Vacante: Coordinación de Litigio Estratégico

Vacante: Coordinación de Litigio Estratégico

El Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (CDH Vitoria), es una organización con más de 35 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerabilizados y discriminados.

Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales, así como en una perspectiva crítica de los derechos humanos como herramienta de emancipación.

Nombre del cargo: Coordinación del área de Litigio Estratégico

Ubicación : Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán.
Objetivo del cargo : Generar e implementar estrategias para el buen desarrollo de las actividades del área, así como del acompañamiento hacia el equipo de trabajo mediante una perspectiva crítica del derecho y de derechos humanos.


Análisis programático poselectoral

Análisis programático poselectoral

La Ciudad de México tiene un electorado maduro y una Constitución de avanzada. No se le puede infantilizar, al suponer que sólo reaccionó a campañas y medios de comunicación.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Armando Argandar

Por: Miguel Concha

Sábado 12 de mayo de 2021

Concluido el proceso electoral es momento de reflexionar sobre las implicaciones de sus resultados, evitando el reduccionismo que está detrás de las justificaciones que atribuyen a los propios las causas de los éxitos, y las derrotas al mal comportamiento de los contrarios. Es hora de asumir responsabilidades y repensar el desarrollo y la democratización de la nación.

Para hacer propuestas, conviene realizar un breve balance: 1. El partido del Presidente tuvo avances y retrocesos; dentro de los primeros está el haber triunfado en 11 de las 15 gubernaturas en juego y, con ello, el apoyo de la mayor parte de las entidades del país. Mantiene con sus aliados la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, con 280 parlamentarios, pero no le alcanza para la calificada que requieren las reformas constitucionales. En efecto, mientras que con las elecciones de 2018 la mayoría calificada le quedaba a sólo 11 diputados, hoy le queda a 54. Pero mal se haría, y ahí es donde inicia el análisis de las restricciones, en plantear el asunto como algo únicamente numérico y no programático.

La mayoría absoluta, necesaria para aprobar leyes y el presupuesto, depende del Partido Verde, pues sin sus 43 diputados la mayoría del gobierno desaparece, queda en 237, y a un partido que ha hecho alianzas sucesivas con el PRI, con el PAN y con Morena, no le resultaría difícil encarecer su costo conforme se acerque 2024. Del lado opositor, no es imposible, como el propio Presidente ha planteado, que una parte del PRI (posiblemente 77 por ciento de su bancada), esté dispuesto a apoyarlo en situaciones cruciales. Todo depende del costo-beneficio que éste realice. Y ésta es la principal restricción para una política que proponga cambios de fondo –que no se han realizado en la primera mitad del actual sexenio–; que la decisión quede en manos del mercado político y no de las preferencias de la sociedad.

2. A los tres partidos coaligados los unió la adversidad, no un programa. Más allá de la defensa de los órganos autónomos, su oferta a la ciudadanía fue nula. La respuesta de ésta se debió a que se le ubicó como un mal necesario. Para muchos que se vieron desencantados con algunas prácticas del Presidente, los votos emitidos fueron del descontento, no de la adhesión. Con todo, en las circunstancias actuales lo único recomendable para no caer en los juegos políticos de suma cero, es el diálogo. Pero, para que éste sea productivo, y no sólo un regateo sobre el precio de las mercancías políticas, se requiere de otro actor, la ciudadanía.

3. Las razones del comportamiento electoral de la sociedad son múltiples y variadas. Es ciertamente simplificador reducirlas a sólo un contenido clasista o de manipulación por los medios. Por supuesto que hubo razones socioeconómicas en la votación por una u otra coalición. Pero eso no significa necesariamente una adhesión popular a los programas de gobierno, que aún está pendiente de demostración, o un supuesto apoyo de las clases medias al conservadurismo. Unos y otros tienen motivos para votar por cualquiera de las opciones.

Es también cierto que la comunicación juega un papel. Al respecto, la Ciudad de México es un panóptico que se debe analizar. Tiene un electorado maduro y una Constitución de avanzada. No se le puede infantilizar, al suponer que sólo reaccionó a ciertos medios de comunicación. Lo que se debe reconocer es que hay sectores progresistas, sobre todo de izquierda social, que no están de acuerdo con el tratamiento dado por la Presidencia a los derechos humanos y sus instituciones; al movimiento feminista y sus demandas; al manejo de la pandemia, que dejó a muchos trabajadores sin ingresos; a la política social, que no ha sabido superar el asistencialismo; a la burocracia trabajadora que perdió sus empleos; a todos aquellos activistas injustamente tratados en los ataques a la sociedad civil, y muchos más que en 2018 podrían explicar el amplio triunfo de AMLO, y hoy pueden explicar su retroceso, donde lo hubo.

Hay tres paquetes que urge discutir entre gobierno, oposición y sociedad: a) la estrategia para superar los efectos socioeconómicos de la pandemia. Para ello hay que repensar la política económica y la social. La austeridad o las transferencias no pueden evadir un asunto de fondo, la necesaria reforma fiscal; b) la atención urgente a la inseguridad con un enfoque de seguridad ciudadana, que significa el respeto a los derechos humanos y, para ello, el control social sobre las fuerzas armadas. La búsqueda de las personas desaparecidas y el alto inmediato a la trata de personas deben ser prioritarios y, c) continuar el camino de la democratización de la nación.

