Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley. Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social. Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y eleborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso. Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos. En materia de designaciones, a la fecha: -No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por rescatar a Alejandro Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal. -Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia. -No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario. -Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron. Los Órganos Internos de Control han sido capturados. El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante. A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura. A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban. Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral. También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral. Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las etapas de Proceso Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación. En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto
FORO: Desafíos de la Alerta de Género en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es innegable la violencia feminicida que se vive en el país, también en la Ciudad de México, donde autoridades en distintos niveles se niegan a responder de manera urgente y efectiva para combatirla y erradicarla, al mismo tiempo que, paradójicamente, se presenta como un entidad federativa segura y libre de violencia. Ante el aumento de esta violencia, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P, A.C. junto con la organización Justicia Pro Persona A.C., en compañía del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, nos vimos en la necesidad de solicitar el pasado 07 de septiembre del 2017, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para la Ciudad de México. Bajo este esquema la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitió aunque con retraso seis Medidas “Urgentes”, el 02 de marzo del año en curso; y el correspondiente informe del Grupo de Trabajo, el cual contiene el análisis sobre la situación de la violencia feminicida en esta entidad y las recomendaciones que deberá resolver el Gobierno de la Ciudad en un lapso de seis meses, mismo que fue emitido hasta seis meses después de la solicitud de la AVG, es decir, el pasado 22 de marzo del presente. Hoy estamos a más de dos meses desde que fueron aceptadas las Medidas Urgentes y el Informe del Grupo de Trabajo por el Gobierno de la Ciudad de México; nos preguntamos: ¿qué está haciendo realmente el Gobierno de la Ciudad para atender de manera eficaz lo que el Grupo de Trabajo explicitó tanto en el Informe como en las medidas urgentes? En este sentido, las organizaciones convocantes, tenemos el agrado de invitarle a participar en el Foro Desafíos de la Alerta de Género en la CDMX. Se trata de un espacio para reflexionar y proponer alternativas ante la ausencia de acciones efectivas del gobierno en esta Ciudad, y ante la terrible y alarmante situación de violencia feminicida que vivimos las mujeres hoy en día. Todas tenemos derecho a una vida libre de violencia, reflexionemos y propongamos trabajos conjuntos. Convocamos el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para Todos y Todas» RedTDT, Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, les esperamos. Evento en facebook Para más detalles | Solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para la CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de la AVG para la CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] Miércoles 23 de mayo 09:00 – 14:00 hrs Casa del Poeta: Álvaro Obregón 73, Roma Nte. Ciudad de México [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Red Universitaria y Ciudadana denuncia irregularidades electorales y llama a observar y participar para defender el voto este 2018
-Elecciones del 2018, en un clima generalizado de violencia y utilización política de programas sociales -Imprescindible un llamado a la paz y a la organización ciudadana en México y el extranjero para fortalecer la democracia y observar proceso el próximo 1 de julio -Existen denuncias que dejan en evidencia la compra y coacción del voto en el país A seis semanas de que se lleven a cabo las elecciones en México, sabemos que hay un incremento de violencia debido a la coyuntura que atravesamos en medio de una crisis de violencia y de derechos humanos. Esta situación ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara recientemente en un comunicado de prensa que, de septiembre de 2017 al mes de abril del presente año, “se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos así como precandidatos y