Familiares de víctimas exigen a Poder Judicial, juzgue con perspectiva de género
Familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales exigen que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género, los casos relacionados con la violencia feminicida. Como organizaciones de la sociedad civil, hemos documentado una serie de acciones y omisiones que obstaculizan el acceso a las justicia para las víctimas de feminicidio, para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y para las familias de las víctimas. La reproducción de prejuicios y estereotipos de género, imperan antes que el cese de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Las descalificaciones, falta de credibilidad, prejuicios, la responsabilidad de los hechos hacia las propias víctimas e investigarlos como otros delitos, como el suicidio u homicidio doloso -en los casos de los feminicidio-, nos deja ver la ausencia de perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. A pesar de que en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el criterio de que toda muerte violenta de mujeres sea investigado como feminicidio, la realidad nos evidencia que además de que no es un criterio cumplido, el problema continúa al reconocer que solo un porcentaje mínimo de los casos investigados como feminicidio concluye con una sentencia. Seguimos documentando casos brutales en los que las mujeres son violadas sexualmente antes de ser asesinadas, torturadas, y en los que los cuerpos de mujeres, niñas y jóvenes son acribillados de las formas más crueles. Pese a ello, existe una gran reticencia por parte de las autoridades para que realicen las acciones necesarias, análisis de contexto, peritajes, etc. que puedan no solo resolver los casos que se presentan, sino para prevenir otros feminicidios. El desconocimiento y la negativa para otorgar medidas de protección se convierte en una omisión que coloca en riesgo a las mujeres y que ha acabado con sus vidas. La inacción de las autoridades, su actuar sin perspectiva de género y la impunidad ha derivado en la existencia de una ciudad y un país feminicida y sin justicia para las mujeres. Hoy, a 2 años, 4 meses, y 5 días del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017 y en el que las autoridades capitalinas argumentaron que había sido un suicidio, vemos como la lucha de su familia, organizaciones y defensoras acompañantes, así como la movilización e indignación social, logró la reclasificación del caso para que este se investigue como feminicidio.En este contexto, cabe recordar de acuerdo a la SCJN -máximo tribunal de justicia en México- el Poder Judicial debe “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Dada la violencia que acaba con la vida de las mujeres en México, como familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno Federal para que: -Agilicen y juzguen con perspectiva de género todos los casos relacionados con violencia feminicida. -Garantice el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctima de feminicidio y/o de tentativa de feminicidio. -Declare la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México y para los estados en donde se ha documentado el aumento, agudización y prevalencia de este tipo de violencia. De manera particular y dado que los días 9, 10,11,12,17,18,19 y 20 se desarrollará el juicio oral relacionado con el feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, hacemos un llamado para que las operadores de la justicia, juzguen con perspectiva de género y se garantice el acceso a la justicia, de acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres. Como familiares, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, estaremos atentas del desarrollo del juicio e informando a la ciudadanía nacional e internacional sobre los precedentes que pudieran sentarse a raíz de este caso, con miras a que sea la justicia la que llegue a cada una de las familias a las que les ha sido arrebatada una hija, una hermana, o una madre. Atentamente, Familiares de víctimas de Feminicidio Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, (REDTDT). Imagen destacada: Esx Queso
Organizaciones peticionarias de la AVG urgen declaratoria en el marco de marcha de víctimas de CDMX
Exigencia de mujeres en la CDMX sin respuesta efectiva de autoridades. Organizaciones de la Sociedad Civil se suman a Marcha del Silencio convocada por víctimas y colectivas de mujeres. Alerta de Género para CDMX es necesaria y urgente; autoridades deben decretarla e implementarla sin más demora. La acciones emprendidas por mujeres para denunciar la violencia feminicida que enfrentan, así como las voces que solicitan una Alerta de Género para esta Ciudad, unido a las recientes movilizaciones de mujeres, demuestran que existe la ausencia de una vida libre de violencia para las mujeres que habitan o transitan por la capital del país. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX), nos pronunciamos en solidaridad con las movilizaciones de las mujeres organizadas, que dignamente persisten en convocarse para expresar la necesidad de medidas urgentes que aseguren una vida libre de violencia para las mujeres, y acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violencia feminicida en la Ciudad de México y el país. Nos sumamos a la exigencia de justicia de las madres y familiares de víctimas de feminicidio y otras violencias, que convocan a marchar en silencio el día de hoy en la Ciudad de México. Nos adherimos a las demandas de todas las mujeres que luchan, colectivas de mujeres, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y diversas colectividades que acompañan el llamado a exigir justicia, manteniendo un diálogo abierto y transparente, que nos lleve a construir acciones efectivas para enfrentar la violencia feminicida. Consideramos necesario recordar que ante la negativa de la CONAVIM de la SEGOB, el pasado 9 de junio de 2019 para declarar la AVGM en la Ciudad de México, hoy esta entidad se encuentra sin un mecanismo vinculante, coordinado e integral, que permita implementar y evaluar las medidas necesarias para que las mujeres accedan una vida libre de violencia. El diagnóstico realizado en el marco de dicha solicitud, es una clara radiografía de la situación que enfrentan las mujeres que viven y transitan en la Ciudad; las recomendaciones del Grupo de Trabajo, con académicas expertas, a su vez recogen medidas para atender la violencia feminicida de manera estructural y coherente, involucrando a los tres niveles de gobierno, por lo que deben servir para trazar acciones y políticas públicas con sustento, evitando respuestas inmediatas y provisionales sin efecto, ante la cada vez más visible y articulada demanda de las mujeres. La AVGM es un mecanismo correctivo que funciona como una hoja de ruta para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y el acceso a la justicia, verdad y reparación. Hoy salimos a las calles de nuevo; insistimos en nuestra exigencia para que autoridades declaren sin más demoras la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, haciendo de esta declaratoria un mecanismo efectivo para hacer real y palpable una vida plena, libre y segura para todas. #JusticiaParaTodAs ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias y acompañantes del proceso de AVGM en la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) -Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX Imagen destacada: Esx Queso
Pueblos indígenas y derechos humanos | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Pueblos Indígenas y Derechos Humanos» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) ________________________________________________________________________________ Saludo a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; también a Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Saludo y felicito muy especialmente a Josefina Bravo, por estar ahora al frente de la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Saludo también a la Cuarta Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Eréndira Cruzvillegas; a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU; a Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia; a Dolores González Saravia, también integrante del Consejo Asesor, y a Estefanía Hernández, Directora de Políticas Públicas de la Secretaría de Gobernación. Saludo a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana. En mi calidad de Consejero Asesor en la elaboración de este Programa Nacional de Derechos Humanos, agradezco los esfuerzos que cada una de las representaciones de comunidades y pueblos indígenas y de sus organizaciones han hecho para estar este día para dialogar sobre tan urgente e importante aspecto en la vida pública de México. Abordaré en esta breve intervención algunos aspectos que considero importantes en el marco del PNDH en este tema de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sabiendo que gran parte de lo sustantivo se dialogará en las próximas horas en las correspondientes mesas de trabajo. Primeramente abordaré el momento histórico del país y la importancia que tiene en la reflexión abierta a nivel nacional el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Quisiera también profundizar en el tema del territorio de los pueblos y comunidades indígenas, y finalmente un punto igualmente clave: su libre determinación y autonomía. No es menor que en meses pasados se haya llevado a cabo un ejercicio impulsado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en el que sabemos que se dialogó con 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, mediante 54 Foros Regionales. De dichos foros, sin duda todavía perfectibles, se logró conformar una serie de propuestas que ahora deberán recogerse efectivamente en una iniciativa de reforma constitucional que el Congreso de la Unión deberá discutir sin demora. Este acto de modificación constitucional pudiera hacer, en parte, justicia a la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos y comunidades indígenas. En particular revertir la negativa de los anteriores tres gobiernos para cumplir efectiva y cabalmente los Acuerdos de San Andrés. Qué importante resulta que hoy México reflexione sobre su ser profundo; sobre lo que también somos como país: un país pluriétnico y pluricultural, donde ya no puede ser posible que las hermanas y hermanos indígenas sigan padeciendo lo que hasta ahora han enfrentado: discriminación, violencia, despojo y constantes violaciones a sus derechos. En esto nos jugamos el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, y no únicamente como entidades de interés público; es decir, como titulares de un conjunto de derechos en condiciones de igualdad y de dignidad frente al resto de los integrantes del Estado Mexicano. Se reconocerá, pues, su capacidad jurídica para establecer legítimamente interlocución con las distintas instancias de los tres poderes del Estado, en sus tres niveles de gobierno, y de acuerdo con sus culturas y sus formas propias de organización. La reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena que se proponga, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por México, como parte de nuestra Constitución desde junio de 2011, en particular la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, hace pensar que el artículo segundo debe ser