Lo que requiere superar la democracia sólo delegativa y la participación ciudadana entendida como consulta. Urge repensar el régimen político, para que en 2024 no estemos lamentando los mismos vacíos. Hay que darle opciones a la ciudadanía, no sólo nuevos partidos. En ello la Presidencia podría y debiera tomar la iniciativa.

Violencia en la participación electoral de las mujeres

Violencia en la participación electoral de las mujeres

La apuesta es por construir nuevas estrategias políticas que incluyan una verdadera perspectiva de género para garantizar el bienestar y la dignidad de las mujeres.

Entrada web | Imagen : José Luis Granados Ceja

Por: Jose Antonio Garcia Garcia y Kassandra Arizai Gutierrez

Junio de 2021

El proceso electoral de este 2021 es considerado el más grande de la historia de nuestro país, con casi 95 millones de votantes registrados. Pero también uno que ha sido marcado por actos de violencia política hacia las mujeres. De acuerdo con la Observatoria Ciudadana Todas Mx, organización que dio seguimiento a la jornada electoral, estas elecciones fueron las más violentas en materia de género, con 21 mujeres candidatas asesinadas, contra 14 hombres candidatos.

El Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género define a la violencia política como todas aquellas acciones u omisiones de personas servidoras públicas que se dirigen a una mujer en razón de su género, que tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente y menoscaban o anulan los derechos político-electorales.

Nos han presentado las elecciones como un ejercicio pleno de la democracia y la ciudadanía, en igualdad de condiciones para todas las personas y en donde tenemos la oportunidad de participar en los procesos políticos y de representación que marcan el curso del país. Sin embargo, el ejercicio del derecho al voto y a la participación política no han logrado ser garantizados para las mujeres por igual.

Por un lado, la violencia política hacia las mujeres candidatas hace evidentes las estructuras de poder patriarcales, donde las figuras masculinas se sobreponen y acaparan los espacios de toma de decisiones. Las afectaciones que derivan no son únicamente individuales, sino también estructurales, ya que la violencia que se ejerce hacia una de ellas es sólo muestra de la vulnerabilidad en la que se encuentran todas.

México actualmente presenta un gran atraso en la participación de las mujeres en el ámbito político, dado que históricamente el sistema estructural ha impedido que se involucren y ocupen cargos políticos. Las barreras que se han impuesto abarcan desde el acceso a la educación hasta la construcción de un imaginario colectivo patriarcal que reconoce únicamente a los hombres como líderes innatos. Abordar este tema desde una perspectiva interseccional es necesario para conocer y comprender las distintas realidades, vivencias y desigualdades que las mujeres enfrentan de manera recurrente.

En este contexto, cabe resaltar que, a pesar de que hay medidas para garantizar la participación de mujeres en los espacios políticos, como la cuota de género y los lineamientos del “3 de 3” contra la violencia, no han logrado alcanzar la paridad participativa y mucho menos asegurar las condiciones necesarias para avanzar hacia ese punto. Persiste una cultura de impunidad y de incumplimiento de leyes, donde el acceso a la justicia no es inmediato, pasando a ser un proceso lento, revictimizante e inconsistente.

Según datos proporcionados por Yndira Sandoval, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, la constante violencia física y simbólica por parte de instituciones y funcionarios es cada vez más marcada, pues hubo candidaturas de hombres que no cumplían con los lineamientos del 3 de 3 contra la violencia, poniendo así en evidencia las deficiencias del sistema de justicia penal que no garantiza la vida digna y segura para todas.

Las luchas y protestas feministas buscan cada vez nuevas formas de demandas para hacer visible al sistema que desatiende sus necesidades por las deficientes políticas públicas ante la violencia política y de género que enfrentan. La apuesta es por construir nuevas estrategias políticas que incluyan una verdadera perspectiva de género para garantizar el bienestar y la dignidad de las mujeres, una realidad que sólo puede ser alcanzable si las mujeres tienen una participación libre de violencia dentro del contexto político del país.

Un aspecto destacable de la jornada electoral fue la intervención de boletas que circuló en redes sociales. De esa forma, muchas mujeres encontraron una manera de manifestarse y hacer eco de sus demandas, pues al colocar mensajes en las boletas abordaban temas de justicia para las víctimas de feminicidio, desaparición forzada, entre otras. La intervención de boletas sirvió como un ejercicio legítimo de protesta, memoria y dignificación de las demandas que urge sean tomadas en cuenta por parte del gobierno, para que no queden como promesas inconclusas que únicamente se abordan en temporada electoral. El papel del Estado es claro y es su responsabilidad prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género que está presente en todos los ámbitos de la vida pública y privada de los y las ciudadanas. 

*Jose Antonio Garcia Garcia y Kassandra Arizai Gutierrez colaboran en el Programa institucional de acciones voluntarias, servicio social y prácticas profesionales del CDH Vitoria.