candidatos, particularmente a nivel local, pertenecientes a distintas afiliaciones y movimientos políticos del país”. Ante este clima de violencia, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) hace un llamado a grupos y personas, en México y en el extranjero, para unirse a las tareas de observar, denunciar y proteger el derecho al voto, con el objetivo de mantener la paz y lograr comicios apegados a los principios de un país democrático. Como RUCD también damos cuenta de una serie de irregularidades registradas durante la primera mitad del proceso electoral y hacemos un llamado de atención a las instituciones encargadas de velar por la autenticidad de las elecciones: 1. La fuerte crisis de credibilidad mediática y derivada de las divulgación generalizada de las llamadas fake news y propaganda. A pesar de los valiosos esfuerzos colectivos de la sociedad civil, las autoridades electorales han respondido de forma tardía y no han logrado responder de manera diligente a la desinformación y material intencionadamente engañoso que fluye sobre todo en la web. 2. La ola de spots que difaman y desacreditan, para dar prioridad a aquellos que buscan ofrecer propuestas, contraste y soluciones a la ciudadanía. 3. La falta de control y rigurosidad respecto a la confiabilidad de encuestas electorales. Algunas casas encuestadoras han utilizado de manera dolosa su papel para desinformar a la ciudadanía, convirtiéndose en un espacio ideal para la guerra sucia y uso propagandístico de estos instrumentos. 4. La proliferación de denuncias respecto a la utilización política de programas sociales; así como la compra y coacción de voto, sin hasta ahora una respuesta clara de parte de las autoridades electorales. 5. Los pronunciamientos del titular del Ejecutivo Federal respecto a las elecciones, mismas que violan la exigencia constitucional de estricta neutralidad de los órganos de gobierno. 6. El uso de temas económicos por parte del sector empresarial para coaccionar el voto de la población en general. Es necesario que los grupos empresariales dejen de utilizar la presión económica y el miedo para incidir en el voto y beneficiar a una candidatura. 7. La violencia extrema en contra de actores políticos. De acuerdo con algunos medios de comunicación, esta es la carrera electoral más sangrienta de la historia, algunos de éstos calculan entre 88 y 97 asesinatos cometidos contra personas funcionarias, registradas por una candidatura o personas políticas relacionadas con esta elección. En respuesta a los hechos mencionados, las y los integrantes de la RUCD reiteran su convocatoria a tomar las siguientes acciones: Movilizar una vasta red de observadores y observadoras electorales, nacionales e internacionales, que vigile y denuncie toda irregularidad en la mayor cantidad de casillas electorales posibles, tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. El próximo 31 de mayo se vence el plazo para registrarse, de manera oficial, como observador electoral ante el INE. Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral. Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio. Es menester acabar con la impunidad, corrupción, coacción y violaciones a los derechos humanos, peligros que acechan la adecuada implementación de la democracia en nuestro país. Por ello, la necesidad de sumar esfuerzos entre la sociedad civil, nacional e internacional, estar alerta y tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Para lograr este objetivo, convocamos a unirse a la RUCD, un espacio abierto y plural, universitario y ciudadano. Las bases y el proceso de registro pueden ser consultados en la página www.reddemocracia.org/ o en Facebook Red.Democracia.2018 y Twitter @RUCD_2018. Asimismo, invitamos a todas las personas y agrupaciones, en México y el extranjero, que quieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo democracia2018MX@gmail.com. Finalmente, se hace un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a extender el plazo de registro como observador electoral hasta el 20 de junio, con el objetivo de garantizar la máxima participación social; así como, asegurar la igualdad de oportunidades entre ciudadanos mexicanos y extranjeros que tengan interés en vigilar el proceso electoral. Atentamente RED UNIVERSITARIA Y CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA
Declaratoria de personas jóvenes frente a la globalización neoliberal
