Fraternidad y amistad social
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Rufino Tamayo Por: Miguel Concha Sábado 17 de octubre de 2020 Como analizó magistralmente Bernardo Barranco en su colaboración del pasado miércoles, el 3 de octubre el papa Francisco firmó su cuarta Encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social. En ella recoge y profundiza de manera estructurada sus mensajes, homilías y alocuciones, asumiendo también el parecer de diversas conferencias episcopales, y complementa su anterior Encíclica en materia social sobre el cuidado de la creación. Escrita originalmente en castellano, no en latín, ni en francés, ni en inglés, lleva en italiano como título, en todas sus versiones lingüísticas, una frase paradigmática de quien ha sido su faro inspirador durante los siete años y medio que ha estado al frente de la Iglesia católica romana: Fratelli Tutti, Todos Hermanos, de un cristiano que fue fiel al evangelio de Jesucristo, sin glosa alguna, Francisco de Asís. Ya se ha dicho con razón que en ella el Papa condena el dogma del neoliberalismo y rechaza la absolutización del mercado, así como la globalización vigente, que en todo caso nos hace socios, pero no hermanos. Y que, en consonancia con la crítica de muchos teóricos sociales y filósofos actuales, pone en duda el antropocentrismo de la civilización industrial y tecnológica moderna, causa de muchas de las densas sombras que padecemos, y propone en cambio un nuevo paradigma: el del hermano, el de la fraternidad y la amistad social, que en términos cristianos es la expresión máxima de la caridad. Dada la riqueza conceptual de la Encíclica, que según Leonardo Boff constituirá para la Iglesia católica en adelante un marco nuevo social, se han sugerido para entenderla mejor varias claves de lectura. En México, el Observatorio Eclesial, un espacio de articulación ecuménica de análisis socio-religioso y de formación socio-teológica, que agrupa a distintos centros ecuménicos y de inspiración cristiana, propone siete, que no por ser ya muy repetidas en nuestros medios por algunos y algunas hoy en día, dejan de ser urgentes: 1) Que la humanidad dé un salto después de la pandemia a una nueva forma de vida. 2) Que caminemos todos juntos, como hermanos y hermanas, desde abajo, cada uno con la riqueza de su fe, sus convicciones y su propia voz. 3) La igualdad radical y misma dignidad de todos los seres humanos, así como el reconocimiento de todos los derechos de todos. 4) El respeto a la dignidad del ser humano y el reconocimiento de sus derechos como fuente de creatividad e ingenio. 5) La entrega sincera de sí mismo a los demás, como condición de su desarrollo y plenitud. 6) La cultura del diálogo como camino, de la colaboración común como conducta, y del conocimiento recíproco como método y criterio; y 7) la paradoja de que muchas veces quienes se dicen no creyentes viven mejor la voluntad de Dios que los creyentes. Pero dado que el Papa en el capítulo segundo de la Encíclica hace un análisis riguroso de los diversos personajes que entran en escena en la parábola del buen samaritano, a propósito del Evangelio de Lucas 10,25-35, y los aplica a la economía política, culminando con la pregunta ¿con quién te identificas? (con el malherido en el camino; con el sacerdote indiferente; con el levita que pasa de largo, o con el samaritano adversario y despreciado que lo auxilia), me ha parecido importante retomar casi literalmente el análisis que hace de la Encíclica el teólogo jesuita Víctor Codina. 1. Los asaltantes son aquellas personas y estructuras económicas, sociales y políticas del neoliberalismo y del populismo; corporaciones y multinacionales que producen víctimas, desigualdades, descartados, refugiados (…); no ayudan a que todos tengan techo, trabajo y tierra, fomentan la ideología del mercado y el consumismo, y todo ello con una globalización que destruye culturas y busca únicamente el lucro, las ganancias y el bienestar material etcétera. 2. El hombre herido son todas las víctimas del sistema. Ha habido un retroceso respecto del pasado y la pandemia ha desnudado estas situaciones de marginación y vulnerabilidad de los pobres, los recursos sanitarios para todos y las diferencias sociales entre países y continentes. Existe el peligro de que la vacuna no llegue a todos. 3. Los que pasan de largo son dirigentes políticos, sociales e incluso religiosos que no se comprometen, buscan sus intereses nacionales o populares, se limitan a pronunciamientos, se dejan corromper, no cumplen lo prometido, cierran los ojos a los desastres de las multinacionales, creen que la situación no es tan grave, que la ciencia y la técnica todo lo arreglará, o por el contrario, que todo está tan mal que ya no hay remedio. 4. El buen samaritano representa a todas las personas de buena voluntad que desde cualquier religión o sin ella ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colaboración de los demás. Son aquellos que van más allá de su cultura y nación. Que se abren a toda la humanidad, al extranjero, al pobre y al necesitado. Haciendo la salvedad que no se trata de un cambio global de sociedad.
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica cumple 10 años en defensa de los derechos humanos
La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) cumple una década de reivindicar el derecho a la energía.
La lucha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 10 de octubre de 2020 La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee) cumple hoy 10 años desde su fundación. Su nacimiento se dio poco después del decreto presidencial que dispuso en 2009 la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de los excesivos, impositivos, arbitrarios e impagables cobros de luz en los recibos que comenzaron a recibir millones de personas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como del inicio de la privatización de la industria de la energía eléctrica y la reforma energética de 2013. La asamblea ha pasado por momentos complejos: las crisis civilizatoria y de derechos humanos, el contexto de violencia estructural y sistemática, y las generalizadas violaciones a derechos fundamentales por parte de las autoridades. Se ha enfrentado igualmente a las fallas estructurales de los sistemas de administración e impartición de justicia, a la desigualdad social, a la pandemia por el Covid-19, y al desmantelamiento del sector energético. Pese a todos estos obstáculos, la lucha de la Anuee es desde 2010 hasta la fecha un rayo de esperanza que irradia la agenda de derechos humanos y los procesos de exigencia de otros sujetos, no sólo a lo largo y ancho del país, sino en otros lugares de Latinoamérica. A sabiendas de que estas líneas serán insuficientes para hablar de los numerosos aportes que la asamblea nos ha legado, resulta oportuno mencionar algunas de sus conquistas. En tanto organización social, nos ha enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares; de aquellas que vienen desde abajo, desde la base, reivindicando así la relevancia y trascendencia de los propios movimientos sociales y las conquistas del pueblo, en tanto mecanismos necesarios para la consolidación de la democracia. La Anuee exige a las autoridades una serie de demandas. Entre ellas están el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, el establecimiento de una tarifa social justa y la aplicación del borrón y cuenta nueva no sólo en el estado de Tabasco, sino para todas las personas que han recibido cobros excesivos por parte de la CFE. Por otro lado, lucha además por la renacionalización de la industria eléctrica y la reversión de la reforma energética y de igual forma por el cese de la represión, por la libertad de expresión, y contra la criminalización y judicialización de la protesta social. Cabe destacar también que desde su práctica ha desarrollado una comprensión y uso alternativo, crítico y contrahegemónico de los derechos humanos. De ahí su exigencia por el reconocimiento y la constitucionalización de la energía eléctrica como un derecho humano, porque ella no es un mero servicio o mercancía lujosa que sólo puede ser adquirida por quienes tienen recursos suficientes para pagarla. Es en cambio un bien público, una condición indispensable para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de todas las personas a una vida digna y a una vivienda adecuada. Por lo que ninguna persona debería verse en la necesidad de elegir entre tener pan en la mesa de su casa o pagar la luz de su domicilio. En este sentido, la Anuee ha propiciado que los derechos humanos dejen de ser leídos desde interpretaciones tradicionales, como meras cualidades inherentes de todas las personas por el sólo hecho de serlo, y repensarlos y emplearlos como demandas políticas y herramientas de lucha, mediante las cuales puedan hacerse exigibles y justiciables. Entre éstas se encuentran las mesas de negociación con autoridades de diferentes dependencias del gobierno federal, los plantones, los mítines, las marchas y las movilizaciones pacíficas. También sobresalen las estrategias jurídicas y políticas, la documentación de violaciones a derechos, la presentación de iniciativas ciudadanas ante el Poder Legislativo, los procesos formativos, y la comunicación popular y estratégica. La asamblea es asimismo un polo articulador entre diversos actores sociales que promueven planes de acción conjunta, los cuales buscan incidir no sólo en sus agendas, sino también en otras, buscando siempre bienes comunes que beneficien a la sociedad. Ejemplos de ello son la llamada Legislación Popular, el Movimiento Nacional de Usuarios, las campañas nacionales y las jornadas de lucha, sólo por mencionar algunos ejemplos. Todo lo cual se realiza de la mano con otros referentes, como el Sindicato Mexicano de Electricistas; Agua para Todos; Agua para la Vida; la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; Damnificados Unidos de la Ciudad de México; el Comité del 68, y los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Saludamos finalmente la histórica lucha de la Anuee, la cual muestra, entre otras cosas, cómo se construye y reconoce colectivamente un nuevo derecho humano, como lo es el derecho a la energía eléctrica. Y por mostrarnos su firme determinación por construir un país más digno y democrático, con justicia, paz y dignidad para todos.
Los derechos a la información y a la salud durante la pandemia
Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | Imagen : Contralínea Por: Ariadna Rosales Cabrera y Claudia Zuloaga Thomassiny 06 de octubre de 2020 Son diversos los escenarios en que los derechos fundamentales se han visto violados desde el inicio de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. Las autoridades de cada Estado no estaban preparadas para hacer frente a una pandemia tan agresiva y prolongada, por lo que varias de las medidas adoptadas para evitar contagios no resultaron adecuadas. En nuestro caso, atentan contra los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, entre ellos la Convención Americana de los Derechos Humanos. Dos de los derechos que se han visto limitados y afectados por la pandemia son el derecho a la información con relación al derecho a la salud. En principio parecería que ambos no tienen relación alguna, pero atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos, no se puede ejercer uno sin gozar del otro. De este modo, el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a la atención médica, mientras que el derecho a la información, relacionándolo con el derecho a la salud, se refiere tanto a la información pública que el Estado da a conocer a la población, así como al manejo adecuado del historial médico y a que los pacientes tengan conocimiento de su estado de salud y de los tratamientos médicos disponibles. De acuerdo con el Artículo 8 de nuestra Constitución, cuyo contenido guarda una fuerte relación con el artículo 22 de la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, el Estado mexicano debe garantizar la transparencia en la información vinculada con la pandemia. Por ello, además de los descubrimientos médicos, tratamientos y vacunas, tenemos derecho a que en todo momento se nos informe respecto al número real de personas contagiadas y recuperadas, así como de quienes desgraciadamente han muerto. Asimismo debe haber transparencia sobre los recursos que se han destinado para atender la emergencia sanitaria. En el caso de México, el gobierno ha tratado de implementar nuevos mecanismos para proporcionar información mediante las estadísticas más recientes sobre el número de casos positivos, activos y defunciones. Sin embargo, debido al alto número de contagios en cada entidad federativa, es difícil contar con datos certeros y oportunos, por lo que en ciertos sectores queda la duda de si esas son las cifras reales, incertidumbre que se incrementa cuando existen conflictos entre gobiernos locales y el federal en torno a la información dada a conocer. Derivado de la pandemia, otro problema que se ha agravado son las fake news, que son una forma de desinformar a las personas y de crear situaciones de pánico entre ellas. Lo preocupante de esta situación es que a veces son los propias autoridades quienes brindan este tipo de contenido, el cual suele viralizarse a través de distintos medios de comunicación, principalmente en redes sociales. En este sentido, no está de más la invitación para informarnos en fuentes confiables de información. Te puede interesar: Por fake news de Covid-19, población reacciona desde emociones primitivas Ahora bien, todas las personas tienen derecho a recibir atención médica y a que se les mantenga informadas acerca de su estado de salud. Previo a los tratamientos médicos que se le van a administrar, de forma oportuna, clara y comprensible debe explicarse para qué sirven, los posibles efectos secundarios y el tiempo de reacción. Lo anterior es indispensable para que el paciente, o en caso de urgencia alguno de sus familiares, puedan ejercer su derecho al consentimiento informado mediante la toma de decisiones con respecto a su estado de salud. Por estas razones, cuando los pacientes no se encuentren en condiciones de autorizar los tratamientos médicos, lo deberán hacer sus familiares más cercanos, y los médicos habrán garantizado que la decisión que tomen sea también consciente e informada. Además, atendiendo a una recuperación integral, el Estado deberá garantizar las comunicaciones oportunas entre pacientes, personal médico y familiares. Éstos últimos, amén de tener conocimiento del estado de salud de su familiar enfermo y del tratamiento médico al que serán sometidos, también tienen derecho a que, en caso de defunción, se les garantice la devolución de sus restos mortales, con la intención de que puedan realizar ritos mortuorios conforme a sus propias tradiciones y cosmovisión, tal como lo declara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 4/2020: Derechos Humanos de las Personas con Covid-19. Lamentablemente, esta pandemia ha puesto en evidencia la profunda crisis de los sistemas de salud en México, lo cual, a su vez, colocó en mayor situación vulnerabilidad a diversos grupos históricamente discriminados, aunque también puso sobre las cuerdas al personal médico de primera línea, que, en medio de esta coyuntura, se convirtió en un grupo de atención prioritaria. Por ello, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿realmente se están garantizando el goce y ejercicio pleno de los derechos a la información y a la salud? Pongamos sobre la mesa que la declaración de la emergencia sanitaria no es una “pausa” que permite al Estado incumplir con sus obligaciones generales, o bien, restringir, limitar o suspender derechos sin justificaciones razonablemente objetivas apegadas a los instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Así, los derechos a la información y a la salud son dos herramientas de exigibilidad y justiciabilidad ante las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, porque precisamente estos dos derechos son clave para enfrentar y erradicar los impactos diferenciados de la pandemia por la Covid-19. Ariadna Rosales Cabrera y Claudia Zuloaga Thomassiny* *Integrantes del Área de Litigio Estratégico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Revisión de Gisel Mateos González
Ayotitlán: una potencial solución paradigmática
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Gisel Mateos González 06 de octubre de 2020 El pasado 22 de julio el Estado mexicano notificó su intención de explorar el procedimiento de solución amistosa para lograr un acuerdo entre las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán (en adelante “comunidad”) y México. Y lo hizo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”) para dirigirse a los representantes de las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán, a saber, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, y la Unión de Pueblos de Manantlán (en adelante “peticionarias”). El posible acuerdo que nazca de esta solución amistosa será paradigmático por dos razones: definirá los límites territoriales entre los estados de Jalisco y Colima, y reconfigurará el andamiaje jurídico interno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos de derechos humanos. Así, para comprender la complejidad de este caso, es necesario conocer al menos parte de su proceso de exigencia, porque, aunque la comunidad ha habitado las tierras y territorios desde tiempos ancestrales, el Estado mexicano no ha reconocido formalmente su adscripción como parte de los pueblos indígenas nahua y otomí, ni la posesión de sus tierras ni su libre determinación se hayan reconocido, y por ello tampoco la protección especial que les debe ser garantizada. La historia y posesión de las tierras de la comunidad ancestral indígena nahua data desde la época de la Colonia, en 1756. La Corona Española le otorgó una extensión de terrenos de 70 mil hectáreas, mediante Merced Real, ahora ubicadas en los estados de Colima y Jalisco, las cuales son ricas en recursos naturales y albergan el yacimiento de hierro más importante a nivel nacional. Ahora bien, la tenencia de la tierra se transformó a partir de 1917, y se creó la propiedad social como una reivindicación de los pueblos indígenas y el campesinado. Por ello, la población nahua solicitó que se reconocieran sus territorios, poseídos tradicionalmente bajo la figura de “bienes comunales”. Dada la carencia de la Merced, en vez de bienes comunales se crearon “tierras ejidales” a través de la publicación de un decreto presidencial. Así, el gobierno decidió crear tierras ejidales con el fin de evitar conflictos internos entre las personas ejidatarias y la comunidad indígena nahua que poseía las tierras. Es decir, la posesión de una parte de la comunidad indígena nahua no fue beneficiada por el decreto presidencial de dotación de tierras ejidales. Y pese a que siguieron poseyendo las tierras de facto, no tuvieron reconocimiento ni protección a la tenencia de su territorio. De esta forma la comunidad no fue beneficiada por la justicia social posrevolucionaria, ya que sus reclamos de tierra y reconocimiento fueron invisibilizados en el reparto agrario. Además, no se consultó de forma libre, previa e informada a la comunidad sobre las actividades no consentidas como decretar sus territorios como zona protegida, la operación de empresas mineras y el establecimiento de personas no originarias de la comunidad en sus tierras. Por si esto no fuera suficiente, existe un conflicto territorial entre Colima y Jalisco, lo cual les ha privado de su derecho de acceso a una jurisdicción, debido a que no pueden tener acceso a servicios básicos como agua potable y luz, ni tampoco seguridad ciudadana y justicia. Esto ha permitido la comisión de delitos del crimen organizado, las múltiples violaciones a derechos humanos por parte de autoridades de diferentes ámbitos y niveles de competencia, así como la explotación y desgaste de sus tierras por la extracción de hierro a cielo abierto, realizada impunemente por consorcios mineros. Todo esto ha tenido como resultado la precarización de la vida, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades a una vida digna de todos las personas de la comunidad. Han sido interpuestas numerosas denuncias ante las autoridades para dar a conocer esta grave situación, ya sea por delitos, violaciones a derechos humanos o daños ambientales, pero ninguna ha prosperado. Por ejemplo, pese a la Recomendación 122/1995, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se documentó este contexto de violencia sistemática y estructural contra la comunidad por parte de agentes estatales y particulares, los gobiernos de los estados de Colima y Jalisco no han cumplido totalmente la Recomendación. Por otro lado, desde 1995 hasta el día de hoy no han sido resueltas las controversias territoriales que fueron iniciadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están radicadas en el Senado. Esto orilló en 2008 a la comunidad a acercarse a las peticionarias con el fin de interponer una denuncia ante la CIDH sobre la violación sistemática a sus derechos, la cual no ha había sido atendida por las autoridades mexicanas. En este sentido, algunas personas de la comunidad han hecho públicos sus reclamos de justicia y verdad, por lo que han sido blanco de ataques. De hecho, el último tuvo lugar en la Conmemoración de la “Matanza de Timbillos”, con el objetivo de dar un mensaje claro, como hace 100 años: persuadir a la comunidad para que desista de su lucha por la verdad y justicia. Finalmente, celebramos la intención del Estado mexicano de buscar una solución amistosa ante la CIDH, pero a la vez lo llamamos a reparar integralmente las violaciones contra la comunidad indígena de Ayotitlán, reconociendo así su proceso de exigencia, y con ello siente un precedente que irradie el sistema jurídico mexicano para que éste respete y garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. * Gisel Mateos González es colaboradora del CDH Vitoria.
Derechos humanos y el Covid-19
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 26 de septiembre de 2020 La llegada del Covid-19puso al descubierto los problemas estructurales que enfrentan los países de América Latina y el Caribe (ALC) que han aplicado las políticas del modelo neoliberal. Lo que ya constituía un obstáculo para el desarrollo sostenible. Con todo y lo importante que es la pandemia, no es la principal causa de la crisis actual. No se trata por tanto de la crisis del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis del capitalismo. Ante semejante pandemia, los derechos humanos (DH) han sido vulnerados debido a diversos factores: los déficits prevalecientes en los servicios fundamentales; las medidas insuficientes de los gobiernos para atender a la población; el falso dilema entre proteger la economía nacional o la salud de la población, o la exclusión de los actores no gubernamentales en las respuestas ante la emergencia. Ello se muestra de manera clara en el estudio denominado Impactos del Covid-19 en Camex, coordinado por DECA Equipo Pueblo, que realizaron organizaciones civiles de la Región Centroamérica-México, con instancias que participan en la red global Alianza de OSC, para la Eficacia del Desarrollo de América Latina y el Caribe. El estudio da cuenta de las políticas públicas instrumentadas; de la participación de la sociedad civil, y, sobre todo, del impacto en los DH en cinco naciones: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ante la crisis económica, la Cepal pronostica que en este año América Latina y El Caribe experimentarán una recesión de 5.3 por ciento en su PIB. La región llegará a 11.57 millones de desempleados, lo cual significa que la tasa de gente sin empleo crecerá de 8.1 a 11.5 por ciento, alcanzando la cifra de 37.71 millones de personas en paro. Prevé, además, un acelerado incremento de individuos en situaciones de pobreza y pobreza extrema, que en un escenario alto significará el aumento de 5.5 puntos porcentuales en los países de la región, donde los mayores cambios de pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y El Salvador. Entre los principales hallazgos comunes en las cinco naciones, destaca que la pandemia evidenció las grandes carencias y deficiencias de los sistemas de salud: la ausencia de planificación; la escasez de infraestructura, equipos, fármacos y personal calificado, además de malos manejos y corrupción en las adquisiciones de varios gobiernos. En el contexto de la pandemia, el estudio reporta, con preocupación, el riesgo de retrasar o invisibilizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y otras agendas fundamentales, como la ambiental y social, que de por sí han sido largamente postergadas. Las organizaciones autoras del estudio denuncian la violación creciente de los DH a la vida, a la salud y a un empleo decente. También se trastocan de manera grave el derecho a la alimentación, a la autosuficiencia alimentaria y a la educación, además del derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, y, considerando que en los países de la región se elevó la violencia ejercida hacia las mujeres, propiciada por el confinamiento, en muchos casos obligatorio, a una vida libre de violencia. Por todo ello, ante la alarma causada por presuntas violaciones a los DH que han ejercido los diversos cuerpos de seguridad, con la excusa de que el incumplimiento de medidas impuestas por los gobiernos ameritan sanción, demandan un trato digno. En algunos casos se reforzó la actuación de militares que reprimen y criminalizan a defensoras/es de DH. Llaman la atención, ante el entorno totalmente desfavorable durante la pandemia que viven las OSC en la región, ya que los gobiernos no las consulta. No las han considerado en la implementación de programas, y en la mayoría de estas naciones –México entre ellas– han sido objeto de descalificaciones y amenazas del Poder Ejecutivo, cancelándoles programas y presupuestos. Lo que las coloca en riesgo de desaparecer. Para elevar la calidad de la salud y la educación públicas; favorecer el trabajo digno; garantizar una movilidad segura, y, sobre todo, asumir la universalidad de los derechos, los gobiernos tendrán que atender y resolver las tensiones actuales. Sin embargo, debido a la creciente violación de los DH, la contracción de la economía, el cuantioso endeudamiento público, la pérdida de empleos formales, la situación crítica de las personas informales y las pequeñas y medianas empresas, el manejo clientelar de las ayudas y subsidios, el aumento del número de personas en pobreza y pobreza extrema, la falta de transparencia, la corrupción y decretos inconstitucionales –documentados entre otros en cinco estudios de caso–, las OSC prevén un escenario desalentador para revertir la crisis. Como concluyen las OSC participantes en el estudio: “se está priorizando más al capital que a la vida misma (…). Seguiremos cuestionando el sistema neoliberal, y coincidimos en la necesidad de un cambio profundo para alcanzar el buen vivir, con propuestas alternas y nuevos paradigmas”.
Los cómplices de #LaOtraEpidemia
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Víctor Manuel Chima 22 de septiembre de 2020 Recientemente en México se han cumplido 6 meses desde que inició la contingencia debido a la pandemia por la COVID-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy poco más de 73 mil defunciones han sido registradas de manera oficial, y el número de casos positivos estimados es de alrededor de 713 mil.1 Conforme avanzó la pandemia, se identificaron comorbilidades, es decir, factores de riesgo que hacen que las personas tengan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones al contraer la COVID-19, entre ellas algunas relacionadas con la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.2 Particularmente la obesidad y la diabetes son padecimientos relacionados con nuestra salud alimentaria. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 vino a resaltar los problemas de salud pública y alimentaria que durante los últimos 35 años se han agravado, derivados de un modelo agroalimentario industrial, de políticas públicas poco eficientes para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; de la influencia de las industrias de alimentos procesados en la toma de decisiones gubernamentales, y del poco interés de funcionarias y funcionarios públicos en la materia. Algunos datos De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de 1900 millones de personas adultas tenían sobrepeso a nivel mundial, y 650 millones de personas más padecían obesidad. Cada año se registra un total de 2.8 millones de muertes a causa de la obesidad y el sobrepeso. Con respecto a la diabetes4, en México fue la segunda causa de muerte para el año 2017, resultando en el 15.3% de todas las defunciones registradas de manera oficial. En 2016 el 9.4% de toda la población tenía un diagnóstico de diabetes, siendo la principal causa de complicaciones derivadas como la ceguera, enfermedades