Día Nacional del Maíz
En 2009 promovimos por primera vez el Día Nacional del Maíz, una iniciativa ciudadana inspirada en los festejos que muchas familias campesinas mexicanas realizan en sus milpas cada 29 de septiembre para cosechar los primeros elotes. Este mismo día se festeja a San Miguel Arcángel, que lucha contra el mal y protege la milpa.
Pronunciamiento por las agresiones contra la UPVA 28 de octubre
La UPVA 28 de Octubre es integrante del Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, mismo que condenamos la agresión contra los compañeros comerciantes organizados, y llamamos al Gobierno Federal y Estatal de Puebla el cese de represiones e intimidaciones.
Derechos humanos y el Covid-19
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 26 de septiembre de 2020 La llegada del Covid-19puso al descubierto los problemas estructurales que enfrentan los países de América Latina y el Caribe (ALC) que han aplicado las políticas del modelo neoliberal. Lo que ya constituía un obstáculo para el desarrollo sostenible. Con todo y lo importante que es la pandemia, no es la principal causa de la crisis actual. No se trata por tanto de la crisis del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis del capitalismo. Ante semejante pandemia, los derechos humanos (DH) han sido vulnerados debido a diversos factores: los déficits prevalecientes en los servicios fundamentales; las medidas insuficientes de los gobiernos para atender a la población; el falso dilema entre proteger la economía nacional o la salud de la población, o la exclusión de los actores no gubernamentales en las respuestas ante la emergencia. Ello se muestra de manera clara en el estudio denominado Impactos del Covid-19 en Camex, coordinado por DECA Equipo Pueblo, que realizaron organizaciones civiles de la Región Centroamérica-México, con instancias que participan en la red global Alianza de OSC, para la Eficacia del Desarrollo de América Latina y el Caribe. El estudio da cuenta de las políticas públicas instrumentadas; de la participación de la sociedad civil, y, sobre todo, del impacto en los DH en cinco naciones: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ante la crisis económica, la Cepal pronostica que en este año América Latina y El Caribe experimentarán una recesión de 5.3 por ciento en su PIB. La región llegará a 11.57 millones de desempleados, lo cual significa que la tasa de gente sin empleo crecerá de 8.1 a 11.5 por ciento, alcanzando la cifra de 37.71 millones de personas en paro. Prevé, además, un acelerado incremento de individuos en situaciones de pobreza y pobreza extrema, que en un escenario alto significará el aumento de 5.5 puntos porcentuales en los países de la región, donde los mayores cambios de pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y El Salvador. Entre los principales hallazgos comunes en las cinco naciones, destaca que la pandemia evidenció las grandes carencias y deficiencias de los sistemas de salud: la ausencia de planificación; la escasez de infraestructura, equipos, fármacos y personal calificado, además de malos manejos y corrupción en las adquisiciones de varios gobiernos. En el contexto de la pandemia, el estudio reporta, con preocupación, el riesgo de retrasar o invisibilizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y otras agendas fundamentales, como la ambiental y social, que de por sí han sido largamente postergadas. Las organizaciones autoras del estudio denuncian la violación creciente de los DH a la vida, a la salud y a un empleo decente. También se trastocan de manera grave el derecho a la alimentación, a la autosuficiencia alimentaria y a la educación, además del derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, y, considerando que en los países de la región se elevó la violencia ejercida hacia las mujeres, propiciada por el confinamiento, en muchos casos obligatorio, a una vida libre de violencia. Por todo ello, ante la alarma causada por presuntas violaciones a los DH que han ejercido los diversos cuerpos de seguridad, con la excusa de que el incumplimiento de medidas impuestas por los gobiernos ameritan sanción, demandan un trato digno. En algunos casos se reforzó la actuación de militares que reprimen y criminalizan a defensoras/es de DH. Llaman la atención, ante el entorno totalmente desfavorable durante la pandemia que viven las OSC en la región, ya que los gobiernos no las consulta. No las han considerado en la implementación de programas, y en la mayoría de estas naciones –México entre ellas– han sido objeto de descalificaciones y amenazas del Poder Ejecutivo, cancelándoles programas y presupuestos. Lo que las coloca en riesgo de desaparecer. Para