Perfil de vacante | Área jurídica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: 07 de enero de 2019 a 25 de enero de 2019 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Febrero 2019 Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Litigio Estratégico Impulsar la protección de Derechos Humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales e internacionales de protección, así como crear insumos metodológicos, informativos y políticos para visibilizar las estrategias y el trabajo de los procesos y casos que acompañamos Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva tanto con autoridades como con las personas que acompañamos en la organización, además de ser una persona responsable con gusto por el trabajo en derechos humanos. El Área de Litigio Estratégico responde directamente a la Coordinación General y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia en procesos de acompañamiento a casos en organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Conocimientos necesarios. Computación: Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacio de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir con anterioridad a las 24 h
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Aniversario del Centro Fray Julián Garcés
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar delitos como la trata de mujeres en Tlaxcala y el resto del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de junio de 2018 Miguel Concha Al terminar este sexenio se habrán cumplido 12 años de una de las etapas de mayor violencia en la historia del país. La mal llamada guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no sólo no frenó la expansión de las redes de la economía criminal, sino que por el contrario propició que la espiral de violencia se extendiera a todos los rincones del territorio nacional y a todos los sectores de la población, particularmente las mujeres y los jóvenes. Por otro lado, las llamadas reformas estructurales del régimen reflejaron un panorama adverso en el respeto y garantía de los derechos humanos, pues además de que facilitaron a intereses particulares el acceso a la lucrativa apropiación y depredación del territorio, los recursos naturales y la salud de los trabajadores, también abrieron la posibilidad para omitir e impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos, las comunidades y los defensores de esos derechos, pues, frente a la voracidad de tales intereses, limitaron al mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos para su defensa. Tlaxcala no escapa a esa dolorosa realidad, y es en este contexto que el Centro Fray Julián Garcés –que presentó su 16 informe institucional Comunidad, signo de luz y esperanza– refrenda desde hace 16 años su misión de promover y defender con una perspectiva integral y de género los derechos humanos. Por ello a lo largo del último año ha continuado su labor de investigación y denuncia en torno a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como los daños generados a las comunidades por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que tanto aqueja a esa entidad. El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar este delito en Tlaxcala y el resto del país. Resultado de ello es la actualización del Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual evidencia que la ineficacia gubernamental para la elaboración y aplicación de políticas públicas pertinentes y adecuadas ha impactado directamente en el aumento de municipios con presencia de trata (¡17 municipios más de los reportados en 2008!). Por ello, en su 16 informe urge a la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, y de un Programa Educativo de Prevención de la Trata dirigido a niños y niñas. Por otro lado, junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, inició un proceso colectivo de análisis, difusión y diálogo comunitario en torno a la Recomendación 10/2017 de la CNDH, primer documento del Estado mexicano que reconoce los impactos de la contaminación del agua en la salud de la población y la responsabilidad de las autoridades por no cumplir con la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de la cuenca. Fruto central de ese proceso es la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que cuenta con el respaldo de científicos solidarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incorpora principios técnico-científicos necesarios para el saneamiento del agua y la restitución del entorno que favorece la vida del río y las comunidades a partir de la reivindicación del derecho a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. En el contexto de la presentación de su 16 informe, fueron muy valiosos los comentarios de Raúl García Barrios, investigador de la UNAM, respecto a que no existe mayor daño en el cuerpo de las comunidades que la destrucción de los cuerpos de las mujeres y niñas y la destrucción del cuerpo de la naturaleza que las integra. Igualmente significativas resultaron las palabras de la antropóloga Ixchel Yglesias, quien concluyó que la prevención de la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual feminicida deben ser consideradas problemas estructurales cuya solución depende de la aplicación de políticas públicas con participación comunitaria. El informe Comunidad, signo de luz y esperanza representa el llamado que el Fray Julián hace, al cumplir 16 años de servicio comunitario, en la defensa y promoción de los derechos humanos para que colectivamente se asuman las acciones que nos conduzcan a alcanzar la paz y terminar con la violencia feminicida y la destrucción de nuestra Casa Común. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Centro Fray Julián Garcés (Facebook) [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Perfil de vacante | Área jurídica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: Abril 2018 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, con posibilidad de extensión hasta fin del 2018 y renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Inmediato Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Defensa jurídica tiene como objetivo defender, proteger y promover los derechos humanos mediante el uso alternativo y crítico del derecho en la asesoría y acompañamiento jurídico a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva, además de un fuerte sentido de ética laboral con el equipo de trabajo y con las personas a las que acompaña la organización en sus procesos de defensa. El Área de Defensa responde directamente a la Coordinación General y a la Dirección General, y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales y 2 años en procesos de acompañamiento a casos preferiblemente con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos necesarios. Computación: Suit de Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacios de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir los siguientes documentos: Currículum vitae. Una carta de motivos de una cuartilla en donde explique su interés en participar en el Área de Defensa del Centro Vitoria. 2 cartas de recomendación laborales (de preferencia de organizaciones civiles de derechos humanos). Tras la finalización del plazo de recepción de documentos, el comité de selección realizará una preselección de las candidaturas que más se adecuen al
Hello world!