En el marco del Foro “Derechos Humanos en la Globalización Neoliberal”, personas jóvenes nos hemos encontrado con compañeras y compañeros que se han posicionado a favor de los derechos de las personas y de los pueblos, haciendo frente a un modelo económico que violenta su bienestar. En este encuentro hemos compartido experiencias de lucha desde diferentes regiones, poniendo especial atención en las afectaciones que la globalización neoliberal, fortalecido por los Tratados de Libre Comercio (TLC’s), ha mostrado en temas de soberanía alimentaria, controversias entre empresas y Estados, defensa de la tierra y el territorio y derechos humanos en general. Con este panorama, podemos ver que el esfuerzo de las empresas se concentra en la acumulación de riqueza en manos de unos cuantos en detrimento del buen vivir de las comunidades y de las personas. Ante ello, demandamos al Estado mexicano que cumpla lo siguiente: EMPRESAS: MECANISMOS DE RESOLUCIÓN Premisa: Las empresas se benefician de estos mecanismos. No aceptar los mecanismos actuales de resolución entre empresas, comunidades y Estado. Por eso demandamos: Cláusula democrática transversal de los tratados internacionales que permita la participación de la sociedad civil organizada. Mecanismo de transparencia a través de una comisión ciudadana, donde las personas y las comunidades sean escuchadas por el Estado. Hacer uso de la soberanía del Estado para resolver las demandas de la comunidad, puesto que los organismos que resuelven cuentan con integrantes de la inversión privada; con lo cual se ve mermada la soberanía del Estado. Fomento de procesos de integración económica y política a nivel regional. Buscar integración con América Latina, creando acuerdo atravesados por la cláusula democrática transversal. Movilización y concienciación de la población en general con el tema. Hacer ver que la extracción de recursos afecta los derechos humanos de todas las personas, a partir de esta concienciación e información, impulsar movilizaciones. Visibilizar las consecuencias de los tratados comerciales en la vida cotidiana de la mayor parte de las personas. La firma de un tratado que responsabilice a las empresas como violadoras de derechos humanos y asimismo se les pueda exigir reparaciones de los daños que ocasionan. DERECHOS DIGITALES La premisa es hacer un uso consciente de las plataformas digitales, puesto que la seguridad digital la hacemos todas las personas, lo cual a su vez implica las formas de hacer las comunicaciones digitales más seguras. Es por ello que demandamos lo siguiente: Considerando que son grupos pequeños de empresarios quienes detentan la propiedad privada de nuestra información, demandamos la soberanía de nuestros datos personales. Hacer promoción del uso de software libre. Hay que llevar la rebeldía a estos actos, los cuales también conllevan la defensa de los derechos humanos. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DERECHO A LA CONSULTA Declaramos que el conocimiento no debe ser apropiado o utilizado para fines privados, ni encadenado de ninguna manera. En consecuencia demandamos: El derecho humano a la consulta previa, libre e informada debe hacerse efectivo. Las personas deben saber lo que se está discutiendo en materia de tratados de libre comercio, la información deber ser aprehensible para las comunidades. Acceso libre a información en materia de tratados de libre comercio que no esté sesgada, lo cual favorezca la construcción de un conocimiento popular anclado en una demanda colectiva. Respeto a las comunidades que defienden sus tradiciones históricas, así como el conocimiento que se conserva en sus prácticas y que se dirige hacia la realización de la soberanía alimentaria. Socialización del conocimiento científico. Evitar que a través de su uso privado se haga merma de otros saberes y formas de vida. AGRICULTURA Nos declaramos a favor de fortalecer la producción campesina, a través de dos ejes: capacitación y subvenciones. Asimismo nos declaramos en contra de la homogeneización de los genes y de las modificaciones transgénicas. Demandamos: Mejorar los precios y el mercado. Difusión y visibilización de las luchas. Recuperar las tierras abandonadas bajo el argumento de que la vida campesina ya no es redituable, generando que sean acaparadas por un pequeño grupo de particulares, quienes controlan el sector de la agricultura. Asimismo nos pronunciamos en favor de la creación de un símbolo que unifique todas las luchas sociales. DERECHOS HUMANOS Se parte de la existencia de dos sistemas de relaciones a nivel internacional. Uno es el campo de los derechos humanos en el que el Estado firma para que sean de goce en todo el territorio. Pero al mismo tiempo forma parte de tratados comerciales que violentan todos estos derechos, ya que priorizan el beneficio de las corporaciones. Las demandas se plantean en dos sentidos: negativo y positivo. El primero con respecto a lo que no queremos que suceda, el segundo refiere a lo que sí queremos que tenga lugar. Demandamos que los derechos humanos sean contemplados dentro de los tratados comerciales dado que entran en conflicto de manera constante. Demandamos que los tratados comerciales no