elevar la calidad de la salud y la educación públicas; favorecer el trabajo digno; garantizar una movilidad segura, y, sobre todo, asumir la universalidad de los derechos, los gobiernos tendrán que atender y resolver las tensiones actuales. Sin embargo, debido a la creciente violación de los DH, la contracción de la economía, el cuantioso endeudamiento público, la pérdida de empleos formales, la situación crítica de las personas informales y las pequeñas y medianas empresas, el manejo clientelar de las ayudas y subsidios, el aumento del número de personas en pobreza y pobreza extrema, la falta de transparencia, la corrupción y decretos inconstitucionales –documentados entre otros en cinco estudios de caso–, las OSC prevén un escenario desalentador para revertir la crisis. Como concluyen las OSC participantes en el estudio: “se está priorizando más al capital que a la vida misma (…). Seguiremos cuestionando el sistema neoliberal, y coincidimos en la necesidad de un cambio profundo para alcanzar el buen vivir, con propuestas alternas y nuevos paradigmas”.
Los cómplices de #LaOtraEpidemia
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Víctor Manuel Chima 22 de septiembre de 2020 Recientemente en México se han cumplido 6 meses desde que inició la contingencia debido a la pandemia por la COVID-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy poco más de 73 mil defunciones han sido registradas de manera oficial, y el número de casos positivos estimados es de alrededor de 713 mil.1 Conforme avanzó la pandemia, se identificaron comorbilidades, es decir, factores de riesgo que hacen que las personas tengan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones al contraer la COVID-19, entre ellas algunas relacionadas con la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.2 Particularmente la obesidad y la diabetes son padecimientos relacionados con nuestra salud alimentaria. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 vino a resaltar los problemas de salud pública y alimentaria que durante los últimos 35 años se han agravado, derivados de un modelo agroalimentario industrial, de políticas públicas poco eficientes para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; de la influencia de las industrias de alimentos procesados en la toma de decisiones gubernamentales, y del poco interés de funcionarias y funcionarios públicos en la materia. Algunos datos De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de 1900 millones de personas adultas tenían sobrepeso a nivel mundial, y 650 millones de personas más padecían obesidad. Cada año se registra un total de 2.8 millones de muertes a causa de la obesidad y el sobrepeso. Con respecto a la diabetes4, en México fue la segunda causa de muerte para el año 2017, resultando en el 15.3% de todas las defunciones registradas de manera oficial. En 2016 el 9.4% de toda la población tenía un diagnóstico de diabetes, siendo la principal causa de complicaciones derivadas como la ceguera, enfermedades cardiovasculares y renales, así como la amputación de miembros inferiores. “Los cómplices de la otra epidemia” ¿Qué papel jugaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y exfuncionarias y exfuncionarios de estas instituciones en el aumento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, y por ende, en elevar el número de víctimas mortales por la COVID-19? El pasado lunes la Alianza por la Salud Alimentaria estrenó el minidocumental “Los cómplices de la otra epidemia”5, que nos muestra cómo exfuncionarias y exfuncionarios rechazaron políticas públicas a favor de la salud pública para favorecer la industria de alimentos procesados y velar por sus intereses, en detrimento de la población mexicana. Retirar la comida chatarra de las escuelas, regular de manera efectiva la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y promover un etiquetado de advertencia con información asequible, verídica y científicamente comprobada, son medidas importantes que, de haber sido aplicadas adecuadamente, habrían ayudado a atender de mejor manera las llamadas Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes. Medidas que, además, han sido ampliamente recomendadas por organismos nacionales e internacionales, como la OMS o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Sobre la medida de retirar la comida chatarra de las escuelas, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006 – 2009), se negó a su implementación, optando por firmar acuerdos que mantuvieron a las empresas refresqueras Coca-Cola y PepsiCo en las instituciones educativas públicas, permitiéndoles la venta de sus productos, cuando sabemos que