El equipe del Centro Vitoria le damos la bienvenida a nuestro nuevo Director General, Fr. Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco
Actualización de la carta enviada al Presidente: Por qué nos oponemos al Tren Maya. ¡Suma tu firma!
Ciudad de México a 11 de julio de 2022 Al C. Lic. Andrés Manuel López ObradorPresidente de los Estados Unidos Mexicanos A la Opinión PúblicaEl 31 de mayo de este año recibimos el oficio D3/RGP/238/2022 firmado por el doctor en Derecho Rosendo Gómez Piedra, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como respuesta a la carta que enviamos el 19 de abril de 2022 para dara conocer las razones por las que nos oponemos a la construcción del Tren Maya. Al respecto hacemos algunas observaciones que nos parecen de la mayor importancia: Si bien la carta fue dirigida en primer término al Lic. Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y quien responde es el director jurídico de Fonatur, está entre las atribuciones del ejecutivo solicitar que la respuesta la dé la entidad que oficialmente tiene a su cargo el megaproyecto llamado Tren Maya. Sin embargo, tenemos dos objeciones, una es de forma: la respuesta va dirigida sólo al responsable de la carta -por norma debe de haber uno- sin embargo, la carta la firmamos más de 300 personas a las que después de la entrega se han sumado más de mil personas. No es la carta de un individuo sino de toda una comunidad preocupada por la sostenibilidad del país. La segunda observación es de fondo, pues en los hechos nos permite afirmar que la carta no ha sido respondida. De los 20 puntos que exponemos en nuestra comunicación, el director jurídico se refiere, sin responder, sólo parcialmente a uno -el número 20- que tiene como tema la consulta pública y los estudios previos indispensables para la realización de la obra, y que a la letra dice: El proyecto se lleva adelante sin el consentimiento de las comunidades y pueblosindígenas, sin una consulta que cumpla con los requisitos establecidos por elConvenio 169 de la OIT, sin estudios de mecánica de suelos, sin manifestacionesde impacto ambiental en todo el territorio que abarca y con algunas muy deficientes para algunos de los tramos. Tampoco se ha realizado, por cierto, unestudio de factibilidad económica y los presupuestos se van acrecentando sinpoder mostrar resultados. En el oficio que se nos envía en calidad de respuesta, hay una serie de afirmaciones queconfirman nuestra preocupación sobre el proyecto Tren Maya. Es la siguiente: Actualmente se lleva a cabo el proceso de consulta libre, previa e informada a lospueblos y comunidades indígenas mayas, tzeltales, choles y otros de los estadosde Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo… (Gómez,D3/RGP/238/2022). Esta afirmación evidencia que la consulta se está llevando a cabo en estos momentos, demostrando que la consulta no ocurrió antes de iniciada la obra, sino sobre la marcha, y sin un proyecto ejecutivo integral realmente definido, pues el trazo del Tren Maya ha sido modificado varias veces y sigue modificándose. Por lo demás, hay numerosos indicios de que la consulta no se ha dado en los términos debidos. Varios de ellos están señalados en el informe que presentó la Relatoría Especial de la ONU el 19 de diciembre de 2019, en el que se solicita la “…atención urgente del Gobierno de su Excelencia a la información que hemos recibido sobre los posiblesimpactos del llamado Proyecto Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, en su derecho a no ser desalojados y en su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”. Copiamos aquí tan solo unos párrafos de ese informe que nos parecen muy relevantes: Respecto al carácter previo de la consulta y el consentimiento, la ONU-DH celebra que los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio. Este aspecto, positivo en sí mismo, difiere de la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta. En cuanto al carácter informado, la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar.Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso. Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta. En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades. Preocupa de manera
Israel y los territorios palestinos ocupados
De acuerdo con el Grupo Paz con Democracia ningún argumento es válido para justificar un crimen de Estado y de lesa humanidad, y mucho menos la ocupación colonial y el dominio de Israel sobre territorios palestinos.