debidamente debidamente reformado en este momento político para México. Dicha reforma constitucional no debe ser solamente el reconocimiento formal de los pueblos como sujetos de derecho público, sino también el inicio de una nueva relación entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas. Esta nueva relación pasa por el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Pero también pasa por atender las demandas históricas más sentidas y recurrentes de sus pueblos y comunidades. Una de ellas es el respeto de su relación cercanísima, íntima y vital con sus territorios. Ya relatores de la Organización de las Naciones Unidas han hablado abundantemente sobre este tema. Cómo no mencionar aquí a nuestro querido amigo y conciudadano Rodolfo Stavenhagen, quien nos enseñó que hemos de entender esta relación de los pueblos y comunidades indígenas con el territorio como lugares donde se hace y rehace la vida. Donde conviven lo espiritual y lo material. Donde no hay una sola visión del mundo, sino diversas maneras de ser y estar en el mundo. Este vínculo entre las comunidades y los pueblos con su territorio se ha visto lastimado, y en muchos casos eliminado, dado los intereses, en la mayoría de los casos económicos, que no entienden o no quieren entender esta forma relacional distinta al mundo hegemónico colonial. Urge, por tanto, que el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en relación a los derechos de pueblos y comunidades indígenas se rijan por la búsqueda y construcción de mecanismos legales y políticas públicas que hagan valer su derecho de propiedad sobre el territorio, así como el preferente derecho de uso y disfrute de sus tierras y bienes comunes en esos territorios. El territorio, tal como lo establece la mencionada Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, incluye en efecto aguas, mares, ríos, lagunas. Vamos, la biodiversidad y símbolos sagrados que en él subsisten. Es decir, que el territorio abarca más que un determinada porción de tierra. Otro asunto fundamental, en mi opinión, es la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. La centralidad del derecho a la libre determinación y a la
Manual de Protesta Creativa
Modificar las cosas con las que no estamos de acuerdo porque son injustas o violentan nuestros derechos requiere de acciones colectivas y planeadas que lo vayan impulsando como un proceso con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Para poder trazar este camino necesitamos, en primer lugar, tener una imagen del futuro al cual queremos llegar: una VISIÓN. La visión es el horizonte, lo que deseamos, ese mundo que queremos construir. Es un proceso de largo aliento, algo que no se logra con una sola acción, sino que requiere pensar muy bien los pasos que nos acercan a ese futuro. A los movimientos sociales, a la valentía y convicción de los corazones que expresan la voluntad de un pueblo diverso, heterogéneo y plural; a la convicción colectiva que cuestiona en claves de justicia y verdad; a las voluntades que ponen sus cuerpxs en el espacio público por un deseo compartido. A quienes caminaron alzando sus puños, sus mantas, sus carteles; a quienes protestaron antes que nosotras, nosotros, nosotres, y a quienes vendrán. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) es un espacio compuesto por Organizaciones de la Sociedad Civil y personas defensoras del derecho humano a la libertad de expresión y la protesta social. Visita el sitio web del FLEPS
Personas defensoras y periodistas | Participación de Miguel Concha en foro temático del Programa Nacional de Derechos Humanos
Participación presentada por Miguel Concha Malo en el Foro temático «Personas defensoras de derechos humanos y periodistas» en el marco de los trabajos de diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 (PNDH) ________________________________________________________________________________ Saludo al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; al Ing. Aarón Mastache, Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y a todas las autoridades de esta Ciudad de México; a la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a todas las personas participantes que nos acompañan esta mañana. Agradezco asimismo los esfuerzos que se han venido realizando para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Me parece muy conveniente iniciar mi breve participación señalando algo de gran importancia: debemos reconocer los invaluables aportes de las personas defensoras y periodistas para la democratización y la defensa de los derechos humanos. De lo anterior se desprende la necesidad de garantizar y respetar su labor a favor de los derechos humanos y de las personas y grupos más vulnerables, por lo cual resulta esencial incentivar mecanismos de colaboración efectiva, participativa y respetuosa entre el Estado y las personas defensoras y periodistas, construyendo siempre un diálogo franco y propositivo que permita la presencia de ambientes propicios para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Dicho esto, quiero compartirles mi profunda preocupación sobre el actual contexto de violencia al que se enfrentan día con día las personas defensoras de derechos humanos y las y los periodistas, así como las organizaciones de la sociedad civil desde las que realizan sus irremplazables aportes. A este respecto, vale recordar el pasado lunes la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde emitió 104 recomendaciones. Este diagnóstico se suma a otras recomendaciones de las que también México ha sido objeto por parte de mecanismos internacionales y expertos de la ONU. Por mencionar un ejemplo relevante, el año