Pronunciamiento de apertura del Foro : “Por la construcción de un modelo agroalimentario con alimentos campesinos para todas y todos”
Urge hacer realidad el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como lo señala la Constitución; y que éste, sea garantizado por el Estado mediante el desarrollo rural integral y sustentable. Conminamos al nuevo gobierno a la construcción de un modelo agroalimentario donde las personas, los sujetos colectivos, los ejidos y las comunidades sean el centro de las nuevas políticas hacia el campo y están representados en el Plan Nacional de Desarrollo. Rescatemos a la madre tierra, la economía campesina, los alimentos frescos, locales y saludables; el maíz mexicano y la tortilla de calidad. La Campaña Nacional Sin Maíz No hay País cumple 12 años. Desde entonces , hicimos el llamado a “poner a México en la boca”, ante la urgente necesidad de revalorar el campo mexicano, dignificar a quienes producen los alimentos y preguntarnos cómo nos alimentamos, buscábamos llamar la atención del gobierno frente a la liberalización total del maíz, frijol, azúcar y leche en polvo que permite el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Este llamado no tuvo eco en el gobierno, pero la sociedad mexicana comenzó a hacer conciencia de la importancia de nuestros alimentos y de quienes las producen, las y los campesinos y el campo. En estos años hemos tenido logros muy importantes, entre otros: la inclusión en 2011 del Derecho a la Alimentación en la Constitución Política Mexicana, la suspensión por la vía jurídica de la siembra de maíz transgénico de 2013; y que el Día del maíz se instituyera en septiembre 29 para celebrar a nuestra planta sagrada y a quienes han hecho posible su existencia hasta el día de hoy: las familias campesinas. Además, hemos realizado un sinfín de acciones: siembra de maíz, ferias campesinas, manifestaciones, la gran velada por el maíz, conciertos, etcétera. Hoy, México vive una nueva coyuntura, en la que tenemos un gobierno que ganó democráticamente la presidencia con más de 30 millones de votos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el campo debe volver a florecer, “rescatar el campo” para acabar con la pobreza y violencia, señaló que no habrá siembra de transgénicos en México y que se recuperará la autosuficiencia alimentaria. Existe mucha esperanza, pero sabemos que será difícil revertir el desastre provocado por casi 40 años de políticas neoliberales anti campesinas y la Revolución Verde, a favor de las grandes corporaciones en el campo mexicano. Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País hemos señalado la urgente necesidad de hacer realidad el derecho universal a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como lo señala la Constitución; y que éste, sea garantizado por el Estado como también se dice en nuestra Carta Magna: “El desarrollo rural integral y sustentable, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. Para ello, debe establecerse en el Plan Nacional de Desarrollo la prioridad del campo mexicano de producir los alimentos que requerimos las y los mexicanos, antes que para el mercado externo. A la fecha nuestra alimentación depende de la importación y de la agricultura campesina e indígena, a pesar de las políticas neoliberales, produce el 40% de los alimentos que consumimos: la mitad del maíz, frutas, café, entre otros. Las políticas neoliberales sólo han protegido a la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en unos cuantos que han ganado millones a costa de los subsidios y de nuestra salud; en tanto que la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción han sido excluidas de los apoyos gubernamentales e incluso, han sido obligados a la migración. Este modelo nos ha llevado a una grave crisis de alimentación que se refleja en hambre y obesidad. Defenderemos el maíz y la milpa como sistema de cultivo, como forma de vivir y de organizarnos en la diversidad que preserva nuestras raíces culturales, nuestra identidad, nuestra alimentación y nuestra cocina tradicional. Reiteramos que esta es la única salida para desterrar la violencia que desgarra nuestra sociedad y rompe el tejido social de familia, pueblos, comunidades, barrios, ciudades y del país entero. También, contribuye a frenar la migración forzada y el desplazamiento de jóvenes y familias enteras; detiene la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz; y combate el cambio climático al capturar el carbono del medio ambiente y regresarlo a la tierra, contribuyendo a enriquecer el suelo, combatir el calentamiento global y a restaurar la biodiversidad. Combinamos el nuevo gobierno a la construcción de un modelo agroalimentario y nutricional donde las personas, los sujetos colectivos, los ejidos y las comunidades sean el centro de las nuevas políticas hacia el campo y estén representados en el Plan Nacional de Desarrollo y que éste se oriente a reactivar la producción campesina e indígena con el maíz como eje y la milpa como sistema de vida; para lograr que toda la población mexicana tenga una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Mantendremos, de forma organizada y colectiva, la tierra, el territorio y el agua ante la depredación que ocasionan los megaproyectos, que ponen en riesgo los suelos para sembrar, comer y vivir. Tenemos la certeza de que la producción campesina e indígena -de pequeña y mediana escala- preserva la gran agrobiodiversidad del campo mexicano, en particular del maíz nativo pero también el agua, los insectos polinizadores y los bosques; además, representa un modo de vida alternativo al capitalismo, hoy en franca crisis. El derecho a la alimentación se ha ganado por la sociedad y debe asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de comida sana a toda la población con equidad y justicia. Las y los campesinos pueden asegurar este derecho con el apoyo decidido del Estado en el marco de sus obligaciones para con los derechos humanos, que también debe combatir los monopolios agroalimentarios para evitar el acaparamiento y la especulación con alimentos, así como la venta de alimentos de pésima calidad. ¡No a los agrotóxicos, no al maíz transgénico! ¡No a la apropiación de las tierras y
Carta pública en respaldo al proyecto del CONACYT
25 de febrero de 2019 A la opinión pública: La Dra. Elena Álvarez-Buylla Roces es objeto de una campaña de desprestigio en redes sociales sin proporción, incluso antes de que asumiera el cargo de Directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es evidente que esta campaña es una respuesta cobarde de los intereses que ha tocado y que está impulsada con amplios recursos económicos, pues sus estrategias son muy sofisticadas y su alcance ha sido enorme, generando un clima de linchamiento innecesario que llama la atención. La designación de la Dra. Álvarez-Buylla Roces es parte de la política que el Gobierno actual y que el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el día en que asumió la Presidencia: “en México no habrá transgénicos”. La Doctora en Biología Molecular fue, hasta el momento en que tomó la responsabilidad como Directora de CONACYT, Investigadora Titular C de Tiempo Completo del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. La relevancia de su desempeño se cristalizó al otorgarle el Premio Nacional de las Ciencias en 2017 y se observa claramente en la reseña adjunta (1). Su postura frente a esta tecnología y en especial en el caso del maíz, fue central para detener la siembra de maíz transgénico en México por una orden judicial y está basada en el conocimiento científico que ha desarrollado en torno a la misma y a las evidencias acumuladas a lo largo de años de investigación. Ahora que el Presidente de la República ha declarado una postura firme en este rubro y existe un consenso social en torno a la prohibición de transgénicos en el área agroalimentaria, sobre todo en el maíz: nuestro alimento esencial, debemos avanzar para detener el uso ilegal de esta tecnología y hacer valer los principios de la bioseguridad. Consideramos urgente revisar ampliamente la Ley de Bioseguridad, hoy de organismos genéticamente modificados, para que se convierta en una normatividad que vele por nuestra seguridad en el ámbito biológico: en lo referente a los organismos genéticamente modificados, productos de la ingeniería genética y de la biología sintética y tecnologías que representan una amenaza a la salud humana y al ambiente. La bioseguridad debe cumplir con la función de monitoreo asignada al Estado. Desde las diversas instancias involucradas en la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) se deberá velar por la bioseguridad en México, en especial frente a nuestra condición de país centro de origen y de diversidad genética de un amplio número de cultivos de importancia comercial y a la gran riqueza en diversidad biocultural que albergamos. Construyamos un México de paz, que preserve nuestro maíz libre de contaminación transgénica y proteja a quienes nos han permitido gozar de su diversidad y calidad: a la cabeza las familias campesinas, los científicos comprometidos, como la Dra. Álvarez-Buylla, y toda la sociedad que ha salido a defender la planta sagrada, construyendo la milpa social, que sabemos, llevará a nuestro país adelante. ATENTAMENTE : Francisco Toledo Elena Kahn Cristina Barros Valero Jesusa Rodríguez Miguel Concha Malo Antonio Turrent Fernández Abraham Cruzvillegas, escultor Abogada Alejandra Carrillo Soubic Alejandro Espinosa Calderón, investigador de INIFAP, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, SIN Nivel III Dra Margarita Tadeo Robledo, Profesora de Carrera Titular C, FESC UNAM, Nivel I, SNI Catherine Marielle José Luis Bustamante del Valle Mercedes López Narciso Barrera Bassols Víctor Manuel Toledo Manzur