se impongan sobre los derechos humanos. En el sentido positivo demandamos lo siguiente: Problematizar las repercusiones de los tratados de libre comercio en la vida de todas las personas. Imaginar patrones de consumo diferentes al modelo económico actual Apostarle a la complementariedad y no a la competitividad que invisibiliza a las minorías. Visibilizar la interseccionalidad de las violaciones de los derechos humanos. La cual es posible por medio de la descolonización de nuestro pensamiento, es decir, dejar a un lado la idea que nos han vendido de que sólo es posible vivir bajo este modelo económico neoliberal. Atentamente : Integrantes de la 16a generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos y participantes del Foro: Derechos Humanos en la globalización neoliberal
Afirmemos la opción por la paz en México
La guerra sucia electoral está llegando a un nivel de intensidad, que ronda ya la crisis política y ciudadanía tenemos que participar abierta y masivamente para detenerla, exigiendo a las autoridades electorales, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país, así como a los medios de comunicación masivos, que se manifiesten abierta y contundentemente en contra de esas expresiones que incitan a la violencia y hagan un pronunciamiento categórico en favor de la paz y el respeto a la vida de todas y todos los candidatos y ciudadanos. Circuló en las redes un tuit «golpista«, de un periodista abiertamente contrario al candidato presidencial de Morena. Ricardo Alemán lanzó un tuit en el que «sugiere» que Andrés Manuel López Obrador «podría ser asesinado por un seguidor». Afortunadamente, la condena fue inmediata, en las redes, en las versiones electrónicas de los diarios, e incluso fue lanzada una petición ciudadana en change.org, para contrarrestar esta intención que, además, lamentablemente no es la primera vez que se hace pública, pero que con este tuit adquiere una peligrosa corporeidad. En el clima de confrontación electoral y en el marco de la violencia que ha causado más de 200 mil muertos en los últimos 12 años, una expresión de esa naturaleza puede ser un catalizador que desate con mayor fuerza opciones de antagonismo con muy graves consecuencias. Por ello consideramos urgente que tanto la ciudadanía organizada como las autoridades políticas y electorales del país nos pronunciemos clara y abiertamente a favor de la paz y la concordia, el respeto a la ley, a la vida humana, fortaleciendo las conductas sociales y prácticas políticas que permitan el desarrollo democrático de nuestro país. Firman por la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia : Abraham Nuncio Limón Americo Saldivar Axel Didriksson T. Benjamín Arditi Carlos A. Ventura Callejas Carlos Figueroa Ibarra Carlos Gershenson Carlos Vargas Pacheco Diego Osorno Elisa Cruz Rueda Elisa Cuevas Landero Elisabetta Di Castro S Ernesto Hernández Norzagaray Gabriel Corona Armenta Griselda Gutiérrez Castañeda Guillermo Fernandez Ampie Gustavo Leyva Irma Eréndira Sandoval Javier Esteinou M. Jesús Solís John Mill Ackerman Jorge Gómez Naredo José Antonio Vela Julio Boltvinik Laura Carlsen Laura Cevallos Luis Arizmendi Luis Lemus Manuel Pérez Rocha Martin Aguilar Miguel Concha Malo Oscar Ugarteche Paola Ricaurte Quijano Patricia Escamilla-Hamm Gabriela Ippolito-O’Donnell Sergio O. Saldaña-Zorrilla Vladimir Pliego-Moreno Para más detalles o información adicional contactar a: Democracia2018MX@gmail.com Imagen destacada: Wikimedia
FORO: Derechos humanos en la globalización neoliberal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Existe una reflexión constante de que el conjunto de las crisis que padece hoy la humanidad, la financiera, la económica, la alimentaria, la energética y la climática, tienen una misma causa: el neoliberalismo. Es constante también la convicción de que podemos y debemos transformar radicalmente el curso de esta crisis y apostar a alternativas a esa lógica depredadora y contraria a los derechos humanos. Para construir un espacio en el cual podamos compartir algunos saberes sobre el contexto de globalización neoliberal desde una lectura de derechos humanos, les invitamos a encontrarnos en el primer foro realizado en el marco de la 16a generación de la Escuela para Defensosas y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Centro Cultural Zapata STUNAM Av. Universidad 779, Col del Valle Sur, 03100 Ciudad de México, CDMX 12 de mayo de 2018 11:00-15:00hrs Entrada libre [siteorigin_widget class=»CL_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Organizaciones denuncian criminalización a defensor del derecho al agua en Mexicali
