Israel y los territorios palestinos ocupados

Israel y los territorios palestinos ocupados

De acuerdo con el Grupo Paz con Democracia ningún argumento es válido para justificar un crimen de Estado y de lesa humanidad, y mucho menos la ocupación colonial y el dominio de Israel sobre territorios palestinos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Daniel Lobo

Por: Miguel Concha

Sábado 29 de mayo de 2021

Recientemente el Grupo Paz con Democracia condenó el ataque de Israel contra el pueblo palestino. Señaló que ningún argumento es válido para justificar un crimen de Estado y de lesa humanidad, y mucho menos la ocupación colonial y el dominio de Israel sobre territorios palestinos, cuyo saldo se refleja en la muerte de centenares de personas inocentes, incluidas infancias, y en la destrucción de instalaciones de carácter civil.

Y es que en las pasadas semanas el gobierno isaraelí ha intensificado una política general basada en mantener la dominación de israelíes judíos sobre el pueblo palestino, así como en los graves abusos cometidos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Es decir, en los territorios palestinos ocupados (TPO), incluido Jerusalén Oriental.

De acuerdo con el Informe 2020/21: La situación de los derechos humanos en el mundo”, publicado por Amnistía Internacional en abril, Israel ha concretizado esta política sobre los TPO a través de traslados y desalojos forzosos, discriminación institucionalizada, homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; incluidos ataques contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y objetoras de conciencia, así como violencia de género contra mujeres, especialmente ciudadanas palestinas de Israel (https://cutt.ly/znuQYrX).

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe denominado Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución (https://cutt.ly/PnuzkDn). Éste examina los crímenes internacionales que están teniendo lugar, principalmente los de apartheid y persecución.

Como dice la doctora Mariana Salazar Albornoz, especialista en derecho internacional humanitario, y en derecho penal internacional, los crímenes internacionales son violaciones del derecho universal que acarrean responsabilidad penal mundial individual contra quien los ha perpetrado. Con esto se protegen valores de trascendencia para la comunidad mundial que, en tanto que cualquiera puede reclamarlos, obligan a Estados y personas.

Existe un interés universal en que los crímenes internacionales sean castigados por las jurisdicciones nacionales y por los tribunales penales internacionales. Los crímenes internacionales, según leemos en el artículo cinco del Estatuto de Roma (ER), de la Corte Penal Internacional (CPI), comprenden los crímenes más graves para la comunidad mundial. Éstos son cuatro, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Si bien es cierto que existe un debate abierto con respecto a qué tipo de crimen internacional está cometiéndose contra la población palestina en los TPO, debido a la diversidad de posturas, HRW sostiene que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población palestina que vive en Israel y en los territorios palestinos ocupados, concretamente los de apartheid y persecución.

Recordemos que el artículo siete del Estatuto de Roma entiende por crimen de lesa humanidad una serie de actos, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Entre los 11 actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, están los de apartheid y persecución e igualmente los de asesinato, deportación o traslado forzoso de población; además de los de encarcelación, tortura y otros actos inhumanos. El mismo artículo precisa que el “crimen de apartheid” comprende los actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen.

Sobre la persecución, el ER clarifica que se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. A la luz del derecho humanitario internacional y del derecho penal internacional, de los informes de Amnisitía Internacional y de HRW, y de los dramáticos hechos ocurridos en semanas recientes se podría aseverar que, al cometer crímenes de lesa humanidad contra la población palestina, Israel ha violado el derecho internacional, debido a los ataques generalizados y sistemáticos cometidos por agentes del Estado israelí contra la población palestina de los TPO y de Jerusalén Oriental. Y ello como parte de una política de Estado que goza de pleno conocimiento.

Haciendo eco de lo dicho por el Grupo Paz con Democracia, nos sumamos al clamor de voces que no sólo exigen el cese de los ataques, sino la generación de condiciones para abrir un camino justo de paz basado en el respeto a los derechos históricos de la nación, el pueblo y el Estado palestinos. Sólo de esta forma evitaremos el naufragio de las civilizaciones, como dice el libanés Amin Maalouf.