el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de diabetes infantil. Así justificó estos acuerdos con la promoción de “estilos de vida saludables” por parte de las refresqueras. Ahora bien, la regulación efectiva de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes encontró dificultades para ser implementada como política pública durante la gestión de Salomón Chertorivsky como Secretario de Salud (2011-2012), optando por un fallido código de autorregulación que no reconoció los daños ocasionados a la salud de niñas, niños y adolescentes por el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Años más tarde, la misma Secretaría de Salud reconocería que dicha autorregulación de la industria fue una simulación.6 El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018), Pablo Kuri, y el excomisionado Federal de la Cofepris (2011-2016), Mikel Arriola, apoyaron un etiquetado frontal diseñado por la misma industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, el cual no brindaba información precisa sobre los contenidos calóricos de los productos, y que representó un riesgo para la salud. Sobre el exsecretario de Salud (2016-2018), José Narro Robles, quien en 2013, siendo Rector de la UNAM y durante la presentación del libro “La obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, reconoció las dimensiones del problema de salud pública que representaba en ese entonces la obesidad, y por ello recomendó que las propuestas de políticas públicas enunciadas en dicho libro debían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, durante su gestión como funcionario público no atendió las mismas recomendaciones que años atrás había respaldado, y contrariamente actuó cercano a los intereses de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. “Los cómplices de la otra epidemia” nos recuerda la urgente necesidad de implementar políticas públicas que gradualmente y de manera complementaria mitiguen los efectos dañinos en la salud de niñas, niños y adolescentes, de consumidoras y consumidores en general, ocasionados por el consumo de la comida chatarra. Además, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos Humanos7, el Estado mexicano deberá regular las actividades de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, para contrarrestar de manera decidida la influencia indebida de las empresas en la adopción de decisiones gubernamentales. Finalmente, el etiquetado frontal de advertencia, una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y la salida de la comida chatarra de las escuelas, no sólo ayudarán a
A tres años del 19s
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Alberto Ledezma Por: Miguel Concha Sábado 19 de septiembre de 2020 Hoy conmemoramos el tercer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19s), y 35 años de los ocurridos en 1985. Sin embargo, después de este tiempo, el 19s no se olvida, y ésto no sólo por todo aquello que ha quedado guardado en la memoria colectiva, sino porque el desastre sigue afectando a las personas damnificadas y a la sociedad en su conjunto. Hablando del desastre, la falta de prevención, de planificación y de acción estatal adecuada genera que fenómenos naturales, como los sismos, devengan en desastres. Y si bien es cierto que los terremotos no pueden impedirse, sí es posible reducir al máximo los daños que probablemente causarán. Como lo expone el informe Documenta desde abajo, elaborado por estudiantes, académicos, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente obedecen a factores socialmente construidos (https://bit.ly/2lmAR7C). Y así, el 19s es un desastre socialmente construido, debido a las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después del siniestro, por la acción, omisión o aquiescencia del Estado. En este sentido, la recomendación 12/2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDHCM), identificó violaciones a derechos, como los siguientes: nivel de vidaadecuado, a una vivienda digna, a la vida, ala integridad personal, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, así como el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso del edificio que colapsó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, donde lamentablemente fallecieron 15 personas, entre ellas doña María Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, las autoridades responsables, al no supervisar ni inspeccionar integral y diligentemente el edificio antes del 19s, cometieron omisiones respecto a varios de estos derechos. Al igual que en Zapata 56, Saratoga 714 y Álvaro Obregón 286, cabe señalar que en Bolívar 168 se presentaron numerosas irregularidades que presuntamente propiciaron el colapso del