Alejandro Villamar Calderón Alejandra Acosta Raúl Hernández Garciadiego Iván Jiménez Maya, Docente Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Luis Arturo Carrillo Sánchez, Biopakal y Pakal Grun Mauricio Macossay Vallado Nelly Muñohierro Adelita San Vicente Tello Carlos A. Ventura Callejas Octavio Erick Quesnel Galván Miguel Ángel Escalona Aguilar, profesor de la Universidad Veracruzana Carlos Hector Avila Bello Dr. Arturo Pérez-Vázquez, profesor Investigador Titular Campus Veracruz Peter Rosset, PhD, .investigador Titular C con definitividad, SNI III El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Dra. María Elena Serrano Flores, profesora Investigadora CIIEMAD, IPN. Mirna Ambrosio Montoya, miembro del comité SOCLA capitulo México Dr. Jaime Morales Hernández, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente Alejandro Cruz Juárez, Movimiento Agrario Indigena Zapatista Emilio Reza Araujo, Cooperativa de alimentos mexicanos La Milpa. Alfredo Álvarez Ramírez, Frente en defensa del maíz, de Colima Manuel Antonio Espinosa Sánchez, Universidad de Guadalajara Víctor Hugo Guzmán Cuevas Dr. Miguel Ángel Damián Huato, P-I del Centro de Agroecología, Instituto de Ciencias, BUAP Ronald Nigh, Prof./Investigador CIESAS Sureste Leticia López Zepeda Dulce M. Espinosa- Escuela Nacional de Antropología e Historia Quetzalcóatl Orozco Ramírez Alma Gómez Caballero, Chihuahua Fabián García Moya, Profesor investigador. Universidad Autónoma Chapingo Enrique Pérez Miguel Ángel Sámano Rentería Dr Pedro Moctezuma Barragan, Coordinador Proyecto Invetigación para la Sustentabilidad, UAM Elena Burns, Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa, UAM Patricia Gerez Fernández- Universidad Veracruzana Patricia Moguel Viveros Natividad Miguel Jaime García, Biodiversidad Mateo Mier y Terán Giménez Cacho Maria Emilia Caballero, Miembro de la Academia de Ciencias Investigador III del Sin Dr. Carlos González Esquivel, Laboratorio de Agroecología Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México Dra. Elsa Chávez García, Profesora investigadora del Campus Tabasco, Colegio de Postgraduados Laura Trujillo Ortega, Profesora Investigadora Tiempo Completo, Universidad Autónoma Chapingo Jaime E. García González, Dr.sc.agr., Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) Rafael Calderón Arózqueta Dr. Edgar J. González Gaudiano, Instituto de Investigaciones en Educación, Universidad Veracruzana María Cuín Tovar Marta Astier Andrea Medina Laura Mendoza Kaplan Antonio Castillo Fernando Bejarano G. Citlalli López Binnquist, Universidad Veracruzana Gerardo Alatorre Frenk Juan Carlos Escalante Leal, Académico, IIMAS-UNAM Lic. Arlen Carrasco Enríquez María Dolores Cervera Montesano Bertha Elena Munguía Gil Margarita Rosales, INAH Yucatán Dra. Silvia Terán y Contreras Robin Canul Suárez (periodista y fotógrafo) Dr. Roger Orellana, Profesor Emérito del CICY Dra. Alejandra García Quintanilla Investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR-UADY Federico Berrón Autrique Francisco Xavier Martínez Esponda María Teresa Guerrero Olivares Isabel Bueno García-Reyes,Doctoranda en Ciencias de la Sostenibilidad,UNAM Rafael Mier Paola Rodríguez Rosa Amelia Pedraza Luz María Montoya Pérez Maestro Francisco
Plaguicidas peligrosos y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recomendación de la CNDH evidencia que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de enero de 2019 Miguel Concha Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios. La recomendación de la CNDH examina los escritos de 43 personas por actos y omisiones en perjuicio de la población; analiza la evidencia aportada por expertos en el tema, tanto del ámbito académico, como de organismos no gubernamentales, y la información enviada durante la investigación por las autoridades competentes. Concluye que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar la biodiversidad y dañar el medio ambiente. Lo cual constituye una violación a los derechos humanos, porque las autoridades responsables no han actuado con la debida diligencia. El derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada se vulnera al permitir la autorización y el uso de plaguicidas que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, efectos reproductivos adversos y alteraciones hormonales. Además de que también se violan el derecho a un ambiente sano, al acceso a agua salubre y a la información. En su informe sobre el tema que se considera en esta recomendación (A/HRC/34/48), la violación a un conjunto de derechos humanos por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad la han señalado a escala global la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver, y el relator sobre las sustancias tóxicas y residuos peligrosos Baskut Tuncak. Para definir los criterios técnicos de los plaguicidas altamente peligrosos, la CNDH indica que es importante tomar en