Convocatoria 2021: Día Nacional e Internacional del Maíz

Convocatoria 2021: Día Nacional e Internacional del Maíz

Desde México la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País CONVOCA A CELEBRAR EL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MAÍZ PARA HACER FRENTE A BAYER-MONSANTO Y SUS ALIADOS

Desde México convocamos a los pueblos que se alimentan y reconocen a la planta sagrada, a mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños del campo y las ciudades, a celebrar este grano milenario, fruto del esfuerzo de selección de las semillas lograda por decenas de generaciones de familias campesinas, con conocimientos y saberes renovados hasta el día de hoy desde cada rincón de las Américas.

Invitamos a que esta celebración sea un acto en favor de sistemas alimentarios campesinos sustentables diversos que sostienen la soberanía alimentaria, y un acto de protesta contra el desastre que durante más de 30 años ocasionaron las políticas anti-campesinas neoliberales que protegieron a la agricultura agroexportadora e industrial concentrada en pocas manos y en cambio excluyeron a las comunidades y a la mayoría de las unidades campesinas e indígenas de producción.

Estas políticas de abandono y despojo provocaron la privatización de la tierra, la expulsión de campesinos y campesinas de sus comunidades, una dependencia creciente de plaguicidas, herbicidas, fertilizantes y semillas híbridas, el empobrecimiento y la pérdida de variedades vegetales entre quienes nos alimentan, así como una alimentación deficiente para una gran parte de la población que depende de las importaciones y de los productos industriales. A esto se suma la presencia de grupos del crimen organizado en los diversos territorios.

Ante esta situación mostraremos que existen otras formas de hacer agricultura, de tener una alimentación sana desde la milpa y de preservar nuestras tradiciones culinarias, medicinales, religiosas, culturales y locales. En Norteamérica los pueblos originarios denominan a la milpa Three Sisters (o Tres Hermanas), por el cultivo conjunto de maíz, frijol y calabaza.

Frente a la política anti-campesina, las comunidades campesinas y pueblos indígenas han logrado con éxito proteger las semillas nativas del maíz, frente a las variedades importadas e impuestas por las corporaciones agroquímicas: Bayer-Monsanto, Dupont, Dow, Pioneer, Syngenta-ChemChina (estas últimas fusionadas en Corteva), y lo han logrado sin apoyos y recibiendo un pago insuficiente por sus productos.

Aprendiendo y haciendo nuestras estas resistencias, las organizaciones de productores y de la sociedad civil, del campo y la ciudad que participamos desde México en la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, en 2009 lanzamos la iniciativa ciudadana del Día Nacional del Maíz en contra de la política neoliberal y del gran empresariado agroindustrial. En 2013 impulsamos la Demanda Civil ciudadana que detuvo la siembra comercial de maíz transgénico, prohibición que continúa vigente.

En México el mandato popular de las elecciones presidenciales de 2018, obliga a la construcción de un nuevo modelo que reactive la economía y la producción a pequeña y mediana escala en el campo, como única salida para desterrar la violencia, frenar la migración forzada de jóvenes y el desplazamiento de poblados enteros, fortalecer el tejido comunitario, la producción soberana de alimentos, así como para detener la absurda muerte por mal comer en la cuna del maíz. Pero sobre todo, para enfriar el planeta a través de la siembra de milpa, de la chinampa, de los huertos de traspatio, de las terrazas y utilizando nuevos métodos agroecológicos en un diálogo de saberes entre campesinos y académicos.

En este nuevo escenario, el Decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020 que prohíbe progresivamente el uso de glifosato y el maíz transgénico, es un paso importante en la lucha por la soberanía alimentaria y por el respeto a la producción campesina sustentable y agroecológica. Está acompañado además, de otras reformas positivas a las leyes para el cuidado de la alimentación y la salud de la población, como el etiquetado frontal de alimentos procesados, así como leyes en defensa del maíz, entre otras.

Sin embargo, Bayer-Monsanto y los empresarios de la agroexportación reunidos en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) se han opuesto a estos cambios, pues las reformas afectan sus ganancias económicas y -de acuerdo con sus propias palabras- su “libertad de  comercio e industria”. Amenazan con que habrá escasez y encarecimiento de los alimentos si no se les permite utilizar el herbicida tóxico glifosato y sembrar maíz transgénico.

Son los mismos que tratan de impulsar las reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales y a cerrar los caminos que permitan a México permanecer en la UPOV 78 y a no ingresar a la UPOV 91 que llevaría a la privatización de las semillas.

Defensoras y defensores del maíz y de la justicia alimentaria tienen que apropiarse de este día, salir a celebrar y manifestarse por sus propias luchas con el fin de unir esfuerzos continentales y globales a fin de crear un frente unido ante la agroindustria y los gobiernos que la promueven. Desde todos los territorios nacen luchas por la defensa de la vida: los protectores de agua contra los oleoductos de la nación Sioux; las zonas libres de transgénicos que han creado la sociedad civil en Estados Unidos y en otros países; el decomiso, eliminación y quemado de cultivos ilegales transgénicos en Ecuador; el paro nacional agrario en Colombia y su lucha por el derecho a guardar y usar sus semillas; la moratoria de 15 años que prohíbe el ingreso y siembra de cultivos transgénicos en Perú; la abrogación de decretos inconstitucionales pro-transgénicos en Bolivia. Estos son solo algunos ejemplos de las miles de acciones impulsadas desde las comunidades y movimientos de nuestro continente.

