Fraternidad y amistad social
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Rufino Tamayo Por: Miguel Concha Sábado 17 de octubre de 2020 Como analizó magistralmente Bernardo Barranco en su colaboración del pasado miércoles, el 3 de octubre el papa Francisco firmó su cuarta Encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social. En ella recoge y profundiza de manera estructurada sus mensajes, homilías y alocuciones, asumiendo también el parecer de diversas conferencias episcopales, y complementa su anterior Encíclica en materia social sobre el cuidado de la creación. Escrita originalmente en castellano, no en latín, ni en francés, ni en inglés, lleva en italiano como título, en todas sus versiones lingüísticas, una frase paradigmática de quien ha sido su faro inspirador durante los siete años y medio que ha estado al frente de la Iglesia católica romana: Fratelli Tutti, Todos Hermanos, de un cristiano que fue fiel al evangelio de Jesucristo, sin glosa alguna, Francisco de Asís. Ya se ha dicho con razón que en ella el Papa condena el dogma del neoliberalismo y rechaza la absolutización del mercado, así como la globalización vigente, que en todo caso nos hace socios, pero no hermanos. Y que, en consonancia con la crítica de muchos teóricos sociales y filósofos actuales, pone en duda el antropocentrismo de la civilización industrial y tecnológica moderna, causa de muchas de las densas sombras que padecemos, y propone en cambio un nuevo paradigma: el del hermano, el de la fraternidad y la amistad social, que en términos cristianos es la expresión máxima de la caridad. Dada la riqueza conceptual de la Encíclica, que según Leonardo Boff constituirá para la Iglesia católica en adelante un marco nuevo social, se han sugerido para entenderla mejor varias claves de lectura. En México, el Observatorio Eclesial, un espacio de articulación ecuménica de análisis socio-religioso y de formación socio-teológica, que agrupa a distintos centros ecuménicos y de inspiración cristiana, propone siete, que no por ser ya muy repetidas en nuestros medios por algunos y algunas hoy en día, dejan de ser urgentes: 1) Que la humanidad dé un salto después de la pandemia a una nueva forma de vida. 2) Que caminemos todos juntos, como hermanos y hermanas, desde abajo, cada uno con la riqueza de su fe, sus convicciones y su propia voz. 3) La igualdad radical y misma dignidad de todos los seres humanos, así como el reconocimiento de todos los derechos de todos. 4) El respeto a la dignidad del ser humano y el reconocimiento de sus derechos como fuente de creatividad e ingenio. 5) La entrega sincera de sí mismo a los demás, como condición de su desarrollo y plenitud. 6) La cultura del diálogo como camino, de la colaboración común como conducta, y del conocimiento recíproco como método y criterio; y 7) la paradoja de que muchas veces quienes se dicen no creyentes viven mejor la voluntad de Dios que los creyentes. Pero dado que el Papa en el capítulo segundo de la Encíclica hace un análisis riguroso de los diversos personajes que entran en escena en la parábola del buen samaritano, a propósito del Evangelio de Lucas 10,25-35, y los aplica a la economía política, culminando con la pregunta ¿con quién te identificas? (con el malherido en el camino; con el sacerdote indiferente; con el levita que pasa de largo, o con el samaritano adversario y despreciado que lo auxilia), me ha parecido importante retomar casi literalmente el análisis que hace de la Encíclica el teólogo jesuita Víctor Codina. 1. Los asaltantes son aquellas personas y estructuras económicas, sociales y políticas del neoliberalismo y del populismo; corporaciones y multinacionales que producen víctimas, desigualdades, descartados, refugiados (…); no ayudan a que todos tengan techo, trabajo y tierra, fomentan la ideología del mercado y el consumismo, y todo ello con una globalización que destruye culturas y busca únicamente el lucro, las ganancias y el bienestar material etcétera. 2. El hombre herido son todas las víctimas del sistema. Ha habido un retroceso respecto del pasado y la pandemia ha desnudado estas situaciones de marginación y vulnerabilidad de los pobres, los recursos sanitarios para todos y las diferencias sociales entre países y continentes. Existe el peligro de que la vacuna no llegue a todos. 3. Los que pasan de largo son dirigentes políticos, sociales e incluso religiosos que no se comprometen, buscan sus intereses nacionales o populares, se limitan a pronunciamientos, se dejan corromper, no cumplen lo prometido, cierran los ojos a los desastres de las multinacionales, creen que la situación no es tan grave, que la ciencia y la técnica todo lo arreglará, o por el contrario, que todo está tan mal que ya no hay remedio. 4. El buen samaritano representa a todas las personas de buena voluntad que desde cualquier religión o sin ella ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colaboración de los demás. Son aquellos que van más allá de su cultura y nación. Que se abren a toda la humanidad, al extranjero, al pobre y al necesitado. Haciendo la salvedad que no se trata de un cambio global de sociedad.