Violencia y derechos electorales

Violencia y derechos electorales

El enfoque de derechos humanos implica el cambio de la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino la de sujetos con derecho a demandar determinadas necesidades.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Dimitri Df

Por: Miguel Concha

Sábado 5 de mayo de 2021

El pasado miércoles terminaron las campañas electorales. Mañana la ciudadanía ejercerá uno de los derechos políticos más importantes en un sistema democrático representativo: el voto. Mediante este ejercicio, habrán de elegirse más de 20 mil cargos de los ámbitos federal, estatal y local. Y esto en el marco de los comicios más grandes en la historia de nuestro país, ya que, además, poco más de 93 millones de personas estaremos en posibilidad de participar mediante nuestro sufragio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los cargos a elegir destacan la renovación de la Cámara de Diputados; concretamente 300 curules por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En los ámbitos estatal y municipal, se decidirán 15 gubernaturas y se renovarán 30 congresos locales y mil 923 presidencias municipales; 2 mil 57 sindicaturas; 14 mil 222 regidurías y 204 concejalías, así como 431 cargos auxiliares.

Como señalan algunos especialistas, entre ellos el doctor Manuel Canto Chac, la participación democrática en esta jornada electoral deberá pasar de la delegación simple del poder, al ejercicio de la ciudadanía como poseedora de derechos. ¿Cómo? Sobresalen tres notas constitutivas: a través de la incidencia en las estructuras gubernamentales, en las políticas públicas, en la transformación del orden social y político, y en la exigibilidad de los derechos políticos y humanos en general.

Según Canto, el enfoque de derechos humanos implica el cambio de la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino la de sujetos con derecho a demandar determinadas necesidades.

Desde que comenzó el proceso electoral, se escucharon algunas propuestas, no muchas por cierto; se oyeron algunas reflexiones; se presenciaron muy pocos debates, y tuvieron lugar algunos actos de campaña. Leímos algunos textos, y pocos profundizamos en los análisis de especialistas. Personas candidatas declinaron en favor de otras de diferentes partidos. Asimismo, se hicieron señalamientos y se presentaron denuncias contra postulantes en razón de violencia de género e igualmente por violencia política en razón de género. Además de esto, lamentablemente también hemos visto cómo estos comicios se han teñido de rojo, debido a los altos niveles de violencia en medio de la llamada jornada electoral más grande de la historia de México.

Según los datos más actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y abril de 2021 se registraron 656 mil 24 presuntos delitos en el país. El número total de víctimas alcanza casi 111 mil. Ahora bien, los índices de violencia política han sido igualmente altos, debido a que se han presentado numerosos incidentes de seguridad. Desde el inicio de las precampañas electorales, en septiembre de 2020, se habla de al menos 88 actores políticos asesinados, incluidas personas candidatas, como en Cajeme, Sonora, y en Moroleón, Guanajuato. Entre el 4 de marzo y el 21 de mayo, el Mecanismo de Protección a Candidatos registró 398 denuncias. Entre las razones se cuentan amenazas, agresiones, actos de intimidación, malos tratos físicos y verbales, así como actos disruptivos que han buscado interrumpir reuniones proselitistas en lugares públicos, y denuncias por presunta usurpación de candidaturas reservadas a personas indígenas y afromexicanas. De acuerdo con la organización Observatoria Ciudadana Todas MX, este proceso electoral ha sido el más violento contra las mujeres, ya que van 21 feminicidios políticos, como fue señalado en la rueda de prensa denominada 2021: El proceso electoral más violento de la historia contra las mujeres (https://cutt.ly/vnzu28p).

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que observa la ocurrencia de preocupantes hechos de violencia en contra de precandidatas y candidatas, e igualmente con respecto a otras dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas (https://cutt.ly/UnzOOPO).

Si bien es cierto que en medio del contexto de violencia electoral, las autoridades han otorgado medidas de protección a candidatas, y que durante los comicios del 6 de junio elementos de la Guardia Nacional estarán presentes en distintas entidades de la nación, específicamente en las que presentan mayores índices de peligro, como Guerrero, Guanjuanto, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas, tales medidas parecen ser insuficientes de cara a esta alarmante coyuntura de violencia electoral. Por lo tanto, las autoridades tienen la obligación de otorgar protección no sólo a las personas candidatas, sino a toda la ciudadanía, y ello antes, durante y después de las elecciones, con investigaciones, procesamientos y sanciones adecuadas para prevenir y erradicar la impunidad y la violencia electorales.

La lucha social, crítica y resistencia ante la crisis mundial

La lucha social, crítica y resistencia ante la crisis mundial

Las soluciones para resarcir los daños de la pandemia no habrán de ser impuestas mediante mecanismos de violencia que provocan la ruptura de las comunidades y el desvanecimiento de la experiencia de las luchas sociales.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Gabriel Guerrero

Por: Esnayder González y Mariana Bermúdez

1 de junio de 2021

Actualmente vivimos en un panorama mundial en crisis constante, no sólo sanitaria, sino económica, histórica y social, sus efectos muestran evidencia de la inoperancia de las estructuras de opresión que atraviesan al mundo en sus diferentes contextos. Esto se ha visibilizado en las situaciones de desigualdad mundial y local que intentan solucionarse con medidas que, más allá de mejorar las condiciones precarias y excluyentes de las sociedades, las recrudecen.

Por ello, si deseamos cambiar los rumbos para integrar una sociedad diversa en donde quepamos todas y todos, es necesario repensarnos desde las realidades situadas que nos atraviesan y criticar las causas estructurales que nos han llevado a una continua deshumanización. Recordemos que esto se ha profundizado desde la década de los 70 con el modelo económico neoliberal, cuyas políticas de Estado promovieron los derechos económicos como prioridad al multiplicar condiciones de mayor desigualdad en poblaciones que histórica y culturalmente han sido oprimidas.

Ante ello, las resistencias de los pueblos y las comunidades latinoamericanas se han mantenido como una voz en el desierto, se buscan visibilizar las injusticias a las que han sido sometidas al no ceder al presente sistema económico violento que nos oprime. Un claro ejemplo es la actual crisis de Colombia, en donde las políticas económicas gubernamentales que pretendían imponerse a la sociedad colombiana vulneraban aún más sus condiciones de vida. Por ello se iniciaron espacios de protesta para denunciar la inconformidad social ante esas acciones, resaltando la organización y gran presencia de las juventudes, así como de sus comunidades originarias.

De acuerdo con los reportes de organizaciones y colectivos de derechos humanos en las diversas regiones de Colombia, desde el 28 de abril de 2021, día de inicio del Paro Nacional, se han reportado al menos 1956 agresiones policiales, alrededor de 40 homicidios en manos de los agentes del Estado, más de 300 personas desaparecidas, cerca de 12 mujeres víctimas de violencia sexual, más de 1,000 personas detenidas arbitrariamente y cerca de 420 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública del Estado.

Es importante evidenciar que las prácticas policiales de intimidación y uso excesivo de la fuerza han generado dinámicas de terror, miedo y han profundizado el enojo en la población, ya que sus derechos humanos son violentados en primer lugar por quienes deberían garantizar su seguridad y bienestar. Aunado a la apertura de heridas, tristezas y recuerdos que no son sólo personales, sino también dolores colectivos e históricos a causa de los acontecimientos entre los cuerpos armados del Estado y las comunidades colombianas durante el Conflicto Armado Interno de las décadas recientes.

Si bien desde el 2016 se han intentado consolidar los “Acuerdos de Paz” entre los actores del Conflicto, pareciera que la noción de paz para recuperar la estabilidad social y sanar heridas históricas ha quedado en el olvido para el gobierno de aquél país. No obstante, no es una cuestión particular, pues también se han reactivado diversos conflictos en otras regiones del mundo, siendo potencialmente más violentos, destructores y deshumanizantes.

Se podría pensar que junto a los adelantos tecnológicos, las nuevas formas de comunicación digital y la gestión de instituciones internacionales que “velan por la paz mundial” debería ser ya más latente una realidad de armonía y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, es el mismo sistema político y económico el que termina por segregar y marginar, cuando no extinguir, a sectores de la población.

En la búsqueda por volver a “la normalidad”, las vidas de las personas parecen cada vez más efímeras y sin libertad alguna, pues esa “normalidad” ha sido el infierno para la gran mayoría de la población, tal como lo ha dicho Boaventura de Sousa en sus últimos escritos. Parece ser que las transformaciones siguen beneficiando sólo a un pequeño sector de la población, es decir, a los que representan al poder neoliberal. Por tanto, ahora que la crisis sanitaria pareciera empezar a solucionarse, habrá que reflexionar y repensar cuál será el contenido de la “nueva normalidad”.

Habrá una infinidad de preguntas con una diversidad de respuestas, pero las soluciones para resarcir los daños de la pandemia no habrán de ser impuestas mediante mecanismos de violencia que, más allá de generar una estabilidad social, provocan la ruptura de las comunidades y el desvanecimiento de la experiencia de las luchas sociales que vienen “desde abajo”.

El panorama puede ser difuso y abrumador para todas y todos, pero la esperanza se encuentra justamente ahí, en las voces que se escuchan en medio de la oscuridad, en espacios de transformación para crear otros mundos posibles, más dignos y horizontales para nuestros pueblos y comunidades latinoamericanas.

Esnayder González y Mariana Bermúdez son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).

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Israel y los territorios palestinos ocupados

Israel y los territorios palestinos ocupados

De acuerdo con el Grupo Paz con Democracia ningún argumento es válido para justificar un crimen de Estado y de lesa humanidad, y mucho menos la ocupación colonial y el dominio de Israel sobre territorios palestinos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Daniel Lobo

Por: Miguel Concha

Sábado 29 de mayo de 2021

Recientemente el Grupo Paz con Democracia condenó el ataque de Israel contra el pueblo palestino. Señaló que ningún argumento es válido para justificar un crimen de Estado y de lesa humanidad, y mucho menos la ocupación colonial y el dominio de Israel sobre territorios palestinos, cuyo saldo se refleja en la muerte de centenares de personas inocentes, incluidas infancias, y en la destrucción de instalaciones de carácter civil.

Y es que en las pasadas semanas el gobierno isaraelí ha intensificado una política general basada en mantener la dominación de israelíes judíos sobre el pueblo palestino, así como en los graves abusos cometidos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Es decir, en los territorios palestinos ocupados (TPO), incluido Jerusalén Oriental.