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There’s a voice that keeps on calling me
Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses – always fighting all the evil forces bringing peace and justice to all. There’s a voice that keeps on calling me. Down the road, that’s where I’ll always be. Every stop I make, I make a new friend. Can’t stay for long, just turn around and I’m gone again. Maybe tomorrow, I’ll want to settle down, Until tomorrow, I’ll just keep moving on. Hey there where ya goin’, not exactly knowin’, who says you have to call just one place home. He’s goin’ everywhere, B.J. McKay and his best friend Bear. He just keeps on movin’, ladies keep improvin’, every day is better than the last. New dreams and better scenes, and best of all I don’t pay property tax. Rollin’ down to Dallas, who’s providin’ my palace, off to New Orleans or who knows where. Places new and ladies, too, I’m B.J. McKay and this is my best friend Bear.
80 days around the world
80 days around the world, we’ll find a pot of gold just sitting where the rainbow’s ending. Time – we’ll fight against the time, and we’ll fly on the white wings of the wind. 80 days around the world, no we won’t say a word before the ship is really back. Round, round, all around the world. Round, all around the world. Round, all around the world. Round, all around the world. I never spend much time in school but I taught ladies plenty. It’s true I hire my body out for pay, hey hey. I’ve gotten burned over Cheryl Tiegs, blown up for Raquel Welch. But when I end up in the hay it’s only hay, hey hey. I might jump an open drawbridge, or Tarzan from a vine. ‘Cause I’m the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses – always fighting all the evil forces bringing peace and justice to all.
Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó
PERITO INDEPENDIENTE CONCLUYE QUE LESVY NO SE SUICIDÓ Ciudad de México, 04 de agosto de 2017 -Perito criminalista presentó mecánica de hechos que desmienten versión de Procuraduría: lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas de suicidio. -Muerte de Lesvy no fue suicidio sino feminicidio, por lo que exigen que el caso sea reclasificado por el Poder Judicial. -Familia de Lesvy y Centro Vitoria como organización defensora del caso expresamos nuestro respaldo a peritaje realizado. En conferencia de prensa, el maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Víctor Chávez, acompañado de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mostraron información que demuestra que Lesvy Berlín Rivera Osorio no se suicidó como pretende concluir la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). La opinión técnica, que incluye una reconstrucción de los hechos en condiciones similares a las que determinan las autoridades que habrían ocurrido en la caseta de teléfono, concluye que no pudo ocurrir asfixia al no ser posible la suspensión del cuerpo. Las lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas suicidas. VIDEO. Por ello, tanto la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio como el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., expresamos nuestro respaldo al trabajo del Maestro Víctor Chávez y del OCNF, quienes se han mantenido cercanos al trabajo de defensa que realizamos, luego que la PGJCDMX se negó a conceder la coadyuvancia institucional del OCNF en las investigaciones. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que este Centro de Derechos Humanos interpuso un recurso de apelación para que el delito se reclasifique como feminicidio. Existen pruebas suficientes para que el acusado sea inculpado por dicho delito y no por “homicidio simple doloso por omisión”, como lo pretende el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Autoridades encargadas de garantizar el acceso a la justicia han violentado de manera reiterada los derechos humanos de las víctimas, revictimizando y actuado sin perspectiva de género. Entre los actos violatorios de derechos humanos, resaltamos la actuación del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña, y de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera. Ambas autoridades deben ser destituidas de su cargo de manera inmediata por obstaculizar el acceso a la justicia para Lesvy. Finalmente, señalamos la urgencia de corregir la deficiente actuación de las autoridades, para realizar la investigación complementaria con perspectiva de género y determinar la vinculación a proceso del acusado por el delito de feminicidio. El caso de Lesvy debe ser un punto de inflexión que permita que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 VIDEO Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Preocupaciones y propuestas de la sociedad civil de México y de la UE respecto de la “modernización” del Acuerdo Global UE y México (TLCUEM)
