50 sesión del Consejo de DH de la ONU | Intervención oral sobre el impacto de Covid-19 en las juventudes
Agradecemos a la Alta Comisionada su actualización oral sobre las respuestas de los Estados frente a las pandemias. Los Estados son responsables de atender los impactos en la pandemia que han sido diferenciados en la población. Las juventudes no fueron consideradas como población de riesgo o prioritaria, sin embargo han enfrentado barreras para ejercer sus derechos humanos. El acceso a la educación ha sido una de las principales problemáticas. El 65% de los jóvenes considera que este derecho se ha visto afectado desde el comienzo de la pandemia. Si bien se dieron clases en línea no hubo opciones viables para las personas que no contaban con aparatos electrónicos o internet, y como resultado aumentó la suspensión y el abandono de estudios. De acuerdo con la OACNUDH antes de la COVID-19 aproximadamente uno de cada cinco jóvenes del mundo carecía de empleo. Esto refleja una ausencia estatal que priorice y promueva los derechos laborales de las juventudes. Durante la pandemia, se exacerbó la precarización laboral, por ejemplo con la disminución de salarios, lo que tiene impacto en el acceso a otros derechos. Exhortamos a que los gobiernos implementen acciones integrales y tomen en cuenta las voces de las juventudes para contrarrestar las consecuencias por la COVID-19.
Aportes en materia de Derechos Humanos del Dr. Miguel Concha Malo | Foro
Participación de Jorge Luis Aguilar Pantoja en el Foro «Aportes en materia de Derechos Humanos del Dr. Miguel Concha Malo», realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro el 17 de mayo del 2022.
Pensando el Maíz | Participación de Miguel Concha
El maíz como un elemento cultural e identitario que históricamente ha sido parte de las cosmovisiones, las espiritualidades y las formas de concebir la vida de diversos pueblos.
47 Sesión del Consejo de Derechos Humanos | Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación
En México, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación está siendo cada vez más violado, particularmente para las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y luchas sociales en todo el país. Este Consejo debe exigir a México que garantice que toda violación y abuso de los derechos de libertad de reunión pacífica y asociación sea investigada con el debido proceso y que se aseguren las condiciones necesarias para que las personas se manifiesten sin ser criminalizadas o privadas de su libertad. Video participación durante el Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación presentada por Dominicans for Justice and peace, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el CDH Vitoria.
Encuentro Nacional de Usuarios : Los DH como herramientas de lucha y emancipación | Participación de Miguel Concha
Participación durante el Encuentro Nacional de Usuarios convocado principalmente por la ANUEE en las instalaciones del SME Agradezco mucho la invitación que nos han hecho, a mí y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., a este Encuentro Nacional de Usuarios, con el que se busca construir un movimiento nacional que genere un plan de acción conjunto entre todas y todos los presentes, en medio de esta coyuntura tan particular. Saludo con afecto a Martín Esparza Flores, Secretario General del SME; a Enrique Enríquez, Secretario General de la Sección 9 de la CNTE; a Jorge Herrera Ireta, Vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; y a la Dra. Elena Burns, de Agua para Todos; a Juan Carlos Escalante, Coordinador Nacional de la ANUEE, y a todas y todos los miembros del presídium. Deseo comenzar esta participación saludando especialmente la lucha que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) ha emprendido desde hace casi 10 años. Ustedes nos han enseñado muchas cosas durante todo este tiempo, entre las cuales se destaca una lección muy importante: el profundo potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en actores y protagonistas de la historia. Una vez más quiero reconocer públicamente que el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la ANUEE o Agua Para Todos, Agua Para la Vida, porque sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza (Pleyers, 2017: 6), ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo bienes comunes que beneficien a muchas más personas; por ejemplo, una tarifa social justa en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica, y el acceso equitativo y sustentable al agua. Considero importante señalar que los movimientos sociales, con características como los de ustedes, desafían frontalmente el “orden” establecido por el capitalismo en su fase neoliberal, el cual, por ejemplo, acentúa las desigualdades y permite que autoridades y empresas violen los derechos humanos de personas y grupos que sólo desean construir un mundo más justo y digno, menos desigual y más democrático (REDESCA, 2019). De una u otra forma los movimientos sociales, a través de sus luchas, intentan responder a una eterna pregunta: “¿cómo