cuenta los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, y los de la Red Internacional de Plaguicidas o PAN internacional. Desde finales de 2017 miembros de esta red en México, junto con universidades y organismos no gubernamentales, dieron a conocer un informe en el que se enlistan los 183 plaguicidas de alta peligrosidad que se autorizan en México, y los 140 que, incluso prohibidos en otros países, están autorizados en nuestro país. En los criterios propuestos por PAN Internacional se propone incluir la alta toxicidad para las abejas, lo que, dadas las protestas crecientes de comunidades campesinas y productores apícolas por fumigaciones con plaguicidas es importante, al causar la muerte de las abejas, polinizadoras vitales para la producción de miel y agrícola. Para identificar e investigar los efectos adversos de los plaguicidas altamente peligrosos en suelo y en agua superficial y subterránea, la CNDH recomienda la creación de un comité especializado de expertos de instituciones académicas y la sociedad civil. Recomienda también a las autoridades competentes elaborar un plan estratégico conjunto; establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales; determinar los límites máximos de residuos en alimentos, e introducir el término de plaguicidas altamente peligrosos en la normativa legal. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le recomienda impulsar la firma del Convenio 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud. Recomienda además a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam. Para que en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y en los programas sectoriales de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, así como en los de organismos como la Cofepris y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, como una forma de alcanzar la mayor protección de los derechos humanos, reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente, y aplicar el principio precautorio, es muy importante que se cumpla esta recomendación. Además de un cambio en la regulación de los plaguicidas de alta peligrosidad, se necesita una política que apoye las alternativas agroecológicas de control de plagas y enfermedades, articulando la experiencia exitosa de los institutos de investigación agrícola del país con la de las organizaciones de productores campesinos e indígenas, mismas que han logrado no sólo reducir agrotóxicos, sino incluso producir en forma orgánica. La Cuarta Transformación pasa por el respeto a producir y consumir elementos libres de agrotóxicos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Relanzamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
Tras once años de trabajo y ante un nuevo panorama político, la Campaña Sin Maíz No Hay País buscar reivindicar la vigencia de las demandas que desde hace más de una década ha defendido. Ante un nuevo contexto, fruto del último proceso electoral en el que se manifestó un mandato popular, el Estado mexicano debe coadyuvar a la construcción de un modelo donde las personas y los sujetos colectivos estén al centro de los planes gubernamentales. Esto implica rescatar al campo de una forma sustentable, equitativa y digna que permita la soberanía alimentaria con campesinas, campesinos, ciudades y pueblos originarios. En vísperas de la celebración del Día del Maíz el próximo 29 de septiembre, convocamos a todas y todos a festejar y defender al maíz como base de nuestra alimentación y patrimonio de México y del mundo. Hoy más que nunca es fundamental mantener los esfuerzos por defender el derecho a la alimentación, desde la perspectiva de la producción hasta la del consumo y la salud. Por ello, consideramos menester ampliar nuestras redes a otras luchas hermanas, pues la defensa de la soberanía alimentaria no está desligada de la urgencia por defender de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua; así como la necesidad de reconstruir el tejido social, ya que el fortalecimiento del campo parece ser la única salida para desterrar la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada de nuestro país. Ante el nuevo panorama que se presenta en México, mantenemos las demandas en torno a mantener fuera al frijol y al maíz en los Tratados de Libre Comercio; reafirmamos nuestra posición en contra de la siembra de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos; la importancia de apoyar y fortalecer al campesinado, así como a los marcos jurídicos que protegen la biodiversidad y al medio ambiente; y sostenemos la importancia. ahora más que nunca, de hacer políticas públicas que garanticen la operación integral de las secretarías, para que éstas atiendan holísticamente los problemas agrarios, alimentarios, de salud y medioambientales. Finalmente, hacemos un llamado a todo el pueblo mexicano a unirnos en un permanente proceso de lucha por la defensa de la vida y la soberanía alimentaria.
Día Nacional del Maíz
La Campaña Sin Maíz no hay País celebra por décimo año el Día Nacional del maíz y reafirma el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad con agricultura campesina e indígena, y asegurando la soberanía nacional. Ante el desastre que desde hace más de 30 años ocasionaron las políticas anti-campesinas, el mandato popular de las recientes elecciones obliga a la construcción de un nuevo modelo donde las personas y los sujetos colectivos, con todas sus demandas, estén representados en el Plan Nacional de Desarrolloorientado a reactivar la producción campesina e indígena con el maíz como eje y la milpa como sistema de vida. Mantendremos, de forma organizada y colectiva la tierra, el territorio y el agua ante la depredación por mega-proyectos, los cuales ponen en riesgo lo necesario para sembrar, comer y vivir. Las políticas neoliberales sólo han protegido la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en pocos estados y en pocas manos; en tanto que la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción han sido excluidas[1]. Seguimos defendiendo la producción campesina e indígena –de pequeña y mediana escala- de maíz nativo, que preserva la gran agrobiodiversidad del campo mexicano, el agua y los bosques; además, representa un modo de vida alternativo al capitalismo, en grave crisis. La sangre derramada en esta tierra, las desapariciones -como las de los 43 estudiantes de Ayotzinapan, que aún hoy nos faltan-, junto al dolor ocasionado por el narcotráfico y la delincuencia organizada tiene una razón que se resume en la política de abandono y despojo de la los territorios campesinos e indígenas. Reactivar la economía y la producción en estos territorios es la única salida para desterrar la violencia, frenar la migración forzada de jóvenes y familias enteras, fortalecer el tejido comunitario, así como para detener la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz. El derecho a la alimentación se ha ganado por la sociedad y debe asegurar la disponibilidad y la accesibilidad de comida sana a toda la población con equidad y justicia. Los campesinos pueden asegurar este Derecho con el apoyo decidido del gobierno, que también debe combatir los monopolios agroalimentarios para evitar el acaparamiento y la especulación con alimentos, así como, la venta de alimentos de pésima calidad. Es impostergable garantizar el principio de equidad en las políticas rurales, así como los derechos humanos, ciudadanos y laborales de personas jornaleras agrícolas, de las mujeres, los migrantes, de pueblos originarios, y trabajadores y trabajadoras del campo. Las consecuencias tanto en el campo como en nuestra mesa han sido nefastas, en tanto, grandes empresas trasnacionales extranjeras y mexicanas se benefician con incrementos constantes de sus ganancias gracias a la oferta de productos dañinos. La sustitución de la tortilla de maíz en la dieta permitió el ingreso de productos con sustancias riesgosas por tanto, el cambio en la alimentación explica en buena medida siete de las diez principales causas de muerte relacionadas con la comida, ahora con peores consecuencias entre familias campesinas y de pueblos originarios donde los servicios de salud suelen ser carentes de acceso y calidad para prevenir muertes por mala alimentación. De recuperar maíz y frijol como base de una nueva canasta alimentaria conforme a derecho, sería posible construir un panorama de salud a favor de los mercados locales, la cultura, el paisaje y la identidad alimentaria. De igual manera es preciso, proteger el derecho de las y los consumidores para prohibir la publicidad engañosa de comida «chatarra» que invisibiliza el riesgo de los productos ultra-procesados que han desplazado al maíz en todas sus variedades. Es urgente contar con una estructura sólida de vinculación intersecretarial con el objetivo de hacer funcionar un sistema alimentario para asegurar la reserva, distribución y abasto de maíz y productos de la milpa, cercano a los hogares donde pueda consumirse a diario y sea el punto de partida de una economía territorial creciente y sustentable. ¡Con maíz y milpa hay país! Llamamos a las mexicanas y los mexicanos a unirnos en un permanente proceso de lucha por las siguientes demandas: Vigilar que el Poder Ejecutivo actue a favor del Derecho universal a la Alimentación y que defienda el interés público en todos los ámbitos y niveles, lo cual implica dejar inmediata y definitivamente de trabajar y litigar a favor de las corporaciones[2]. 2. Destinar prioritariamente los subsidios gubernamentales a la agricultura campesina e indígena cuyos cultivos nos alimentan de manera sana y diversa. 3. Sacar al maíz y al frijol del TLCAN y del Acuerdo Transpacífico (TPP11). Instalar un mecanismo permanente en el Congreso de la Unión para administrar las importaciones y exportaciones de maíz, frijol y sus derivados. 4. Prohibir la siembra de maíz transgénico de todos los productos agrícolas genéticamente transformados, para proteger y mejorar el patrimonio genético de los maíces y productos originarios junto con un incentivo a la producción de maíces nativos. 