Urge concretar prohibición de transgénicos y glifosato
Buscamos avanzar hacia una producción agroecológica que garantice tanto la autosuficiencia y soberanía alimentaria.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica cumple 10 años en defensa de los derechos humanos
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) cumple una década de reivindicar el derecho a la energía.
La lucha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 10 de octubre de 2020 La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) cumple hoy 10 años desde su fundación. Su nacimiento se dio poco después del decreto presidencial que dispuso en 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de los excesivos, impositivos, arbitrarios e impagables cobros de luz en los recibos que comenzaron a recibir millones de personas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como del inicio de la privatización de la industria de la energía eléctrica y la reforma energética de 2013. La asamblea ha pasado por momentos complejos: las crisis civilizatoria y de derechos humanos, el contexto de violencia estructural y sistemática, y las generalizadas violaciones a derechos fundamentales por parte de las autoridades. Se ha enfrentado igualmente a las fallas estructurales de los sistemas de administración e impartición de justicia, a la desigualdad social, a la pandemia por el Covid-19, y al desmantelamiento del sector energético. Pese a todos estos obstáculos, la lucha de la Anuee es desde 2010 hasta la fecha un rayo de esperanza que irradia la agenda de derechos humanos y los procesos de exigencia de otros sujetos, no sólo a lo largo y ancho del país, sino en otros lugares de Latinoamérica. A sabiendas de que estas líneas serán insuficientes para hablar de los numerosos aportes que la asamblea nos ha legado, resulta oportuno mencionar algunas de sus conquistas. En tanto organización social, nos ha enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares; de aquellas que vienen desde abajo, desde la base, reivindicando así la relevancia y trascendencia de los propios movimientos sociales y las conquistas del pueblo, en tanto mecanismos necesarios para la consolidación de la democracia. La Anuee exige a las autoridades una serie de demandas. Entre ellas están el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, el establecimiento de una tarifa social justa y la aplicación del borrón y cuenta nueva no sólo en el estado de Tabasco, sino para todas las personas que han recibido cobros excesivos por parte de la CFE. Por otro lado, lucha además por la renacionalización de la industria eléctrica y la reversión de la reforma energética y de igual forma por el cese de la represión, por la libertad de expresión, y contra la criminalización y judicialización de la protesta social. Cabe destacar también que desde su práctica ha desarrollado una comprensión y uso alternativo, crítico y contrahegemónico de los derechos humanos. De ahí su exigencia por el reconocimiento y la constitucionalización de la energía eléctrica como un derecho humano, porque ella no es un mero servicio o mercancía lujosa que sólo puede ser adquirida por quienes tienen recursos suficientes para pagarla. Es en cambio un bien público, una condición indispensable para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas a una vida digna y a una vivienda adecuada. Por lo que ninguna persona debería verse en la necesidad de elegir entre tener pan en la mesa de su casa o pagar la luz de su domicilio. En este sentido, la Anuee ha propiciado que los derechos humanos dejen de ser leídos desde interpretaciones tradicionales, como meras cualidades inherentes de todas las personas por el sólo hecho de serlo, y repensarlos y emplearlos como demandas políticas y herramientas de lucha, mediante las cuales puedan hacerse exigibles y justiciables. Entre éstas se encuentran las mesas de negociación con autoridades de diferentes dependencias del gobierno federal, los plantones, los mítines, las marchas y las movilizaciones pacíficas. También sobresalen las estrategias jurídicas y políticas, la documentación de violaciones a derechos, la presentación de iniciativas ciudadanas ante el Poder Legislativo, los procesos formativos, y la comunicación popular y estratégica. La asamblea es asimismo un polo articulador entre diversos actores sociales que promueven planes de acción conjunta, los cuales buscan incidir no sólo en sus agendas, sino también en otras, buscando siempre bienes comunes que beneficien a la sociedad. Ejemplos de ello son la llamada Legislación Popular, el Movimiento Nacional de Usuarios, las campañas nacionales y las jornadas de lucha, sólo por mencionar algunos ejemplos. Todo lo cual se realiza de la mano con otros referentes, como el Sindicato Mexicano de Electricistas; Agua para Todos; Agua para la Vida; la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Damnificados Unidos de la Ciudad de México; el Comité del 68, y los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Saludamos finalmente la histórica lucha de la Anuee, la cual muestra, entre otras cosas, cómo se construye y reconoce colectivamente un nuevo derecho humano, como lo es el derecho a la energía eléctrica. Y por mostrarnos su firme determinación por construir un país más digno y democrático, con justicia, paz y dignidad para todos.