Ante la pandemia, desde abajo

Ante la pandemia, desde abajo

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | 📷 Imagen : Web

Por: Miguel Concha

Sábado 📅

02 de mayo de 2020

Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión).

En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia.

Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos.

Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General.

Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76).

Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización.

Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.

Educación popular y pandemia

Educación popular y pandemia

Editoriales | 📰 Editorial del CDHVitoria | 📷 Imagen : CDHVitoria

Por: Beatriz Rivero y Yoxmara González Tapia*

📅 Abril de 2020

“Tengo coronavirus, porque aunque parece ser que la enfermedad aún no ha entrado por mi cuerpo, gente amada la tiene; porque el coronavirus está atravesando ciudades por las que he pasado en las últimas semanas; porque el coronavirus ha cambiado con un trinar de dedos como si de un milagro, una catástrofe, una tragedia sin remedio se tratara, absolutamente todo. Donde pises está, donde llegas ha llegado antes y nada se puede hoy pensar, ni hacer, sin el coronavirus entre medio. Parece ser que no solo yo tengo coronavirus, sino que lo tenemos todas, todes, todos; todas las instituciones, todos los países, todos los barrios y todas las actividades”. 

Maria Galindo, “Desobediencia, por tu culpa voy a sobrevivir

Son periodos de vorágines y complejidades. Han sido vastas las reflexiones críticas en torno a la crisis humanitaria vuelta observable y agudizada por el covid-19. Del norte al sur global, la conmoción que provoca reconocer la fragilidad humana y la falacia del bien individual sobre el bien colectivo[1], colocan en la balanza lo mismo que la utopía de la solidaridad viralizada[2], la normalización del estado de excepción como reacción inmunitaria global para futuros escenarios[3].

Como bien señala Raúl Zibechi[4], recuperando a I. Wallerstein, lo que hoy vivimos no es una crisis más, sino es una expresión del colapso del sistema-mundo moderno entendido como un proceso prolongado que implica desde hace tiempo, la destrucción de la vida en el que guerras y pandemias serán cada vez más frecuentes.

En este sentido, los desafíos para pensar con creatividad y desprocesar el estado de indefensión y parálisis en el que nos encontramos, no es mera coyuntura, es ante todo condición de sobrevivencia y el hacerlo desde la articulación de proyectos políticos populares, garantía de que esto suceda.

La diversidad de procesos organizativos de pueblos, comunidades y movimientos sociales, que hasta hace un mes sacudían a la región hoy se encuentran desentrañando brújulas y reconfigurando el mosaico de la resistencia, algunas en la memoria colectiva que les ha dado la experiencia histórica frente al colonialismo, otros y otras más en el cruce de las reflexiones actualizadas sobre los sentidos de lo político, de  los sujetos políticos oprimidos desde antaño y la defensa de los derechos humanos.

En nuestro caso, para quienes nos dedicamos a la educación popular, nuestro quehacer no está exento de estos llamados. Confinamiento y distanciamiento social, dos medidas sanitarias que se instauran desde el (auto)disciplinamiento social  y en muchos casos con el uso de la  fuerza, irrumpen no sólo la dimensión técnica y práctica de las pedagogías populares, sino también ponen en cuestión los propios fundamentos que demandan los procesos formativos de este tipo, pues desafían y en muchos casos parecen cancelar la posibilidad de ternura, condición vital de no sólo todo proceso de educación popular, sino de acción revolucionaria.

