Ciudadanos y constitución de la CDMX

Sábado 26 de noviembre de 2016

Miguel Concha 

Como fuente de legitimidad de una constitución nada puede sustituir a la identificación y apropiación que de ella hagan las personas que integran la comunidad política. Por ello es de vital importancia la intervención de la ciudadanía en el proceso constituyente. Después de un proceso que en su última versión se inició en 2014, está ya próxima la fecha en que la Ciudad de México tendrá su propia constitución. Todo parece indicar que, en efecto, en los primeros meses de 2017 tendremos el esperado texto que regulará la vida pública de quienes habitamos y transitamos en esta ciudad. Sin embargo, la participación ciudadana ha sido hasta ahora desigual. Comenzó desde tiempo atrás con propuestas formales para modificar el estatus jurídico político de la capital. Disminuyó mucho después con el proceso electoral, que no alcanzó 29 por ciento de la lista nominal de electores. Pero se incrementó con la convocatoria que hizo la mesa directiva de la Asamblea Constituyente con el fin de que la ciudadanía presentara iniciativas de reforma al Proyecto de Constitución, ya que fueron recibidas más de 800.

Es deseable que la participación de los ciudadanos sea aún mayor, aunque hay dudas que conviene despejar por el bien del futuro de la vida pública en nuestra ciudad. Entre las preocupaciones válidas sobre la etapa final del proceso constituyente están las que diversas organizaciones de la sociedad civil y personalidades de la academia expresaron en un pronunciamiento que entregaron a la mesa directiva. En este parten de reconocer y saludar el esfuerzo hecho por distinguidos ciudadanos y ciudadanas que elaboraron el Proyecto de Constitución presentado por el jefe de Gobierno a la asamblea. Pero junto con el reconocimiento, advierten que consideran que este es un buen punto de partida para debatirlo y nutrirlo con la incorporación de las propuestas ciudadanas y no para disminuirlo en el proceso parlamentario. Reconocen la decisión tomada por la Asamblea Constituyente de impulsar el parlamento abierto y, con ello, permitir la presentación de iniciativas ciudadanas, así como la posibilidad de discutirlas con las comisiones correspondientes. Pero también expresan su malestar porque, como literalmente dicen, las iniciativas no siempre llegaron a las manos de las comisiones correspondientes, donde, si bien hubo constituyentes que conocían los proyectos y formularon preguntas atingentes, en muchos casos no sucedió así, y en otros éstos tenían más interés en hablar que en escuchar. Reconocen igualmente que la gran cantidad de iniciativas recibidas demuestra el interés de la ciudadanía en este proceso, aunque afirman que por lo mismo sería lamentable que no fueran debidamente sistematizadas y analizadas.

Las múltiples iniciativas ciudadanas presentadas no se restringieron a darlas a conocer a la Asamblea Constituyente, sino que también fueron base del diálogo con quienes las propusieron, encontrando en ello acuerdos fundamentales. Entre los principales subrayamos los siguientes: 1) No puede haber retroceso en los derechos ya reconocidos en la ciudad y, por ello, el desarrollo social debe seguir siendo base fundamental de la relación gobierno-sociedad, y no se le puede sustituir con expresiones derivadas de menor alcance, como protección o bienestar. 2) Los derechos humanos no sólo deben estar reconocidos de manera declarativa, sino que deben contar siempre con mecanismos institucionales para su exigibilidad y justiciabilidad. 3) Aunque ciertamente es un avance de primera importancia diferenciar entre la planeación a largo plazo y las estrategias de los diversos periodos de gobierno para realizarla, es imprescindible que el órgano encargado de la planeación tenga la suficiente independencia del gobierno en turno y se acote al máximo la influencia del habitual juego de los partidos. 4) Es también imprescindible y absolutamente innegociable el reconocimiento de la función social y ambiental del suelo. 5) No es suficiente enunciar la participación ciudadana en la gestión de la ciudad pues, para ser coherentes, es indispensable que se establezca el mandato a los legisladores para que siempre normen con el mayor alcance posible en cada caso. 6) La selección de los miembros de los órganos de impartición de justicia y su desempeño deben estar abiertos en todos los casos al escrutinio de la ciudadanía, y no quedar sujetos a la autorreproducción de una élite. Es necesario separar completamente las funciones jurisdiccionales de las administrativas. Los asuntos puestos de relieve por quienes suscriben el pronunciamiento van a la médula de aspectos cruciales en la discusión sobre el futuro de la ciudad, y no omiten el reconocimiento de las amenazas para la democracia en el proceso constituyente. Sabemos, afirman, que la Constituyente está recibiendo fuertes presiones de cabilderos de grupos empresariales que ven a la ciudad sólo como negocio, y que temen que la constitución limite sus privilegios. Para evitar estos riesgos formulan dos demandas básicas: 1) Que la junta directiva dé a conocer el método de sistematización de las propuestas ciudadanas y el resultado de su análisis. Y 2) Que el proceso de diálogo con la ciudadanía se mantenga hasta la aprobación final de la Constitución, y no se reduzca en esta última etapa a las negociaciones entre partidos.

Si queremos una constitución legitima para la ciudad, habrá por ello que continuar abriendo las puertas y ventanas del Constituyente a la intervención ciudadana.

Consultar artículo en La Jornada.

Imagen destacada : A.Luna *

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