cambiar el mundo?” (Pleyers, 2018: 16), especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, como la inseguridad, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un “México en llamas”; es decir, en un México feminicida, donde mueren 10 mujeres al día; y donde 10 de cada 100 pesos se pierden debido a la corrupción y la impunidad. En el que existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas. Donde siete de cada diez niñas y niños que nacen en situación de pobreza vivirán así el resto de su vida, por citar sólo algunas referencias. Asimismo, en la última década los movimientos sociales en México se han enfrentado constantemente a la apatía, a la indiferencia, a las descalificaciones, al rechazo, a los prejuicios y a la discriminación de diversos sectores; entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, entre otras cosas, les colocan etiquetas como “revoltosos”, “flojos”, “problemáticos”, “chairos”, “conservadores”. También han luchado contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo diseminado, en gran medida, por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que desgarra al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal que ha sido implantado mediante el capitalismo en su fase neoliberal, los movimientos sociales representan una chispa de esperanza a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles. Por tal motivo quiero proponerles una herramienta efectiva para lograr semejante propósito: los derechos humanos, los cuales ya son viejos conocidos de todas y todos ustedes, porque históricamente muchos de ellos se nos revelan y los ejercemos y gozamos gracias a las luchas de los movimientos sociales. De este modo, cabe preguntarnos qué son los derechos humanos. Hay quienes dicen que éstos son prerrogativas, facultades que tenemos todas las personas para hacer o no hacer algo; o bien, condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano. Todo esto es cierto. Ello no obstante, verlos como una gran caja de herramientas de exigibilidad y justiciabilidad nos abre un gran horizonte, porque así podemos comprenderlos y usarlos también como medios de emancipación para luchar y construir mundos más dignos, democráticos y equitativos, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Por lo tanto, hay que desempacar los derechos humanos de sus cajas para ponerlos en acción (Serrano y Vázquez, 2013), pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los movimientos sociales. Tracemos para ello una ruta de acción de por lo menos tres pasos. Primero, es indispensable que antes que cualquier otra cosa identifiquemos las obligaciones generales de todas las autoridades en sus diferentes niveles de competencia con respecto a los derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y promover. Esta tarea la hicimos semanas atrás junto a la ANUEE en una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación ante funcionarias y funcionarios de distintas dependencias federales, a quienes les recordamos algo que se supone deberían saber. De igual modo, es necesario conocer los principios que permiten utilizar los derechos humanos con fines prácticos (Serrano y Vázquez, 2013); uno de ellos, la progresividad, que implica un avance paulatino de las condiciones mínimas para el ejercicio
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) Saludo a la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación; a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y a todas las autoridades de la Ciudad de México; al Sr. Jan Jarab, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y a participates que nos acompañan esta mañana. Asimismo, agradezco los esfuerzos que se han venido realizado para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en la importancia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Me parece muy conveniente iniciar mi participación recordando que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; ejemplo de esto, es la falta de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual es una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender, proteger y acceder a sus derechos y a la justicia. Así pues, es necesario reconocer a los derechos económicos, sociales, culturales y también a los ambientales como derechos humanos que deben garantizarse más allá del desarrollo de políticas públicas o programas de prestación de servicios, sino desde una perspectiva de igualdad sustantiva que permita eliminar la desigualdad estructural por medio de acciones que garanticen el ejercicio de cada uno de estos derechos; considerando el contexto sociocultural y económico en donde se construyen y reproducen las estructuras de poder que perpetúan los privilegios y las desventajas que impiden el pleno desarrollo de las personas en situaciones de empobrecimiento. Dicho esto, me gustaría abordar la situación que organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha manifestado sobre nuestro país en materia de desarrollo económico y social. Si bien, México es uno de los países con mayor índice de personas en