La criminalización en contra de la defensora Kenia Hernández Montalván, criminalización y estigmatización sistémica
Kenia Inés Hernández Montalván fue consejera de la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la comunidad de Cochoapa, Guerrero, en el año 2018. Impulsora y defensora de la ley 701, ley que otorga marco legal a las comunidades indígenas para hacerse cargo de su seguridad y sus sistemas de justicia
Los derechos a la información y a la salud durante la pandemia
Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | Imagen : Contralínea Por: Ariadna Rosales Cabrera y Claudia Zuloaga Thomassiny 06 de octubre de 2020 Son diversos los escenarios en que los derechos fundamentales se han visto violados desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. Las autoridades de cada Estado no estaban preparadas para hacer frente a una pandemia tan agresiva y prolongada, por lo que varias de las medidas adoptadas para evitar contagios no resultaron adecuadas. En nuestro caso, atentan contra los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, entre ellos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Dos de los derechos que se han visto limitados y afectados por la pandemia son el derecho a la información con relación al derecho a la salud. En principio parecería que ambos no tienen relación alguna, pero atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos, no se puede ejercer uno sin gozar del otro. De este modo, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a la atención médica, mientras que el derecho a la información, relacionándolo con el derecho a la salud, se refiere tanto a la información pública que el Estado da a conocer a la población, así como al manejo adecuado del historial médico y a que los pacientes tengan conocimiento de su estado de salud y de los tratamientos médicos disponibles. De acuerdo con el Artículo 8 de nuestra Constitución, cuyo contenido guarda una fuerte relación con el artículo 22 de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, el Estado mexicano debe garantizar la transparencia en la información vinculada con la pandemia. Por ello, además de los descubrimientos médicos, tratamientos y vacunas, tenemos derecho a que en todo momento se nos informe respecto al número real de personas contagiadas y recuperadas, así como de quienes desgraciadamente han muerto. Asimismo debe haber transparencia sobre los recursos que se han destinado para atender la emergencia sanitaria. En el caso de México, el gobierno ha tratado de implementar nuevos mecanismos para proporcionar información mediante las estadísticas más recientes sobre el número de casos positivos, activos y defunciones. Sin embargo, debido al alto número de contagios en cada entidad federativa, es difícil contar con datos certeros y oportunos, por lo que en ciertos sectores queda la duda de si esas son las cifras reales, incertidumbre que se incrementa cuando existen conflictos entre gobiernos locales y el federal en torno a la información dada a conocer. Derivado de la pandemia, otro problema que se ha agravado son las fake news, que son una forma de desinformar a las personas y de crear situaciones de pánico entre ellas. Lo preocupante de esta situación es que a veces son los propias autoridades quienes brindan este tipo de contenido, el cual suele viralizarse a través de distintos medios de comunicación, principalmente en redes sociales. En este sentido, no está de más la invitación para informarnos en fuentes confiables de información. Te puede interesar: Por fake news de Covid-19, población reacciona desde emociones primitivas Ahora bien, todas las personas tienen derecho a recibir atención médica y a que se les mantenga informadas acerca de su estado de salud. Previo a los tratamientos médicos que se le van a administrar, de forma oportuna, clara y comprensible debe explicarse para qué sirven, los posibles efectos secundarios y el tiempo de reacción. Lo anterior es indispensable para que el paciente, o en caso de urgencia alguno de sus