Ante la pandemia, desde abajo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 02 de mayo de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Educación popular y pandemia
Editoriales | 📰 Editorial del CDHVitoria | 📷 Imagen : CDHVitoria Por: Beatriz Rivero y Yoxmara González Tapia* 📅 Abril de 2020 “Tengo coronavirus, porque aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado por mi cuerpo, gente amada la tiene; porque el coronavirus está atravesando ciudades por las que he pasado en las últimas semanas; porque el coronavirus ha cambiado con un trinar de dedos como si de un milagro, una catástrofe, una tragedia sin remedio se tratara, absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha llegado antes y nada se puede hoy pensar, ni hacer, sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos; todas las instituciones, todos los países, todos los barrios y todas las actividades”. Maria Galindo, “Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir Son periodos de vorágines y complejidades. Han sido vastas las reflexiones críticas en torno a la crisis humanitaria vuelta observable y agudizada por el covid-19. Del norte al sur global, la conmoción que provoca reconocer la fragilidad humana y la falacia del bien individual sobre el bien colectivo[1], colocan en la balanza lo mismo que la utopía de la solidaridad viralizada[2], la normalización del estado de excepción como reacción inmunitaria global para futuros escenarios[3]. Como bien señala Raúl Zibechi[4], recuperando a I. Wallerstein, lo que hoy vivimos no es una crisis más, sino es una expresión del colapso del sistema-mundo moderno entendido como un proceso prolongado que implica desde hace tiempo, la destrucción de la vida en el que guerras y pandemias serán cada vez más frecuentes. En este sentido, los desafíos para pensar con creatividad y desprocesar el estado de indefensión y parálisis en el que nos encontramos, no es mera coyuntura, es ante todo condición de sobrevivencia y el hacerlo desde la articulación de proyectos políticos populares, garantía de que esto suceda. La diversidad de procesos organizativos de pueblos, comunidades y movimientos sociales, que hasta hace un mes sacudían a la región hoy se encuentran desentrañando brújulas y reconfigurando el mosaico de la resistencia, algunas en la memoria colectiva que les ha dado la experiencia histórica frente al colonialismo, otros y otras más en el cruce de las reflexiones actualizadas sobre los sentidos de lo político, de los sujetos políticos oprimidos desde antaño y la defensa de los derechos humanos. En nuestro caso, para quienes nos dedicamos a la educación popular, nuestro quehacer no está exento de estos llamados. Confinamiento y distanciamiento social, dos medidas sanitarias que se instauran desde el (auto)disciplinamiento social y en muchos casos con el uso de la fuerza, irrumpen no sólo la dimensión técnica y práctica de las pedagogías populares, sino también ponen en cuestión los propios fundamentos que demandan los procesos formativos de este tipo, pues desafían y en muchos casos parecen cancelar la posibilidad de ternura, condición vital de no sólo todo proceso de educación popular, sino de acción revolucionaria. Habríamos que sumar además, los efectos psicosociales que devienen de estas medidas de ordenamiento social: miedo, terror, ansiedad, estrés; y los impactos diferenciados según condiciones de género, clase social y raza, que dificultan pensar ¿Cómo generar condiciones para un proceso pedagógico en estas circunstancias, cuando el diálogo y encuentro entre personas, materia prima de todo espacio de educación popular, invita a hacerlo desde el ordenador? ¿Cómo posibilitar que este diálogo sea potencialmente liberador y transformador cuando a nombre de la sobrevivencia se elimina la calle como espacio social? ¿Cómo destrabamos el pánico que provoca el potencial contagio de la cercanía con el otro, la otra, el otre y empezamos a fortalecer otras narrativas de cuidado colectivo y como diría tan sugerentemente María Galindo, repensamos el contagio? Desde el Centro Vitoria estas reflexiones llegaron junto con el acompañamiento a la 18a Generación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos, la cual es un proceso de formación política dirigido a juventudes que tiene como objetivo facilitar a través de un enfoque de educación popular y educación para la paz, herramientas teóricas y prácticas encaminadas a construir saberes, habilidades y experiencias respecto a los Derechos Humanos desde una aproximación crítica y