-León Fierro está acusado de un delito por ejercer su derecho a la protesta social. -El FLEPS documenta uso discrecional del sistema penal en Mexicali contra quienes protestan por la defensa del agua -La criminalización de integrantes de Mexicali Resiste ha sido una constante desde 2017. El jueves 3 de mayo del presente año, León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, movimiento que ha ejercido su derecho a la protesta social para mostrar oposición a la privatización del agua de la región, fue detenido y puesto en prisión preventiva ese mismo día, acusado de intento de homicidio, por un presunto acto ocurrido en el contexto de una protesta. Sus familiares ven claramente que su detención es un medio de hostigamiento y criminalización contra una persona que ha protestado en contra la privatización del agua en el municipio. Mexicali Resiste, junto con otros colectivos afines, son parte de un movimiento que se manifiesta contra las medidas que el gobierno de Baja California ha tomado para privatizar el agua, beneficiando a empresas como la cervecera Constellation Brands, a costa del pleno goce del derecho al agua de las personas y comunidades de Mexicali y su comarca. La respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales al ejercicio de la protesta social, ha consistido en hostigar, reprimir y criminalizar a integrantes de Mexicali Resiste. Entre enero y febrero de 2017, cuando comenzaron las movilizaciones, se dieron casos de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, desalojos violentos y encapsulamientos operados por las policías municipal y estatal; y la respuesta represiva contra el movimiento ha sido una constante desde entonces. El hecho más reciente para inhibir el derecho a la protesta fue la detención de León Fierro. De acuerdo con testimonios de familiares, la detención se realizó en un auto, acompañado de otros cuatro automóviles, sin insignias visibles que permitieran identificar si se trataba de un vehículo oficial. Posteriormente, se informó a la familia que León estaba acusado por homicidio doloso en grado de tentativa: presuntamente había intentado atropellar con su auto a 6 elementos de la policía municipal el día 16 de enero de 2017, día en que Mexicali Resiste se manifestaba en contra de la construcción de un acueducto en el ejido El Choropo, a las afueras de Mexicali. Según testimonios recabados por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en medio del operativo coordinado entre policía municipal, estatal y ministerial, el automóvil de León Fierro había sido gravemente afectado por elementos municipales, de modo que León procedió a retirar el vehículo sin causar ningún daño. Este acto es el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC) utiliza para formular la acusación mencionada, a pesar de que hay documentación que muestra que el retiro del auto se dio acorde a la versión de sus familiares. Desde el FLEPS, evidenciamos que estos hechos constituyen un intento de obstaculizar el ejercicio de la protesta de las y los integrantes de Mexicali Resiste, criminalizándoles por medio de la imputación de delitos sin sustento real alguno. Exigimos a la PGJE y al Poder Judicial de Baja California que se respete el debido proceso de León Fierro y se le otorgue la libertad, toda vez que se ve claramente la tendencia a la criminalización de la protesta social como la causa de su imputación. Asimismo, exigimos el cese al hostigamiento y represión en contra de quienes hacen uso legítimo de la protesta como un medio para demandar el pleno goce, la garantía y el respeto de otros derechos en Baja California, y particularmente contra quienes forman parte de Mexicali Resiste. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Mxli resiste
Más de 100 intelectuales y líderes de la sociedad civil estadounidense exigen al Congreso de los Estados Unidos estricta neutralidad de Washington frente a las elecciones del próximo 1 de julio en México | Boletín
-En una carta dirigida al Senado y a la Casa de los Representantes, los firmantes indican su preocupación sobre la permanencia de prácticas fraudulentas en México y el cuestionable papel que ha jugado Washington en materia de promoción a la democracia en América Latina “Es importante que México, uno de los aliados y socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, goce de una democracia auténtica, en la que la ciudadanía pueda hacer pleno ejercicio de su derecho al voto en libertad, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras”, escribe un grupo de más de 100 intelectuales y líderes de las sociedad civil en una carta que enviaron hoy a las y los miembros del Congreso de los Estados Unidos. En la carta, los firmantes instan a los senadores y los diputados de los Estados Unidos a “[…] hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y promueva las normas fundamentales de la democracia.” Los y las firmantes incluyen destacados intelectuales como Gilbert M. Joseph, profesor