Trabajamos a distancia

Preocupado por prevenir riesgos para la comunidad que acompañamos, así como de nuestras colaboradoras y colaboradores, desde el equipo Vitoria comunicamos que hemos decidido comenzar a trabajar a distancia. Nuestro hogar, el Centro Universitario Cultural (CUC), permanecerá cerrado a partir del lunes 23 de marzo y hasta el 18 de abril, por lo que las actividades presenciales tendrán una pausa hasta que las autoridades recomienden reanudarlas, sobre todo las que implican contacto directo y eventos públicos. Las labores de defensa de derechos humanos de nuestro centro no serán suspendidas, sin embargo, actividades como asesorías jurídicas presenciales y sesiones educativas habrán de posponerse o realizarse también a distancia. Reconociendo que en situaciones de excepcionalidad los derechos humanos corren mayor riesgo, y que esto ocurre con mayor dureza para las personas y poblaciones que históricamente han sido discriminadas, llamamos a insistir en su garantía y protección como tarea primordial en esta contingencia y ante toda circunstancia en todo momento. Para cualquier información, asesorías a distancia u otros requerimientos, no dudes en comunicarte a través de cualquiera de nuestras formas de contacto: Facebook | Twitter | Instagram | WhatsApp Atentamente: Equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]

Crisis capitalista y empresas sistémicas

Sábado 13 de marzo de 2020 Miguel Concha  En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Davos, Suiza –por cierto, la número 50–, a la que acuden líderes mundiales de todos los órdenes con el propósito de proponer recomendaciones y estrategias que mejoren la situación del mundo, particularmente en las áreas sociales y económicas, se llegó a la siguiente conclusión: los resultados de la economía social de mercado, en la que hemos vivido inmersos los pasados 40 años, no han sido los esperados. Muy por el contrario, se han generado pobreza, desigualdad creciente, inestabilidad laboral y un fuerte deterioro del medio ambiente. Se señaló expresamente que en la globalización de la economía de mercado se descuidó el hecho de precisar que las empresas son organismos que participan en el logro del bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines prioritarios de lucro; y que es indispensable que incluyan en su misión la responsabilidad que tienen con el bienestar de las personas que forman los grupos de interés que de hecho las integran y las hacen viables. Los llamados stake holders. Y ello a pesar de que desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha promovido, reconocido e incluso premiado progresivamente en Estados Unidos, Europa y América Latina el compromiso social de las empresas con sus grupos de interés internos y externos, para restaurar la confianza del público, en el respeto de sus derechos sociales y humanos. El fundador de Davos, el Dr. Klaus Schwab, declaró en forma categórica que tal como se está gestionando el capitalismo actualmente, ya no es sostenible, y que de hecho se está autodestruyendo. Una de las conclusiones del Foro Económico de Davos 2020, en el que participaron líderes mundiales, figuras clave de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como jefes de grandes empresas, entre otros, fue la necesidad de que se aplique en las empresas globalizadas la práctica del denominado capitalismo de los grupos de interés ( stake holders). Es decir, lograr que las empresas asuman su responsabilidad no únicamente con sus accionistas, sino también con sus empleados, trabajadores, agentes, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades. En una palabra, preocuparse solidariamente por el bienestar de todos ellos. En síntesis, está entonces fuera de toda duda que incluso en esta instancia de consulta mundial el modelo socioeconómico actual debe modificarse, y de hecho reinventarse, de tal manera que la riqueza creada por las empresas se distribuya tomando en cuenta auténticamente la responsabilidad social que tienen con los grupos de interés que las conforman, respetando sus derechos humanos y tomando en cuenta los valores morales de las sociedades en las que están establecidas. A lo que ahora habría que agregar su responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, se considera que la economía de mercado sigue siendo el mejor medio para generar riqueza, aun cuando también se piensa que es ineludible que el Estado debe vigilar activamente que se desarrolle respetando la auténtica competencia y evitando monopolios, monopsonios y prácticas oligopólicas. Quisiera concluir este artículo relacionando las recomendaciones y propuestas del Foro con la actitud reciente de los grupos empresariales de nuestro país. Hace algunas semanas, un grupo de 100 empresas se comprometió en forma pública a cubrir a sus trabajadores cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos como remuneración por jornada de trabajo. En mi opinión es una decisión acertada, acorde con el espíritu de responsabilidad social de las empresas, que incluso sería deseable que se generalizara. Y en semanas pasadas se publicó también un decálogo empresarial, que en alguna forma recoge las recomendaciones del Foro Económico Mundial de Davos. Desde mi punto de vista, lo hace en forma amplia y con evidentes buenas intenciones. Pero a mi parecer, está lejos de establecer un auténtico compromiso empresarial con la responsabilidad social que tiene con los grupos de interés que se expresa en el comunicado del Foro. Aunque en este sentido vale la pena subrayar los principios 6, 7 y 8 de responsabilidad social del nuevo decálogo: 6) Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. 7) Asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 8) Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. Ojalá que estos principios no se queden, como muchas veces ha sucedido, en buenas intenciones y bellas declaraciones retóricas, sino en criterios que realmente informen nuevos códigos de conducta y buenas prácticas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet

Una reflexión sobre las luchas de las mujeres

13 de marzo de 2020 Por: Viridiana Martínez, Leslie Joryet y Angélica Díaz* La fecha del 8 de marzo nos muestra la continuidad de reflexiones, encuentros, diálogos y exigencias históricas que desde diversos horizontes de luchas nos recuerdan a nuestras ancestras que buscaban mejoras en las condiciones sociales para las mujeres y que aún continúan sin ser una realidad plena, por ello la organización, la digna rabia y la palabra hacen ecos para seguir cuestionando políticamente y exigiendo el no retroceso de los derechos de las mujeres y la plena garantía de los mismos. Estos tiempos se encuentran atravesados por violencias y discriminación extremas, incrementando la brecha de desigualdad, y  creciendo exponencialmente la violencia feminicida contra niñas y mujeres; negando las posibilidades de proyectos de vida, sueños y esperanzas a cientos de nosotras que enfrentamos día con día entornos hostiles por sus estructuras patriarcales y machistas. Ante esta grave situación, diversas mujeres desde diferentes trincheras y espacios hemos emprendido un camino organizativo de exigencias que ha florecido debido a los acompañamientos, escucha, compartición de experiencias, construcción de herramientas y reflexiones colectivas que permitan abrazarnos y debatir sobre lo que nos atraviesa y preocupa cotidianamente. Sin embargo estas revoluciones no han sido del todo posibles por la criminalización, estigmatización y narrativas que se han instalado en el imaginario social, descalificando las luchas políticas de la diversidad de mujeres que exigimos respeto a la memoria y dignidad de todas nuestras compañeras víctimas y sobrevivientes que han encarnado cotidianamente violencias extremas. La lucha de las mujeres no solo se ha gestado en las calles, es una constante batalla en todos los ámbitos de la sociedad, desde el 2018, los movimientos  de mujeres  a nivel mundial han tenido un fortalecimiento notable, visibilizando expresiones y cuestionando las formas en las que se aborda social y culturalmente la violencias hacia las niñas y mujeres en el mundo. En el caso de nuestro país se ha instalado un debate político ficticio que no supera el eterno cuestionamiento hacia las víctimas, contrario al propio sistema de atención y procuración de justicia y políticas públicas carentes de perspectiva de género y derechos humanos. Las acciones de estos días exigen pensar en todas las expresiones de violencia que además del  feminicidio, abarcan el ámbito privado, y todas aquellas prácticas cotidianas que violentan sistemáticamente, incluso aquellos lugares que intentan generar ejercicios de reflexión tendremos que repensar la cotidianeidad. Ante ello, estamos en un momento coyuntural en el que exigimos que todas las mujeres que habiten o transiten por el país lo hagamos en condiciones de dignidad como un derecho de todas a vivir una vida libre de violencia, así como el respeto a la memoria, acceso a la verdad y justicia y medidas de no repetición que busquen acciones transformadoras en todos los espacios y niveles de responsabilidad. Las revoluciones como movimientos vivos, tienen la posibilidad de apelar a habitar los espacios más cotidianos tomando la ternura, palabra, mirada y autocrítica como horizontes que posibiliten nuevas condiciones para construir desde las cenizas. Abrazamos a todas las mujeres de todas las geografías, de todos los calendarios, de todas las expresiones y orientaciones sexoafectivas, deseando que nuestras diferencias sean fortalezas para continuar resistiendo y re-existiendo. *Viridiana Martínez Ortíz, Leslie Joryet y Angélica Díaz son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria o.P. A.C. @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz

Aprueban en Comisión la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo

Diputados buscarán que esta ley tenga asignación presupuestal para que no quede sólo en papel.