edificio, propiedad de Inmobiliaria Inmobico SA de CV, entre ellas, la antigüedad del inmueble, la ampliación de dos plantas respecto a la construcción original, el sobrepeso de los pisos tercero y cuarto, la colocación de una antena de telecomunicaciones, y la falta de rehabilitación estructural después de los terremotos de 1985. Ante las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, víctimas, sobrevivientes y colectivos, como Damnificados Unidos de la CDMX, llevan a cabo procesos de exigencia de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Y lo hacen mediante demandas, como la rehabilitación y la reconstrucción de las viviendas de una forma adecuada y segura, y realizadas con fondos públicos. Su lucha se ha encontrado con la revictimización; con políticas de castigo y desatención por parte de autoridades; con obstáculos interpuestos por las empresas constructoras, y con retrasos temporales en la entrega y calidad de las viviendas reconstruidas, así como con diversas dificultades, como las afectaciones físicas, síquicas, emocionales y espirituales. Sin embargo, su lucha tiene una función transformadora, debido a su gran capacidad catalizadora para reforzar la organización y la genuina determinación en la defensa de los derechos humanos que surge desde abajo, reivindicando su posición como sujetos de derechos, no como objeto de discursos. Prueba de ello es la Jornada de lucha por la verdad y la justicia, que junto a otras personas damnificadas, organizaciones, colectivos, movimientos y sociedad en general emprenderán hoy, y que se extenderá hasta el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Por todo lo dicho, autoridades capitalinas, como aquellas de la Comisión para la Reconstrucción, las de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por mencionar algunas, tienen el deber constitucional e internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido antes, durante y después del 19s, lo cual, según la recomendación de la CDHCM requiere de una conjunción de esfuerzos, asumida como obligación de Estado, y no como labor filantrópica o de gestión de asuntos administrativos o intereses particulares. De esta manera, se eliminarán los obstáculos para el acceso a la justicia y se logrará la certeza y claridad sobre las condiciones del suelo de la capital, así como la adecuada atención a la infraestructura urbana y la garantía del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, para que el 19s nunca más vuelva a repetirse se promoverá la responsabilidad del Estado, una cultura de derechos humanos, la prevención de riesgos, el acceso a la información y la atención a grupos de atención prioritaria con enfoque diferencial.
Personas y organizaciones defensoras
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 12 de septiembre de 2020 Incontables personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental en nuestro país, pues contribuyen de manera esencial al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos de personas y comunidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que complementan no sólo el rol de los estados, sino del mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Ahora bien, es cierto que debemos reconocer la diversidad en lo que respecta a personas y organizaciones. Y lamentablemente existen algunos espacios que promueven intereses particulares y buscan mantener las cosas como están. No obstante, existen muchas otras organizaciones que contribuyen a la construcción de un México en paz, con justicia y dignidad, y que lo hacen desde una opción o posición fundamental que transversaliza su ser y quehacer: la transformación de las estructuras y del mundo del trabajo por las personas más pobres. Debido a ello, asumen perspectivas de derechos humanos críticas, alternativas, progresistas y contrahegemónicas. Desde esta opción, acompañan movimientos, organizaciones sociales y colectivos integrados por quienes históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y opresión, víctimas de tratos inequitativos y desiguales. Esto provoca su sometimiento, discriminación, marginación y exclusión. Entre estos grupos están niñas, jóvenes y mujeres, así como personas migrantes y refugiadas, la comunidad LGBTTTIQA+, y los pueblos y comunidades indígenas. Desde esta opción fundamental caminan de la mano con víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos en sus procesos de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Impulsan del mismo modo agendas, como la participación ciudadana, la libre determinación, el cuidado del medio ambiente y de todas las formas de vida, la soberanía alimentaria, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la