situación de empobrecimiento, colocando a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca como los más afectados, es necesario superar el aspecto de la falta de ingresos como el único elemento constitutivo de la situación de pobreza que adolecen millones de personas en nuestro país, ya que la mayoría de la población en esta situación, se ha visto históricamente privada de la seguridad, las capacidades y las opciones suficientes para poder desarrollarse en el marco de un nivel de vida adecuado. En este sentido, es importante señalar que la escasez de recursos tampoco exime a los Estados en la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que los Estados están obligados a demostrar que han hecho uso del máximo de sus recursos para la efectividad progresiva de cada uno de los derechos, fijando metas que permitan evaluar si las medidas adoptadas van en función de la satisfacción de las obligaciones contraídas. Otro punto fundamental, es la necesidad de reconocer que aun cuando el derecho internacional contempla el margen de discreción a los Estados, el cual brinda la libertad a los mismos para seleccionar los mecanismos que utilizará para hacer efectivas sus obligaciones, este principio no puede ser utilizado para incumplir o justificar la derogación o limitación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que estos actos están enmarcados en las obligaciones mínimas esenciales que cada Estado parte se ha comprometido a cumplir, independientemente de la disponibilidad de los recursos. En consonancia con lo anterior, es necesario la adopción de medidas efectivas que se centren en la elaboración y aplicación de criterios e indicadores de evaluación, con enfoque de derechos humanos, que atiendan a los más altos estándares internacionales para su construcción, y que permitan a la población acceder a información, fidedigna, imparcial y transparente. Por lo que es fundamental que las instituciones encargadas de llevar a cabo esta tarea cuenten con los recursos y autonomía necesaria para cumplir efectivamente sus propósitos en beneficio de la sociedad. Por otra parte es sumamente necesario establecer mecanismos de supervisión, con la finalidad de garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados ante posibles violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyan el derecho al resarcimiento, la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Por ello, es primordial garantizar a su vez la seguridad de quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, durante su visita a México en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos concluyó que uno de los sectores más criminalizados, son aquellos que promueven los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que su labor ha comprometido los intereses económicos que giran en torno a la realización de proyectos a gran escala en materia de minería, energía o infraestructura, evidenciando la falta de regulación de particulares, así como la falta de cumplimiento de las normas internacionales por parte del Estado en relación a tareas concretas que pudieran ser retomadas en el Programa Nacional de Derechos Humanos se identifica la urgente necesidad de fortalecer, acorde con la Constitución Política, instituciones encargadas que tengan por objeto la medición de la pobreza y la evaluación de todas las estrategias y fondos de toda la política de desarrollo social. Me refiero puntualmente, al fortalecimiento del Consejo Nacional del Consejo de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL). Como he
Pueblos indígenas y derechos humanos | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Pueblos Indígenas y Derechos Humanos» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) ________________________________________________________________________________ Saludo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; también a Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Saludo y felicito muy especialmente a Josefina Bravo, por estar ahora al frente de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Saludo también a la Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas; a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; a Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia; a Dolores González Saravia, también integrante del Consejo Asesor, y a Estefanía Hernández, Directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación. Saludo a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana. En mi calidad de Consejero Asesor en la elaboración de este Programa Nacional de Derechos Humanos, agradezco los esfuerzos que cada una de las representaciones de comunidades y pueblos indígenas y de sus organizaciones han hecho para estar este día para dialogar sobre tan urgente e importante aspecto en la vida pública de México. Abordaré en esta breve intervención algunos aspectos que considero importantes en el marco del PNDH en este tema de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sabiendo que gran parte de lo sustantivo se dialogará en las próximas horas en las