transformadora. Ante las medidas que se han promovido desde el gobierno mexicano, como la Campaña Nacional de Sana Distancia y las recomendaciones de “quédate en casa”; como acompañantes de este proceso nos enfrentamos al diseño de estrategias que permitan generar los vínculos para la reflexión crítica y la acción efectiva de la defensa de derechos humanos desde los diferentes contextos en los cuales se sitúan cada una de las personas integrantes de la generación, aunada a prioritaria y fundamental tarea de cuidado colectivo entre ellas, ellos y elles y sus más cercanas redes de socialización: familia, el vecindario, el barrio, el pueblo, etc. El primer reto al que nos enfrentamos para propiciar y continuar este esfuerzo colectivo que es la Escuelita, ha sido construir un nuevo espacio. ¿Cómo sabernos compañeros y acompañarnos desde lo impersonal que puede ser el mundo digital cuando además reconocemos las diferencias que implica nuestra diversidad? Pensamos en los múltiples estilos de aprendizaje, en las condiciones diferenciadas por cuestiones de género, clase social e incluso espacio geográfico las cuales nos hacen habitar de manera desigual los mandatos sanitarios en lo personal y lo colectivo. Pero también en la propia pertinencia de sostener a pesar de estas condiciones, un esfuerzo de educación popular como este, cuando los contenidos, las finalidades cobran sentido en el actuar cotidiano de los sectores populares y el propio avance y necesidades de los procesos organizativos. Con más preguntas que respuestas claras, retomamos el amplio trabajo de Henry Lefebvre respecto al espacio físico, mental y social, e imaginamos el espacio virtual como un híbrido en donde podemos retomar lo percibido para proyectar “una izquierda y una derecha, una parte superior y una parte inferior”[5] desde lo concebido, que permita la proyección de lo que concretamente atraviesa nuestras corporalidades y territorios de modo que practiquemos la responsabilidad compartida de comprender nuestro presente desde nuestros
Ignacio Ellacuría y los pobres
Sábado 16 de noviembre de 2019 Miguel Concha Como informé en mi colaboración anterior, hoy se cumplen 30 años de la matanza de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (UCA), y de sus dos trabajadoras domésticas. Recordé también que según un informe de la ONU de 1993, el principal objetivo de la agresión era Ignacio Ellacuría, filósofo, teólogo, analista político y rector de la UCA, a causa de la rabia que le causaban a la oligarquía salvadoreña sus explicaciones estructurales sobre el origen de la injusticia y la violencia, a pesar de que por razones particulares éticas y teológicas él siempre tuvo reparos frente a la violencia física revolucionaria. Por la trascendencia de este acontecimiento en la memoria de los pobres del continente, pensamos que su conmemoración no puede pasar desapercibida en El Salvador, en México y en toda América Latina. Ignacio Ellacuría fue un gran mediador del conflicto armado salvadoreño. Pugnó siempre por el diálogo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la entonces fuerza guerrillera y hoy partido político que ha llegado a gobernar ese país, tras firmar la paz en el Castillo de Chapultepec, tres años después de la masacre de los jesuitas. Para el proceso de paz salvadoreño, el legado de Ellacuría no puede entenderse sin la vigencia de su pensamiento teológico y filosófico, pues Ellacuría creía en una paz con justicia social. Además, como creyente, veía en los pobres del continente el rostro del Cristo Crucificado por la opresión de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Como aporte original, en su tiempo como rector impulsó la cátedra de la Realidad Nacional, que hoy lleva su nombre y se imparte en muchas universidades jesuitas y no jesuitas en varios países de Iberoamérica. En esas sesiones se hacía un agudo análisis de las razones que dan cuenta de las injusticias que se cometen contra los pobres por razones ideológicas e intereses económicos y políticos particulares. Su formación filosófica le enseñó a buscar la verdad de las intenciones de quienes dicen trabajar por el desarrollo, pero esconden intereses que benefician a unos pocos, en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías populares. El legado de Ellacuría en teología y en filosofía puede resumirse en las frases, que retomando al filósofo vasco Xavier Zubiri, desarrolló en sus escritos: hacerse cargo de la realidad (momento noético), cargar con la realidad (momento ético) y encargarse de ella (momento práxico). Lo que significa reconocer las injusticias del mundo a través del análisis, asumirlas como inaceptables y hacer algo para cambiarlas. Una obra, como la desarrollada por él, es en sí misma de gran actualidad, porque pretende desentrañar analíticamente las claves de esa realidad, para transformarla en beneficio del pueblo crucificado. En El Salvador de hoy, como en México y en muchos países de América Latina, las condiciones sociales y económicas son prácticamente las mismas: una enorme desigualdad social, en la que millones de personas viven en condiciones de pobreza y sufren violaciones de sus derechos humanos, que contrasta con una pequeña minoría que acumula riquezas y provoca de facto la imposibilidad de una verdadera democracia, y la impunidad por sobre el poder mismo del Estado. Como recién dijo Lula, es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia. La región vive hoy en medio de una globalización económica, en la que el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas y delitos de cuello blanco– juega un rol preponderante y profundiza esta polarización social en los distintos países, imponiéndose en los territorios a través de la fuerza y de las armas. La exclusión social que viven niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, frente a las escasas oportunidades de empleo y las pocas posibilidades de reconstrucción del tejido social, se expresan en la migración y la sobrevivencia de sus familias. El análisis de las condiciones de vida de los conflictos específicos que viven las mayorías populares, puede haber cambiado respecto a los conflictos armados de los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero los intereses rapaces delas grandes corporaciones, el neo-extractivismo, el desarrollo de ne-gocios en telecomunicaciones, el propio narco, y el tráfico de personas y armas, al amparo del poder político, siguen el mismo patrón de acumulación capitalista, con unos pocos beneficiados y unos muchos excluidos, enajenados y oprimidos. El método, el pensamiento y la obra de Ignacio Ellacuría siguen vigentes para analizar lo que nos está pasando. Sin embargo, habrá que buscar releer sus escritos con nuevos ojos, para desentrañar cómo podemos salir de la barbarie en la que nos encontramos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Reuters
Nueva Fiscalía en Derechos Humanos: Una oportunidad histórica para las víctimas
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2018, una de las principales apuestas de dicha ley es la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una instancia que por primera vez responda a las demandas y exigencias de la lucha contra la impunidad en las últimas décadas en el país. La creación de la primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a nivel federal es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano investigue todos aquellos hechos violatorios de derechos humanos, los cuales hasta el día de hoy siguen impunes, cuyo número de víctimas es incalculable, y se sancione a los responsables de estas graves violaciones. Víctimas de graves violaciones a derechos humanos, colectividades, organizaciones y especialistas consideramos que el cuidado del proceso de designación de la persona titular resulta sumamente importante para el adecuado funcionamiento de esta Fiscalía especializada. Por ello, este proceso debe garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad, así mismo debe contar con una amplia participación ciudadana, escuchando principalmente las voces de las víctimas y a sus familiares, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, retomando también lo establecido en la Ley Orgánica. De igual modo, es deseable que la o el nuevo Fiscal cuente con un perfil caracterizado por el pleno dominio en el conocimiento de los derechos humanos, con un trabajo previo reconocido en el acompañamiento a víctimas y que garantice la plena autonomía e imparcialidad en la procuración de justicia. Lo anterior es indispensable para que el Estado mexicano dé certeza a las víctimas sobre garantías para acceder a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición, respetando y reconociendo los largos caminos de exigibilidad que han recorrido víctimas, sus colectividades y organizaciones acompañantes defensoras de derechos humanos. Organizaciones y Colectivos Biofilia A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Ku’untik Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A. C. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C. Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México Colectivo Liquidámbar Colectiva Margarita Neri Colectivo Zapata Vive Colores, A.C. Comité Enrique Guerrero Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán (COVIC) Comités de Enlace Tecoanapa, Dos Ríos y Huamuxtitlán-Olinalá, CRAC-PC Comunidad Indígena Náhualt de San Pedro Tlanixco, Estado de México Consejo Comunal Indígena de Gobierno de Arantepacua, Michoacán Convergencia de Organismos Civiles, A.C. Convivencia Sin Violencia, A.C. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, A. C. Documenta Desde Abajo Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos El Caracol, A.C. Espacio Progresista, A.C. Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC Casa de los Pueblos México Brigadas Emiliano Zapata de México Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C. Grupo Internacionalista Grupo Socialista Obrero Grupos de Amigos con VIH, A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina A. C., “Centro Madre Antonia” Liga de Juristas «26 de septiembre», A. C. Movimiento Apolat Talpan Tajpiani Movimiento de Diversidad Progresista, A.C. Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero (MOLPPEG) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red de 43 organizaciones en 23 estados del país) Observatorio Designaciones Públicas Oficina para América Latina de la Coalición internacional para el Hábitat (Hic-AL) Periódico el Zanzontle Puebla Vigila, A.C. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) Saber para la Vida, A.C. Unión General de Trabajadores de México Unión de Lucha Anticapitalista. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre Universidades en Emergencia Asociación Latinoamericana de Medicina Social Red de Juventudes Trans Personas Araceli Osorio Martínez, madre de Víctima de Feminicidio, CDMX María Margarita Alanís Rosales, madre de Campira víctima de feminicidio Yadira Miranda Terán, sobreviviente de violencia familiar María de Lourdes Mejia Aguilar, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, víctima de ejecución extrajudicial Luz Guadalupe Sánchez Gochi, víctima indirecta de feminicidio Jhonatan Hernández Hernández, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Jaime Luna Campos, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Daniel Giménez Cacho, actor Rita Canto Vergara, profesora UAM Iztapalapa Norma Evelín López Ángeles, Abogada del CDHZL Dr. Manuel Canto Chac, Universidad Autónoma Metropolitana Baltimore Beltrán, actor Sophie Alexander-Katz, actriz María Teresa Munguia Gil Azyadeth Adame Antonio Rueda Cabrera Brahim Zamora Salazar Laura Torres Martínez Susana Chanfón Kung, CDMX Rosario Dafne Luján Velázquez Dra. Pilar Berrios Navarro, Universidad Autónoma Metropolitana Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, UAM Lerma Beatríz Reyes, activista Arely Orozco Rolón, Sorece Juan Francisco Aguirre Riveros Lizeth Mejorada Ángeles Navarro Ana Paula Muñoz Karla Marlene Contreras Ortega, egresada pedagogía FES Acatlán UNAM Beatríz Reyes, activista de Batucada Feminista Mariela Cristell Hernández Pérez Jorge Fernández Souza Lic. Joaquín Quintana P. Javier Morales Carvente Marco Antonio Rojas González Alejandro May Noemí Luján Ponce, profesora UAM Xochimilco Emilienne de León Aulina, ILSB Alicia Mesa Bribiesca, CAM Teresa González Molina, UAM Iztapalapa Iraís Delgado Rocha, antropóloga social UAM Mayra Irasema Terrones Medina, profesora UAM Xochimilco Kenia Inés Hernández Montalván, CRAC-PC y Movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero. América Aparicio Morán, Colectivo Zapata Vive Claudia Alejandra Fajardo Castrejón, Colectivo Zapata Vive Elizabeth Hernández Dávila, Colectiva Margarita Neri Grecia Mosso Hernández, Colectiva Margarita Neri Briseyda Hermenegildo Flores, Colectiva Las del Aquelarre Karla Micheel Salas Ramírez David Peña Rodríguez Fabián Bautista Ortiz Flor Elen Hernández Hernández, Colectivo
Conversatorio en el Senado sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC | Participación del CDHVitoria
