Una revisión indispensable
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Miguel Concha Sábado 📅 23 de mayo de 2020 El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el Acuerdo del Presidente de la República, por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dicho acuerdo tiene su origen en diversas reformas en materia de Guardia Nacional a la Constitución, así como en la expedición de su ley reglamentaria. Ambas respectivamente publicadas en el DOF en marzo y mayo del año pasado. Sin embargo, llama la atención que esta medida haya sido tomada en medio de un panorama político y social caracterizado por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. En la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se estableció el artículo 5 transitorio que es punto de partida, pues habilita al Presidente para disponer de la fuerza armada permanente en tareas de esta índole por un tiempo máximo de cinco años; tiempo en el que se estima que la Guardia Nacional alcance su madurez operativa e institucional. Asimismo, en ese artículo se establecen las directrices para disponer de las fuerzas armadas, es decir, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos son además estándares internacionales delimitados por la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros contra México, dictada en noviembre de 2018, donde señala la responsabilidad internacional del Estado mexicano por hechos constitutivos de desaparición forzada por elementos de las fuerzas armadas. Y esto en un contexto caracterizado por la implementación de una política de militarización de la estrategia de seguridad pública, iniciada por lo menos desde 2006. Asimismo, la Corte IDH señaló que la regla general respecto a las tareas de seguridad pública es que éstas deben de estar reservadas principalmente para los cuerpos civiles policiales, siendo la excepción la participación de las fuerzas armadas en esas actividades. Sin embargo, si se llegase a dar su intervención, éstas deben de observar los parámetros arriba mencionados. Al examinar el acuerdo en cuestión de manera puntual, y contrastándolo con las directrices de la Corte IDH, podemos encontrar diversas falencias que nos llaman la atención. Por una parte, en cuanto su uso extraordinario, no señala su justificación, además de que no delimita de manera geográfica o de cualquier otra forma su actuación para atender en concreto el problema, salvo las atribuciones de la misma Guardia Nacional. Parcialmente se habla de una temporalidad de cinco años, lo cual es bastante controversial, pues estaríamos frente a una política sexenal, lo que no da pauta a una evaluación periódica y, en definitiva, hace nugatoria cualquier evaluación. Y por lo que hace a estar subordinada y ser complementaria, en el acuerdo se habla de una coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mas no de una subordinación, lo que llama poderosamente la atención. Respecto a la fiscalización, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar vigilada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, cuestión que no se cumple en el acuerdo. Por el contrario, se establece que las tareas de las fuerzas armadas estarán bajo la observancia de los propios órganos internos de control de la institución de que se trate, no previendo mecanismos ajenos e independientes que valoren su actuación. Si bien, en comparación con los sexenios pasados, las condiciones y el contexto político son diferentes, el disponer de las fuerzas armadas, sin parámetros basados en la observancia de los más altos estándares en materia de derechos humanos, que restrinjan y limiten su participación en tareas de seguridad pública, da cabida a que exista el riesgo de que se reproduzcan patrones de violaciones de derechos humanos, de los que México tiene un gran historial. Es necesario desarrollar una política de seguridad fundamentada en el fortalecimiento de las corporaciones policiacas civiles. Esta es y seguirá siendo nuestra apuesta principal, para que las fuerzas armadas sean la excepción y no la regla general. No esperamos bajo ningún motivo un sexenio con más titubeos que dejen a México bajo el paradigma de la militarización, como en administraciones anteriores. Por ello insistimos en que, conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, se deben retomar los aspectos relevantes en la materia. Es indispensable entonces revisar el Acuerdo, involucrando a personas e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, autorizadas y expertas. Y aprovechar la experiencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, que se han dedicado a buscar y construir propuestas para la mejora de condiciones democráticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Una voz imprescindible
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 16 de mayo de 2020 La incertidumbre por la que atravesamos hace imprescindible reflexionar sobre el futuro del sistema económico y social con el que la humanidad ha venido caminando desde hace décadas. La reflexión sobre el futuro da diversos resultados debido a las diferentes ideologías, intereses y valoresde las personas y los grupos sociales. Nunca en la historia el resultado ha sido totalmente el de una sola posición. La que avanza lo hace a condición de dialogar y acordar con otras. No puede oírse una sola voz. Es la pluralidad del diálogo lo que logrará que la salida acordada tenga mayores probabilidades de éxito, y que sus resultados se alcancen con el menor tiempo y sufrimiento posibles. Diversas voces se han manifestado para proponer acuerdos nacionales. Entre ellas las de los sindicatos, académicos y organizaciones empresariales. Desafortunadamente una parte fundamental del necesario diálogo, el gobierno, no ha manifestado interés, hasta ahora, poroír las propuestas. Digo hasta ahora porque la experiencia dice que tarde