igualdad de género y la no discriminación. Generan espacios de formación política, de diálogo y pensamiento crítico entre juventudes, constituyéndose así como semilleros de generaciones que impulsan cambios sociales trascendentales. Asimismo, desde esta opción, fungen como nodos para articular y generar interlocuciones fecundas con y entre diversos actores sociales. Por ejemplo, con víctimas, movimientos sociales más amplios, colectivos, organismos internacionales, academia, autoridades en todos su ámbitos y niveles e incluso con la iniciativa privada. Defienden también su derecho a defender derechos humanos, cuidando su autonomía frente a cualquier intento de cooptación o desviación de su misión. En este sentido, la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU reafirma los derechos indispensables para que las personas y las organizaciones gocen y ejerzan plenamente su derecho a defenderlos. Entre ellos la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, así como el derecho a presentar propuestas y a acompañar procesos de defensa. Su derecho, además, a ejercer legítimamente su labor como defensoras y a recibir solidariamente recursos financieros, incluso del extranjero, que contribuyan a su sostenimiento, guardando siempre su capacidad de tomar libremente sus propias decisiones. Por tanto, todas las autoridades están obligadas a asumir una política de Estado que respete, proteja, promueva y garantice su derecho a defender los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de las personas y organizaciones defensoras. En este sentido, la CIDH considera que un Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, la libertad personal y la integridad de aque-llas personas y organizaciones que defienden derechos humanos, como lo ha establecido en el Caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia. Por su parte la Resolución AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), de la Organización de Estados Americanos, exhorta a los estados parte a proveer respaldo a la tarea que desarrollan quienes defienden los derechos humanos, y a reconocer su invaluable contribución para su respeto, promoción, protección y garantía (https://cutt.ly/ffTjmFB). Por ello, es fundamental que las autoridades de nuestro país se abstengan de imponer obstáculos que dificulten la importante labor social de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y más bien faciliten los medios necesarios para que libremente realicen sus actividades. Y, por el contrario, que las proteja cuando sean objeto de amenazas, para evitar atentados contra su vida e integridad. Y esto, más allá del mecanismo existente para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante la generación de las condiciones efectivas para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares.
Glifosato: Un peligro para México
Por iniciativa de Greenpeace y junto a organizaciones y personas académicas, hace unos días recordamos al Gobierno a través de un desplegado la importancia del retiro progresivo del glifosato en los campos del país 🌽
Resistencia LGBT+, defender nuestras vidas
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Jorge Luis Aguilar y Leslie Joryet 11 de septiembre de 2020 De algunos meses a la fecha han resaltado en medios diversos casos de asesinatos a personas LGBT+ en nuestro país, y aunque las latitudes son distintas, los crímenes están emparentados por las evidentes señales de violencia y saña con las que quien les atacó buscó imprimir su odio en los cuerpos de las víctimas. No sabemos quiénes son los o las culpables, pero las notas periodísticas enuncian disparos con armas de fuego, mutilaciones, arrollamientos e incineraciones como formas de tortura; que, además, de forma similar a como se ha insistido al hablar sobre uno de los signos que distinguen a la forma más extrema de violencia contra las mujeres -un feminicidio- muchos de estos ataques también terminan con los cuerpos de las víctimas abandonados en vía pública, como si de basura se tratara, intentando evidenciar el grito del perpetrador de “tú no vales nada”. En pleno 2020 persiste la discusión de si algunas personas son válidas y otras no, en donde las diversas formas del rechazo a la diferencia se cobijan del sistema cultural patriarcal que en ciertos casos discrimina y excluye sistemáticamente, en otros arrebata de manera violenta la propia vida y bajo otras formas ofrece a través de lo que podría ser considerado como tortura, la supuesta “cura” ante lo que por pura semántica es, entonces, lo “desviado”, lo “enfermo” o lo “anormal”. La discusión es tan añeja como argumentar si alguien tiene el derecho de votar, de sentarse en la parte