Habríamos que sumar además, los efectos psicosociales que devienen de estas medidas de ordenamiento social: miedo, terror, ansiedad, estrés; y los impactos diferenciados según condiciones de género, clase social y raza, que dificultan pensar ¿Cómo generar condiciones para un proceso pedagógico en estas circunstancias, cuando el diálogo y encuentro entre personas, materia prima de todo espacio de educación popular, invita a hacerlo desde el ordenador? ¿Cómo posibilitar que este diálogo sea potencialmente liberador y transformador cuando a nombre de la sobrevivencia se elimina la calle como espacio social? ¿Cómo destrabamos el pánico que provoca el potencial contagio de la cercanía con el otro, la otra, el otre y empezamos a fortalecer otras narrativas de cuidado colectivo y como diría tan sugerentemente María Galindo, repensamos el contagio?

Desde el Centro Vitoria estas reflexiones llegaron junto con el acompañamiento a la 18a Generación de la Escuela para Personas Jóvenes  Defensoras de Derechos Humanos, la cual es un proceso de formación política dirigido a juventudes que tiene como objetivo facilitar a través de un enfoque de educación popular y educación para la paz, herramientas teóricas y prácticas encaminadas a construir saberes, habilidades y experiencias respecto a los Derechos Humanos desde una aproximación crítica y transformadora.

Ante las medidas que se han promovido desde el gobierno mexicano, como la Campaña Nacional de Sana Distancia y las recomendaciones de “quédate en casa”; como acompañantes de este proceso nos enfrentamos al diseño de estrategias que permitan  generar los vínculos para la reflexión crítica y la acción efectiva de la defensa de derechos humanos desde los diferentes contextos en los cuales se sitúan cada una de las personas integrantes de la generación, aunada a prioritaria y fundamental tarea de cuidado colectivo entre ellas, ellos y elles y sus más cercanas redes de socialización: familia, el vecindario, el barrio, el pueblo, etc.

El primer reto al que nos enfrentamos para propiciar y continuar este esfuerzo colectivo que es la Escuelita,  ha sido construir un nuevo espacio. ¿Cómo sabernos compañeros y acompañarnos desde lo impersonal que puede ser el mundo digital cuando además reconocemos las diferencias que implica nuestra diversidad? Pensamos en los múltiples estilos de aprendizaje, en las condiciones diferenciadas por cuestiones de género, clase social e incluso espacio geográfico las cuales nos hacen habitar de manera desigual los mandatos sanitarios en lo personal y lo colectivo. Pero también en la propia pertinencia de sostener a pesar de estas condiciones, un esfuerzo  de educación popular como este, cuando los contenidos, las finalidades cobran sentido en el actuar cotidiano de los sectores populares y el propio avance y necesidades de los procesos organizativos.

Con más preguntas que respuestas claras, retomamos el amplio trabajo de Henry Lefebvre respecto al espacio físico, mental y social, e imaginamos el espacio virtual como un híbrido en donde podemos retomar lo percibido para proyectar “una izquierda y una derecha, una parte superior y una parte inferior”[5] desde lo concebido, que permita la proyección de lo que concretamente atraviesa nuestras corporalidades y territorios de modo que  practiquemos la responsabilidad compartida  de comprender nuestro presente desde nuestros miedos y esperanzas, desde lo profundo y personal de las interpelaciones que nos hacen estos tiempos tan duros, y fortalezcamos colectivamente esas apuestas de transformación hacia realidades más justas y alejadas del “sálvese quien pueda”.


* Colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C (@CDHVitoria)

[1] Aguilar, Y., ( 22 de marzo del 2020),  “Jëën pä’äm o la enfermedad del fuego”, El País, Recuperado en: https://n9.cl/4una

[2] En alusión a las reflexiones de Zizek sobre “El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo “Kill Bill” que podría reinventar el comunismo”, recuperado en: https://n9.cl/689a

[3] Han, B., (22 de marzo de 2020), “La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín”, El País, recuperado en: https://n9.cl/02nv

[4] Zibechi, R., (27 de marzo de 2020), “El mundo pos pandemia”, La Jornada, recuperado en: https://cutt.ly/2tIwMB7

[5] Lefebvre, H. (1976), Espacio y política. El Derecho a la Ciudad II, Barcelona: Ediciones Penínsulas, 26-28.