¿Qué es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-PIDESC)? y ¿por qué es importante su pronta ratificación? Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. A nombre de nuestro director Don Miguel Concha Malo y de todo nuestro equipo de trabajo, agradecemos la invitación para participar en este Conversatorio de suma importancia para los derechos humanos en México. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son derechos esenciales para que personas y comunidades cuenten con condiciones de vida digna, y puedan ejercer su autonomía, vivamos sin miedo y en libertad. Recordamos que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; inclusive ha adoptado algunas medidas violatorias a los mismos en los últimos años. Cuando se adoptó el Pacto Internacional no se estableció mecanismo alguno de vigilancia, ni de cumplimiento que garantizará el compromiso adquirido por los Estados, ni que permitiera que las víctimas de violaciones de sus DESC tuvieran un mecanismo de exigibilidad y denuncia. Por esta razón, y después de muchos años de la aprobación del Pacto, el 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC). La importancia del Protocolo Facultativo resulta en ser una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender y protegerse, así como exigir medidas de reparación a los Estados. El Protocolo establece tres mecanismos para atender las violaciones: Un procedimiento de comunicaciones individuales y colectivas: el cual permite a las víctimas presentar una petición o queja antes el Comité DESC (el cual es un grupo de 18 personas expertas que examina los avances y desafíos que tienen los Estados en materia de los DESC). Un mecanismo de quejas interestatales o comunicaciones entre Estados: lo que posibilita que un Estado parte pueda presentar una comunicación a otro Estado señalando la falta de cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los DESC, ésto se hará bajo mutuo acuerdo de reconocimiento del mecanismo. Un mecanismo operativo de comunicación: el cual permitirá al Comité DESC realizar una investigación a partir de recibir información fiable con respecto a la falta de cumplimiento del PIDESC. Hasta el momento alrededor de 45 Estados lo han firmado y 24 de éstos lo han ratificado. México es uno de los Estados que hasta la fecha no ha ratificado el Protocolo Facultativo, resultado del poco o nulo interés hasta ahora mostrado, y más grave aún por la falta del pleno reconocimiento a este grupo de derechos, los cuales históricamente han sido desplazados a un segundo nivel frente a los Derechos Civiles y Políticos. Durante la última década, el Estado mexicano ha considerado a los DESCA como servicios que puede o no conceder (incluso que se acceda a ellos según puedan o no pagarlos la población), resultando en que sólo un parte de la población mexicana puede tener acceso y por ende ejercerlos, dejando de lado principalmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Los DESCA no son servicios, no son mercancías, ni concesiones que el Estado tenga que darle a la población, son derechos que tienen el mismo nivel de importancia que otros, atendiendo el principio de indivisibilidad e integralidad, acorde al texto constitucional, que establece que los derechos tienen la misma jerarquía y que el Estado no tendría que priorizar unos sobre otros, por lo que su garantía, protección, promoción y respeto es una obligación del Estado. Frente a la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país, los DESCA también están siendo afectados, y las personas y sus comunidades violentadas. Mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA son urgentes frente un contexto de impunidad estructural predominante, principalmente en el acceso a la justicia, derivado de las acciones y omisiones del Estado mexicano, en relación a este grupo de Derechos. Durante el sexenio pasado vimos cómo estos derechos fueron fuertemente violentados. Las Reformas Estructurales, por ejemplo en materia energética, y su correspondiente normativa secundaria, afectan directamente a las comunidades y pueblos indígenas, sin atender, por ejemplo el derecho a la consulta según estándares internacionales; por el contrario, es reforma da beneficios a empresas sobre las comunidades en el aprovechamiento de las tierras, entre otras cuestiones. Además, como organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado falta de garantía de derechos como el medio ambiente sano, al agua, el impulso de la soberanía alimentaria y/o a la salud, con todas las implicaciones que corresponden. La ratificación del PF-PIDESC permitirá que víctimas cuenten con un mecanismo de exigibilidad y denuncia, que es urgente. En un contexto como el nuestro, en el cual muchas comunidades y personas han sufrido violaciones a sus derechos, la ratificación del Protocolo supone saldar una deuda que el Estado mexicano debe resarcir en aras de promover, asumir y reconocer los DESCA y establecer mecanismo de vigilancia, con el firme compromiso de que las personas puedan acceder a la justicia a través de este medio. Este momento político en México, es sin duda una oportunidad para que la ratificación del Protocolo se concrete. Distintos mecanismos internacionales han exhortado al Estado mexicano a ratificar el Protocolo, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y en su momento, fue una fuerte impulsora junto a distintas organizaciones de la sociedad civil de la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC”. Esperamos que en este nuevo gobierno hallemos una mayor sensibilidad para poder aprobar el Protocolo, y no seguir argumentando
