Derechos humanos y neoliberalismo
El capitalismo neoliberal se ha vuelto más extensivo y depredador, pasando por encima de todo lo que les impida incrementar sus márgenes de ganancia, incluida la vida humana y el futuro de nuestras nuevas generaciones.
Área natural protegida del lago de Texcoco
Tras dos décadas de resistencia, creatividad y ardua lucha de los pueblos del FPDT, en 2020 se generó una propuesta que ahora conocemos como Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco.
Una propuesta alternativa al neoliberalismo
La teología crítica busca ayudar a visibilizar algunas de las complejidades y problemáticas que nos atraviesan y lo más difícil, encontrar líneas de acción que transformen las estructuras de violencia y desigualdad en mundos de paz.
Justicia para trabajadores agrícolas migrantes
Mientras el gobierno estadunidense clasificó a los trabajadores agrícolas migrantes como esenciales, se han puesto de relieve en este sector las condiciones precarias de trabajo y los riesgos que enfrentan.
La dignificación salarial en México
Durante cuatro décadas los incrementos salariales crecieron a tasas muy bajas, pues eran fijados de acuerdo con la inflación proyectada y buscaban mantener una política de ofertar una mano de obra barata y productiva.
Derechos Humanos desde abajo
📰 ¿Cómo es que se ha ido generando un contenido contrahegemónico y crítico de los derechos humanos? Ello ha sido posible gracias a los procesos organizativos de actores sociales y populares en el mundo, particularmente del sur global
Fraternidad y amistad social
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Rufino Tamayo Por: Miguel Concha Sábado 17 de octubre de 2020 Como analizó magistralmente Bernardo Barranco en su colaboración del pasado miércoles, el 3 de octubre el papa Francisco firmó su cuarta Encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social. En ella recoge y profundiza de manera estructurada sus mensajes, homilías y alocuciones, asumiendo también el parecer de diversas conferencias episcopales, y complementa su anterior Encíclica en materia social sobre el cuidado de la creación. Escrita originalmente en castellano, no en latín, ni en francés, ni en inglés, lleva en italiano como título, en todas sus versiones lingüísticas, una frase paradigmática de quien ha sido su faro inspirador durante los siete años y medio que ha estado al frente de la Iglesia católica romana: Fratelli Tutti, Todos Hermanos, de un cristiano que fue fiel al evangelio de Jesucristo, sin glosa alguna, Francisco de Asís. Ya se ha dicho con razón que en ella el Papa condena el dogma del neoliberalismo y rechaza la absolutización del mercado, así como la globalización vigente, que en todo caso nos hace socios, pero no hermanos. Y que, en consonancia con la crítica de muchos teóricos sociales y filósofos actuales, pone en duda el antropocentrismo de la civilización industrial y tecnológica moderna, causa de muchas de las densas sombras que padecemos, y propone en cambio un nuevo paradigma: el del hermano, el de la fraternidad y la amistad social, que en términos cristianos es la expresión máxima de la caridad. Dada la riqueza conceptual de la Encíclica, que según Leonardo Boff constituirá para la Iglesia católica en adelante un marco nuevo social, se han sugerido para entenderla mejor varias claves de lectura. En México, el Observatorio Eclesial, un espacio de articulación ecuménica de análisis socio-religioso y de formación socio-teológica, que agrupa a distintos centros ecuménicos y de inspiración cristiana, propone siete, que no por ser ya muy repetidas en nuestros medios por algunos y algunas hoy en día, dejan de ser urgentes: 1) Que la humanidad dé un salto después de la pandemia a una nueva forma de vida. 2) Que caminemos todos juntos, como hermanos y hermanas, desde abajo, cada uno con la riqueza de su fe, sus convicciones y su propia voz. 3) La igualdad radical y misma dignidad de todos los seres humanos, así como el reconocimiento de todos los derechos de todos. 4) El respeto a la dignidad del ser humano y el reconocimiento de sus derechos como fuente de creatividad e ingenio. 5) La entrega sincera de sí mismo a los demás, como condición de su desarrollo y plenitud. 6) La cultura del diálogo como camino, de la colaboración común como conducta, y del conocimiento recíproco como método y criterio; y 7) la paradoja de que muchas veces quienes se dicen no creyentes viven mejor la voluntad de Dios que los creyentes. Pero dado que el Papa en el capítulo segundo de la Encíclica hace un análisis riguroso de los diversos personajes que entran en escena en la parábola del buen samaritano, a propósito del Evangelio de Lucas 10,25-35, y los aplica a la economía política, culminando con la pregunta ¿con quién te identificas? (con el malherido en el camino; con el sacerdote indiferente; con el levita que pasa de largo, o con el samaritano adversario y despreciado que lo auxilia), me ha parecido importante retomar casi literalmente el análisis que hace de la Encíclica el teólogo jesuita Víctor Codina. 1. Los asaltantes son aquellas personas y estructuras económicas, sociales y políticas del neoliberalismo y del populismo; corporaciones y multinacionales que producen víctimas, desigualdades, descartados, refugiados (…); no ayudan a que todos tengan techo, trabajo y tierra, fomentan la ideología del mercado y el consumismo, y todo ello con una globalización que destruye culturas y busca únicamente el lucro, las ganancias y el bienestar material etcétera. 2. El hombre herido son todas las víctimas del sistema. Ha habido un retroceso respecto del pasado y la pandemia ha desnudado estas situaciones de marginación y vulnerabilidad de los pobres, los recursos sanitarios para todos y las diferencias sociales entre países y continentes. Existe el peligro de que la vacuna no llegue a todos. 3. Los que pasan de largo son dirigentes políticos, sociales e incluso religiosos que no se comprometen, buscan sus intereses nacionales o populares, se limitan a pronunciamientos, se dejan corromper, no cumplen lo prometido, cierran los ojos a los desastres de las multinacionales, creen que la situación no es tan grave, que la ciencia y la técnica todo lo arreglará, o por el contrario, que todo está tan mal que ya no hay remedio. 4. El buen samaritano representa a todas las personas de buena voluntad que desde cualquier religión o sin ella ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colaboración de los demás. Son aquellos que van más allá de su cultura y nación. Que se abren a toda la humanidad, al extranjero, al pobre y al necesitado. Haciendo la salvedad que no se trata de un cambio global de sociedad.
Mujeres migrantes
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Peg Hunter Por: Miguel Concha Sábado 05 de septiembre de 2020 La pandemia por Covid-19 ha visibilizado y agudizado aún más la crisis migratoria en nuestro país. Según António Guterres, secretario general de la ONU, en el contexto de la pandemia las personas migrantes encaran tres crisis que se combinan en una: sanitaria, socioeconómica y de protección (https://cutt.ly/ifx8UJ0). Éstas impactan negativa y diferenciadamente en las niñas, adolescentes y mujeres migrantes que habitan o transitan por México, y cuya condición de vulnerabilidad aumenta exponencialmente las afectaciones y la violencia diaspórica que sufren, si además son población trans o padecen enfermedades. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 48 por ciento de los 272 millones de personas migrantes en el mundo son mujeres. Es decir, casi 131 millones. Por ejemplo, tan sólo 412 mil 12 mujeres emigraron de Honduras a Estados Unidos durante 2019, pasando por México. Ahora bien, en su tránsito por nuestro país, las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades migratorias y de particulares. Considerando el principio de interdependencia de los derechos humanos, entre los derechos violados se encuentran la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad de tránsito, la unidad familiar, la salud, la