Ignacio Ellacuría y los pobres

Ignacio Ellacuría y los pobres

Sábado 16 de noviembre de 2019

Miguel Concha 

Como informé en mi colaboración anterior, hoy se cumplen 30 años de la matanza de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (UCA), y de sus dos trabajadoras domésticas. Recordé también que según un informe de la ONU de 1993, el principal objetivo de la agresión era Ignacio Ellacuría, filósofo, teólogo, analista político y rector de la UCA, a causa de la rabia que le causaban a la oligarquía salvadoreña sus explicaciones estructurales sobre el origen de la injusticia y la violencia, a pesar de que por razones particulares éticas y teológicas él siempre tuvo reparos frente a la violencia física revolucionaria.

Por la trascendencia de este acontecimiento en la memoria de los pobres del continente, pensamos que su conmemoración no puede pasar desapercibida en El Salvador, en México y en toda América Latina. Ignacio Ellacuría fue un gran mediador del conflicto armado salvadoreño. Pugnó siempre por el diálogo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la entonces fuerza guerrillera y hoy partido político que ha llegado a gobernar ese país, tras firmar la paz en el Castillo de Chapultepec, tres años después de la masacre de los jesuitas.

Para el proceso de paz salvadoreño, el legado de Ellacuría no puede entenderse sin la vigencia de su pensamiento teológico y filosófico, pues Ellacuría creía en una paz con justicia social. Además, como creyente, veía en los pobres del continente el rostro del Cristo Crucificado por la opresión de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales.

Como aporte original, en su tiempo como rector impulsó la cátedra de la Realidad Nacional, que hoy lleva su nombre y se imparte en muchas universidades jesuitas y no jesuitas en varios países de Iberoamérica. En esas sesiones se hacía un agudo análisis de las razones que dan cuenta de las injusticias que se cometen contra los pobres por razones ideológicas e intereses económicos y políticos particulares.

Su formación filosófica le enseñó a buscar la verdad de las intenciones de quienes dicen trabajar por el desarrollo, pero esconden intereses que benefician a unos pocos, en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías populares.

El legado de Ellacuría en teología y en filosofía puede resumirse en las frases, que retomando al filósofo vasco Xavier Zubiri, desarrolló en sus escritos: hacerse cargo de la realidad (momento noético), cargar con la realidad (momento ético) y encargarse de ella (momento práxico). Lo que significa reconocer las injusticias del mundo a través del análisis, asumirlas como inaceptables y hacer algo para cambiarlas.

Una obra, como la desarrollada por él, es en sí misma de gran actualidad, porque pretende desentrañar analíticamente las claves de esa realidad, para transformarla en beneficio del pueblo crucificado. En El Salvador de hoy, como en México y en muchos países de América Latina, las condiciones sociales y económicas son prácticamente las mismas: una enorme desigualdad social, en la que millones de personas viven en condiciones de pobreza y sufren violaciones de sus derechos humanos, que contrasta con una pequeña minoría que acumula riquezas y provoca de facto la imposibilidad de una verdadera democracia, y la impunidad por sobre el poder mismo del Estado. Como recién dijo Lula, es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia. La región vive hoy en medio de una globalización económica, en la que el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas y delitos de cuello blanco– juega un rol preponderante y profundiza esta polarización social en los distintos países, imponiéndose en los territorios a través de la fuerza y de las armas.

La exclusión social que viven niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, frente a las escasas oportunidades de empleo y las pocas posibilidades de reconstrucción del tejido social, se expresan en la migración y la sobrevivencia de sus familias. El análisis de las condiciones de vida de los conflictos específicos que viven las mayorías populares, puede haber cambiado respecto a los conflictos armados de los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero los intereses rapaces delas grandes corporaciones, el neo-extractivismo, el desarrollo de ne-gocios en telecomunicaciones, el propio narco, y el tráfico de personas y armas, al amparo del poder político, siguen el mismo patrón de acumulación capitalista, con unos pocos beneficiados y unos muchos excluidos, enajenados y oprimidos.

