Vacuna contra el Covid-19
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 08 de agosto de 2020 Según cifras de la Universidad JohnsHopkins, hasta hoy más de 18 millones de personas están contagiadas de Covid-19 en el mundo, y poco más de 700 mil han muerto. Recientemente México ocupó el tercer lugar de fallecidos a escala mundial a causa del virus, sólo detrás de Brasil y Estados Unidos. Ante este panorama se hace más importante la carrera científica por desarrollar una vacuna que prevenga y trate el contagio del Covid-19. Sin obviar que Rusia anunció que ya tiene una vacuna, los resultados son prometedores. Hasta el momento 10 proyectos en etapa clínica presentan avances notables, y por lo menos tres de ellos se encuentran en fase tres, lo cual significa que pronto se aplicarán en miles de personas, antes de que pueda determinarse la seguridad y efectividad de una de ellas. Y así, luego de que se superen todas las pruebas, se iniciará un proceso de aprobación por parte de autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reguladoras a escala nacional, como el Consejo de Salubridad General en México, y con ello su producción y distribución a gran escala. Sin embargo, la complejidad de esta carrera no sólo implica ir a contrarreloj para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, sino también una serie de dilemas que han de ser problematizados y resueltos desde la bioética y los derechos humanos. De esta manera surge una pregunta crucial, ¿quiénes tendrán acceso a la vacuna, especialmente en una coyuntura de crisis multifactorial y recursos escasos? Por tanto, es fundamental definir grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19, cuya delimitación habrá de justificarse mediante criterios razonables, proporcionales, objetivos y transparentes y, a su vez, considerando el respeto, protección, promoción y garantía de tres derechos en juego: a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones. De acuerdo con la resolución 4/2020, titulada Derechos humanos de las personas con Covid-19, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de julio (https://cutt.ly/ndIaJcr), en el contexto de la pandemia los estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar los derechos a la vida y a la salud. La misma resolución considera que el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud, exige que los estados adopten, de forma participativa y clara, medidas dirigidas al acceso a las vacunas. Así, en medio de un escenario donde éstas no podrán aplicarse en una primera fase a todas las personas, parece conveniente que la medicación se distribuya a los siguientes grupos de atención prioritaria: personal de salud de primera línea; enfermos de Covid-19; adultos mayores; personas con predisposiciones o comorbilidades y aquellas que estén expuestas a un contacto humano significativo. Ahora bien, si históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en situación de calle o en pobreza, resulta aún más indispensable defender y proteger los derechos en juego de estos grupos. Todo lo anterior plantea numerosos desafíos, los cuales deben ser considerados desde ahora. En función de esto, a principios de julio la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anticiparon una serie de retos para los estados, entre los que destacan aspectos técnicos y logísticos, como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; el número de dosis a administrar, para lograr una protección adecuada; su seguridad y efectividad, y la preparación de la infraestructura y componentes claves para su distribución (https://cutt.ly/kda9NO5). Pueden, asimismo, presentarse otros desafíos, como la formulación de leyes y guías para evitar el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países, tal y como sucedió durante la pandemia de gripe A/H1N1, en 2009, y con ello eliminar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de autoridades y particulares que puedan violar derechos humanos durante su proceso de producción y distribución. Retomando unas palabras de la doctora María de Jesús Medina Arellano, se necesitará una fuerte coordinación, solidaridad y cooperación internacional entre diversos actores para el desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19. Entre ellos, desarrolladores, reguladores, encargados de la formulación de políticas públicas, inversionistas, organismos de salud pública, gobiernos y sociedad civil. Saludamos los esfuerzos de quienes están involucrados en el desarrollo de la vacuna para prevenir y tratar el Covid-19. Los llamamos a adoptar una perspectiva de derechos humanos para distribuirla de manera justa y equitativa, y de esta forma garantizar su acceso en condiciones de igualdad y no discriminación.
Etnocidio en Sonora
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 01 de agosto de 2020 Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces, para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. En su poema Cuando muere una lengua Miguel León Portilla nos recuerda la importancia del México multicultural. Hoy, en plena pandemia, a causa del Covid-19, un megaproyecto impulsado por intereses industriales está desplazando al pueblo guarijío. Se trata de la presa Los Pilares, en Sonora. Armando Haro y Ramón Martínez revelan en el libro Patrimonio biocultural y despojo territorial en el Río Mayo (2019), publicado recientemente por El Colegio de Sonora, los atropellos e ilegalidades del proceso que hoy amenaza a los guarijíos. Es innegable que los pueblos originarios de nuestro país y su herencia cultural han sido histórica y sistemáticamente agredidos por el desarrollo occidental, llevándolos casi al borde del exterminio. Con una óptica mercantilista, se les ha despojado de sus recursos naturales, sus expresiones culturales y costumbres, vulnerando así sus derechos esenciales. En nuestros días este despojo territorial y cultural, aunado al desplazamiento forzoso de diversas comunidades, se ha incrementado debido a los nuevos megaproyectos y desarrollos industriales. Para los guarijíos los territorios no significan lo mismo que para la visión occidental. Para ellos el territorio es la base simbólica que sustenta su origen y los identifica culturalmente. La naturaleza es, además, un ente sagrado y polimorfo en el que moran subjetividades de los seres vivos y de los antepasados inanimados. Así lo expresa un líder guarijío: los Pilares para nosotros es un lugar importante y sagrado, ya que en estas aguas estancadas y termales es donde nuestros antepasados y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas, arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes y para ser buenos jinetes. Por ello, el valor biocultural del territorio que pretenden arrebatar a los guarijíos va más allá del valor comercial que sirve para satisfacer intereses mineros y de la agroindustria. Nada de esto importó, pues la presa se inició sin tomar en cuenta ni a las comunidades originarias, ni al impacto socioambiental que ella tendría. Primero se justificó con la excusa de generar energía y expandir la agroindustria, y luego, debido a la resistencia de los guarijíos, con el argumento de que era necesaria para la protección civil. Según lo exponen Haro y Martínez, parece que la verdadera razón se esconde en los vastos yacimientos no explotados de plata y otros minerales que hay en territorio guarijío. Desde el inicio la manifestación de impacto ambiental (MIA) tuvo grandes deficiencias y se descuidaron aspectos cruciales, como los riesgos al patrimonio biocultural y la opinión de los guarijíos o el necesario enfoque de cuenca para valorar el impacto en la biodiversidad, la cultura y el bienestar de todas las personas ahí asentadas. Aunado a otras graves irregularidades, las autoridades judiciales también cometieron diversos atropellos ante los múltiples amparos que promovieron los guarijíos. Algunos fueron desechados por considerar sobreseimiento o, cuando al fin se concedían, eran parciales, pues sólo se otorgaban para efecto de no desplazarlos, pero se permitía la continuación de las obras, aunque ambos fueran parte del mismo proceso y no obstante que las obras en sí mismas implicaran un riesgo de desplazamiento. Finalmente, a inicios de 2019, después de cinco años de juicios y siete de lucha, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal. El juez también anuló la MIA y el permiso de construcción de la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar la presa, a pesar de las denuncias y amparos. Los han aislado, no pueden acceder a los terrenos de siembra y han limitado su suministro de agua. Para amedrentarlos, el gobierno ha llegado incluso a negarles, ilegalmente, servicios básicos, como el suministro de agua potable o el acceso a los apoyos federales, al grado que los llevaron al borde de la hambruna. Además, quien se niega a ceder sus territorios, ha sido víctima de amenazas e intentos de soborno por parte de las autoridades. Hoy la presa se ha llenado, y al abrir las compuertas, sin aviso previo, se han inundado todos los caminos hacia las comunidades guarijías. Las comunidades de Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo tendrán que ser desplazadas forzosamente de sus tierras ancestrales si el nivel de agua sube como temen los pobladores. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe ante este caso. No sólo están despojando a un pueblo de su territorio, en los hechos, lo están sentenciando a muerte. Agradezco la contribución de Daniel C. Santander en la elaboración de este texto.