integridad personal, la vida, los principios de no devolución, el interés superior de la niñez, y la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC han acompañado el caso de una mujer hondureña, cuyo nombre será reservado para preservar su integridad. En julio ella y una amiga emprendieron un viaje hacia Estados Unidos, con la ilusión de rencontrarse con una de sus dos hijas, la cual fue separada de su lado sin su consentimiento por parte del padre biológico de la menor, quien se la llevó a aquel país. De esta forma pasaron la frontera y llegaron a Arizona, pero autoridades migratorias estadunidenses las detuvieron y deportaron a Ciudad Juárez, donde sus pares mexicanos las obligaron a firmar una deportación voluntaria, sometiéndolas, mediante coacción y violencia sicológica, a la figura del retorno asistido y amenazándolas con que permanecerían indefinidamente en la estación migratoria y no verían nuevamente a sus familias. Incluyendo su estancia en la Ciudad de México, desde Ciudad Juárez hasta Honduras se pudo constatar su incomunicación casi total con el exterior, así como la permanente exposición a contraer Covid-19 por el hacinamiento y las condiciones insalubres de las estaciones migratorias, e igualmente que éstas comparten características de los centros penitenciarios: desde las narrativas de detenciones sin conocer sus derechos en el proceso legal y prácticas de poder asimétricas con las que se estigmatiza a las personas por migrar o ser presuntamente responsables de un delito, sin tener la oportunidad de participar activamente en su proceso. La documentación y los testimonios de las propias víctimas permiten constatar que lamentablemente éste no es un caso aislado, sino que es un patrón estructural, ya que al realizar detenciones, retenciones indefinidas, retornos forzados y deportaciones, las autoridades migratorias mexicanas violan sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, contraviniendo con ello no sólo la Constitución mexicana y la Ley de Migración, sino también el derecho internacional, destacando la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará y las Observaciones Finales del Noveno Informe Periódico de México, elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por mencionar algunos ejemplos. Saludamos los esfuerzos del Estado mexicano en materia migratoria, pero esperamos que la queja interpuesta por este caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos genere una recomendación con una visión estructural y no sólo casuística, para que el Estado mexicano adopte en materia migratoria una perspectiva de seguridad humana y no de seguridad nacional, la cual garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, especialmente en el contexto de la pandemia. Y en cumplimiento de sus obligaciones generales y deberes específicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades adopten condiciones óptimas en los centros migratorios y no las simulen cuando sean supervisadas. Además, que transversalicen el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior de la niñez, las perspectivas interseccional y de género, así como el enfoque diferenciado que considere los riesgos específicos de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes.
Etnocidio en Sonora
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 01 de agosto de 2020 Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces, para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. En su poema Cuando muere una lengua Miguel León Portilla nos recuerda la importancia del México multicultural. Hoy, en plena pandemia, a causa del Covid-19, un megaproyecto impulsado por intereses industriales está desplazando al pueblo guarijío. Se trata de la presa Los Pilares, en Sonora. Armando Haro y Ramón Martínez revelan en el libro Patrimonio biocultural y despojo territorial en el Río Mayo (2019), publicado recientemente por El Colegio de Sonora, los atropellos e ilegalidades del proceso que hoy amenaza a los guarijíos. Es innegable que los pueblos originarios de nuestro país y su herencia cultural han sido histórica y sistemáticamente agredidos por el desarrollo occidental, llevándolos casi al borde del exterminio. Con una óptica mercantilista, se les ha despojado de sus recursos naturales, sus expresiones culturales y costumbres, vulnerando así sus derechos esenciales. En nuestros días este despojo territorial y cultural, aunado al desplazamiento forzoso de diversas comunidades, se ha incrementado debido a los nuevos megaproyectos y desarrollos industriales. Para los guarijíos los territorios no significan lo mismo que para la visión occidental. Para ellos el territorio es la base simbólica que sustenta su origen y los identifica culturalmente. La naturaleza es, además, un ente sagrado y polimorfo en el que moran subjetividades de los seres vivos y de los antepasados inanimados. Así lo expresa un líder guarijío: los Pilares para nosotros es un lugar importante y sagrado, ya que en estas aguas estancadas y termales es donde nuestros antepasados y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas, arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes y para ser buenos jinetes. Por ello, el valor biocultural del territorio que pretenden arrebatar a los guarijíos va más allá del valor comercial que sirve para satisfacer intereses mineros y de la agroindustria. Nada de esto importó, pues la presa se inició sin tomar en cuenta ni a las comunidades originarias, ni al impacto socioambiental que ella tendría. Primero se justificó con la excusa de generar energía y expandir la agroindustria, y luego, debido a la resistencia de los guarijíos, con el argumento de que era necesaria para la protección civil. Según lo exponen Haro y Martínez, parece que la verdadera razón se esconde en los vastos yacimientos no explotados de plata y otros minerales que hay en territorio guarijío. Desde el inicio la manifestación de impacto ambiental (MIA) tuvo grandes deficiencias y se descuidaron aspectos cruciales, como los riesgos al patrimonio biocultural y la opinión de los guarijíos o el necesario enfoque de cuenca para valorar el impacto en la biodiversidad, la cultura y el bienestar de todas las personas ahí asentadas. Aunado a otras graves irregularidades, las autoridades judiciales también cometieron diversos atropellos ante los múltiples amparos que promovieron los guarijíos. Algunos fueron desechados por considerar sobreseimiento o, cuando al fin se concedían, eran parciales, pues sólo se otorgaban para efecto de no desplazarlos, pero se permitía la continuación de las obras, aunque ambos fueran parte del mismo proceso y no obstante que las obras en sí mismas implicaran un riesgo de desplazamiento. Finalmente, a inicios de 2019, después de cinco años de juicios y siete de lucha, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal. El juez también anuló la MIA y el permiso de construcción de la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar la presa, a pesar de las denuncias y amparos. Los han aislado, no pueden acceder a los terrenos de siembra y han limitado su suministro de agua. Para amedrentarlos, el gobierno ha llegado incluso a negarles, ilegalmente, servicios básicos, como el suministro de agua potable o el acceso a los apoyos federales, al grado que los llevaron al borde de la hambruna. Además, quien se niega a ceder sus territorios, ha sido víctima de amenazas e intentos de soborno por parte de las autoridades. Hoy la presa se ha llenado, y al abrir las compuertas, sin aviso previo, se han inundado todos los caminos hacia las comunidades guarijías. Las comunidades de Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo tendrán que ser desplazadas forzosamente de sus tierras ancestrales si el nivel de agua sube como temen los pobladores. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe ante este caso. No sólo están despojando a un pueblo de su territorio, en los hechos, lo están sentenciando a muerte. Agradezco la contribución de Daniel C. Santander en la elaboración de este texto.