Día Internacional de la Mujer

Sábado 7 de marzo de 2020 Miguel Concha  Tomando en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Mujer, escribo este artículo en estrecha colaboración con las compañeras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC. Comencemos recordando que la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos tuvo un momento clave en 1791, cuando Olympe de Gouges cuestionó el triunfo de la igualdad de la revolución francesa, a través de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Además de costarle la vida, este acto permitió que viéramos muchas de las dificultades de la lucha de las mujeres por el acceso a la justicia y a una igualdad sustancial y no sólo formal. En ese sentido, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer tuvo su origen en incendios de dos fábricas textiles que marcaron la historia de sus derechos, una el 8 de marzo de 1908 y otra el 25 de marzo de 1911. Por ello, con la finalidad de realizar un ejercicio de memoria histórica que impidiera olvidar cuántas vidas cobró y sigue cobrando la lucha de las mujeres por una vida digna y libre de violencia, en 1977 la Organización de las Naciones Unidas declaró al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La historia mexicana no es ajena a esto, según Rosa María Álvarez –jueza ad hoc del paradigmático caso conocido como Campo Algodonero– la Constitución de 1917, fruto de la Revolución llevada a cabo por mujeres y hombres mexicanos, paradójicamente ignoró a 50 por ciento de la población que contribuyó a su realización: las mujeres. No obstante, los movimientos feministas no se han dado por vencidos y compañeras como Hermelinda Galindo, Nancy Cárdenas, Marcela Lagarde, Araceli Osorio Martínez y mujeres de los siglos XX y XXI, han dado voz a las demandas feministas. El panorama que enfrentan las mujeres en nuestro país es alarmante; organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denuncian que 10 mujeres, en promedio, son asesinadas diariamente en México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), tan sólo en 2019 fueron asesinadas 3 mil 798 mujeres y sólo 980 de los casos fueron clasificados como feminicidios, debido a la resistencia y la falta de capacidad de las autoridades para registrarlos como tales, por lo que muchos de ellos quedan impunes. Asimismo, el Sesnsp dio a conocer que en 2019 existieron 5 mil 347 casos de presunto abuso sexual y 3 mil 874 violaciones en contra de mujeres, mientras que en su último corte (abril de 2018) el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas establece que existen 9 mil 522 mujeres sin localizar. Si bien estas son cifras oficiales, no necesariamente reflejan la situación real, porque están notoriamente desactualizadas, particularmente en lo que se refiere a delitos contra las mujeres, y porque existe una gran desconfianza por parte de muchas de ellas para denunciar, debido a la violencia institucional que provoca su revictimización y criminalización, con las que incluso se les culpabiliza de las violencias ejercidas en su contra. En razón de las exacerbadas violencias ejercidas contra las mujeres, el Estado mexicano ha creado políticas públicas para combatir esta situación. No obstante, éstas han sido insuficientes frente a los altos índices de violencia. Ahora bien, pareciera que la coyuntura política actual ofrece una valiosa oportunidad para transversalizar todo el aparato institucional con los derechos humanos y la perspectiva de género, la cual debería estar encaminada a acciones que resuelvan el problema sistémico y sistemático desde sus raíces. Vale decir, sin paliativos, y así prevenir y sancionar todo tipo de violencias contra las mujeres. Ante las violencias y el contexto violento que viven en México, hemos visto el surgimiento y fortalecimiento de movimientos de mujeres, políticamente activas, que han convocado para mañana a una movilización constituida por mujeres que estarán gritando los nombres de las que ya no están, y exigiendo verdad, justicia, reparación del daño y no repetición. También desde las colectivas de mujeres se ha llamado a un paro nacional el 9 de marzo, denominado #UnDiaSinNosotras, en el que millones de mujeres no asistirán a sus trabajos y actividades. Y, para simbolizar todos los lugares vacíos de las mujeres que han sido víctimas del sistema patriarcal, dejarán desiertos los sitios que ocupan. Las violencias contra las mujeres ameritan respuestas institucionales contundentes y cambios socioculturales trascendentes y de carácter estructural que competen a toda la sociedad, especialmente a los hombres. A nosotros nos toca hacer una autocrítica de las violencias que ejercemos para responsabilizarnos de ellas, cambiar el mandato de masculinidad del sistema patriarcal, colonialista y sexista, y deconstruirnos para que nazcan nuevas identidades y formas de relacionarnos, libres de violencias y discriminación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina

Encuentro Nacional de Usuarios : Los DH como herramientas de lucha y emancipación | Participación de Miguel Concha

Participación durante el Encuentro Nacional de Usuarios convocado principalmente por la ANUEE en las instalaciones del SME Agradezco mucho la invitación que nos han hecho, a mí y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., a este Encuentro Nacional de Usuarios, con el que se busca construir un movimiento nacional que genere un plan de acción conjunto entre todas y todos los presentes, en medio de esta coyuntura tan particular. Saludo con afecto a Martín Esparza Flores, Secretario General del SME; a Enrique Enríquez, Secretario General de la Sección 9 de la CNTE; a Jorge Herrera Ireta, Vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; y a la Dra. Elena Burns, de Agua para Todos; a Juan Carlos Escalante, Coordinador Nacional de la ANUEE, y a todas y todos los miembros del presídium. Deseo comenzar esta participación saludando especialmente la lucha que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) ha emprendido desde hace casi 10 años. Ustedes nos han enseñado muchas cosas durante todo este tiempo, entre las cuales se destaca una lección muy importante: el profundo potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en actores y protagonistas de la historia. Una vez más quiero reconocer públicamente que el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la ANUEE o Agua Para Todos, Agua Para la Vida, porque sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza (Pleyers, 2017: 6), ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo bienes comunes que beneficien a muchas más personas; por ejemplo, una tarifa social justa en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica, y el acceso equitativo y sustentable al agua. Considero importante señalar que los movimientos sociales, con características como los de ustedes, desafían frontalmente el “orden” establecido por el capitalismo en su fase neoliberal, el cual, por ejemplo, acentúa las desigualdades y permite que autoridades y empresas violen los derechos humanos de personas y grupos que sólo desean construir un mundo más justo y digno, menos desigual y más democrático (REDESCA, 2019). De una u otra forma los movimientos sociales, a través de sus luchas, intentan responder a una eterna pregunta: “¿cómo cambiar el mundo?” (Pleyers, 2018: 16), especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, como la inseguridad, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un “México en llamas”; es decir, en un México feminicida, donde mueren 10 mujeres al día; y donde 10 de cada 100 pesos se pierden debido a la corrupción y la impunidad. En el que existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas. Donde siete de cada diez niñas y niños que nacen en situación de pobreza vivirán así el resto de su vida, por citar sólo algunas referencias. Asimismo, en la última década los movimientos sociales en México se han enfrentado constantemente a la apatía, a la indiferencia, a las descalificaciones, al rechazo, a los prejuicios y a la discriminación de diversos sectores; entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, entre otras cosas, les colocan etiquetas como “revoltosos”, “flojos”, “problemáticos”, “chairos”, “conservadores”. También han luchado contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo diseminado, en gran medida, por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que desgarra al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal que ha sido implantado mediante el capitalismo en su fase neoliberal, los movimientos sociales representan una chispa de esperanza a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles. Por tal motivo quiero proponerles una herramienta efectiva para lograr semejante propósito: los derechos humanos, los cuales ya son viejos conocidos de todas y todos ustedes, porque históricamente muchos de ellos  se nos revelan y los ejercemos y gozamos gracias a las luchas de los movimientos sociales. De este modo, cabe preguntarnos qué son los derechos humanos. Hay quienes dicen que éstos son prerrogativas, facultades que tenemos todas las personas para hacer o no hacer algo; o bien, condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano. Todo esto es cierto. Ello no obstante, verlos como una gran caja de herramientas de exigibilidad y justiciabilidad nos abre un gran horizonte, porque así podemos comprenderlos y usarlos también como medios de emancipación para luchar y construir mundos más dignos, democráticos y equitativos, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Por lo tanto, hay que desempacar los derechos humanos de sus cajas para ponerlos en acción (Serrano y Vázquez, 2013), pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los movimientos sociales. Tracemos para ello una ruta de acción de por lo menos tres pasos. Primero, es indispensable que antes que cualquier otra cosa identifiquemos las obligaciones generales de todas las autoridades en sus diferentes niveles de competencia con respecto a los derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y promover. Esta tarea la hicimos semanas atrás junto a la ANUEE en una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación ante funcionarias y funcionarios de distintas dependencias federales, a quienes les recordamos algo que se supone deberían saber. De igual modo, es necesario conocer los principios que permiten utilizar los derechos humanos con fines prácticos (Serrano y Vázquez, 2013); uno de ellos, la progresividad, que implica un avance paulatino de las condiciones mínimas para el ejercicio

