Balance 2021

Balance 2021

En materia de derechos humanos, en 2021 hemos presenciado logros, la mayoría originados por colectivos de víctimas y sobrevivientes, por la sociedad civil y la academia. Todo ello, sin embargo, en medio de cambios profundos y rompimientos de situaciones y procesos denominados también como crisis. Entre ellas, humanitaria, de estatalidad y de derechos humanos.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

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Por: Miguel Concha

11 de diciembre de 2020


El final del año está cada vez más próximo. Sin duda, 2021 ha sido complejo y desafiante. Un año con aprendizajes, lecciones y reflexiones aún sin concluir. Un año con algunas acciones realizadas, otras a medio camino y muchas más que se han quedado en el tintero. Como decían en la antigua civilización griega, tal vez nos encontremos en un kairós, en un tiempo oportuno para hacer un alto, pensar concienzuda y afectivamente, y realizar un balance, por complicado que éste pueda parecer. El Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, y también el Día Internacional de los Derechos Humanos, apenas conmemorados, nos sitúan en un contexto adecuado de espacio y tiempo para ello.

En materia de derechos humanos, en 2021 hemos presenciado logros, la mayoría originados por colectivos de víctimas y sobrevivientes, por la sociedad civil y la academia. Entre ellos se cuentan la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la reciente visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas; la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la medida precautoria contra la comercialización del maíz transgénico, y la de la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a propósito del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, las cuales generan precedentes importantes en materia de derechos colectivos y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Destacan igualmente el regreso a las calles y a los espacios públicos de niñas, mujeres y colectivos feministas para buscar verdad, justicia, reparación y no repetición en diversos contextos, como el #8M y el #25N, e igualmente la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú por el Estado mexicano, los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la dignificación salarial en el país. Todo ello, sin embargo, en medio de cambios profundos y rompimientos de situaciones y procesos denominados también como crisis. Entre ellas, humanitaria, de estatalidad y de derechos humanos.

A continuación se presentan algunos ejemplos: la humanitaria, debido a las desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada. Lamentablemente el número de personas desaparecidas en el país asciende a más de 95 mil y a 52 mil fallecidas sin identificar. Acerca de la crisis de estatalidad, Sandra Serrano y Daniel Vázquez afirman que a la vez que el Estado es el principal protector y garante de los derechos humanos, es también su principal transgresor. Y es que el contexto de violaciones graves a derechos humanos en México es también consecuencia de la falta de voluntad política, capacidad y coordinación de autoridades en sus tres niveles y ámbitos de competencia. Especialmente de las instituciones que administran e imparten justicia.

Como referente de ello es necesario mencionar la más reciente aprobación al marco legal de la Fiscalía General de la República. Y cómo no aludir a la militarización de la seguridad pública, en sustitución de una seguridad a cargo del poder civil, así como a la implementación de una política migratoria enfocada en la seguridad nacional, y no en la seguridad humana. Se suma a ello el incumplimiento de sentencias y recomendaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos. Con respecto a la crisis de éstos, México es uno de los países más peligrosos en el mundo para defenderlos y promoverlos, ya que las personas y organizaciones que realizan esta trascendental labor tienen una alta probabilidad de ser criminalizadas, estigmatizadas, descalificadas, hostigadas y hasta privadas de la vida.

Todo lo cual se materializa en medidas políticas, legales y fiscales en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Y qué decir de los 10 feminicidios diarios que acontecen en la nación, aunados a la justicia tardía, ya que la impunidad hace que los casos y procesos judicializados y con sentencia sean la excepción y no la regla, como apunta la doctora Karina Ansolabehere. Retomando una idea de Antonio Gramsci, es posible que estemos en el interregno. Es decir, en un tránsito donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero seguir sin detenernos sería como dejar pasar este momento de la historia sin abrir los ojos y recolocar la memoria. Ello podría incluso impedir que respiremos nuevos aires y levantemos la mirada para observar no sólo el árbol, sino el bosque completo, con la firme esperanza de ver los cielos nuevos y la tierra nueva, como sostenía el pueblo hebreo en medio del exilio en Babilonia.

Y es aquí donde cobran más sentido unas palabras de Almudena Grandes, quien dijo: remando a contracorriente, contra toda lógica, todo pronóstico, se erigieron los muros de este fuerte que aún resiste. Algunas luchas son más dulces que cualquier victoria. Algunos caminos importan más que el triunfo de llegar primero a la meta.

Visita del Comité contra la Desaparición Forzada

Visita del Comité contra la Desaparición Forzada

El Comité volvió a expresar su preocupación sobre el contexto generalizado de las desapariciones en la República, así como sobre la impunidad y revictimización constante por parte de autoridades e instituciones.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

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Por: Miguel Concha

Sábado 04 de diciembre de 2021

Como se sabe, la situación en México ha adquirido carácter de crisis humanitaria, debido entre otras cosas al contexto de desapariciones generalizadas y sistemáticas en la mayor parte del territorio mexicano, tal como lo señaló en su Informe final sobre la desaparición en México el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en 2015. Y todo ello como consecuencia de la impunidad e indolencia de las autoridades e instituciones encargadas de administrar, impartir justicia y garantizar atención prioritaria a las miles de personas víctimas y sobrevivientes, por mencionar un ejemplo.

Lamentablemente han aumentado las personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas. De acuerdo con datos oficiales, hay cerca 95 mil 121 personas desaparecidas y 52 mil fallecidas sin identificar en diversas instituciones del país, como fiscalías, servicios forenses y fosas comunes en cementerios que se encuentran en custodia del Estado. A esto hay que sumar el hallazgo de fosas clandestinas y campos de exterminio que no han sido procesados,así como personas que no están registradas como desaparecidas, debido al contexto de inseguridad y a la participación de autoridades en su desaparición, ya sea por acción o colusión con grupos criminales.

En este contexto, del 14 al 26 de noviembre el Comité realizó su primera visita a México, en virtud de que el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas le confiere la facultad de realizar visitas a Estados parte. Cua-tro de quienes lo integran, junto a otras dos personas que conforman la Secretaría del mismo órgano, se dieron a la compleja labor de visitar la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sostuvieron reuniones con colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos de derechos humanos y autoridades, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, la Comisión Nacional de Búsqueda y oficiales de las fuerzas armadas. Todo ello con el propósito de documentar y presentar un informe sobre la desaparición en la nación, que considere las experiencias y la voz de colectivos de familiares y quienes les acompañan, así como las acciones que han sido implementadas por parte del Estado mexicano, para prevenir, buscar, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición.

Si bien el informe sobre la visita a México será presentado en Ginebra el próximo año, en la conferencia de prensa que se realizó en el contexto del cierre de su visita, el Comité expresó su reconocimiento con respecto a la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y sobre el Protocolo Homologado de Búsqueda. También acerca de la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila. Igualmente acerca del establecimiento de las Comisiones de Búsqueda en las entidades federativas.

No obstante, el Comité volvió a expresar su preocupación sobre el contexto generalizado de las desapariciones en la República, así como sobre la impunidad y revictimización constante por parte de autoridades e instituciones, las cuales carecen de coordinación interinstitucional e interestatal, y de recursos para llevar a cabo investigaciones diligentes que respondan a la emergencia y garanticen un acompañamiento jurídico efectivo con perspectiva de derechos humanos, que además permita la participación de personas víctimas para impulsar sus procesos de exigencia.

Cabe mencionar también que esta situación afecta de forma diferenciada a personas y grupos que han sido colocados en situación de vulnerabilidad, debido a su desigualdad y discriminación histórica, como mujeres, pueblos y comunidades indígenas, comunidad LGBTTTIQA+, personas con discapacidad y migrantes. Además de exponer los avances, retrocesos y obstáculos, el Comité expresó su admiración y solidaridad para con las víctimas, familiares, colectivos y especialmente a las mujeres, quienes han construido su lucha y resistencia desde sus experiencias.

Asimismo, manifestó su apertura para colaborar con el Estado mexicano, las organizaciones de la sociedad civil y los sujetos de exigencia, para así poner fin al martirio que atraviesa la vida de miles de personas y de la sociedad en general. En este sentido, esta visita debe mirarse como una oportunidad para generar mecanismos alternativos y extraordinarios, con el apoyo y acompañamiento de organismos internacionales que respondan al contexto de violaciones graves a los derechos humanos y detonen procesos efectivos y participativos de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Quinta Jornada Mundial de los Pobres

Quinta Jornada Mundial de los Pobres

Para Francisco el lugar de los pobres no son las puertas de las iglesias, como ocurre hasta nuestros días, sino el corazón de la misma Iglesia, y por ello convoca a los católicos a no mirar para otro lado, a no tener miedo de mirar de cerca el sufrimiento de los más débiles

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

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Por: Miguel Concha

Sábado 27 de noviembre de 2021


El pasado 19 de noviembre tuvo lugar en la Iglesia católica romana la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, convocada por primera vez por el papa Francisco el 13 de noviembre de 2016, cuando se celebraba en la Basílica de San Pedro lo que se conoció como el jubileo de los marginados y la clausura del Año de la Misericordia. Como cada año, con este motivo llevó a cabo algunas acciones significativas y pronunció algunos mensajes que, aunque dirigidos a distintos auditorios, me parece que se complementan entre sí, y por su contenido es importante que me refiera a ellos. Entre éstos se encuentra una visita privada a Asís el 12 de noviembre, así como un discurso que allí pronunció ante un grupo de 550 pobres provenientes de diferentes partes de Europa, además de la homilía que dirigió el día 19 a más de 2 mil personas pobres durante la misa que celebró en la misma Basílica de San Pedro, y un videomensaje que grabó ese día, en respuesta a la Asociación Fratello, que se ocupa de los más necesitados.

Para Francisco el lugar de los pobres no son las puertas de las iglesias, como ocurre hasta nuestros días, sino el corazón de la misma Iglesia, y por ello convoca a los católicos a no mirar para otro lado, a no tener miedo de mirar de cerca el sufrimiento de los más débiles. Para él la presencia de los pobres molesta, causa fastidio, aprestan, como decía hace años fray Gustavo Gutiérrez, OP, y por ello no faltan quienes, encerrados en su propio egoísmo, llegan a responsabilizarlos de su propia pobreza. Todo ello por no hacer un serio examen de conciencia sobre sus propios actos, sobre la injusticia de ciertas leyes y medidas económicas, y sobre la hipocresía de querer enriquecerse sin medida.

Y por ello proclama que “ya es hora de que los pobres vuelvan a tomar la palabra, porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Es hora de arremangarse para recuperar la dignidad, creando puestos de trabajo. Es hora –añade– de volver a escandalizarse ante la realidad de los niños hambrientos, esclavizados, náufragos, víctimas inocentes de todo tipo de violencia. Es hora –sigue diciendo– de que la violencia contra las mujeres se detenga, de que las respeten y no las traten como mercancías. Es hora –finaliza– de romper el círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo”.

Para el Papa la apertura, la acogida, el diálogo y el encuentro son fundamentales para construir un futuro diferente. Reitera que la pobreza es estructural y que se siembra y alimenta la esperanza respondiendo organizadamente y con eficacia a los sufrimientos de los pobres. Opciones y gestos concretos de atención, justicia, solidaridad, cuidado de la casa común sin los cuales no se pueden aliviar los sufrimientos de los pobres, no se puede convertir la economía del descarte que los obliga a vivir en la marginalidad, no pueden florecer sus expectativas.

Para lo cual, sin embargo, hay que volver a despertar y a atizar cada vez con más vigor los sentimientos y la inteligencia profundamente humana de la compasión en este mundo de consumo cada vez más secularista. “Nunca podremos hacer el bien –dice– sin pasar por la compasión. A lo sumo haremos cosas buenas, pero que no tocan el camino cristiano –y yo diría tampoco humano–, porque no tocan el corazón. Lo que nos llega al corazón es la compasión: nos acercamos, sentimos compasión y hacemos gestos de ternura”. Y recurriendo con originalidad y actualidad a una nueva metáfora, ahora ecológica, compara con lucidez a los católicos movidos por el Evangelio con las hojas que en la fotosíntesis transforman el aire sucio y contaminado en limpio, más allá de los restauracionismos que quieren una Iglesia toda ordenada y rígidaEsto no es del Espíritu Santo, sentencia. Pugna, pues, por una Iglesia que sale de sí misma, una Iglesia joven, profética, que mira con esperanza al mundo y con ternura a los pobres, “con cercanía, con compasión y sin juzgarlos. No hace falta hablar de los problemas –afirma–, polemizar, escandalizarse –todos sabemos hacerlo–; hay que imitar a las hojas, que discretamente transforman el aire sucio en limpio.

Jesús quiere que seamos ‘convertidores del bien’; personas que, inmersas en el aire pesado que todos respiran respondan al mal con el bien”. En conclusión, como afirma el sábado pasado el Boletín del Observatorio Eclesial Nº 424, y al que debemos algunas de estas reseñas, es gracias a la ternura, a la compasión que lleva a la ternura, que puede brotar la esperanza y aliviarse el dolor de los pobres, superando las cerrazones, las rigideces interiores que hoy son la tentación de los restauracionistas, que quieren una Iglesia toda ordenada, toda rígida. Resalta el Papa y hace suya la resistencia de los pobres para sobreponerse a todos los obstáculos que trae consigo su pobreza, y para seguir mirando con esperanza el futuro.

Aldea: los pueblos como guardianes del territorio

Aldea: los pueblos como guardianes del territorio

Las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales. Y así, nace la decisión de ser guardianes del territorio.

Editoriales | Jornada del Campo, Suplemento Informativo en La Jornada

Web original | Imagen : Daniel Islas

Por: Miguel Concha

Sábado 20 de noviembre de 2021

El momento histórico que vivimos en México, y la realidad de la vida cotidiana de los pueblos y comunidades, nos dejan ver que la condición de Nación Pluricultural, consagrada en nuestra Constitución, sigue siendo una quimera, gracias a que las políticas y leyes vigentes continúan excluyendo a los pueblos y lacerando sus derechos fundamentales. Y así, desde lo propio, nace la decisión de salvaguardar un territorio, unas tierras comunales, bajo la lógica amplia de ser guardianes del territorio. Desde los autogobiernos, la mirada se vuelca en el intento de equilibrio de la colectividad y los recursos naturales, por lo que se contrapone de manera natural a la dinámica de despojo extractivista del neoliberalismo. Recordemos que el neoliberalismo es un sistema económico que busca generar la mayor ganancia en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible. Necesita ocupar los territorios de los pueblos para satisfacer esa necesidad.

Esta ocupación no es solo simbólica. Es una consecuencia lógica de la tendencia global de ver a los pueblos como una mercancía, lo cual tiene efectos e implicaciones terriblemente concretas y cotidianas para ese sector de la sociedad compuesto por mujeres, niñas y niños; por jóvenes y hombres que habitan dichos territorios, para quienes las afectaciones derivadas de nuestro sistema económico y político no son un discurso, sino una realidad opresora: el despojo y un entramado de procesos para la extracción de recursos que, de un modo u otro, terminan pasando, a todas las poblaciones que habitan dichos territorios, la factura de las consecuencias en términos sociales, culturales y económicos.

Las figuras del Ejido y la Comunidad son legados históricos de las luchas que se han dado para conseguirlos: la Independencia y la Revolución. Si bien es preciso enfatizar que México es uno de los pocos países que reconocen la tenencia social de la tierra, el constante interés por privatizar esta construcción social del territorio por parte de gobiernos de todos los signos políticos, a través de entidades del Estado, o de organismos privados, es una amenaza al modo de vida de los pueblos y comunidades. Por eso hoy más que nunca es fundamental el Derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, mismo que debe expresarse en el reconocimiento constitucional a la capacidad de organización y gobierno propios de las comunidades.

Una manera muy clara de poner la discusión sobre la mesa, es documentar que ese despojo, ese ataque a los ecosistemas y a las formas propias de vida de los pueblos deriva en graves violaciones a los derechos humanos, como el desplazamiento forzado o el genocidio; en fenómenos excluyentes como el ataque sistemático a las lenguas originarias, a sus modos de vida, a la diversidad. Todo ello refleja nítidamente la incomprensión a la madre tierra. Es la evidencia de que el modelo de desarrollo del Estado Nación ha producido efectos adversos a las lógicas comunitarias de los pueblos.

A pesar de que, en los hechos, los pueblos siguen construyendo su autonomía a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, vemos día con día a gobiernos, empresas, así como al crimen organizado, atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión.

Esto ha obligado a la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), donde pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a las etnias Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, en articulación con organizaciones civiles, impulsan diversas iniciativas en favor de la Libre Determinación de los Pueblos.

La ruptura del tejido comunitario persiste latente en el ataque y criminalización a comunidades, organizaciones y defensores/as indígenas. La credibilidad del compromiso oficial con la protección a las colectividades y personas defensoras que conforman y construyen desde los pueblos y comunidades, se expresa con claridad, por ejemplo, en el creciente enrarecimiento del entorno de la investigación sobre el homicidio del defensor de derechos humanos, Samir Flores.

Por todo esto, se hace necesaria la reforma constitucional que pueda garantizar el reconocimiento pleno al ejercicio de la libre determinación para los pueblos. Por eso ALDEA lucha por posicionar los puntos clave que enmarcan la seguridad del ejercicio de la libre determinación y autonomía.

Reparación integral del daño

Reparación integral del daño

Después de cuatro años y medio de búsqueda de justicia para Lesvy, y dos años después de la sentencia por el delito de feminicidio agravado, recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia e impuso una pena mayor para su feminicida.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja

Por: Miguel Concha

Sábado 20 de noviembre de 2021

Lesvy Berlín Rivera Osorio era una joven independiente, creativa, divertida y muy querida por quienes cariñosamente le llamaban Berri. Disfrutaba de la vida, pues le gustaban la música, las artes plásticas y los idiomas; hablaba cinco, además de conocer a nuevas personas, cocinar y compartir con sus seres queridos, entre otras muchas cosas. Sin embargo, el 3 de mayo de 2017 su vida le fue arrebatada en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México por quien se hacía pasar como su novio. Desde aquel día la búsqueda de justicia para Lesvy se convirtió en una consigna de lucha personal y colectiva para niñas, adolescentes y mujeres de México y América Latina. Y fue así como durante los primeros meses de la investigación su familia vivió violencias sistémicas y violaciones a sus derechos humanos por parte de instituciones judiciales, autoridades, medios de comunicación y otros sectores de la sociedad.

No obstante, siguieron el camino para buscar verdad, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Lo hicieron de la mano de colectivos de mujeres y feministas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, cuya incidencia para proteger y garantizar sus derechos comenzó a cosechar frutos. Entre otros, las redes solidarias y los entretejidos amistosos entre organizaciones, así como el logro de varios elementos, como la Recomendación 01/2018, emitida el 2 de mayo de 2018 por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Un precedente para el acceso a la justicia de niñas y mujeres víctimas y sobrevivientes, pues versa sobre la falta de la debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy, y sobre la negligencia en la atención a sus familiares por parte de las autoridades involucradas.

Recalca igualmente la importancia de garantizar la debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de niñas y mujeres a través de la implementación adecuada del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, la aplicación de estándares nacionales e internacionales correspondientes a violencia de género contra las mujeres, y la incorporación de la perspectiva de género.

Después de cuatro años y medio de búsqueda de justicia para Lesvy, y dos años después de la sentencia del 24 de octubre de 2019 por el delito de feminicidio agravado en su perjuicio, el pasado 26 de octubre la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia e impuso una pena mayor para su feminicida, correspondiente a 52 años y seis meses. Y si bien es cierto que la sentencia es resultado del esfuerzo, la resistencia y el amor de la familia de Lesvy y de las personas, colectivos y organizaciones acompañantes para dignificar su vida y su memoria, la lucha no termina ahí. Sin una reparación del daño que sea integral y enfocada a necesidades específicas, y que a la vez garantice el derecho a la no repetición y a una vida libre de violencia para niñas y mujeres, la justicia no habrá cambiado.

La reparación integral del daño es un derecho de las víctimas y sobrevivientes que debe cubrir las diversas esferas de su vida, brindar herramientas y generar condiciones para sanar y reconstruir sus proyectos de vida. Debe igualmente considerar todos los impactos generados por las violaciones cometidas, de lo individual a lo colectivo, de lo material a lo inmaterial, y de lo personal a lo político.

Y si bien la reparación se determina en la emisión de sentencias y recomendaciones, sus criterios deben encaminarse a la transformación de las condiciones estructurales e institucionales para garantizar a todas las personas el derecho a la no repetición, y promover una justicia transformativa y restaurativa para las víctimas y la sociedad. Los feminicidios son resultado de deficiencias y ausencias del Estado mexicano para proteger y garantizar los derechos de niñas y mujeres, principalmente a una vida libre de violencia.

Por tanto, la justicia para el caso de Lesvy, y para el de miles de niñas y mujeres, se logra más cuando hay una reparación del daño integral y efectiva, consciente de los impactos sociales, físicos, emocionales, económicos, espirituales, personales y colectivos, los cuales deben abonar a las garantías de no repetición y a la recomposición del tejido social, mediante la transformación de las lógicas de violencia patriarcal insertas en las instituciones y en la sociedad. Lesvy Berlín Rivera Osorio no sólo fue una joven afectuosa y radiante, sino una semilla que sigue germinando, floreciendo y cambiando estructuralmente el sistema jurídico mexicano y la sociedad. Gracias a su familia por permitirnos caminar a su lado. Y como dice doña Irinea Buendía: ¡Justicia y justicia para Lesvy! ¡Justicia y justicia para todas!.

Las juventudes de la COP26

Las juventudes de la COP26

La primera COP se llevó a cabo en 1955, y desde entonces se han acordado compromisos que los Estados difícilmente han podido cumplir. Una vez más se ha quedado en discursos y promesas.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

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Por: Miguel Concha

Sábado 13 de noviembre de 2021

Del 31 de octubre al 12 de noviembre se celebró en Glasgow, Reino Unido, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la cual reúne a diversos líderes, dirigentes de empresas, y actores gubernamentales y diplomáticos, con la finalidad de impulsar acciones para hacer frente a la crisis climática, y sobre todo, mantener la temperatura global a menos de 1.5 grados Celsius. La primera COP se llevó a cabo en 1955, y desde entonces se han acordado compromisos que los Estados difícilmente han podido cumplir.

Una vez más la conferencia se ha quedado en discursos y promesas. A pesar de que en la COP26 los gobiernos propusieron y acordaron reducir el uso de carbono negro, las emisiones de gas metano, la deforestación y el tránsito hacia energías más renovables, no hubo claridad ni estrategias para dar seguimiento a los compromisos.

Ante esto, durante la COP26 miles de jóvenes de distintas nacionalidades realizaron manifestaciones, pronunciamientos y acciones para exigir justicia ambiental y visibilizar los impactos de la crisis climática en el mundo, así como las afectaciones a personas y grupos que han sido colocados en situaciones de mayor vulnerabilidad. Una de las más importantes críticas que realizaron es que la COP26 estuvo también conformada por personas que representan intereses de la industria de combustibles fósiles, lo cual ocasiona que no se propongan cambios estructurales para hacer frente al calentamiento global.

Diversas organizaciones de juventudes se pronunciaron igualmente frente a la exclusión y burocratización que diversos sectores afectados por la crisis climática enfrentaron para participar en la conferencia, como fue el caso de pueblos y comunidades indígenas. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, en 2019 las emisiones mundiales de gases invernadero aumentaron en un número histórico, ya que ese año se registró un crecimiento anual de 1.3 a 2.6 por ciento, ocasionando el incremento de incendios forestales, periodos largos de sequía, inundaciones, pérdida de cultivos y extinción de algunas especies.

De acuerdo con Naciones Unidas, los principales países emisores de gases invernadero son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, así como los 27 que integran la Unión Europea. En 2020 China fue responsable de 37 por ciento de las emisiones de gases invernadero, mientras que Estados Unidos contaminó el aire con 13.8 por ciento del total. Es decir, son sobre todo las naciones del norte global las que mayormente causan el deterioro medioambiental. De igual forma, el cambio climático se ha agudizado por la existencia de prácticas extractivistas en muchos países, lo que trae diversas consecuencias, como la apropiación y despojo de tierras, afectaciones a la salud y daño irreversible a ecosistemas completos.

Además de contribuir al aumento de la crisis climática, megaproyectos como la minería, las termoeléctricas y la agroindustria, violan sistemáticamente los derechos humanos de diversas comunidades y personas en condiciones de vulnerabilidad. En este contexto, las juventudes defensoras del medio ambiente visibilizaron que los gobiernos no han promovido acciones reales para hacer frente al cambio climático durante años. Una de las razones es porque afectarían los intereses de miles de empresas que sólo buscan mayores ganancias y hacen a un lado el cuidado del medio ambiente.

La propuesta de los gobiernos se centra en apoyar a las naciones del sur global con financiamiento para que se “adapten” a esta crisis climática. Las exigencias de las juventudes han sido claras para defender la vida y el medioambiente. Es urgente pensar en otros modelos de producción, unos que no violen los derechos humanos ni deterioren los bienes comunes para que de este modo se cuiden todas las formas de vida y el mundo en que habitamos. Lo que se necesita son cambios estructurales en los que los países del norte global reconozcan su responsabilidad frente al deterioro ambiental.

En las movilizaciones de la COP26 los jóvenes colocaron un claro posicionamiento: los Estados tienen la obligación de actuar y sumar esfuerzos para hacer frente a la crisis climática. Sus exigencias nos recuerdan que las juventudes también resisten y contribuyen a la defensa de los derechos humanos en diversos países y comunidades. Las conferencias internacionales deben fomentar la inclusión de todas las personas, principalmente de las más afectadas por la histórica destrucción del planeta. Distintas comunidades y actores de la sociedad civil están aportando a las soluciones, por lo que sus propuestas deben ser tomadas en cuenta. La construcción de un mundo más justo, digno y en paz debe posicionar la defensa del medio ambiente como una prioridad en la agenda de los Estados, y el compromiso global y eficaz contra el cambio climático.

Encuentro Nacional de OSC

Encuentro Nacional de OSC

Las OSCs enfrentamos un escenario desafiante ante la indiferencia, menosprecio y marginación como política de gobierno. Ante eso, la organización y lazos se multiplican.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : CDH Vitoria 

Por: Miguel Concha

Sábado 6 de noviembre de 2021


El 21 de octubre tuvo lugar el Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), convocado por el Grupo Promotor del Espacio de Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil Nacional. Éste se encuentra conformado por un grupo de organizaciones de distintas partes del país, las cuales desde hace tiempo, algunas desde hace décadas, iniciaron un proceso conjunto de reflexión y articulación. En el encuentro estuvieron presentes cerca de 300 OSC de diferentes partes de México.

Es menester señalar que la gran mayoría había participado en encuentros regionales preparatorios, en los cuales se compartieron balances y diagnósticos en materias como la fiscal y la política, por mencionar algunos ejemplos, sobre la situación que hoy viven. En el encuentro se hizo evidente el desafiante escenario al que se enfrentan las OSC ante la indiferencia, el menosprecio y la marginación del actual gobierno, el cual no las ha considerado como parte de su proyecto.

En el Encuentro se revisaron las relaciones entre el gobierno y las OSC. De ahí que se hizo necesario analizar las estrategias de diálogo político que promueven las organizaciones ante los gobiernos locales, estatales y federales, para lograr interlocuciones eficaces, creativas, críticas y responsables, que les permitan continuar con su incansable trabajo por construir una nación más justa, digna y en paz para todas las personas, ya que sus actividades van desde la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, hasta la búsqueda y promoción de la paz y la participación ciudadana.

A manera de memoria, se recordaron algunos hechos importantes, entre ellos la circular del Ejecutivo federal de febrero de 2019, que prohibió a todo su gobierno destinar recursos públicos para fomentar los proyectos y procesos de colaboración de las OSC. Con ello se canceló y desconoció el ser y quehacer cotidiano de miles de organizaciones que trabajan bajo condiciones adversas. Acciones como la mencionada se han presentado en los últimos dos años, acompañadas de descalificaciones sistemáticas que han puesto en una situación de mayor riesgo a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Ello ha significado una violación al marco legal que ampara a las OSC: la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, la cual, dicho sea de paso, está incluso en riesgo de desaparecer.

A pesar de todo, diversas OSC manifestaron estar de acuerdo con diversos programas del gobierno federal, así como con el combate a la corrupción, la recuperación de la rectoría del Estado sobre el petróleo y la energía eléctrica y la redistribución de recursos a las personas más pobres, como madres cabeza de familia, personas con discapacidad, estudiantes, adultos mayores y campesinado. Lo cual, sin duda, es un punto de partida importante para lograr la justicia social y la distribución de la riqueza.

No obstante, se considera que dichas medidas por sí mismas no generan políticas públicas integrales para reconstruir el tejido social, impulsar cambios estructurales y hacer exigibles y justiciables todos los derechos humanos. Que no alcanzan tampoco para que las miles de víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos tengan verdad y justicia, ni para combatir a fondo las causas de la pobreza, la violencia generalizada, la migración, la discriminación, la violencia de género y el cambio climático.

En efecto, numerosas OSC trabajan en agendas que apuestan a la defensa y promoción de los derechos humanos, aunque se reconoce que hay otras que están al servicio de intereses neoliberales. Sin embargo, las OSC no comparten el discurso único, ni las prácticas corporativas y fiscales represivas de la relación con las organizaciones ciudadanas y académicas, que están ya cancelando espacios cívicos. Se consideran aliadas de este gobierno, pero aliadas conscientes, responsables, autónomas, críticas y propositivas. Y pese a todo, diversas OSC siguen empeñadas en alcanzar un estado de derecho que revierta el centralismo, la exclusión de actores no gubernamentales en la vida pública y la cancelación de espacios cívicos. Abogan así por un entorno propicio que articule sociedad civil y gobierno.

Por tanto, invitan al gobierno federal, así como a los estatales y municipales, a generar diálogos políticos que impliquen el reconocimiento mutuo entre gobierno y organizaciones, tomando en cuenta la historia, la experiencia y la voz de todos. De igual manera, impulsan acercamientos que se generen desde horizontes sociales y políticos comunes, dentro de una agenda compartida que permita a ciudadanía y gobierno enfrentar de común acuerdo al neoliberalismo y salir al paso a las causas de problemas estructurales, como la pobreza y la violencia, a través de la más amplia participación ciudadana en el diseño y operación de políticas públicas.

Protección judicial de colectivos y comunidades

Protección judicial de colectivos y comunidades

La reciente sentencia de la SCJN contiene criterios muy importantes no sólo para la diversidad biológica de nuestros maíces, sino para la protección de los colectivos y comunidades.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Víctor Chima

Por: Miguel Concha

Sábado 23 de octubre de 2021


Por muchos años los derechos de los colectivos, de los grupos sociales o comunidades han sido menospreciados y, sobre todo, abandonados por las autoridades. Sin embargo, en tiempos recientes hemos vivido distintas iniciativas gubernamentales, ciudadanas, legislativas, locales, nacionales e internacionales para transformar o mitigar esta injusta circunstancia.

Hoy quiero destacar una medida de carácter judicial que abre la puerta para la protección y la justiciabilidad de los derechos colectivos. La semana pasada la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió por unanimidad negar el amparo que Monsanto–Bayer y otras tres trasnacionales solicitaban para sembrar de manera extensiva maíz transgénico en nuestro país. Podríamos decir que buscaban inundar el campo mexicano con maíz genéticamente modificado en cientos de miles de hectáreas. Promovieron sus amparos contra una medida precautoria que dictó un tribunal federal dentro de un juicio de acción colectiva que promovió a su vez un colectivo de 53 científicos, campesinos, activistas y 20 organizaciones.

La sentencia de la SCJN contiene criterios muy importantes no sólo para la diversidad biológica de nuestros maíces, sino para la protección de los colectivos y comunidades. Todavía no se conoce la totalidad de la resolución que votaron los ministros, pero sí algunas de sus partes. En primer lugar es importante que finalmente la Suprema Corte haya definido el concepto de medidas precautorias en las acciones colectivas como aquellas providencias adoptadas por el juzgador que tienen por objeto proteger, durante la tramitación del juicio, los bienes o derechos de la colectividad del inminente o actual agravio que se verifique en detrimento de los mismos, cuando existe la urgencia de evitar que ese daño resulte de difícil o imposible reparación, para preservar la materia del juicio y evitar que la sentencia que eventualmente se emita resulte ilusoria.

En otras palabras, se trata de la orden de un juez para proteger los derechos colectivos durante un juicio también colectivo, para evitar tanto daños irreparables, como sentencias sin beneficios para el colectivo. La decisión de la SCJN reconoce que en ocasiones deben existir reglas de fin, es decir, normas que ordenan al juez procurar lograr cierta finalidad o estado de cosas. Para alcanzar ese fin, se le deja al juez un margen de libertad para elegir los medios más adecuados. Cuando para la ley no es posible prever las soluciones que serían adecuadas para ciertas injusticias sociales, la decisión de los jueces dependerá de las circunstancias cambiantes de cada caso.

El juez debe perseguir la realización del fin prescrito por la ley y debe hacerlo eligiendo los medios lícitos más aptos. En esta importante decisión se consideró adecuado y justificado por la ley que cuando sea imposible prever los hechos, actos u omisiones que podrían atentar en contra de los derechos o intereses colectivos, se implemente una regla abierta; se pensó que es preferible cierta discrecionalidad y delegar en el juez la posibilidad de valorar la necesidad de las medidas de protección de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y en función de los objetivos de las medidas precautorias en juicios colectivos, antes que frustrar la posibilidad de evitar daños difícilmente reparables.

No hay manera de comprender en una regla todas las circunstancias que pudieran presentarse, en todos los casos posibles, en materia de una acción colectiva, que pueden ir desde la protección de intereses como los derechos de los consumidores, hasta las complejas y múltiples situaciones que se podrían presentar en detrimento del medioambiente, cuando están en juego intereses difusos de una colectividad indeterminada, se dice en el resolutivo.

Por supuesto que la SCJN estableció algunos límites jurídicos que la propia ley establece. La medida precautoria debe ser lícita, no debe causar más daños que los que debe prevenir, no debe causar una afectación ruinosa al demandado, debe ser adecuada para evitar daños difícilmente reparables o irreparables que dejen sin materia el juicio colectivo, y debe existir urgencia para que sea previsible el daño a la comunidad. Con esta definición de la Suprema Corte podemos decir que las comunidades, asociaciones o grupos que promuevan una demanda colectiva podrán encontrar protección a sus derechos desde etapas tempranas de los juicios.

La protección que encuentren debe ser amplia y adecuada para cada caso. Los jueces no deberán negar medidas precautorias basándose en leyes estrictas; deberán valorar las circunstancias y emitir ordenamientos que impidan daños a la sociedad. Estaremos atentos a que los jueces cumplan esta nueva directriz judicial.

Justicia y libertad para las mujeres

Justicia y libertad para las mujeres

La situación de mujeres imputadas y sujetas a procesos penales sigue deteriorándose por motivos de género, origen, nacionalidad, condición etaria, afiliación política u orientación sexual así como por sus condiciones sociales, culturales y económica.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

 Web original | Imagen : Libertad para Kenia

Por: Miguel Concha

Sábado 16 de octubre de 2021

Si bien es cierto que los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia son normas imperativas de derecho internacional y que deben garantizarse a todas las personas en cualquier circunstancia y sin excepción, para erradicar la impunidad y asegurar un estado de derecho, es necesario reconocer la existencia de numerosas prácticas que terminan por denegarlos y limitarlos. Y esto especialmente en supuestos que involucran a grupos históricamente discriminados, como ocurre en el caso de las mujeres imputadas y sujetas a procesos penales.

Cabe reconocer los avances que se han impulsado y generado desde los sujetos de exigencia, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, academia, organismos internacionales e instituciones gubernamentales encargadas de la política pública en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el impulso a reformas legislativas, la creación de mecanismos e instituciones, la construcción de protocolos y facilitación de procesos de capacitación para promover las perspectivas de género e interseccionalidad.

Pese a esto, la situación de mujeres imputadas y sujetas a procesos penales sigue deteriorándose por otros factores estigmatizantes y discriminatorios, no sólo por motivos de género, sino también por su origen, nacionalidad, condición etaria, afiliación política u orientación sexual, entre otras, así como por sus condiciones sociales, culturales y económicas. El quehacer de los jueces, y demás personas operadoras de justicia en el país, debe llevarse a cabo bajo los principios básicos de independencia, imparcialidad y competencia, así como de acuerdo con las perspectivas de género, interseccionalidad y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Se han documentado casos que reflejan la prevalencia de estereotipos basados en concepciones de subordinación respecto a grupos determinados, como es el caso de la defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván, indígena del pueblo amuzgo, originaria del municipio de Xochistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Kenia se encuentra privada de la libertad en la prisión de máxima seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, del municipio de Coatlán, Morelos. Ello debido a numerosos procesos judiciales iniciados en su contra, tanto a nivel local y federal, por la supuesta comisión de distintos delitos, como ataque a las vías de comunicación. Dichos procesos se perciben como parte de una estrategia de criminalización e inhibición del derecho a defender derechos humanos, particularmente el de protesta social y el de manifestación, como partes fundamentales del derecho a la reunión pacífica. Sobre todo en contextos donde los canales de participación política ordinarios no son accesibles para todas las personas, debido a la situación de exclusión en la que han sido colocados ciertos grupos, así como por la falta de canales de diálogo para la denuncia y solución de las realidades de injusticia y desigualdad sociales que los aquejan.

Sin embargo, en este momento el caso de Kenia Hernández representa una posibilidad histórica para que las personas juzgadoras generen un precedente con respecto al acceso de las mujeres a la justicia y el debido proceso: la incorporación de las perspectivas de género e interseccionalidad, así como del principio de intervención mínima, el cual está considerado como una garantía frente al poder punitivo que detenta el Estado a través del derecho penal.

A su vez, esta posibilidad implica el no uso del poder punitivo del derecho penal, ya que es uno de los mecanismos más irruptivos en la sociedad y en el proyecto de vida de defensoras e indígenas, como Kenia, debido a los impactos diferenciados y a la difícil reparación que produce mediante la privación de la libertad, lo cual termina por generar efectos adversos en todas las esferas de la vida de las mujeres, como su núcleo familiar, comunitario y social. Sobre todo si existen alternativas de solución frente a la privación de la libertad, e igualmente se dan las facultades necesarias para la colaboración entre el Poder Judicial y las instituciones en materia de derechos humanos a escala federal, para el fortalecimiento institucional y la garantía del acceso al debido proceso y a la justicia en casos que se encuentran en proceso, como el de Kenia.

Sin lugar a dudas, esto abonará a las apuestas que se han generado y construido para subsanar el inacceso histórico de grupos en situación de vulnerabilidad al derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, como lo son las indígenas privadas de la libertad, mediante la Ley de Amnistía y el reciente acuerdo de preliberación de personas sentenciadas o que se encuentran en prisión preventiva, así como para sobrevivientes de tortura.