Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas

Mujeres Defensoras en México. Obstáculos y apuestas

El Estado no escapa de su responsabilidad al usar el aparato de justicia para criminalizar y judicializar la labor de mujeres defensoras de derechos humanos.

 

22 de marzo de 2017

Por: Diana López Santiago

La dignidad en nuestras manos

En enero de 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su misión oficial visitó algunos estados del país en donde se reunió con más de 800 personas defensoras, de las cuales el 60 % eran mujeres. Producto de estas reuniones con víctimas, luchas sociales, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, Michel Forst emitió las observaciones y recomendaciones preliminares al término de su visita en las que recalca la importancia de la legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, así como la obligación del Estado mexicano de garantizar su seguridad y condiciones óptimas para que defensoras y defensores realicen su trabajo en un contexto donde ejercer este derecho tiene altas implicaciones.

De mucho valor será el informe que emitirá el Relator Especial, aunque hay que especificar que difícilmente se realizan informes sobre personas defensoras con una perspectiva de género cuyo objetivo sea privilegiar el análisis sobre las diferentes formas de violencia a las que las mujeres defensoras somos sometidas en un contexto de crisis de civilización, como ya lo han citado diversas personas analistas de la compleja realidad. Más concretamente, en un contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos, por un lado, y en un clima de conflictividad social, por otro, circunscrito todo lo anterior en un sistema económico y cultural (patriarcal y capitalista) que violenta desde nuestros cuerpos como primer territorio hasta las condiciones mínimas para que las mujeres podamos acceder a una vida digna (educación, trabajo digno, tierra y territorio, vivienda, salud, alimentación). Tampoco se documentan las agresiones (difamación, descalificaciones a nuestro trabajo, acoso, intimidación, amenazas por los derechos que defendemos o por las posturas políticas a las que nos adscribimos) que como defensoras experimentamos por parte de otros sectores sociales y que en muchas ocasiones estas provienen de los movimientos “más progresistas y de izquierda” en los que también participamos activa y políticamente. Por lo tanto, también se hace complicado encontrar análisis que evidencien los efectos diferenciados que estas violencias estructurales causan, ya sea por el Estado o por otros perpetradores.

No es de sobra decir (aunque muchas compañeras feministas ya lo habrán señalado en otras ocasiones) que también es fundamental hacer análisis interseccionales, pues los impactos de estas violencias en la diversidad de mujeres defensoras también son diferenciadas en tanto las características particulares que encarnamos cada una; es decir: la clase social, nuestra adscripción a algún pueblo originario/indígena, nuestra orientación sexual, nuestra identidad sexogenérica, la corporalidad en la que somos leídas, si vivimos con alguna discapacidad; aquí cabe señalar que con un gobierno que camina en retroceso con respecto a los derechos de las mujeres y gran parte de la sociedad asimila el discurso conservador de éste, adscribirse feminista es causa de estigmatización, criminalización y judicialización.

Aun con la crisis de civilización en la que nos encontramos inmersas, el Estado no escapa de su responsabilidad cuando hablamos de violaciones a derechos humanos que comete contra mujeres defensoras, así como el uso que hace de todo su aparato de justicia que criminaliza y judicializa la labor de defensa de compañeras que se encuentran defendiendo distintas luchas, ejercitando la exigibilidad de sus derechos.

 Es en este contexto de violaciones a los derechos humanos y credibilidad en las instituciones, de violencia estructural generalizada por una parte, pero también de violencia focalizada a defensoras, por otra, que desde diversos espacios de mujeres se proponen alternativas y se apuesta por hacer praxis de principios políticos y éticos del feminismo. De ahí que el lema #LasRedesSalvan se convierte en un principio de sororidad profundamente transformador de las estructuras patriarcales, pues se habla de la capacidad que tenemos para generar alianzas entre mujeres; alianzas que generen espacios de seguridad y protección que en muchos casos se convierten en refugio para muchas de nosotras. Las medidas de protección no sólo se acotan a la implementación de guardaespaldas o de botones de pánico, se requiere de echar a andar mecanismos con perspectiva de género que sean funcionales en la protección integral de las defensoras que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por parte de agentes estatales y otros perpetradores.

Frente a estas situaciones de violencia particular y generalizada que vivimos las defensoras de derechos humanos no sólo en el país, sino en regiones como Mesoamérica, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) presenta en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el documento “Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico Nacional”, esfuerzo de documentación y sistematización de esta amplia articulación de mujeres a la cual extendemos la más grata invitación el próximo jueves 23 de marzo.

Consultar en Animal Político.