familiares, puedan ejercer su derecho al consentimiento informado mediante la toma de decisiones con respecto a su estado de salud. Por estas razones, cuando los pacientes no se encuentren en condiciones de autorizar los tratamientos médicos, lo deberán hacer sus familiares más cercanos, y los médicos habrán garantizado que la decisión que tomen sea también consciente e informada. Además, atendiendo a una recuperación integral, el Estado deberá garantizar las comunicaciones oportunas entre pacientes, personal médico y familiares. Éstos últimos, amén de tener conocimiento del estado de salud de su familiar enfermo y del tratamiento médico al que serán sometidos, también tienen derecho a que, en caso de defunción, se les garantice la devolución de sus restos mortales, con la intención de que puedan realizar ritos mortuorios conforme a sus propias tradiciones y cosmovisión, tal como lo declara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 4/2020: Derechos Humanos de las Personas con Covid-19. Lamentablemente, esta pandemia ha puesto en evidencia la profunda crisis de los sistemas de salud en México, lo cual, a su vez, colocó en mayor situación vulnerabilidad a diversos grupos históricamente discriminados, aunque también puso sobre las cuerdas al personal médico de primera línea, que, en medio de esta coyuntura, se convirtió en un grupo de atención prioritaria. Por ello, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿realmente se están garantizando el goce y ejercicio pleno de los derechos a la información y a la salud? Pongamos sobre la mesa que la declaración de la emergencia sanitaria no es una “pausa” que permite al Estado incumplir con sus obligaciones generales, o bien, restringir, limitar o suspender derechos sin justificaciones razonablemente objetivas apegadas a los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Así, los derechos a la información y a la salud son dos herramientas de exigibilidad y justiciabilidad ante las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, porque precisamente estos dos derechos son clave para enfrentar y erradicar los impactos diferenciados de la pandemia por la Covid-19. Ariadna Rosales Cabrera y Claudia Zuloaga Thomassiny* *Integrantes del Área de Litigio Estratégico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Revisión de Gisel Mateos González
Ayotitlán: una potencial solución paradigmática
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Gisel Mateos González 06 de octubre de 2020 El pasado 22 de julio el Estado mexicano notificó su intención de explorar el procedimiento de solución amistosa para lograr un acuerdo entre las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán (en adelante “comunidad”) y México. Y lo hizo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”) para dirigirse a los representantes de las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán, a saber, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, y la Unión de Pueblos de Manantlán (en adelante “peticionarias”). El posible acuerdo que nazca de esta solución amistosa será paradigmático por dos razones: definirá los límites territoriales entre los estados de Jalisco y Colima, y reconfigurará el andamiaje jurídico interno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos de derechos humanos. Así, para comprender la complejidad de este caso, es necesario conocer al menos parte de su proceso de exigencia, porque, aunque la comunidad ha habitado las tierras y territorios desde tiempos ancestrales, el Estado mexicano no ha reconocido formalmente su adscripción como parte de los pueblos indígenas nahua y otomí, ni la posesión de sus tierras ni su libre determinación se hayan reconocido, y por ello tampoco la protección especial que les debe ser garantizada. La historia y posesión de las tierras de la comunidad ancestral indígena nahua data desde la época de la Colonia, en 1756. La Corona Española le otorgó una extensión de terrenos de 70 mil hectáreas, mediante Merced Real, ahora ubicadas en los estados de Colima