Este 29 de septiembre los invitamos a festejar las fiestas milenarias de maíz que hasta el día de hoy se llevan a cabo desde el norte del continente por los Haudenosaunee pasando por Mesoamérica hasta los pueblos Mapuches del sur. Festejemos este día las buenas cosechas y las temporadas de lluvia al igual que las moratorias, decretos y paros nacionales en defensa del derecho al buen vivir, a la biodiversidad y a la protección de nuestro sagrado maíz.

Revisa la CONVOCATORIA COMPLETA

Día de las víctimas de desapariciones forzadas

Día de las víctimas de desapariciones forzadas

Buscando se han encontrado, familiares y colectivos en búsqueda de personas desaparecidas han aprendido a caminar conjuntamente, haciendo de todos los desaparecidos sus desaparecidos. Así lo señalan cuando gritan faltan más de 90 mil o los desaparecidos son de todas y todos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : CDH Vitoria

Por: Miguel Concha

Sábado 28 de agosto de 2021


El 30 de agosto se conmemorará el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Sin embargo, no ha sido sino hasta hace 10 años cuando se dio el reconocimiento mundial a una problemática tan compleja y devastadora que, a pesar de todo, data de muchos años atrás: la desaparición forzada de personas. El Estado es uno de los principales responsables de la comisión de este delito y grave violación a los derechos humanos y, por ello, para lograr el reconocimiento de esta práctica, así como la visibilización pública de las víctimas, ha sido largo el camino recorrido por colectivos de sobrevivientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil en el mundo.

Este día se contempló como especial en la lucha de quienes buscan a sus seres queridos. Se trata de un momento para revelar más una problemática que, en el caso mexicano, involucra múltiples actores y vínculos entre ellos. Por ejemplo, el crimen organizado y la corrupción generada por gobiernos en todos sus niveles.

Este texto no alcanza para un análisis detallado de las causas históricas, económicas, sociales y políticas de la desaparición en México. pero con el queremos honrar la lucha de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Vale señalar que, en su gran mayoría, son mujeres las que buscan a propios y ajenos, a todas y todos. Sumados dan la cifra de más de 90 mil personas, según los datos más recientes de las autoridades.

Por desgracia, en este país pareciera que las autoridades se acostumbraron rápida y convenientemente a que fueran las buscadoras quienes realizaran mayormente la búsqueda en campo, lo cual pone en riesgo constante su vida. Las personas buscadoras van ahí, donde muchas autoridades se niegan a ir. Se han convertido en las primeras respondientes ante una desaparición y son ellas quienes transmiten saberes, conocimientos y experiencias sobre los procesos jurídicos y de búsqueda cuando una persona nueva comienza a buscar en medio del dolor que trae la desaparición de un familiar.

Vale resaltar que el pasado 24 de agosto organizaciones sociales, personas y colectivos de familiares publicaron un importante comunicado (https://cutt.ly/7WycY88) sobre las preocupaciones con relación a los complejos y largos procesos de búsqueda en campo, así como a investigaciones penales y a la búsqueda de verdad y justicia. En los pasados tres meses han sido asesinadas por lo menos tres personas buscadoras, aunque sabemos que muchos de estos casos no salen a la luz pública por consideraciones de seguridad para los familiares.

Aunado a esto, debemos decir que el derecho a la participación en las distintas etapas de la búsqueda de desaparecidos lo han ganado los familiares y colectivos a fuerza de tenacidad y demanda pública. Este constante proceso de lucha y aprendizaje los ha llevado a adquirir herramientas y conocimientos cada vez más especializados sobre derechos humanos y ciencias forenses, por mencionar algunos de los más evidentes.

La articulación de distintos colectivos y su constancia en la construcción de puentes de diálogo con las autoridades ha hecho posible la próxima instalación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para avanzar en el rezago de la identificación humana en la República; asunto del que me ocupé en meses pasados ( La Jornada, 13/3/21).

Sabemos que son ellas y ellos quienes han impulsado y trabajado en la implementación de leyes ad hoc para avanzar en la búsqueda de personas, tanto a escala local como nacional. Buscando se han encontrado, y ahí han aprendido a caminar conjuntamente, haciendo de todos los desaparecidos sus desaparecidos. Así lo señalan cuando gritan faltan más de 90 mil o los desaparecidos son de todas y todos.

Todo con la firme esperanza de encontrar a todas las personas desaparecidas. Aunque los niveles de violencia y desatención hacen más difícil su caminar, en estas fechas es fundamental que el Estado respete una máxima: ¡sin familias no! Dicha máxima implica que la participación de éstas no se reduzca a poner en riesgo su vida durante las búsquedas en campo; que se fortalezcan los sistemas de búsqueda, y que no quede ninguna institución clave sin los medios necesarios para hacer su trabajo.

Asimismo, es fundamental poner atención a la solicitud que ha hecho el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, de concretar la visita al país del Comité contra la Desaparición Forzada, conforme al artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Tal vez lo único que nos permita avanzar para revertir las desapariciones que no cesan, sea una efectiva coordinación y diálogo entre el Estado, los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las organizaciones sociales que les acompañan.

Continúa la lucha por la defensa de San Miguelito en San Luis Potosí

Continúa la lucha por la defensa de San Miguelito en San Luis Potosí

La presión y las amenazas contra la comunidad de San Miguelito por la venta de sus tierras es una constante que se presenta desde el 2019, la cual ha afectado la vida cotidiana de sus habitantes.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Lucy Nieto

Por: Adriana Zárate Escobar

25 de agosto de 2021

En estos momentos la ciudad de San Luis Potosí se enfrenta a un proceso de toma de decisión sobre la modificación de un espacio que repercutirá no sólo en el crecimiento de la mancha urbana, sino también en la vida cotidiana de todas las personas que la habitamos. El espacio en disputa se encuentra en la zona surponiente de la ciudad y abarca las comunidades de San Juan de Guadalupe y anexos, Tierra Blanca y San Miguelito, todas ubicadas en las faldas de la Sierra de San Miguelito, un área natural protegida cuya delimitación se encuentra actualmente en “consulta”.

Desde el 2019 se comenzó a hablar de la posibilidad de implementar en esta área un proyecto inmobiliario de gran tamaño llamado “Las Cañadas”, de la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V. A lo largo de los tres años que han transcurrido desde que se empezó a socializar dicho proyecto se han señalado, desde diferentes trincheras, las repercusiones negativas que traería consigo el que se lleve a cabo. Activistas, comuneros, ambientalistas, asesores legales, vecinos y vecinas de la zona, estudiantes, académicos y académicas nos hemos sumado a la protesta, pero también a la producción y difusión de información para hacer constar por qué es importante evitar que se realice este proyecto y proteger este territorio.

El espacio que se encuentra en disputa está conformado por 1,805 hectáreas que son parte de las comunidades y de la Sierra de San Miguelito. Su gran importancia recae en que en este lugar se encuentra la zona de recarga del acuífero que abastece el agua de la ciudad de San Luis Potosí, así como las áreas de escurrimiento. De ser intervenido, el acceso al agua en muchas partes de la ciudad seguiría siendo difícil o inclusive nulo, y esto se agravaría, junto con el deficiente manejo del agua en las inundaciones que tanto aquejan a la ciudad.

En términos ecológicos se pondría en riesgo la biodiversidad que forma parte del hábitat de la sierra, con especial énfasis en las especies endémicas y en peligro. Por supuesto, todo esto impactaría en el medio ambiente, que en este momento presenta problemas serios debido a proyectos pasados como lo fue el de la Minera San Xavier, que terminó por destruir al Cerro de San Pedro, que sirvió de inspiración para el escudo de la ciudad. Además de todo esto, en el tema agrario se seguiría permitiendo que se recurra a la figura de Sociedades Mercantiles Inmobiliarias para acreditar el despojo de la tierra, esto a través de un contrato de compraventa que siempre termina por no favorecer a las y los comuneros y ejidatarios que se someten a este proceso.

Por todo lo anterior, el caso de la Sierra de San Miguelito no debe de ser leído únicamente como un conflicto agrario, sino que es importante posicionar este tema como un problema de carácter público que nos compete a todas las personas que habitamos la ciudad y el país, porque sin duda su intervención impactará en nuestro día a día.

A lo largo de todo el proceso de lucha que se ha realizado para resaltar todos los puntos anteriores, al mismo tiempo se han llevado a cabo diferentes acciones que han propiciado las condiciones para que las tierras comunales puedan ser vendidas. Entre ellas, modificaciones al polígono de área natural protegida, en las que se deja por fuera el área de interés para el proyecto inmobiliario (2018). Dos consultas públicas opacas y con grandes dificultades para la participación, en las cuales se discutía sobre el futuro próximo del desarrollo urbano de la ciudad, la primera a nivel municipal, dirigida por el Instituto Municipal de Planeación (2019), la segunda a nivel federal, diseñada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2021) cuyos resultados siguen sin darse a conocer. La amenaza y el acoso por parte de las empresas inmobiliarias se dirige a las y los comuneros que están en contra de vender sus tierras, pero también contra aquellos que han tomado la decisión de vender. Se favorece la entrega de permisos a nivel municipal y estatal para que este proyecto pueda ponerse en marcha, sin que aún se haya resuelto la venta de la tierra en las asambleas comunales, ni se haya delimitado el área de protección de la sierra, que actualmente sigue en el proceso de consulta.

Ante este escenario las demandas son claras: que no se permita que se continúe con la construcción del proyecto inmobiliario “Las Cañadas”, de la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., en las 1,805 hectáreas que se encuentran en la zona de recarga del acuífero en la Sierra de San Miguelito. Que se preste verdadera atención a los proyectos futuros que busquen implementarse en esa zona. Que dejen de existir presiones y amenazas para los comuneros que no se encuentran a favor de vender sus tierras. Que tanto el gobierno municipal, estatal y federal se comprometan y protejan el área natural de la Sierra de San Miguelito. Que la Semarat y las instituciones académicas dejen de priorizar los intereses privados y del capital, y se reconozca que el proceso de consulta del Estudio Previo Justificativo de Área Natural Protegida ha sido opaco y realizado a modo. ¡La Sierra no se vende, se cuida y se defiende!

#SierraSíFraccionamientoNo

* Adriana Zárate Escobar (@AdriannaZaratte) es integrante de la 19° generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C., y es Maestra en Ciencias Sociales por la Flacso-México.

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Juventudes y Covid-19 en México

Juventudes y Covid-19 en México

Atendiendo al «mes de las juventudes» el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria realizó un informe sobre el impacto que ha tenido el Covid-19 en las juventudes.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen :  UNHumanRights

Por: Miguel Concha

Sábado 21 de agosto de 2021


El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, declarado así por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas para visibilizar a este grupo de población, generar conciencia sobre su importante papel en los procesos de transformación y colocar sus necesidades y problemas como prioridad en las agendas gubernamentales. Y es que de acuerdo con la ONU alrededor de mil 200 millones de personas entre 15 y 24 años habitan y transitan por el mundo. Es decir, 16 por ciento de la población global.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que representan 24.6 por ciento de los habitantes en el país. Conforme al Censo de Población y Vivienda 2020, de las más de 126 millones de personas que conformamos el total, la mitad tiene 29 años o menos.

Uno de los temas centrales de reflexión a escala internacional en el presente año es el impacto diferenciado del Covid-19 en las juventudes, el cual puso al descubierto y agravó los problemas estructurales que afrontan. Este análisis se recrudece cuando se aplican perspectivas como la interseccional y la de género, porque, si de suyo constituyen un grupo que históricamente ha sido colocado en situaciones de vulnerabilidad, discriminación y desventaja, sus desafíos son aún mayores si son mujeres, si pertenecen a la comunidad LGBTTTIQA+ o a los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. O si defienden derechos humanos, por mencionar algunos ejemplos.

En el contexto del también llamado mes de las juventudes, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria recientemente publicó un informe denominado Los impactos del Covid-19 en las juventudes en México (https://cutt.ly/CQ1HXSg). Con la intención de profundizar y debatir los temas abordados en el informe, de igual manera, está realizando una serie de foros con expertos (https://cutt.ly/QQ12H3v).

El informe no sólo fue elaborado por jóvenes, sino que éstos fueron el sujeto y actor social central en todo el proceso. Dicho insumo tiene como propósito analizar los impactos del Covid-19 sobre las juventudes en nuestro país, sobre todo en lo que respecta al goce y ejercicio de sus derechos a educación, empleo, alimentación, vivienda, salud física y mental, así como a la participación política. Se afirma desde sus primeras líneas que en la actual pandemia se adoptó una narrativa adultocéntrica que posicionó a las juventudes como aquellas que se encontraban en menor riesgo ante el virus.

La tercera ola ha demostrado de manera contundente lo contrario, porque una parte significativa de los contagios, hospitalizaciones y lamentables muertes han sido de jóvenes. Además, desde marzo de 2020 muchos ámbitos de su vida han sido fuertemente impactados. Como lo sostiene el informe, aumentaron las violaciones a sus derechos, principalmente a la salud, a la información, a vivir una vida libre de violencia, a la protesta social, a la libertad de expresión, a la educación, así como a sus derechos laborales. Con respecto a éstos últimos, las juventudes señalaron diversas situaciones que constituyen violaciones a sus derechos. Entre otras, están la falta de respeto al horario laboral, las excesivas cargas de trabajo, y la ausencia de provisión de los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades, especialmente de aquellas que se han desarrollado a distancia.

También apuntaron las omisiones del semáforo epidemiológico, así como despidos injustificados sin las indemnizaciones de ley correspondientes. Otros de los derechos afectados son los referidos a su participación política y social, ya que durante la pandemia fue limitado y restringido el espacio público, el cual es uno de los principales lugares de participación para los jóvenes. Muchos de quienes tomaron la decisión de continuar participando en acciones de defensa y promoción de los derechos humanos fueron víctimas de criminalización, hostigamiento e intimidación.

Como se menciona en las conclusiones del informe, todas las personas deben ser reconocidas de la misma manera, y por ello sus derechos han de ser respetados y garantizados integralmente, sin importar sus características y condiciones, en este caso su edad. Por tanto, en el contexto de la pandemia los programas de atención y recuperación deben incorporar la perspectiva de juventudes y el reconocimiento de los impactos diferenciados que han causado en la vida de millones de jóvenes.