PREOCUPACIONES Y PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE MÉXICO Y DE LA UE RESPECTO DE LA “MODERNIZACIÓN” DEL ACUERDO GLOBAL UE Y MÉXICO (TLCUEM) Junio 2017 El Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (que es parte del Acuerdo Global) entró en vigor hace 17 años. El acuerdo de libre comercio existente permitió a la UE alcanzar la liberalización del 95% de los bienes y servicios. Sin embargo, la UE ha considerado que este tratado ha quedado «obsoleto». El acuerdo “modernizado” entre la UE y México apunta a alcanzar el mismo nivel de liberalización que en el tratado entre Canadá y la UE (CETA). Debido a que los aranceles entre México y la Unión Europea ya son bajos, el Acuerdo propuesto se centraría en ampliar la liberalización de servicios, en temas normativos, derechos de los inversores (incluyendo el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado), compras y empresas públicas, propiedad intelectual y barreras no arancelarias al comercio. La UE y México anunciaron a principios de abril que su objetivo es concluir las negociaciones antes de finales de 2017. Las negociaciones se están dando a un ritmo muy rápido y en secreto. Esto ha hecho imposible una participación significativa de la sociedad civil y su seguimiento de las negociaciones. Preocupaciones ante la próxima ronda de negociaciones Profundización del modelo del Acuerdo Global vigente fracasado Estudios internacionales independientes han evaluado que este Acuerdo no logró los resultados prometidos en términos de desarrollo sostenible, la creación de empleo y la protección de los derechos humanos en México, y ni siquiera logro diversificar el comercio en el país latinoamericano[1]. Así también, la clausula democrática del acuerdo global no ha desembocado en ninguna decisión o medida que haya ayudado con la situación continua de violación de derechos humanos, incluidas las violaciones por parte de inversores europeos, en México. El dialogo político no ha favorecido un dialogo significativo entre la sociedad y el gobierno. Nada de esto se ha tenido en cuenta al diseñar el nuevo mandato de negociación para el proceso de modernización. Es preocupante que el nuevo tratado profundice el mismo modelo de liberalización del comercio en lugar de promover un nuevo tipo de relaciones basadas en la complementariedad económica, que respete plenamente los derechos humanos y que priorice el derecho del gobierno a determinar su modelo de desarrollo económico por encima de la competencia y las ganancias de las grandes corporaciones. Derechos exigibles para los inversores vs. falta de obligaciones de los inversores respecto a los derechos humanos El objetivo explícito de añadir un capítulo de protección de las inversiones significa que la agenda de modernización del TLC es, ante todo, una extensión y profundización de las protecciones a los inversores. Este capítulo de protección de las inversiones permitirá a los inversores extranjeros desafiar unilateralmente las regulaciones de interés público introducidas por los gobiernos, haciendo uso del mecanismo de solución de disputas inversor- Estado, el cual permite eludir los sistemas jurídicos nacionales. Hay una preocupación generalizada respecto a que un TLC modernizado entre la UE y México, en el cual se incluya el arbitraje de inversiones, va a restringir el futuro espacio político del gobierno para, en un futuro, revocar la muy controvertida y poco popular decisión del gobierno mexicano de abrir, después de décadas, la industria de explotación de petróleo y gas a compañías extranjeras. Las compañías de petróleo y gas se encuentran entre los usuarios más activos del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado a nivel global[2]. Por otro lado, las empresas europeas tienen trayectoria en la violación de los derechos humanos y el medio ambiente en México, casi con total impunidad[3]. El capítulo de inversiones propuesto, elaborado por la Unión Europea, no hace nada para abordar esta situación. Por el contrario, profundizará el desequilibrio entre los derechos vinculantes para las corporaciones y las normas voluntarias cuando se trata del respeto a los derechos humanos. La propuesta de la UE no incluye ninguna obligación para los inversores, sólo derechos. Capítulos débiles sobre desarrollo sostenible, derechos sociales y diálogo político Los capítulos propuestos sobre desarrollo sostenible y diálogo político incluyen compromisos redactados de forma vaga y no vinculantes sobre salvaguardias medioambientales. Las disposiciones débiles y no exigibles de este capítulo contrastan agudamente con los fuertes privilegios aplicables para los inversores extranjeros que se proponen en el capítulo de inversiones. No se establecen recursos judiciales para las comunidades afectadas por el tratado propuesto. Por último, el derecho al desarrollo no está garantizado por este capítulo, sino que, por el contrario, se pone en peligro. Ataque a los servicios públicos Si el acuerdo de modernización con México sigue el enfoque de ´lista negativa´ del CETA para los compromisos en materia de servicios, los derechos de la ciudadanía de acceso a los servicios básicos como el agua, la salud, educación o la energía, estarán bajo amenaza. Impacto sobre los pequeños agricultores y la soberanía alimentaria En las negociaciones actuales, la UE insiste en que México reconozca el Convenio Internacional de 1991 para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Esto restringiría aún más la libre circulación del intercambio de semillas entre campesinos y amenazaría la diversidad de especies mexicanas de maíz. Las víctimas serán los tres millones de agricultores cuya agricultura tradicional es una piedra angular de la seguridad alimentaria del país[4]. Recomendaciones Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil de México y Europa abajo firmantes, exigimos un cese de las negociaciones en curso hasta que la Comisión Europea y el gobierno de México se comprometan a: 1- Revelar el mandato de las negociaciones comerciales, y publicar los borradores de textos de negociación consolidados. 2. Asegurar la consulta y participación significativa de la sociedad civil de México y Europa en los procesos de toma de decisiones relacionados con políticas y acuerdos económicos a través de mecanismos institucionalizados y comprensivos que garanticen la transparencia y permitan una amplia participación de actores interesados de la sociedad Civil, incluyendo una representación justa de las comunidades y representantes de los grupos afectados.. 3. Llevar a cabo una