cardiovasculares y renales, así como la amputación de miembros inferiores. “Los cómplices de la otra epidemia” ¿Qué papel jugaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y exfuncionarias y exfuncionarios de estas instituciones en el aumento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, y por ende, en elevar el número de víctimas mortales por la COVID-19? El pasado lunes la Alianza por la Salud Alimentaria estrenó el minidocumental “Los cómplices de la otra epidemia”5, que nos muestra cómo exfuncionarias y exfuncionarios rechazaron políticas públicas a favor de la salud pública para favorecer la industria de alimentos procesados y velar por sus intereses, en detrimento de la población mexicana. Retirar la comida chatarra de las escuelas, regular de manera efectiva la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y promover un etiquetado de advertencia con información asequible, verídica y científicamente comprobada, son medidas importantes que, de haber sido aplicadas adecuadamente, habrían ayudado a atender de mejor manera las llamadas Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes. Medidas que, además, han sido ampliamente recomendadas por organismos nacionales e internacionales, como la OMS o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Sobre la medida de retirar la comida chatarra de las escuelas, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006 – 2009), se negó a su implementación, optando por firmar acuerdos que mantuvieron a las empresas refresqueras Coca-Cola y PepsiCo en las instituciones educativas públicas, permitiéndoles la venta de sus productos, cuando sabemos que el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de diabetes infantil. Así justificó estos acuerdos con la promoción de “estilos de vida saludables” por parte de las refresqueras. Ahora bien, la regulación efectiva de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes encontró dificultades para ser implementada como política pública durante la gestión de Salomón Chertorivsky como Secretario de Salud (2011-2012), optando por un fallido código de autorregulación que no reconoció los daños ocasionados a la salud de niñas, niños y adolescentes por el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Años más tarde, la misma Secretaría de Salud reconocería que dicha autorregulación de la industria fue una simulación.6 El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018), Pablo Kuri, y el excomisionado Federal de la Cofepris (2011-2016), Mikel Arriola, apoyaron un etiquetado frontal diseñado por la misma industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, el cual no brindaba información precisa sobre los contenidos calóricos de los productos, y que representó un riesgo para la salud. Sobre el exsecretario de Salud (2016-2018), José Narro Robles, quien en 2013, siendo Rector de la UNAM y durante la presentación del libro “La obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, reconoció las dimensiones del problema de salud pública que representaba en ese entonces la obesidad, y por ello recomendó que las propuestas de políticas públicas enunciadas en dicho libro debían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, durante su gestión como funcionario público no atendió las mismas recomendaciones que años atrás había respaldado, y contrariamente actuó cercano a los intereses de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. “Los cómplices de la otra epidemia” nos recuerda la urgente necesidad de implementar políticas públicas que gradualmente y de manera complementaria mitiguen los efectos dañinos en la salud de niñas, niños y adolescentes, de consumidoras y consumidores en general, ocasionados por el consumo de la comida chatarra. Además, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos Humanos7, el Estado mexicano deberá regular las actividades de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, para contrarrestar de manera decidida la influencia indebida de las empresas en la adopción de decisiones gubernamentales. Finalmente, el etiquetado frontal de advertencia, una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y la salida de la comida chatarra de las escuelas, no sólo ayudarán a
A tres años del 19s
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Alberto Ledezma Por: Miguel Concha Sábado 19 de septiembre de 2020 Hoy conmemoramos el tercer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19s), y 35 años de los ocurridos en 1985. Sin embargo, después de este tiempo, el 19s no se olvida, y ésto no sólo por todo aquello que ha quedado guardado en la memoria colectiva, sino porque el desastre sigue afectando a las personas damnificadas y a la sociedad en su conjunto. Hablando del desastre, la falta de prevención, de planificación y de acción estatal adecuada genera que fenómenos naturales, como los sismos, devengan en desastres. Y si bien es cierto que los terremotos no pueden impedirse, sí es posible reducir al máximo los daños que probablemente causarán. Como lo expone el informe Documenta desde abajo, elaborado por estudiantes, académicos, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente obedecen a factores socialmente construidos (https://bit.ly/2lmAR7C). Y así, el 19s es un desastre socialmente construido, debido a las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después del siniestro, por la acción, omisión o aquiescencia del Estado. En este sentido, la recomendación 12/2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDHCM), identificó violaciones a derechos, como los siguientes: nivel de vidaadecuado, a una vivienda digna, a la vida, ala integridad personal, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, así como el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso del edificio que colapsó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, donde lamentablemente fallecieron 15 personas, entre ellas doña María Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, las autoridades responsables, al no supervisar ni inspeccionar integral y diligentemente el edificio antes del 19s, cometieron omisiones respecto a varios de estos derechos. Al igual que en Zapata 56, Saratoga 714 y Álvaro Obregón 286, cabe señalar que en Bolívar 168 se presentaron numerosas irregularidades que presuntamente propiciaron el colapso del edificio, propiedad de Inmobiliaria Inmobico SA de CV, entre ellas, la antigüedad del inmueble, la ampliación de dos plantas respecto a la construcción original, el sobrepeso de los pisos tercero y cuarto, la colocación de una antena de telecomunicaciones, y la falta de rehabilitación estructural después de los terremotos de 1985. Ante las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, víctimas, sobrevivientes y colectivos, como Damnificados Unidos de la CDMX, llevan a cabo procesos de exigencia de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Y lo hacen mediante demandas, como la rehabilitación y la reconstrucción de las viviendas de una forma adecuada y segura, y realizadas con fondos públicos. Su lucha se ha encontrado con la revictimización; con políticas de castigo y desatención por parte de autoridades; con obstáculos interpuestos por las empresas constructoras, y con retrasos temporales en la entrega y calidad de las viviendas reconstruidas, así como con diversas dificultades, como las afectaciones físicas, síquicas, emocionales y espirituales. Sin embargo, su lucha tiene una función transformadora, debido a su gran capacidad catalizadora para reforzar la organización y la genuina determinación en la defensa de los derechos humanos que surge desde abajo, reivindicando su posición como sujetos de derechos, no como objeto de discursos. Prueba de ello es la Jornada de lucha por la verdad y la justicia, que junto a otras personas damnificadas, organizaciones, colectivos, movimientos y sociedad en general emprenderán hoy, y que se extenderá hasta el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Por todo lo dicho, autoridades capitalinas, como aquellas de la Comisión para la Reconstrucción, las de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por mencionar algunas, tienen el deber constitucional e internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido antes, durante y después del 19s, lo cual, según la recomendación de la CDHCM requiere de una conjunción de esfuerzos, asumida como obligación de Estado, y no como labor filantrópica o de gestión de asuntos administrativos o intereses particulares. De esta manera, se eliminarán los obstáculos para el acceso a la justicia y se logrará la certeza y claridad sobre las condiciones del suelo de la capital, así como la adecuada atención a la infraestructura urbana y la garantía del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, para que el 19s nunca más vuelva a repetirse se promoverá la responsabilidad del Estado, una cultura de derechos humanos, la prevención de riesgos, el acceso a la información y la atención a grupos de atención prioritaria con enfoque diferencial.
Activismo por el medio ambiente en América Latina
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 22 de agosto de 2020 América Latina y el Caribe guardan en su historia acciones esperanzadoras en defensa de los bienes comunes,así como experiencias ejemplares en torno al cuidado de la naturaleza. Muchas de éstas son de resistencia y protección de la vida en todas sus formas frente a los reiterados intentos de despojo y violencia por parte de empresas nacionales o trasnacionales que lastiman los derechos y territorios de comunidades enteras. Desde hace décadas esta región del mundo ha estado al filo de la navaja en la disputa por la vida. Cada vez escuchamos con más frecuencia acerca de conflictos socioambientales, en los que efectivamente se pone en juego la transformación desde abajo y la posibilidad de avanzar hacia un paradigma basado en el respeto de la madre naturaleza. Para estos tiempos complejos de pandemia se hace deseable reflexionar sobre los retos que para el cuidado y defensa de la vida nos presenta el siglo XXI. Ayuda conocer de manera directa las experiencias de lucha de comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales, por los diversos medios con los que contamos, ya sean impresos, presenciales o digitales. Por ello, es una buena noticia comentar e invitar a la lectura de un nuevo libro sobre el uso alternativo y crítico de los derechos humanos en la defensa de los bienes comunes, medio ambiente y cuidado de la vida. Me refiero al texto Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América Latina, editado por la Universidad de Cuenca, Ecuador, coordinado por Sandra Hincapié y Julio Teodoro Verdugo, que se puede descargar libremente en https://cutt.ly/Jfwnn4W. En él se contienen sistematizaciones de algunas de las luchas por los bienes comunes en el continente, en las que se apela a los derechos humanos como recurso de movilización y politización. Y por lo que se conoce, a través de las experiencias que se describen en sus textos, se hace un uso crítico del derecho, y se intenta usar el talante liberador de los derechos humanos, poniéndolos a prueba en la práctica misma. El libro se enfoca en América Latina, con casos de México, Ecuador, Colombia y Perú, todos ellos, luchas dignas de contarse, de retomarse, y de aprender de ellos para seguir en el camino de la transformación hacia un mundo más digno y justo, con armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Satisface que se comparta este libro, porque logra transmitirnos lo que comunidades y organizaciones sociales han avanzado en sus trabajos colectivos, al tiempo que nos invita a dialogar con otros grupos que buscan proteger el medio ambiente, la biodiversidad, el acceso al agua potable o sus derechos culturales y colectivos. Asimismo, el texto nos puede ayudar a seguir pensando y construyendo otras estrategias que podemos usar para continuar exigiendo nuestros derechos en su dimensión más colectiva, desde cualquier lucha en la que nos involucremos. De México, particularmente, se recogen experiencias muy significativas, como la que narra Irán Guerrero en torno a la defensa de los bosques en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán. También se comparte la lucha por la defensa de la milpa y el maíz nativo, mediante acciones de justiciabilidad y exigibilidad, como la demanda colectiva contra el maíz transgénico, a través de un artículo de David Perlman y Carlos Ventura. Vale la pena conocer, en el caso del río Sonora, la defensa del derecho a participar en asuntos medioambientales, en la experiencia que nos cuenta María Julia Lamberti. Todas estas experiencias mexicanas se entretejen con otra media docena de textos de diversos países, cuyo eje común es la disputa por la vida, el cuidado de la naturaleza y la centralidad de los derechos humanos, vistos y usados como herramientas de emancipación. De la lectura de este texto surge un sentimiento de gratitud por el trabajo generoso realizado en estas luchas, y causa alegría saber que en estos esfuerzos en América Latina lo que importa y moviliza es cuidar el planeta, cuidarnos como personas y cuidar toda forma de vida. Hay que compartir, usar y difundir este material. Es necesario que se abran nuevas perspectivas, nuevas formas de entendimiento e intercambio de saberes en medio de una crisis tremenda: la crisis de la civilización. Hagámonos cargo de la realidad, carguemos éticamente con ella y encarguémonos de ella, pues hoy es innegable que el desastre medioambiental, ya tan presente en muchas regiones, nos exige cambiar el rumbo. No se puede postergar. Para ese cambio necesitamos aprender desde las vidas comunitarias, desde abajo, desde las experiencias sociales y populares. Este libro busca eso: comparticiones constantes entre quienes creen que otra realidad puede ser posible. Se requiere igualmente retomar los derechos humanos, evitando su sesgo antropocéntrico, intentando usarlos como herramienta útil para el cuidado de toda forma de vida.
Los barrios que no pueden parar
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Viridiana Martínez Ortíz 📅 18 de agosto de 2020 En tiempos de pandemia, transitar por alguno de los barrios de la ciudad te acerca y conecta con una de las muchas realidades situadas en espacios y tiempos que danzan lentamente entre la vida y la muerte. Este borde de existencias deja al descubierto historias, vivencias y anécdotas cotidianas, habitadas por heridas del pasado, enraizadas desde el empobrecimiento estructural y que trae consigo consecuencias históricas que en estos momentos representan toda una serie de desventajas socioeconómicas que hacen de la clase popular y trabajadora de las periferias un grupo poblacional con vidas aún más precarizadas tras la situación detonada por el COVID 19. Las periferias no sólo se pueden comprender desde una concepción espacial, pues estas vienen acompañadas de procesos de urbanización que crean paisajes habitados de contrastes y de injusticias sociales. Ante las medidas implementadas desde la lógica del confinamiento y distanciamiento social, las crisis económicas se siguen agudizando y están repercutiendo en estos espacios y modos de vida, que muchas veces se han sostenido desde la informalidad laboral, por ejemplo, sin garantías de acceso a los derechos sociales mínimos indispensables para habitar efectivamente vidas dignas. Además, de estas situaciones la construcción de esta “nueva normalidad” trae consigo toda una serie de narrativas que individualizan el tema de los cuidados, de la salud mental y del encuentro, responsabilizando a las personas de no guardar la “sana distancia”, invisibilizando la necesidad de quienes no tienen alternativa más que salir día con día para cubrir esa falta de garantías aseguradas por los gobiernos, entonces es así que cientos de personas se ven obligadas a desafiar este momento pandémico, salir y ponerse en riesgo para llevar algún sostén para sus personas queridas y familias y de estas maneras continuar re existiendo para vivir dignamente. Las dinámicas de la vida cotidiana desde estos espacios se están viendo trastocadas, y a diario se disputan sentidos de realidad, en búsqueda de construir posibles escenarios populares que les permitan ejercer economías dignas y solidarias, así como subjetividades que permitan ejercitar vínculos desde la cooperación, la caricia, palabras, miradas, sentires y emociones que nos reconecten y revitalicen, para hacer frente a las presentes y futuras crisis. Y para dar cuenta de ello nos adentramos a una de las muchas realidades de la periferia, partiendo de que no son escenarios romantizados, pero sí son realidades que nos ocupan, nos transitan y habitan. Entonces recorremos y las miradas sutiles revolotean en los ensamblajes que dan vida y humanizan las calles que se asemejan a grandes pasillos con luces apagadas que han encontrado otras formas de mantenerse alumbradas, desde rincones de vidas que encarnan diversas violencias, que carecen de servicios básicos y por ello han ido construyendo otros tejidos para la vida desde el encuentro con otras y otros. Sigues caminando y reconoces estas realidades frágiles que se sostienen, mientras el ambiente se armoniza al escuchar de fondo rolas cumbieras, al otro lado de la acera se alcanzan a mirar puestos pulguitas que intentan intercambiar algunos productos teniendo como vehículo las manos; el flujo de la gente deja ver un mundo que hace comunidad, hace presencia y hace conciencia poniendo los cuerpos ante los diversos virus que se han venido acumulando desde hace años, por ello una de las posibles preguntas a hacernos es: ¿qué pasará y hacia dónde podemos ir construyendo desde lo popular? ¿Qué sentidos le daremos a la palabra bienestar? La salud es vivienda, es educación, es trabajo, es vivir libres de violencias, es habitar espacios dignos, es organización desde la digna rabia para hacer de esta crisis una posibilidad de emerger desde otras maneras y formas de relacionarnos y reconocernos desde la vitalidad de la otredad. Porque donde se escucha y organiza desde y con los pueblos, los gobiernos no retroceden. *Viridiana Mtz. Ortíz es coordinadora del Área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación del @CDHVitoria.