De emergencia a transformación
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar* 📅 22 de julio de 2020 En los seis meses escasos que nos separan del 2019, millones de personas en todo el planeta han cambiado su dinámica de vida y sufrido una brusca colisión con todo lo que imaginaban posible hasta ese momento. En muchas de ellas, en las ciudades de las capitales mundiales y en comunidades urbanas, justo las que parecían menos vulnerables al hambre, se ha mostrado con toda claridad el brevísimo margen de supervivencia de gran parte de la población que necesita de la movilidad para subsistir. Por un lado, vemos la forma en que la enfermedad se manifiesta con mayor gravedad en los sistemas inmunes más debilitados y aquellos con enfermedades crónicas. En el caso de nuestro país, la emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos particulares de haber olvidado políticas sociales y desarticulado instituciones encaminadas a la garantía del derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, la alimentación sana y otras condiciones mínimas que, de no ser resueltas, afectarán a largo plazo la calidad de vida y salud de las personas. Pero es que el mismo sistema económico está dispuesto a sacrificar la vida de las personas en beneficio de las ganancias distribuidas entre minorías ricas (las cuales sí son minorías). La vida actual, hasta antes de este choque, tenía ya las condiciones exactas para marginar y excluir a segmentos enteros de la población, y para priorizar a otros. La desigualdad anula y desecha a más personas que nunca antes en nuestra generación. Al mismo tiempo, las paradojas del momento político que vivimos nos hacen ver que las debilidades que abrieron paso a la enfermedad social de la inequidad, son un mal que persistirá y se cronificará aún más tras la pandemia si no actuamos a tiempo. Por otro lado, cuando se hace más necesario un compromiso profundo para reflexionar y encaminar nuestras acciones a la erradicación de la discriminación, racismo y homofobia, desde la cúpula del gobierno se piensa oportuna la desaparición del órgano autónomo responsable de aportar luces sobre esa titánica tarea. En el momento en que habría de estar en el centro de nuestra atención la violencia que viven las mujeres y personas no heterosexuales confinadas sin opción en hogares misóginos y homofóbicos, se acelera el endurecimiento de la precarización de las instituciones defensoras de derechos humanos que tienen a su encargo, entre otras, la tarea de construir e implementar políticas para la transformación de fondo de las dinámicas sociales que replican y hacen persistir las violencias. La política de “primero los (y las) pobres” que propone el Jefe del Ejecutivo debe ir acompañada de reformas profundas que atiendan el compromiso de generar las condiciones necesarias para abatir la pobreza y desigualdad en todos los sentidos. Este aspecto ha sido recordado por un clarificador mensaje de la ciudadanía participativa a través de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano severamente lastimado en la opinión pública a partir de las declaraciones del Presidente sobre su trabajo. En cada vez más aliados y aliadas en toda la sociedad, e incluso en las instituciones, se fortalece la preocupación de que el principio de “austeridad republicana”, que en el discurso buscaba recortar el lujo y despilfarro del aparato burocrático, se transforme en un obstáculo para la operación misma de algunos sectores del gobierno, reitero, siendo aún mayor alarma cuando se trata de aquellos específicos que están encargados de visibilizar y ser un rostro más cercano y amable a los grupos que han permanecido en el olvido y la sombra. Cuando las crisis ocurren, los cambios profundos se van materializando bajo razón de las ideas que dominan el debate público. De esa forma es como la derecha y sus corporaciones se han aprovechado de la tragedia para apretar la soga y desmantelar al Estado, pero es también en esos momentos de shock cuando se distinguen a mejor contraste las injusticias del sistema, y las izquierdas tienen una gran oportunidad para imaginar nuevos comienzos y avanzar de manera organizada y persistente. En esta lógica es indispensable que la transformación que vivimos, además de combatir la enfermedad, pueda vislumbrar un escenario donde los gobiernos aumenten su presencia y capacidad. La búsqueda de poner en orden un aparato burocrático corrupto no debe traducirse en el adelgazamiento del Estado a un nivel tal que no pueda ni siquiera otorgar los insumos suficientes para que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus tareas, tener empleos dignos y entornos seguros. La excusa de reordenar el presupuesto nacional para brindar apoyos económicos directos no tendría que poner en riesgo a los organismos democráticos que han permitido que en las últimas décadas se amplifique cada vez más el diálogo de la ciudadanía con sus instituciones, o que han servido de puente para que más personas puedan exigir sus derechos de manera efectiva. Un gobierno cuyo acercamiento más profundo con las personas es a través de un cajero, no estaría resolviendo las profundas necesidades por violencias y carencias que se radicalizan en la crisis. Un gobierno que fortalece su presencia únicamente en la milicia, y no a través de otras instancias y órganos que hacen contacto directo con la ciudadanía, se queda sin escuchar a quienes viven mayor marginación y discriminación. Esta crisis nos alcanza en un escenario diferente con respecto a los derrumbes de la economía en los 90’s o en 2008, donde se optó por la “obligación” de pagar para salvar a las empresas de interés privado y los banqueros. Ahora vemos un momento en el que se vislumbra con mayor claridad la necesidad de dirigir el rescate hacia otros lados, otros grupos, otras poblaciones, justo las que quedan más abandonadas en cada ocasión que se adelgaza el Estado y, de esta manera, se les deja a merced de la economía de mercado. Sigamos insistiendo. *
El juicio contra el maíz transgénico en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Contralínea | David Manrique Por: Catherine Marielle* 📅 18 de julio de 2020 Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012. Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país. En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos. Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas. Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/. Ya
Siete años defendiendo el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Luis AP Por: Miguel Concha Sábado 📅 11 de julio de 2020 La defensa de los bienes comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político, jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la ciudad. Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas, surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas. En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a quienes habitamos o transitamos por estas tierras. Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los nutrientes necesarios para una buena vida y salud. Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader, antes Sagarpa. En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15 juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno. Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico. Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales. Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias, usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo. No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su efectivo compromiso con un proyecto político que respete los derechos humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales. Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185 personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.
UPOV-91: Semillas en peligro
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por:Ana Kuhn Velázquez y Víctor Manuel Chima* 📅 01 de julio de 2020 Lo primero que nos viene a la mente al pensar en nuestro país es su comida: tacos, tlacoyos, pozole, sus chiles, tlayudas… y la lista sigue. Nuestra cultura alimentaria es resultado de siglos de interacción entre los habitantes de estas tierras y la biodiversidad que los rodea, evolucionando junto con las plantas y animales que se volvieron símbolos de nuestra identidad. La comida no es solo nuestro vínculo más cercano al medio ambiente, sino parte integral de quienes somos, reflejando nuestros valores como sociedad y las infinitas relaciones con el territorio del que somos parte. Estas relaciones se han ido moldeando a lo largo de los años, haciendo de México uno de los países más biodiversos y culturalmente ricos del mundo. Ahora, esta diversidad vital está en peligro con la nueva iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, planteada tras la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este año, y el Tratado Transpacífico (TPP) en 2018. ¿Cómo inicia el camino hacia el T-MEC y el TPP? En 1990 se empezó a gestar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que privilegió las relaciones comerciales con empresas transnacionales, dando inicio a una etapa de abandono al campo mexicano, a comunidades campesinas e indígenas, y despojo de territorios y bienes comunes en nuestro país. El TLCAN entraría en vigor el 1 de enero de 1994. En 2018 -22 años después-, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó una “modernización” del TLCAN, resultando en un nuevo acuerdo comercial entre los mismos 3 países de América del Norte, al que llamaron USMCA (US Mexico Canada Agreement), o T-MEC en español. El 13 de marzo de 2020 se anunció la aprobación final por los 3 países, con fecha de entrada en vigor para este 1 de julio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), por otro lado, fue firmado en 2018 por once naciones de la región Asia-Pacífico, y en el que se encuentran Chile, Perú y México, de Latinoamérica; aquí, Estados Unidos no firmaría. Ambos Tratados establecen en sus cláusulas, que México deberá adherirse al UPOV-91. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales1 (UPOV) es una organización que busca proteger la propiedad intelectual de los llamados «obtentores». Aunque en un inicio reconocía el derecho de los campesinos al libre intercambio y utilización de sus semillas, en su versión más reciente de 1991 resulta en el despojo y privatización de estas, aplicándole la misma lógica empresarial y mercantilista a todos los productores, ignorando sus particularidades y tratando a las semillas como si fueran un bien de mercado en lugar de la base sobre la cual se construye la vida. México se encuentra actualmente en la versión de 1978, pero con la firma del T-MEC y del TPP, se busca que entre en la versión de 1991, lo cual podría traer resultados desastrosos tanto a nivel social como ambiental. Esta no es una situación hipotética, sino que ha sido vivida en países vecinos, como fue el caso de Colombia quienes tras firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2011 sacaron la Resolución 9.70, la cual al incluir a las semillas campesinas y nativas dentro de las definiciones utilizadas, provocó su criminalización. En un país que, como México, sufre de hambre, toneladas de arroz fueron destruidas y sus productores acusados de piratería y delincuentes, sin que estos hayan sido ni consultados ni informados de los cambios en la normativa2. Estas y otras violaciones a derechos humanos —así como las malas cosechas resultantes de que las semillas importadas no estaban adaptadas a la realidad colombiana— fueron uno de los factores que llevó al paro agrario que paralizó al país en el 20133. Al entrar en la UPOV91 Colombia profundizó las desigualdades, reforzando a los grandes productores y multinacionales en detrimento de su propia población y soberanía alimentaria. Una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada en marzo de este año por el diputado Eraclio Rodríguez, y con proximidad para discutirse en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, pone en mayor riesgo a las semillas nativas, que principalmente han sido afectadas por el TLCAN (ahora T-MEC) y el TPP. Esta iniciativa de Reforma estaría facilitando que México se adhiera a la versión de UPOV-91, con lo que los daños serán aún más graves. Por un lado, las empresas transnacionales tendrían la facilidad de registrar semillas que han sido mejoradas, intercambiadas y protegidas por las mismas comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, el intercambio libre de semillas sería criminalizado, estableciendo “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian libremente las semillas, las pencas de nopales y los esquejes de plantas que han heredado”4. El caso de Colombia es un claro ejemplo de la gravedad de adherirse a la versión de UPOV-91, con la que la diversidad de semillas nativas en nuestro país -que además es centro de origen del maíz, el cacao, el nopal, el jitomate, el frijol, entre otras-, el medio ambiente, la salud de mexicanas y mexicanos, estarían en un riesgo inminente5. Otro elemento a considerar es el valor intrínseco de la naturaleza y sus derechos, en este caso las semillas y toda la biodiversidad que depende de ellas. Las semillas tienen que ser defendidas no solo por lo que aportan a los humanos, sino por su papel esencial en la cadena trófica y por el simple hecho de también ser seres vivos. Poder patentar semillas abre la puerta a la apropiación de la vida misma. Esta advertencia toma un sentido mayor en el contexto de la pandemia de SARS-COV2, en el que se hacen evidentes
Derecho humano a la vivienda adecuada y sus garantías en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Ariadna Rosales y Gisel Mateos* 📅 23 de junio de 2020 Las personas requerimos más que un listado de derechos reconocidos para nuestro desarrollo integral, el cual depende, en gran medida, que en principio contemos con una vivienda adecuada. Así, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna. Este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en sus artículos 2 y 11, por lo cual los Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias y asegurar su plena efectividad y goce. Pero, ¿qué implica esto para los gobiernos? Reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada (en adelante “derecho a la vivienda”), implica que éste deberá garantizarse independientemente de las circunstancias, atendiendo a su inherencia, interdependencia e indivisibilidad con los otros derechos humanos, para que de esta forma las personas tengamos un mínimo de seguridad, es decir, gastos soportables para su construcción, seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; habitabilidad, accesibilidad, un lugar conveniente y adecuación cultural (cfr. https://bit.ly/3awakbo), por mencionar algunos ejemplos. A nivel nacional, el derecho a la vivienda tiene su fundamento en la Constitución mexicana, en su Artículo 4, el cual establece el derecho de las familias a disfrutar una vivienda digna y decorosa. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tal derecho haciendo una explicación de sus elementos, a saber, una infraestructura adecuada que proteja a las personas del medio ambiente y frente a desastres naturales, con instalaciones sanitarias, acceso a servicios básicos (energía, agua y drenaje) y espacio suficiente para habitarla (véase https://bit.ly/2VtjvVx). Sin embargo, existen obstáculos de facto y de iure que impiden el goce de este derecho social, uno de ellos, el desalojo forzoso. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 7, se pronunció en relación con la figura del desalojo forzoso, definiéndolo como “[…] el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (https://bit.ly/2KsMUZT). De esta manera, el Estado deberá ofrecer las garantías procesales adecuadas a las personas sujetas a desalojos forzosos. Así, antes del desalojo, se deberá consultar a la comunidad afectada por el futuro desalojo, notificarle la fecha del mismo en un plazo razonable y suficiente, y facilitarle la información sobre el desalojo, así como de alternativas de vivienda y recursos legales. Ahora bien, una vez que esté en curso el desalojo, se debe asegurar la presencia de autoridades debidamente identificadas, realizarlo en condiciones adecuadas, y ofrecer asistencia jurídica si se desea solicitar alguna clase de reparación ante órganos judiciales. Finalmente, una vez que terminó se debe garantizar la reubicación de las personas desalojadas en una vivienda adecuada, asegurando su tenencia. Atendiendo a las responsabilidades anteriores, en la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en el artículo 60, contemplaba el desalojo bajo ciertas condiciones. El punto anterior significaba que la autoridad, para poder realizar un desalojo, debía estudiar todas las posibilidades, a fin de evitarlo y en todo caso evitar o minimizar el uso de la fuerza pública, e igualmente indemnizar a las personas en caso de ser privadas de sus bienes o sufrir pérdidas inmateriales, respetando en todo el proceso las garantías procesales de las personas afectadas, como lo es la audiencia, y también hacerlo garantizando un adecuado realojamiento a las personas sin recursos. Sin embargo, el 7 de junio de 2019 el anterior texto fue modificado, y ahora sólo prevé que “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. […] para garantizar el derecho de audiencia y respetar el debido proceso…”, dando así un paso atrás en la protección del derecho a la vivienda adecuada y al derecho de tenencia. Si se hace una radiografía sobre la tenencia de las tierras en la Ciudad de México, en términos generales, se podría vislumbrar la coexistencia de las propiedades pública, privada y social. En específico, los núcleos ejidales y los bienes comunales, cuyo reconocimiento y otorgamiento fueron conquistas de la Revolución Mexicana a favor del campesinado y han representado un reto en materia de regularización territorial, toda vez que la transmisión de la propiedad social tiene reglas muy específicas, por lo que las personas que realizan operaciones para adquirirlas deben pasar por procesos judiciales o administrativos usualmente agotadores. Tal es el caso de la Colonia Solidaridad, fincada en tierras de naturaleza ejidal ubicada en el paraje 8.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. Por ello, numerosas familias han podido residir ahí desde hace décadas, gracias a la compra de sus casas, resultado de grandes esfuerzos. No obstante, estas familias han sido desalojadas de sus hogares en tres diferentes ocasiones hasta el día de hoy durante los años 2013, 2017 y 2019. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, en su calidad de organización observadora, tuvo oportunidad de conocer las violaciones a derechos humanos derivadas del primer desalojo ocurrido en 2013 a manos de autoridades capitalinas. Contrario a lo que mandata la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en sus artículos 59 y 60, el 19 de octubre de 2019, de nueva cuenta, se dio otro desalojo forzoso a manos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que, según la propia versión de las personas de la Colonia Solidaridad, fueron alrededor de 1 mil 800 efectivos, todo lo cual afectó a cerca de 200 familias. Por lo tanto, la actuación de las autoridades, conforme lo relatado por las personas habitantes de la Colonia Solidaridad, también careció de las garantías procesales mínimas en los desalojos forzosos de 2017 y 2019, porque, entre otras
Decreto por el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Twitter Por: Miguel Concha Sábado 📅 13 de junio de 2020 Sabemos que los bienes comunes naturales están hoy amenazados por intereses de grandes capitales nacionales e internacionales. Se hace por ello aún más necesaria la efectiva defensa de éstos, a los que no podemos asignar un precio, pues guardan en sí mismos una importancia vital para la existencia y reproducción de la vida en el planeta. Con base en este principio, y dada la preocupación que nos ha generado la presencia de maíces transgénicos en nuestros territorios, un grupo amplio de personas y organizaciones solicitamos al titular del Ejecutivo federal acciones contundentes en favor de los maíces nativos y los derechos de los campesinos y comunidades indígenas. Retomando las declaraciones del Presidente al tomar posesión en 2018, y al cumplirse los primeros 100 días de su mandato, cuando expresó que en México no se permitirían las siembras de maíces transgénicos, este grupo plural y diverso de personas nos animamos a presentar una petición de decreto presidencial. Éste debiera establecer condiciones suficientes para una política integral de bioseguridad en México, en la que se incluyan legislaciones y políticas públicas de gobierno que aseguren derechos colectivos, así como la preservación de la integridad de nuestra nación como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación humana y animal, y la riqueza histórica y cultural que existe en nuestro país en torno a las semillas. Esta petición fue entregada el pasado 30 de junio de 2019 pero, por desgracia, a casi un año de ello, no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud. Sin embargo, mediante la entrega y publicación de otra carta, con fecha próxima, renovamos e insistimos en nuestra petición, y ahora, frente a más amenazas actuales para el maíz, la milpa y la biodiversidad en general, con mayor razón. Entre éstas, por un lado, está la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y, por otro, nuevas propuestas legislativas de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que criminalizan a campesinos y pueblos indígenas, y los despojan de sus semillas. Además, la intención de algunos sectores de gobierno para que México se adhiera al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV91), acción contraria a la protección de la biodiversidad y a la prohibición de los organismos genéticamente modificados (OGM), a los que, por cierto, el propio Presidente de la República se ha referido y señalado como ser susceptibles de prohibirse. En nuestra petición renovada volvemos a subrayar la importancia de proteger la diversidad agrícola en México. En efecto, se hace cada vez más necesaria la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM, sea en su fase experimental, piloto o comercial en el territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas, como edición genética o mutagénesis. Por ejemplo, una medida urgente de política pública efectiva a este respecto sería implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir granos de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes, así como transparentar regularmente resultados sobre detección de OGM en territorio mexicano. Este decreto podría ser una señal clara del compromiso de la actual administración con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y con la protección de la biodiversidad, así como un avance significativo en la garantía del derecho a la alimentación y a la salud de las personas que habitamos o transitamos por México. Los cientos de personas y organizaciones que se han sumado a esta nueva petición de decreto son conscientes de que en medio de una crisis como la que enfrentamos por la pandemia del Covid-19, es fundamental transitar gradualmente hacia otros paradigmas de relacionamiento con la naturaleza, poniendo en el centro el cuidado de los bienes comunes y de toda forma de vida en el planeta. Nuestra petición de decreto no es troglodita, como muchos sectores privilegiados han querido suponer. Es más bien una acción social organizada que nace de la imperiosa tarea de cuidar la naturaleza, centrando esfuerzos en la milpa y en los productores de alimentos de pequeña y mediana escala. Necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas. De seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas. La actual administración tiene la oportunidad de construir verdaderamente las bases de un nuevo proyecto de país, el cual pasa por darle institucionalidad a las propuestas que desde las diversas organizaciones, colectivas y movimientos sociales hemos elaborado y presentado en sintonía con exigencias de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Esperamos que esta vez se recoja nuestra petición.
También morimos jóvenes: periferias y las luchas de hace tiempo
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen :Web Por: Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia 📅 03 de junio de 2020 Seguramente cuando José Enrique Rodó escribió Ariel y lo dedicó a “A la juventud de América”, buscaba que sus palabras resonaran en cada persona joven del continente. Hoy, con la misma intención pero desde otra mirada, escribimos este texto. Sabemos que las realidades se inscriben en nuestras acciones, posibilidades, apuestas y horizontes, y que son nuestras historias individuales y colectivas las que hablan desde nuestras corporalidades; (no) salimos porque nos matan, (no) gritamos porque nos callan, y (no) dejamos hacer y dejamos pasar porque “no tenemos alternativa”. Hoy América Latina se enfrenta a la pandemia desde las heridas abiertas que ha dejado la dominación, la explotación, el extractivismo y la violencia patriarcal en la región, pero también desde las lecciones que siglos de resistencia han tejido en la memoria de nuestras organizaciones, pueblos y colectividades. El desafío es tan grande que si bien no imaginamos las magnitudes de los impactos que tendrán estos tiempos en nuestras cotidianidades, sabemos que la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos será justificación genocida. Nombrar que son nuestras y nuestros, los de las precarias condiciones laborales, esos y esas sin seguridad social y económica y aquellas a las que se les obligó a confinarse con el agresor, son sólo algunas de las historias que forman parte del ejercicio de memoria popular durante y después de la crisis, y que permitirán organizar la indignación, el dolor y la rabia para seguir construyendo esas transformaciones tan urgentes que como sociedades necesitamos. Como juventudes de las periferias, vivimos la cuota sacrificial desde las exigencias de productividad instauradas desde antes del COVID-19, que configuran los mandatos para “ser autosuficientes, tener un título, estabilidad emocional y energía casi interminable por la vida”, sin embargo, esto no es posible en contextos de extrema violencia y desigualdad para el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros. Nuestras realidades diferenciadas, empobrecidas y precarizadas que hoy actualizan el mandato generacional que niega a las juventudes la posibilidad de padecer cansancio, dolor, enfermedad (o contagio) como afecciones de la improductividad, que invisibilizan las marcas de desigualdad racial, de clase, de género y orientación sexual que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras condiciones desiguales de salud y de vida, las cuales aumentan factores de vulnerabilidad. Mientras alguien con las condiciones materiales suficientes puede decidir alimentarse más sano en esta cuarentena, jóvenes trabajadores de las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México continúan con sus actividades laborales diariamente dirigiéndose hacia las empresas y zonas industriales, así como a las posibilidades que ofrecen las calles, en donde la informalidad del trabajo y la garantía de nada muestran con crudeza que la ganancia se sostiene sobre la vida, sacrificando ciertas identidades como expresión de la exclusión radical de ciertos sectores poblacionales. Basta mirar un día de cuarentena en algún municipio mexiquense que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para dar cuenta que las circunstancias hoy añadidas con la pandemia muestran la profundización de los mecanismos para la gestión necropolítica de la crisis, en donde los derechos a la información sobre los temas de la pandemia son, como lo ha advertido la organización Artículo 19, parte fundamental de las acciones obligatorias de los Estados para mitigar las afectaciones. También es ejemplo claro del carácter de interdependencia de los derechos humanos, sobretodo en tiempos de crisis manifiesta. Recientemente el periodista Arturo Contreras retrataba mediante testimonios de habitantes de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, las diversas formas de habitar el coronavirus en las periferias: “La gente no sabe nada (…) la vida en las calles (…) se sigue como si nada. Tampoco se sabe mucho de la cuarentena por el coronavirus.”, refería al inicio de un reportaje que daba cuenta de la vulnerabilidad de once mil viviendas de esta colonia, habitadas por miles de obreros con enfermedades respiratorias ocasionadas por vivir cerca de los canales de aguas negras y basureros. Por generaciones, diversas organizaciones que han apostado a la defensa de los bienes comunes y del territorio que se encuentran en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana han cuestionado el aceleramiento de los procesos de urbanización en la zona, la privatización de bienes comunes como el agua y el suelo, la construcción de basureros a cielo abierto, así como la construcción de megaproyectos inmobiliarios y aeroportuarios (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía). Desde esta luz, como refieren los diálogos entre movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo, la normalidad ha sido la crisis y a ésta pertenecen hoy las realidades de diversas colonias, barrios y comunidades que se enfrentan a la carencia de agua para lavarse las manos, la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en medio del hacinamiento y el quedarse en casa como opciones reales de sobrevivencia. Como juventudes de las periferias, somos una ventana generacional a los procesos de lucha. Aunque nuestra voz suele ser silenciada o criminalizada, en tiempos de pandemia no dejamos espacio para el olvido, no frenamos nuestra colectividad, ni dejamos que el distanciamiento determine nuestras relaciones afectivas. Es tiempo de repensar nuestros entornos familiares, pero también de fortalecer nuestro compromiso afectivo con nuestros territorios. *Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).
