El racismo de Trump
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de enero de 2018 Miguel Concha Dada su trayectoria y su constante reincidencia, cada día más agresiva, las expresiones soeces y ofensivas que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, profirió contra los migrantes salvadoreños, haitianos y africanos no hacen más que confirmar su racismo, con todas sus funestas consecuencias en pleno siglo XXI. A ello contribuye de manera contundente su prurito por discriminar absurdamente a las personas y grupos simplemente por su origen nacional y étnico, y es esto lo que más nos debe preocupar de manera ética y política. Un signo más de la abyecta crisis de civilización a la que nos han venido arrastrando muchos irresponsables tomadores de decisiones políticas, con sus aplaudidores obnubilados. Y ello más allá de sus forzadas rectificaciones posteriores y de que atrevidamente pretendamos juzgar de sus intenciones, pero sí teniendo claramente en cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca y de que a cualquiera se le conoce más por lo que hace que por lo que dice. El racismo es en efecto un sentimiento o comportamiento que consiste en la exacerbación del sentido racial de un grupo ético que suele también manifestarse como el menosprecio de otros grupos. Como lo podemos observar en Estados Unidos, puede plantearse como una doctrina antropológica o política que incluye la persecución de los grupos étnicos considerados como inferiores, tal y como sucedió, por ejemplo, en la Alemania nazi, y como lamentablemente todavía sucede con el Ku Klux Klan. El exterminio de los grupos atacados, la anulación o disminución de los derechos humanos de los sujetos y grupos discriminados, forman parte de los objetivos y de las consecuencias del racismo y es habitual que se justifique en teorías seudocientíficas o que se apoye en la manipulación de datos estadísticos. Puede estar también vinculado a otras manifestaciones de odio, como la xenofobia y la homofobia. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial postula que la igualdad y la dignidad son inherentes a todos los seres humanos. Ello no obstante, a raíz de la toma del poder por Trump los discursos de odio y exclusión han marcado no sólo en Estados Unidos la escena política y social mundial. A esto se suma el contexto de interdependencia generada por la globalización y las redes digitales, que con este tipo de actores en puestos de decisión se traducen en nuevos medios de réplicas del odio, tanto a nivel individual como colectivo. Tenemos por tanto a una de las personas más intolerantes encabezando el gobierno de Estados Unidos y esparciendo en segundos, a través de tweets, mensajes xenófobos y racistas. Los discursos públicos de xenofobia en los que se ha visto involucrado, y sus actos de discriminación racial, han caracterizado no sólo su papel dentro de la escena política actual, sino también, de acuerdo con lo reportado por distintos medios estadunidenses, gran parte de la trayectoria de su vida. Son conocidos los casos en los que la compañía inmobiliaria de la que es propietario fue demandada dos veces en 1970 por rechazar la renta de departamentos a personas afrodescendientes, prefiriendo, en cambio, alquilarlas a blancos ejecutivos. O el caso que se dio en 1989, cuando mediante publicaciones en periódicos de Nueva York, reclamó la pena de muerte para cinco jóvenes afroamericanos y latinos acusados de violar a una mujer blanca, incluso después de que fue demostrada su inocencia. Otros casos han sido su vinculación con grupos supremacistas como el Ku Klux Klan y las recientes críticas lanzadas contra referentes de la comunidad afroamericana. Además, ha replicado en redes sociales, sin disculparse, mensajes de nacionalistas blancos y lanzado ataques constantes a la comunidad latina, principalmente contra personas mexicanas. Incluso antes de que iniciara su mandato no ha cejado de ultrajar a nuestro país con mentiras y calumnias. A pesar de todo ello, y por increíble que parezca, Trump declara que no es racista. Declaración falsa que emitió después de la controversia suscitada por comentarios realizados en una reunión privada en la Casa Blanca, en la que se discutía sobre temas migratorios. Él se refirió entonces a las naciones africanas como shithole countries (países de mierda). El senador Richard J. Durbin aseguró que este fue el término utilizado por el presidente estadunidense y por ello varias naciones han expresado su rechazo inmediato a este tipo de discurso que incita al odio, tanto a nivel local, como entre los diferentes Estados. Todavía más: cabe recordar que poco después de iniciado su periodo presidencial, se dio en Estados Unidos la noticia de agresiones a personas afrodescendientes y musulmanas y de la quema de varias mezquitas por grupos supremacistas blancos. Además del suicidio de por lo menos seis personas trans relacionadas con el triunfo de Trump en las elecciones. Más allá de las declaraciones y supuestos, no se puede negar que él es alguien que, posicionado en una esfera económica, política y social de poder, ha utilizado los medios disponibles para legitimar discursos y prácticas de odio. Pareciera que su objetivo principal es lograr una limpieza étnica en uno de los países con más diversidad en la actualidad y que es desde su origen un país sostenido por migrantes. Las sociedades de nuestro continente estamos conscientes de los riesgos que representan el racismo y la xenofobia, sobre todo cuando éstos se ven respaldados de alguna manera por el aparato estatal. Frente a los discursos que pretenden perpetuar el abuso de poder en beneficio de los intereses del sistema blanco, sobre la integridad y la dignidad de todas las personas y grupos afrodescendientes y latinos, debe anteponerse la reivindicación de todos los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: RachelRayner [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Pendientes en derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de enero de 2018 Miguel Concha Terminamos un año lleno de contrastes, pues mientras quienes detentan el poder se limitan a administrar los conflictos, y se esmeran en reprimir legal o fácticamente a las personas y comunidades, los movimientos, organizaciones sociales y víctimas se centran en resolver de fondo lo que les aqueja día con día. Para nuestra desgracia, y en relación con la violencia en nuestro territorio y las violaciones a derechos humanos, el año pasado no tuvo un clima distinto al que hemos experimentado en los años recientes. De acuerdo con informaciones oficiales, 2017 fue en 20 años el más violento para México. En promedio 80 muertes al día, a lo que habría que añadir que a escala nacional 66.1 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos a lo largo de su vida un incidente de violencia emocional, física o sexual. Los feminicidios fueron además más visibles, pues se develó descarnadamente que el sistema de justicia forma parte de la estructura feminicida, ya que no opera por ejemplo con la más mínima idea de la perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas o agresiones contra las mujeres. Para agravar esta situación, el Estado abona con su acción gubernamental, pues incluso con la evidencia que ha dejado la fallida estrategia de seguridad implementada en la reciente década, impone la legalización de la militarización, dejando entrever por desgracia un autoritarismo que subsume al Poder Legislativo. Para hacer frente a esta situación, me ocupo ahora de algunas de las asignaturas pendientes para México en esta materia. Con profunda preocupación vimos cómo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión dejó de lado la discusión y el debate propios de un gobierno democrático. Fue evidente la cerrazón a los cuestionamientos que vinieron desde las organizaciones sociales y víctimas, así como de un cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta ley, tal y como informó el colectivo #SeguridadSinGuerra. Entre estas voces se cuentan las firmes críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los de los relatores especiales de la ONU, los rectores de renombradas universidades nacionales, y por lo menos las de más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. En razón de lo anterior, se hace urgente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga cuanto antes su acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sería incluso necesario que las y los senadores se sumaran a estas acciones. Tendríamos así mayor certeza de que la SCJN debatirá en serio la inconstitucionalidad de dicha ley. Al inicio del año la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), junto con otras dos articulaciones de organizaciones, integrantes de la academia y miembros de la sociedad civil en general, han dicho que confirman que la crisis de seguridad y de derechos humanos en que se ha sumido el país, persiste, demostrando el desprecio de los derechos humanos por parte de los actores de poder en México. Quienes firman lo dicho no dudan que las acciones de estos actores del poder se enmarcan en un patrón dirigido a conculcar derechos y favorecer a algunos grupos con intereses muy particulares. Escenario que directamente afecta la defensa de los derechos humanos, sobre todo ahora que la evidencia refleja cómo aumentan año con año las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos. En este contexto, se hacen entonces urgentes la derogación de la Ley de Seguridad Interior, una mayor protección de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la creación y consolidación de una Fiscalía General que garantice el derecho de acceso a la justicia, y efectivamente abone a la erradicación de la impunidad. Respecto a la necesidad de una #FiscalíaQueSirva, durante el periodo legislativo de este 2018, el Congreso de la Unión deberá abrir un amplio debate en torno al artículo 102 de la Constitución y la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el propósito de tomar responsablemente en cuenta las propuestas que cientos de organizaciones de la sociedad civil han formulado para sentar las bases normativas de una fiscalía realmente autónoma, eficaz e independiente del poder político. Uno de los primeros pasos para revertir la crisis de graves violaciones a los derechos humanos desde el ámbito de la procuración de justicia, tendrá que ser efectivamente la conformación de una fiscalía general que cuente con las herramientas institucionales adecuadas para combatir eficazmente la impunidad y la corrupción en nuestro país. Además de establecer diversos mecanismos de control democrático, profesionalización del personal y rendición de cuentas del nuevo organismo, la propuesta ciudadana contempla también que el fiscal general de la República dure en el cargo seis años en lugar de nueve, como lo está impulsando el Poder Ejecutivo. La conformación de la fiscalía general representa una extraordinaria oportunidad para arribar a un verdadero estado de derecho y terminar con las habituales prácticas violatorias de derechos humanos en la procuración de justicia. Las articulaciones #SeguridadSinGuerra, #FiscalíaQueSirva, y la RedTDT, hacen un llamado conjunto a toda la sociedad civil a organizarse en torno a la progresividad de los derechos, insistiendo en que se deben respaldar las propuestas que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace en relación con el combate a la corrupción, la impunidad y las constantes violaciones a derechos. De todo ello nos tendremos también que ocupar en este 2018. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada: Barbara Cabazos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