de enfrente de un autobús o si puede vestirse como su identidad le dicte. Las personas activistas y organizaciones no se han quedado con los brazos cruzados, pues los avances, sobre todo en la visibilización de las realidades a las que día a día enfrenta el colectivo, han empujado enormes logros y transformaciones en el país, pero que a su vez, esa visibilidad y presencia en muchos de los casos genera un reflujo, una respuesta de una tendencia conservadora que nos tornó más vulnerables al odio en el contexto de una cultura que permite la impunidad y que hasta nuestros días se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma cisgénero-heterosexual. De frente a una discusión que implica dos creencias que se oponen y chocan, las autoridades casi siempre se han visto rebasadas por la realidad y prefieren minimizar la gravedad de las circunstancias. En México fue necesaria una serie de protestas en diversos estados, huelgas de hambre e incidencia en diversos niveles para conseguir que algunas Fiscalías se comprometan a dar seguimiento a los crímenes evidentemente impregnados de odio que nos sacuden día tras día, sin esas voces sería aún más probable que los asesinatos de Mireya Rodríguez en Chihuahua, de Jonathan Santos y Julie Torres en Jalisco, de Javier Eduardo Pérez y de Elizabeth Montaño en Morelos, de Gabriela Reyes en Tabasco, de Samantha Rosales en Puebla y de Jeanine Huerta en Baja California, entre otros que difícilmente conoceremos, queden en la impunidad. ¿Cómo saber si los ataques, en algunos de los casos, fueron motivados por su activismo? ¿Cómo diferenciar un homicidio a un crimen de odio? ¿Por qué no es ocioso reconocer de manera clara cuando los asesinatos implican agravantes en ese sentido? ¿Cómo dejar en el pasado narrativas que de manera casi automática responsabilizan a las propias víctimas de que les hayan arrebatado la vida de esas formas inhumanas? ¿Cómo dejar de encuadrar investigaciones en suicidios, “crímenes pasionales” y “malas amistades” a voluntad de investigadores que no saben ni quieren hacer su trabajo? ¿Por qué como siempre son las familias de las víctimas y la sociedad civil organizada en quienes parece recaer la investigación, la aportación de pruebas y todo el trabajo de las fiscalías? Avanzamos en el reconocimiento jurídico, en la prohibición de la discriminación, en medidas incluyentes que atienden obstáculos específicos como el derecho a la identidad de las personas trans, mientras al mismo tiempo se ponen sobre la mesa pendientes urgentes como la construcción de protocolos que permitan a las autoridades atender a las víctimas con el enfoque diferenciado y especializado que requieren estos crímenes. De nada sirve, tal como ocurre en los casos de feminicidios, la existencia de códigos penales que identifican la problemática pero no terminan de ser aceptados ni puestos en práctica por el personal al momento de investigar o sancionar, pues se evita reconocer por todos los medios la evidente señal de la violencia extrema a su dignidad y sus cuerpos vulnerados, acciones que a su vez, desde los perpetradores de estos crímenes, tienen la finalidad de mandar mensajes sociales de advertencia, terror y apología al machismo más destructivo y violento. Por otro lado, ¿qué ha cambiado para las personas LGBT+ con las ardientes discusiones revisionistas en redes sociales que tienden a la “cancelación” como propuesta de solución? ¿Qué sentido tiene el golpeteo constante de las pantallas de celular en puntos ciegos que a veces no tienen clara conexión con las víctimas que siguen recibiendo agresiones en la calle? Mientras los hashtags sobre declaraciones actuales y obras musicales de hace décadas se suceden uno tras otro, las noticias siguen mostrando que esa buena intención de extirpar la homofobia de la sociedad sigue siendo una batalla que convoca a poner los cuerpos en la calle, a plantar cara a las autoridades ineficientes y arrancarles compromisos de la forma en que sea necesario. Una posición justiciera que en su búsqueda de un mundo mejor atiende cruzadas de “supremacía ética” presumible en Twitter, pero apenas se atreve a tocar nociones de superficie está destinada a caducar si no profundiza en las expresiones más dolorosas de la problemática o si no ofrece una red de confianza a quienes están enfrentando la homofobia en la carne, no en la teoría. Mientras estas luchas y exigencias se generan y llevan a cabo día a día, es importante recordar que la
Mujeres migrantes