Guía bioética
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 09 de mayo de 2020 El propósito de este artículo es contribuir a la búsqueda de soluciones a la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19, y a cómo atenderla y contenerla luego de que fuera decretado el inicio de la fase 3 por el nuevo coronavirus en nuestro país. Por tal motivo abordaré en esta ocasión el tema de la Guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia (en adelante Guía), aprobada por el Consejo de Salubridad General el pasado 30 de abril ( https://bit.ly/2yxekeH). Según opinión de la doctora María de Jesús Medina Arellano, una de las dos personas expertas que coordinó su elaboración, éste es el primer documen-to en la historia de la medicina, al menos en nuestro país, que ha sido tan democratizado y transparentado. Prueba de ello son las largas discusiones generadas desde la publicación del controvertido borrador, las cuales se han ido situando principalmente en dos grandes posturas: en contra y a favor, o al menos con apertura a ella. Por tal razón, resulta crucial exponer algunos puntos, no sin antes realizar una consideración previa sobre los derechos humanos. Una característica poco mencionada de los derechos humanos es que son esencialmente controvertidos, como lo ha indicado el doctor Ricardo Ortega Soriano. Lo cual significa, entre muchas otras cosas, que su interpretación es problemática, especialmente cuando chocan dos o más derechos entre sí, y por ende uno o unos tienen que restringirse o limitarse con respecto a otros. Lo que precede se complejiza aún más en situaciones como la actual emergencia sanitaria que se vive en la nación, porque tienen que tomarse decisiones en contextos de crisis y recursos escasos e indivisibles. Esto genera desacuerdos, debates y dilemas, sobre todo en materia de bioética y de derechos humanos, los cuales han de ser resueltos con criterios lo más razonablemente posible, bajo la perspectiva de los derechos humanos, para eliminar discrecionalidades y arbitrariedades que puedan derivar en violaciones a derechos humanos, especialmente contra grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta forma la Guía intenta, según su descripción, ser un instrumento con criterios razonablemente objetivos, sustentados en los derechos humanos y la bioética. A la letra, dice en su propósito: Ser una guía bioética que proporcione criterios para orientar la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Con esto, según la doctora Medina Arellano, uno de los efectos de la Guía es que desactiva el histórico privilegio médico para decidir arbitraria y discrecionalmente quién muere y quién vive, mediante la transparencia de las determinaciones a partir de un criterio dirigido al personal hospitalario que, actual o potencialmente, sea parte en los esfuerzos para combatir la pandemia de Covid-19, el cual entrará en operación si y sólo si la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada, o está cerca de serlo, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Algunos aspectos de la Guía son los siguientes: justifica cierta manera específica de asignar los recursos escasos de medicina crítica, y describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación (triaje); elimina los principios orden de llegada y necesidad médica; reconoce, a través del principio de justicia social, que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos, así como la dignidad humana, la solidaridad y la equidad en tanto principios orientadores; tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas según la posibilidad demostrable de beneficiarse de los recursos médicos. Asimismo, considera la situación de grupos de atención prioritaria, para no ser discriminados ni estereotipados; el respeto a la autonomía de las personas pacientes, y el deber ético de no abandonarlas. Por otro lado, especifica las características de los equipos de triaje, los procedimientos, las funciones y los pasos que éstos seguirán al momento de asignar los recursos escasos de medicina crítica, así como el sistema de apelación a la decisión de triaje. Saludamos el hecho de que la Guía haya eliminado criterios como el de vidas-por-completarse, y atendido e incorporado observaciones de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, lo cual le otorga un mayor grado de confiabilidad. Sin embargo, llamamos a asumir una posición crítica con respecto a los aspectos negativos de los sistemas de salud, que están evidenciando los impactos del Covid-19, así como a generar los mecanismos óptimos de aplicación y evaluación en los casos extremos de la Guía.