El método, el pensamiento y la obra de Ignacio Ellacuría siguen vigentes para analizar lo que nos está pasando. Sin embargo, habrá que buscar releer sus escritos con nuevos ojos, para desentrañar cómo podemos salir de la barbarie en la que nos encontramos.

Consultar artículo en La Jornada.

Imagen destacada : Reuters

Nueva Fiscalía en Derechos Humanos: Una oportunidad histórica para las víctimas

Nueva Fiscalía en Derechos Humanos: Una oportunidad histórica para las víctimas

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2018, una de las principales apuestas de dicha ley es la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una instancia que por primera vez responda a las demandas y exigencias de la lucha contra la impunidad en las últimas décadas en el país.

La creación de la primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a nivel federal es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano investigue todos aquellos hechos violatorios de derechos humanos, los cuales hasta el día de hoy siguen impunes, cuyo número de víctimas es incalculable, y se sancione a los responsables de estas graves violaciones.

Víctimas de graves violaciones a derechos humanos, colectividades, organizaciones y especialistas consideramos que el cuidado del proceso de designación de la persona titular resulta sumamente importante para el adecuado funcionamiento de esta Fiscalía especializada. Por ello, este proceso debe garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad, así mismo debe contar con una amplia participación ciudadana, escuchando principalmente las voces de las víctimas y a sus familiares, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, retomando también lo establecido en la Ley Orgánica.

De igual modo, es deseable que la o el nuevo Fiscal cuente con un perfil caracterizado por el pleno dominio en el conocimiento de los derechos humanos, con un trabajo previo reconocido en el acompañamiento a víctimas y que garantice la plena autonomía e imparcialidad en la procuración de justicia.

Lo anterior es indispensable para que el Estado mexicano dé certeza a las víctimas sobre garantías para acceder a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición, respetando y reconociendo los largos caminos de exigibilidad que han recorrido víctimas, sus colectividades y organizaciones acompañantes defensoras de derechos humanos.

Organizaciones y Colectivos

Biofilia A.C.

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.

Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, A. C.

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.

Centro de Derechos Humanos Ku’untik

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A. C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.

Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México

Colectivo Liquidámbar

Colectiva Margarita Neri

Colectivo Zapata Vive

Colores, A.C.

Comité Enrique Guerrero

Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos

Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán (COVIC)

Comités de Enlace Tecoanapa, Dos Ríos y Huamuxtitlán-Olinalá, CRAC-PC

Comunidad Indígena Náhualt de San Pedro Tlanixco, Estado de México

Consejo Comunal Indígena de Gobierno de Arantepacua, Michoacán

Convergencia de Organismos Civiles, A.C.

Convivencia Sin Violencia, A.C.

Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia

Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN)

Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas

Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, A. C.

Documenta Desde Abajo

Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos

El Caracol, A.C.

Espacio Progresista, A.C.

Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad

Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares

Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC

Casa de los Pueblos México

Brigadas Emiliano Zapata de México

Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C.

Grupo Internacionalista

Grupo Socialista Obrero

Grupos de Amigos con VIH, A. C.

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C.

Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina A. C., “Centro Madre Antonia”

Liga de Juristas «26 de septiembre», A. C.

Movimiento Apolat Talpan Tajpiani

Movimiento de Diversidad Progresista, A.C.

Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero (MOLPPEG)

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red de 43 organizaciones en 23 estados del país)

Observatorio Designaciones Públicas

Oficina para América Latina de la Coalición internacional para el Hábitat (Hic-AL)

Periódico el Zanzontle

Puebla Vigila, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA)

Saber para la Vida, A.C.

Unión General de Trabajadores de México

Unión de Lucha Anticapitalista.

Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre

Universidades en Emergencia

Asociación Latinoamericana de Medicina Social

Red de Juventudes Trans

Personas

Araceli Osorio Martínez, madre de Víctima de Feminicidio, CDMX

María Margarita Alanís Rosales, madre de Campira víctima de feminicidio

Yadira Miranda Terán, sobreviviente de violencia familiar

María de Lourdes Mejia Aguilar, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, víctima de ejecución extrajudicial

Luz Guadalupe Sánchez Gochi, víctima indirecta de feminicidio

Jhonatan Hernández Hernández, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos

Jaime Luna Campos, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos

Daniel Giménez Cacho, actor

Rita Canto Vergara, profesora UAM Iztapalapa

Norma Evelín López Ángeles, Abogada del CDHZL

Dr. Manuel Canto Chac, Universidad Autónoma Metropolitana

Baltimore Beltrán, actor

Sophie Alexander-Katz, actriz

María Teresa Munguia Gil

Azyadeth Adame

Antonio Rueda Cabrera

Brahim Zamora Salazar

Laura Torres Martínez

Susana Chanfón Kung, CDMX

Rosario Dafne Luján Velázquez

Dra. Pilar Berrios Navarro, Universidad Autónoma Metropolitana

Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, UAM Lerma

Beatríz Reyes, activista

Arely Orozco Rolón, Sorece

Juan Francisco Aguirre Riveros

Lizeth Mejorada

Ángeles Navarro

Ana Paula Muñoz

Karla Marlene Contreras Ortega, egresada pedagogía FES Acatlán UNAM

Beatríz Reyes, activista de Batucada Feminista

Mariela Cristell Hernández Pérez

Jorge Fernández Souza

Lic. Joaquín Quintana P.

Javier Morales Carvente

Marco Antonio Rojas González

Alejandro May

Noemí Luján Ponce, profesora UAM Xochimilco

Emilienne de León Aulina, ILSB

Alicia Mesa Bribiesca, CAM

Teresa González Molina, UAM Iztapalapa

Iraís Delgado Rocha, antropóloga social UAM

Mayra Irasema Terrones Medina, profesora UAM Xochimilco

Kenia Inés Hernández Montalván, CRAC-PC y Movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero.

América Aparicio Morán, Colectivo Zapata Vive

Claudia Alejandra Fajardo Castrejón, Colectivo Zapata Vive

Elizabeth Hernández Dávila, Colectiva Margarita Neri

Grecia Mosso Hernández, Colectiva Margarita Neri

Briseyda Hermenegildo Flores, Colectiva Las del Aquelarre

Karla Micheel Salas Ramírez

David Peña Rodríguez

Fabián Bautista Ortiz

Flor Elen Hernández Hernández, Colectivo Zapata Vive

Alejandro López Hernández, Ingeniero egresado del IPN

Mayela Delgadillo

Susana Ochoa M.

Jael Dávila Navarrete, Colectiva Margarita Neri

Juan Carlos Salazar Caballero, CRAC-PC

Adriel Mosso Hernández, MOLPPEG

Erick Lázaro Aparicio, Colectivo Zapata Vive

Paola Herrera Baños, Colectivo Zapata Vive Costa Chica

Emma Gezabel Tolentino Delgado, Colectivo Zapata Vive

Edgar Estrada Gutiérrez, Colectiva Margarita Neri

Alfredo Puente, FPFVI

Elena Marquina Barrera, CDMX

Mario Alberto Ayala Suero, CDMX

Octavio Luebbert Fourcade, Guaymas, Sonora

Joaquin Zamora Ortega, Xalapa, Veracruz

Carolina Nieto Cater, CDMX

Rubén Salvador Garay Aguilar, CDMX

Silvia Rodríguez  Macías, Grupo  Interdisciplinario  para la Igualdad

Alva Patricia Batani Giles, Médico Pediátra

Adriana Paz

Rosa María Gómez Saavedra, Grupo Interdisciplinario para la Igualdad

Rosa Santiago Paloalto, Presidenta de Grupo de Amigos con VIH A. C.