o temprano el diálogo tendrá lugar, pero para ello faltan voces. Una que se echa de menos es la de la izquierda social. De esa multiplicidad de organizaciones que, sin estar en un partido político, han luchado por los derechos humanos, la democracia, la distribución del ingreso. Hay algunos espacios que han tomado la iniciativa, pero urge que aceleren el paso, porque su entrada en la escena contribuirá a superar la polarización actual. Los planteamientos que hoy ocupan el espacio público son principalmente del gobierno y de los empresarios. El primero no podrá solo ylos segundos pueden hablar por sus intereses, pero no por toda la sociedad. Por ejemplo, el gobierno federal afirma que sus programas benefician a muchas personas en situación de pobreza, lo que es cierto y necesario. Pero será insuficiente si se queda sólo en eso. ¿Qué pasará con los cientos de miles de empleos que calculan organismos internacionales, como la Cepal, que se perderán e irán a engrosar las ya abultadas cifras de la pobreza? Como ha dicho sobre las transferencias la secretaria ejecutiva de ese organismo: son medidas importantes, pero debemos hacer un esfuerzo adicional. Lo adicional será evitar la pérdida de empleos e incluso aumentarlos para quienes antes de la crisis no gozaban del derecho al trabajo. Se requiere también mejorar el sistema de salud, llevarlo a los muchos que no lo tienen, mejorar la calidad de la educación, etcétera. Pero, ¿con qué recursos se hará todo eso? Por más que el gobierno se apriete el cinturón, se necesita mucho más, y ello sin descontar que con cada apretón se ha llevado en medio a muchos ciudadanos con salarios muy bajos. Se ha propuesto el endeudamiento externo. Ciertamente en el pasado eso ha servido para favorecer a los poderosos, pero esto no niega que ahora pueda utilizarse para favorecer al pueblo. Datos de la Cepal dicen que aún hay margen de maniobra, pues la situación de deuda de México es mejor que la de la mayoría de los países latinoamericanos. La deuda total del gobierno como proporción del PIB está en una media para la región de 41 por ciento, y México se ubica en 35 por ciento. Para pagarla hay alternativas. En un documento firmado por organismos empresariales se presentaron los acuerdos del encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial. Proponen que el gobierno se endeude para dar facilidades crediticias para que las empresas pequeñas y medianas mantengan los empleos. Esto es necesario, pero lo que no dicen es cómo se pagará esa deuda. Se podría decir que se puede hacer con el aporte proporcional al ingreso de cada ciudadano. Que haya una verdadera reforma fiscal que grave más a quien tenga más. Una reforma progresiva, redistributiva de la riqueza, que empiece por revertir la profunda desigualdad económica y social, que entre sus consecuencias trae consigo la penuria económica de la seguridad social de los trabajadores, dado que para pagar menos contribuciones es común que los empresarios declaren un salario menor de sus empleados. Sin modificar el porcentaje de las cuotas, pagando lo que es legal, en función de los ingresos reales, se podría hacer mucho por mejorar la seguridad social. No es previsible que tales propuestas las hagan los grupos empresariales. Pero abrirían un campo de negociación en donde el necesario apoyo financiero se puede dar a cambio de aceptar la aún más necesaria reforma fiscal. Hace falta quién lo diga. De aquí la importancia de la voz de la sociedad civil. No se trata de contraponerse con las posiciones que hasta ahora se han manifestado, sino de llegar a acuerdos que respondan al interés de todos. No es posible que México salga adelante sólo con las acciones del gobierno, ni sólo con las propuestas empresariales. México no tiene futuro sin su sociedad. Ya es tiempo de oír la voz y también las propuestas de la sociedad civil.
Obligaciones y deberes del Estado
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web | AFP Por: Miguel Concha Sábado 📅 25 de abril de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Esto lo cambia todo: la crisis que ya vivíamos
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar y Donovan Ortega (@ donoortega)* 📅 10 de abril de 2020 Aceptémoslo, la incertidumbre que permea a buena parte de la humanidad lo cambiará todo. Es difícil imaginar lo que representarán en términos sociales, económicos y políticos las medidas urgentes que se han tomado en diversos países para atender el riesgo del virus, su peligro es el más alto desde los eventos de influenza ocurridos en 1918 y 2009, según el modelo del Imperial College de Londres. Nos han dicho que para detener la pandemia debemos cambiar la forma en que hacemos todo. La radicalidad de las medidas de confinamiento podrían alargarse indefinidamente de acuerdo al mismo colegio experto; una alternativa propuesta es el planteamiento de una cuarentena extendida que se flexibiliza cuando el ritmo de los ingresos a cuidados intensivos de los hospitales se relaja, pero que eventualmente reactiva las medidas de aislamiento social con la llegada de hipotéticos picos en el futuro de ingresos a urgencias. De esta forma, la aparente mejor estrategia supondría que nos confinemos durante dos de cada tres meses consecutivamente, eso al menos hasta que existan avances en el tratamiento a los síntomas o se termine y distribuya satisfactoriamente una vacuna. Por otro lado, aún en el escenario de que todo “volverá a la normalidad” después de algunas semanas o meses, la pandemia supone ya un cambio importante a las normas sociales y algunas reorientaciones que se asoman a largo plazo. Se profundizará, por ejemplo, la alternativa del trabajo y estudio a distancia como una dinámica con mayor presencia, pero que supone una opción al alcance exclusivo de quienes tienen de una u otra forma acceso a internet y la tecnología necesaria para dicha tarea, así como garantías sociales, educativas o laborales que les permiten “adaptarse” a la situación, aspecto que en el contexto actual sólo podría profundizar la desigualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos. Y sólo en ese punto ya existe un indicador del momento en el cual llega la llamada crisis sanitaria a algunos países, contrastando con mayor nitidez la inequidad estructural en todos los ámbitos en los que vivimos, pero también para reimaginar las formas de hacerles frente. Si las protestas masivas y calles abarrotadas de reclamos contra el cambio climático, la violencia feminicida y la concentración de la riqueza ocuparon las primeras planas en todos los continentes, a partir de este momento los movimientos sociales tendrán oportunidad de explorar con mayor creatividad su alcance a través de medios tecnológicos y la organización con las y los más próximos, reflexionar sobre los horizontes políticos y el hacer voz en común aún con la distancia física y las plazas restringidas. Al mismo tiempo se pone en el centro de la discusión la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. El sentido de su encargo se hace más presente cuando es tan palpable que para vivir dignamente falta que todas y todos puedan tener un techo donde resguardarse, acceder a servicios médicos de calidad, agua y energía, alimentos con los cuales subsistir y los medios necesarios que permitan de alguna forma atenerse al resguardo, son en primer lugar condiciones fundamentales e irrenunciables. Son realidades que no pueden esperar y el evento actual permite visibilizar con mayor crudeza las desigualdades estructurales y la precarización de las sociedades profundizada en las últimas décadas por el avance del libre mercado. No sólo es atender la indicación del confinamiento, medida planteada unilateralmente desde la lógica clínica para disminuir la anunciada crisis, sino además generar las condiciones necesarias y adecuadas para reducir las brechas sociales que se han exacerbado con el impacto de la medida, afectando diferenciadamente a los grupos históricamente marginados. Han destacado desde muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones y movimientos comunitarios muchas propuestas para reducir los riesgos de las personas migrantes, resguardar a las personas que viven en poblaciones de calle, monitorear los riesgos de quienes están privadas de su libertad, dar alternativas a las mujeres cuyo riesgo a la violencia aumenta al estar enclaustradas con su agresor y asegurar un dialogo atento, cercano y digno con las personas adultas mayores, más vulnerables a padecer de las consecuencias físicas de la enfermedad, pero también de estar en situación de pobreza y olvido institucional, situación que hace crecer exponencialmente el riesgo. Las situaciones excepcionales, de crisis, han ofrecido el combustible para que los diversos mecanismos del poder –políticos, simbólicos, económicos, (…)- se afiancen y radicalicen en las sociedades. Del shock y la conmoción surgen miedos más o menos profundos que paralizan y aturden a las comunidades, generando escenarios sociales ideales para el avance de políticas draconianas y de libre mercado que difícilmente pasarían sin protesta y desencuentro con la población en circunstancias democráticas. De esa forma mientras la guerra representa probablemente el evento más traumático para una sociedad, la naturaleza en forma de volcanes, terremotos, tsunamis, hambrunas y epidemias también puede despejar el camino para que los grupos que acaparan el poder y los recursos destraben medidas impopulares para las mayorías y, además, que esto se haga en nombre de la seguridad o en búsqueda de salir de la sensación de emergencia (sea dicha emergencia real o percibida). No hace falta buscar demasiado para distinguir la tendencia de algunos gobiernos, proclives de por sí a ser autoritarios, para aprovechar de manera oportunista el pánico colectivo y desplegar respuestas que suenan desproporcionadas y que podrían sumar al miedo amplificado por el despliegue mediático. Para nombrar algunos ejemplos está Chile que ha decretado una prohibición explícita de movilizaciones y asambleas; en la misma región, Perú creó un registro de las personas detenidas por infringir el toque de queda y también ha publicado una ley que “faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia para frenar al COVID”. De esta forma, mientras avanza el contagio del virus le siguen también relatos y códigos
Crisis capitalista y empresas sistémicas
Sábado 13 de marzo de 2020 Miguel Concha En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Davos, Suiza –por cierto, la número 50–, a la que acuden líderes mundiales de todos los órdenes con el propósito de proponer recomendaciones y estrategias que mejoren la situación del mundo, particularmente en las áreas sociales y económicas, se llegó a la siguiente conclusión: los resultados de la economía social de mercado, en la que hemos vivido inmersos los pasados 40 años, no han sido los esperados. Muy por el contrario, se han generado pobreza, desigualdad creciente, inestabilidad laboral y un fuerte deterioro del medio ambiente. Se señaló expresamente que en la globalización de la economía de mercado se descuidó el hecho de precisar que las empresas son organismos que participan en el logro del bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines prioritarios de lucro; y que es indispensable que incluyan en su misión la responsabilidad que tienen con el bienestar de las personas que forman los grupos de interés que de hecho las integran y las hacen viables. Los llamados stake holders. Y ello a pesar de que desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha promovido, reconocido e incluso premiado progresivamente en Estados Unidos, Europa y América Latina el compromiso social de las empresas con sus grupos de interés internos y externos, para restaurar la confianza del público, en el respeto de sus derechos sociales y humanos. El fundador de Davos, el Dr. Klaus Schwab, declaró en forma categórica que tal como se está gestionando el capitalismo actualmente, ya no es sostenible, y que de hecho se está autodestruyendo. Una de las conclusiones del Foro Económico de Davos 2020, en el que participaron líderes mundiales, figuras clave de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como jefes de grandes empresas, entre otros, fue la necesidad de que se aplique en las empresas globalizadas la práctica del denominado capitalismo de los grupos de interés ( stake holders). Es decir, lograr que las empresas asuman su responsabilidad no únicamente con sus accionistas, sino también con sus empleados, trabajadores, agentes, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades. En una palabra, preocuparse solidariamente por el bienestar de todos ellos. En síntesis, está entonces fuera de toda duda que incluso en esta instancia de consulta mundial el modelo socioeconómico actual debe modificarse, y de hecho reinventarse, de tal manera que la riqueza creada por las empresas se distribuya tomando en cuenta auténticamente la responsabilidad social que tienen con los grupos de interés que las conforman, respetando sus derechos humanos y tomando en cuenta los valores morales de las sociedades en las que están establecidas. A lo que ahora habría que agregar su responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, se considera que la economía de mercado sigue siendo el mejor medio para generar riqueza, aun cuando también se piensa que es ineludible que el Estado debe vigilar activamente que se desarrolle respetando la auténtica competencia y evitando monopolios, monopsonios y prácticas oligopólicas. Quisiera concluir este artículo relacionando las recomendaciones y propuestas del Foro con la actitud reciente de los grupos empresariales de nuestro país. Hace algunas semanas, un grupo de 100 empresas se comprometió en forma pública a cubrir a sus trabajadores cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos como remuneración por jornada de trabajo. En mi opinión es una decisión acertada, acorde con el espíritu de responsabilidad social de las empresas, que incluso sería deseable que se generalizara. Y en semanas pasadas se publicó también un decálogo empresarial, que en alguna forma recoge las recomendaciones del Foro Económico Mundial de Davos. Desde mi punto de vista, lo hace en forma amplia y con evidentes buenas intenciones. Pero a mi parecer, está lejos de establecer un auténtico compromiso empresarial con la responsabilidad social que tiene con los grupos de interés que se expresa en el comunicado del Foro. Aunque en este sentido vale la pena subrayar los principios 6, 7 y 8 de responsabilidad social del nuevo decálogo: 6) Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. 7) Asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 8) Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. Ojalá que estos principios no se queden, como muchas veces ha sucedido, en buenas intenciones y bellas declaraciones retóricas, sino en criterios que realmente informen nuevos códigos de conducta y buenas prácticas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Corrupción y derechos humanos
Sábado 01 de febrero de 2020 Miguel Concha Nuevamente estamos atestiguando acusaciones por presuntos actos de corrupción contra funcionarias y funcionarios que ocupan u ocuparon cargos públicos en el gobierno mexicano, algunos de alto nivel. Y, por lo que parece, no dejaremos de hacerlo. De ahí que, desde la perspectiva de los derechos humanos, el análisis acerca del fenómeno de la corrupción y la búsqueda de soluciones son tareas, digámoslo así, de carácter permanente y obligatorio. A este respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH o Comisión), organismo que promueve y defiende los derechos humanos en el continente americano, recientemente publicó un informe temático titulado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. En términos generales, la Comisión analiza en el informe los avances y desafíos en torno a la corrupción, y propone iniciativas regionales, nacionales y locales que articulen estrategias efectivas para enfrentarla y erradicarla. En este mismo espacio hemos señalado en otras ocasiones que la corrupción, vista desde el prisma de la complejidad, es uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, el cual afecta la vida, la dignidad y los derechos humanos de personas y colectivos. Igualmente, la corrupción es un fenómeno sistémico y sistemático, lo que implica que un acto corrupto puede convertirse en una espiral de magnitudes indeseables que deviene, como en un cáncer, en una metástasis que invade y perjudica otros órganos vitales mediante distintos sistemas, como el circulatorio. Considerando lo anterior, y retomando la resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos realizada por la Comisión, digamos que la corrupción, en tanto fenómeno complejo, genera numerosos impactos negativos. Por ejemplo, sobre la democracia, el Estado de derecho y la libertad de prensa. Ello no obstante, nuestro objeto de reflexión afecta sobre todo integralmente los derechos humanos; es decir, los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. De este modo, la corrupción agrede sobre todo a los grupos que histórica y estructuralmente, y por diferentes causas, se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, discriminación u opresión. Los que, en palabras del jurista argentino Roberto Saba han sufrido tratos desiguales y sostenidos, provocando su sometimiento, marginación, exclusión y segregación. En nuestro país entre ellos se encuentran las niñas y los niños, las juventudes, las mujeres, los pueblos y comunidades indígenas y las personas LGBTI, que habitan o transitan por el territorio mexicano, por mencionar algunos. Por tanto, un acto corrupto perjudica directa o indirectamente, y de manera proporcional, el goce y ejercicio de los derechos humanos de personas y grupos, debido al abuso o desviación del poder público o privado. Lo cual, en consonancia con la CIDH, es perpetrado por actores que establecen estructuras que capturan instituciones mediante diversos esquemas criminales. Unos de ellos, los sobornos o prebendas indebidas solicitadas por funcionarias y funcionarios a cambio de servicios públicos. Esto, además del especial debilitamiento de las instituciones responsables de impartir justicia, provoca necesariamente el desplazamiento de intereses públicos o generales, como es el caso de la seguridad, la educación o la salud, los cuales son indebidamente sustituidos por beneficios privados personales o de terceros. Aparte del valioso análisis sobre los efectos de la corrupción, el informe de la Comisión también advierte sobre quiénes son las personas y los grupos que, en función de su rol en la lucha contra ella, merecen una atención especializada. Así, la CIDH identifica principalmente a los defensores y defensoras de derechos humanos, los y las luchadoras medioambientalistas, las y los periodistas, ciertos funcionarios y funcionarias, testigos y denunciantes, frente a quienes el Estado, en nuestro caso el mexicano, tiene la especial obligación de protegerles de cara a las posibles violaciones graves a derechos humanos que pudieran sufrir, y a los riesgos a que están expuestos. Finalmente, si el Gobierno mexicano pretende erradicar la corrupción, tal como lo establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es absolutamente necesario que adopte políticas públicas con enfoque de derechos humanos, y que implemente estrategias de lucha anticorrupción, donde efectivamente se incluya a periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensoras de derechos humanos, iniciativa privada y a la sociedad en general. Resulta igualmente fundamental que considere los análisis en la materia elaborados por organismos internacionales como la CIDH, y ponga en marcha acciones que la Comisión, en el contexto de su mandato y atribuciones, puede llevar a cabo, mediante mecanismos, como el monitoreo, las medidas cautelares, el conocimiento de peticiones, la cooperación técnica y la tramitación de casos individuales. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : DW
Ética y sociedad tecnológica
Sábado 11 de enero de 2020 Miguel Concha El resurgimiento de la filosofía práctica en la década de los sesenta del siglo pasado experimentó en su interior una gran diversidad de discusiones. Una de las tensiones de este pensamiento ha sido la relación entre ética y política. Hasta la década de 1980 los desarrollos teóricos de la filosofía política y la praxis concreta de la política se detuvieron ante la perplejidad de un mundo globalizado, en el que el Estado de bienestar parecía haber fracasado. En el que las estructuras económicas parecía que habían superado por mucho a otras estructuras sociales, y principalmente las del propio Estado. Los derechos laborales, producto de largas luchas sindicales, y los derechos del campesinado son efectivamente violados por un sistema económico en el que la ponderación se encuentra en la reproducción del capital. La sobrexplotación de los recursos naturales no renovables ha conducido también a cifras alarmantes de contaminación y degradación del ambiente. La violación de derechos humanos, tanto de individuos, como de comunidades, en pro de los procesos económicos y políticos, nos ha llevado a una situación en la que el desencanto, la apatía y la inactividad política son muestra de la decadencia de la vida humana. Esto es parte del contexto en el que hablar de ética y política se hace todavía más urgente. Y por ello, con el título Ética y modernidad en la era de la tecnociencia, publicado bajo el sello editorial Orfilia, Francisco Piñón nos ofrece un libro, en el que se propone un análisis filosófico de la situación política de nuestro mundo actual. En él recupera pensamientos, reflexiones y análisis vertidos a lo largo de su obra, pero enmarcados y dirigidos por la unidad temática de la tecnociencia, como estructura del mundo moderno. El texto busca recuperar a la ética como una manera de vivir el mundo, distinguiéndola de la descripción científica del mundo. Así, según él, el sentido de la vida humana sólo puede tener como horizonte la racionalidad práctica. En otras palabras, la vida humana sólo puede ser una vida moral. Sin embargo, la ética que postula Piñón se aleja del individualismo o del mero normativismo moderno. Es una ética de la otredad, en la que se tiene en perspectiva a los otros, en un orden concreto, histórico y social. Como es su costumbre, nuestro autor se sirve también del pensamiento griego antiguo para fundamentar su reflexión ética con elementos como la virtud, la prudencia y la racionalidad, con el fin de mostrar que la acción moral puede y debe contemplar la real e integral situación del hombre. Una vez situado en esta perspectiva, Piñón inicia una ardua crítica del mundo globalizado. El proyecto humanista y cosmopolita de la modernidad ha realizado el ideal de los derechos humanos, así como la posibilidad que tienen los pueblos de adoptar un lenguaje comunitario y asumir la tierra como nuestra. Sin embargo, la otra cara de la modernidad, el individualismo, ha servido como base del fetichismo denunciado por Carlos Marx. La lógica del capital continúa con la desintegración de las comunidades y el extravío de la humanidad. Ya no son sólo los trabajadores pobres los afectados por esa dinámica. Los excluidos del sistema son también mujeres y niños; campesinos y pueblos originarios cuya situación se hace mucho más miserable por las condiciones de la economía global. Como se ha podido constatar en muchas partes, la liberación del mercado se sustenta en la idea del egoísmo. Así, la política económica internacional consiste más bien en la imposición de barreras que impiden el desarrollo de los países más pobres y el subsidio a los grandes grupos del poder económico. Como lo señala el autor: el poder de las corporaciones lo avasalla todo. Nos encontramos, pues, ante las contradicciones de la modernidad. Por una parte, los humanismos que sostuvieron los ideales de la igualdad y la fraternidad; por la otra una ilustración que tuvo como base la racional-irracionalidad de la tecnociencia. La tesis central del libro de Francisco Piñón es que la modernidad se encuentra en crisis, sus contradicciones parecen insalvables y el horizonte es de penumbra. La apatía, la indiferencia y el conformismo sólo son una más de las tantas expresiones de la situación del mundo actual. Sin embargo, la injusticia y la miseria social son ya insostenibles. Asumir el mundo como nuestro implica actuar. Nuestro autor propone el proyecto de construir una comunidad política y económica fundamentada en un nuevo humanismo: el del comunitarismo ético, surgido desde la complejidad histórica de América Latina, pues han sido los pueblos latinoamericanos los que han preservado lo mejor del antiguo humanismo europeo, y éste se ha actualizado con la eticidad de los pueblos originarios. Si bien nuestros pueblos han estado también a merced del nuevo poder económico global, la experiencia de oponernos a él nos ha hecho crear nuevas formas de organización social. Como lo sostiene Piñón, es la hora 25, la hora de la acción. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marcelo Hernández
Trigésimo aniversario de Ednica
Sábado 18 de enero de 2020 Miguel Concha La coyuntura del último año nos ha involucrado en una reflexión sobre el papel de la sociedad civil en México. La discusión ha sido seria, fecunda y apasionada. En otros de mis textos me he referido conceptual e históricamente a la importancia de la sociedad civil para promover avances en los derechos humanos, exigir rendición de cuentas, forjar agendas e identificar problemáticas sociales nuevas o con la finalidad de proponer y fortalecer políticas públicas, y al mismo tiempo trabajar en campo con las personas y grupos más excluidos, mantener presencia en áreas en las que el Estado no tiene una acción efectiva. No me explayaré en ello porque lo he abordado de forma constante y la literatura es amplia. No obstante, esto me abre la puerta para presentar el trabajo de Ednica IAP (Ednica), una organización de la sociedad civil en la Ciudad de México, que el 12 de enero cumplió 30 años de labores en la promoción y defensa de los derechos humanos de personas en situación de calle. Como contexto, recuerdo que en su ar-tículo 11 la Constitución local reconoce que las personas en situación de calle son un grupo de atención prioritaria. Y, asimismo, que en la Ciudad de México hay poco más de 6 mil personas que viven, vale decir mejor, sobreviven en espacios públicos. Existen también miles de niñas y niños que sólo van a las calles a trabajar, pe-ro que no viven en ellas. En este caso se trata de niñas y niños que, casi siempre en compañía de sus familias, cuidan coches, venden algunas baratijas, recogen basura, atienden puestos o cuando son muy pequeños, acompañan a sus madres, quienes han encontrado en las calles la oportunidad de desempeñar alguna actividad económica. En el informe anual que la organización dio a conocer el pasado 15 de enero con ocasión de su 30 aniversario –y que puede ser consultado en www.ednica.org.mx/ conoce-mas/informes– se da cuenta de diversas cuestiones estratégicas: cómo se gestionan recursos para operar y quiénes son los aliados que aportan a la institución; las vicisitudes de 70 jóvenes, niños y niñas que son parte del proceso que les permite acceder a un espacio rentado para reiniciar su vida fuera de la calle; 128 niñas, niños y adolescentes que realizaban alguna actividad económica en calle y que ahora, siendo parte de Ednica, van a la escuela, desde prescolar hasta bachillerato. También acerca de la presencia institucional en espacios de participación ciudadana y defensa de derechos. Destaco también que en la presentación del informe de este año participaron en la conducción de la ceremonia con un rol protagónico dos mujeres jóvenes (Xochitl y María Isabel), así como dos niñas (Lesli y Cesia) y un niño (Pablo) que trabajaban en la calle. Cada quien compartió algunas palabras sobre lo que les ha implicado ya no trabajar en las calles, y qué cambios han experimentado en sus vidas. Cesía, de 10 años, dice que los alrededores del que era su lugar de trabajo son ruidosos, sucios y que no se siente segura; se refiere a las inmediaciones de un paradero del Metro, donde su madre vende tacos. Si Cesia sigue en Ednica cinco o seis años más, quizá sea la primera mujer de su familia que concluya la secundaría, ingrese al bachillerato y tenga el impulso para acceder a un trabajo que le dé mayores oportunidades, logrando con ello una vida menos adversa. En el informe pueden encontrarse más testimonios de niñas y niños que hablan sobre los cambios que han realizado en sus familias, en sus trayectorias escolares y en sus planes de vida. Contradictoriamente, el mismo 15 de enero, ya entrada la noche, un joven que vivía en la calle falleció en alguna zona aledaña al Centro Histórico. Este joven, sin familia, con más de 15 años de vivir en las calles, murió a consecuencia de daños asociados a su adicción a los solventes. Al personal de Ednica le correspondió intervenir, como acontece en casos similares, pues algunas vecinas informaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en Ednica tenían datos del chavo. Por lo que el personal se trasladó a la esquina donde se encontró el cuerpo y constató su identidad. Acto seguido cumplieron con los trámites para recuperar el cuerpo y el joven pudiese ser sepultado dignamente. En México y en nuestra capital en concreto, existen organizaciones de la sociedad civil que tienen mucha historia, que hacen un trabajo que no está haciendo el Estado, y que en su mayoría son transparentes, con una rigurosa administración de recursos. Organizaciones con gran legitimidad en las comunidades en las que trabajan, y que desde una lógica ciudadana y de derechos humanos impulsan la vida digna y la autonomía de personas excluidas. Por ello tenemos que mantener la exigencia de que el Estado vea a las organizaciones de la sociedad como aliados, no como competidores. Felicidades a Ednica por sus 30 años. Como dicen: nadie debería vivir, ni trabajar ni morir en las calles. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria
En defensa de la sociedad civil organizada
Sábado 14 de diciembre de 2019 Miguel Concha Este 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha que nos interpela y obliga a mirar cómo vamos en el mundo y en nuestro país en cuanto al progreso de esa aspiración universal. En esta ocasión nos ocupamos del ejercicio de derechos de la sociedad civil, actor fundamental en el avance de la democracia participativa, que en razón de la gobernabilidad implica un entorno propicio para el diálogo político y la incidencia en lo público de la sociedad civil organizada. Hoy en un gran número de países se enfrentan retrocesos por el progresivo cierre de espacios cívicos de participación social y ciudadana ganados a costa de sacrificios de quienes se movilizaron por la democracia y el ejercicio de sus derechos de expresión y asociación a lo largo de décadas. Por eso la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Efectividad del Desarrollo (AOED), a la que se sumaron varias organizaciones y redes en México, decidió impulsar el Día mundial de acción contra la reducción de espacios cívicos: trabajando juntos para defender los derechos humanos y el espacio cívico para un mundo justo y sostenible, para valorar sus actuales circunstancias, identificar las opciones de salida de una situación crítica y demandar el diálogo político con el actual gobierno. Desde la acción nacional, en la que participaron OSC y redes, recuperamos aquí lo expresado. La AOED convocante revela que en muchos países se enfrentan entornos que limitan y coartan el espacio cívico. Los actores sociales de distintos sectores están siendo amenazados y perseguidos. El hostigamiento, mediante arresto arbitrario, detención, uso selectivo de medidas legales y regulatorias, incluyendo restricciones en las finanzas, se han convertido en una experiencia común entre las OSC. En México, a pesar de la situación crítica que enfrenta a causa de las medidas tomadas por el gobierno, que la estigmatiza y desconoce sus derechos, la sociedad civil organizada y comprometida con el progreso del país, sigue actuando por sus valores y objetivos. Su larga lucha por una cobertura legal dio lugar a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC (Lffarosc), un marco legal que les reconoce como actores de interés público y ofrece argumentos claros para su fortalecimiento. Por ello, la Circular Uno que emitió el gobierno el 14 de febrero para eliminar el acceso a recursos públicos para las acciones que realizan, contradice lo establecido en la Lffarosc. A esa decisión se agrega la descalificación de años de trabajo y acción por la democracia del país de un conjunto de OSC calificadas (descalificadas) de intermediarias. Hoy un número notable de OSC trabaja con los mínimos; otro, lamentablemente, ha ido desapareciendo o ha decido concluir su trabajo ante un escenario adverso, producto de un gobierno que considera que no requiere actuar y gobernar con la sociedad civil. De entre las propuestas hechas en el Foro de las OSC en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el pasado 6 de diciembre, para avanzar hacia procesos políticos más inclusivos y erradicar el cierre de los espacios cívicos, destacamos: que la participación pública en la toma de decisiones es un derecho que tenemos las personas, grupos, pueblos, comunidades y las OSC; por tanto, es obligación del Estado crear un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, generales y específicos. Es necesario que se tomen medidas adecuadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente los daños por amenazas, ataques, violencias o delitos cometidos en contra de personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del territorio y de OSC. Preservar y fortalecer los mecanismos de participación o consulta existentes y que sean vinculantes; además de crear nuevos dispositivos de participación y consulta conforme a estándares internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos. Los participantes demandaron el pleno reconocimiento del papel de las OSC en el desarrollo social; la defensa de los derechos humanos para todas las personas, y su reconocimiento como instituciones de la democracia que el Estado está obligado a proteger y fortalecer, destinando fondos públicos suficientes y respetando su autonomía institucional. Además, demandaron espacios de diálogo y colaboración que permitan detonar un proceso democrático, deliberativo, efectivo, inclusivo, sustantivo, transparente, con metodología y criterios públicos claros, que den certeza sobre el alcance, tiempos, espacios y consecuencias de cualquier espacio de consulta y participación existente. Y para una nueva relación gobierno-sociedad, solicitaron abrir un diálogo político con representantes responsables del Ejecutivo de la participación ciudadana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
¿Hacia dónde ir configurando el horizonte político educativo?
23 de noviembre de 2019 Por: Víctor Chima, Yoxmara González, Leslie Melo y Sinayini Ruiz Aguilar La vigente situación de violencia y de suma de opresiones pone un escenario que demanda que las personas de manera individual y colectiva realicemos acciones dirigidas a la modificación de nuestra realidad cotidiana. Entre las organizaciones que hacemos trabajo en derechos humanos sabemos que la apuesta por los procesos formativos es una tarea fundamental, generosa y fructífera. El CDH Vitoria pone de sí con un esfuerzo formativo llamado “Escuela para Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos”. Desde hace 17 años “La Escuelita”, como es conocida cariñosamente, es un espacio que brinda herramientas y experiencias desde los derechos humanos, con la firme convicción de que la transformación social se construye de la mano de las juventudes. Fundamentada en los aportes de la educación popular, para la paz y teniendo como núcleo la aproximación alternativa y crítica a los derechos humanos y teniendo como ejes el diálogo intergeneracional y la mirada interseccional. Existe un discurso dominante y estereotipado en torno a lo que es ser joven, sin embargo desde nuestra experiencia sabemos que esto no es más que un conjunto de falsas creencias ya que las juventudes nutren continua y profundamente el esfuerzo de construir una vida más digna para todas las personas. Víctor Manuel Chima, quien fue parte de esta última generación de La Escuelita, pone énfasis en la comunicación digital como una herramienta para fomentar la participación de las juventudes en la defensa de derechos humanos. Comenta: “La información relacionada con los derechos humanos y los procesos de defensa y acompañamiento es vasta, por lo que es necesario pensar en formas y narrativas creativas de socialización con la intención de posicionar las discusiones en el debate público, visibilizar –sin revictimizar- a las víctimas de violaciones de derechos humanos y acompañar las exigencias de verdad, justicia y reparación, dando voz a quienes les ha sido arrebatada”. En sus palabras, afirma: La Escuelita, como espacio de compartición de saberes, nos invitó a repensar e intercambiar experiencias y herramientas siempre con el claro objetivo de ayudar a tener buenos resultados en el “acompañamiento digital de determinados procesos. Saber cómo contar historias desde la empatía, fortalecer los procesos de memoria colectiva, transmitir emociones a partir de las imágenes y generar conexiones desde el uso de las tecnologías de la información y plataformas digitales, pueden impactar en el imaginario de la sociedad y particularmente de las personas jóvenes, además de motivar la construcción de espacios para el diálogo intercultural e intergeneracional”. Yoxmara González Tapia es otra integrante de esta última generación que después de ocho meses de formación en la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos presentó un proyecto que plantea elaborar un diagnóstico y reconocimiento territorial y social de la relación de los jóvenes con el campo. Yoxmara, quien es etnóloga de formación nos dice que a pesar de los esfuerzos por incorporar a las y los jóvenes indígenas al sector a la educación superior, se ha invisibilizado lo que realmente buscan. Los diversos caminos que se pueden optar más allá de la profesionalización suelen ser muy variados y por ello es necesario pensar en mejorar no sólo las oportunidades en el ámbito escolar sino también en otros aspectos como lo laboral, en donde el trabajo campesino debe reconocerse como eso, trabajo, visibilizando los derechos que implica esto. Por último, otro aspecto relevante es el cambio generacional, los jóvenes indígenas que no precisamente optan por la educación, buscan espacios que los representen pero estos no siempre son cedidos. Estos elementos influyeron de manera profunda en su decisión de buscar y aprender en espacios como La Escuelita. Ella comenta: “la formación como defensores, considero, va más allá de la crítica y la enunciación, es reconocernos y reconocer a quienes van en el camino, visibilizando otros aspectos que contribuyen a la construcción del panorama complejo de lo social. Las herramientas que se brindan en la Escuela para juventudes defensoras no sólo se enfocan en la defensa sino que invitan a reconocer y construir las formas de acompañar procesos. Cuestionar, reflexionar, proponer y accionar son el siguiente paso que nos toca como personas jóvenes y defensoras. Hoy, nos enfrentamos a diversos retos y, ante un contexto de violencias y precariedad, necesitamos transformar nuestras relaciones y espacios, construyendo oportunidades, buscando metas y compartiendo saberes”. Por último tenemos la experiencia de Leslie Joryet Melo Gama, quien es una firme defensora de los derechos humanos de las mujeres y acompañante en temas de violencia de género. “Mi paso como parte de la Escuelita del Centro Vitoria, ha sido muy diferente a los espacios de formación de los que he sido parte, pues el aprendizaje se comparte desde las experiencias y del corazón. Éste es un espacio seguro, ya que al ser todas personas jóvenes, con interés y compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, se genera un ambiente de confianza y compartición. Ante el contexto tan violento que atravesamos, espacios como este son sumamente necesarios para reflexionar colectivamente desde cada una de nuestras interseccionalidades, entretejernos y resistir desde otras formas creativas que nos permitan seguir construyendo y apostando a otras realidades posibles. En este sentido, es que a través de este proceso de formación en derechos humanos, se nos invita a la apropiación de las diversas herramientas compartidas, para fortalecer el trabajo que cada una de las personas desarrolla día a día desde sus diferentes espacios, sin desdibujar el trabajo de defensa como un proceso transformador de realidades en el mundo que habitamos, siendo nosotras, las diversas juventudes, parte del mismo al que se desea intervenir para recrear, retejer y reconstruir la dignidad de todas las personas que aquí existimos.” Conocer las experiencias de estas personas jóvenes que hablan desde su vivencia y convicción, pone en evidencia cómo conectar con un deseo de transformación frente a la injusticia, siendo el punto de partida para trabajar por el ejercicio de los derechos humanos al servicio de las personas y los
