad y la democracia sean elementos indispensables de los que goce su población y estén garantizados en un tratado trinacional. De igual forma es indispensable eliminar las disposiciones jurídicamente vinculantes que subordinan nuestra soberanía y autodeterminación a los intereses de las empresas transnacionales, del gobierno de los Estados Unidos y a los tribunales extra nacionales en los que los hacen valer. Vimos con beneplácito la disposición del nuevo gobierno mexicano de involucrarse en las negociaciones del TLCAN, pero no deja de sorprendernos una serie de declaraciones y acciones que poco o casi nada lo distinguen del gobierno que finaliza. Son de particular preocupación cuatro elementos: Que las negociaciones se mantengan orientadas por el mismo parámetro mercantilista y de limitar la capacidad de los Estados de promover un proyecto nacional de desarrollo. Que el equipo negociador designado por Enrique Peña Nieto continúe apresurando y manteniendo en secreto las negociaciones para cumplir con el requerimiento del Congreso de los Estados Unidos de ser notificado con 90 días de anticipación sobre las intenciones del Presidente Trump para firmar un acuerdo. Acelerar las negociaciones solo beneficia a la estrategia electoral de Donald Trump para utilizar a conveniencia un acuerdo o no en la renegociación del TLCAN. Que los negociadores se hayan apegado a la estrategia definida por el gobierno de Donald Trump de negociar bilateralmente con el gobierno mexicano, ya que es el que muestra mayor disponibilidad de ceder a las condiciones impuestas a favor de los intereses norteamericanos. Que los gobiernos y los parlamentos ignoren y no estén comprometidos con realizar y resolver las controversias y contradicciones entre el modelo de los tratados de “libre comercio” y otros tratados multilaterales, entre ellos los compromisos adoptados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, de derechos humanos y medio ambiente que han sido adoptados por lo menos por dos de los tres gobiernos y que por tanto tienen carácter jurídicamente vinculante. Tratados que de acuerdo al derecho internacional, contienen disposiciones para prevalecer por razones de precedencia o por controversias entre tratados, sobre los acuerdos de carácter mercantil. El pasado 3 de agosto el Dr. Jesús Seade Kuri, designado por el Presidente Electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe negociador del TLCAN declaro: “Soy cautelosamente optimista (de los avances logrados y de alcanzar un arreglo en las próximas semanas). Creo que se puede hacer, pero también puede haber problemas. Tenemos que ver”. De igual forma el Dr. Seade ha manifestado su complacencia con las propuestas de negociación del actual gobierno señalando que “técnicamente son las más idóneas”, el problema no es técnico, lo correcto técnicamente depende de los objetivos propuestos, el tipo de desarrollo que se busque y el modelo de inserción en el comercio internacional en favor de los intereses nacionales y de justicia social. Las negociaciones hasta ahora han sido totalmente cerradas, sólo han consultado y permitido la participación de la elite empresarial nacional y transnacional. El nuevo gobierno debe abrir una amplia discusión con todos los sectores de la sociedad en esta etapa de la negociación y por supuesto sobre los textos negociados antes de enviarlo al Senado para su aprobación legislativa. No hemos escuchado, ni se menciona ninguna de las numerosas propuestas constructivas que las organizaciones ciudadanas, sobre todo de la Convergencia México Mejor Sin TLCs, o la Coalición Trinacional de Organizaciones Ciudadanas (Canadá, EEUU, México), hemos hecho públicas y que se orientan a negociar un acuerdo de complementación económica y cooperación y no de competencia y explotación extrema entre desiguales. Un acuerdo que salvaguarde por encima de todo la protección y promoción de los derechos laborales y humanos, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación y la salud pública, la protección al medio ambiente, al igual que considerar las asimetrías en el desarrollo, el intercambio comercial desigual y los controles sobre el capital especulativo, negociando los mecanismos compensatorios y de control para resolverlos. Es de elemental sensibilidad política escuchar y conocer las voces ciudadanas que también conocen de este gran tema geoestratégico. Hacemos un firme y respetuoso llamado al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, a su equipo político de gobierno y a los Senadores electos, para realizar una urgente reunión de trabajo
Actual administración se exime de realizar acciones urgentes para garantizar la seguridad y vida de las mujeres en México
Pese a que el pasado 3 de mayo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitamos públicamente, una reunión de carácter urgente al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a tres meses de dicha solicitud, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso y hasta la fecha no ha dado respuesta, a pesar de la gravedad, prevalencia eincremento de la violencia feminicida en México. La solicitud de dicha reunión se debió principalmente a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por las omisiones, obstáculos y retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), particularmente la falta de implementación eficaz de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), las cuales a pesar de ser un mecanismo que tendría que atenderse de manera urgente. Si bien desde el 12 de abril de 2018, hicimos llegar una carta privada al Secretario de Gobernación, a la fecha han sido desatendidas las preocupaciones que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos documentado, entre ellas: Uso a modo del reglamento, aprovechándose de sus vacíos. Actuar discrecional de las autoridades federales. Ausencia de Grupos de Trabajo para la AVG conformados por personas expertas y de manera interdisciplinaria. Procesos irregulares, falta de entrega de los informes de AVG en tiempo y forma, retardos injustificados. Falta de investigación exhaustiva sobre los problemas denunciados por las OSC al solicitar las Declaratorias de AVG. Restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas. Falta de garantía a la participación con voz y voto de las OSC, desconociendo su interés legítimo y legal, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. Ausencia de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. El desacato de la CONAVIM frente al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al argumentar que este no le es “obligatorio”. Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) realizó una propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia esta no fue reformada, pese a la agudización de los casos de violencia, desaparición, trata, feminicidios, entre otros tipos de violencia. Asimismo, todos los vacíos se hicieron de conocimiento del Secretario de Gobernación pero nada de ello ameritó larespuesta de Alfonso Navarrete Prida, aún cuando la violencia feminicida constituye violaciones graves a los derechos humanos, principalmente porque la mayoría de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres ocurren como consecuencia de los contextos de alta criminalidad y de violencias generalizadas, y cuyos patrones fueron identificados en los informes de las AVG, en donde estados como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros, fueron catalogados como estados con alta criminalidad. La omisión de las autoridades estatales y federales frente a la implementación efectiva de las AVG, ha propiciado que como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tengamos como única opción impulsar recursos judiciales como el amparo, como se ha realizado en los casos de Veracruz y Puebla. Cabe recordar que como OCNF, de 2014 a 2017 documentamos el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados, lo que hace necesario el fortalecimiento, operatividad y compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Ante este contexto como organizaciones de la sociedad civil: -Recordamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de manera particular al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida que aún quedan 109 días para que concluya su mandato como servidores públicos por lo que reprobamos toda inacción del gobierno actual para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización. -Instamos al Gobierno Federal electo a tomar en sus manos esta problemática, a fin de evitar continuar ensanchando los retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres. Hacemos un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que la CONAVIM sea fortalecida durante su mandato, reconociendo su función estratégica que -de cumplirse- abonaría a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. -De manera específica, a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendamos la importancia de que sea la SEGOB la instancia encargada de coordinar y realizar las Decaratorias de AVG, como rectora de la política interior. Como organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que realice el gobierno actual y el nuevo gobierno, a fin de que la transición no sea un obstáculo para el actuar inmediato y eficaz de las autoridades federales, frente a la violencia feminicida. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
