Resultados de la Misión Civil de Observación: Autonomía Purépecha, violencia y criminalización.

Del 17 al 19 de febrero, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, realizamos una Misión Civil de Observación (MCO) en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, con el objetivo de conocer los procesos de las comunidades en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, y documentar las graves violaciones a derechos humanos de los que han sido víctimas. La Misión (MCO) permitió un fructífero encuentro entre las comunidades de Comachuén, Sevina, Arantepacua y Nahuatzen, además de que nos permitió conocer el importante papel que han tenido las mujeres Purépechas en los procesos comunitarios: formar parte y ser reconocidas en los Concejos es el resultado de un gran esfuerzo colectivo de las compañeras. Tras la visita, los Concejos Indígenas y el propio pueblo nos han dejado ver que la violencia, ejecuciones extrajudiciales, hostigamientos, criminalización, encarcelamientos injustos, y la sistemática intervención de Celerino Cruz contra los consejos, son una práctica sistemática que se han convertido en una estrategia del Estado para desmovilizar a las comunidades y obstaculizarles el derecho a su libre determinación y autonomía. Documentamos las violaciones de derechos humanos del 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua, como la ejecución extrajudicial de 4 personas (entre ellas un menor de edad), uso excesivo de la fuerza pública, allanamiento, detención arbitraria de 48 comuneros (con tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención) y faltas al debido proceso. Hasta ahora, a casi 3 años de los hechos, las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente y la comunidad profundamente afectada, no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamientos y amenazas. En Nahuatzen, el Concejo Ciudadano Indígena enfrenta un proceso de criminalización e intimidación mediante el encarcelamiento de dos Concejales, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y un comunero, Gerardo Talavera; además de órdenes de aprehensión que mantienen en incertidumbre a dos concejales más. A estas situaciones se suman las agresiones perpetradas por actores de las fuerzas de seguridad púbica, así como la difamación y descrédito constante de su trabajo como Concejo. Estos actos violentos por parte de autoridades estatales y municipales, tienen el objetivo de desarticular la autoridad tradicional e impedir el ejercicio de su derecho a la autonomía comunitaria. En Comachuén hay actores comunitarios vinculados con el sistema de partidos y diversos funcionarios públicos que han intentado inhibir la participación de las mujeres en el Concejo, argumentando que no tienen derechos ni capacidades para cumplir con sus funciones. Esto ha implicado un constante cuestionamiento al gobierno comunitario, caracterizado por la gestión participativa y la buena administración de los recursos, a pesar de la retención ilegal del presupuesto por parte del Ayuntamiento. Muestra de ello es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ordenado la celebración de una asamblea el próximo domingo 23 de febrero para ratificar a las autoridades tradicionales, sin tener ningún fundamento legal y a pesar de que al Concejo le restan 2 años de administración. La comunidad de Sevina está impulsando un proyecto comunitario integral que implica un gobierno propio, recuperación de la lengua materna y capacitación a la comunidad para ejercer funciones públicas, entre otros. Fruto de esto, la sala regional de Toluca emitió una sentencia dictando que la comunidad tiene derecho a administrar sus recursos de manera directa, a pesar de esto no les fue entregado lo correspondiente a 2019, afectando la administración del Concejo y el acceso a servicios para la comunidad. Este año, ya les ha sido entregada una parte del ejercicio 2020. A estas trabas presupuestales para el ejercicio del Concejo, y al igual que en las otras 3 comunidades, se suman descrédito y cuestionamiento de las capacidades y poder de decisión de las mujeres para ejercer sus labores como concejalas. La Misión Civil de Observación, manifiesta su preocupación ante un posible escalada de violencia y hace un llamado a las autoridades estatales, municipales y federales para que: La Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para que las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Arantepacua, tengan acceso a la justicia, reparación integral de los daños, medidas de no repetición y que se castigue a los culpables. La libertad para los presos políticos de Nahuatzen y el retiro de las dos órdenes de aprehensión contra los dos concejales, así como el cese a la persecución, hostigamiento y actos violentos contra el Concejo Ciudadano Indígena. Que se cumpla con la entrega puntual y directa del presupuesto para las comunidades, sin intervención del Ayuntamiento de Nahuatzen. Respeto a los derechos políticos de las mujeres y cese de las agresiones y actos de intimidación de quienes ejercen su derecho a ser autoridades y a trabajar por la libre determinación de sus comunidades. El cese a las consultas y concejos impuestos que intentan desacreditar y desarticular los procesos de autonomía comunitaria y que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para la consulta que se llevará a cabo este 23 de febrero en Comachuén. Que el Tribunal Electoral actúe bajo los más altos estándares internacionales Que el Gobierno del Estado tenga disposición al diálogo con los Concejos Indígenas de las comunidades La destitución de aquellos servidores públicos que fomentan la corrupción y el mal uso de los recursos públicos en las comunidades. Y el cese al las prácticas sistemáticas de hostigamiento y criminalización de las comunidades que impiden el derecho de las comunidades a ejercer su libre determinación y autonomía. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Solidaria de Derechos Humanos Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. SERAPAZ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Foto destacada: Red TDT [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]