Vacante | Coordinación del Área de Litigio Estratégico
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Coordinación Área: Litigio Estratégico Vigencia de la convocatoria: lunes 6 de mayo a lunes 20 de mayo de 2019 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: lunes 03 de junio Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores en condiciones más vulnerables. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. A través del área de litigio estratégico buscamos impulsar la protección de Derechos Humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales e internacionales de protección, así como crear insumos metodológicos, informativos y políticos para visibilizar las estrategias y el trabajo de los procesos y casos que acompañamos a fin de que tengan un impacto en otros casos y procesos. Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva tanto con autoridades como con las personas que acompañamos en la organización. Derivado de los casos y procesos que acompañamos es importante que la persona postulante cuente con trabajo previo de por lo menos un año en organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos y que tenga experiencia en trabajo directo con víctimas de violaciones a derechos humanos. El Área de Litigio Estratégico responde directamente a la Coordinación General y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en organizaciones no gubernamentales u organizaciones sociales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Conocimientos necesarios. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Computación: Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con actores que ésta atiende y con quienes se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Actividades y responsabilidades del puesto. Coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Diseñar en conjunto con el equipo estrategias de litigio, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Coordinar la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Colaborar en la elaboración de informes que documentan graves violaciones de derechos humanos. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacio de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación
Foro en materia de DH, migración y población | Participación de Miguel Concha en mesas de diálogo por el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Ponencia para el Foro en materia de Derechos Humanos, migración y población del Eje 1 : Justicia y Estado de derecho en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 del Gobierno de México realizado en la Secretaría de Gobernación A nombre del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., organización dedicada desde hace casi 35 años a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, saludo a las personas del presente panel y a las funcionarias y funcionarios que hoy se encuentran presentes. Agradecemos la apertura de este espacio de diálogo respecto a un tema tan crucial para el ejercicio y la garantía de los derechos fundamentales en nuestro país. Como es bien sabido por todas y todos los aquí presentes, los Derechos Humanos son un pilar de la vida democrática en México. Las demandas de la sociedad civil se expresan en términos de derechos humanos desde hace ya varias décadas, y en ellas se contemplan las necesidades de todo tipo de personas: trabajadoras, campesinas, estudiantes, infantes, juventudes, mujeres, personas de la diversidad sexo-genérica, etcétera. Lo anterior se ve reflejado en la reforma constitucional de 2011, así como en los tratados internacionales reconocidos por el Estado Mexicano, en los cuales se reconocen los derechos humanos como parte del andamiaje jurídico que protege a las personas que habitan y transitan por nuestro territorio, haciendo así eco de las demandas de las personas y los movimientos sociales. Gracias a esta reforma histórica, las instituciones deben hacer uso de los estándares y tratados internacionales de derechos humanos para construir legislación y políticas