Captura corporativa del Estado
Captura corporativa del Estado Sábado 24 de junio de 2017 Miguel Concha El grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. La visita tuvo como objetivo evaluar los esfuerzos realizados por parte del Estado mexicano para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales. En el marco de la visita más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron un Informe en el que documentaron 68 casos de abusos a derechos humanos, de los que el grupo de trabajo retomó seis casos emblemáticos, para evidenciar los abusos a derechos humanos. De esto di cuenta al concluir esa visita el año pasado ( La Jornada, 10/09/16). El informe final del grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, que presentó el pasado 8 junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, subraya temas fundamentales que desde tiempo atrás han venido preocupando a organizaciones sociales, comunidades y expertos en el tema. Observó por ejemplo que se requiere redoblar esfuerzos en concientizar a las empresas sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida en relación con sus actividades e inversiones. Y en la presentación del informe se destacó que los integrantes del grupo detectaron que las empresas no perciben ni reportan lo que hacen para prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos. Mucho menos cómo abordan casos concretos para revertirlas. El mismo informe señala que el Gobierno tampoco ha trazado pautas claras, ni fijado expectativas definidas para las empresas, en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades. De allí la urgencia de contar ya con el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el que se hagan sobre sus contenidos y metas las mayores consultas posibles a comunidades y organizaciones sociales, teniendo en cuanta que, con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno tampoco dispone de pautas y políticas claras para modificar, mediante las prácticas de contratación pública, la conducta de las empresas. Asimismo el grupo de trabajo concluye que hasta la fecha el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. El informe hace énfasis en la urgencia de respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Reitera además que las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos, y que han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. En su momento las organizaciones sociales denunciaron que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y al territorio; y en 28, el acceso a la información. Durante la presentación del informe la organización no gubernamental Dominicans for Justice and Peace, con estatuto consultivo ante el ECOSOC, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, manifestó que conforme a sus propias observaciones sobre el terreno es de suma preocupación que el Estado mexicano esté priorizando los intereses económicos de las empresas trasnacionales sobre la protección de los derechos humanos de su población, especialmente grupos vulnerables como los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas. Concordaron por ello con el grupo de trabajo en que por parte del Estado y las corporaciones sigue habiendo una gran necesidad de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, antes de emprender cualquier megaproyecto. El grupo de trabajo denunció también que con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas, sobre todo cuando aquellos defienden sus propios recursos y territorios. Pudo además comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción. Las informaciones sobre el contexto que se hicieron desde la sociedad civil arrojaron que en 62.5 por ciento de los casos relacionados con empresas se documentan amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y las comunidades mismas que defienden sus derechos. Resulta entonces fundamental y urgente que tanto el Estado como las empresas lleven a cabo las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, y que los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán. Las empresas mismas debieran reconocer públicamente la importancia de su labor, en la construcción de una verdadera democracia en México. Y con el propósito de evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos, el grupo de trabajo recomendó también reforzar la supervisión y evaluación de los efectos ambientales y sociales. Se detuvo además en señalar la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con el objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Con este informe, las empresas por fin han sido señaladas como agentes que provocan violaciones a los derechos humanos. La cuestión ahora será ver cómo el Estado, haciendo uso de su soberanía frente al poder corporativo, puede dar cumplimiento a estas y otras recomendaciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : jorgegaygago Entradas relacionadas: Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo
