Herramienta metodológica para el diagnóstico de necesidades en el fortalecimiento de procesos de seguridad física

Herramienta metodológica para el diagnóstico de necesidades en el fortalecimiento de procesos de seguridad física

El presente documento pretende compartir a colectividades diversas y a toda persona con interés en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en México o en cualquier latitud, parte de la experiencia desarrollada en procesos continuos y permanentes de fortalecimiento y reestructuración colectiva de estrategias en materia de Seguridad Física al interior del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (desde ahora, CDH Vitoria).

Como personas jóvenes y defensoras de Derechos Humanos, sabemos lo abrumadora que puede resultar la tarea colectiva de realizar o perfeccionar estrategias integrales de seguridad que nos ayuden a garantizar condiciones adecuadas y, sobre todo, dignas para la realización de nuestro trabajo, especialmente cuando es difícil vislumbrar el punto de partida que nos ayude a dar inicio a esta construcción.

Es por esto que nos llena de emoción y esperanza el poder compartir parte de nuestro andar y reflexionar sobre este tema, deseando que abone al tejido de estrategias de otras colectividades y personas, al tiempo que esperamos se sientan acompañadas por nosotras y nosotros en estos procesos delicados y complejos, pero sumamente importantes y necesarios.

Guía de herramientas de seguridad digital

Guía de herramientas de seguridad digital

Debido a que la labor de defensa de los Derechos Humanos cada vez se encuentra más relacionada con el uso de las tecnologías digitales, tanto por su empleo cotidiano como por el ejercicio de nuestras libertades en el ámbito digital, poner especial atención en los mecanismos que utilizamos resulta necesario.

La seguridad integral contempla el aspecto digital a partir de considerar los posibles escenarios de riesgo y/o amenazas a las que nos exponemos a partir del uso de distintas herramientas tanto a nivel colectivo como individual.

Sin duda, la adopción masiva a nivel global de estas tecnologías representó un cambio y lo sigue haciendo en múltiples niveles de nuestra sociedad, por lo que la defensa de los Derechos Humanos, también se ha visto impactada por estos cambios y en particular, la gran brecha tecnológica que existe ha condicionado la forma en que llevamos a cabo nuestra labor.

Por lo anterior, desde el CDH Vitoria nos dimos a la tarea de poder fortalecer nuestras capacidades internas en dos ámbitos principalmente; por un lado, a partir de la revisión y mantenimiento de nuestra infraestructura tecnológica, la cual también implicó la elaboración de nuevas políticas en materia informática para la organización; por otro lado, un proceso de formación continuo con todo el equipo de la organización.

Dichas actividades no podrían haberse llevado a cabo sin el apoyo y confianza de organizaciones aliadas y expertas en las temáticas, a las cuales les agradecemos profundamente. A partir de estas experiencias y en el marco de la estrategia de fortalecimiento institucional interno, elaboramos la presente guía con el objetivo de compartir algunas de las principales herramientas digitales que durante estos procesos de formación se nos compartieron y que actualmente desde la organización hemos adoptado, siempre desde el reconocimiento de que las acciones en materia de seguridad digital no se limitan únicamente a la adopción o no de una u otra herramienta, sino que deben ser estrategias integrales.

Finalmente, queremos volver a reconocer la importancia de crear alianzas frente a un mundo en constante cambio y de riesgo que hace necesario poder mirar integralmente todos los aspectos de nuestra labor de defensa y organizativa, siendo el ámbito digital uno de los más presentes y que en el contexto actual, condicionado por la pandemia de la COVID-19, supone un reto mayor en el que debemos apostar por construir espacios digitales más seguros e integrales.

Guía sobre derechos humanos laborales para personas defensoras de DH y OSC

Guía sobre derechos humanos laborales para personas defensoras de DH y OSC

Las organizaciones de la sociedad civil, colectivas, movimientos sociales y comunidades en defensa de los Derechos Humanos se enfrentan a un contexto particular en materia de Derechos Humanos Laborales, que implica desde las condiciones legalmente reconocidas y su respeto integral al interior de los espacios de trabajo, hasta los posicionamientos políticos y de vida para decidir realizar la labor de defensa, además del contexto en el que se insertan los movimientos sociales y políticos.

Aunque esta guía está enfocada principalmente a figuras legalmente constituidas en México, como las organizaciones de la sociedad civil, y a las personas trabajadoras al interior de estos espacios, queremos mencionar que al momento de entender la defensa de los Derechos Humanos como un proyecto político y de vida que en muchas ocasiones se constituye en un proyecto laboral, y que se ejerce desde distintos espacios, la perspectiva desde la que se posicionan y entienden estos derechos debe tener un carácter más amplio e integral, que considere tanto elementos jurídicos como políticos, teniendo siempre como elemento central la dignidad humana y la justicia social.

Asimismo, señalar que esta problemática conlleva una responsabilidad en primer momento del aparato estatal, pero también del sector privado y financiero, de las instancias encargadas de vigilar y hacer valer estos derechos, así como de los centros de trabajo, quienes deben tomar todas las medidas para proteger la dignidad humana, la integridad y la vida de las personas trabajadoras.

Siempre apostando que los movimientos sociales y la defensa de los Derechos Humanos se realiza desde una postura crítica que asume su compromiso al cuestionar y no replicar las estructuras de poder y precarización que principalmente se han implementado desde el Estado y el sector privado, y que han impactado en los Derechos Humanos Laborales y en las vidas de las personas.

Desde el CDH Vitoria queremos compartir esta guía sobre Derechos Humanos Laborales, la cual tiene como objetivo que las personas trabajadoras, principalmente de los sectores sociales, identifiquen sus derechos para hacerlos exigibles. Además, del reconocimiento de las principales obligaciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil desde su figura patronal.

Consideramos que los Derechos Humanos Laborales son una obligación que todas las organizaciones de la sociedad civil debemos cumplir con las personas trabajadoras y reconocemos que el trabajo político implica hacer colectividades vivas que apuesten por la construcción igualitaria y equitativa de condiciones dignas para todas las personas, desde un análisis profundo de las realidades sociales, económicas, políticas y financieras que nos atraviesan.

Deseamos que esta guía sea de utilidad y permita fortalecer nuestros espacios laborales, reconocer nuestros Derechos Humanos Laborales, aclarar dudas y re-pensar prácticas. El documento que te presentamos responde a la lógica del desarrollo de la relación laboral, antes, durante y después de ésta, a través de una serie de preguntas en cada uno de los apartados. Además, hacemos un llamado para que el tema de los Derechos Humanos y las condiciones laborales de las personas defensoras sea cada vez más visibilizado, no sólo al interior de los espacios laborales sino también como exigencias ante el Estado y sus instituciones, los cuales en lugar de fortalecer los espacios los han debilitado y por ende, impactado negativamente en el ejercicio y reconocimiento de nuestros derechos.

Guía para la convivencia y construcción de comunidad

Guía para la convivencia y construcción de comunidad

Ante el contexto de hostigamiento, persecución y criminalización que muchas de las veces tienen desenlaces desafortunados y que violentan constantemente la vida e integridad de las personas luchadoras sociales, activistas y/o defensoras de Derechos Humanos.

Desde el CDH Vitoria se hace vital y pertinente repensar los espacios organizativos con la intención de abonar responsable, crítica y autocríticamente en la construcción de espacios laborales dignos, respetuosos, horizontales y corresponsables que permitan la sostenibilidad de las apuestas políticas y los deseos personales y colectivos.

Este apartado de Convivencia y Construcción de Comunidad hace referencia a la posibilidad de generar pautas necesarias que posibiliten el reinventar de las acciones políticas; ello implica mirar y transformar las maneras cotidianas de accionar, en la trama de la reproducción de la vida desde lo común, tomando en consideración los significados y resistencias, enraizadas desde las relaciones comunitarias que se cifran y reproducen a partir de la solidaridad, sororidad, goce, disfrute, co-producciones de afectos y confianzas, y reconocimientos anclados desde la dignidad de las personas colaboradoras.

Asimismo, con la intención de alterar la realidad impuesta, intentamos aproximarnos desde los entramados comunitarios y de convivencias que tengan al centro las existencias dignas para permitir que las personas colaboradoras cuenten con espacios de convivencia, así como con estrategias para la construcción de comunidad en las actividades laborales internas y externas.

En esta dimensión se visibilizan las percepciones del equipo, relacionadas con esta temática en cinco subrubros:

Satisfacción en la convivencia
Transformación de conflictos
Ambiente de confianza
Relación con compañerxs
Prevención

Guía de autocuidado y cuidado colectivo

Guía de autocuidado y cuidado colectivo

Después de un largo proceso de reflexión y acción colectiva con miras a fortalecer en distintos niveles al CDH Vitoria, nos encontramos en un momento en el cual vemos que las condiciones van floreciendo para hacer de ellas una realidad que nos abrace. La problematización de las prácticas cotidianas individuales y colectivas nos han permitido generar rutas y repensar horizontes con miras a encontrar tácticas y estrategias sensibles encaminadas a la construcción de una política de protección integral a nivel organizacional considerando las prácticas de seguridad digital, seguridad física, seguridad laboral, de convivencia y comunidad.

La presente guía pretende recuperar un proceso de discusión continua que atendió al eje de autocuidado y cuidado colectivo, en el cual se reconoció que más allá de la construcción de un protocolo, era importante pensar en un documento que no fuera una serie de pasos a resolver para cuidar y/o autocuidar, ya que, como se verá más adelante, las formas, medios y necesidades son distintas en cada persona, por lo que se decidió construir un documento vivo que albergará algunos aspectos a considerar para que desde la responsabilidad organizativa se fortalecieran las prácticas y elementos mínimos que hacen del autocuidado y el cuidado colectivo, una realidad. Además de considerarlos como ejes esenciales y transversales para llevar a cabo nuestra labor de defensa de manera digna y acompañada por la organización.

Es imposible ver la protección integral sin mirar al autocuidado y cuidado colectivo como parte de uno de los ejes fundamentales que lo conforman, por lo que a través de la presente guía se pretende compartir por medio de palabras lo que en nuestros corazones y pensamientos habitan, intentando ser el reflejo de lo que compañeras y compañeros de la organización a lo largo de este caminar han expresado, y que habita en sus sentires y pensares.

El presente trabajo, como su nombre lo indica, pretende ser una guía para posibles rutas dentro de las organizaciones de la sociedad civil que busquen poner sobre la mesa cómo hacer del autocuidado y cuidado colectivo no sólo una práctica común dentro de los espacios laborales en los que se promueven Derechos Humanos, sino que se vuelva una responsabilidad ética y un Derecho Humano Laboral que pueda ser ejercido y garantizado por todas aquellas personas que se encuentran en la defensa por la vida y la dignidad.

Pasta de Conchos, ¡rescate ya!

Pasta de Conchos, ¡rescate ya!

El dolor y reclamo de las familias de Pasta de Conchos se convirtió en un compromiso del presidente, pero el desenlace de esta exigencia de justicia depende, aún, del inicio de las labores de rescate.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Daniel Lobato

Por: Miguel Concha

Sábado 27 de febrero de 2021


Tras un proceso de ocho años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó hace tres años, el 24 de febrero de 2018, la admisibilidad del caso de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos ( Informe Nº. 12/18. Admisibilidad), reconociendo la violación de los derechos humanos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a los artículos 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto trataron enseguida de descarrilarlo. Adujeron que el rescate de los restos de los mineros era técnica y humanamente imposible, que se habían cumplido ya todas las reparaciones a las víctimas, e incluso aferrándose a que sólo las viudas eran víctimas, negándoles a los demás familiares tal condición.

Javier Lozano Alarcón jugó un papel decisivo en la obstaculización del caso. María Trinidad Cantú, mamá de Raulillo Villasana Cantú, de 32 años, encabezando a la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), y acompañada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Reflexión y Acción Laboral, iniciaron el proceso en 2010. Si no fuera por la perseverancia de estas madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos, agrupados en la OFPC, el caso se habría olvidado, y, dada la ineficiencia y parcialidad de las instancias nacionales del derecho, la lucha por el rescate yacería, junto a los mineros del carbón, en el fondo del socavón.

Así, las víctimas buscaron justicia en una instancia internacional de derechos humanos. La CIDH propuso a las familias y al Estado mexicano una amigable composición; su desenlace está abierto y depende del inicio de las labores de rescate.

El 19 de febrero se cumplieron 15 años de la peor tragedia minera del país, paradigma de la peor violación a los derechos humanos laborales. Sesenta y tres de los 65 restos humanos de los mineros no han sido rescatados; los hechos han quedado impunes, y hasta la fecha no han sido adecuadamente investigados ni reparados. La OFPC también acudió a la Organización Internacional del Trabajo, la cual fue contundente al concluir que el gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del siniestro (GB.304/14/8 Rev.). Asentó que el gobierno (la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo entonces del hoy senador suplente en activo, Francisco Javier Salazar Sáenz), no se aseguró de que Industrial Minera México, de Grupo México, cumpliera con sus obligaciones legales (n.82). Al mismo tiempo, Germán Larrea Mota Velasco (ubicado por la revista Forbes en el lugar 39 de la riqueza mundial, con 16 mil millones de dólares), ni siquiera ofrecía para más de 100 trabajadores el servicio de un médico en la mina, y menos aún una cuerda de vida.

La supuesta reparación del daño otorgada significó 0.039 por ciento de esa riqueza calculada por Forbes. Por su parte, el sindicato minero emplazaba a huelga a Grupo México por violaciones a la seguridad, pero las huelgas por la inseguridad nunca estallaron, aunque sí se negociaban otros emplazamientos por convenios ventajosos. Pero jamás se conoció en Pasta de Conchos una huelga que acotara el riesgo grave e inminente. En cuanto a la no repetición del daño, la OFPC ha recalcado que la manera de honrar a los muertos es rescatar a los vivos. Se refieren al hecho de que, luego de Pasta de Conchos, y debido a un cúmulo de irregularidades, han fallecido más de 120 mineros más.

La adopción de la NOM-032-STPS-2008 no ha garantizado ningún cambio sustantivo y las multas impuestas no son suficientemente disuasivas. Persisten el subregistro de trabajadores en el IMSS, el trabajo infantil, la subcontratación, y la minería ilegal y clandestina (pocitos o minitas). Las empresas mineras no cumplen la legalidad, y no existe una base de datos confiable que permita conocer el número total de minas legales, ilegales y clandestinas que existen. Lo que no permite establecer políticas públicas adecuadas.

Por ello, la OFPC llama en particular a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que se consulte a los interlocutores sociales a fin de monitorear estrechamente el cumplimiento de la normatividad. El dolor y reclamo de las familias se convirtió en compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que será el Estado mexicano quien repare integralmente el daño ocasionado, dado que la operación es técnicamente posible, no necesariamente trágica y moralmente urgente, para cesar este sufrimiento prolongado. Es el momento en que la OFPC debe ser incorporada por la CFE, encargada del diseño y ejecución del rescate, como coadyuvante. Así se le ha dicho a Manuel Bartlett, director general. La OFPC no cejará en demandar que se investigue, sancione, repare el daño y reivindique su derecho humanitario a enterrar a sus muertos.

Redes de cuidado y vida en nuestros hogares y geografías

Redes de cuidado y vida en nuestros hogares y geografías

Debemos cuestionar los impactos y violencias diferenciadas que recaen por la pandemia en los hogares, espacios que también contienen y atienden en la primera línea de los cuidados.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Eneas de Troya

Por: Viridiana Martínez Ortíz

23 de febrero de 2021

La crisis sanitaria generada por el coronavirus nos sorprende, estremece y nos conduele, no sólo por las circunstancias personales y colectivas que estamos transitando, sino por el comportamiento neoliberal global que sigue dando paso a sociedades que buscan sobrevivir. Es justo en aquellas geografías en las que prevalece la ausencia del Estado donde se encarnan las consecuencias de sus acciones y omisiones.

El devenir de estos tiempos álgidos de la crisis nos invitan a cuestionar las condiciones concretas y reales de existencia, las que recuerdan que el derecho a la salud ha sido saqueado y poco garantizable para las personas que discursiva e históricamente han sido colocadas al margen del acceso a condiciones de vida digna.

A casi diez meses de iniciada esta travesía, poco se ha problematizado el derecho a la salud, es así que nos queda claro que la dimensión preventiva en temas de salud continúa siendo vulnerada al tiempo que se siguen promoviendo megaproyectos de muerte; pensar en que en nuestro país, por ejemplo, se encuentran 31 mil concesiones mineras equivalentes a 56 millones de hectáreas -es decir, el 30% del territorio nacional- su consecuencia es la emisión de elementos dañinos para la salud de los ecosistemas que amenazan la continuidad de la vida de las comunidades.

No se puede mantener en la lentitud política a las instituciones encargadas de la justicia social, pues tienen que apuntalar a que toda persona tenga la posibilidad de contar con el derecho integral a la salud. La garantía de este derecho será compleja, ya que la incertidumbre actual se traduce también como oportunidad económica a los especuladores, a través del elevado costo de los insumos básicos y de medicamentos necesarios que permitan proteger la vida e integridad de las personas que sufren alguna enfermedad o del contagio.

Estos tiempos requieren de conciencia social para no permitir avanzar a la injusticia y la desigualdad. Se debe buscar como alternativa activar y consolidar comunidades que se conjuguen, organicen y exijan para dar paso a la construcción de sujetos históricos, tejedores de redes de solidaridad y de acompañamiento por condiciones de vida dignas. Urge incorporar los derechos sociales fundamentales como conquistas colectivas que se hacen necesarias para revolucionar y transformar la situación que transitamos en la actualidad.

Quienes hemos sobrevivimos al contagio y le hemos hecho frente al virus no somos casos de éxito; más allá de eso somos cuerpos-víctimas y sobrevivientes de las dificultades históricas y materiales de nuestras comunidades. Esta generación intenta hilar distinto, sostenerse desde los vínculos que se tejen anclados a procesos autónomos, amorosos, pacientes y solidarios que desde el corazón y calidez se implican, accionando desde la colaboración no improvisada, sino que se pone en marcha recordando los pliegues de la memoria y los saberes populares con sentido de clase.

Hoy más que nunca debemos evitar echar en saco roto las lecciones aprendidas, el desgaste físico, psicosocial y territorial provocado por el virus que requiere de tiempos para sanar y restablecernos, de reinterpretar la realidad y de poner en diálogo las vivencias de estos momentos desafiantes, ir dando lugar al renacer de utopías, disposiciones y apuestas políticas que surjan a partir de la esperanza, aún en tiempos de desesperanza.

Todavía atravesamos noches largas y tristes, se hace vital dar lugar a los rituales para llorar y despedir dignamente las ausencias. Sin duda, es esencial seguir cuidándonos y apostar por la construcción de colectividades capaces de avanzar en la elaboración de sociedades más justas y dignas. Poner al centro la vida no únicamente como palabra, sino como continuidad de las existencias desde su sentido más profundo y transformador.

Debemos cuestionar los impactos y violencias diferenciadas que recaen en los hogares, espacios que también contienen y atienden en la primera línea de los cuidados. Por ello, urge colectivizar los cuidados y los afectos. Porque lo personal es político, se amerita particular atención desde el ámbito de las políticas públicas.

Termino estas líneas expresando mi reconocimiento y agradecimiento por aquellas personas que hacen posibles los cuidados para dar continuidad a la red de la vida, esperando que en todas las geografías y hogares sigamos avivando los cuidados, ternuras, alegrías y rebeldías que se nieguen a continuar crónicas desahuciadas, pues no queremos más de lo mismo, ahora contaremos y construiremos deseos políticos distintos, deseos que requieren de imaginaciones insolentes que los hagan posibles y presentes.


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Ley de la FGR y parlamento abierto

Ley de la FGR y parlamento abierto

En un contexto de violaciones a derechos humanos, las propuestas de reformas a la FGR resultarían en serios retrocesos que no ayuden a enfrentar esta crisis que asola el país.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Luis Castillo

Por: Miguel Concha

Sábado 20 de febrero de 2021

La discusión sobre las propuestas de reformas al marco legal de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en el Senado. Como lo expresé en un artículo anterior (La Jornada, 30/1/21), resulta preocupante que, en un contexto de graves violaciones a derechos humanos, estas propuestas resulten en serios retrocesos que no ayuden a enfrentar esta crisis que asola el país.

Por ello, ahora con más detalle, insistiré en la imperiosa necesidad de atender este tema con todo el cuidado, pertinencia e importancia necesarias. Una serie de colectivos de víctimas, así como de organizaciones sociales, se han pronunciado en contra de dichas reformas y proponen realizar un parlamento abierto, con un diseño asequible y accesible que garantice la escucha y amplio diálogo con los integrantes del Senado, tal como lo ha manifestado en esta semana el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (https://bit.ly/3di68ky), al igual que otros actores de la sociedad civil preocupados por este tema.

Con ello, se han adelantado a solicitar ese ejercicio participativo que, dados los cuestionamientos a los contenidos de la iniciativa presentada, así como al proceso de discusión que ahora se lleva a cabo en comisiones legislativas del Senado, nos parece oportuno. Como aconteció en su momento durante la construcción de la vigente Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se debiera también ahora partir por poner en el centro la participación del mayor número de actores interesados, y revisar a fondo la aplicación del actual marco legal, observando las oportunidades de mejora que realmente repercutan en un proceso de fortalecimiento de la FGR.

Para dicho parlamento abierto se hace necesario, desde la etapa del diseño de la metodología de tal ejercicio, que se recojan las propuestas de las víctimas, de sobrevivientes, de organizaciones sociales y de personas expertas. Y establecer adecuadamente los espacios de diálogo y los medios por los cuales los ciudadanos puedan seguir los intercambios y reflexiones entre los diversos actores, así como contar con los resultados de los mismos. Mediante, por ejemplo, informes que den cuenta acerca de lo incorporado o no en un posible dictamen.

Todo esto se convertiría en una buena práctica que se sumaría a experiencias anteriores de parlamento abierto, todas ellas perfectibles, sobre todo en temas trascendentes, como el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia. En este parlamento, plural y de amplia escucha por parte de los senadores, será posible atender inquietudes sobre los derechos de las víctimas que se verían afectados, así como sobre los modelos necesarios para las investigaciones. Igualmente se iría al fondo acerca de la importancia del Consejo Ciudadano de la Fiscalía y de las mejores estrategias para que en ésta se designen fiscales que se coordinen entre sí, por mencionar algunos de los temas a abordar.

Por otro lado, resulta importante la solicitud del Colectivo Impunidemia, basada en lo que establece el artículo 102, apartado A de la Constitución, referido a que el fiscal general presente su informe anual ante el Senado, poniendo especial énfasis en diagnosticar la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la FGR. El cumplimiento de esta obligación del fiscal y del Senado sería un insumo más a tan importante debate.

En medio de todas estas voces, llama la atención el papel proactivo que siguen asumiendo comisiones locales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), las cuales rechazan igualmente la propuesta de reformas a la FGR. En su comunicado del pasado 16 de febrero, firmado por la CNB y 25 comisiones locales de búsqueda, alertan sobre la desvinculación del Sistema Nacional de Búsqueda, lo cual les parece que exime a la Fiscalía de sus obligaciones constitucionales y convencionales.

Vale recordar que en la versión, hasta ahora oficial de la iniciativa de propuesta al Senado, se pretende también que esta Fiscalía salga de los sistemas de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, y de protección de niñas, niños y adolescentes, con el argumento de su autonomía.

De ello se desprende una seria problemática, pues esta coyuntura nos debiera ayudar a profundizar qué entendemos por autonomía en el sistema de procuración de justicia, dado que no puede ser usada a modo, y mucho menos ser invocada para evitar obligaciones establecidas en instrumentos internacionales que son parte de nuestra Carta Magna.

Para avanzar a fondo en este importante debate para México, deben intervenir el Congreso de la Unión, las instituciones del Poder Ejecutivo involucradas en el tema, las víctimas, las organizaciones sociales que defienden sus derechos, expertos en la materia y, desde luego, la misma FGR, así como las fiscalías de cada estado de República. Dialogando y escuchándonos lograremos salir adelante de esta dolorosa crisis de derechos humanos.

La prohibición gradual del glifosato y el maíz transgénico

La prohibición gradual del glifosato y el maíz transgénico

La implementación de las medidas determinadas por el Decreto requerirá ser observada por comunidades campesinas e indígenas, y con esto garantizar que para el 2024 el glifosato haya sido sustituido completamente.

Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea

Web original | Imagen : Contralínea

Por: CDH Vitoria

15 de febrero de 2021

Durante décadas, la agroindustria ha tomado como pretexto satisfacer las necesidades alimentarias globales para incentivar la producción de alimentos a partir de semillas genéticamente modificadas (semillas transgénicas) y que implican el uso de agroquímicos tóxicos. Sin embargo, los índices de pobreza alimentaria en el mundo no han disminuido: tan sólo en México, el 23.3 por ciento (27 millones) de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5 por ciento sufre desnutrición crónica [1].

Este paquete tecnológico agroindustrial desarrollado por empresas como Bayer-Monsanto, no sólo no representa mayor producción de alimentos para satisfacer las necesidades nutrimentales de la población mexicana, sino que ha ocasionado daños importantes en la salud de las personas, en la biodiversidad de los territorios en donde se utiliza, y en el medio ambiente.

Producción de alimentos

El Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (Conacyt) publicó en 2020 el Expediente científico sobre el glifosato y los cultivos GM (genéticamente modificados) [2], en donde sostiene que el uso de semillas genéticamente modificadas junto con el glifosato no incrementa el rendimiento neto de los cultivos, y no representa ninguna ventaja para comunidades campesinas e indígenas en el país.

Daños ocasionados en las personas

En abril de 2020, investigadoras e investigadores de la Universidad de Guadalajara y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Unidad Occidente) confirmaron la presencia de los herbicidas glifosato, 2,4-D, picloram y molinato, en muestras de orina de 53 estudiantes de la telesecundaria Venustiano Carranza, ubicada en la comunidad de El Mentidero, Autlán de Navarro, Jalisco [3]. Previo a este estudio, habitantes de esta comunidad denunciaron presentar daños en su salud, derivados de la aspersión de herbicidas.

Estas investigaciones se suman a las más de 1 mil recopiladas en una quinta edición de la Antología Toxicológica del Glifosato, publicada en 2020, y en donde se actualiza una serie de estudios de investigación que aportan evidencia científica para prohibir el uso del glifosato [4].

Daños en la biodiversidad y el medio ambiente

Con los permisos otorgados a Monsanto, durante el gobierno de Felipe Calderón, para la siembra comercial de soya transgénica en la Península de Yucatán, se agravaron las afectaciones a la biodiversidad y el medio ambiente de esta región: deforestación de importantes extensiones de bosques, reducción de las poblaciones de abejas y contaminación de la miel producida por habitantes de comunidades mayas, contaminación del agua, entre otras.

Leydy Pech Martín, junto con comunidades mayas y organizaciones de la sociedad civil, han denunciado tales afectaciones, logrando que en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera que estos permisos de siembra comercial son violatorios del derecho a la consulta previa, libre e informada, ordenando la suspensión de los permisos otorgados. La consulta no se ha realizado, sin embargo, la suspensión de permisos continúa.

Acciones desde los movimientos sociales

Comunidades campesinas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos, académicas y académicos, han denunciado por más de 20 años las afectaciones derivadas de este modelo de producción de alimentos, y luchado por revertir sus efectos, cada vez más visibles, con acciones como la presentación de la propuesta de Decreto Presidencial por un México Libre de Transgénicos, entregada a Andrés Manuel López Obrador en junio de 2019 –y actualizada en junio de 2020–, por más de 250 personas, organizaciones y movimientos sociales; o la Demanda de Acción Colectiva contra el maíz transgénico [5], que ha logrado una medida cautelar publicada en 2013 y que prohíbe su siembra, basada en el riesgo de liberar o sembrar semillas transgénicas.

Además, en diciembre de 2020, integrantes de comunidades mayas de Hopelchén, junto con Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) e Indignación, presentaron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Servicio Nacional de Sanidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por la siembra ilegal de soya y maíz transgénico en Campeche. Con esta denuncia, solicitan labores de inspección y vigilancia.

Decreto de prohibición gradual del uso de glifosato y maíz transgénico

El 31 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un Decreto Presidencial que prohíbe gradualmente el uso de glifosato y maíz transgénico en México [6].

Este Decreto reconoce el principio de precaución, para prevenir daños graves o irreversibles derivados del uso de glifosato y maíz transgénico. El principio de precaución fue establecido en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro [7], y contemplado en el Convenio sobre la Diversidad Biológica [8] y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología [9], de los que México es parte.

La implementación del Decreto corresponde a las dependencias gubernamentales competentes: la Sader, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Salud (SS), y el Conacyt, desde su entrada en vigor y hasta el 31 de enero de 2024.

Si bien el Decreto establece que el Conacyt “coordinará, articulará, promoverá y apoyará las investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones que le permitan sustentar y proponer, a las secretarías –mencionadas en el párrafo anterior–, alternativas al glifosato”, el desarrollo e implementación de alternativas agroecológicas cuenta con avances importantes por parte de distintas organizaciones de campesinas y campesinos, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec, AC), por universidades como la Universidad de Chapingo, y en estados como Sinaloa, Tlaxcala y Colima. El Conacyt deberá conjuntar estos esfuerzos, y consolidarlos, en seguimiento al Decreto.

Con respecto a la siembra de maíces transgénicos en México, el artículo sexto menciona que, “como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.

El Decreto, un parteaguas

La publicación de este Decreto materializa exigencias muy importantes, impulsadas desde los movimientos sociales y campesinos, sobre la protección de la biodiversidad y el medio ambiente, el reconocimiento de los derechos humanos a la salud y la alimentación, y el cambio a un modelo de producción agroecológica de alimentos.

Aunque no resuelve por completo el problema del uso de agroquímicos tóxicos y de siembra de semillas transgénicas en el país, sí representa un parteaguas en las medidas implementadas para revertir los daños ocasionados por el modelo agroindustrial vigente hasta ahora.

La implementación de las medidas determinadas por este Decreto, requerirá ser observada por la sociedad civil, por organizaciones y comunidades campesinas e indígenas, y con esto garantizar que para el 2024 el glifosato haya sido sustituido completamente por alternativas agroecológicas, que no dañen la salud de las personas, la biodiversidad y el medio ambiente, y que incentiven la producción de alimentos nutritivos, suficientes, de calidad, y a partir de semillas nativas.


[1] https://thp.org.mx/mas-informacion/datos-de-hambre-y-pobreza/

[2] https://bit.ly/3q1icu5

[3] https://occidente.ciesas.edu.mx/danan-plaguicidas-a-ninos-en-autlan-el-diario-ntr-guadalajara/

[4] https://bit.ly/3q33e6O

[5] http://demandacolectivamaiz.mx/

[6] DOF – Diario Oficial de la Federación

[7] https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm

[8] https://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd

[9] https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/protocolo-cartagena-seguridad-la-biotecnologia-convenio-diversidad-biologica

Soberanía y autosuficiencia alimentaria

Soberanía y autosuficiencia alimentaria

La preservación y cuidado de los territorios por parte de los pueblos puede conllevar la producción de alimentos sanos, nutritivos y suficientes en sus tierras y con sus propias prácticas agrícolas, libres de agentes contaminantes derivados de la minería y otros megaproyectos.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Internet

Por: CDH Vitoria

15 de febrero de 2021

Cuando escuchamos o leemos sobre soberanía y autosuficiencia alimentaria nos remitimos a la producción de alimentos, al derecho a la alimentación, a la agricultura, al maíz, a la milpa. Y sí, la soberanía alimentaria comprende la producción de alimentos sanos y nutritivos, defiende el derecho humano a la alimentación, promueve una agricultura sostenible, amigable con el medio ambiente, defiende y fomenta los maíces y semillas nativas, e integra los sistemas tradicionales como la milpa.

Sin embargo, no son los temas relacionados con los alimentos los únicos que necesitamos tener en el mapa cuando nos referimos a la soberanía y autosuficiencia alimentaria. La defensa de la tierra y el territorio por parte de comunidades indígenas y campesinas, el derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso a la información, son algunos de los derechos humanos que están ligados y que son clave en los movimientos sociales y de defensa de derechos humanos.

Defensa de la tierra y el territorio

La defensa de la tierra y el territorio es una de las formas en que los pueblos resisten ante las prácticas extractivistas que empresas nacionales e internacionales llevan a cabo en distintas regiones del país, para despojar y privatizar los bienes comunes como el agua, los bosques y selvas, los minerales, las fuentes de energía renovables, las semillas mismas.

Por ejemplo, empresas mineras que a partir de concesiones otorgadas por autoridades y respaldadas por una Ley Minera, que es anticonstitucional y que violenta los derechos humanos de los pueblos, buscan apropiarse de territorios en la Sierra Norte de Puebla e instalar megaproyectos que contaminarían los mantos acuíferos de la región, y afectarían a las mismas comunidades. Es la Asamblea de los Pueblos Maseual, Tutunaku y Mestizo, y el Consejo Maseual Altepetajpianij quienes han encabezado la defensa de la tierra y el territorio, en la búsqueda de que la región permanezca libre de minería y de megaproyectos de muerte.

Desde la defensa de la tierra y el territorio también se defienden los saberes y las formas de organización comunitarias, la medicina y las cocinas tradicionales, las culturas y lenguas indígenas. La preservación y cuidado de los territorios por parte de los pueblos puede conllevar la producción de alimentos sanos, nutritivos y suficientes en sus tierras y con sus propias prácticas agrícolas, libres de agentes contaminantes derivados de la minería y otros megaproyectos.

Derecho al agua

El derecho humano al agua como elemento necesario para un buen vivir es parte fundamental para la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Las legislaciones que el Estado ha sostenido en esta materia privilegian la privatización de este líquido, y garantizan su uso para megaproyectos hidráulicos, actividades mineras y de fracking, principalmente.

La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida1 ha dado seguimiento al proyecto de ley del Gobierno Federal, y en respuesta al problema de la privatización ha presentado una propuesta de Ley General de Aguas, construida con la participación de movimientos sociales que han denunciado la privatización del agua y la contaminación de los recursos hídricos en el país, de los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos que han luchado por el acceso a este derecho.PUBLICIDAD

Garantizar el acceso al agua, sin privatizarla y sin contaminación también es necesario para producir alimentos y para transitar hacia un modelo verdaderamente agroecológico.

Agroecología

La agroecología como un modelo de producción agrícola con los mínimos impactos ambientales, con producción basada en semillas nativas, que integra prácticas tradicionales de los pueblos, y que fomenta el consumo de alimentos orgánicos, es la principal alternativa al modelo agroindustrial predominante en nuestro país y a nivel global.

La agroindustria ha promovido durante décadas el uso de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos tóxicos, que lejos de satisfacer las necesidades alimentarias globales, ha ocasionado daños importantes en la salud de las personas, en la biodiversidad de los territorios en donde se utilizan y en el medio ambiente.

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País2, entre otras redes de comunidades campesinas e indígenas y organizaciones de la sociedad civil, han impulsado propuestas y acciones colectivas para transitar hacia un modelo de producción agroecológica, que garantice el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación.

Semillas nativas

Los pueblos, las comunidades indígenas y campesinas, han preservado y diversificado las semillas nativas en nuestro país, a partir de prácticas y saberes tradicionales transmitidos durante generaciones. México es considerado centro de origen del maíz y del frijol, entre otras semillas, y por esto el Estado deberá garantizar la protección de dichas especies.

Una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, presentada en 2020, busca privatizar las semillas nativas, dejándolas en manos de empresas transnacionales desarrolladoras de semillas genéticamente modificadas,  además de criminalizar a campesinas y campesinos, en caso de que usen las variedades de semillas registradas como propiedad intelectual de estas empresas, tales como Bayer-Monsanto y Syngenta.

Ha sido la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País una de las principales organizaciones que ha denunciado las violaciones a derechos humanos y los riesgos en los que se encuentra la biodiversidad en el país, de llegar a aprobarse esta iniciativa de reforma.

Producción de alimentos y acceso a la información

El etiquetado de advertencia es una política pública que obliga a las empresas a brindarnos información verídica de lo que consumimos. Sabemos desde la Alianza por la Salud Alimentaria3 que el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas tiene impactos negativos en la salud de las personas, entre ellas el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.

Vivimos actualmente enfrentando una pandemia que encendió las alarmas sobre nuestra salud alimentaria, sobre qué hábitos alimenticios adoptamos, pero también sobre qué alimentos son asequibles para la población mexicana. No es de extrañar que el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas alcancen niveles tan altos, en un país en el que la pobreza alimentaria llega a índices extraordinarios: tan sólo en México, el 23.3% (27 millones) de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica4.

Panorama actual

Hoy contamos con un Decreto Presidencial que prohíbe el uso de glifosato y maíz transgénico5 en México, como una medida que apuntala un cambio en el modelo de producción de alimentos, dirigido hacia la agroecología. Contamos con la NOM 0516 de etiquetado de advertencia, que obliga a la industria de alimentos ultraprocesados a brindarnos información verídica sobre sus productos. Contamos con una propuesta de Ley General de Aguas7 que necesita ser aprobada, con el fin de garantizar el acceso al agua y evitar su privatización. Pero también necesitamos impulsar los procesos de defensa de la tierra y el territorio, ante la Ley Minera por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el respeto a su derecho de libre determinación.

Los bienes comunes continúan amenazados por parte de las empresas y sus prácticas de despojo y extractivistas. Necesitamos defender los recursos naturales, pues están  ligados íntimamente a nuestros derechos humanos. Así podremos dar pasos seguros y alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Luchemos por un buen vivir para todas y todos.


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