Encuentro : Luchas y derechos de las mujeres

Encuentro : Luchas y derechos de las mujeres

El Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria y la 20ma Generación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos les extendemos la cordial invitación para acompañarnos al 1er Encuentro | A 20 años de andar desde la educación popular: Luchas y derechos de las mujeres.

Abordaremos desde diversas perspectivas la lucha y derechos de las mujeres que se encaminan en contra de las diversas opresiones producidas principalmente por el capitalismo colonial y patriarcal, sin dejar de visibilizar y dialogar sobre la diversidad de corporalidades que conforman los movimientos sociales desde el género.

Conoce las actividades:

Charlatorio: Mujeres y territorio

Charlatorio: Racismo y género

Taller de intervención artística

Taller de autocuidado.

25 de junio de 2022 | Centro Universitario Cultural (CUC)

Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Alcaldía Coyoacán, CDMX.

50 sesión del Consejo de DH de la ONU | Intervención oral sobre el impacto de Covid-19 en las juventudes

50 sesión del Consejo de DH de la ONU | Intervención oral sobre el impacto de Covid-19 en las juventudes

Agradecemos a la Alta Comisionada su actualización oral sobre las respuestas de los Estados frente a las pandemias. Los Estados son responsables de atender los impactos en la pandemia que han sido diferenciados en la población. 

Las juventudes no fueron consideradas como población de riesgo o prioritaria, sin embargo han enfrentado barreras para ejercer sus derechos humanos. El acceso a la educación ha sido una de las principales problemáticas. El 65% de los jóvenes considera que este derecho se ha visto afectado desde el comienzo de la pandemia. 

Si bien se dieron clases en línea no hubo opciones viables para las personas que no contaban con aparatos electrónicos o internet, y como resultado aumentó la suspensión y el abandono de estudios. 

De acuerdo con la OACNUDH antes de la COVID-19 aproximadamente uno de cada cinco jóvenes del mundo carecía de empleo. Esto refleja una ausencia estatal que priorice y promueva los derechos laborales de las juventudes. Durante la pandemia, se exacerbó la precarización laboral, por ejemplo con la disminución de salarios, lo que tiene impacto en el acceso a otros derechos. 

Exhortamos a que los gobiernos implementen acciones integrales y tomen en cuenta las voces de las juventudes  para contrarrestar las consecuencias por la COVID-19. 

La prisión preventiva de las mujeres

La prisión preventiva de las mujeres

Recientemente se realizó una misión de observación desde la sociedad en el penal de máxima seguridad de Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos de poder con los cuales se pretende disciplinar la lucha social de la defensora Kenia Hernández.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : El Financiero

Por: Miguel Concha

04 de junio de 2022


Como se sabe, el pasado 11 de mayo de 2022, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó una visita inusitada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, cerca de 500 mujeres privadas de libertad le entregaran una carta denunciando condiciones de maltrato y precariedad. Ocho días después de su visita, el ministro manifestó una serie de cinco medidas tendientes a generar un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada, con el fin de, parafraseando al destacado jurista Ronald Dworkin, tomar los derechos en serio.

Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que, en su artículo 18, establece que el sistema penitenciario deberá basarse en el respeto a los derechos humanos, aunque lamentablemente la realidad es otra, pues la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en el país es sumamente grave, así como permanente su invisibilidad y el abandono por parte del sistema judicial.

Entre las medidas destaca el derecho a tener una defensa adecuada y la apertura de incidentes, es decir, que derivada de un criterio emitido recientemente por la primera sala de la SCJN, que establece que a partir de los dos años de cumplirse la medida de prisión preventiva, ésta necesariamente tiene que ser revisada, correspondiendo al Ministerio Público en cuestión acreditar las razones que justifiquen que dicha prisión preventiva puede seguir operando. En este sentido, se deben tener en cuenta las diferencias sustanciales entre lo que implica la prisión preventiva oficiosa y la justificada. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el rasgo preponderante tiene que ver con el tipo de delito que es cometido, como está establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por lo que respecta a la prisión preventiva justificada, se aplica con el fin de evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia, procurando la protección de las víctimas, ante la manifestación de una conducta que haga presumible su riesgo social. Es decir, que a pesar de que se considere una excepción, si se quiere aplicar a determinada persona o grupo de personas, la prisión preventiva justificada termina convirtiéndose en una regla, pues para el Estado, de manera discrecional, cualquier conducta podría constituir un riesgo social que dé pie a la imposición de la prisión preventiva, traduciéndose esto en compurgar una pena sin sentencia, vulnerando con ello los derechos de las personas. En este caso de las mujeres actualmente privadas de la libertad, que no contaron con la garantía de un debido proceso, una defensa adecuada, y mucho menos que su caso fuera analizado con una perspectiva de género.

A este respecto, diversos instrumentos internacionales anteponen los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, la regla siete de las llamadas Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas enuncia que ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento penitenciario sin una orden válida de reclusión. O el principio tres de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (https://bit.ly/38Fh4IX), que enuncia que “la privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad (…), que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios, para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia”. Por tanto, se debe abdicar de aplicar el poder punitivo del Estado bajo la lógica del derecho penal del enemigo, y transitar hacia la aplicación efectiva del derecho penal como la ley del más débil, a fin de romper el velo de la normalidad y naturalidad que oculta la opresión y discriminación histórica de relaciones asimétricas de poder, estipulando un nunca más el poder privado y político por encima de los derechos fundamentales y, en específico, de las mujeres privadas de la libertad.

Hacemos, por último, un llamado a seguir de cerca la próxima publicación del comunicado sobre la misión de observación que desde la sociedad civil se realizó al penal de máxima seguridad en Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos de poder con los cuales se pretende disciplinar la lucha social a partir de la acción de Kenia Hernández, mujer indígena n’ooomdaa’, de Xochistlahuaca, Guerrero, hablante de la lengua amuzga y abogada feminista injustamente presa, quien ha dedicado parte de su vida a la defensa jurídica y política de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia, en su lucha por la tierra y el territorio de pueblos campesinos, originarios e indígenas, y por la defensa de personas presas por motivos políticos.

Vigésimo aniversario de La Escuelita

Vigésimo aniversario de La Escuelita

Hoy, en la generación 20 de #LaEscuelita, se tiene la oportunidad de compartir esta experiencia formativa, profundamente ligada al trabajo en los territorios, desde los cuales se han entretejido redes de colaboración que nutren el trabajo que el Centro Vitoria realiza.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : CDHVitoria

Por: Miguel Concha

28 de mayo de 2022


n el andar de los 37 años del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos, La Escuelita, ha sido un proyecto fundamental para reflexionar sobre la importancia de la educación popular como herramienta emancipadora y libertaria en la defensa de la dignidad humana. Después de haberse imaginado y proyectado por el equipo del Centro, este espacio se empezó a construir en 2002, poniendo especial interés en convocar a juventudes interesadas en el ejercicio digno de sus derechos y en abonar a las diversas luchas de nuestro país. Uno de los pilares de este proceso ha sido la perspectiva de juventudes, que intencionalmente ha nutrido este camino.

Los retos que se han enfrentado han sido variados: entretejer un diálogo intergeneracional que impulsa a reflexionar sobre las dinámicas asimétricas que los rasgos etarios imponen; sensibilizar ante las transformaciones de los contextos y realidades de las corporalidades de diversas juventudes, y reflexionar sobre lo que esto implica en el presente. ¿Cuál es el papel de las juventudes en los territorios y en las luchas que se enfrentan? Hoy es más que indispensable recordar que los cambios generacionales también corresponden a las transformaciones sociales. Y, por ello, el proyecto ha apostado por consolidar en evolución constante metodologías de educación popular, encaminadas a contribuir en la construcción desde abajo de aquellos otros mundos posibles que el propio espacio obliga a impulsar.

Se busca comprender a los movimientos sociales como pedagogías emancipadoras, y, por tanto, se entiende a La Escuelita como un proceso vivo, cambiante, y que responde a las necesidades de quienes lo construyen, generación tras generación. Es menester agradecer a cada persona que ha construido con el centro este proyecto político y pedagógico: a quienes desde el cariño construyen cada sesión, a quienes con solidaridad exponen sus experiencias y conocimientos, y a quienes miran este proceso como necesario. El centro seguirá refrendando su compromiso de caminar con las juventudes, quienes desde una mirada crítica se disponen a apropiarse de herramientas, como los derechos humanos, para la construcción de horizontes esperanzadores que coloquen la dignidad de sus comunidades en el centro. Iniciativas como ésta siguen siendo urgentes, en medio de un contexto minado por intentos de privatizar y explotar los bienes comunes y territorios, así como por crisis de derechos humanos enmarcadas, sin duda, en la crisis de la civilización occidental.

La generación y fortalecimiento de espacios de formación política se vuelve cada vez más una necesidad primordial para seguir contribuyendo a la continuidad de proyectos emancipatorios y al acompañamiento de los movimientos sociales que luchan por buscar justicia y hacer real la vigencia y el goce de los derechos humanos para todas y todos. La Escuelita ha permitido, igualmente, en un anhelo sostenido por una vida digna, reconocerse en los procesos colectivos y relatos de esperanza que se entretejen desde las diferentes disidencias y resistencias. Para protestar y denunciar al unísono, para apoyarse, defenderse y protegerse. Como la propia experiencia de La Escuelita de Derechos Humanos nos deja ver, son sobre todo las mujeres, las personas jóvenes y las voces de distintas disidencias, quienes dan vida desde abajo a los procesos emancipatorios, para hacer frente a los sistemas de dominación que se enfrentan. Son estos procesos en red, basados en el afecto, la defensa, la resistencia y la construcción de alternativas, los que auxilian en la liberación y transformación colectiva.

Hoy, situados en la generación 20 de La Escuelita, se tiene la oportunidad de compartir esta experiencia formativa, profundamente ligada al trabajo en los territorios, desde los cuales se han entretejido redes de colaboración para seguir nutriendo el trabajo que el Centro Vitoria realiza con su compromiso político de aportar a las luchas sociales, y desbaratar las opresiones. Nombramos a las disidencias sexuales, a las feministas en el norte, a las y los defensores de los territorios en el sur. A quienes en sus espacios reflexionan sobre sus masculinidades, a quienes visibilizan sus corporalidades disruptoras, a las juventudes que buscan a sus familiares, a las y los educadores populares que caminan acompañando a las, les y los estudiantes que, como principio rector, sostienen que el conocimiento es para y desde la sociedad. A quienes han transitado por la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos: gracias por permitir acompañarles. El centro se sostiene y camina junto con ellos. Como el resto del trabajo realizado por el centro, esta actividad se realiza año con año sin fines de lucro, por lo que necesita del apoyo de la sociedad para mantener sus alcances. Se puede contribuir al proceso visitando el sitio web, derechoshumanos.org.mx/apoya/

Contra las homo-lesbo-bi y transfobias

Contra las homo-lesbo-bi y transfobias

Es innegable que en medio de la crisis de Derechos Humanos que vivimos, la discriminación contra las personas LGBT+ está más que latente y en ocasiones amenaza la propia vida.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja

Por: Miguel Concha

21 de mayo de 2022

o podemos negar que en el contexto de crisis de derechos humanos en el que nos encontramos, la discriminación en todos sus niveles hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBT+) está más que latente. Los discursos de odio que perpetúan prejuicios y estigmas sociales en torno a las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género distintas a la heterosexualidad, y al binarismo que le corresponde, continúan siendo la excusa mal fundada de movimientos antiderechos, así como la causa y justificación de agresiones y violaciones a derechos humanos que en muchas ocasiones culminan en crímenes de odio que arrebatan la vida.

El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra las homo-lesbo-bi y transfobias, que no son más que expresiones de odio hacia las personas sexo/género diversas. Fecha por ello en la que con justicia hacemos memoria de las luchas y exigencias de colectivos de personas LGBT+, y enunciamos las violencias que de manera cotidiana sufren. De acuerdo con el informe Muertes violentas de personas LGBT+ en México (https://bit.ly/3MtVZQj), durante 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBT+ en el país, por razones presuntamente relacionadas con su orientación sexual, identidad y expresión de género. Las víctimas: 19 hombres gays, dos mujeres lesbianas, 55 mujeres trans y dos personas de orientación sexual no definida. Pero estas cifras apenas nos ayudan a vislumbrar una parte del panorama, en el que las instancias de procuración de justicia no cuentan con registros oficiales que nos acerquen a la realidad, pues con certeza muchos casos perpetrados en contextos de vida precarizada y exclusión social siguen en el desconocimiento debido a un nulo acceso a la justicia, quedando por lo mismo en la impunidad. Un dato que es necesario subrayar es que de las víctimas registradas en 2021, cinco personas eran defensoras de derechos humanos.

Desde una perspectiva interseccional, y recordando que México es uno de los países con mayor riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, agregar una de orientación sexual, de identidad y de expresión de género diversa, complejiza aún más esa labor e incrementa el riesgo de ser víctimas de crímenes de odio. Por tanto, es fundamental que esta característica sea considerada en los mecanismos, legislaciones e instancias de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Son múltiples las vulnerabilidades estructurales que las personas LGBT+ enfrentan de manera cotidiana y que se traducen en desplazamientos forzados, migraciones, o en el limitado acceso a otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, a los derechos laborales… En general, pues, a una vida digna, y en particular a los casos de personas que se han visto en la necesidad de desplazarse de sus lugares de origen, debido a los riesgos derivados de las homo-lesbo-bi-transfobias.

Será necesario que el Estado mexica-no garantice espacios seguros, y con es-to proteger sus derechos humanos. Y esto no sólo para los desplazamientos al interior del país, sino también para quienes desde Centro y Sudamérica transitan por el territorio mexicano. No ignoremos que hay luchas surgidas desde la sociedad civil organizada e impulsadas por colectivas LGBT+ que han logrado el reconocimiento de múltiples derechos humanos para las personas sexo/género diversas. Es empero fundamental atender las vulnerabilidades estructurales que aún impiden su pleno goce, lo cual se dificulta por las omisiones en las que el Estado mexicano incurre.

Un tema particular, y una de las líneas de acción aún pendientes, es garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan la libertad de decidir sobre su orientación sexual, identidad y expresión de género, evitando cualquier acto discriminatorio en espacios públicos y privados que afecten su integridad, educación y vida consecuente. Reconocemos la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado durante más de 40 años las luchas y acciones de exigencia. Sin duda, propuestas como la tipificación de los crímenes de odio –impulsadas en estados como Oaxaca–, o la de los transfeminicidios, fortalecerá el acceso a la justicia y abonará para garantizar una vida libre de violencia para personas LGBT+. Continúa el llamado exigente dirigido a las autoridades de procuración de justicia, a legisladoras y legisladores, a los gobiernos en sus tres niveles.

La búsqueda de garantizar una vida digna y el pleno ejercicio de los derechos humanos para las personas sexo/género diversas ha tenido logros importantes que nos ayudan a acercarnos a ese otro mundo posible, donde sea una realidad garantizar todos los derechos para todas las personas, donde las vidas de las personas LGBT+ sí importan.

Aportes en materia de Derechos Humanos del Dr. Miguel Concha Malo | Foro

Aportes en materia de Derechos Humanos del Dr. Miguel Concha Malo | Foro

Participación de Jorge Luis Aguilar Pantoja en el Foro «Aportes en materia de Derechos Humanos del Dr. Miguel Concha Malo», realizado por la Universidad Autónoma de Querétaro el 17 de mayo del 2022.


Hay historias que parecen no cambiar jamás, narrativas que se repiten y sospechosismos que perseveran a lo largo de las décadas. Era 1994 y desde el Senado de la República se agitaba la sospecha hacia un nuevo entorno que en ese entonces apenas empezaba a tomar fuerza y protagonismo. Senadores de aquél entonces señalaban con rudeza a las organizaciones no gubernamentales que “proliferan en el país” y que eran denunciadas por supuestamente ser “usadas para lavar dinero del narcotráfico».

Era 1994 y lo cierto es que de alguna forma era entendible la sorpresa de las y los senadores ante la enorme multiplicación de esas organizaciones, nombrar, para tener una referencia, que si en 1984 apenas había 4 organizaciones registradas en el país, para los 90 ya eran varias decenas, puñados de organizaciones que desde diferentes enfoques y metodologías apostaban a tomar un papel central en el monitoreo de la vida pública y su transformación en búsqueda de mejores condiciones para todas y todos.

Los 90 fue una década caótica, pero podemos y debemos remontarnos más atrás para hacer una semblanza entendible, y es que hay que narrar la historia del movimiento de derechos humanos en nuestro país para hacer justicia a la trayectoria de ciertas vidas, pues estas vidas se tejen, se entrecruzan, se atraviesan y se funden con la propia historia del movimiento como tal.

Es cierto que el movimiento de Derechos Humanos llegó tarde a nuestro país, a diferencia del Cono Sur y de Centroamérica en nuestro país no se vivió un proceso abierto de dictadura que en esas latitudes a su vez incentivó la creación de organización y colectivos, aunque sí vivimos la guerra sucia, ese periodo oscuro de persecución y exterminio.A veces, por fortuna, algunas personas hacen su aparición en la historia y la transforman. Personas que han hecho de la lucha por los derechos de los demás la razón inalterable e incorruptible de su vida.

El movimiento entonces tiene dos vertientes o manifestaciones claras, por un lado está el Comité Eureka y el rostro visible de Doña Rosario Ibarra de Piedra y por el otro, un grupo de organizaciones que fueron fuertemente influeciadas por las experiencias latinoamericanas, en particular de las y los refugiados de el Salvador y Guatemala que llegaron a nuestro país a refugiarse. En ese contexto nace nuestro Centro, pero el Vitoria es sólo una de las obras de Don Miguel. Para entender todas las otras aportaciones hay que ir al origen.

Fray Miguel Concha Malo es queretano, nació en 1945 en el seno de una familia católica, desde muy joven tomó los hábitos y en 1970 fue ordenado como sacerdote dominico por Don Sergio Méndez Arceo, Obispo de Cuernavaca. Don Miguel es Dr. en Teología, Diplomado en Sociología, periodista y catedrático.

El entorno familiar en el que creció y su motivación en la teología de la liberación lo llevaron a elegir el camino de la defensa de los pobres, a partir de entonces, su inquietud por la justicia social se convirtió en piedra angular de su quehacer y de su vida. Ya en el principio de los años 1970 emprendió su faceta como profesor, primero en la Universidad Iberoamericana y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde continúa dando clases hasta la actualidad.

Inició su labor periodística en 1977, como escritor de opinión en el diario de circulación nacional “Uno más Uno” y desde 1988 comenzó a mostrar una enorme preocupación por visibilizar la violencia que vivían los países en América Latina, evidenciando desigualdades sociales, denunciando los abusos y comenzando de esta manera, a través de la faceta de periodista y articulista, una trayectoria de defensa de los derechos humanos que está a punto de llegar a cuatro décadas y media de trabajos.

1984 fue un año importante, en septiembre, junto con un grupo de periodistas fue creado el periódico La Jornada donde Miguel Concha seguiría a través de su pluma un trabajo de documentación y registro de la realidad en la región y el país, es a través de sus artículos periodísticos semanales que Don Miguel ha creado una bitácora rigurosa y documentada del movimiento de derechos humanos en nuestro país.

Apenas al mes siguiente cofundó la que es quizá su principal obra, el  Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC, asociación civil que actualmente dirige, también en ese tiempo impulsó junto a otros y otras defensoras la creación de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). Además del Centro Vitoria, ha sido pieza clave en la formación de asociaciones civiles como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, DECA Equipo Pueblo o la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). 

Ya en el nuevo siglo, fomentó la creación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de los Derechos Humanos, un proyecto clave en el quehacer del Vitoria y que en este año llega a 20 generaciones de personas jóvenes convencidas de que es a través de la defensa de los derechos humanos que se alcanzan transformaciones locales y globales. También en la primera década del siglo promovió la reforma constitucional en materia de DH.

Posteriormente, en 2011, acompañó de manera cercana las tareas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, también participó en la defensa del campo mexicano contra el maíz transgénico y en la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País. En 2016 formó parte del Grupo Redactor de la Constitución Política de la Ciudad de México y fue miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2018-2024.

Es parte del grupo Paz con Democracia, referencia obligada para muchos movimientos sociales en el país. En su andar ha colaborado en algunas instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX.

Es cierto que de la forma en que persisten discursos que criminalizan y estigmatizan el trabajo de las y los defensores, así como la creación y labores diarias de las organizaciones de la sociedad civil, se hace urgente reconocer la experiencia y ofrecer legitimidad a estos espacios y trayectorias, hoy tan vulnerables ante la inacción del Estado y los propios recursos que se multiplican para obstaculizar la construcción de alternativas.

Por eso, reconocemos el trabajo de Don Miguel, quien sin duda alguna continuará trabajando mientras sigan existiendo hechos que violenten o amenacen los DH y la dignidad de las personas. Hay personas excepcionales a través de la historia y Don Miguel Concha Malo es una de ellas, nos llena de mucho orgullo a las y los integrantes del Centro Vitoria, como lo hace con las y los queretanos y también a quienes le conocen en la urgente tarea de la defensa.

REFERENCIAS:

CDHFV (2014). “Historia de 35 años del Dr. Miguel Concha Malo como defensor de los DH”. Disponible en : derechoshumanos.org.mx


VER VIDEO

El legado de don Sergio

El legado de don Sergio

El Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil fue reconocido recientemente con el Premio Nacional de Derechos Humanos, conoce su labor en defensa de la autonomía y libre determinación de los pueblos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen: UAEM

Por: Miguel Concha

07 de mayo de 2022


l legado de don Sergio Méndez Arceo, séptimo obispo católico de Cuernavaca, continúa animando la organización popular y comunitaria de los pueblos, y entretejiendo las luchas sociales en apoyo a grupos marginados, para la defensa de la dignidad humana y fortalecer la construcción de un mundo más justo.

Prueba de ello es el Premio Nacional de Derechos Humanos que lleva su nombre, un reconocimiento no sólo a la memoria de quien fuera impulsor de la teología de la liberación y del llamado progresismo católico, sino además de la solidaridad entre las organizaciones, colectivos y personas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos en el país. Después de una pausa por la pandemia de covid-19, el pasado 30 de abril se llevó a cabo la 28 entrega del galardón en las instalaciones de la Universidad La Salle, campus Cuernavaca (https://fb.watch/cOElZngh9f/).

En la categoría grupal se recibieron seis postulaciones: la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el colectivo Voz de los Desaparecidos en México, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil SC, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, y la Unidad por Coyomeapan Sierra Negra de Puebla. El Premio en esta categoría se otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil SC, por su trabajo comprometido en la defensa del territorio y de los bienes comunes en Campeche. Un combate cada vez más urgente.

En la categoría individual se recibieron seis candidaturas: Aída Isela González Díaz, Esther Ámbar Escalante Hernández, Higinio Bustos Navarro, Kenia Inés Hernández Montalván, Roberto de la Rosa y Víctor Hugo Serrano Morales. Inicialmente el galardón se otorgó a Kenia Hernández Montalván, defensora de los derechos humanos de la población indígena y campesina en zonas marginadas de Guerrero. La también feminista se encuentra presa de manera injusta por su compromiso en la defensa de los derechos humanos.

Considero importante mencionar a las organizaciones, colectivos y personas candidatas, con el fin de visibilizar los esfuerzos que, frente a diversas problemáticas sociales y violaciones de derechos humanos que continúan aquejando a nuestra sociedad, son realizados y acompañados a lo largo y ancho del país. Después de anunciar el resultado, el comité organizador recibió reacciones que, lamentablemente, acrecentaban las diferencias entre las organizaciones y defensores de las garantías fundamentales. Por ello, en una reunión extraordinaria, llevada a cabo el 14 de abril, se declaró desierta la categoría individual.

Sin duda, la intención del comité organizador del premio fue respetar el compromiso de contribuir al entendimiento entre quienes luchamos por la dignidad humana y contra el origen y las consecuencias de la injusticia y la desigualdad. Será también un llamado crítico y autocrítico para las organizaciones y personas que defendemos los derechos humanos, con el propósito de consolidar y ampliar espacios de diálogo en torno a las dificultades que se presentan en las luchas sociales, y conocer las múltiples posturas que desde las organizaciones y colectivas se defienden. Todo ello, con respeto a las distintas acciones que desde diversos espacios y comunidades se animan día con día. Con ello el Comité también ha refrendado el compromiso que todos debemos sostener para conseguir la libertad inmediata e incondicional de las personas defensoras de derechos humanos injustamente presas.

En cambio, sí se reconoció con el premio al Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil SC, que ha defendido la autonomía y libre determinación de los pueblos, a pesar de los hostigamientos denunciados por sus mismas integrantes, debido a su labor de defensa contra la imposición de megaproyectos de muerte y en la búsqueda de un buen vivir para los habitantes de la región de Calakmul, en Campeche. Como puede observarse, la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, así como por la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y campesinos, continúa siendo una tarea que pone en riesgo no sólo la libertad, sino también la vida de quienes la han asumido como una batalla por sobrevivir.

Como nota final, refiero a la invitación a la solidaridad de las actividades del Foro Social Mundial México, espacio precisamente de encuentro de diversos defensores de las garantías fundamentales, con la intención de construir un debate democrático que ayude en la tarea de articular la voz de las luchas sociales de diferentes latitudes. Después del primer encuentro, realizado en 2001, el foro caminó como un proceso mundial con propuestas y alternativas al neoliberalismo. En él convergen múltiples movimientos para dialogar sobre los retos que se enfrentan día con día en las comunidades. Podremos encontrar mayor información sobre lo que se ha discutido en el sitio web: wsf2022.org.Subir al inicio del texto

Relevos en el equipo del CDH Vitoria

El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. es una asociación civil de la Orden de Predicadores en México, sin fines de lucro e independiente de cualquier partido político. A través de 37 años de trabajo se ha enfocado en la difusión, educación, investigación, promoción y defensa legal de los derechos humanos de forma integral y multidisciplinaria, en particular de los sectores más vulnerabilizados y discriminados. A través de la presente comunicación el Centro Vitoria informa a espacios cercanos y aliados como: organizaciones, articulaciones sociales, espacios institucionales, así como a la sociedad en general, los siguientes agradecimientos y cambios organizacionales de carácter interno:

  1. Compartimos con alegría y desde la esperanza de los nuevos inicios, que a partir de marzo de 2022 la Coordinación General está a cargo de Lizeth Mariana Bermúdez Morales, quien ha colaborado en la organización como voluntaria, prestadora de servicio social y coordinadora del área de Incidencia e Investigación (2021-2022) del Centro Vitoria acompañando procesos y movimientos sociales en torno a los temas de mujeres, género, justicia social y derechos humanos; siendo parte también de la 17° generación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos. En este sentido queremos agradecer a Fr. Fernando Escobedo, quien acompañó de manera interina el cargo de coordinador general de octubre de 2021 a febrero 2022.
  1. Agradecemos a Esmeralda A. García Rivero, quien fungió como Coordinadora General del Centro Vitoria de 2020 a septiembre de 2021, acompañando y guiando las diversas agendas y procesos institucionales con todo el amor, ternura, profesionalismo y entusiasmo que la caracterizan a través de la incidencia, promoción y defensa de derechos humanos desde espacios académicos y de la sociedad civil organizada.

Así mismo reconocemos desde el cariño y agradecimiento a todas las personas que han formado parte del equipo base del Centro Vitoria, especialmente a quienes durante el último año han decidido acompañar la promoción y defensa de los derechos humanos desde otros espacios de lucha y resistencia; en el Centro Vitoria estamos convencidas y convencidos de que los cambios son oportunidades para fortalecer el trabajo que ya se viene realizando, así como la aportación de diversas experiencias y saberes para acompañar de manera sensible y comprometida a las personas, comunidades y grupos que están construyendo resistencia a la actual crisis de derechos humanos.

Nuestra solidaridad está en los procesos colectivos y organizativos donde se colabora en la construcción de Otro Mundo Posible. Les enviamos un cordial saludo.

Atentamente:

Dr. Miguel Concha Malo, O.P. y Equipo amplio del Centro Vitoria.


DESCARGAR PDF

Informe del CED

Informe del CED

Tras su reciente visita, el Comité contra la Desaparición Forzada insistió en que el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz las causas de la vigente espiral de violencia y las constantes desapariciones en la nación.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja

Por: Miguel Concha

30 de abril de 2022


En noviembre pasado se concretó una visita oficial del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés), luego de que durante casi 10 años se le solicitó al Estado mexicano. Por más de 10 días la comitiva del CED visitó 13 entidades de la nación, escuchando y constatando la presente crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. Seguramente se conmovió con los dolores, historias y denuncias que cientos de familiares de personas desaparecidas expresaron en las reuniones que sostuvieron con ellas y ellos.

Por lo conocido de esos días de la visita, no cabe duda que México se dio cita con una de las situaciones más dolorosas, actuales y del pasado, la desaparición de personas. Situación que a partir de 2006 se agudizó y agravó por la implementación de la guerra contra el crimen organizado. Ese fatídico momento de estrategia de guerra, tal como lo ha expresado el CED en su Informe, trajo consigo una diversidad de perpetradores, modalidades y un sinfín de víctimas de desa-pariciones y de graves violaciones de derechos humanos.

Subrayo este aspecto, pues cobra relevancia que una instancia internacional de la ONU ponga el dedo en la llaga, al señalar, por un lado, que las constantes desapariciones son atribuibles a agentes del Estado y al sostener, por otro, y con toda certeza, que también son atribuibles a actores del crimen organizado, tan expandido por todo nuestro territorio. Asunto éste ineludible que hay que considerar al intentar dar cuenta de las constantes desapariciones de personas en la nación y que, bajo una lógica de prevención y de derechos humanos, debemos comprender mejor como sociedad para atender de fondo tal problemática y generar los cambios estructurales que erradiquen estas situaciones lastimosas para todas las personas y comunidades que habitan o transitan por el país.

El que sean violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por particulares, es decir, en su mayoría vinculados al crimen organizado, no exime bajo ningún motivo al Estado, ya que el CED consideró fundamental que las autoridades reconozcan las distintas formas de su responsabilidad en los casos de desaparición, incluidos los atribuibles a particulares. Con esto, el Estado mexicano se ve obligado a atender desde la raíz todas las causas de esta espiral de violencia y constantes desapariciones en la nación, sin menoscabo alguno.

Ahora conocemos una decena de recomendaciones, todas importantes, para prevenir y erradicar el flagelo de las desapariciones. Pueden consultarse a detalle en el Informe del CED (disponible: https://cutt.ly/PGzXoHg). Y de éstas, otro aspecto que pongo de relieve es el que tiene que ver con el llamado urgente que hace sobre la militarización del país. El Comité señala que es necesario mantener el carácter y las labores de seguridad en cuerpos civiles. De lo contrario se complica el avance en la erradicación de las desapariciones de las personas. Su dicho lo fundamenta en las constantes y documentadas violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Asimismo, quienes integran este Comité nos recuerdan las reformas legales de 2019 sobre el tema de la Guardia Nacional, que por desgracia no generaron cambios que trascendieran al modelo de seguridad militarizado.

Dado que México requiere construir condiciones efectivas para que el Estado enfrente el problema de la desaparición, vale dar seguimiento a este problema que subraya el CED. Con la militarización creciente en la República, definitivamente no se obtendrán buenos resultados. Llama la atención que el CED se centre en la necesaria y urgente tarea de la implementación adecuada –que desde 2017 se ha venido dando–, en relación con los sistemas de búsqueda de personas y su efectiva coordinación con las instancias encargadas de la investigación.

Quedan grandes pendientes en temas de implementación de tal marco normativo, y se vuelve de inmediata atención el concluir con la construcción de las herramientas y sistemas que la ley y demás acuerdos de Estado mandatan para atender las desapariciones y la crisis forense en México.

Para revertir las desapariciones de personas, es necesario, como condición sine qua non, la efectiva y diligente participación de las familias afectadas. ¿Quiénes, si no, mejor que ellas para opinar en la implementación de las recomendaciones del CED, en aras de construir diversos programas y estrategias para prevenir y erradicar las desapariciones desde un enfoque diferenciado de derechos humanos, y bajo la debida diligencia? Y todo ello enmarcado en un proceso participativo con las familias, colectivos y sus organizaciones acompañantes. El Informe del CED se presenta como una oportunidad invaluable e inédita para todo el Estado mexicano para ayudarse en la ardua lucha para prevenir y erradicar todas las desapariciones en nuestra nación.

Semillas libres y derechos de las personas campesinas

Semillas libres y derechos de las personas campesinas

La defensa por los derechos de las personas campesinas necesita ser globalizada para poder hacer frente a los grandes intereses corporativos que rebasan incluso a los poderes y alcances de los Estados Nacionales.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen hans van der wal

Por: Hugo Obed Martínez, Sofía Cortés y Cassandra Meléndez

23 de abril de 2022

El reconocimiento internacional de los derechos humanos de las personas campesinas es resultado de una larga lucha y esfuerzos por transformar una realidad en la que no sólo se han vulnerado los derechos de casi un tercio de la humanidad -que constituyen la población campesina-, sino que los derechos de este amplio sector de la población ni siquiera son reconocidos por actores como los mismos gobiernos o las empresas transnacionales.

Es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan en Zonas Rurales, aprobada el 28 de septiembre de 2018 por el Consejo de los Derechos Humanos, nos recuerda que “la actual expansión de la agricultura, la especulación con productos alimentarios y las adquisiciones y los arrendamientos de tierras en gran escala en muchos lugares del mundo amenazan la vida de millones de campesinos”, y con esto reconoce a la agricultura campesina, a la pesca y la ganadería de pequeña escala, como contribuciones fundamentales para asegurar una producción de alimentos sostenible para todas y todos.

Considera además que, por ser un grupo social específico y de diversas maneras vulnerado, la protección de sus derechos requiere medidas especiales para garantizar que los Estados respeten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos. Entre las violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas campesinas están la discriminación, la ausencia de reformas agrarias y políticas de desarrollo rural que atiendan a sus contextos actuales, desalojos, desplazamientos forzados y la apropiación de las semillas por las empresas transnacionales, entre otras.

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sostenible y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en México el 21% de la población vive en zonas rurales, 65% de la población de este sector sufre condiciones de pobreza y de entre éstas, el 23% vive en condiciones de pobreza extrema.

En el sentido de reconocer los derechos de las personas campesinas y de emitir recomendaciones a los Estados para implementar acciones que los garanticen, Michael Fakhir, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos el Informe que lleva por título “Las semillas, el derecho a la vida y los derechos de los agricultores”, esto durante el 49 período de sesiones, celebrado del 28 de febrero al 1 de abril de este año.

Dicho informe aborda la importancia de las semillas para asegurar y hacer efectivo el derecho a la alimentación, también aborda los retos a los que se enfrentan las poblaciones campesinas e indígenas como guardianas de las semillas y la biodiversidad ante la enorme concentración de poder de las grandes empresas que controlan los sistemas de semillas comerciales. Recordemos que empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta han acaparado la producción agroindustrial de alimentos a partir de paquetes tecnológicos que incluyen semillas modificadas genéticamente o transgénicas y agroquímicos tóxicos.

El informe también menciona cómo el derecho a las semillas es parte esencial de los derechos de las personas campesinas y poblaciones indígenas. Pero, ¿qué son los sistemas de semillas? En la actualidad, existen dos tipos de sistemas de semillas: los de las personas agricultoras y campesinas, y los comerciales. Los primeros permiten utilizar, intercambiar, donar, trocar y vender libremente las semillas por las personas campesinas, garantizando además que puedan alimentarse directamente de ellas. El intercambio de semillas es necesario para desarrollar nuevas variedades que respondan a la problemática del cambio climático, sin tener que recurrir a la modificación genética.

En cambio, en los sistemas comerciales las plantas se convierten en mercancía, provocando que unas pocas personas controlen las semillas y restrinjan su acceso.

Reconocer el derecho de las personas campesinas a conservar, utilizar, intercambiar y vender libremente las semillas es una tarea urgente, son los saberes tradicionales de las poblaciones campesinas e indígenas los que han potenciado la diversificación de las semillas, son una forma de producir alimentos suficientes en manos de las personas campesinas y representan una oportunidad para contrarrestar los embates del cambio climático.

La defensa por los derechos de las personas campesinas necesita ser globalizada para poder hacer frente a los grandes intereses corporativos que rebasan incluso a los poderes y alcances de los Estados Nacionales; los instrumentos internacionales deben a su vez ser transformados en herramientas de exigencia y justiciabilidad de derechos en las luchas locales. Como dice el dicho: “piensa globalmente, actúa localmente”.

Insistamos en denunciar las prácticas de despojo que las empresas han llevado a cabo durante décadas sin reparo, tampoco desistamos en exigir el cumplimiento de su responsabilidad de respetar los derechos humanos.

Vemos en este Informe una oportunidad para llamar a los organismos internacionales y a los Estados a reconsiderar las alianzas con la agroindustria y en su lugar privilegiar el diálogo con las comunidades campesinas y pueblos indígenas, en poder dirigir los esfuerzos a promover las formas tradicionales de producción de alimentos sanos, nutritivos, suficientes y culturalmente adecuados y en la búsqueda para proteger los sistemas de semillas campesinos y las formas de vida comunitarias.

* Hugo Obed Martínez Rodríguez, Sofía Cortés y Cassandra Meléndez son integrantes del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

 Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. #YoSoyAnimal