Internet es un derecho y está en riesgo

19 de febrero de 2020 Por: Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun) y CDHVitoria El internet es una herramienta primordial para el desarrollo de la sociedad actual. No importa a qué te dediques o la naturaleza de tu proyecto, seguramente usas internet. Comercio, educación, comunicación, construcción, finanzas, entretenimiento, defensa de los derechos humanos, entre otros. Debido a que gran parte de la población lo utiliza en sus actividades cotidianas se ha vuelto un medio para ejercer nuestros derechos humanos. ¿Puedes imaginar un lugar en el cuál no tengas capacidad de participar o decidir libremente? Es por esto que tenemos que hablar de salvar internet y por lo tanto, de defender nuestros derechos. Internet es un espacio tanto de oportunidades como de riesgos para las personas y sus derechos, por los múltiples actores que participan, por sus agendas e intereses, pero también porque las personas lo han vuelto parte de su vida y han encontrado en este espacio diversas maneras para informarse, participar, visibilizar y denunciar activamente. Por lo que es necesario protegerlas, brindar toda la información necesaria para mantener su seguridad y confianza en la herramienta, y además defender el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Pero a qué nos referimos con derechos humanos en internet? En primer lugar debemos entender que todas las personas tendríamos que tener la misma oportunidad para acceder y utilizar esta herramienta, así como, para manejarla libremente dependiendo de nuestros intereses y actividades. En segundo lugar, muchos de los derechos que todas las personas tendríamos que poder ejercer cotidianamente como la libertad de expresión, la protección de nuestra identidad, nuestra privacidad, la educación, el tener espacios libres de violencia también están reflejados en internet y los vivimos y ejercemos diariamente. No obstante, estos derechos también se pueden ver afectados y violentados por distintos actores, por el simple hecho de que sus intereses no están enfocados en el bienestar de las personas. ¿Y cómo se puede dar esta situación? Desde Estados que regulan fuertemente el acceso y los contenidos en línea, por la censura o casos de espionaje dirigidos por autoridades y empresas, e inclusive por realizar avances tecnológicos que no consideran la diversidad de realidades e identidades de las personas y que dificultan su uso e inclusive pueden llegar a ser discriminatorias. ¿Pero qué está pasando en México y por qué consideramos que nuestros derechos humanos en internet pueden verse violentados? El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está presentando una iniciativa de Reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que pone en riesgo la neutralidad de la red. Entendemos como Neutralidad de la red a este principio de equidad, donde no importa si eres una empresa gigantesca o un estudiante escribiendo un blog, tú página se debe consultar con la misma velocidad que la de cualquier otra persona. Este principio actualmente se ha transgredido por falta de una legislación adecuada y también porque las autoridades no cuentan con la capacidad