públicas en todos los niveles de gobierno, así como para exigir cuentas a las autoridades por las violaciones incurridas a los derechos fundamentales. Sin embargo, esta reforma fue sólo un inicio en la garantía, protección, respeto y promoción de los derechos humanos. Las entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales en la materia (tanto los organismos internacionales, como las instituciones autónomas nacionales, como la CNDH) han dado cuenta de un contexto deplorable respecto a estos derechos: en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diagnosticó una profunda crisis de derechos humanos, consistente en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, impunidad sistemática, militarización y falta de voluntad política en todos los niveles de gobierno para acatar las recomendaciones y el establecimiento de leyes pertinentes para la protección de las personas. Esta situación fue alimentada por los gobiernos de sexenios anteriores, en los que, a pesar del discurso oficial, los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos fueron descuidados. Con el fin de erradicar esta situación, vemos que el enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal en todas las instituciones del Estado, ya que no pueden verse los derechos humanos como elementos aislados, sino como directrices que deben acatarse por todos los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno, con el propósito de no obviar tres aspectos fundamentales de los derechos humanos: su integralidad, indivisibilidad e interdependencia. Es decir, que no se pueden garantizar algunos mientras sean violados otros; cuánto más que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos […] En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar que el respeto, la promoción, la protección y la garantía de los derechos humanos atraviesen el establecimiento de sus objetivos y de sus acciones; y esto en virtud de que estos derechos tocan cada aspecto de la vida de las personas: derechos humanos son la alimentación adecuada, el acceso al agua, el trabajo digno, el acceso a la salud, la libertad de expresión, la participación política, el acceso a la justicia, la vida cultural, la protección de los territorios ancestrales, el decidir sobre el propio cuerpo, la identidad, la no discriminación y, finalmente, la vida e integridad personales. Un Estado garante de derechos debe, pues, encaminar sus esfuerzos de manera integral, y esto sólo puede hacerse si el enfoque de derechos humanos se vuelve un eje transversal en todas las instituciones. Asimismo, el enfoque transversal de derechos humanos debe integrar los enfoques de género, intergeneracional e interseccional, debido a que las necesidades de las personas cambian dependiendo de su género, edad, condición socio-económica, lugar de procedencia, su pertenencia a alguna comunidad indígena, orientación sexual, discapacidades, etcétera; aspectos que son relevantes, toda vez que existen grupos que de manera histórica se han visto más vulnerados que otros, y cuyos derechos se ven violados de manera sistemática. Integrar estos enfoques significa proporcionar a las instituciones herramientas para adecuar su actuar a las necesidades de las personas. Y particularmente, el enfoque interseccional permite identificar aquellas necesidades que se ven insatisfechas debido a las condiciones concretas de las personas, cruzando situaciones de vulnerabilidad concreta, y profundizando en los diagnósticos necesarios para la elaboración de políticas públicas y legislación adecuada. Estos enfoques son necesarios, toda vez que los derechos humanos se caracterizan, además de por su interdependencia e indivisibilidad, por su universalidad, progresividad y no discriminación; es decir, que deben ser garantizados para todas las personas sin excepción, y siempre en el sentido de mejorar sus condiciones de vida, sin dar lugar a retrocesos. Considerando lo anterior, es necesario que la estructura del Plan Nacional de Desarrollo se edifique sobre tres ejes fundamentales: democracia participativa, respeto a los derechos humanos y desarrollo sustentable. Para alcanzar dicho objetivo es necesaria la disposición y voluntad estatal que garantice políticas públicas afines a estos ejes, así como la implementación de mecanismos interinstitucionales que permitan construir legislación y política pública de manera integral entre las diversas instancias que conforman al Estado. De igual manera, se debe priorizar la evaluación de todo lo acotado en el Plan Nacional de Desarrollo,