pasado se realizó el tercer ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), en el cual nuestro país recibió 264 recomendaciones, de las cuales casi 40 fueron relativas a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y por ello considero igualmente pertinente señalar que las recomendaciones más relevantes del EPU mencionan la importancia de reformar las medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las agresiones y demás formas de abuso contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; la necesidad de generar entornos de trabajo seguros, que respeten la labor de defensa, así como la conveniencia de reforzar los mecanismos de acceso a la justicia y la realización de investigaciones adecuadas, por mencionar sólo algunas. Tal y como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, los Estados deben tener en cuenta una serie de parámetros para desarrollar una política global de protección, más allá de “restringirse, por ejemplo, a proporcionar esquemas de seguridad a defensores en peligro sin investigar el origen de las amenazas de las que han sido objeto”. Por lo tanto, la promoción del papel de las personas defensoras y periodistas, así como su derecho a defender a derechos, debe constituir el aspecto central de cualquier política pública destinada a proteger, respetar y garantizar este derecho. Finalmente, si bien es cierto que medidas como la solicitud de la elaboración del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la aceptación de las 104 recomendaciones del Mecanismo y de las 262 del EPU, al igual que el reconocimiento público de la labor de activistas y periodistas frente a los riesgos que enfrentan, entre otras, son plausibles y deben ser saludadas, es necesario continuar creativamente con los esfuerzos para que las personas defensoras y periodistas puedan ejercer libre y democráticamente sus actividades a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Y con esto me refiero también a los organismos públicos de protección a los derechos humanos, y a las personas que en ellos y desde ellos los promueven y defienden. Imagen destacada: Donovan Ortega
Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050. Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: 1. Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; 2. Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; 3. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 4. Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. 5. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo. Imagen destacada: Donovan Ortega
Urgen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, emita la Alerta de Género de forma inmediata #AlertaInmediataYA
La ley faculta a la Secretaría de las Mujeres, pedir de forma inmediata la emisión, ante la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Casos, manifestaciones y protestas, hacen notoria la demanda de medidas urgentes para atender la violencia feminicida. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, exigen a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, presidida por Gabriela Rodríguez, solicitar a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México la emisión de la Alerta de Género. Luego de que fuera negada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), al ser solicitada desde el 7 de septiembre de 2017, los casos que acompañamos y tal como lo han dejado ver las recientes manifestaciones, la demanda de las mujeres que han sufrido violencia de género en la Ciudad, exige respuestas contundentes de las autoridades, de todos los niveles de gobierno. Ante la negativa de la CONAVIM, es facultad de la Secretaría de las Mujeres solicitar la Declaratoria de dicha Alerta de forma inmediata a la Secretaría de Gobierno, por lo que, como organizaciones peticionarias de la primer solicitud, hoy 23 de agosto entregamos de manera formal ante la Secretaría de las Mujeres, una carta solicitando haga ejercicio de dicha facultad. Vivir una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental, por lo que es arbitrario y contraproducente esperar más tiempo para evaluar medidas, siendo una realidad que desde el año 2017, cuando se realizó la solicitud de la primer Alerta, se inició ya un proceso legal que por mucho tiempo se alargó de manera dilatoria para evitar su emisión, sin embargo, se desarrollaron medidas e indicadores por atender, a las que el Gobierno de la Ciudad de México tendría que apegarse para dar seguimiento puntual a la erradicación de la violencia de género,de forma conjunta con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de mujeres y víctimas de la violencia. La declaratoria inmediata es una oportunidad para encaminar un proceso que a pesar de los avances legislativos e institucionales sigue siendo insuficiente para garantizar los derechos de las mujeres, sin embargo, la Secretaría de las Mujeres la puede solicitar de manera inmediata, según sus facultades marcadas en la Ley la declaratoria de AVGM en la Ciudad de México. Esto posibilita la emisión de un mecanismo vinculante que permitirá atender de manera integral la violencia feminicida. Cabe mencionar que de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en el país, es decir, un promedio de 10 mujeres al día. A casi dos años de la solicitud de la Alerta de Género, seguimos exigiendo este mecanismo como una posibilidad para, de manera conjunta con organizaciones y víctimas, construir acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y segura. Es urgente, que se tomen decisiones que se traduzcan en hechos que impacten de manera positiva en la vida y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes que viven o transitan en la Ciudad de México, dilatar esta decisión significa aumentar la deuda histórica con quienes representamos más de la mitad de la población. ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Foro «Por una Legislación Popular. La voz del pueblo y de los trabajadores» | Participación del CDHVitoria