y Jalisco, las cuales son ricas en recursos naturales y albergan el yacimiento de hierro más importante a nivel nacional. Ahora bien, la tenencia de la tierra se transformó a partir de 1917, y se creó la propiedad social como una reivindicación de los pueblos indígenas y el campesinado. Por ello, la población nahua solicitó que se reconocieran sus territorios, poseídos tradicionalmente bajo la figura de “bienes comunales”. Dada la carencia de la Merced, en vez de bienes comunales se crearon “tierras ejidales” a través de la publicación de un decreto presidencial. Así, el gobierno decidió crear tierras ejidales con el fin de evitar conflictos internos entre las personas ejidatarias y la comunidad indígena nahua que poseía las tierras. Es decir, la posesión de una parte de la comunidad indígena nahua no fue beneficiada por el decreto presidencial de dotación de tierras ejidales. Y pese a que siguieron poseyendo las tierras de facto, no tuvieron reconocimiento ni protección a la tenencia de su territorio. De esta forma la comunidad no fue beneficiada por la justicia social posrevolucionaria, ya que sus reclamos de tierra y reconocimiento fueron invisibilizados en el reparto agrario. Además, no se consultó de forma libre, previa e informada a la comunidad sobre las actividades no consentidas como decretar sus territorios como zona protegida, la operación de empresas mineras y el establecimiento de personas no originarias de la comunidad en sus tierras. Por si esto no fuera suficiente, existe un conflicto territorial entre Colima y Jalisco, lo cual les ha privado de su derecho de acceso a una jurisdicción, debido a que no pueden tener acceso a servicios básicos como agua potable y luz, ni tampoco seguridad ciudadana y justicia. Esto ha permitido la comisión de delitos del crimen organizado, las múltiples violaciones a derechos humanos por parte de autoridades de diferentes ámbitos y niveles de competencia, así como la explotación y desgaste de sus tierras por la extracción de hierro a cielo abierto, realizada impunemente por consorcios mineros. Todo esto ha tenido como resultado la precarización de la vida, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades a una vida digna de todos las personas de la comunidad. Han sido interpuestas numerosas denuncias ante las autoridades para dar a conocer esta grave situación, ya sea por delitos, violaciones a derechos humanos o daños ambientales, pero ninguna ha prosperado. Por ejemplo, pese a la Recomendación 122/1995, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se documentó este contexto de violencia sistemática y estructural contra la comunidad por parte de agentes estatales y particulares, los gobiernos de los estados de Colima y Jalisco no han cumplido totalmente la Recomendación. Por otro lado, desde 1995 hasta el día de hoy no han sido resueltas las controversias territoriales que fueron iniciadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están radicadas en el Senado. Esto orilló en 2008 a la comunidad a acercarse a las peticionarias con el fin de interponer una denuncia ante la CIDH sobre la violación sistemática a sus derechos, la cual no ha había sido atendida por las autoridades mexicanas. En este sentido, algunas personas de la comunidad han hecho públicos sus reclamos de justicia y verdad, por lo que han sido blanco de ataques. De hecho, el último tuvo lugar en la Conmemoración de la “Matanza de Timbillos”, con el objetivo de dar un mensaje claro, como hace 100 años: persuadir a la comunidad para que desista de su lucha por la verdad y justicia. Finalmente, celebramos la intención del Estado mexicano de buscar una solución amistosa ante la CIDH, pero a la vez lo llamamos a reparar integralmente las violaciones contra la comunidad indígena de Ayotitlán, reconociendo así su proceso de exigencia, y con ello siente un precedente que irradie el sistema jurídico mexicano para que éste respete y garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. * Gisel Mateos González es colaboradora del CDH Vitoria.
