Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : designaciones.org
El Estado mexicano enmudece ante los agravios que recibe un defensor mexicano
El defensor de derechos humanos mexicano Alejandro Cerezo Contreras fue detenido y deportado el pasado primero de octubre por agentes migratorios panameños, durante su escala rumbo a la ciudad de Asunción en Paraguay, donde iba a presentar una ponencia en el marco del “III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo” a celebrase el día miércoles 3 y 4 de octubre de 2018. El silencio del Estado mexicano ante este abuso facilita nuevos atropellos hacia él y su familia. Esta es la segunda ocasión en la que el defensor es impedido de ejercer su defensa de derechos a nivel internacional lo que evidencia que la inacción diplomática del Estado mexicano es un llamado a la repetición. México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión de Alejandro Cerezo, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México. El Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del defensor, su familia y su organización. Según la declaración de las personas defensoras de derechos humanos, es labor de las y los defensores impulsar el más alto estándar de derechos a nivel local, nacional e internacional. Negar la participación del defensor en el foro internacional al que fue invitado es una violación al derecho de defender derechos humanos y sus derechos asociados como el derecho a la libertad de asociación, protesta y de libertad de expresión. El estado mexicano debe borrar la información referente a los antecedentes penales de Alejandro, toda vez que existe una sentencia de amparo que determina su inocencia. Esta omisión ha provocado la existencia de atropellos para realizar su labor de defensa de derechos humanos, lo cual no es permisible dentro de un Estado de Derecho. ESPACIO OSC Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México. FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Red Universitaria y Ciudadana presenta informe sobre irregularidades y participación observada en elecciones de 2018
Participaron más de 300 personas en el despliegue de observación electoral de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). 101 visitantes del extranjero participaron provenientes de 15 países diferentes. Se emitieron un total de 32 denuncias ante la FEPADE gracias a la información obtenida en observación de 7 estados del país. La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) realizó actividades de observación electoral el pasado 1ro de julio, a través del despliegue de 101 personas de otros países y de 202 nacionales desplegadas en 7 entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Resultando en la vigilancia de 41 distritos electorales federales, 315 secciones electorales y 625 casillas durante la jornada electoral. LA RUCD también fue producto de la alianza de trabajo entre el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. y el Programa Universitario Diálogos por la Democracia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto se enmarca en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de 2018, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde las primeras horas del 1ro de julio, como informamos en los reportes emitidos el día de la elección por la RUCD, se detectaron contratiempos como la apertura tardía de casillas, la escasez de boletas electorales en casillas especiales, la falta de organización y preparación de las y los funcionarias de casilla; así como indicios de compra de votos. Con la información recopilada por nuestras brigadas, resaltamos los siguientes datos: Apertura tardía en el 93.22% de las casillas observadas. Siendo la apertura posterior a las 8:15 de la mañana, en algunos casos incluso con más de una hora de retraso. Sustitución de funcionarias y funcionarios de casilla en el 49.3% de las 118 casillas de las cuales obtuvimos este dato. Esto significa que en cerca de la mitad de los casos faltaron a sus funciones las personas que ya estaban capacitadas, con apenas una diferencia de 2.4% entre la permanencia y la suplantación. Si bien ocurrieron diversas irregularidades en el proceso, nos parece importante destacar la notoria participación de la ciudadanía. Entre las 303 personas que participaron de la RUCD, 217 personas acreditadas ante el INE, entre observadores y observadoras y visitantes del extranjero. Las labores de observación se hicieron de manera voluntaria, con la presencia de 50 jóvenes entre los 18 y 29 años así como 37 personas adultas mayores, constituyendo el 23% y el 17% respectivamente. Durante el desarrollo de la Jornada Electoral del 1ro de julio, la RUCD recibió 32 denuncias recabadas en campo por las brigadas de observación electoral en despliegue, 14 de ellas relacionadas con compra de voto, 9 por obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las elecciones, 2 por votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley, 2 por organizar el traslado de votantes, 2 por solicitar evidencia del sentido