Documento compartido con la ANUEE sobre participación en el Foro: «Por una Legislación Popular. La voz del pueblo y de los trabajadores» convocado por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y diversas organizaciones sociales. ________________________________________________________________________________ ¿Por qué derogar el Artículo 185 del Código Penal Federal? La protesta social, un derecho Como bien sabemos, los derechos de asociación y de reunión, así como a la protesta social, están reconocidos y protegidos por la Constitución y por diversos tratados internacionales. Estas acciones han sido a lo largo de la existencia humana un motor de cambio, enfocado a mejorar las condiciones de vida para todas y todos. La protesta social es, pues, un instrumento que le permite a la sociedad civil renovar, reformar o inclusive derribar las viejas estructuras opresivas y avanzar hacia un mejor equilibrio de los derechos individuales y colectivos. Por tales motivos, a medida que el Estado intente contradecir la Constitución a través de imposiciones legales para la defensa de intereses particulares, podremos realizar acciones que fomenten la restitución, modificación o derogación de leyes que obstruyan la defensa y promoción de los derechos humanos. Actualmente se desarrollan múltiples proyectos de inversión tanto pública como privada en el territorio mexicano, los cuales afectan diversos bienes y recursos comunes de distintas comunidades, como la energía eléctrica, el agua, los bosques, los minerales y las tierras, violentando así sus derechos humanos. ¿Qué contempla el artículo 185 del Código Penal Federal? Básicamente, que quien obstruya o impida la ejecución de alguna obra pública, será castigado de tres meses a un año de prisión si se opone a tal cometido sin violencia, y si ésta fuere con violencia, la pena será de hasta dos años de prisión. Tres razones para derogar el artículo 185 del Código Penal Federal 1.Porque no menciona específicamente qué acciones son consideradas como violentas para poder castigar sin que se reprima la libertad de expresión y los derechos de reunión, manifestación de ideas, asociación, petición, entre otros. 2.Además, en el marco de una protesta social, las autoridades están obligadas a asegurar la expresión y libre manifestación de las personas que protestan, en la exigencia de algún derecho fundamental que se estuviera violando con dicho trabajo público. 3.Ante un contexto en el cual diversas organizaciones y actores políticos han decidido manifestarse, principalmente por la reivindicación y respeto a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, este artículo resulta especialmente preocupante, ya que limita, restringe y condiciona nuestros derechos de reunión, asociación y protesta social. Una ruta a seguir Tal situación no solamente es preocupante por el hecho de perseguir y criminalizar la protesta social, sino que también este delito ha sido replicado por los Congresos Locales, así como en el aumento de manera drástica el número de casos y carpetas de investigación en contra de defensores de derechos humanos y personas integrantes de movimientos sociales. Por lo tanto, no sólo debemos buscar la derogación de este artículo a nivel federal, sino también en las legislaciones de los estados en que haya disposiciones legales que criminalicen y limiten los derechos de reunión, libertad de expresión y protesta social, aspecto que se ha generalizado en diversas entidades del país, como es el caso de Tabasco, donde el Congreso local aprobó recientemente la llamada “ley garrote”, que limita y criminaliza la protesta social, y aumenta penas hasta por 20 años.. La electricidad, un derecho humano El derecho humano a la energía eléctrica, tal como lo ha reivindicado la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), y de acuerdo a instrumentos internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), puede encontrar su fundamentación en la conjugación de contenidos y derechos explicitados en diversos instrumentos, por ejemplo, los desarrollado por el Comité DESC de la ONU, el cual destaca el derecho a una vivienda adecuada el componente de energía eléctrica en sus observaciones generales en materia de derechos a la vivienda. En este sentido, una vivienda adecuada ha de contar con la disponibilidad de servicios indispensables para la salud, la seguridad, la alimentación y conforme a una vida digna, entre otros tantos, para lo cual es imprescindible la energía eléctrica. Supuesto lo anterior, es necesario que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano y no una mercancía a la que sólo pueden acceder única y exclusivamente quienes tienen posibilidades de pagarla. Dicho de otra forma, la energía eléctrica no puede ser un lujo, debido a que es un derecho para todas y todos. Se requiere revertir la política neoliberal que en lugar de reconocer DESCA, como derechos humanos, los convierte en mercancías. Por tales motivos, nos parece inaceptable que un persona tenga que debatirse entre pagar la luz o comprar un pan para tener en la mesa de su familia o comunidad, entre pagar la luz o atender las necesidades más indispensables de sus seres queridos, como la salud, la vivienda y la educación, por mencionar sólo algunos ejemplos. Finalmente, y como hemos señalado en ocasiones anteriores desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., debemos ver la energía eléctrica como un bien común público, por lo que, sin dejar lugar a dudas, afirmamos lo siguiente: es obligación, deber y responsabilidad del Estado mexicano asegurarse de que todas las personas tengamos energía eléctrica de manera accesible y asequible. Fotografía destacada : ANUEE
Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad? | Participación de Miguel Concha en la presentación del Informe
El Informe Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, tiene por cometido presentar los resultados de la documentación de violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. El gran aporte de este Informe consiste en proporcionar una herramienta que podremos usar para la defensa de los derechos humanos y, así, continuar procurando el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y garantías de no repetición para las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Participación presentada por Miguel Concha Malo en la mesa de presentación del Informe realizado por el Comité Cerezo y ACUDDEH. ________________________________________________________________________________ Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la oportunidad que me brinda el grupo organizador para participar en esta presentación. Saludo a todas y a todos, especialmente a Jan Jarab, Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Jade Ramírez, de la Red de Periodistas de a Pie; a Alejandro Cerezo Contreras, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH A.C.; a Fernando Ríos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos; a Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo México; y a Clara Meyra, de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, Oficina Regional México. El Informe denominado Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, elaborado conjuntamente por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, presenta información importante sobre violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de éstos, las cuales fueron cometidas por el Estado mexicano desde el 1 junio de 2018 al 31 de mayo de 2019, es decir, en los últimos seis meses del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros seis del periodo del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el Informe también da cuenta de quienes se beneficiaron en algún sentido con las violaciones a derechos humanos: autoridades estatales y/o personas o grupos particulares. Antes de pasar de lleno al Informe que nos congrega el día de hoy, creo oportuno mencionar un punto elemental para comprender y valorar más la riqueza del propio Informe: esclarecer la importancia de la documentación en el marco de las violaciones graves a derechos humanos. Así, la documentación es un proceso de recopilación, análisis, sistematización y organización de información relevante y documentos que se consideran importantes. Ahora bien, ¿qué importancia reviste el hecho de documentar violaciones graves a derechos humanos? Básicamente, digamos que este tipo de documentación es una herramienta que se usa para el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición, por lo que es una estrategia de exigibilidad y justiciabilidad de derechos humanos. Dicho de otra forma, la documentación permite, en primer lugar, construir memoria para no olvidar, y en segundo, defender derechos humanos, ya que la documentación se convierte en posibles pruebas para denunciar y atender las violaciones graves a derechos humanos[1]. Así pues, el Informe documenta violaciones graves a derechos humanos que sufrieron personas, organizaciones y comunidades defensoras a manos de autoridades estatales, y lo hace a través de una metodología rica en contextos, definiciones, fundamentos de instrumentos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a derechos humanos; cifras, comparativos y conclusiones. Igualmente importante es señalar algunos tipos de violaciones graves a derechos humanos registrados en el Informe: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y otras como amenazas, hostigamiento y ataques físicos. Después de revisar el Informe, podremos notar que éste no ofrece un registro de todo el universo de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las amenazas, hostigamientos y ataques físicos, sino que se concentra en aquellas violaciones a derechos humanos que cumplen con los siguientes dos criterios: en primer lugar, la identidad de las víctimas: personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; y en segundo, la de quien realizó las violaciones: el Estado mexicano, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, es decir, de las autoridades que violaron derechos directamente, que se abstuvieron de hacer algo para impedirlas, o bien, que las permitieron o consintieron de una u otra manera. Las cifras del Informe son crudas: a lo largo de los 12 meses señalados se presentaron 105 eventos de violaciones a derechos humanos contra personas, colectivos y organizaciones defensoras, que implicaron mil 153 actos que afectaron a 42 organizaciones, 19 comunidades, 42 personas defensoras, un familiar de éstas y 542 personas integrantes de alguna organización defensora de derechos humanos. Por lo tanto, de las cifras totales, 64 eventos con 822 actos ocurrieron durante los últimos seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que 41 eventos con 331 actos sucedieron en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si traducimos lo cuantitativo en cualitativo, lo anterior significa que la comparación entre el final de un sexenio y el principio del otro nos da a conocer que, si bien es cierto que las violaciones a derechos humanos disminuyeron en el gobierno del actual Presidente, entre ellas las detenciones arbitrarias (194 con Peña Nieto y 154 con López Obrador), otras cosas no se han modificado, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios y funcionarias públicos o autoridades sigan violentando, por acción, los derechos humanos de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; o por otro lado, el mantenimiento de las ejecuciones extrajudiciales como mecanismo de represión estatal. Comparar el final de un sexenio y el principio de otro tiene, sin lugar a dudas, un claro objetivo estratégico: demostrar, por medio de datos, evidencias, razonamientos e interpretaciones la continuidad o discontinuidad del actual gobierno con respecto a la represión estatal, la cual es una forma