correspondientes mesas de trabajo. Primeramente abordaré el momento histórico del país y la importancia que tiene en la reflexión abierta a nivel nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Quisiera también profundizar en el tema del territorio de los pueblos y comunidades indígenas, y finalmente un punto igualmente clave: su libre determinación y autonomía. No es menor que en meses pasados se haya llevado a cabo un ejercicio impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que sabemos que se dialogó con 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, mediante 54 Foros Regionales. De dichos foros, sin duda todavía perfectibles, se logró conformar una serie de propuestas que ahora deberán recogerse efectivamente en una iniciativa de reforma constitucional que el Congreso de la Unión deberá discutir sin demora. Este acto de modificación constitucional pudiera hacer, en parte, justicia a la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas. En particular revertir la negativa de los anteriores tres gobiernos para cumplir efectiva y cabalmente los Acuerdos de San Andrés. Qué importante resulta que hoy México reflexione sobre su ser profundo; sobre lo que también somos como país: un país pluriétnico y pluricultural, donde ya no puede ser posible que las hermanas y hermanos indígenas sigan padeciendo lo que hasta ahora han enfrentado: discriminación, violencia, despojo y constantes violaciones a sus derechos. En esto nos jugamos el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, y no únicamente como entidades de interés público; es decir, como titulares de un conjunto de derechos en condiciones de igualdad y de dignidad frente al resto de los integrantes del Estado Mexicano. Se reconocerá, pues, su capacidad jurídica para establecer legítimamente interlocución con las distintas instancias de los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno, y de acuerdo con sus culturas y sus formas propias de organización. La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que se proponga, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por México, como parte de nuestra Constitución desde junio de 2011, en particular la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hace pensar que el artículo segundo debe ser debidamente debidamente reformado en este momento político para México. Dicha reforma constitucional no debe ser solamente el reconocimiento formal de los pueblos como sujetos de derecho público, sino también el inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas. Esta nueva relación pasa por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero también pasa por atender las demandas históricas más sentidas y recurrentes de sus pueblos y comunidades. Una de ellas es el respeto de su relación cercanísima, íntima y vital con sus territorios. Ya relatores de la Organización de las Naciones Unidas han hablado abundantemente sobre este tema. Cómo no mencionar aquí a nuestro querido amigo y conciudadano Rodolfo Stavenhagen, quien nos enseñó que hemos de entender esta relación de los pueblos y comunidades indígenas con el territorio como lugares donde se hace y rehace la vida. Donde conviven lo espiritual y lo material. Donde no hay una sola visión del mundo, sino diversas maneras de ser y estar en el mundo. Este vínculo entre las comunidades y los pueblos con su territorio se ha visto lastimado, y en muchos casos eliminado, dado los intereses, en la mayoría de los casos económicos, que no entienden o no quieren entender esta forma relacional distinta al mundo hegemónico colonial. Urge, por tanto, que el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en relación a los derechos de pueblos y comunidades indígenas se rijan por la búsqueda y construcción de mecanismos legales y políticas públicas que hagan valer su derecho de propiedad sobre el territorio, así como el preferente derecho de uso y disfrute de sus tierras y bienes comunes en esos territorios. El territorio, tal como lo establece la mencionada Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluye en efecto aguas, mares, ríos, lagunas. Vamos, la biodiversidad y símbolos sagrados que en él subsisten. Es decir, que el territorio abarca más que un determinada porción de tierra. Otro asunto fundamental, en mi opinión, es la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. La centralidad del derecho a la libre determinación y a la