En efecto, no se puede ni debe hablar de una generación que construya el futuro, cuando en esta emergencia sanitaria las juventudes han sido invisibilizadas, colocadas en situaciones de vulnerabilidad, criminalizadas e ignoradas. Por tanto, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de poner en el centro los derechos de los jóvenes.

La 4T y las organizaciones de la sociedad civil: la persistente contradicción

La 4T y las organizaciones de la sociedad civil: la persistente contradicción

El Presidente sin duda acierta cuando se refiere a la reorganización de agendas conservadoras y de actores con intereses egoístas, pero insiste en cerrar el diálogo con los sectores sociales que han asumido su tarea como contrapesos necesarios que antes ya han alertado frente a las nuevas formas del autoritarismo.

Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea

Web original | Imagen : Cuartoscuro

Por: Jorge Luis Aguilar Pantoja (@JorgeLuis_DH)

20 de agosto de 2021

Conoce el artículo en la Revista Contralínea

Nuevo marco jurídico sobre pueblos indígenas

Nuevo marco jurídico sobre pueblos indígenas

El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas por el incumplimiento y agravio de sus derechos, es por esto que se le pide al gobierno de AMLO realizar una reforma constitucional que atienda a las peticiones y necesidades de estas comunidades.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : CDH Vitoria

Por: Miguel Concha

Sábado 14 de agosto de 2021


El pasado 9 de agosto conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Recordamos la importancia de construir sociedades justas e incluyentes en las que la diversidad, respeto y cuidado sean elementos centrales. Fue una invitación para tener presentes las raíces de nuestra historia, ya que la memoria es una de las bases para la construcción de un mundo con paz, justicia y dignidad, especialmente para los pueblos y comunidades indígenas.

En este sentido, la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representantes del gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, marcó lo que habría sido el inicio de una etapa crucial en la lucha por el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, el incumplimiento del Estado mexicano ha constituido una deuda histórica que aún no ha sido saldada.

Ante esto, los pueblos y las comunidades han desarrollado estrategias para fortalecer y defender sus derechos colectivos. Entre las demandas fundamentales se encuentra el reconocimiento, dentro de la Constitución, de sus instituciones y su libre determinación, en tanto elemento central para la transformación social y política. Y es así como el pasado 24 de septiembre se hizo pública la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), conformada por pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles de más de 10 entidades del país, pertenecientes a las etnias tsotsil, tseltal, lacandona, tenek, nahua, maya, hñähñu, purépecha, na savi, tepecano, wixárika, zapoteca, yaqui, mixe y me’phaa. Uno de los objetivos centrales de Aldea es construir estrategias que fortalezcan el marco jurídico de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y con ello mejorar sus herramientas de defensa y vida, y el reconocimiento de sus derechos.

Sus demandas se resumen en 10 puntos que, de ser reconocidos constitucionalmente, aportarían a la construcción de sociedades incluyentes y justas. Éstos son: 1. Reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público; 2. Garantía del derecho a la libre determinación y autonomía indígena; 3. Reconoci-miento y garantía de los sistemas normati-vos y de seguridad de los pueblos; 4. Reconocimiento, garantía y protección del derecho a las tierras y territorios indígenas;5. Reconocimiento y garantía del derecho a decidir sus formas de vida y desarrollo;6. Respeto y garantía del derecho al consentimiento libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas; 7. Garantía a la participación de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones del Estado; 8. Establecer una relación entre el Estado y los pueblos en condición de respeto e igualdad; 9. Participación de la mujer indígena en la toma de decisiones y ejercicio pleno de sus derechos, y 10. Respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades.

En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Aldea hizo también un llamado al presidente AMLO para impulsar una reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas, compromiso que asumió al inicio de su mandato. Exhortó igualmente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y al Congreso de la Unión para que dicha reforma sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura, se establezca como tema prioritario de la agenda legislativa y se avance resueltamente en su aprobación.

Si bien es cierto que en los hechos los pueblos y comunidades indígenas siguen construyendo su autonomía a través del autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios y bienes comunes, con esta reforma se saldaría parte de la deuda histórica del Estado mexicano con ellos, mediante el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y el establecimiento de una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado. La Alianza considera que la reforma constitucional es también clave para enfrentar la violencia presente en el territorio nacional, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena, el control de sus territorios y bienes comunes, y la aplicación de sus sistemas propios de seguridad y justicia.

Al ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público, con capacidad para darle toda la fuerza jurídica a sus decisiones comunitarias, así como para contar y disponer con presupuestos propios, se rompería con el tutelaje colonial del Estado. Es fundamental que la reforma preserve el espíritu de los acuerdos de San Andrés, y se alinee con instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como con los aportes realizados por pueblos, comunidades y autoridades indígenas de los estados del país durante el proceso previo de construcción de la propuesta.

Mes de las juventudes

Mes de las juventudes

La pandemia de la COVID-19 ha transformado radicalmente distintos ámbitos de nuestra vida; no sólo por los altos impactos que ha tenido en la salud pública, sino también por los efectos que se han generado a nivel económico, político, social e inclusive cultural. Sin embargo, muchas de estas situaciones no eran nuevas y, al contrario, la emergencia sanitaria permitió que se exacerbaran las problemáticas.