del voto, 2 por hacer proselitismo a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas y una por realizar actos que provoquen intimidación o temor en el electorado. Derivado de nuestro ejercicio de observación, identificamos algunas recomendaciones que se relacionan con mejorar mecanismos para revertir la compra y coacción del voto; evitar el uso de programas sociales con fines electorales; la necesidad de que instituciones electorales enfrenten las campañas negras y sucias; por otro lado, también recomendamos sobre necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la generación de condiciones de seguridad para que se llevan a cabo las elecciones; y sobre la imperiosa necesidad del fortalecimiento legal e institucional de la observación electoral ciudadana, así como la de robustecer la participación ciudadana en este tipo de ejercicios. La RUCD, es una iniciativa ciudadana, con participación de múltiples actores entre ellos personas de la academia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, investigadoras e investigadores, con presencia nacional e internacional interesadas en vigilar la transparencia, legalidad y legitimidad en el proceso electoral del 2018, así como impulsar la participación ciudadana más allá de esta coyuntura, en aras de fortalecer la democracia en el país. Atentamente Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia ( reddemocracia.org ) Contacto: democracia2018mx@gmail.com Fotografía: Ximena Martínez Reyna
Colectivo #SeguridadSinGuerra entrega carta a la SCJN
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE JOSÉ PABLO GIRAULT RUIZ, en representación de las más de 300 organizaciones de la sociedad civil y personas que integramos el colectivo #SeguridadSinGuerra me dirijo respetuosamente a este Alto Tribunal, a fin de solicitar que se celebren audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior. La resolución de estos asuntos tendrá un impacto profundo en la vida constitucional del país. El pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República aprobaron y promulgaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las advertencias de varios organismos nacionales como la CNDH y organismos internacionales como la ONU y la CIDH, sobre los riesgos que conlleva la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública. Asimismo, una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior, se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas, a la par de fortalecer a las policías civiles a quienes constitucionalmente les corresponde esa labor. En este día histórico en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca, reafirmar la defensa de las libertades y derechos. Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aun así, en los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados. Los componentes fundamentales de nuestro sistema constitucional –el carácter civil de su gobierno, la eficacia del sistema federal, la separación efectiva de poderes y, por supuesto, la protección de los derechos humanos, se ven involucrados directamente por la legislación impugnada. Además, la complejidad de la materia y el volumen de la evidencia reunida a lo largo de los últimos tres lustros sobre el impacto, en la práctica, del uso de las Fuerzas Armadas, en contacto con la población civil, en materia de seguridad, amerita un desahogo exhaustivo y transparente. Por estas razones, creemos oportuno que la Suprema Corte repita el ejercicio realizado en casos de complejidad y relevancia semejantes. Es fundamental, para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad. En otros asuntos, la Suprema Corte ha convocado, ejemplarmente y con éxito, a la realización de audiencias públicas ciudadanas a fin de conocer la evidencia y la opinión de los expertos en la materia. Nos referimos a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, así como a la acción de inconstitucionalidad 26/2006. Con estos antecedentes de enorme complejidad técnica y un nivel importante de atención pública, la Corte demostró que el desahogo público de posturas y opiniones expertas favorece la comprensión de su deliberación y la aceptación de la resolución por parte de la población. La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían audiencias públicas. Retomamos y hacemos propias las palabras que usted, en su carácter de Ministro Presidente, expresó la semana pasada en el coloquio “El 68 y su impacto en materia de derechos humanos”, en el sentido de que “el 68 nos dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de la voz de los jóvenes; que jamás deben cerrarse los canales de comunicación; que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia; que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad para la construcción de un mejor México más incluyente y – desde luego, con ello- más en paz”. No es otro, sino ese anhelo de un México incluyente y en paz, lo que sustenta nuestra petición. El momento que atravesamos es histórico y la construcción de esa paz debe lograrse entre todas y todos. Para que nunca más exista represión a las libertades ciudadanas. Para que nunca más exista represión sobre el ejercicio de derechos y para que la justicia constitucional se fortalezca. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
Relanzamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
Tras once años de trabajo y ante un nuevo panorama político, la Campaña Sin Maíz No Hay País buscar reivindicar la vigencia de las demandas que desde hace más de una década ha defendido. Ante un nuevo contexto, fruto del último proceso electoral en el que se manifestó un mandato popular, el Estado mexicano debe coadyuvar a la construcción de un modelo donde las personas y los sujetos colectivos estén al centro de los planes gubernamentales. Esto implica rescatar al campo de una forma sustentable, equitativa y digna que permita la soberanía alimentaria con campesinas, campesinos, ciudades y pueblos originarios. En vísperas de la celebración del Día del Maíz el próximo 29 de septiembre, convocamos a todas y todos a festejar y defender al maíz como base de nuestra alimentación y patrimonio de México y del mundo. Hoy más que nunca es fundamental mantener los esfuerzos por defender el derecho a la alimentación, desde la perspectiva de la producción hasta la del consumo y la salud. Por ello, consideramos menester ampliar nuestras redes a otras luchas hermanas, pues la defensa de la soberanía alimentaria no está desligada de la urgencia por defender de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua; así como la necesidad de reconstruir el tejido social, ya que el fortalecimiento del campo parece ser la única salida para desterrar la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada de nuestro país. Ante el nuevo panorama que se presenta en México, mantenemos las demandas en torno a mantener fuera al frijol y al maíz en los Tratados de Libre Comercio; reafirmamos nuestra posición en contra de la siembra de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos; la importancia de apoyar y fortalecer al campesinado, así como a los marcos jurídicos que protegen la biodiversidad y al medio ambiente; y sostenemos la importancia. ahora más que nunca, de hacer políticas públicas que garanticen la operación integral de las secretarías, para que éstas atiendan holísticamente los problemas agrarios, alimentarios, de salud y medioambientales. Finalmente, hacemos un llamado a todo el pueblo mexicano a unirnos en un permanente proceso de lucha por la defensa de la vida y la soberanía alimentaria.
Día Nacional del Maíz
La Campaña Sin Maíz no hay País celebra por décimo año el Día Nacional del maíz y reafirma el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con agricultura campesina e indígena, y asegurando la soberanía nacional. Ante el desastre que desde hace más de 30 años ocasionaron las políticas anti-campesinas, el mandato popular de las recientes elecciones obliga a la construcción de un nuevo modelo donde las personas y los sujetos colectivos, con todas sus demandas, estén representados en el Plan Nacional de Desarrolloorientado a reactivar la producción campesina e indígena con el maíz como eje y la milpa como sistema de vida. Mantendremos, de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua ante la depredación por mega-proyectos, los cuales ponen en riesgo lo necesario para sembrar, comer y vivir. Las políticas neoliberales sólo han protegido la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en pocos estados y en pocas manos; en tanto que la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción han sido excluidas[1]. Seguimos defendiendo la producción campesina e indígena –de pequeña y mediana escala- de maíz nativo, que preserva la gran agrobiodiversidad del campo mexicano, el agua y los bosques; además, representa un modo de vida alternativo al capitalismo, en grave crisis. La sangre derramada en esta tierra, las desapariciones -como las de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, que aún hoy nos faltan-, junto al dolor ocasionado por el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene una razón que se resume en la política de abandono y despojo de la los territorios campesinos e indígenas. Reactivar la economía y la producción en estos territorios es la única salida para desterrar la violencia, frenar la migración forzada de jóvenes y familias enteras, fortalecer el tejido comunitario, así como para detener la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz. El derecho a la alimentación se ha ganado por la sociedad y debe asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de comida sana a toda la población con equidad y justicia. Los campesinos pueden asegurar este Derecho con el apoyo decidido del gobierno, que también debe combatir los monopolios agroalimentarios para evitar el acaparamiento y la especulación con alimentos, así como, la venta de alimentos de pésima calidad. Es impostergable garantizar el principio de equidad en las políticas rurales, así como los derechos humanos, ciudadanos y laborales