5. Prohibir a los agrotóxicos, particularmente los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato[3], los que pueden causar la muerte a las abejas y otros polinizadores y de los prohibidos en otros países y autorizados en México 6. Aplicar inmediatamente el Principio de Precaución y los instrumentos y recomendaciones internacionales de protección a nuestros cultivos[4] y de los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación[5] 7. Elaborar un nuevo marco legal de leyes, reglamentos y normas basado en la ética y la protección de los bienes comunes, de los derechos humanos individuales y colectivos a un ambiente sano, a una alimentación sana, a la biodiversidad, a la libre circulación de las semillas, a la información y a la autodeterminación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, y su aplicación sin reserva por parte del Ejecutivo; así como el respeto de todos estos derechos por el Poder Judicial en todas las sentencias dictadas. 8. Abrogar los decretos presidenciales para devolver la veda a acuíferos. Prohibir el fracking y otras concesiones contaminantes para impedir la privatización del agua y asegurarla para las comunidades y poblaciones en primera instancia y en segundo lugar para la producción de alimentos que aseguren el Derecho a ala Alimentación. 9. Realizar estudios científicos pertinentes y libres de conflicto de interés para detectar tanto la presencia de transgénicos en el campo y alimentos,
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La Alianza por Nuestra tortilla
La tortilla nixtamalizada es insustituible, es un aval para la comida del presente y del futuro Ante la adversidad de las políticas neoliberales, el maíz en milpa es la base de la resistencia de los pueblos y la tortilla el principal sustento. Diferentes derechos humanos están siendo violentados en las actuales condiciones dominantes de producción, transformación y comercialización del maíz y la tortilla, hoy tomamos la construcción de una Alianza para sumar voces y acciones en defensa de la Tortilla que queremos. En México 62 pueblos originarios y millones de familias campesinas cuidan y cultivan unas 65 razas y miles de variedades de maíz, adaptadas a la gran diversidad de condiciones ecológicas, de climas, suelos y gustos culinarios; las intercambian libremente, junto con sus conocimientos tradicionales y, en miles de experiencias, con innovaciones agroecológicas que permiten mejorar los suelos, combatir las plagas y duplicar o triplicar las cosechas, sin agrotóxicos. Esas semillas nativas o criollas también van adquiriendo, ciclo tras ciclo, mayor capacidad de resiliencia ante los efectos negativos del cambio climático (sequías prolongadas, huracanes). Nuestra tortilla ha de ser elaborada con la gran diversidad de maíces que han resguardado por siglos las y los campesinos de Mesoamérica, sólo así aseguraremos la calidad y variedad de tortillas. Cada región tiene un tipo de tortilla de acuerdo a la cocina que realizan, por ejemplo la región maya se caracteriza por la tortillas pequeñas, en tanto Oaxaca nos regala las inmensas tlayudas, especial lugar tienen las tortillas hechas de maíz pepitilla en la región de Morelos y Guerrero: tortillas suaves y flexibles, que se recalentientan y vuelven a inflarse. La nixtamalización y el uso del metate y el comal son compañeros de la tortilla de maíz nixtamalizado. Aunque el maíz ha convivido con nosotros por más de ocho mil años, la presencia de la tortilla es más reciente: hay indicios de hace entre mil y mil quinientos años. Está asociada con dos estados muy poderosos en expansión, cuyo centro de gobierno fueron grandes ciudades: Teotihuacan y Tenochtitlan. La nixtamalización permitió que el maíz duplicara su volumen, pues por cada kilo de maíz nixtamalizado y molido, se obtienen casi dos kilos de masa. Así hubo comida suficiente y a bajo costo, para una población numerosa. Además se generó empleo para miles de campesinos que sembraban sus milpas, que eran autosuficientes, y que generaban excedentes. Con la masa de nixtamal no sólo se elaboraron tortillas, sino que gracias a la creatividad de las mujeres mexicanas, las tortillas se convirtieron en enchiladas, tacos, tostadas; también con masa se hicieron memelas, sopes chalupas y muchas otras preparaciones, ya desde la antigüedad. Esta estrategia de nuestros antepasados los antiguos mexicanos, ha rendido frutos hasta hoy. En 2004, el embajador Jesús Puente Leyva planteaba que “con el maíz la población de México cubre su alimentación básica a un costo bajísimo: a precios de mercado, el valor de las tortillas a que corresponde dicho consumo equivale solamente a uno por ciento del producto interno bruto. Ciertamente es difícil imaginar, en cualquier parte del mundo, un costo tan bajo para sostener la alimentación básica de un país de importantes dimensiones demográficas.” Lo que sin lugar a dudas Nuestra tortilla debe tener es el maíz que se produce en el campo mexicano utilizando variedades nativas y sobretodo bajo manejo campesino. Hoy reconocemos que en las diversas parcelas se realiza un manejo virtuoso de la diversidad de maíces y que si bien, puede introducirse maíz hibrido, los campesinos saben cómo resguardar sus variedades nativas o criollas que son las de mayor gusto en su propia mesa. Este manejo de la biodiversidad ha permitido que hoy sigamos contando con el reservorio de maíz más importante del mundo. Por ello, “Nuestra tortilla” debe estar elaborada con el maíz que se mantiene en manos campesinas para preservar tanto la diversidad de maíces, como de tortillas y de la multiplicidad de alimentos que se producen con maíz. La defensa de Nuestra tortilla significa, al mismo tiempo, la defensa de una