de historia de la Universidad Yale y ex presidente de la Asociación de Estudios de América Latina; Mary Kay Vaughn, profesora de historia en la Universidad de Maryland y presidenta de la Conferencia de Historia Latinoamericana; Bruce Ackerman, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Yale; Noam Chomsky, profesor emérito del Massachusetts Institute for Technology; Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora del Woodrow Wilson Center for International Scholars y presidente de la Association for Borderlands Studies; y Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York y miembro de la American Academy de Artes y Ciencias. Entre quienes firman también se incluyen destacados líderes de organizaciones de la sociedad civil como Laura Carlsen, Directora del Programa para las Américas del Centro para Políticas Internacionales (CIP); Mark Weisbrot, Co-director del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR); Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA); Ted Lewis, Director de Derechos Humanos en Global Exchange; y Manuel Peréz Rocha, del Instituto de Estudios Políticos (IPS). Las y los firmantes citan recientes amenazas a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho a la protesta en México, así como el uso de software de espionaje por parte del gobierno mexicano para vigilar a activistas y el papel que ha jugado el gobierno en el encubrimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. La carta también destaca como la proliferación de la corrupción y de crímenes violentos pone en peligro la libertad del sufragio en México, señalando en particular que: “[…] las recientes elecciones estatales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila demostraron que la permanencia de prácticas fraudulentas se mantiene como un grave problema en el México de hoy.” Los firmantes también alertan con respecto a que en Honduras el año pasado, y en México en 1988 y 2006, “[…] el gobierno estadounidense se apresuró en reconocer y apoyar resultados electorales que estaban bajo sospechas graves […]”. En este contexto, la carta llama al Congreso de Estados Unidos a respaldar plenamente la celebración de elecciones democráticas en México “[…]condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violación a los derechos humanos, promoviendo una transición pacífica del poder, e insistiendo en el estricto cumplimiento de la normatividad electoral” así como manteniéndose alerta con respecto al proceso de selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México. Contactos: Laura Carlsen (Ciudad de México), +52 1 55 3551 9993, lecarlsen@gmail.com Christy Thornton (Washington, D.C) +1 646 752 5507 llchristyll@gmail.com
Miembros de la academia y líderes civiles de los Estados Unidos hacen un llamado al Congreso para asegurar neutralidad y respeto por las normas democráticas en las elecciones mexicanas | Carta
Estimados miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, El 1ro de julio en México tendrán lugar las elecciones para presidencia, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como miles de funcionarias y funcionarios locales. Como miembros de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil con enfoque en México, nos preocupan los fuertes desafíos que se presentan en estas elecciones. Asimismo, en vista de las recientes declaraciones de la actual administración y tomando en cuenta los antecedentes del gobierno estadounidense en lo que respecta a apoyar la democracia en México y otros países de este hemisferio nos preocupa que el papel de éste resulte contraproducente. Es importante que México, uno de los aliados y socio comerciales más cercanos de Estados Unidos, sostenga una democracia real, en la que la ciudadanía pueda hacer libre ejercicio de su derecho al voto, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras. Es por esto que, de la manera más respetuosa lo instamos a usted y a sus colegas del congreso a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y con fundamento en las normas básicas de democracia. En México se han documentado fuertes irregularidades electorales, tales como compra del voto y manipulación de los resultados. Las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 fueron denunciadas como fraudulentas tanto por el partido político de oposición como por grupos independientes de la sociedad civil. La legitimidad de las elecciones presidenciales más recientes, las de 2012, también ha sido puesta en tela de juicio debido al uso de financiamiento ilegal, una vasta estrategia de compra de votos y la falta de autonomía de las instituciones electorales así como de la mayor parte de las cadenas televisivas. De igual manera, las recientes elecciones locales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila son ejemplos