de personas jornaleras agrícolas, de las mujeres, los migrantes, de pueblos originarios, y trabajadores y trabajadoras del campo. Las consecuencias tanto en el campo como en nuestra mesa han sido nefastas, en tanto, grandes empresas trasnacionales extranjeras y mexicanas se benefician con incrementos constantes de sus ganancias gracias a la oferta de productos dañinos. La sustitución de la tortilla de maíz en la dieta permitió el ingreso de productos con sustancias riesgosas por tanto, el cambio en la alimentación explica en buena medida siete de las diez principales causas de muerte relacionadas con la comida, ahora con peores consecuencias entre familias campesinas y de pueblos originarios donde los servicios de salud suelen ser carentes de acceso y calidad para prevenir muertes por mala alimentación. De recuperar maíz y frijol como base de una nueva canasta alimentaria conforme a derecho, sería posible construir un panorama de salud a favor de los mercados locales, la cultura, el paisaje y la identidad alimentaria. De igual manera es preciso, proteger el derecho de las y los consumidores para prohibir la publicidad engañosa de comida «chatarra» que invisibiliza el riesgo de los productos ultra-procesados que han desplazado al maíz en todas sus variedades. Es urgente contar con una estructura sólida de vinculación intersecretarial con el objetivo de hacer funcionar un sistema alimentario para asegurar la reserva, distribución y abasto de maíz y productos de la milpa, cercano a los hogares donde pueda consumirse a diario y sea el punto de partida de una economía territorial creciente y sustentable. ¡Con maíz y milpa hay país! Llamamos a las mexicanas y los mexicanos a unirnos en un permanente proceso de lucha por las siguientes demandas: Vigilar que el Poder Ejecutivo actue a favor del Derecho universal a la Alimentación y que defienda el interés público en todos los ámbitos y niveles, lo cual implica dejar inmediata y definitivamente de trabajar y litigar a favor de las corporaciones[2]. 2. Destinar prioritariamente los subsidios gubernamentales a la agricultura campesina e indígena cuyos cultivos nos alimentan de manera sana y diversa. 3. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN y del Acuerdo Transpacífico (TPP11). Instalar un mecanismo permanente en el Congreso de la Unión para administrar las importaciones y exportaciones de maíz, frijol y sus derivados. 4. Prohibir la siembra de maíz transgénico de todos los productos agrícolas genéticamente transformados, para proteger y mejorar el patrimonio genético de los maíces y productos originarios junto con un incentivo a la producción de maíces nativos. 5. Prohibir a los agrotóxicos, particularmente los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato[3], los que pueden causar la muerte a las abejas y otros polinizadores y de los prohibidos en otros países y autorizados en México 6. Aplicar inmediatamente el Principio de Precaución y los instrumentos y recomendaciones internacionales de protección a nuestros cultivos[4] y de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación[5] 7. Elaborar un nuevo marco legal de leyes, reglamentos y normas basado en la ética y la protección de los bienes comunes, de los derechos humanos individuales y colectivos a un ambiente sano, a una alimentación sana, a la biodiversidad, a la libre circulación de las semillas, a la información y a la autodeterminación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, y su aplicación sin reserva por parte del Ejecutivo; así como el respeto de todos estos derechos por el Poder Judicial en todas las sentencias dictadas. 8. Abrogar los decretos presidenciales para devolver la veda a acuíferos. Prohibir el fracking y otras concesiones contaminantes para impedir la privatización del agua y asegurarla para las comunidades y poblaciones en primera instancia y en segundo lugar para la producción de alimentos que aseguren el Derecho a ala Alimentación. 9. Realizar estudios científicos pertinentes y libres de conflicto de interés para detectar tanto la presencia de transgénicos en el campo y alimentos,
Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: • La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. • El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. • La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. • La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. • El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. • El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : Presidencia de la República
Carta abierta: La Ciudad de México y su deuda con las víctimas