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Peg Hunter Por: Miguel Concha Sábado 05 de septiembre de 2020 La pandemia por Covid-19 ha visibilizado y agudizado aún más la crisis migratoria en nuestro país. Según António Guterres, secretario general de la ONU, en el contexto de la pandemia las personas migrantes encaran tres crisis que se combinan en una: sanitaria, socioeconómica y de protección (https://cutt.ly/ifx8UJ0). Éstas impactan negativa y diferenciadamente en las niñas, adolescentes y mujeres migrantes que habitan o transitan por México, y cuya condición de vulnerabilidad aumenta exponencialmente las afectaciones y la violencia diaspórica que sufren, si además son población trans o padecen enfermedades. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 48 por ciento de los 272 millones de personas migrantes en el mundo son mujeres. Es decir, casi 131 millones. Por ejemplo, tan sólo 412 mil 12 mujeres emigraron de Honduras a Estados Unidos durante 2019, pasando por México. Ahora bien, en su tránsito por nuestro país, las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades migratorias y de particulares. Considerando el principio de interdependencia de los derechos humanos, entre los derechos violados se encuentran la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad de tránsito, la unidad familiar, la salud, la integridad personal, la vida, los principios de no devolución, el interés superior de la niñez, y la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC han acompañado el caso de una mujer hondureña, cuyo nombre será reservado para preservar su integridad. En julio ella y una amiga emprendieron un viaje hacia Estados Unidos, con la ilusión de rencontrarse con una de sus dos hijas, la cual fue separada de su lado sin su consentimiento por parte del padre biológico de la menor, quien se la llevó a aquel país. De esta forma pasaron la frontera y llegaron a Arizona, pero autoridades migratorias estadunidenses las detuvieron y deportaron a Ciudad Juárez, donde sus pares mexicanos las obligaron a firmar una deportación voluntaria, sometiéndolas, mediante coacción y violencia sicológica, a la figura del retorno asistido y amenazándolas con que permanecerían indefinidamente en la estación migratoria y no verían nuevamente a sus familias. Incluyendo su estancia en la Ciudad de México, desde Ciudad Juárez hasta Honduras se pudo constatar su incomunicación casi total con el exterior, así como la permanente exposición a contraer Covid-19 por el hacinamiento y las condiciones insalubres de las estaciones migratorias, e igualmente que éstas comparten características de los centros penitenciarios: desde las narrativas de detenciones sin conocer sus derechos en el proceso legal y prácticas de poder asimétricas con las que se estigmatiza a las personas por migrar o ser presuntamente responsables de un delito, sin tener la oportunidad de participar activamente en su proceso. La documentación y los testimonios de las propias víctimas permiten constatar que lamentablemente éste no es un caso aislado, sino que es un patrón estructural, ya que al realizar detenciones, retenciones indefinidas, retornos forzados y deportaciones, las autoridades migratorias mexicanas violan sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, contraviniendo con ello no sólo la Constitución mexicana y la Ley de Migración, sino también el derecho internacional, destacando la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará y las Observaciones Finales del Noveno Informe Periódico de México, elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por mencionar algunos ejemplos. Saludamos los esfuerzos del Estado mexicano en materia migratoria, pero esperamos que la queja interpuesta por este caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos genere una recomendación con una visión estructural y no sólo casuística, para que el Estado mexicano adopte en materia migratoria una perspectiva de seguridad humana y no de seguridad nacional, la cual garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, especialmente en el contexto de la pandemia. Y en cumplimiento de sus obligaciones generales y deberes específicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades adopten condiciones óptimas en los centros migratorios y no las simulen cuando sean supervisadas. Además, que transversalicen el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior de la niñez, las perspectivas interseccional y de género, así como el enfoque diferenciado que considere los riesgos específicos de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes.
El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de DH y periodistas
Más de 1500 personas y organizaciones llamamos al las autoridades a abstenerse de estigmatizar el trabajo de personas defensoras y periodistas, así como generar un entorno propicio para su labor