Ana Gabriela Candela Garzón, Organización Caminando Juntas

Germán Ramos Navarrete, MOLPPEG

Franklin Fidencio Mejía Hernandez, Colectivo Zapata Vive

Dulce María Lara, Políticamente Incorrectas, Insurrectas Kybernus CDMX

Elizabeth Lozano, Políticamente Incorrectas

Jacqueline Estrada, Políticamente Incorrectas, Colectivo Akelarre A.C.

Blanca Juárez, Políticamente Incorrectas

Magdalia Pineda Trujillo, Universidad Loyola del Pacífico

Marcos Eduardo Villa Corrales, CEFIMEX, A.C.

Brenda Rodríguez Herrera, CDMX

María de Lourdes Godínez Guevara, Veracruz

Fotografía destacada :  Internet
Conversatorio en el Senado sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC | Participación del CDHVitoria

Conversatorio en el Senado sobre el Protocolo Facultativo del PIDESC | Participación del CDHVitoria

    • ¿Qué es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PF-PIDESC)? y ¿por qué es importante su pronta ratificación?

      Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. A nombre de nuestro director Don Miguel Concha Malo y de todo nuestro equipo de trabajo, agradecemos la invitación para participar en este Conversatorio de suma importancia para los derechos humanos en México.

      Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son derechos esenciales para que personas y comunidades cuenten con condiciones de vida digna, y puedan ejercer su autonomía, vivamos sin miedo y en libertad.

      Recordamos que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; inclusive ha adoptado algunas medidas violatorias a los mismos en los últimos años.

      Cuando se adoptó el Pacto Internacional no se estableció mecanismo alguno de vigilancia, ni de cumplimiento que garantizará el compromiso adquirido por los Estados, ni que permitiera que las víctimas de violaciones de sus DESC tuvieran un mecanismo de exigibilidad y denuncia. Por esta razón, y después de muchos años de la aprobación del Pacto, el 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).

      La importancia del Protocolo Facultativo resulta en ser una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender  y protegerse, así como exigir medidas de reparación a los Estados. El Protocolo establece tres mecanismos para atender las violaciones:

      1. Un procedimiento de comunicaciones individuales y colectivas: el cual permite a las víctimas presentar una petición o queja antes el Comité DESC  (el cual es un grupo de 18 personas expertas que examina los avances y desafíos que tienen los Estados en materia de los DESC).
      1. Un mecanismo de quejas interestatales o comunicaciones entre Estados: lo que posibilita que un Estado parte pueda presentar una comunicación a otro Estado señalando la falta de cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los DESC, ésto se hará bajo mutuo acuerdo de reconocimiento del mecanismo.
      1. Un mecanismo operativo de comunicación: el cual permitirá al Comité DESC realizar una investigación a partir de recibir información fiable con respecto a la falta de cumplimiento del PIDESC.

      Hasta el momento alrededor de 45 Estados lo han firmado y 24 de éstos lo han ratificado. México es uno de los Estados que hasta la fecha no ha ratificado el Protocolo Facultativo, resultado del poco o nulo interés hasta ahora mostrado, y más grave aún por la falta del pleno reconocimiento a este grupo de derechos, los cuales históricamente han sido desplazados a un segundo nivel frente a los Derechos Civiles y Políticos.

      Durante la última década, el Estado mexicano ha considerado a los DESCA como servicios que puede o no conceder (incluso que se acceda a ellos según puedan o no pagarlos la población), resultando en que sólo un parte de la población mexicana puede tener acceso y por ende ejercerlos, dejando de lado principalmente a las poblaciones más vulnerabilizadas.