Personas defensoras y periodistas | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Personas defensoras de derechos humanos y periodistas» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) ________________________________________________________________________________ Saludo al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; al Ing. Aarón Mastache, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana. Agradezco asimismo los esfuerzos que se han venido realizando para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Me parece muy conveniente iniciar mi breve participación señalando algo de gran importancia: debemos reconocer los invaluables aportes de las personas defensoras y periodistas para la democratización y la defensa de los derechos humanos. De lo anterior se desprende la necesidad de garantizar y respetar su labor a favor de los derechos humanos y de las personas y grupos más vulnerables, por lo cual resulta esencial incentivar mecanismos de colaboración efectiva, participativa y respetuosa entre el Estado y las personas defensoras y periodistas, construyendo siempre un diálogo franco y propositivo que permita la presencia de ambientes propicios para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Dicho esto, quiero compartirles mi profunda preocupación sobre el actual contexto de violencia al que se enfrentan día con día las personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas, así como las organizaciones de la sociedad civil desde las que realizan sus irremplazables aportes. A este respecto, vale recordar el pasado lunes la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde emitió 104 recomendaciones. Este diagnóstico se suma a otras recomendaciones de las que también México ha sido objeto por parte de mecanismos internacionales y expertos de la ONU. Por mencionar un ejemplo relevante, el año pasado se realizó el tercer ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), en el cual nuestro país recibió 264 recomendaciones, de las cuales casi 40 fueron relativas a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y por ello considero igualmente pertinente señalar que las recomendaciones más relevantes del EPU mencionan la importancia de reformar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las agresiones y demás formas de abuso contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; la necesidad de generar entornos de trabajo seguros, que respeten la labor de defensa, así como la conveniencia de reforzar los mecanismos de acceso a la justicia y la realización de investigaciones adecuadas, por mencionar sólo algunas. Tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, los Estados deben tener en cuenta una serie de parámetros para desarrollar una política global de protección, más allá de “restringirse, por ejemplo, a proporcionar esquemas de seguridad a defensores en peligro sin investigar el origen de las amenazas de las que han sido objeto”. Por lo tanto, la promoción del papel de las personas defensoras y periodistas, así como su derecho a defender a derechos, debe constituir el aspecto central de cualquier política pública destinada a proteger, respetar y garantizar este derecho. Finalmente, si bien es cierto que medidas como la solicitud de la elaboración del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la aceptación de las 104 recomendaciones del Mecanismo y de las 262 del EPU, al igual que el reconocimiento público de la labor de activistas y periodistas frente a los riesgos que enfrentan, entre otras, son plausibles y deben ser saludadas, es necesario continuar creativamente con los esfuerzos para que las personas defensoras y periodistas puedan ejercer libre y democráticamente sus actividades a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y con esto me refiero también a los organismos públicos de protección a los derechos humanos, y a las personas que en ellos y desde ellos los promueven y defienden. Imagen destacada: Donovan Ortega
Foro «Por una Legislación Popular. La voz del pueblo y de los trabajadores» | Participación del CDHVitoria
Documento compartido con la ANUEE sobre participación en el Foro: «Por una Legislación Popular. La voz del pueblo y de los trabajadores» convocado por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y diversas organizaciones sociales. ________________________________________________________________________________ ¿Por qué derogar el Artículo 185 del Código Penal Federal? La protesta social, un derecho Como bien sabemos, los derechos de asociación y de reunión, así como a la protesta social, están reconocidos y protegidos por la Constitución y por diversos tratados internacionales. Estas acciones han sido a lo largo de la existencia humana un motor de cambio, enfocado a mejorar las condiciones de vida para todas y todos. La protesta social es, pues, un instrumento que le permite a la sociedad civil renovar, reformar o inclusive derribar las viejas estructuras opresivas y avanzar hacia un mejor equilibrio de los derechos individuales y colectivos. Por tales motivos, a medida que el Estado intente contradecir la Constitución a través de imposiciones legales para la defensa de intereses particulares, podremos realizar acciones que fomenten la restitución, modificación o derogación de leyes que obstruyan la defensa y promoción de los derechos humanos. Actualmente se desarrollan múltiples proyectos de inversión tanto pública como privada en el territorio mexicano, los cuales afectan diversos bienes y recursos comunes de distintas comunidades, como la energía eléctrica, el agua, los bosques, los minerales y las tierras, violentando así sus derechos humanos. ¿Qué contempla el artículo 185 del Código Penal Federal? Básicamente, que quien obstruya o impida la ejecución de alguna obra pública, será castigado de tres meses a un año de prisión si se opone a tal cometido sin violencia, y si ésta fuere con violencia, la pena será de hasta dos años de prisión. Tres razones para derogar el artículo 185 del Código Penal Federal 1.Porque no menciona específicamente qué acciones son consideradas como violentas para poder castigar sin que se reprima la libertad de expresión y los derechos de reunión, manifestación de ideas, asociación, petición, entre otros. 