De acuerdo con el Informe 2020/21: La situación de los derechos humanos en el mundo”, publicado por Amnistía Internacional en abril, Israel ha concretizado esta política sobre los TPO a través de traslados y desalojos forzosos, discriminación institucionalizada, homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; incluidos ataques contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y objetoras de conciencia, así como violencia de género contra mujeres, especialmente ciudadanas palestinas de Israel (https://cutt.ly/znuQYrX).

Por otro lado, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe denominado Se ha traspasado el umbral: Las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución (https://cutt.ly/PnuzkDn). Éste examina los crímenes internacionales que están teniendo lugar, principalmente los de apartheid y persecución.

Como dice la doctora Mariana Salazar Albornoz, especialista en derecho internacional humanitario, y en derecho penal internacional, los crímenes internacionales son violaciones del derecho universal que acarrean responsabilidad penal mundial individual contra quien los ha perpetrado. Con esto se protegen valores de trascendencia para la comunidad mundial que, en tanto que cualquiera puede reclamarlos, obligan a Estados y personas.

Existe un interés universal en que los crímenes internacionales sean castigados por las jurisdicciones nacionales y por los tribunales penales internacionales. Los crímenes internacionales, según leemos en el artículo cinco del Estatuto de Roma (ER), de la Corte Penal Internacional (CPI), comprenden los crímenes más graves para la comunidad mundial. Éstos son cuatro, a saber: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Si bien es cierto que existe un debate abierto con respecto a qué tipo de crimen internacional está cometiéndose contra la población palestina en los TPO, debido a la diversidad de posturas, HRW sostiene que se han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población palestina que vive en Israel y en los territorios palestinos ocupados, concretamente los de apartheid y persecución.

Recordemos que el artículo siete del Estatuto de Roma entiende por crimen de lesa humanidad una serie de actos, cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Entre los 11 actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, están los de apartheid y persecución e igualmente los de asesinato, deportación o traslado forzoso de población; además de los de encarcelación, tortura y otros actos inhumanos. El mismo artículo precisa que el “crimen de apartheid” comprende los actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen.

Sobre la persecución, el ER clarifica que se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. A la luz del derecho humanitario internacional y del derecho penal internacional, de los informes de Amnisitía Internacional y de HRW, y de los dramáticos hechos ocurridos en semanas recientes se podría aseverar que, al cometer crímenes de lesa humanidad contra la población palestina, Israel ha violado el derecho internacional, debido a los ataques generalizados y sistemáticos cometidos por agentes del Estado israelí contra la población palestina de los TPO y de Jerusalén Oriental. Y ello como parte de una política de Estado que goza de pleno conocimiento.

Haciendo eco de lo dicho por el Grupo Paz con Democracia, nos sumamos al clamor de voces que no sólo exigen el cese de los ataques, sino la generación de condiciones para abrir un camino justo de paz basado en el respeto a los derechos históricos de la nación, el pueblo y el Estado palestinos. Sólo de esta forma evitaremos el naufragio de las civilizaciones, como dice el libanés Amin Maalouf.

Las violencias contra la niñez, agravada en contingencia

Las violencias contra la niñez, agravada en contingencia

El Comité de los Derechos del Niño apremió al Estado mexicano para adoptar políticas amplias para proteger y asistir a niñas y niños víctimas de cualquier violencia.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Víctor Chima

Por: Ariadna Rosales y Melissa García

23 de mayo de 2021

Niños,  niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a fin de lograr las mejores condiciones para el libre desarrollo de su personalidad. En México se reconoce ese derecho en el artículo 4º de nuestra Constitución. El 21 de septiembre de 1990 el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que reconoce que los niños, niñas y adolescentes son individuos con derechos y que al encontrarse en pleno desarrollo, físico y mental es necesario garantizar sus derechos y desarrollar su personalidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

El 8 de junio de 2015 el Comité de los Derechos del Niño, órgano que supervisa la aplicación de la Convención, en su examen periódico al Estado mexicano externó su preocupación en cuanto a la elevada incidencia de castigos corporales en niñas, niños y adolescentes, además de la violencia familiar, violencia de género y la falta de acceso a la justicia. En las observaciones se recalcó que toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluido el castigo corporal, es injustificada y perjudicial para el desarrollo y los derechos de la infancia y adolescencia. Se apremió al Estado para adoptar a nivel federal y estatal políticas amplias para prevenir y sancionar toda forma de violencia, además de urgir en la necesidad de proteger y asistir a niñas y niños víctimas de cualquier tipo de violencia.

El confinamiento sanitario ha cambiado la forma de vida de todas las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes particularmente han tenido que ausentarse de sus escuelas y poner en pausa sus actividades diarias, dejando al descubierto realidades que dan pistas sobre las desigualdades sociales que perseveran.

En principio el cierre de los servicios de cuidado infantil, centros de apoyo social, las restricciones de movilidad y la inaccesibilidad a servicios básicos para familias, como lo son los centros de esparcimiento social, han aislado a los niños y niñas  de la sociedad y por ende, impidiendo que tengan un adecuado desarrollo.