Justicia para Abigail
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 03 de octubre de 2020 Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3 mil 894 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto, de las cuales sólo 626 están siendo investigadas como víctimas de feminicidio. Es decir, 16 por ciento. Las entidades con mayor número de feminicidios son estado de México, Veracruz, Ciudad de México (CDMX), Nuevo León, Puebla y Jalisco. La capital ocupa el tercer lugar a escala nacional, ya que se han registrado 48 casos en el año. Es pertinente recordar que el 7 de septiembre de 2017 varias organizaciones solicitaron la alerta por violencia de género contra las mujeres (AVGM) para la CDMX. Justicia Pro Persona, AC y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC, junto con Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), demandaron este mecanismo de emergencia, debido a la gravedad de la existencia y persistencia de la violencia feminicida, así como por una cuestión de acceso a la justicia. El proceso de la AVGM ha sido complejo, porque no sólo no se ha declarado, sino porque ha tenido que implicar la promoción de recursos legales, como el amparo, interpuesto ante el intento oficial por su sobreseimiento. Y si bien es cierto que la CDMX tiene una declaratoria de alerta, ésta se deriva del mecanismo local y no ha tenido el mismo procedimiento que la solicitud realizada por las organizaciones en 2017, cuyo proceso se halla en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el 9 de julio pasado la ministra Ana Margarita Ríos Farjat hizo suyo el escrito para ejercer la facultad de atracción. Así, la SCJN tiene de nuevo la oportunidad de atraer el caso por su trascendencia e interés, y con ello resolver a favor de los derechos de mujeres que habitan o transitan por la capital. En este contexto de violencia feminicida, el pasado 28 de septiembre el tribunal de enjuiciamiento del sistema procesal penal de la CDMX dictó fallo condenatorio contra Juan Velázquez Clemente por el feminicidio agravado de Mayra Abigail Guerrero Mondragón perpretado el 11 de diciembre de 2016. Mayra Abigail, o Abi, como le llamaban su madre, hermanas y amistades, tenía sólo 20 años cuando le arrebataron la vida y estudiaba el primer semestre de la licenciatura en derecho, además, de ser buena estudiante, trabajaba para colaborar en el gasto desu casa. Era una joven responsable y se hacía cargo de la cocina y ayudaba en las tareas escolares a su hermana más pequeña. Entre sus planes se contraba terminar su carrera y abrir un restaurante. Como muchas jóvenes víctimas de feminicidio, Abigail tenía un proyecto de vida, sueños y esperanzas. Ahora bien, existieron numerosas dificultades en el proceso penal sobre su caso, que evidencian aún más los graves problemas estructurales de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. En lo que respecta a la etapa de investigación, hubo autoridades que maltrataron a la madre de Abigail; fue obligada a declarar inmediatamente después del feminicidio de su hija, sin tomar en cuenta el impacto por su pérdida ni su estado sicoemocional. Por otra parte, no se incluyeron pruebas o indicios vitales, y existieron filtraciones de información a medios periodísticos, lo cual afectó la dignidad de Abigail y causó la revictimización de su familia. Igualmente, elMinisterio Público responsable perjudicóel caso de diversas formas. La etapa de judicialización tampoco fue la excepción; el caso fue judicializado como feminicidio, aunque sólo por los signos de violencia sexual, sin considerar la forma en que Abigail fue privada de la vida, ni tampoco las múltiples agresiones que sufrió, las cuales constituyen signos de lesiones inhumanas y degradantes. Estas lesiones pudieron vincularse en el proceso gracias a la interposición de un recurso promovido por las asesoras jurídicas de Abigail y su familia, con lo cual el tribunal finalmente falló tres razones presentadas en el feminicidio: signos de violencia sexual, lesiones infamantes y degradantes, así como la exposición del cuerpo en un lugar público. Por último, es oportuno resaltar la admiración hacia Araceli Mondragón Sánchez, madre de Abigail, quien incansablemente buscó verdad y justicia para su hija. En sus propias palabras, ella dice que seguirá apoyando a otras madres, sobre todo ahora que la consideran una persona defensora de derechos humanos. Pero también resulta necesario reconocer el trascendental acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, como Justicia Pro Persona y el OCNF, especialmente los de Ana Yeli Pérez Garrido y Katherine Mendoza Bautista, ambas comprometidas y entregadas a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, a quienes también agradezco su colaboración para la redacción de este artículo.
Declaraciones de Claudia Sheinbaum y acciones de la policía durante las protestas feministas #28S son violatorias de derechos
Desde el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social nos pronunciamos respecto a la criminalización de la protesta #28S y la necesidad de apegarse a los Protocolos de Actuación Policial en contextos de manifestaciones y protestas
Posicionamiento: Día Nacional del Maíz
Cada 29 de septiembre recordamos nuestra lucha celebrando a los maíces: el maíz cacahuacintle, el maíz palomero, el maíz colorado, el maíz olotón, el maíz pepitilla, las más de 60 razas de maíces nativos que existen en nuestro país y las miles de variedades que forman parte de nuestras culturas.