Código Penal Nacional: grave retroceso en materia de derechos humanos

24 de febrero de 2020 Por: Ana Gómez y Gisel Mateos* A mediados de enero del presente año comenzaron a circular principalmente dos borradores de reforma en materia de justicia: el primero a nivel constitucional en diferentes ramas del derecho, y el segundo como un anteproyecto que sustituiría a los actuales Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas por un solo Código Penal Nacional. Sin embargo, si estos borradores fueran presentados al Legislativo tal como han circulado hasta el momento, representarían un grave retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que corresponde a dos reformas: la reforma penal de 2008, la cual estableció el cambio del Sistema Penal Inquisitivo al Sistema Penal Acusatorio, cuya característica principal es su garantismo y apego a estándares internacionales, mismo que fue robustecido por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué son tan relevantes las reformas de 2008 y 2011? Primero, porque la reforma de 2008 creó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, además de que integró los principios rectores del mismo: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Todo esto representó un giro de 360 grados en la dinámica jurídica, porque, entre otras razones, privilegió la presunción de inocencia, adquirieron un carácter público las actuaciones de las autoridades, y hubo mayores estándares de control para regular la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público a través de la creación de juezas y jueces especializados en diferentes etapas procesales. Gracias a esto se pudo supervisar que todas las autoridades y actores que tuvieran contacto o participaran en cualquier proceso de investigación, enjuiciamiento e internamiento de cualquier persona, no violaran derechos humanos, con lo que se dio paso a la búsqueda de una verdad “material”, y no únicamente “procesal”, la cual costó la vida y dignidad de muchas personas inocentes por más de 90 años. Una segunda razón es que mediante la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, se incorporaron los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en nuestro sistema jurídico, estableciendo con ello una serie de deberes y obligaciones generales al Estado en torno a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los mismos, por mencionar algunos ejemplos. Lo anterior significa que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por el país, así como a realizar, en medio de las limitaciones y restricciones previstas en la misma Constitución mexicana, los análisis necesarios para conocer si las normas y actos de autoridad sean conformes a tratados internacionales de derechos humanos y estándares de organismos internacionales, con lo cual, además, se pretende beneficiar en mayor medida a las personas involucradas en cualquier proceso judicial. De este modo, si bien es cierto que una de las justificaciones para proponer esta iniciativa de ley (que entre otras tantas cosas elimina las figuras de control de legalidad) es el hecho de que el Sistema Penal Acusatorio no sólo no ha garantizado los derechos de las víctimas y sobrevivientes, sino que además ha creado una “puerta giratoria” que genera mayor impunidad, ya que impide probar la responsabilidad de las personas en hechos delictivos bajo el argumento de la no aceptación de pruebas ilícitas, este argumento es altamente debatible, debido a que una de las fallas más recurrentes que obstaculizan la judicialización de los casos son los vicios que el propio Ministerio Público tiene para investigar, porque emplea la tortura y malos tratos para conseguir pruebas. Por ello, antes de siquiera pensar en la sola idea de un Código Penal Nacional, primero se deben fortalecer la reforma penal de 2008 y la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, para, por lo menos, realizar tres tareas fundamentales: garantizar a las miles de víctimas y sobrevivientes en el país el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, enfrentando y erradicando prácticas que fomentan la fabricación de culpables; superar los niveles de impunidad, fortaleciendo las capacidades materiales y humanas en el ámbito de la investigación de los órganos que procuran y administran justicia en el país; crear herramientas pedagógicas en materia jurídica que sean útiles y estén enfocadas al proceso del que las víctimas y sobrevivientes son parte de forma activa, y así garantizar la legalidad del proceso, para que no sean ellas quienes tengan la carga de probar la responsabilidad de las personas acusadas. De llevarse a la realidad esta posible iniciativa de ley sobre el Código Penal Nacional estaríamos caminando en una especie de Laberinto de Creta, diseñado para la coexistencia de tres sistemas penales diferentes, lo que habrá propiciado impactos negativos en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas y sobrevivientes. Por ello resulta necesario reconocer primero que si el Sistema Penal Acusatorio no ha funcionado correctamente, se debe al colapso de las instituciones responsables, por lo que no se debe capitalizar la necesidad de verdad y justicia de las víctimas y sobrevivientes ante la crisis de derechos humanos para legitimar una reforma punitivista y regresiva en materia de derechos humanos. *Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Protoplasma K