Con el objetivo de poder analizar y visibilizar lo que ha ocurrido, desde el Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (CDH Vitoria), presentamos el informe «Impactos de la COVID-19 en juventudes en México» que analiza desde una perspectiva de juventudes dicha situación. 

En el marco del Día Internacional de la Juventud, invitamos a participar en la serie de conversaciones donde podremos profundizar en los descubrimientos y llamar a las juventudes a continuar organizándose, a continuar en la defensa de los derechos humanos y construyendo en común estrategias para revertir la situación tan difícil que hasta hoy enfrentan las juventudes que habitan o transitan por México.

  • Jueves 12 de agosto 10am- Presentación del «Informe sobre el impacto de la Covid-19 en las juventudes en México”
  • Jueves 12. 6pm- Derecho a la educación
  • Martes 17. 6pm- Derechos laborales
  • Jueves 19. 6pm- Derecho a la alimentación y vivienda
  • Martes 24. 6pm- Salud física y mental
  • Jueves 26. 6pm- Participación política y social

Transmisión en vivo : https://www.facebook.com/CDHVitoria

Código Penal de la Ciudad de México y OSC

Código Penal de la Ciudad de México y OSC

El mal uso del Código Penal de la Ciudad de México puede convertirse en un instrumento de control, amenaza y criminalización contra las OSC´s. Especialmente en un contexto de hostigamiento a la sociedad organizada.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Víctor Chima

Por: Miguel Concha

Sábado 07 de agosto de 2021


El pasado 7 de junio se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México un decreto que contiene una serie de reformas, adiciones y derogaciones a artículos del Código Penal para la capital del país (https://cutt.ly/oQnqWGr). Entre los artículos reformados se encuentran el 256, 256 bis y el 259, que forman parte del título décimo octavo, que se refiere a los delitos contra la buena administración cometidos por servidores públicos.

El artículo 256 dice: es servidora o servidor público de la Ciudad de México toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública de la Ciudad de México, en el Poder Legislativo local, en los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en la capital y en los órganos constitucionales autónomos, o bien que tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos.

Entre las penas comprendidas en estos artículos se encuentran la destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos y cargo de elección popular, e igualmente para dirigir o administrar recursos de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos. Las sanciones llegan a ascender hasta los 25 años de prisión. En otras palabras, el Código Penal otorga el carácter de persona servidora pública a quien tenga la dirección o administración de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos, por lo que puede ser procesada por delitos penales como si fuera servidora pública, como explícitamente lo señalan los artículos reformados. Aunque pareciera que estas reformas al Código Penal son novedosas, no es así, ya que del artículo 64 de la Constitución de la Ciudad de México se puede interpretar que se les otorga el carácter de servidores públicos a quienes ejerzan recursos públicos o contraten con entes públicos la ejecución de obras o servicios públicos, de adquisiciones, de subrogación de funciones o reciban concesiones.

En todo caso, el Código Penal homologó su contenido a la Constitución local. Lo anterior no es poca cosa, porque las lagunas interpretativas y el mal uso del reformado Código Penal pueden convertirse en nuevos instrumentos de control, fiscalización, amenaza, abuso, hostigamiento, criminalización y penalización contra organizaciones de la sociedad civil (OSC), especialmente en un contexto generalizado de crisis de derechos humanos, de minusvalorización de las organizaciones que los defienden, y de agresión contra sus defensores.

Ante esto, distintos actores sociales han manifestado su preocupación por las negativas y peligrosas implicaciones que esto representa para el goce y ejercicio pleno de los derechos de las OSC y de las personas defensoras y colectivos, especialmente a defender derechos humanos y a la libertad de asociación. Diversas organizaciones, y por lo menos un organismo público autónomo que defiende derechos humanos, han sostenido la inconstitucionalidad de estas reformas al Código Penal, debido a que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente los artículos 9, 16 y 108, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, los cuales, sobra decirlo, le generan a éste obligaciones y deberes en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Entre ellos, por ejemplo, están los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, saludamos el hecho de que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haya interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra diversas porciones normativas del decreto por el que se reformaron los artículos del Código Penal.

Por lo mismo, ésta se halla ante una oportunidad histórica, no sólo de declarar la inconstitucionalidad de la referida reforma, sino de generar un precedente y cambios estructurales que protejan y garanticen los derechos de las OSC de la Ciudad de México y de la nación. Instamos a las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, a proteger a las OSC y a reconocer su aporte histórico y su importante papel en la vida democrática del país. Y llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a despertar de su azoro y su desesperanza, y realizar discusiones críticas, de fondo, así como acciones conjuntas para defender sus derechos a defender derechos humanos y a la libertad de asociación, porque, como dijo Catherine MacKinnon, detrás de todo derecho está la historia de alguien cuya sangre, si se lee con atención, escurre entre líneas.

Feminización de la pobreza, una verdad cómoda para el patriarcado

Feminización de la pobreza, una verdad cómoda para el patriarcado

Ante los altos índices de violencia y discriminación que sufren las mujeres, es claro que el país sigue careciendo de estrategias nacionales integrales que reduzcan las brechas de desigualdad y las múltiples violencias que las afectan, las cuales se han agravado potencialmente debido a la pandemia por la COVID-19.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Cuartoscuro

Por: Jose Antonio y Kassandra Arizai Gutierrez

03 de agosto de 2021

En México más del 50% de la población se encuentra en situación de pobreza (CONEVAL, 2020) en donde las personas no tienen acceso a una calidad de vida y son privados de recursos para satisfacer sus necesidades básicas; considerando este contexto y teniendo una población mayoritariamente compuesta por mujeres, es urgente seguir hablando de condiciones de vida digna, particularmente en materia de acceso al trabajo debido a que la discriminación de género representa una deficiente economía política que no protege a las mujeres.

De acuerdo con Renate Rott, socióloga e historiadora económica, el término de feminización del trabajo está relacionado con la feminización de la pobreza, que define como “la costumbre y naturalización de una vida llena de cargas y miserias sin la posibilidad remota de visibilización o planificación de un cambio” (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2020). En México esta situación es una de las que más afecta a las mujeres debido a la marcada brecha de desigualdad y oportunidades, principalmente laborales y educativas, con respecto a los hombres, que puede verse en situaciones como la diferencia de sueldos, la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, la desigualdad en el acceso a posiciones de poder social, la falta de condiciones igualitarias para el acceso a la educación, entre otros.

Desde el 23 de marzo de 1981 México es parte de los países que ratificaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en donde se estipula que el Estado debe otorgar condiciones de igualdad y con perspectiva de género a las mujeres en todos los ámbitos. Sin embargo, ante los altos índices de violencia y discriminación que sufren las mujeres, es claro que el país sigue careciendo de estrategias nacionales integrales que reduzcan las brechas de desigualdad y las múltiples violencias que las afectan, las cuales se han agravado potencialmente debido a la pandemia por la COVID-19.

Esta brecha de desigualdad de oportunidades laborales y ejercicio de derechos entre mujeres y hombres inicia desde el capital cultural institucionalizado al que las mujeres tienen acceso, lo cual desencadena una brecha salarial intrínseca a la estructura social. Prueba de ello es lo que señala la Encuesta Nacional de Educación y Empleo (ENOE), la cual indica que en inicios del 2020 las mujeres que tenían un nivel educativo que abarcaba hasta el nivel medio superior o superior se enfrentaron a una diferencia salarial del 15% con respecto a los hombres, ya que las mujeres trabajadoras con este nivel educativo ganaban 8 mil 454 pesos mensuales, en comparación a los 10 mil pesos mensuales promedio que reciben los hombres.

Aunado a este panorama de condiciones de desigualdad, según la ENOE, esta pandemia dejó cifras de desempleo que resultan alarmantes en materia de género, pues son 1.3 millones las mujeres (84%) las que perdieron su trabajo, en contraste con los 266,547 hombres (16%) que también dejaron de ser parte del sector económicamente activo. Si bien la demanda de cuidados de los que la mujer es responsable en el hogar ya era amplia antes de la pandemia, esta crisis mundial sanitaria ocasionó que el confinamiento en el hogar extendiera las sobrecargas impuestas culturalmente a las mujeres.

En ese sentido, en el país se reformó durante el 2020 el Artículo 4 constitucional en donde se precisa que el Estado garantizará corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las actividades de cuidado y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta reforma, hay una clara ausencia del apego a una normatividad integral en materia de cuidados que procure una articulación interseccional para la regulación del trabajo no remunerado de las mujeres.

Es primordial seguir reivindicando todas aquellas actividades que han sido asumidas en lo “femenino” como parte primordial del desarrollo del país, pues de tal manera se comenzará a desfeminizar los trabajos de cuidado. Ello es importante para lograr una corresponsabilidad que permita que las formas de organizar y concebir los cuidados dejen de ser una sobrecarga para las mujeres.

Falta avanzar en el impulso de leyes para combatir las desigualdades de género a través de principios de accesibilidad y de igualdad sustantiva, en donde se garanticen las condiciones igualitarias que reconozcan los diversos contextos para dejar de favorecer a la estructura de organización tradicional que perpetúa la invisibilización de los trabajos de cuidados y la falta de acceso que las mujeres tienen para formar parte de la población económicamente activa.

En conclusión, al Estado le corresponde darle relevancia al propósito de la reforma constitucional en materia de cuidados, en donde se afiance la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad, pues es el camino más claro para impulsar una transformación social en donde las políticas públicas permitan el uso equitativo del tiempo de las mujeres sin que tengan que estar sujetas a estereotipos de género que las condenen inevitablemente a una vida de desigualdad laboral.

* Jose Antonio y Kassandra Arizai Gutierrez colaboran en el Programa Institucional de Acciones Voluntarias, Prácticas Profesionales y Servicio Social del @CDHVitoria.

Referencias:

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. (Agosto de 2019). Recuperado de aquí.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ONU Mujeres. (Julio de 2018). Disponible aquí.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Inegi. (Febrero de 2021). Disponible aquí.

Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobierno. Disponible aquí.

Instituto de Estudios Latinoamericanos. (Julio de 2020). Freie Universität Berlin. Disponible aquí.

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Justicia para trabajadores agrícolas migrantes

Justicia para trabajadores agrícolas migrantes

Mientras el gobierno estadunidense clasificó a los trabajadores agrícolas migrantes como esenciales, se han puesto de relieve en este sector las condiciones precarias de trabajo y los riesgos que enfrentan.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : AFP-La Jornada

Por: Miguel Concha

Sábado 31 de julio de 2021

Una de las cosas que ha dejado la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 es percatarse de la importancia del sector agrícola para las economías de México y de Estados Unidos (EU) y, sin duda, para nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo que el gobierno estadunidense clasificó a los trabajadores agrícolas migrantes como esenciales, se han puesto de relieve en este sector las condiciones precarias de trabajo y los riesgos que enfrentan para que cada uno de nosotros pueda satisfacer la necesidad de alimentarse.

En México las personas trabajadoras migrantes agrícolas continúan laborando invisibilizadas, en condiciones precarias e incluso en mayor vulnerabilidad, luego de la cancelación, en 2019, del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. La vulnerabilidad es múltiple, pues a estas condiciones laborales, se suma el contexto de pobreza de las comunidades en las que viven y su condición de migrantes.

En nuestro país hay cerca de 2.5 millones de personas que se emplean en la industria agrícola de forma temporal. Ellas y ellos normalmente migran del sur al norte del territorio mexicano; se calcula que alrededor de 200 mil personas cruzaron en 2019 la frontera entre México y Estados Unidos, utilizando visas H2A. Este tipo de documentos permiten a migrantes trabajar de manera temporal en la industria agrícola en EU. Los trabajadores agrícolas migrantes en México también forman parte de la cadena de suministro trasnacional, pues cerca de 60 por ciento de las exportaciones agrícolas de México tienen como destino Estados Unidos.

El sistema laboral que perdura en la industria agrícola es sumamente desigual y genera una serie de desventajas para quienes se emplean en su escalafón más bajo. Por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, por la limitada capacidad de las autoridades a cargo de regular el sector y sus condiciones de empleo, y por la alta opacidad de empleadores y reclutadores, las violaciones de derechos son amplias.

Algunas organizaciones de la sociedad civil en México y en Estados Unidos han documentado y denunciado condiciones de explotación laboral, en ocasiones de esclavitud, que incluyen cobros ilegales y fraudes durante el reclutamiento, irregularidades en el monto y pago de los salarios, jornadas laborales que sobrepasan las ocho horas, retención de salarios o falta de pago, así como carencia de prestaciones sociales, falta de acceso a servicios de salud y vivienda, y abusos y maltrato por parte de los empleadores.

Las mujeres sortean mayores dificultades, a menudo son objeto de discriminación en el reclutamiento, hostigamiento y acoso sexual por parte de supervisores o empleadores. El incumplimiento de las reglas impuestas por las empresas, y la denuncia o demanda de derechos, pueden implicar el despido o la amenaza de no volver a ser contratados. Si bien es clara la responsabilidad de las instituciones estatales de respetar y proteger los derechos humanos de las y los trabajadores en México y en EU, el sector privado juega un papel fundamental en asegurar la implementación de estándares internacionales y medidas de debida diligencia.

Las herramientas en esta materia son varias y accesibles a través de iniciativas que promueven el reclutamiento responsable y buenas prácticas durante el empleo, como el proyecto Reframe, de la Organización Internacional del Trabajo o las guías y herramientas puestas a disposición por organizaciones como Verité.

La transformación hacia un cambio sostenible requiere de esfuerzos e iniciativas del sector privado para transitar hacia procesos de reclutamiento y condiciones de empleo con mejores prácticas y compromiso con los derechos humanos de los trabajadores agrícolas migrantes. Diversas iniciativas de organizaciones de trabajadores en ambos lados de la frontera han impulsado acciones a través de las cuales contribuyen a la creación de un sistema laboral más equitativo. Ejemplos como la Alianza Campo Justo, que incluye la participación de trabajadores agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero, que acompaña el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y el proyecto Periplo, impulsado por la Fundación Avina en México, son una muestra de ello.

La suma de fuerzas, a través de iniciativas como Periplo, proyecto que conjunta a varias organizaciones de la sociedad civil que impulsan tanto el fortalecimiento de capacidades y conocimientos en derechos laborales de los trabajadores, como la promoción de buenas prácticas en el sector privado y la formulación de recomendaciones en políticas públicas, señalan que el cambio sistémico necesita de la participación de diversos actores para la generación de una transformación de la industria y de las condiciones desiguales que en ella imperan.

Las alianzas y diálogos multisectoriales que se puedan gestar a través de iniciativas como Periplo son fundamentales para la generación de un cambio sostenible en el largo plazo.