2.Además, en el marco de una protesta social, las autoridades están obligadas a asegurar la expresión y libre manifestación de las personas que protestan, en la exigencia de algún derecho fundamental que se estuviera violando con dicho trabajo público. 3.Ante un contexto en el cual diversas organizaciones y actores políticos han decidido manifestarse, principalmente por la reivindicación y respeto a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, este artículo resulta especialmente preocupante, ya que limita, restringe y condiciona nuestros derechos de reunión, asociación y protesta social. Una ruta a seguir Tal situación no solamente es preocupante por el hecho de perseguir y criminalizar la protesta social, sino que también este delito ha sido replicado por los Congresos Locales, así como en el aumento de manera drástica el número de casos y carpetas de investigación en contra de defensores de derechos humanos y personas integrantes de movimientos sociales. Por lo tanto, no sólo debemos buscar la derogación de este artículo a nivel federal, sino también en las legislaciones de los estados en que haya disposiciones legales que criminalicen y limiten los derechos de reunión, libertad de expresión y protesta social, aspecto que se ha generalizado en diversas entidades del país, como es el caso de Tabasco, donde el Congreso local aprobó recientemente la llamada “ley garrote”, que limita y criminaliza la protesta social, y aumenta penas hasta por 20 años.. La electricidad, un derecho humano El derecho humano a la energía eléctrica, tal como lo ha reivindicado la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), y de acuerdo a instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), puede encontrar su fundamentación en la conjugación de contenidos y derechos explicitados en diversos instrumentos, por ejemplo, los desarrollado por el Comité DESC de la ONU, el cual destaca el derecho a una vivienda adecuada el componente de energía eléctrica en sus observaciones generales en materia de derechos a la vivienda. En este sentido, una vivienda adecuada ha de contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la alimentación y conforme a una vida digna, entre otros tantos, para lo cual es imprescindible la energía eléctrica. Supuesto lo anterior, es necesario que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano y no una mercancía a la que sólo pueden acceder única y exclusivamente quienes tienen posibilidades de pagarla. Dicho de otra forma, la energía eléctrica no puede ser un lujo, debido a que es un derecho para todas y todos. Se requiere revertir la política neoliberal que en lugar de reconocer DESCA, como derechos humanos, los convierte en mercancías. Por tales motivos, nos parece inaceptable que un persona tenga que debatirse entre pagar la luz o comprar un pan para tener en la mesa de su familia o comunidad, entre pagar la luz o atender las necesidades más indispensables de sus seres queridos, como la salud, la vivienda y la educación, por mencionar sólo algunos ejemplos. Finalmente, y como hemos señalado en ocasiones anteriores desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., debemos ver la energía eléctrica como un bien común público, por lo que, sin dejar lugar a dudas, afirmamos lo siguiente: es obligación, deber y responsabilidad del Estado mexicano asegurarse de que todas las personas tengamos energía eléctrica de manera accesible y asequible. Fotografía destacada : ANUEE
Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad? | Participación de Miguel Concha en la presentación del Informe
El Informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, tiene por cometido presentar los resultados de la documentación de violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. El gran aporte de este Informe consiste en proporcionar una herramienta que podremos usar para la defensa de los derechos humanos y, así, continuar procurando el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y garantías de no repetición para las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Participación presentada por Miguel Concha Malo en la mesa de presentación del Informe realizado por el Comité Cerezo y ACUDDEH. ________________________________________________________________________________ Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la oportunidad que me brinda el grupo organizador para participar en esta presentación. Saludo a todas y a todos, especialmente a Jan Jarab, Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Jade