El Tmec y el campo mexicano
Editorial | Columna en la Revista Contralínea 📰 24 de marzo de 2020 Por: Víctor Manuel Chima | Davy Perlman El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) fue firmado en noviembre de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después de 1 año de negociaciones y modificaciones, y ya durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Tmec fue ratificado por la Cámara de Senadores en México a finales de 2019, y luego por el Poder Legislativo de Estados Unidos en enero de este año, por lo que ahora sólo falta la aprobación por parte de Canadá para que, después de 90 días de su ratificación absoluta, el tratado entre en vigor reemplazando al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años no sólo se redujeron los apoyos directos a la producción agrícola, como los precios de garantía, sino que tampoco se desarrollaron políticas públicas de acceso a financiamiento e infraestructura que permitieran a productoras y productores campesinos ingresar a mercados de exportación. La parte del Tmec enfocada en la agricultura es, en muchos aspectos, una continuación del TLCAN debido a que, entre otras cosas, refuerza la imposición de políticas de libre mercado en regiones que aún conservan su colectividad, y en las que hace falta apoyo financiero y tecnológico que favorezcan la producción de alimentos de consumo local y nacional, para poder competir con grandes productores y preservar las formas de producción tradicionales. Así, las políticas del libre mercado buscan los mayores índices de producción al menor costo, lo que deriva en un mayor consumo. Por otro lado, el modelo agroindustrial que se impuso desde el TLCAN y se hereda ahora en el Tmec, se enfoca en la producción masiva sin atender la inocuidad, la calidad y el valor nutricional de los alimentos, ni tampoco los daños que ocasiona en el medio ambiente, en la salud de productores y consumidores, y en elementos bioculturales de las comunidades campesinas, como los procesos tradicionales de modificación de semillas y las mismas semillas nativas. Con respecto a la propiedad privada, un punto problemático del Tmec es el requerimiento al Estado mexicano de confirmar el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que establece la capacidad de patentar nuevas variaciones de semillas, particularmente por parte de empresas. México había confirmado el Convenio UPOV de 1978 con la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), pero todavía no ha firmado la actualización de 1991. Quienes proponen la confirmación del acta UPOV 91 sostienen que es necesaria para crear un incentivo de inversión en la creación de nuevas variedades de semillas más resistentes a las sequías o con mayor rendimiento, pero no consideran los daños que ocasionará en las comunidades campesinas, en las variedades de semillas de maíz, incluso las violaciones a derechos humanos, ya que no permitieron la participación por la parte de las comunidades afectadas por los cambios en la ley. El diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez presentó en febrero de 2019 una iniciativa de reforma a la LFVV que, en sintonía con el acta UPOV 91, no sólo facilita la privatización de semillas nativas, sino que también criminaliza a “quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento”, con sanciones de dos a seis años de prisión, entre otras medidas similares. El sistema informal de intercambio de semillas por parte de comunidades campesinas ha permitido la diversificación del maíz con más de sesenta razas, las cuales pueden crecer en climas y suelos distintos. A simple vista no es posible identificar una semilla protegida, por lo que las amenazas de prisión y multas considerables reducirían la eficacia del sistema de intercambio que ha existido desde siglos atrás. El artículo tercero de la iniciativa de reforma a la LFVV dice que un propósito de la ley es “proteger el uso de variedades vegetales utilizadas por las comunidades rurales cuyo origen es el resultado de sus prácticas, usos y costumbres y que tendrán el derecho de explotarlas tradicionalmente, derecho que deberá expresarse claramente en el Reglamento de esta Ley”. Esta condición no es suficiente, ya que los intercambios son informales y también pueden incluir las semillas comerciales. Las semillas de los intercambios no vienen con documentación sobre sus orígenes, y por eso la frase “cuyo origen es el resultado de sus prácticas” es demasiado vaga. De este modo, existe el riesgo de que las semillas cuyo origen es el resultado de las prácticas tradicionales, también incluyan material genético de las semillas patentadas, poniendo en peligro a campesinas, campesinos, y a las mismas comunidades. Sin acceso a las semillas de intercambio, miles de campesinas y campesinos tendrían que decidir entre salir de sus comunidades para proveer de lo necesario a sus familias, o arriesgarse a ser dependientes de las semillas de las empresas. La privatización de las semillas es un peligro gigantesco en una sociedad en la que muchos campesinos y campesinas dependen del intercambio anual de semillas para siembra, lo cual es aún más peligroso en el caso de México, al ser el centro de origen de semillas como el maíz. El acervo genético de maíz mantiene su diversidad debido a que campesinos y campesinas intercambian las semillas. Por consiguiente, el derecho a la alimentación, el derecho colectivo a la biodiversidad y el derecho a la salud, se verán restringidos con la aprobación del T-MEC, y de ser aprobada la reforma a la LFVV, de igual manera los costos de producción incrementarían, y la agricultura para el autoconsumo sería afectada con el riesgo de prosecución por el uso de semillas patentadas, incluso si son resultado del intercambio