La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor retraso en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas. El cambio de gobierno capitalino representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. Urge instalar la Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México con presupuesto y recursos necesarios para una adecuada atención de las víctimas. Por mucho tiempo, la Ciudad de México ha sido percibida como un oasis en medio de un país aquejado por un contexto de violencia generalizada. Este Oasis se desvanece con una simple lectura de datos oficiales que nos confronta con una realidad en la que la inseguridad va creciendo, al igual que la sed de justicia de las víctimas y de la sociedad. La Ciudad de México, como muchas otras ciudades del país, se ha vuelto en los últimos años una inmensa fábrica de víctimas. Oficialmente, se ha registrado en la Ciudad de México un total de 744 casos de personas desaparecidas, incluido 327 casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, todos investigados en el fuero común. Sólo en los últimos 10 años (2007-2017), se ha contabilizado en nuestra Ciudad un total de 8,932 homicidios dolosos y 783 secuestros. A lo anterior, se suman todos los casos de feminicidios, trata de personas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura o ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. Todas estas víctimas y/o sus familiares no solamente han experimentado de primera mano esta violencia, sino también se han enfrentando a la indiferencia, inercia, incompetencia y/o negligencia de las autoridades que por Ley deberían de protegerlas y atenderlas. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas ni siquiera acuden ante las autoridades para denunciar los hechos. Se estima que la cifra negra para delitos en la Ciudad de México es del 93,8%; entre las razones para no denunciar se destaca la desconfianza en las autoridades (23.2%)3. Esta cifra negra permite dimensionar la magnitud de las víctimas que hoy en día deberían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, parece que al momento las autoridades de la Ciudad de México no han tenido disposición de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable: justicia, asistencia, protección, verdad y reparación del daño. A más de cinco años de aprobarse la Ley General de Víctimas, la Ciudad de México sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que la Ley General de Víctimas fue aprobada el 9 de enero de 2013 como resultado de una proceso de demanda encabezado por las propias víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles frente a la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vivía en el país, lo anterior con el fin de convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos. Si bien la LGV establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales, fue hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México4, sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia. Esta Ley establecía un plazo de 120 días para la elección de la persona Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace tres meses, sin que se logrará tal objetivo. La tardada armonización de la Ley y ausencia de una Comisión de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México no solamente ha impedido el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda, asistencia y reparación previstas en la Ley, sino también, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las personas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que éste tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno a mecanismos que contribuyan a su protección, asistencia y a la reparación integral de los daños sufridos. Por lo anterior, las organizaciones civiles, colectivos y personas expertas que conforman el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas deseamos llamar su atención sobre esta deuda impostergable que la Ciudad de México tiene con las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que este cambio de gobierno representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. En este sentido, le invitamos en su calidad de Jefa de Gobierno electa para la Ciudad de México a establecer como prioridad en su futura agenda de trabajo las siguientes acciones: Crear el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, tal como previsto en el artículo 79 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Diseñar un Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual se formularán los mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Autorizar la estructura y presupuesto para la instalación de la Comisión a partir del 1 de enero del 2019. Para tal efecto, se alienta al equipo
Familiares y víctimas de violencia feminicida se reúnen con la Jefa de Gobierno Electa
Organizaciones celebran apertura de Jefa de Gobierno para tratar el tema de erradicación y prevención de violencia feminicida Es prioritario agilizar las investigaciones de casos de feminicidios en la Ciudad de México. Familiares, víctimas de violencia feminicida y organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron ayer con Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para tratar el problema de la violencia feminicida en la Ciudad de México. Se trataron temas concernientes a la impunidad de los casos de feminicidio, la falta de debida diligencia en las investigaciones y la necesidad de prevenir la violencia feminicida en la entidad. Las y los asistentes a la mesa celebran la apertura y disposición a escuchar por parte de la futura Jefa de Gobierno, para atender el problema de la procuración de justicia para las mujeres, y prevenir la situación de violencia feminicida en la capital. En la Ciudad de México se encuentra abierto el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), solicitado por organizaciones que, acompañando a los casos de violencia feminicida, damos constancia de la gravedad de la situación en la capital. En esta ocasión, los casos que se encuentran referidos en la solicitud de AVG fueron dados a conocer a la Jefa de Gobierno electa, quien se comprometió a coadyuvar para que los casos accedan a la verdad y la justicia, reiterando así que la prevención y erradicación de la violencia feminicida se encuentra de manera prioritaria en su agenda. Se hizo un llamado para abordar el tema de violencia contra las mujeres de manera integral y a continuar de manera diligente con las investigaciones de los casos, priorizando el tratamiento del tema de procuración de justicia, enfocado en la necesidad de una Fiscalía que tenga la capacidad para responder de manera eficaz ante la gravedad de la problemática real en la Ciudad. Consideramos que este encuentro es el potencial inicio de un proceso que garantice una ciudad libre de violencia feminicida, por medio de una transformación real en el sistema de justicia en el que la prevención del delito de feminicidio sea una política de gobierno en la capital. En el encuentro estuvieron presentes familiares de víctimas de violencia feminicida y las organizaciones acompañantes de los casos, quienes son también las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX: Justicia Pro Persona A.C., el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Para mayor información: Jorge Luis Aguilar Pantoja CDH Vitoria 5659 6797 ext. 227 / comunicacion.centrovitoria@gmail.com
245 organizaciones llaman a la nueva cancillería mexicana a establecer diálogo público en torno a recomendaciones EPU
Informe presentado muestra el incumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009 y 2013. Solicitan al Consejo considerar las exigencias del Colectivo y dar seguimiento al cumplimiento de las nuevas recomendaciones del próximo EPU. Cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa la situación de derechos humanos de los países de manera igualitaria a través del Examen Periódico Universal (EPU). Resulta muy relevante para la comunidad de derechos humanos de nuestro país que esta edición del EPU coincida con una transición histórica. Tenemos la certeza de que la orientación que este proceso aporte a la sociedad mexicana puede ser muy importante. Por ello 245 organizaciones de la sociedad civil mexicanas que conformamos el #ColectivoEPUmx realizamos un respetuoso llamado a la cancillería del nuevo gobierno electo a informar sobre la manera en que procesarán este mecanismo internacional. En el contexto de reflexión nacional esta inédita articulación civil presentó este informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Destacamos algunos elementos que nos permiten afirmar que el resultado de este proceso tendrá un impacto fundamental en la agenda de DH del nuevo sexenio. México ha incumplido con las recomendaciones emitidas en los anteriores exámenes de 2009 y 2013 en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Si bien corresponderá a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, expresar su aceptación o rechazo a las recomendaciones, estas se refieren a responsabilidades del Estado mexicano en su conjunto. Las organizaciones tenemos diversas reivindicaciones y protestas: un sistema integral de seguridad ciudadana, un adecuado modelo de atención a víctimas, una Fiscalía autónoma, atención efectiva a las víctimas, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y un mecanismo de seguimiento a recomendaciones internacionales, como mínimos para demostrar un compromiso real para resolver las graves violaciones estructurales de derechos humanos. El informe busca visibilizar la situación actual de los derechos humanos en México y resaltar las deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. Es importante resaltar que las recomendaciones serán emitidas en los primeros días de diciembre, ya con el nuevo gobierno en funciones. En este sentido las organizaciones consideramos pertinente tener un espacio de diálogo en torno al tema en el contexto del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los días 9 y 10 de diciembre de este año. El informe puede ser consultado en el sitio web http://colectivoepu.mx. Estarán disponibles las ediciones del informe para descargar en español e inglés. A través de la web también se podrán consultar las 15 fichas temáticas que sustentan las afirmaciones y exigencias expresadas en el informe hecho público hoy. De la misma forma se pueden encontrar postales y videos explicativos. Más información Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx cel: 5517966731 Oficina 55239992