herencia milenaria; y base de la alimentación. La tortilla hecha con masa nixtamalizada es fuente de calcio, fósforo, hierro, zinc, calorías, fibra y proteínas así como Vitamina B1, B2 y B3. Gracias a la nixtamalización se han logrado detectar beneficios para la nutrición humana ya que aumenta hasta 30 veces la cantidad de calcio en las tortillas y hace que las proteínas junto a la Vitamina B3 se absorben mejor y más rápido dentro del cuerpo. Además, la fibra aumenta en cantidad y calidad con mayor rendimiento en la masa, dicha fermentación produce el llamado almidón resistente útil para aumentar las bacterias buenas en el colon relacionadas con el bajo riesgo de cáncer y diabetes. La nixtamalización resalta la calidad nutricional propia del maíz para ofrecer proteínas y calorías más baratas a personas desde los 6 meses de edad en adelante, su inclusión en la dieta habitual es compatible con tratamientos tanto para desnutrición como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hoy más que nunca se hace necesario repensar algunos conceptos como la biodiversidad, soberanía alimentaria y la nixtamalización; frente a otros conceptos como la dependencia o la tortilla industrializada. La buena tortilla es un patrimonio biocultural arraigado en las comunidades, en parcelas, solares y cocinas, en el corazón de la gente que le da vida: mujeres, hombres, ancianos, niños y jóvenes… Proteger la tortilla nixtamalizada hecha con maíces nativos o criollos es parte de la defensa más integral de los territorios, el agua y otros bienes comunes, de la cultura y soberanía alimentaria. Tenemos que honrar esta herencia milenaria tan eficiente, con políticas públicas orientadas a la protección del maíz, a la autosuficiencia en este grano básico, al apoyo a las pequeñas parcelas, a la valoración de la milpa no sólo como una unidad productora de maíz, sino como un conjunto en el que están presentes decenas de productos, y a valorar el trabajo campesino que alimenta de manera sustentable a buena parte de la población. La Alianza por Nuestra Tortilla que hoy nace reconoce los procesos
Con albazo y sin consulta Diputados de PVEM y PRI buscan aprobar Ley General de Biodiversidad
– Violatoria de derechos humanos y al servicio de intereses privados; industria minera, energética, biotecnológica y farmacéutica las más favorecidas. – Habilita el despojo a los Pueblos indígenas y comunidades campesinas. – Pone en riesgo Áreas Naturales Protegidas y especies prioritarias para la nación. Este lunes 26 a las 11 de la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobar, en fast track, la Minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB). Ésta abre la puerta a violaciones a derechos humanos y derechos indígenas; además, vulnera ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas. Organizaciones campesinas, indígenas, civiles, académicas y ciudadanía en general, interesadas en garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, hemos señalado constantemente las deficiencias de esta propuesta. El jueves 22 de febrero, el diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó la reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”. La premura del proceso y el llamado urgente a votación pone en evidencia una fuerte presión para que la Minuta sea aprobada en sus términos. Además, la falta de transparencia y apertura del proceso legislativo, pone en evidencia conflictos de interés por parte de las y los legisladores que la impulsan. La votación de la Minuta busca llevarse a cabo sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió Opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN). A continuación se exponen algunas de las principales deficiencias de la Minuta: -Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . – Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena. – Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento. -Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética. -Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones. – Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. – Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades. – Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional. – Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030. Debido a lo anterior, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participacipación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley. Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas. Por ello, las organizaciones y personas firmantes requerimos a los Partidos Políticos en la Cámara de Diputados a detener el albazo promovido por el PVEM con apoyo del PRI, y exigir la consulta amplia. Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas. Por ello, invitamos a la ciudadanía a informarse de lo que hay en juego con esta Ley y sumarse en esta petición para detenerla. Imagen destacada (modificada) : Pablo Sierra
Graves riesgos a la biodiversidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley General de Biodiversidad lejos de dar claridad sobre los derechos de las comunidades, abrirá la puerta a la rapiña de grandes empresas, que, sobra decirlo, están ávidas de esta riqueza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de marzo de 2018 Miguel Concha Además del deterioro por las condiciones de explotación extrema que ya de por sí sufre la diversidad de seres vivos que habitan sobre la tierra, la clase política pretende poner a la venta esta inconmensurable riqueza de la que nuestro país es privilegiado. En octubre de 2016 la senadora Ninfa Salinas presentó una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), elaborada de prisa y con graves fallas, incluso a nivel de su constitucionalidad, que refleja los intereses del grupo empresarial al que pertenece. El objeto de esa regulación es supuestamente establecer las facultades de los distintos órdenes de gobierno. Es decir, disposiciones de carácter administrativo para aprovechar legalmente la biodiversidad. Se señala que se busca garantizar el derecho a un medio ambiente sanoy, como parte de los fines, se establece regular en beneficio social la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales que componen la biodiversidad. También se busca supuestamente lograr la participación justa y equitativa en (sic) los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado, admitiendo que los recursos genéticos están en posesión de comunidades indígenas. De esta manera, con un discurso conservacionista y pretendidamente de protección a la naturaleza y a los pueblos indígenas, se busca despojar a éstos de una diversidad biológica que se ha generado en un largo proceso que implica el conocimiento de quienes por siglos han convivido con ella, conservándola, transformándola y haciéndola útil para la humanidad. Como se sabe cada una de las especies está ligada a un cúmulo de conocimientos que esta ley considera como conocimiento asociado, pues la ciencia occidental necesita de ellos para acceder a los llamados recursos genéticos. Será difícil que un investigador o empresa sepa dónde encontrar y cómo obtener los beneficios de una especie si los pueblos que las han usado por años no se lo explican. En suma, la biodiversidad es un complejo entramado en el que se conjunta la naturaleza, el conocimiento, las condiciones ambientales y las necesidades humanas específicas. Elementos culturales éstos que nos llevan a definirla con mayor claridad como diversidad biocultural, pues en realidad la biodiversidad no existe sin las personas que la crean, recrean, conservan, disfrutan y comparten. Por el contrario, la LGB busca diseccionar la biodiversidad dentro de una concepción que consiste en ir aislando los recursos genéticos que son susceptibles de uso y apropiación por quienes detentan la tecnología. Generalmente las grandes empresas, pues de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) 90 por ciento de las patentes del mundo pertenecen a enormes corporaciones. En la exposición de motivos la senadora Salinas plantea que el término de biodiversidad deja de tener una dimensión de país, para pasar a un ámbito internacional y político, lo cual sorprende, porque, como en el caso del petróleo y la energía, dejaremos que otros exploten, administren y aprovechen como un negocio privado una riqueza que pertenece a todos los mexicanos. La Constitución señala en el artículo 27 que los recursos naturales son de la nación. En este sentido, la LGB, que fue aprobada el 15 de diciembre pasado, mientras se discutía en el Senado la polémica Ley de Seguridad Interior, pretende regular elementos naturales establecidos en el 27 constitucional, lo cual la lleva a ser justamente inconstitucional. Pretende, en cambio, fundamentarse en el artículo 73 XXIX-G de la Constitución, el cual da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena y menos en recursos naturales. La LGB es, en definitiva, una norma de distribución de competencias, pero no de reconocimiento de derechos. Viola en este sentido los derechos humanos de los mexicanos, pues la biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, que goza de sus beneficios como de un derecho humano básico. Pasa por alto además los derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 de la Constitución. Como también se sabe, el contenido de éste fue producto de una larga lucha del movimiento zapatista por el reconocimiento en 1994 de los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de los pendientes de los Acuerdos de San Andrés fue precisamente el de la propiedad sobre los recursos naturales que se asientan en sus territorios. Recordemos que más de 50 por ciento del territorio del país está en manos de ejidos y comunidades. El debate, pues, sigue en el aire. Sin embargo, y como una nueva traición a las comunidades indígenas, se pretende emitir esta regulación poniendo en peligro su integridad, y apropiándose violentamente de sus conocimientos. Lejos de dar claridad, deja sin ninguna definición a quienes son los sujetos de derecho, con lo cual se crearán graves conflictos y se abrirá la puerta a la rapiña de grandes empresas, que, sobra decirlo, están ávidas de esta riqueza. Hablamos de miles de millones de dólares que las industrias biotecnológica, farmacéutica y cosmética, entre otras, buscan generar apropiándose de la biodiversidad. Organizaciones indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos, sociales y académicas hemos denunciado los graves riesgos de esta normatividad, y hemos llamado a impedir que se apruebe. Quienes nos oponemos a ella conocemos el mandato que la humanidad debe atender: el cuidado del planeta y de todo ser vivo que habite en él. No todo lo que existe en la Tierra nos pertenece y es susceptible de mercantilizarse. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : CIAT [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