Impunidad, factor principal que obstaculiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
El hartazgo social: consecuencia de falta de acceso a la justicia, violencia y dilación de las autoridades. Hoy por hoy, la realidad nos indica que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes, para la dimensión del problema que cada día impacta negativamente en la vida de las mujeres. De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a junio de 2019 fueron asesinadas 1,812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 mujeres por día. A ello se suman las denuncias por violación sexual. En 2018 se registraron un total de 15,322 denuncias por violación sexual a nivel nacional. De igual forma, la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que acompañamos y visibilizamos casos de violencia feminicida, hemos documentado una ruta de impunidad y patrones que responsabilizan a las mujeres de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que ello implica para ellas y sus familias. Ante ello, es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva. Las organizaciones firmantes reivindicamos que la impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país, agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren las mujeres del país. En este sentido, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) red conformada por 43 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 23 estados de la República, y demás organizaciones firmantes, nos sumamos a las exigencias de colectivas, víctimas, familiares de víctimas y defensoras de los derechos de las mujeres, y exigimos que a la brevedad el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales 1.-Ante la negativa de la CONAVIM para declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, solicitamos que la Jefa de Gobierno realice dicha declaratoria, retomando las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo y la propia CONAVIM, en el marco de la solicitud realizada desde el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones: Justicia Pro Persona A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. con el acompañamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. 2.-Se realicen investigaciones con perspectiva de género, que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos ocurridos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de seguridad pública. 3.-Se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las víctimas y sus familias. 4.-Se conformen cuerpos de policías de género, formados específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres. 5.-Se realicen acciones inmediatas para la reparación del daño a las víctimas y se den garantías de no repetición. 6.-Se realice la actualización de protocolos de actuación para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia. 7.-Acciones y políticas públicas firmes, coherentes, sostenibles y basadas en el respeto y la garantía de los derechos humanos. 8.-Participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una vida libre de violencia. 9.-Los gobiernos eviten la criminalización de la protesta social contra las mujeres, niñas y adolescentes que de manera legítima ejercen el derecho a defender sus derechos, por el contrario, facilitar canales efectivos de diálogo directo con las víctimas, las organizaciones, y colectivas de mujeres. 10.-Se generen los marcos legales para sancionar a las autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u omisión violenten los derechos de las mujeres. En el caso específico de la Ciudad de México es indispensable que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum genere el espacio y canal de comunicación que permita dar seguimiento a las mesas de trabajo y acciones emprendidas, hasta ver materializadas las propuestas de acción, iniciativas y políticas públicas que emprenderán para la atención dicha problemática. Estamos convencidas, que lo que sucede en la Ciudad de México, es un indicador de lo que pasa en otros estados de nuestro país, por lo que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y los gobiernos de las entidades deben realizarse sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la ausencia de una política integral que proteja a las mujeres de México. Hacemos un llamado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, a defensoras de los derechos de las mujeres, a las organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general, a continuar buscando y fomentando los canales de diálogo con las autoridades para construir de manera conjunta las acciones que puedan erradicar la violencia contra las mujeres y nos permita vivir de manera plena, libre y seguras. ATENTAMENTE, Organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México: Justicia Pro Persona A.C Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