      Los DESCA no son servicios, no son mercancías, ni concesiones que el Estado tenga que darle a la población, son derechos que tienen el mismo nivel de importancia que otros, atendiendo el principio de indivisibilidad e integralidad, acorde al texto constitucional, que establece que los derechos tienen la misma jerarquía y que el Estado no tendría que priorizar unos sobre otros, por lo que su garantía, protección, promoción y respeto es una obligación del Estado.

      Frente a la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país, los DESCA también están siendo afectados, y las personas y sus comunidades violentadas. Mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA son urgentes frente un contexto de impunidad estructural predominante, principalmente en el acceso a la justicia, derivado de las acciones y omisiones del Estado mexicano, en relación a este grupo de Derechos.

      Durante el sexenio pasado vimos cómo estos derechos fueron fuertemente violentados. Las Reformas Estructurales, por ejemplo en materia energética, y su correspondiente normativa secundaria, afectan directamente a las comunidades y pueblos indígenas, sin atender, por ejemplo el derecho a la consulta según estándares internacionales; por el contrario, es reforma da beneficios a empresas sobre las comunidades en el aprovechamiento de las tierras, entre otras cuestiones. Además, como organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado falta de garantía de derechos como el medio ambiente sano, al agua, el impulso de la soberanía alimentaria y/o a la salud, con todas las implicaciones que corresponden.

      La ratificación del PF-PIDESC permitirá que víctimas cuenten con un mecanismo de exigibilidad y denuncia, que es urgente. En un contexto como el nuestro, en el cual muchas comunidades y personas han sufrido violaciones a sus derechos, la ratificación del Protocolo supone saldar una deuda que el Estado mexicano debe resarcir en aras de promover, asumir y reconocer los DESCA y establecer  mecanismo de vigilancia, con el firme compromiso de que las personas puedan acceder a la justicia a través de este medio.

      Este momento político en México, es sin duda una oportunidad para que la ratificación del Protocolo se concrete. Distintos mecanismos internacionales han exhortado al Estado mexicano a ratificar el Protocolo, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y en su momento, fue una fuerte impulsora junto a distintas organizaciones de la sociedad civil de la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC”. Esperamos que en este nuevo gobierno hallemos una mayor sensibilidad para poder aprobar el Protocolo, y no seguir argumentando excusas, como la del gobierno anterior, que no se podía ser aprobado, mientras no se contara con el visto bueno de todas autoridades involucradas en su cumplimiento.

       

      Otros mecanismos como el Comité DESC de Naciones Unidas,  en su informe más reciente a México en 2018 emitió la recomendación 71 relativa al tema. Además, el Consejo de Derechos Humanos en el Tercer Ciclo de Revisión del Examen Periódico Universal (EPU) lo menciona en la recomendación 132.1. En ambas se insta al Estado México a acelerar la conclusión de las consultas interinstitucionales lo más pronto posible para la ratificación del Protocolo.

      Asimismo, mencionar que los derechos humanos no deben estar sujetos a la política económica, por lo que la limitante de recursos por parte de un Estado no puede ser el argumento para justificar la falta de cumplimiento de sus obligaciones. De hecho el PIDESC menciona la obligación de los Estados de utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los DESC, por tanto no pueden limitar la obligación de  vigilancia sobre el pleno ejercicio de éstos. Se deben elaborar estrategias y/o programas que prioricen a las poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad y que pueda suponer un gasto menor para Estados en esta situación.

       

      Como organizaciones defensoras de derechos humanos, acompañantes de víctimas y comunidades que han sufrido violaciones particularmente a sus DESCA, nos parece prioritario solicitar que el Estado mexicano reconozca mecanismos como el Protocolo Facultativo, atienda efectivamente sus obligaciones a nivel internacional y responda integralmente a las demandas apremiantes a nivel nacional, con respecto a la crisis de derechos humanos que enfrentamos.

Fotografía destacada :  Senado de México