técnica para revisar y sancionar a las compañías proveedoras de internet. ¿Cuál sería un ejemplo de vulneración a la neutralidad del internet? Cuando contratas un plan de telefonía móvil y hay páginas o aplicaciones que puedes visitar “libremente” o sin costo, mientras que cualquier otra usará los datos que hayas contratado. Esto actualmente pasa y podría empeorar. En 2014 se realizó una reforma a la LFT en la que si bien se estableció que todas las empresas deberían respetar la neutralidad de la red, no se redactaron ni aprobaron las reglas específicas de esta ley. Una ley sin reglamento está muerta, y así estuvo la LFT hasta ahora, pues tras 5 años de retraso el IFT ha presentado su iniciativa de Reglamento. Esta propuesta de Reglamento, sin embargo, abre el paso a que las grandes empresas proveedoras de internet vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas discrecionales para que unas páginas puedan ser más rápidas que otras. ¿Y si no tenemos dinero para pagar?, ¿y si no queremos? Esto no está resuelto en la actual propuesta de Reglamento. Debemos entender que cuando pagamos por el servicio de internet, lo hacemos justamente por el acceso a toda la red, no a páginas específicas. ¿Qué pasa si una empresa de noticias acepta y paga una tarifa diferenciada de internet para que se pueda entrar más rápido?, ¿qué pasará con las que no pueden pagar como microempresas, medios de comunicación locales, artistas, etc? La actual propuesta es confusa y carece de las protecciones mínimas a la privacidad de las personas y al ejercicio de sus derechos, pues para poder saber qué páginas deben abrir más rápido, podrán monitorear cotidianamente el tráfico de internet, tus actividades cotidianas en línea, vulnerando directamente tu derecho a acceder a la red y tu privacidad. En resumen, si tu página no paga, será lenta, independientemente de los megas de tu servicio de internet, si pagas, pues tu sitio será más rápido. Por todo el mundo han ocurrido este tipo de intentos de las empresas proveedoras de internet para aumentar sus ganancias y establecer monopolios en internet. A veces les han funcionado y a veces no. Hoy el riesgo está sobre nuestro país y sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos en internet. El IFT abrió un breve periodo de consulta que termina el próximo 6 de marzo. En este periodo recibirá opiniones, contrapropuestas y críticas a su iniciativa de reglamento. Diversas organizaciones de la sociedad civil están impulsando la campaña #Salvemosinternet en la cual explican los riesgos y posibles amenazas a la neutralidad de la red y nuestras libertades. Es momento de participar, informarse y defender nuestros derechos humanos en internet, recordar los principios de promoción, protección y disfrute del internet que obligan a los Estados a proteger estos derechos, reconocer su naturaleza mundial y abierta, y garantizar su libre acceso y nuestros derechos, ¡salvemos la neutralidad de la red! *Este texto fue escrito en colaboración con la Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun), que facilita procesos de capacitación para la reapropiación tecnológica y el uso de software libre. La organización forma parte

Iniciativa legal ciudadana por el agua

Sábado 15 de febrero de 2020 Miguel Concha  Siete años después del límite constitucional para contar con una Ley General de Aguas centrada en los derechos humanos, la semana pasada la energía ciudadana y de los pueblos desbordó el Congreso de la Unión, al presentar una iniciativa ciudadana para el nuevo marco legal. Su propuesta cumple cabalmente con la reforma al artículo 4 de la Constitución de febrero 2012, que mandata una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los pueblos. Está naciendo una nueva etapa en la gestión del preciado líquido en México. La actual Ley de Aguas Nacionales, de 1992, buscó sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad del líquido, sin contrapesos, vulnerable a los incentivos y presiones de los intereses. Desde entonces esta institución ha repartido más de 537 mil concesiones de aguas nacionales. Objetos de compraventa, en violación de vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos. Enfrentamos ahora el saldo de esta política fallida: 70 por ciento de nuestras aguas concesionadas están en manos de 2 por ciento de los titulares, incluyendo 77 mil concesiones otorgadas a terceros en territorios indígenas, sin consultar ni informar a los afectados. El presupuesto federal asigna sólo 4 mil millones para obras locales de agua y saneamiento, mientras gastamos 70 mil millones anuales en agua embotellada y 34 millones de mexicanos reciben agua en sus hogares sólo tres veces por semana, en ocasiones menos. Además, 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados. La iniciativa ciudadana propone remplazar el actual ejercicio arbitrario de la autoridad con planes rectores aprobados en consejos mayoritariamente compuestos por representantes de asambleas de pueblos originarios, afectados/as hídricoambientales, investigadores, sistemas comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas sustentables. Los funcionarios de los tres órdenes de gobierno se convertirían en “ejecutores“ de los planes y decisiones de los consejos, bajo la vigilancia de la Contraloría Social del Agua. Se reconocería el derecho de los pueblos a administrar el líquido en sus territorios y los sistemas comunitarios autogestionados contarían con personalidad jurídica y serían reconocidos como sujetos colectivos de derecho público. La iniciativa ciudadana no sólo prevé instancias democratizadas, además propone los instrumentos requeridos. Cualquier obra o proyecto que pudiera vulnerar el derecho humano o de los pueblos al agua requeriría de un dictamen de impacto sociohídrico favorable, que tendría que demostrar que este derecho básico no sería violado y que la población potencialmente afectada haya dado su consentimiento previo, libre e informado, en cumplimiento de la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No se permitiría la compraventa de concesiones y se disolverían los bancos del agua. Para poner fin a la sobrexplotación, el acaparamiento, la contaminación y la impunidad, los consejos regionales se enfocarían en los grandes concesionarios, esto es los que se beneficien con volúmenes mayores a mil millones de litros anuales. Estas concesiones serían bianuales (actualmente son hasta por 30 años) y su renovación sería automática, con ajustes por disponibilidad, y siempre que el titular compruebe que haya cumplido con sus obligaciones de medición, pago de derechos y la eliminación progresiva de contaminantes en sus descargas. Una defensoría del agua contaría con recursos públicos y abogados especializados para interponer litigios estratégicos y hacer que los grandes concesionarios violadores de la normatividad cubran el costo de la restauración a las comunidades y ecosistemas que hayan dañado. Lograr esta ley será una lucha en sí: los intereses han compenetrado la legislatura, y los principales cargos en Conagua están ocupados por funcionarios coludidos desde los tiempos de Calderón y Peña Nieto, salvo la directora general, quien intenta mantener la ley actual hasta 2023. Mientras tanto, miles de luchas por el agua en todo el país se están articulando para lograr una ley general que potencie sus esfuerzos en favor de la vida y frene los abusos de poder. A través de acuerdos de asamblea para proteger los territorios de la minería tóxica y el fracking; de acciones para revertir el derroche de recursos públicos en megaobras cuestionables; la elección de gobiernos locales mandatados para desprivatizar los servicios municipales; la oposición a cerveceras en zonas de estrés hídrico; de acciones de presión desde las vastas zonas populares que se han quedado en secas; la formación de comités de microcuenca; la elaboración de planes hídricos y las luchas por democratizar los distritos de riego, el proceso de construcción del buen gobierno del agua no se detendrá. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet

Relevo en la Coordinación General del CDHVitoria

El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. es una asociación civil de la Orden de Predicadores en México, sin fines de lucro e independiente de cualquier partido político. Por tres décadas y media nuestro trabajo se ha enfocado en la difusión, educación, investigación, promoción y defensa legal de los derechos humanos de forma integral y multidisciplinaria, en particular de los sectores más vulnerabilizados y discriminados. Por este medio, el equipo del CDHVitoria informamos a las organizaciones, articulaciones sociales, espacios institucionales y sociedad en general, que tenemos un relevo en la Coordinación General de esta organización. Queremos agradecer en primer lugar a Carlos A. Ventura Callejas, Coordinador General del Centro hasta ahora, quien continuará participando en la defensa de derechos humanos y la organización social desde otros espacios y quien al finalizar 2019 ha terminado su responsabilidad en dicho cargo luego de ocuparlo por tres años, además de participar por otros cinco años como colaborador, acompañando logros institucionales fundamentales y compartiendo su experiencia y en procesos en los que el CDH Vitoria es parte. De la misma forma, agradecemos y resaltamos su solidaridad y acompañamiento al equipo en valiosos ejercicios de crítica y autocrítica que han permitido la construcción de diversos procesos encaminados al fortalecimiento interno de la organización. Al mismo tiempo, compartimos con todas y todos que a partir de este mes de febrero de 2020, la Coordinación General estará a cargo de Esmeralda García Rivero, quien ha venido colaborando en esta organización desde la coordinación del Área de Fortalecimiento Institucional, participando en procesos fundamentales para el Centro Vitoria y trabajando en el robustecimiento de las capacidades de la organización con la intención de tener una más amplia capacidad de alcance con las instancias de la sociedad civil y movimientos sociales con los cuales colaboramos. Este cambio en la Coordinación General reafirma nuestra apuesta colectiva por la defensa integral de los derechos humanos desde una postura política crítica y transformadora, también con el compromiso que debe fortalecerse desde la perspectiva del cuidado y el ánimo de seguir colaborando en la construcción de procesos de liberación, ajenos a toda forma de opresión y discriminación. En el CDHvitoria estamos convencidas y convencidos de que este relevo fortalecerá el trabajo que ya se viene realizando en acompañar de manera sensible y comprometida a las personas, comunidades y grupos que están construyendo espacios de defensa de derechos humanos y resistencia frente la crisis de derechos humanos que persiste en nuestro país y la región. En la actualidad, el equipo del CDHVitoria está conformado por alrededor de 25 personas, la mayor parte jóvenes, que colaboramos en procesos como la Escuela de Personas Jóvenes Defensoras de DH (que este año alcanza su 18va generación), el seguimiento e implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos (2019-2024), la solicitud de la Alerta de Género en la Ciudad de México, así como la organización e implementación de diversas acciones de educación, formación y acompañamiento integral a personas defensoras de DH, víctimas y sus familiares, así como con movimientos sociales y organizaciones populares. La comunicación con la Coordinación General será a través del correo electrónico coordinacion@derechoshumanos.org.mx y del teléfono 56596797 ext. 227. Nuestra solidaridad está en los procesos colectivos donde se colabora en la construcción de Otro Mundo Posible. Les enviamos un cordial saludo. Atentamente: Equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]

Empresas y derechos humanos

Sábado 08 de febrero de 2020 Miguel Concha  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 23 de abril de 2019 la resolución 24/2019, en la que constata los daños ocasionados a la salud de pobladoras y pobladores, así como la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a la contaminación de un basurero operado por la empresa Proactiva Medio Ambiente Tuxtla SA de CV, instalado cerca de esa comunidad. Cabe señalar que en nuestro país se han presentado numerosos casos similares a los de ese ejido, casos en los que, si bien es cierto que se denuncian violaciones a los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), el Estado no interviene para sancionar a los responsables y reparar los daños. A este respecto la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH publicó en noviembre de 2019 el informe Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos, resultado de los esfuerzos por identificar las obligaciones internacionales de los estados en torno a los derechos humanos y a las acciones de empresas que vulneran los Desca. Y así, uno de los principales objetivos de este informe es presentar un análisis regional de la situación de las empresas y los derechos humanos, para luego, con base en ello, formular recomendaciones a los estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y al propio sector empresarial. La CIDH resalta en este informe la labor de la sociedad civil, ya que además de participar en las mesas de trabajo, para la elaboración de este documento, monitorea el seguimiento y la implementación de las recomendaciones propuestas, tanto para prevenir medidas que violenten los Desca, como para cerciorarse de que, ante las violaciones de las empresas, el acceso a la justicia y las medidas de reparación estén al alcance de la población. De este modo, cada Estado de la OEA debe asegurarse de que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, pueblos, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Cuando hablamos de personas, pueblos y comunidades indígenas, las afectaciones implican, además, el despojo de sus territorios, lo que muchas veces termina en desplazamientos forzosos y en ataques directos a defensoras y defensores de la tierra, los territorios y el medio ambiente. Por ello, una de las medidas propuestas por la CIDH es consultar de manera previa, libre e informada, y se entiende que también culturalmente adecuada, a las personas, pueblos y comunidades indígenas, antes de que cualquier proyecto afecte sus tierras, territorios y los bienes comunes que históricamente han tenido a su cargo, e igualmente tomar medidas que reduzcan los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales e, incluso, los que afecten sus cosmovisiones. La aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados, en el contexto de las actividades empresariales, implica la adopción de marcos normativos claros para asegurar que las empresas realicen, entre otras cosas, evaluaciones de los efectos de sus actividades en el extranjero sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que las víctimas accedan a la justicia ante los tribunales del Estado de origen. Esto se puede ejemplificar muy bien con los casos de distintas mineras canadienses que, instaladas en países como México y Guatemala, han ocasionado graves daños al medio ambiente y violentado los Desca de sus habitantes. En el contexto latinoamericano, en el que históricamente se han sufrido abusos de poder por parte del Estado, muchas veces en complicidad con las empresas trasnacionales, tienen que tomar relevancia los procesos de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición, así como la efectiva rendición de cuentas de los actores económicos. Todo lo cual hará que las empresas adopten cada vez más medidas que atiendan las problemáticas del cambio climático, y que, por mencionar sólo algunos ejemplos, se limite su participación e influencia en la toma de decisiones públicas. Por último, y a pesar de que este informe brinda pautas a los estados para el actuar de las empresas privadas en relación con los derechos humanos, las recomendaciones emitidas siguen siendo insuficientes en una nación como la nuestra, donde se sigue permitiendo que las empresas violen los derechos humanos en nombre del desarrollo. Un país en el que continúa la impunidad de casos como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de Grupo México, y en el que se realizan además varios megaproyectos promovidos por el Estado y las empresas. Resulta, por consiguiente, necesario el cumplimiento y seguimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales que México ha ratificado, como es el caso de este informe, así como la revisión, adecuación y vigilancia de los marcos normativos internos para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por la República Mexicana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet

Corrupción y derechos humanos

Sábado 01 de febrero de 2020 Miguel Concha  Nuevamente estamos atestiguando acusaciones por presuntos actos de corrupción contra funcionarias y funcionarios que ocupan u ocuparon cargos públicos en el gobierno mexicano, algunos de alto nivel. Y, por lo que parece, no dejaremos de hacerlo. De ahí que, desde la perspectiva de los derechos humanos, el análisis acerca del fenómeno de la corrupción y la búsqueda de soluciones son tareas, digámoslo así, de carácter permanente y obligatorio. A este respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o Comisión), organismo que promueve y defiende los derechos humanos en el continente americano, recientemente publicó un informe temático titulado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. En términos generales, la Comisión analiza en el informe los avances y desafíos en torno a la corrupción, y propone iniciativas regionales, nacionales y locales que articulen estrategias efectivas para enfrentarla y erradicarla. En este mismo espacio hemos señalado en otras ocasiones que la corrupción, vista desde el prisma de la complejidad, es uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, el cual afecta la vida, la dignidad y los derechos humanos de personas y colectivos. Igualmente, la corrupción es un fenómeno sistémico y sistemático, lo que implica que un acto corrupto puede convertirse en una espiral de magnitudes indeseables que deviene, como en un cáncer, en una metástasis que invade y perjudica otros órganos vitales mediante distintos sistemas, como el circulatorio. Considerando lo anterior, y retomando la resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos realizada por la Comisión, digamos que la corrupción, en tanto fenómeno complejo, genera numerosos impactos negativos. Por ejemplo, sobre la democracia, el Estado de derecho y la libertad de prensa. Ello no obstante, nuestro objeto de reflexión afecta sobre todo integralmente los derechos humanos; es decir, los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. De este modo, la corrupción agrede sobre todo a los grupos que histórica y estructuralmente, y por diferentes causas, se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, discriminación u opresión. Los que, en palabras del jurista argentino Roberto Saba han sufrido tratos desiguales y sostenidos, provocando su sometimiento, marginación, exclusión y segregación. En nuestro país entre ellos se encuentran las niñas y los niños, las juventudes, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y las personas LGBTI, que habitan o transitan por el territorio mexicano, por mencionar algunos. Por tanto, un acto corrupto perjudica directa o indirectamente, y de manera proporcional, el goce y ejercicio de los derechos humanos de personas y grupos, debido al abuso o desviación del poder público o privado. Lo cual, en consonancia con la CIDH, es perpetrado por actores que establecen estructuras que capturan instituciones mediante diversos esquemas criminales. Unos de ellos, los sobornos o prebendas indebidas solicitadas por funcionarias y funcionarios a cambio de servicios públicos. Esto, además del especial debilitamiento de las instituciones responsables de impartir justicia, provoca necesariamente el desplazamiento de intereses públicos o generales, como es el caso de la seguridad, la educación o la salud, los cuales son indebidamente sustituidos por beneficios privados personales o de terceros. Aparte del valioso análisis sobre los efectos de la corrupción, el informe de la Comisión también advierte sobre quiénes son las personas y los grupos que, en función de su rol en la lucha contra ella, merecen una atención especializada. Así, la CIDH identifica principalmente a los defensores y defensoras de derechos humanos, los y las luchadoras medioambientalistas, las y los periodistas, ciertos funcionarios y funcionarias, testigos y denunciantes, frente a quienes el Estado, en nuestro caso el mexicano, tiene la especial obligación de protegerles de cara a las posibles violaciones graves a derechos humanos que pudieran sufrir, y a los riesgos a que están expuestos. Finalmente, si el Gobierno mexicano pretende erradicar la corrupción, tal como lo establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es absolutamente necesario que adopte políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y que implemente estrategias de lucha anticorrupción, donde efectivamente se incluya a periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensoras de derechos humanos, iniciativa privada y a la sociedad en general. Resulta igualmente fundamental que considere los análisis en la materia elaborados por organismos internacionales como la CIDH, y ponga en marcha acciones que la Comisión, en el contexto de su mandato y atribuciones, puede llevar a cabo, mediante mecanismos, como el monitoreo, las medidas cautelares, el conocimiento de peticiones, la cooperación técnica y la tramitación de casos individuales. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : DW

CONVOCATORIA : Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de DH 2020

La Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos (EPJDDH), llamada con cariño “Escuelita”es un proceso que acompaña y forma parte del proyecto político educativo del CDHVitoria. En el contexto político, económico y social del país, «La Escuelita» busca contribuir, desde y con diversas juventudes, a la construcción y fortalecimiento de procesos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos, al igual que a la construcción de paz. La apuesta es por la creación de espacios con un sentido crítico, que surjan a partir de compartir experiencias, sentires, saberes y reflexiones tanto de las juventudes participantes, como de sus comunidades. Espacios que posibiliten, a su vez, ecos y articulaciones con otros lugares, territorios e identidades que tengan como horizonte común actuar hacia la realización y dignificación de un mundo más justo, que respete la autonomía y pluralidad de las colectividades. «La Escuelita» es un espacio dirigido a las juventudes con duración de ocho meses que tiene como objetivo facilitar herramientas teóricas y prácticas encaminadas a construir saberes, actitudes, habilidades y experiencias con respecto a los derechos humanos, desde una aproximación crítica y transformadora.

El derecho a la verdad

Sábado 25 de enero de 2020 Miguel Concha  El pasado jueves inició la Caminata por la verdad, justicia y paz, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), integrantes de la familia LeBarón, y otras y otros activistas. La Caminata partió de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, llegó ayer a la Ciudad de México, y mañana domingo arribará a Palacio Nacional para pedirle al Presidente, a pesar de su negativa a recibirla, por lo menos tres cosas: volver a colocar la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad del país; construir desde esta agenda una política sólida de Estado, y llamar a la unidad para que, en torno a la verdad y la justicia, todas y todos nos aboquemos a esta tarea. Semanas atrás el poeta y activista Javier Sicilia profirió una afirmación que se ha convertido en una de las grandes críticas del MPJD contra la política de seguridad y búsqueda de la paz del gobierno: “Sin verdad […] no habrá jamás justicia ni paz ni seguridad, mucho menos reconciliación ni la amnistía con la que sueña el Presidente […] no habrá tampoco transformación, no habrá vida política. Lo que habrá es más violencia, más dolor, más olvido, más impunidad, más muerte y más fosas”. Dado que la verdad es el punto de partida de la agenda propuesta por el MPJD, en tanto uno de los principios de la también llamada y debatida justicia transicional, centraremos nuestras reflexiones desde el horizonte del derecho a la verdad. Adecuando una idea del filósofo griego Aristóteles, consideremos que la verdad puede decirse o entenderse de muchas maneras, una de ellas bajo la perspectiva de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la verdad? A este respecto la Ley General de Víctimas señala que todas las víctimas en México, sus familiares y la sociedad en general tenemos el derecho de conocer los hechos constitutivos de un delito y de las violaciones a los derechos humanos, la identidad de las y los responsables, y las circunstancias que hayan propiciado su comisión. El derecho a recibir información específica, participar activamente en la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo a expresar nuestras opiniones y preocupaciones. En contraparte, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, la cual busca principalmente el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica, la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos y la superación de la impunidad. Y por lo que se refiere a instrumentos foráneos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, expresa que el derecho a la verdad obliga al Estado a iniciar investigaciones y a prevenir y sancionar actos que obstaculicen averiguaciones en casos de violaciones a derechos humanos. A su vez, el Informe sobre el derecho a la verdad, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/15/33) habla de los mecanismos de protección de testigos, víctimas y otras personas en los procesos de investigación que pretenden esclarecer diversas violaciones a derechos humanos. En tanto, la resolución 12/12 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce la importanciade preservar la memoria histórica en casos de violaciones y violaciones graves a derechos humanos. Pese a la existencia de estos y otros instrumentos, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, constatamos que el derecho a la verdad tiene limitaciones considerables en México, debido, entre otras causas, a los altos niveles de corrupción e impunidad, a las redes de macrocriminalidad, en las que participan delincuentes, funcionarios, políticos y empresas, y a las fallas estructurales en las instituciones que administran y procuran justicia. Y así, de cara a una aparente justicia transicional gubernamental sin transición, ya que sólo se atienden situaciones particulares o casos aislados, no se generan todas las condiciones para que haya una transición completa y radical, la cual transforme normativa y estructuralmente el orden social y político del país. Y ante la falta de políticas integrales y sólidas de Estado para enfrentar y erradicar la crisis actual de derechos humanos, es vital implementar procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición por medio de mecanismos efectivos (ordinarios y extraordinarios) que atiendan las causas y consecuencias de las violencias sistémicas, sistemáticas y extremas, privilegiando la participación de las víctimas y sobrevivientes, y articulando a organizaciones de la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales, los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos, la iniciativa privada y las autoridades. Sin verdad difícilmente habrá acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición para las miles y miles de víctimas y sobrevivientes en la nación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar

Juventino

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Guadalupe

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