Ramírez, de la Red de Periodistas de a Pie; a Alejandro Cerezo Contreras, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH A.C.; a Fernando Ríos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos; a Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo México; y a Clara Meyra, de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, Oficina Regional México. El Informe denominado Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, elaborado conjuntamente por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, presenta información importante sobre violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de éstos, las cuales fueron cometidas por el Estado mexicano desde el 1 junio de 2018 al 31 de mayo de 2019, es decir, en los últimos seis meses del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros seis del periodo del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el Informe también da cuenta de quienes se beneficiaron en algún sentido con las violaciones a derechos humanos: autoridades estatales y/o personas o grupos particulares. Antes de pasar de lleno al Informe que nos congrega el día de hoy, creo oportuno mencionar un punto elemental para comprender y valorar más la riqueza del propio Informe: esclarecer la importancia de la documentación en el marco de las violaciones graves a derechos humanos. Así, la documentación es un proceso de recopilación, análisis, sistematización y organización de información relevante y documentos que se consideran importantes. Ahora bien, ¿qué importancia reviste el hecho de documentar violaciones graves a derechos humanos? Básicamente, digamos que este tipo de documentación es una herramienta que se usa para el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición, por lo que es una estrategia de exigibilidad y justiciabilidad de derechos humanos. Dicho de otra forma, la documentación permite, en primer lugar, construir memoria para no olvidar, y en segundo, defender derechos humanos, ya que la documentación se convierte en posibles pruebas para denunciar y atender las violaciones graves a derechos humanos[1]. Así pues, el Informe documenta violaciones graves a derechos humanos que sufrieron personas, organizaciones y comunidades defensoras a manos de autoridades estatales, y lo hace a través de una metodología rica en contextos, definiciones, fundamentos de instrumentos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a derechos humanos; cifras, comparativos y conclusiones. Igualmente importante es señalar algunos tipos de violaciones graves a derechos humanos registrados en el Informe: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y otras como amenazas, hostigamiento y ataques físicos. Después de revisar el Informe, podremos notar que éste no ofrece un registro de todo el universo de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las amenazas, hostigamientos y ataques físicos, sino que se concentra en aquellas violaciones a derechos humanos que cumplen con los siguientes dos criterios: en primer lugar, la identidad de las víctimas: personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; y en segundo, la de quien realizó las violaciones: el Estado mexicano, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, es decir, de las autoridades que violaron derechos directamente, que se abstuvieron de hacer algo para impedirlas, o bien, que las permitieron o consintieron de una u otra manera. Las cifras del Informe son crudas: a lo largo de los 12 meses señalados se presentaron 105 eventos de violaciones a derechos humanos contra personas, colectivos y organizaciones defensoras, que implicaron mil 153 actos que afectaron a 42 organizaciones, 19 comunidades, 42 personas defensoras, un familiar de éstas y 542 personas integrantes de alguna organización defensora de derechos humanos. Por lo tanto, de las cifras totales, 64 eventos con 822 actos ocurrieron durante los últimos seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que 41 eventos con 331 actos sucedieron en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si traducimos lo cuantitativo en cualitativo, lo anterior significa que la comparación entre el final de un sexenio y el principio del otro nos da a conocer que, si bien es cierto que las violaciones a derechos humanos disminuyeron en el gobierno del actual Presidente, entre ellas las detenciones arbitrarias (194 con Peña Nieto y 154 con López Obrador), otras cosas no se han modificado, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios y funcionarias públicos o autoridades sigan violentando, por acción, los derechos humanos de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; o por otro lado, el mantenimiento de las ejecuciones extrajudiciales como mecanismo de represión estatal. Comparar el final de un sexenio y el principio de otro tiene, sin lugar a dudas, un claro objetivo estratégico: demostrar, por medio de datos, evidencias, razonamientos e interpretaciones la continuidad o discontinuidad del actual gobierno con respecto a la represión estatal, la cual es una forma