Los hogares, fuera de ser un lugar seguro, para muchas y muchos se han convertido en un entorno en donde normalmente el 63% de niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia según datos de Balance Anual REDIM 2020. De acuerdo con el informe “Las dos pandemias: violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19”, elaborado por las organizaciones civiles Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y la Red Nacional de Refugios1, se documentó un aumento notable en las llamadas de auxilio relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó respecto a llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer un total de 260,067 durante el 2020.

Este año el Congreso Federal aprobó diversas reformas a la Ley General de los niños, niñas y adolescentes (“LGDNNA”)  y al Código Civil Federal, uno de sus propósitos es impulsar una educación encaminada a la paz desde los hogares, eliminando la idea de educar a niños y niñas usando el castigo corporal como forma de corrección o disciplina. También prohíbe cualquier tipo de trato humillante, así como explotación infantil o trabajo forzado.

El artículo 47 de la LGDNNA define el castigo corporal como cualquier acto cometido hacía niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física o actos que pretendan causar dolor aunque sea leve. Esta reforma era aún más necesaria como medida de urgencia para atender los impactos diferenciados que ha tenido la crisis sanitaria en el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

Aunque reconocemos la labor por parte del Estado mexicano a través de la publicación de las reformas a los instrumentos mencionados anteriormente, es necesario que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen  los derechos de la niñez, así como la sanción, reparación y prevención si alguno de estos derechos son violentados. Ante el siguiente período de sesiones en el Comité de los Derechos del Niño, reiteramos la obligación de las autoridades mexicanas para adoptar todas las medidas necesarias otorgando una protección reforzada a estos grupos de atención prioritaria conforme al interés superior de la niñez, situación que requiere de mayor urgencia en medio de una crisis de derechos humanos y sanitaria.

*Ariadna Rosales y Melissa García son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria)

1 Disponible aquí.

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México y el Acuerdo de Escazú

México y el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú busca luchar contra la desigualdad y la discriminación al garantizar los derechos a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Jorge Luis AP

Por: Miguel Concha

Sábado 22 de mayo de 2021


En las décadas recientes se han evidenciado graves efectos de la crisis por el cambio climático, considerado como la mayor amenaza a la vida tal como la conocemos hasta hoy. Sin obviar el grado de responsabilidad que tenemos todas las personas, las empresas y los Estados juegan un papel fundamental, ya que sus acciones u omisiones llegan a impactar en la agudización del cambio climático, incluso a escala global.

En este sentido, resulta relevante la reciente entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Como su nombre lo sugiere, el acuerdo tiene como propósito garantizar la implementación plena y efectiva de derechos medioambientales: acceso a la información de manera oportuna y adecuada; rendición de cuentas y transparencia; toma de decisiones informada, participativa e inclusiva, así como a la justicia en asuntos medioambientales.

Todo esto a través de la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación regional entre los países de América Latina y el Caribe. En palabras de António Guterres, secretario general de Naciones Unidas, el Acuerdo de Escazú también busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y, a la vez, garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Especialmente los derechos de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El artículo tres del acuerdo enuncia los principios que guiarán su implementación. Uno de ellos, el precautorio, el cual es igualmente contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, del que México es parte. Su aplicación se materializó en nuestra nación mediante el decreto para la eliminación progresiva del glifosato y la prohibición del maíz transgénico, con lo cual se pretende prevenir daños graves o irreversibles.

El artículo seis aborda la generación y divulgación de información ambiental. Sobre la producción de semillas transgénicas y el uso de agroquímicos tóxicos; el acuerdo servirá de apoyo para garantizar a la población el acceso a información verídica, suficiente y cercana sobre sus efectos negativos en la salud de las comunidades campesinas e indígenas y en el medio ambiente. Por ejemplo, en qué grado están presentes agrotóxicos como el glifosato y el glufosinato de sodio; cuáles han sido las afectaciones en los mantos acuíferos y en la biodiversidad por el uso de estas sustancias, y cómo se establecen las sanciones administrativas para la reparación de los daños ocasionados.

Durante años se ha denunciado la producción de maíz y soya transgénicos en distintas regiones de México, a pesar de que existe una medida cautelar que la prohíbe, impulsada por la Demanda de Acción Colectiva contra los Transgénicos. Sin embargo, contamos con escasa información pública acerca de cuáles han sido las sanciones aplicadas a las empresas agroindustriales que no han respetado dicha medida.

Según el Acuerdo de Escazú, esta información debería ser difundida por las instancias gubernamentales correspondientes, como la Secretaría de Salud, la Semarnat y la Sader.

El alcance de la soberanía, autosuficiencia y autonomía alimentarias también implica un acceso a la justicia con garantías del debido proceso, expresado en el artículo ocho del acuerdo. Las afectaciones provocadas por el uso de paquetes tecnológicos agroindustriales, el cambio climático derivado de la contaminación, las emisiones de carbono y la erosión acelerada de los suelos obstaculizan la producción de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y de calidad para las comunidades, sean de consumo local, regional o a gran escala. Por lo que deberán ser consideradas violatorias de derechos, como el derecho a la salud, la alimentación y a un medio ambiente sano.

Finalmente, el acuerdo también representa la adquisición de obligaciones internacionales para garantizar la protección de personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio, así como para evitar el uso de mecanismos contra los defensores del medioambiente. Lo que se refleja en el artículo nueve. Un claro ejemplo son quienes durante años han denunciado los daños a la salud derivados del uso de transgénicos en el campo.

De igual manera, acciones como el fallido recurso de suspensión provisional contra el decreto deben analizarse bajo las obligaciones adquiridas con la firma y reciente ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado mexicano, ya que ponen en cuestionamiento la lucha por la protección plena de las comunidades campesinas e indígenas, y de quienes defienden los derechos medioambientales.

Justicia tardía y violencia feminicida

Justicia tardía y violencia feminicida

Sin atender a las mujeres que protestan en torno a las violencias de género, la protección de la vida se vulnera, así como los sueños y propósitos de vida de miles y miles de mujeres en el país.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

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Por: Miguel Concha

Sábado 15 de mayo de 2021

Las crecientes manifestaciones de mujeres y feministas en torno a las violencias ejercidas contra ellas por razón de género han visibilizado las deficiencias de los Estados para atender sus demandas en la búsqueda de justicia. Su resolución pronta, efectiva y eficaz es indispensable para garantizar condiciones de vida dignas y libres de violencia a la población femenina en México y el mundo. Sin esto, la protección de la vida se vulnera, así como los sueños y propósitos de vida de miles y miles de mujeres, tal y como sucedió con la doctora Zyanya.

Zyanya Estefanía Figueroa Becerril era una médica de 26 años, que se encontraba en su segundo año de residencia médica para especializarse como pediatra en el Hospital del Niño Poblano, en la ciudad de Puebla. Una de sus mayores ilusiones era concluir sus estudios para brindar servicios profesionales a niñas, niños y adolescentes en Chiapas, pues le compartió a su mamá, la señora Patricia Becerril, que su pasión era la medicina, y que por ello anhelaba regresar a la Ciudad de México para hacer su subespecialidad en neonatología. Sin embargo, sus sueños y deseos se vieron interrumpidos de forma abrupta el 15 de mayo de 2018, cuando fue hallada sin vida al interior de su casa, supuestamente con maniobras de suicidio.

La versión oficial que estableció para el caso la Fiscalía de Puebla fue la hipótesis de suicidio, aunque sin cumplir con sus deberes de debida diligencia y perspectiva de género. Entre las varias omisiones graves que se cometieron durante la investigación, se encuentran el que no hubo un levantamiento exhaustivo de indicios en el lugar del hallazgo y, peor aún, el que no se investigó desde su inicio como un feminicidio, tal y como se estableció como estándar obligatorio en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proyectando una vez más una deficiencia ordinaria que se presenta de forma reiterada a escala nacional: la falta de perspectiva de género en las investigaciones de casos de muertes violentas de mujeres.

La perspectiva de género es una herramienta metodológica que consiste en visibilizar las desigualdades de género a raíz de los diversos sistemas de opresión. Su incorporación en los procesos de justicia es relevante porque ayuda a identificar las causales de las violencias contra las mujeres, mediante el análisis de las opresiones por cuestión de género. Siendo esto un elemento sustancial de justicia para los casos de feminicidio.

La familia de Zyanya se percató casi de manera inmediata de las incongruencias y deficiencias en la investigación que la Fiscalía de Puebla había abierto, que se enfocaba en fortalecer la hipótesis de suicidio, y no a investigar, como era su deber, un probable feminicidio. Decidieron ante ello realizar peritajes independientes que mostraban las inconsistencias del presunto suicidio, particularmente las relacionadas con los resultados médico-forenses, y comenzaron a tratar de subsanar la pérdida de material probatorio, mediante presiones a las autoridades investigadoras, con el fin de resguardar el lugar, ampliar sus actuaciones, y, sobre todo, reformular la clasificación de su muerte como feminicidio.

Es importante subrayar la omisión del protocolo de feminicidio desde el inicio de la investigación, pues no se investigó su muerte bajo esta causal, sino por suicidio.

Ello implica una negligencia por parte del Estado, ya que, de acuerdo con la sentencia de Mariana Lima Buendía, se estableció que toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso, debe ser investigada bajo los protocolos de feminicidio. El caso de Zyanya no es un caso aislado, sino parte de una lógica estructural de violencias ejercidas contra las mujeres sólo por el hecho de serlo, mediante la omisión o acción de negligencias en los casos de mujeres asesinadas, lo cual genera la perpetuación sistémica de violaciones de derechos humanos en los procesos de justicia que, más allá de ser un número/carpeta más, se traduce en historias de dolor para sus familias, impactos en proyectos de vida, interrupción de sueños y anhelos de diversas mujeres, causados por un actuar inadecuado del Estado.

A tres años del presunto feminicidio de la futura pediatra, la lucha de los familiares continúa resistiendo frente a las omisiones del Estado, con su exigencia y búsqueda de justicia para Zyanya en las investigaciones. Por ello, se hace un llamado a las autoridades poblanas para que garanticen la implementación de la perspectiva de género en la investigación, así como a una debida diligencia, para que este caso no sea un número más de la impunidad, sino uno donde prospere la justicia y la verdad, aunque sea de manera tardía.

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía: Séneca

Por la verdad, la justicia y la memoria de Tatojke, el sembrador

Por la verdad, la justicia y la memoria de Tatojke, el sembrador

A tres años del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, el Estado tiene el deber y la obligación de dignificar y reconocer su figura como defensor, así como de garantizar el acceso a la verdad sobre los hechos, las causas y actores que motivaron su asesinato a través de una línea de investigación que considere su labor como defensor de derechos.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

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Por: Ana Gómez y Violeta Valdés

14 de mayo de 2021

Manuel Gaspar Rodríguez, de 37 años de edad y originario de Ayotoxco, Puebla, fue abogado de formación, maestro y coordinador en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Tras ser despedido injustamente se integró de tiempo completo al Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, organización integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (en adelante MIOCUP-CNPA-MN) en 2013, y en enero de 2018 se integró al Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. (en adelante CDHAE A.C.).

Encabezó caravanas y movilizaciones indígenas y campesinas en 2017 en contra de la privatización del agua y la minería. Desde el CDHAE A. C. y el MIOCUP CNPA MN, Manuel,  también conocido como Tatojke “el sembrador”, impulsó la lucha para lograr la clausura de un relleno sanitario convertido en basurero ubicado en el municipio de Cuetzalan, Puebla. Las autoridades municipales se negaron a cerrarlo a pesar de los señalamientos sobre el  mal manejo por parte de dependencias ambientales desde 2015.

Manuel también se opuso al proyecto minero “El Aretón”, de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene una concesión otorgada en los municipios de Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Yahonahuac, del estado de Puebla. Además, cabe subrayar que en enero de 2018, Manuel fue citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había presentado una denuncia en su contra, así como de otras 7 personas, por promover el freno de la construcción de una subestación eléctrica también en Cuetzalan del Progreso.

En este contexto, Manuel Gaspar fue asesinado el 14 de mayo de 2018, a escasos metros de donde sería colocada la subestación eléctrica impulsada por la CFE. Si bien el proceso de investigación sobre la privación de la vida del defensor aún sigue vigente, es necesario apuntar que el asesinato ocurre en un ambiente en el cual, como se expresa en el Informe sobre México del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos1: la labor de las personas defensoras de derechos humanos se da en un contexto de violencia generalizada en el cual confluyen una diversidad de actores que participan de las violaciones y graves violaciones a los derechos humanos.

Estas suelen recrudecer debido a la falta de acciones de prevención y protecciones suficientes que garanticen las condiciones necesarias para las personas desarrollen su labor de defensa y activismo. Esta actividad se dificulta a través de acciones de criminalización, intimidación, acoso y estigmatización; por medio del uso indebido del derecho penal en contra de las personas defensoras al iniciar estrategias de acoso judicial, procesos basados en acusaciones infundadas y privación ilegal de la libertad. En algunos casos, participan también empresas públicas y privadas que ven afectados sus intereses económicos frente a los procesos de lucha y resistencia que se oponen a la imposición de proyectos a gran escala en contextos sobre todo indígenas y rurales, en donde también se vulnera el derecho a la consulta libre, previa e informada.

En otros casos igual de graves, como se señala en el mismo informe, las personas defensoras se enfrentan a agresiones que ponen en riesgo o vulneran su dignidad, integridad personal y vida a través de detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, así como de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos como en el caso de Manuel Gaspar. En noviembre de 2018 la Fiscalía Regional del Estado de Puebla realizó una declaración pública sobre la detención de una persona presuntamente vinculada a su asesinato, afirmando que habría ocurrido a razón de “asuntos personales”. Lo anterior derivo en que el 13 de abril de 2021 la Fiscalía dictara sentencia al único y supuesto autor material e intelectual del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, esto sin considerar una línea de investigación que tome en cuenta la labor de defensa de derechos humanos que Manuel ejerció en vida, dejando así un hueco en el sentido del derecho a la verdad y al acceso a la justicia desde la perspectiva de derechos humanos.

Ante la falta de investigaciones, enjuiciamiento, sanciones y acciones de reparación integral, se hace evidente la urgente necesidad de llevar a cabo medidas de carácter estructural que permitan no solo prevenir y proteger a las personas defensoras de derechos humanos para promover condiciones de defensa dignas, sino también asegurar mecanismos de administración e impartición de justicia.

A tres años del asesinato de Manuel, el Estado tiene el deber y la obligación de dignificar y reconocer su figura como defensor, así como de garantizar el acceso a la verdad sobre los hechos, las causas y actores que motivaron su asesinato a través de una línea de investigación que considere su labor como defensor de derechos. También existe la responsabilidad de brindar protección efectiva a sus familiares, a las comunidades y las organizaciones defensoras que se encuentran en riesgo y así terminar con la reproducción de la violencia, se debe erradicar el contexto de impunidad por el que atraviesan las víctimas, las y los sobrevivientes y la sociedad en general, así como garantizar el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición para contribuir a la construcción de un verdadero estado de derecho en el país.


Ana Gómez Ruiz es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C. (@CDHVitoria) y Violeta Valdés Alcántara es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A.C. (@CDHAntonioEst).

1 Michel Forst, ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su Misión a México, A/HRC/37/51/Add.2, 12 de febrero de 2018.

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