de que las prácticas fraudulentas representan aún un grave problema. En ambos procesos electorales, se han hecho denuncias fiables con respecto del uso ilegal de fondos públicos y privados en las campañas de los candidatos electos –ambos de los cuales pertenecen al partido actualmente en el ejecutivo federal–, hay también muchos reportes de compra del voto, de actos de intimidación en contra de las campañas de oposición, y dudas generalizadas en relación con la legitimidad del conteo de votos. Aunado a lo anterior, nos preocupan ciertos acontecimientos recientes que resultan en el menoscabo de libertades fundamentales, como los derechos de libre asociación, de libertad de expresión y de manifestación pública; los cuales son necesarios sin excepción para garantizar un proceso electoral legítimo. Entre otras cosas, se ha reportado que el gobierno mexicano participó en operaciones de espionaje a activistas de la oposición a través del software Pegasus, y encubrió la participación de agentes de seguridad pública en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Recientemente el gobierno aprobó la Ley de Seguridad Interior la cual da a las fuerzas armadas mayor capacidad de vigilancia, lo cual provoca miedo en la población ante la posibilidad del uso de estas fuerzas para reprimir protestas políticas y sociales legítimas. Al mismo tiempo, hay una creciente sensación de descontento en México por los elevados niveles de corrupción y violencia. El año pasado, cuatro ex-gobernadores fueron arrestados con cargos de corrupción. México está entre los países con más bajos resultados en el Índice de Transparencia Internacional, en donde el 61% de los votos afirman que la corrupción ha incrementado. También se reportan más crímenes violentos, siendo que el 2017 es el año con mayor número de homicidios. Y, como en el caso de los 43 desaparecidas de Ayotzinapa, las denuncias respecto del involucramiento de agentes de seguridad pública en desapariciones y homicidios rara vez son investigadas. Tanto los conflictos antes mencionados como otros tanto que actualmente asolan México únicamente pueden ser resueltos por el pueblo mexicano. Sin embargo, para que puedan solucionarlos colectivamente y de manera efectiva necesitan establecer instituciones así como funcionarias y funcionarios confiables. Para lo cual es indispensables que las elecciones sean legítimas. Bajo este contexto, es imperativo que el gobierno de los Estados Unidos apoye a que éste sea un proceso electoral democrático y justo, evitando declaraciones prematuras o acciones que pudieran legitimar resultados electorales en disputa por acciones fraudulentas. Desafortunadamente, en múltiples ocasiones las administraciones estadounidenses han adoptado posturas de escasa utilidad en relación con los procesos electorales en México y en otros países de la región. En las elecciones de Honduras del año pasado, el gobierno estadounidense no tardó en reconocer y apoyar resultados electorales que levantaban serias sospechas, tanto en Honduras como a nivel internacional. Los mismo ocurrió en México después de las elecciones presidenciales de 1988 y 2006. Dichas posturas incentivan a ciertos actores políticos a continuar con acciones fraudulentas y a sostener prácticas electorales ilegítimas. Este escenario no debería repetirse en el próximo proceso electoral en México. Con base en todo lo anterior, les instamos a usted y a sus colegas a hacer todo lo posible para garantizar que los Estados Unidos respalde la democracia mexicana apoyando una transición de poder pacífica y condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violaciones de derechos humanos promoviendo así que se lleven a cabo prácticas electorales justas y legales. El gobierno de los Estados Unidos debe sostener el máximo respeto por la soberanía nacional mexicana y el voto popular, además de expresar su compromiso por establecer una relación sólida con cualquier nueva administración mexicana. También le alentamos a seguir de cerca la selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México, después de que la actual embajadora Roberta Jacobson salga del puesto el 1ro de mayo, a fin de garantizar que quien ocupe el puesto tenga la experiencia necesaria y las habilidades diplomáticas para equilibrar la compleja y crítica relación bilateral entre ambos países. En las próximas elecciones habrán muchos observadores y observadoras electorales mexicanas e
Ante el incremento y agudización de la violencia y feminicidios, OSC’s solicitan al Secretario de Gobernación una reunión de carácter urgente
C. Alfonso Navarrete Prida Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos PRESENTE Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)1, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)2 y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria nos ponemos en contacto con Usted para solicitar una reunión con carácter urgente. El motivo de dicho encuentro es expresarle de manera personal las preocupaciones y obstáculos que desde la sociedad civil vemos para lograr que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Recientemente el OCNF hizo público el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”. En él –con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a partir de información proporcionada por las Fiscalías y Procuradurías Estatales en ese periodo– registró 8,904 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio. Ello significa apenas el 24% y la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. En este contexto hemos observado con suma preocupación que de enero a la fecha –-mes en el que asumió el cargo como Secretario de Gobernación– se han estancado procesos que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos impulsado para fomentar el cese de la violencia contras las mujeres. Una de las principales acciones que ha quedado detenida es la publicación de la Reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que presenta diversos vacíos legales que fomentan su uso arbitrario y discrecional, al tiempo que obstaculiza la implementación del mecanismo de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). A pesar de que existía ya una propuesta de reforma trabajada y consensuada entre las autoridades y las OSC, a la fecha –a casi cinco meses de su llegada– desconocemos la situación procesal del reglamento. Esto es alarmante debido a que actualmente existen en el país 28 solicitudes de AVG, de las cuales sólo 13 han sido declaradas. La ambigüedad de la LGAMVLV hace permisible que las propias peticionarias desconozcan el porqué de la dilación para realizar la investigación de solicitudes, la emisión de los informes, así como su notificación a las autoridades responsables, como es el caso en los estados de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. A los retardos injustificados en los procedimientos de las declaratorias de AVG, se suma la restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las organizaciones, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. De igual manera hacemos de su conocimiento que el OCNF tiene documentado un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. Esto es preocupante porque se ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por la del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI). Ante estos retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres, reiteramos que diversas disposiciones legales establecen que corresponde a la Secretaría de Gobernación promover la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, como lo señala el Artículo 3: “Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, formular, conducir y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional Integral, para lo cual suscribirán los instrumentos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”. De la misma manera, dentro de las facultades de SEGOB el artículo 42 señala como una de ellas: […] “Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Incluso, ateniéndonos a la normatividad interna de SEGOB, el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, señala como facultad de esta Secretaría: “Recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar el reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos”. Finalmente queremos hacer de su conocimiento que no nos parece pertinente la canalización dada a nuestra misiva del 12 de abril de 2018, en la cual le hicimos llegar estas preocupaciones de manera más puntual. En esa ocasión no recibimos respuesta directamente de la Secretaría de Gobernación, sino de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instancia responsable de muchas de los cuestionamientos motivo de dicha carta. Las omisiones señaladas en esta comunicación, así como en las anteriores, impactan de manera directa la vida y la integridad física de las mujeres en México. Por ello a través de la presente reiteramos la necesidad de reunirnos con usted a la brevedad, a fin de tomar acciones de manera conjunta que puedan derivar en el beneficio de las mujeres en México. Cabe destacar que, con fundamento en el artículo 8°constitucional, por este escrito solicitamos pacífica y respetuosamente, tenga la amabilidad de dar respuesta personalmente a nuestras peticiones. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. (CDH Vitoria) 1 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio está conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país. 2 La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” está conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República. Imagen : Jorge Aguilar