Movimientos sociales y derechos humanos

Sábado 29 de febrero de 2020 Miguel Concha  Ayer, 28 de febrero, tuvo lugar, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Encuentro Nacional de Usuarios (en adelante Encuentro), convocado principalmente por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Estuvieron presentes varios de los movimientos sociales más importantes del país, entre ellos el SME, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, Agua Para Todos, Agua Para la Vida y la propia Anuee, quienes se reunieron con un propósito perfectamente definido: construir un gran movimiento nacional que genere un plan de acción común frente a la difícil y compleja coyuntura actual. Todos estos movimientos sociales nos han enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en protagonistas de la historia. Sobre todo en momentos de conflictos históricos, cuando están en juego derechos fundamentales. De ahí que el sociólogo francés Alain Touraine haya dicho en alguna ocasión que un movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor que lucha en una colectividad concreta por la dirección social de la historicidad contra su adversario. Debido a esto, el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la Anuee o Agua Para Todos, porque, como ha señalado Geoffrey Pleyers, que como sociólogo ha analizado muy de cerca los movimientos sociales en México y Latinoamérica, sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza, ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo comunes que beneficien a muchas más personas. Por ejemplo, una tarifa social justa, en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica o el acceso equitativo y sustentable al agua. Y por ello también luchan contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo, diseminados en gran medida por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Es importante señalar que los movimientos sociales, con características como las de aquellos que asistieron al Encuentro, desafían frontalmente el orden establecido por el capitalismo en su fase neoliberal y enfrentan la apatía, la indiferencia, las descalificaciones, el rechazo, los prejuicios y la discriminación de diversos sectores, entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, en sus diferentes niveles de competencia, les endilgan estereotipos como revoltosos, flojos, problemáticos, “ chairos”, conservadores. Según Pleyers, las luchas de los colectivos sociales intentan responder a una eterna pregunta: ¿cómo cambiar el mundo?, y en el caso mexicano lo hacen especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un México en llamas. Es decir, en un México feminicida, en el que mueren 10 mujeres al día y donde existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas, por citar sólo algunas referencias. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que está desgarrando al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal, los movimientos sociales siguen representando una alternativa, a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles, que pueden también construirse de la mano de los derechos humanos, sobre todo si son vistos por los colectivos como herramientas efectivas de exigibilidad y justiciabilidad, y como medios de lucha y emancipación. Retomando una idea desarrollada por investigadoras como Sandra Serrano García, los movimientos sociales tienen ante ellos la posibilidad de desempacar los derechos humanos para ponerlos en acción, pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los colectivos sociales. Finalmente, como señala Boaventura de Sousa Santos, bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos desperdiciar ninguna de las genuinas experiencias de indignación de los movimientos sociales, como es el caso del plan de acción conjunto realizado en el Encuentro, porque están orientadas a reforzar la organización y la determinación de todas y todos los que no han abandonado la lucha por una sociedad más digna, democrática y equitativa, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina

OSC y academia llaman al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones contundentes en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres

Ciudad de México, 24 de febrero de 2020 El 21 de noviembre de 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La decisión vino no solo después de dos años de lucha, por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. y Justicia Pro Persona, A.C., por activar este mecanismo a nivel federal, sino después de meses de movilizaciones sociales de mujeres y activistas feministas que denunciaron las distintas violencias machistas que afectan a las mujeres y las niñas en la Ciudad. A cuatro meses de la declaratoria, y frente a los recientes feminicidios de Abril, Ingrid, Fátima y Jocelyn, las académicas y organizaciones feministas que integramos el grupo de seguimiento a la alerta reconocemos la necesidad de atender los actos y omisiones que dilatan, obstaculizan o impiden el ejercicio de nuestros derechos y, en específico, nuestro acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencias. En particular, expresamos nuestra profunda preocupación por las reiteradas filtraciones de datos e información confidencial que atentan contra la dignidad de las personas, revictimizan a las víctimas y sus familias, y perjudican tanto la investigación como el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. Por lo anterior, exigimos que el gobierno de la Ciudad de México brinde respuestas que estén a la altura de la gravedad de la situación. A la fecha, el grupo de seguimiento no cuenta con las metas e indicadores respecto a las medidas contempladas en el decreto de Declaratoria. Tampoco se ha desarrollado un plan de acción que incorpore otras medidas estratégicas para atender la violencia feminicida, a pesar de existir una clara necesidad de implementar acciones inmediatas que pongan fin a la violencia institucional. Si bien las alertas no son un objetivo en sí mismo, y su existencia no acaba automáticamente con la violencia, consideramos urgente que se tomen en cuenta los siguientes puntos para evitar se queden en un acto simbólico: Es urgente diseñar e implementar estrategias que busquen fortalecer las capacidades en materia de procuración y administración de justicia desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Se debe asegurar la reparación integral del daño infligido a las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida incluyendo su derecho a la verdad y justicia, a la indemnización, a las garantías de no repetición y al reconocimiento y disculpa pública del Estado mexicano por no respetar y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Es preciso que se diseñen estrategias multidisciplinarias, integrales e interseccionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, que incluyan protocolos de actuación y mecanismos claros y eficientes de coordinación interinstitucional de las autoridades con facultades y atribuciones para implementar este tipo de políticas. Reconocer en la ley la existencia de las violencias no basta, se debe dotar a las instituciones de las estructuras, capacidad, recursos y condiciones necesarias para que cumplan con su papel de garantes. Los mecanismos de seguimiento son cruciales: anunciar que se tomarán medidas no es suficiente, se tiene que garantizar que existan metodologías de seguimiento y evaluación, así como la posibilidad de corregir el rumbo a partir de los resultados obtenidos. Es crucial que se rinda cuentas a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular sobre las acciones emprendidas, los avances, retos y los resultados esperados y alcanzados. El grupo de seguimiento se debe vincular y relacionar con otros esfuerzos, mecanismos, espacios e instrumentos de política pública del gobierno de la Ciudad de México relacionados con la prevención, atención, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es necesario crear y fortalecer espacios de participación ciudadana y los mecanismos ordinarios para el diseño, implementación y evaluación de la política pública como es la Coordinación Interinstitucional y los Comités de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una oportunidad para impulsar políticas integrales, estructurales, transparentes e incluso replicables, tanto para cambiar el rumbo tradicional de la política pública y atender las carencias institucionales del Estado, como para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y su acceso a la justicia. No podemos desperdiciarla.   Firman: Las integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México (Aleida Hernández Cervantes, Alejandra Rios-Cazares, Emanuela Borzacchiello Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.,  Equis: Justicia para las Mujeres A.C. , Frente para la Sororidad, Justicia Pro Persona, A.C., Las del Aquelarre Feminista, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio) [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Imagen destacada: Angélica Díaz Molina [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]

Ser migrante hoy en México

Sábado 22 de febrero de 2020 Miguel Concha  En años recientes la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y la información recopilada en estaciones migratorias por el área de solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. A pesar de la larga tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante. De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019 más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran: hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les permita en meses lavar sus cobijas. Mujeres, hombres y niños pasan días y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice. Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico. Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias. En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad (Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación). Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus países. Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran que no se merecen ese derecho. En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet