El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” es una asociación civil creada hace 40 años por los frailes dominicos en México para la defensa y promoción de derechos humanos. Este Centro ha contribuido a la construcción y fortalecimiento de sujetas y sujetos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos mediante acciones de formación, litigio, investigación, incidencia política y acompañamiento psicosocial desde una perspectiva integral.
En los últimos 4 años, la organización ha tenido un proceso interno de reflexión y retroalimentación sobre los derechos laborales y las condiciones dignas de quienes realizamos la labor de derechos humanos desde sociedad civil. Este proceso devino de señalamientos elaborados por personas ex-colaboradoras hacia la Coordinación General y a integrantes de ese momento, por acciones y omisiones en materia laboral y de género.
Con la finalidad de atender institucionalmente lo señalado, se construyeron colectivamente guías de Autocuidado y Cuidado Colectivo, Convivencia y Construcción de Comunidad, Herramientas de Seguridad Digital, Herramientas Metodológicas para el diagnóstico de Necesidades en el Fortalecimiento de Procesos de Seguridad Física, Derechos Humanos Laborales, así como un protocolo de Atención a la Violencia Laboral con Componentes de Género que se encuentra en aprobación por parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED).
Ante ello y, como respuesta a nuevos señalamientos realizados el día de ayer hacia la Coordinación General e integrantes del equipe actual de la organización, compartimos el proceso de restructuración en el que hemos trabajado y que nos ocupa como parte de una reflexión autocrítica que hemos construido en los últimos años. Reconocemos que es sustancial redoblar esfuerzos para garantizar las condiciones laborales adecuadas de las personas que trabajan actualmente en el Centro Vitoria.
Seguimos trabajando en ello, resultado de las coordinaciones de 2020 a la actualidad, se ha logrado la integración del 100% de personas colaboradoras en el esquema de salarios, garantizando sus derechos laborales con base en la Ley Federal del Trabajo; se ha brindado acompañamiento psicoterapéutico financiado por la organización hacia el equipe en amplio, integrantes de los procesos formativos y víctimas acompañadas; así como los manuales referidos en la estrategia de fortalecimiento interno; y, acompañamiento externo para la capacitación psicosocial del equipe. Es importante mencionar que, a pesar de las complejidades de la pandemia, no se redujeron los salarios ni se retuvieron los pagos a las personas colaboradoras en ese momento.
En ese sentido, mencionamos que la Coordinación General actual, establecida desde 2022, ha continuado esa estrategia y logrado el incremento del 20% de los salarios y su homologación entre áreas entre febrero y junio del 2023; la incorporación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, del cual personas jóvenes del equipe son parte; el mantenimiento de 2 días de “Home Office” a la semana para todo el equipe; además se ha implementado una política de no horas extras y apoyo económico de hasta $1,500 anuales para profesionalización de cada integrante del equipo, las cuales han sido ejecutadas. Asimismo se ha impulsado una compensación por condiciones extraordinarias de trabajo fuera de los horarios establecidos, con días de reposición elegidos por integrantes del propio equipe.
En coordinación con el área de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, se mantuvo la estrategia de cuidado colectivo, siempre en diálogo con las necesidades del equipe. Desde el 2022 se generaron alianzas con personas y organizaciones expertas quienes brindaron acompañamiento psicosocial, implementando talleres internos de capacitación en herramientas psicosociales para fortalecer la labor de personas colaboradoras; diagnósticos vinculados al desgaste psicoemocional y del ambiente laboral de la organización; semanas de talleres internos para compartir herramientas técnicas y saberes del propio equipe; y, procuración de despensa integral y botiquín médico de emergencia para el equipe en amplio en apoyo a su economía y cuidado.
Para lograr lo anterior y las actividades de acompañamiento, el Centro Vitoria se ha sostenido por donaciones, aportaciones voluntarias y, el apoyo principal de 3 agencias internacionales comprometidas con los derechos humanos en la región, con las cuales se ha tenido una relación cercana en los últimos 5 años. Por ende, se han tenido los cuidados requeridos hacia las finanzas mediante la rendición de cuentas a agencias bajo sus respectivos informes financieros, narrativos y auditorías requeridas, teniendo la últIma de ellas en febrero de este mismo año. Del mismo modo se han elaborado informes anuales internos y estados financieros, revisados por la Orden de Predicadores, la Coordinación y Dirección General del Centro. Aunado a ello, se han fortalecido las redes con organizaciones sociales y colectividades; retomado la interlocución con embajadas y organismos internacionales; y, construyendo proyectos conjuntos con diversos actores vinculados a nuestra labor de defensa.
Nos preocupan las violaciones presentadas al acuerdo institucional de confidencialidad y privacidad de los datos que se usan en el Centro, así como el mal uso de la información por personas ex-colaboradoras que tuvieron acceso a documentación sensible y a plataformas que usa el área involucrada en el seguimiento al archivo referido en la denuncia. Esto fundamentado con la identificación de accesos hasta el día 06 de julio del 2023 a las 14:19hrs desde un dispositivo, el cual identificamos el modelo y localización y que no corresponde a alguna de las personas integrantes del equipe actual, pero sí posiblemente de personas ex-colaboradoras. Es importante mencionar que la construcción del documento señalado se realizó la semana pasada como requerimiento de procesos legales iniciados contra el técnico por falta de cumplimiento.
Aunque ya se había documentado este incidente e iniciado la actualización de llavero institucional, consideramos que esto corresponde a la vulneración y violación a políticas de seguridad de la información. Se desconoce a qué otra información se haya tenido acceso, difundido y usado con fines e intereses personales ajenos a la organización. Por lo que hemos iniciado un análisis digital en términos de seguridad y con las posibles implicaciones legales que esto llevaría.
De acuerdo con el enfoque de educación popular y la perspectiva de juventudes, apuesta política de Fray Miguel Concha y el Centro Vitoria, apelamos a la comprensión de las realidades y retos de las juventudes mexicanas en el sector educativo y laboral. Históricamente, la organización ha cobijado, formado y vinculado a juventudes en articulaciones, espacios de toma de decisiones y defensa de derechos humanos, atendiendo con responsabilidad su labor y compromiso político.
La Coordinadora General es una joven egresada de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM y se encuentra en proceso de titulación e inicio de estudios de posgrado ante CLACSO. Nos entristece que la profesionalización de la defensa de derechos humanos se pretenda reducir a la formalización de un título universitario y se minimicen las capacidades, conocimientos, saberes y experiencias de las personas jóvenes en posiciones de toma de decisiones, sin reconocer las desigualdades socioeconómicas que atraviesan estos procesos académicos, lo cual abona a la meritocracia, clasismo y adultocentrismo en los espacios laborales.
Reconocemos que las violencias patriarcales nos atraviesan a todas las personas, tanto en ejercerlas como experimentarlas, incluso quienes hemos formado parte de procesos de reflexión en torno al género. Consideramos que no estamos por encima del sistema contra el que luchamos, sino que es una responsabilidad diaria transformar las dinámicas relacionales en donde habitamos desde las interseccionalidades que nos atraviesan. A finales del año pasado, en conjunto con otra organización se construyó un plan de formación sobre masculinidades y género para implementarse en este año.
Desde marzo de 2023, después de la muerte del fundador del Centro Fray Miguel Concha Malo, asumió la Dirección General del mismo, Fray Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco. Con ello, se inició un proceso de reestructuración interna e institucional, respaldado por un grupo de consultoras y consultores externos y especialistas en cuestiones organizacionales, con quienes se ha comenzado el acompañamiento grupal y personalizado para el fortalecimiento de mecanismos de operatividad eficaces; la redefinición de los límites y alcances por área; la construcción y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de las actividades de cada área; así como la elaboración de manuales de operación institucional y por área.
Es importante mencionar que los espacios de participación a título personal de Fray Miguel Concha durante sus periodos de enfermedad y su representación por la Coordinación General, siempre fue decisión de él y de las instituciones con quienes colaboraba. Cuando Fray Miguel Concha falleció, dichos espacios fueron asumidos a nivel institucional por Fray Gonzalo Ituarte, quien delegó ciertas representaciones con sus respectivas responsabilidades a la Coordinación General, en el reconocimiento de sus aportes así como la facultad de sus funciones y competencias.
Aunque desconocemos las historias y personas detrás de los hechos narrados en la denuncia pública y anónima hasta el día de ayer, teníamos conocimiento de que las personas que cerraron sus colaboraciones entre 2022 y 2023 en el Centro Vitoria lo hicieron por motivos de profesionalización y personales. Internamente, hemos apelado al diálogo, al reconocimiento de los aportes y del cuidado de cada integrante durante su estancia, buscando un bienestar colectivo.
Desde el Centro Vitoria, respetamos las posturas y los sentires enunciados, por lo que invitamos a las personas denunciantes a desarrollar un diálogo argumentativo, abierto y respetuoso orientado a la transformación positiva del conflicto y al fortalecimiento de la organización y su labor.
ATENTAMENTE
Fray Gonzalo Bernabé Ituarte Verduzco Director General, Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.» A.C.
Lizeth Mariana Bermúdez Morales Coordinadora General, Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.» A.C.
Al C. Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
A la Opinión Pública El 31 de mayo de este año recibimos el oficio D3/RGP/238/2022 firmado por el doctor en Derecho Rosendo Gómez Piedra, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como respuesta a la carta que enviamos el 19 de abril de 2022 para dara conocer las razones por las que nos oponemos a la construcción del Tren Maya. Al respecto hacemos algunas observaciones que nos parecen de la mayor importancia:
Si bien la carta fue dirigida en primer término al Lic. Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y quien responde es el director jurídico de Fonatur, está entre las atribuciones del ejecutivo solicitar que la respuesta la dé la entidad que oficialmente tiene a su cargo el megaproyecto llamado Tren Maya. Sin embargo, tenemos dos objeciones, una es de forma: la respuesta va dirigida sólo al responsable de la carta -por norma debe de haber uno- sin embargo, la carta la firmamos más de 300 personas a las que después de la entrega se han sumado más de mil personas. No es la carta de un individuo sino de toda una comunidad preocupada por la sostenibilidad del país.
La segunda observación es de fondo, pues en los hechos nos permite afirmar que la carta no ha sido respondida. De los 20 puntos que exponemos en nuestra comunicación, el director jurídico se refiere, sin responder, sólo parcialmente a uno -el número 20- que tiene como tema la consulta pública y los estudios previos indispensables para la realización de la obra, y que a la letra dice:
El proyecto se lleva adelante sin el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas, sin una consulta que cumpla con los requisitos establecidos por el Convenio 169 de la OIT, sin estudios de mecánica de suelos, sin manifestaciones de impacto ambiental en todo el territorio que abarca y con algunas muy deficientes para algunos de los tramos. Tampoco se ha realizado, por cierto, un estudio de factibilidad económica y los presupuestos se van acrecentando sin poder mostrar resultados.
En el oficio que se nos envía en calidad de respuesta, hay una serie de afirmaciones que confirman nuestra preocupación sobre el proyecto Tren Maya. Es la siguiente:
Actualmente se lleva a cabo el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas mayas, tzeltales, choles y otros de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo… (Gómez, D3/RGP/238/2022).
Esta afirmación evidencia que la consulta se está llevando a cabo en estos momentos, demostrando que la consulta no ocurrió antes de iniciada la obra, sino sobre la marcha, y sin un proyecto ejecutivo integral realmente definido, pues el trazo del Tren Maya ha sido modificado varias veces y sigue modificándose.
Por lo demás, hay numerosos indicios de que la consulta no se ha dado en los términos debidos. Varios de ellos están señalados en el informe que presentó la Relatoría Especial de la ONU el 19 de diciembre de 2019, en el que se solicita la “…atención urgente del Gobierno de su Excelencia a la información que hemos recibido sobre los posibles impactos del llamado Proyecto Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, en su derecho a no ser desalojados y en su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.
Copiamos aquí tan solo unos párrafos de ese informe que nos parecen muy relevantes:
Respecto al carácter previo de la consulta y el consentimiento, la ONU-DH celebra que los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio. Este aspecto, positivo en sí mismo, difiere de la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta.
En cuanto al carácter informado, la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso.
Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta.
En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades.
Preocupa de manera particular a la Oficina la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión. La ONU-DH considera que éstos deben ser reforzados y ser culturalmente adecuados para lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente representada. (ONU-DH: el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. (ONU-DH: el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. Consultado el 27 de junio 2022).
Sabemos que el gobierno de México respondió a este informe, pero en los mismos términos de la respuesta a nuestra carta, reiterando que cumplió con los estándares internacionales respecto de la consulta, sin aportar prueba alguna, por lo que sus afirmaciones quedan en entredicho.
En el comunicado del Director Jurídico de FONATUR se incluyen una serie de datos como los siguientes, que nuevamente son preocupantes:
Entre los participantes se destacan los más de 290 miembros de las Comisione de seguimiento, líderes y autoridades comunitarias electos durante las asambleas consultivas…. …se han celebrado, en total, 75 Asambleas regionales en los 5 estados que conforman el área de influencia del proyecto, con un universo de participación de 14,305 personas, entre líderes indígenas y autoridades comunitarias, funcionarios públicos representantes de las dependencias que forman parte del Comité Técnico Interinstitucional y de otras instituciones del orden estatal y municipal representantes de organizaciones de la sociedad civil y observadores nacionales e internacionales… (Gómez, D3/RGP/238/2022, pp. 7-8).
En el área de influencia del tren, de acuerdo con el Censo de Población 2020 de INEGI, hay 200 localidades con 141,899 personas mayores de 3 años que habla alguna lengua indígena. En el documento del Director Jurídico de FONATUR se afirma que en las asambleas consultivas participó un total de 10,305 personas, lo que significa que estas consultas no alcanzaron ni al 10% de las poblaciones afectadas. Con el agravante de que, en el caso de que se tratara de representantes o voceros comunitarios, por lo menos una parte de ellos fue elegida en dichas asambleas, como se puede leer en el oficio del Director Jurídico, y no en sus comunidades de origen, lo que resulta ajeno a los usos y costumbres tradicionales de los pueblos originarios.
En los amparos que se han presentado en relación con la obra del Tren Maya, en testimonios expresados en diversos foros y en reportajes de prensa, hay numerosos testimonios de los habitantes de esos estados, que evidencian que no fueron consultados 4 o que si se les consultó fue sin ofrecer información suficiente, o incluso rodeados por efectivos del ejército, como ocurrió en el caso del Ejido Don Samuel.
Tampoco han sido delimitados adecuadamente los sistemas regionales ambientales, lo que ni siquiera permite evaluar -y evitar en su caso- el daño ecológico y la fragmentación de las dinámicas de vida de esos territorios. De manera que el único punto que sí fue considerado en la respuesta del Director Jurídico de FONATUR no ha sido contestado satisfactoriamente, por lo que nuestra objeción sobre el tema sigue vigente.
Quedan por responder además los otros 19 puntos, todos ellos en referencia a los delicados temas de medio ambiente. Los retranscribimos aquí, en espera de que haya ahora sí una respuesta formal a nuestra carta, que damos por no respondida.
Este territorio, habitado por el pueblo maya desde tiempos ancestrales, ha generado modos de vida, costumbres, visiones del mundo y modos de producción y de subsistencia que respetan las condiciones ecológicas y aprovechan los potenciales de sus territorios; éstos no coinciden con los ideales de progreso, rentabilidad y urbanización que impulsa el proyecto Tren Maya. Contrariamente, estos modos de vida se ven violentados y la amenaza que conllevan, apunta a la extinción de una gran civilización que ha logrado, a pesar de los embates de la modernidad y el desarrollo, mantener sus propias lógicas de vida y sentidos del mundo. La convivencia de esas culturas con otros seres vivos, es la que ha protegido hasta ahora la Selva Maya sustentada en su diversidad biocultural y en los equilibrios ecosistémicos de sus territorios de vida, incluyendo la versión contemporánea de la cultura maya, en resistencia frente al avasallamiento del proceso de colonización/modernización, impulsado por la acumulación destructiva y la desposesión que ejerce la lógica del Capital.
Los indicios conocidos, muestran que ese territorio fue extensamente ocupado por el pueblo maya y que gran parte de los datos sobre la historia y trayectoria de esa civilización se encuentran plasmados en las edificaciones, vestigios y sitios arqueológicos, que en parte serán destruidos por las obras, y en parte vulnerados o transfigurados por su conversión en mercancías de atracción turística. En cualquiera de los dos casos se destruye su valor histórico, la posibilidad deencontrar en ellos las claves culturales de larga duración de la civilización maya y los sentidos presentes que tienen para los mayas contemporáneos. El desconocimiento de las prácticas socioculturales locales, propicia que la 5 mercantilización del patrimonio sea vista como una oportunidad. La frase“el etnocidio puede tener un giro positivo: el etnodesarrollo”, tomada deldocumento oficial de la MIA del tramo 1, implica que se considera que acabar conlas prácticas culturales de una región, puede resultar ventajoso para la poblaciónindígena, al “modernizarse” trabajando en resorts con nombres mayas, pero enrealidad ya está causando desplazamientos poblacionales, especulación con lastierras y desestructuración comunitaria.
La península de Yucatán es una plataforma cuyo relieve se origina por la meteorización química de rocas calizas sedimentarias, conocidas como karst, que dan al suelo una condición quebradiza y frágil, no adecuada para soportar el peso de trenes rápidos y pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos.
El suelo kárstico, poroso y permeable, ha determinado la creación de un complejo sistema hidrológico subterráneo que alberga uno de los acuíferos más importantes de México: algunas estimaciones indican que contiene 33% del agua nacional; hoy ya está siendo afectado por las obras del Tren Maya.
El uso excesivo y la contaminación del agua subterránea, así como el aumento de basura inorgánica sin procesamiento alguno, ya amenazan desde ahora el abasto de agua y acercan el peligro de la salinización del acuífero con el inminente riesgo de producir sequías y una desertificación generalizada. Este proceso se multiplicará con la urbanización y actividades productivas que propiciará el Tren Maya.
Debajo del suelo peninsular se despliega el sistema de cuevas y ríos subterráneos más largo del mundo, donde florecen ecosistemas únicos y se conservan restos humanos con una antigüedad de 13,500 años en los casos ya estudiados. Chicxulub, el Anillo de Cenotes formado por el impacto del meteorito hace 70 millones de años, alberga fauna endémica e información geológica única en el mundo. Todo ese sistema podría ser afectado por la construcción del Tren Maya.
La riqueza biocultural de la región es de relevancia planetaria. Quintana Roo cuenta con los arrecifes bacterianos en sistemas de agua dulce más grandes del mundo y en sus costas está el segundo arrecife coralino más largo a nivel mundial. Muchas de estas cuevas albergan grandes poblaciones de murciélagos que son controladores de plagas, dispersores de semillas y polinizadores insustituibles. Sus ecosistemas albergan otras especies valiosas y amenazadas como el jaguar, el pecarí de labios blancos y un sinnúmero de especies de peces dulceacuícolas, aves e insectos. Los polos de desarrollo planeados a partir del Tren Maya los ponen en riesgo.
Los ecosistemas de la península de Yucatán han sido reconocidos entre los más biodiversos, y que proveen de múltiples servicios ecosistémicos a la región y al 6 planeta. En la franja costera de la península se asientan 54% de los manglares delpaís, los cuales almacenan 60% del carbono azul, relevante para mitigar el daño delos gases de efecto invernadero sobre el calentamiento global del planeta.
La salud de los manglares, de los humedales, de los arrecifes coralinos y bacterianos conocidos como estromatolitos, de las costas, dunas, pastos marinos y selvas depende del agua subterránea y de la red de ecosistemas que se desarrolla en ella. A su vez, estos ecosistemas reducen la vulnerabilidad de la población frente al cambio climático. El daño que les han infringido las actividades económicas como el turismo, las granjas pecuarias y las agroindustrias debería conducir con urgencia a impulsar proyectos de restauración ecológica. Por el contrario, el proyecto del Tren Maya es impulsor de actividades productivas que agravan el deterioro socio-ecológico de la península de Yucatán.
En las últimas décadas, la cobertura coralina ha disminuido dramáticamente hasta llegar a menos de 10% de su extensión potencial, las enfermedades de los corales se han incrementado y también la cobertura de macroalgas, como resultado del turismo masivo y del aumento de actividades pecuarias y de agroindustria, principalmente. Al aumentar el turismo a partir del Tren Maya, estas condiciones se agravarán.
En Laguna Bacalar, en el sur de Quintana Roo, la falta de tratamiento de agua residual, el aumento desmedido del turismo no sostenible, la deforestación y el uso de fertilizantes químicos para favorecer actividades agrícolas intensivas han provocado cambios ambientales que afectan la salud de los arrecifes bacterianos y que han disminuido la variedad de colores de la laguna.
En el Estado de Yucatán más de 80% de la vegetación natural ha sido perturbada. A mucha de esta vegetación se le denomina “acahual”, que no es otra cosa que un proceso natural de sucesión secundaria, que regida bajo las prácticas tradicionales de los pueblos asentados en los ecosistemas tropicales, ha conducido hacia la producción de la biodiversidad, y constituye el patrimonio biocultural de las comunidades. Por lo tanto, estos espacios pueden ser restaurados y su estado no debe ser argumento para afectarlos a través de modos de apropiación que rompen el ya frágil equilibrio y sustentabilidad ecológica de sus territorios.
El tren Maya generará una migración masiva que impactará a los bosques tropicales, que al igual que otros ecosistemas, se ven presionados por el crecimiento poblacional, la ganadería, la agricultura extensiva, el agronegocio y los desarrollos turísticos de gran escala.
La infraestructura del Tren Maya fragmenta el paisaje, impidiendo la movilidad natural e indispensable de las especies y propicia daños irreversibles en los servicios ecosistémicos, que tarde o temprano afectarán la calidad de vida de los centros urbanos y las poblaciones locales.
El turismo masivo que impulsa el Tren Maya con la consiguiente urbanización acelerada y no planificada, afectará los modos de vida, deteriorará las condiciones sanitarias, propiciará la generación excesiva de basura y aumentará tanto el consumo como la contaminación del agua.
La afluencia turística que se calcula, sin ninguna previsión certera, haría pasar por la selva a 3 millones de turistas en lugar de los 40 mil actuales (en el tramo de Calakmul), provocando los efectos de barrera, ruido, vibración y peso, además de una invasión difícil de gestionar por las comunidades y pueblos aledaños.
El tren es en realidad un proyecto inmobiliario y de urbanización con bandera de turismo responsable, que busca ser motor de la economía peninsular. Sin embargo, ese modelo de desarrollo ya probado en la península de Yucatán, ha llevado al empobrecimiento ambiental y a una creciente inequidad social en la región, exponiendo a los más vulnerables a pagar los enormes costos del deterioro ambiental sin recibir a cambio algo más allá que empleos precarios. A pesar de eso, este modelo pretende ser replicado, involucrando más ciudades y más estados, con las mismas omisiones y errores. El proyecto Tren Maya, considera la creación de empleos en el corto plazo en el ramo de la construcción, pero no considera el fenómeno migratorio en los polos urbanos.
Con Cancún como caso testigo, cabe presumir que a la masificación de las actividades y locaciones turísticas corresponderá un incremento del tráfico y consumo de drogas, que no se restringe a los turistas sino a parte de la población joven de la región también. Consecuentemente cabe prever un aumento de la violencia y la potencial trata de personas para prostitución. Todo ello definitivamente alterará de manera irreversible y muy dañina a la sociedad regional.
Una gran preocupación es la falta de planeación, discusión y evaluación que por ley debió tener esta mega obra. Esto determina cambio de rutas multiplicando el daño ecosocial y destruyendo comunidades y ecosistemas de manera inútil y más allá de lo que la obra requeriría.
En el curso de estos meses a estas observaciones se han sumado otras, de las que mencionamos sólo dos:
a) Las atribuciones que se han ido otorgando a la SEDENA para el desarrollo y la construcción de la obra, lo que es motivo de gran preocupación, pues reduce los 8 espacios civiles de gestión social y ecológica en torno al megaproyecto e incrementa paulatinamente la militarización de la zona.
b) La evidencia de que las Manifestaciones de Impacto Ambiental han sido vistas como un simple trámite burocrático y no como un instrumento de protección al socio-ecosistema.
Consideramos que la carta que enviamos el 19 de abril 2022 no se ha respondido ni total ni parcialmente, por lo que nuestras observaciones mantienen su vigencia y seguimos esperando una respuesta.
Reiteramos nuestra oposición a un proyecto que por sus dimensiones y por el descuido con el que fue planeado, tendrá un grave impacto sociocultural, pues pone en riesgo la pervivencia de las culturas y los pueblos milenarios que habitan la región, al tiempo que está provocando un daño ecológico de alcance mundial al afectar directamente el corredor selvático mesoamericano y su conexión con la cuenca amazónica, que contienen ecosistemas únicos y entrelazados de enorme relevancia en las dinámicas tanto climáticas como de biodiversidad de todo el planeta.
Nuestros hermanos jesuitas asesinados dedicaron sus vidas al servicio de las comunidades indígenas de la Tarahumara, región que históricamente, sexenio tras sexenio, ha sido mantenida en abandono por parte del Estado mexicano.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Con profundo pesar nos sumamos a la condena por la ejecución de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales S.J., de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar S.J., de 80, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma y la desaparición de dos personas, perpetrados el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Un suceso trágico que posiciona y devela de nueva cuenta muchas situaciones y significados, que son leídos por la conciencia cristiana como un hecho interpelante y profético, y por el compromiso ciudadano como una oportunidad para revisar integral y corresponsablemente la política de seguridad pública en el país.
Subrayamos que nuestros hermanos dedicaron coherentemente sus vidas al servicio de las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, región que históricamente, sexenio tras sexenio, ha sido mantenida casi en abandono absoluto por parte del Estado mexicano. Conocida por sus imponentes montañas, y habitada por las infatigables comunidades indígenas tarahumaras, quienes se autoadscriben como rarámuris, han sufrido el despojo de sus tierras y territorios, así como hambrunas y sequías. Viven sin caminos y sin infraestructura básica, como el acceso al agua, a la energía eléctrica, a servicios de salud, a la educación y a la seguridad.
Han sobrevivido a condiciones de olvido y de violencia, y a una desigualdad estructural extrema, que no ha sido atendida por la falta de voluntad de los gobiernos en turno. Ha sido la Compañía de Jesús –una de las organizaciones católicas eclesiásticas, con una tradición cercana a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas–, la que de manera ejemplar ha entretejido lazos de hermandad y solidaridad en la sierra Tarahumara desde que enviaron sus primeras misiones en el siglo XVI. Como parte de su labor misionera, asumieron desde entonces acciones educativas y de promoción de la salud, así como la creación de proyectos económicos solidarios y el asentamiento de un seminario, todo ello desde el compromiso por la justicia, la reconciliación y la paz. Pero no sólo ha sido el acompañamiento a las comunidades rarámuris que defienden sus territorios ante una realidad que las lacera, sino también a partir del compromiso con su vida comunitaria, su lengua, su cosmovisión y sus costumbres, mediante las cuales han procurado acercar un poco de igualdad y justicia social a la comunidad rarámuri, ganándose así el amor y cariño de sus habitantes.
El contexto histórico de desigualdad estructural, ¿no es suficiente desgracia? Respondemos que no. Aún debemos agregar el componente del crimen organizado que, aprovechándose de la ausencia del Estado y del aislamiento de la región rarámuri, acapara el territorio para cultivar mariguana y amapola, y perpetran secuestros y extorsiones, formas modernas de esclavitud, así como la explotación de los bienes comunes, por citar sólo algunas acciones delictivas.
Esta situación se agudizó de manera considerable durante la primera década de este siglo, con la expulsión y asesinato de toda persona que enfrentara al crimen organizado. Al menos seis personas ambientalistas rarámuris fueron asesinadas en la sierra Tarahumara en años recientes, sin dejar de mencionar el asesinato de la periodista Miroslava Breach, en represalia por su trabajo enfocado en denunciar los vínculos entre narcotraficantes y la clase política de Chihuahua. Los gobiernos federal, estatal y municipal, ¿ya están atendiendo la situación? Parece que no.
Un elemento más por agregar es la impunidad sistémica, aquella que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todas y todos ha denominado el signo de los tiempos, que personas, colectivos, organizaciones y pueblos hemos denunciado desde hace décadas, y no ha cambiado bajo el gobierno actual. Por el contrario, los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional.
Bajo estas particulares circunstancias es como reconocemos la existencia de un significado pluridimensional de este acontecimiento trágico y profético del asesinato de nuestros hermanos, pues en México denunciar el despojo de la vida y el territorio, es decir, las violaciones a los derechos humanos, es una actividad en constante riesgo, que también pone en peligro la vida y la dignidad de las personas y colectividades en lucha.
Por ello, así como la Red TDT, la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones acompañantes, hacemos un llamado al gobierno federal y local, a fin de implementar una política de seguridad que tome en serio y sin titubeos los derechos de todas y todos, desde una mirada de justicia social y restaurativa, con la finalidad urgente de reconstruir el tejido social y cultural.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es un mosaico de diversidades de productoras y productores, ambientalistas, académicas e investigadores, colectivos de artistas, de mujeres, de defensoras de derechos humanos y consumidoras y consumidores.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es un mosaico de diversidades. Más de 300 organizaciones campesinas, junto con productoras y productores de pequeña y mediana escala, ambientalistas, académicas e investigadores, colectivos de artistas, de mujeres, de defensoras de derechos humanos y consumidoras y consumidores, acudimos el 25 de junio de 2007 al llamado para exigir acciones urgentes en la búsqueda de reactivar el campo mexicano, en un contexto de completa hostilidad hacia las comunidades campesinas y la producción de alimentos en el país.
En ese entonces, el embate por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy T-MEC, agudizó la ausencia de políticas públicas de apoyo al campo y apuntaló la producción de alimentos ultraprocesados, concentrada en muy pocas empresas, que hasta ahora son quienes toman la decisión de qué es lo que comemos en el país.
Antecedida por movimientos campesinos como El campo no aguanta más, que han marcado las pautas en la defensa de la soberanía alimentaria, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha jugado un papel relevante en los pasados 15 años, no sólo en la respuesta a problemáticas coyunturales, sino en el posicionamiento de temas, como los daños ocasionados por los tratados de libre comercio, la defensa de la tierra y el territorio y el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, entre otros, colocando puntos clave en la discusión pública.
Uno de los trabajos realizados de forma permanente es visibilizar las afectaciones negativas de la agroindustria y la imposición de sus paquetes tecnológicos para producir alimentos con semillas transgénicas y uso de agrotóxicos, así como los peligros que implica esta forma de producción industrial para la salud de personas productoras y consumidoras, las semillas nativas, los pueblos originarios, comunidades campesinas y la naturaleza. Hoy, a partir de un entretejido plural, la lucha es también para denunciar los intereses de las empresas trasnacionales, como Bayer-Monsanto, que a partir de estrategias de desinformación buscan instalar en el imaginario social la falsa necesidad de utilizar semillas transgénicas para lograr el abasto de productos básicos como el maíz.
La preocupación que las trasnacionales han expresado con respecto a combatir el hambre y alcanzar una seguridad alimentaria con las semillas transgénicas no es auténtica. Detrás existen intereses económicos, que las han movilizado para intentar anular acciones gubernamentales, como el decreto de sustitución progresiva del uso de glifosato, herbicida cancerígeno necesario para la siembra de transgénicos. Es falso que los maíces transgénicos tienen mayor rendimiento que los nativos. Por el contrario, es necesario fomentar la producción de maíces nativos en el país, reconocer su valor cultural y nutricional, así como las bondades que conlleva para campesinas y campesinos y sus vidas comunitarias.
Con el modelo agroindustrial, la biodiversidad se encuentra en constante peligro. El uso de agrotóxicos daña diversas especies animales y vegetales, contamina mantos acuíferos cercanos a las zonas de siembra de transgénicos, erosiona de manera irreversible los suelos y pone en situación de vulnerabilidad a las familias campesinas. Tales intereses de la agroindustria también están representados en los espacios de toma de decisiones. Una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, precedida por proyectos similares que buscan despojar de los saberes tradicionales a comunidades campesinas, sus semillas nativas y, por si no fuera suficiente, criminalizar a campesinas y campesinos que promuevan el libre intercambio de semillas, es ejemplo de cómo operan dentro de los gobiernos y cómo influyen en el diseño e implementación de legislaciones y políticas públicas.
El llamado es para evitar que este tipo de reformas sean aprobadas. Las consignas que con el paso de los años se han modificado conservan la esencia que hace 15 años motivó una convergencia de movimientos campesinos y sociales, y se mantiene alerta hasta ahora. La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País impulsa una lucha conjunta por la dignificación del trabajo en el campo, por la exigencia del respeto a los derechos campesinos y por la conservación y protección del ambiente.
Aprovecho para hacer mención que hoy sábado 25 se llevan a cabo las llamadas Marchas del Orgullo, convocadas por la comunidad LGBTTTIQ+ de todo el país, que convergen para alzar la voz por la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos humanos. Oportunidad para resaltar que así como la diversidad de los maíces nativos es clave para alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, las diversidades sexuales, culturales y de identidad son también claves en la defensa de los derechos humanos.
El encarcelamiento de Kenia Hernández muestra con evidencias el uso arbitrario y discrecional del sistema de justicia penal que favorece al poder privado para buscar «disciplinar» no sólo a ella, sino a quienes levantan la voz en defensa de los DH.
En el caso de México, se hizo mención de la presunta criminalización de Kenia Inés Hernández Montalván. ¿Quién es Kenia Hernández? ¿Por qué consideramos que es una defensora de derechos humanos? y ¿por qué se considera que existe una criminalización en su contra por parte del Estado Mexicano? En cuanto a la primer interrogante, de manera muy concreta se puede mencionar que es una mujer indígena n’ooomdaa’, de la comunidad de Xochistlahuaca, Guerrero, México, hablante de la lengua Amuzga y abogada feminista. Ha dedicado parte de su vida a la defensa jurídica y política de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia, por la tierra y territorio de pueblos campesinos, originarios e indígenas, así como a la defensa de personas presas por motivos políticos.
Respecto a la segunda interrogante, se debe tener en cuenta que la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, en su artículo 1º especifica que toda persona tiene derecho individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos. La defensa y lucha de Kenia Hernández se encuadran en la injusticia social histórica en contra de los pueblos y comunidades indígenas, en específico de las mujeres, tanto en el estado de Guerrero, como en diversas partes del país. En ese sentido, es la omisión del Estado Mexicano en atender los contextos estructurales de desigualdad lo que hace patente la necesidad de ejercer los derechos a la libertad de expresión, manifestación y la protesta social, a efecto de hacer exigibles y justiciables las obligaciones más esenciales en materia de derechos humanos.
Es en este contexto, tal y como lo documentó la CIDH, es que Kenia Hernández fue injustamente privada de libertad inicialmente el 6 de junio de 2020, en el penal federal de máxima seguridad “El Altiplano” (prisión donde han estado algunos de los delincuentes más famosos de México, como el “Chapo Guzmán”), puesta en libertad a través de una medida cautelar, para posteriormente volver a ser privada de libertad el 18 de octubre de 2020 en el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán, Morelos, alejada de sus redes de apoyo social y familiar, enfrentando por lo menos cinco procesos penales vigentes a nivel federal y local, en el Estado de México, Guerrero, Morelos y Guanajuato, actualmente sentenciada en dos procesos a 21 años 9 meses de prisión por el supuesto “delito de robo”, precisamente en medio de acciones de defensa a través del ejercicio de los derechos a la protesta, manifestación y libertad de expresión, en vías “generales de comunicación”, es decir, por su “delito” más grave: la defensa de los derechos humanos.
Esto nos recuerda lo escrito por Michel Foucault, en su célebre libro “Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión”, que describe al castigo como una forma de ejercicio y aislamiento, soportando en la institución de la prisión un mecanismo de microfísica del poder: la disciplina, entendida ésta como los “métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, que deviene en una fórmula general de dominación a través de la inquisición judicial, que no solo excluiría, reprimiría y ocultaría, sino que también produciría una realidad y rituales de verdad: a través de la “experimentación” con el individuo y, al mismo tiempo, la “producción” de un determinado tipo de individuo o individuos.
Es entonces que a través del uso arbitrario y discrecional del sistema de justicia penal (poder público) se favorece a un grupo específico de concesionarios de las vías generales de comunicación (poder privado) y el Estado Mexicano pretende lanzar un mensaje de castigo a fin de “disciplinar” no solo a Kenia Hernández, sino -como lo señala la CIDH- también intimidar, amedrentar y paralizar a todas aquellas personas o grupos de personas que se atreven a levantar la voz en defensa de los derechos fundamentales, lo que se agrava tratándose de grupos que históricamente se encuentran en una situación de injusticia social y desigualdad estructural, como lo son las mujeres y las comunidades indígenas tanto en el estado de Guerrero, como en diversas partes del país.
Por ello, saludamos el comunicado de la CIDH y seguiremos denunciando estás “tácticas” que lejos de intimidar las luchas sociales las alimenta, las aumenta y las propicia, haciendo un llamado a estar atentos a las comunicaciones de organizaciones sociales sobre la misión de observación que desde la sociedad civil se realizó al penal de máxima seguridad en Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos del poder con los cuales se pretende “disciplinar” la lucha social a partir de nuestra compañera Kenia Hernández, y por lo cual se hace indispensable la exigencia de su inmediata libertad.
El Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria y la 20ma Generación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos les extendemos la cordial invitación para acompañarnos al 1er Encuentro | A 20 años de andar desde la educación popular: Luchas y derechos de las mujeres.
Abordaremos desde diversas perspectivas la lucha y derechos de las mujeres que se encaminan en contra de las diversas opresiones producidas principalmente por el capitalismo colonial y patriarcal, sin dejar de visibilizar y dialogar sobre la diversidad de corporalidades que conforman los movimientos sociales desde el género.
Agradecemos a la Alta Comisionada su actualización oral sobre las respuestas de los Estados frente a las pandemias. Los Estados son responsables de atender los impactos en la pandemia que han sido diferenciados en la población.
Las juventudes no fueron consideradas como población de riesgo o prioritaria, sin embargo han enfrentado barreras para ejercer sus derechos humanos. El acceso a la educación ha sido una de las principales problemáticas. El 65% de los jóvenes considera que este derecho se ha visto afectado desde el comienzo de la pandemia.
Si bien se dieron clases en línea no hubo opciones viables para las personas que no contaban con aparatos electrónicos o internet, y como resultado aumentó la suspensión y el abandono de estudios.
De acuerdo con la OACNUDH antes de la COVID-19 aproximadamente uno de cada cinco jóvenes del mundo carecía de empleo. Esto refleja una ausencia estatal que priorice y promueva los derechos laborales de las juventudes. Durante la pandemia, se exacerbó la precarización laboral, por ejemplo con la disminución de salarios, lo que tiene impacto en el acceso a otros derechos.
Exhortamos a que los gobiernos implementen acciones integrales y tomen en cuenta las voces de las juventudes para contrarrestar las consecuencias por la COVID-19.
Sobre el Halconazo, podemos afirmar con desilusión que la justicia no ha llegado todavía, pues a poco más de medio siglo de estos lamentables hechos este evento no ha sido esclarecido ni sancionado.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Han transcurrido 51 años desde el ataque conocido como el halconazo, evento significativo para nuestro país, que no se olvida, como tampoco se olvida el movimiento social y estudiantil, crítico y solidario, que surge en ese marco. La masacre sucede apenas tres años después de los hechos de Tlatelolco (1968) contra las y los estudiantes que comenzaban a movilizarse de nuevo por causas de gran importancia en esa época, como la libertad política, la democratización del acceso a la educación, la autonomía universitaria, y un alto a la represión gubernamental, tan marcada en aquellas décadas. Quienes se movilizaron aquel 10 de junio de 1971 en las inmediaciones de la estación del Metro Normal fueron atacados de manera directa con disparos y varas de bambú, en una acción coordinada entre fuerzas policiales y los halcones, un grupo paramilitar integrado por elementos seleccionados por jefes del Estado Mayor Presidencial y personal del entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Gobierno de la Ciudad de México. Se trató, sin duda alguna, de un crimen de Estado, que replicaba métodos represivos que con anterioridad se habían utilizado en contra de quienes consideraba como sus opositores políticos, y contra quienes buscaba disolver a toda costa su protesta y hacer pasar la agresión como una confrontación entre los propios estudiantes, mediante la infiltración y la contrainsurgencia.
A pesar de ello, podemos afirmar con desilusión que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos de las juventudes, pues, a poco más de medio siglo de estos lamentables hechos, este evento no ha sido esclarecido ni sancionado, manteniéndose con ello una constante, según la cual no se investigan los crímenes ni la violencia institucional. Apenas en 2004, la hoy desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) investigó e intentó llevar a juicio a algunos de los involucrados en la masacre, pero las órdenes de aprehensión fueron negadas en múltiples ocasiones por diferentes juzgados y tribunales. Para 2005, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que revisó la resolución, volviéndose a obstaculizar la justicia para las víctimas y el castigo a los responsables. Se negó también a crear una comisión especial para investigar lo sucedido y acercar así a la sociedad a la verdad de los hechos. Al ser obstruidas las investigaciones, y mantenida la impunidad como norma, las violaciones a los derechos humanos siguen sucediendo de manera repetitiva, y se van configurando más allá de un hecho aislado o coyuntural, pues vemos la instalación de un actuar sistemático, que tiene el objetivo de mantener las estructuras de poder y dominación que, en casos como éste, se convierten en claros referentes de la también histórica criminalización de las juventudes.
En esa lógica, los delitos de lesa humanidad, la militarización, la criminalización e incluso el terrorismode Estado llegan a convertirse en acciones reiteradas de las institu-ciones para controlar a grupos específicos de la población civil. La impunidad de las masacres cometi-das por los halcones y el Batallón Olimpia tienen en esto relación con ataques paramilitares, como el ocurrido en Acteal (1997), o la desaparición forzada de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala (2014), aunque también con ataques como el acontecido el 1º de diciembre de 2012 en San Lázaro, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y, más recientemente, el 5 de junio de 2020 en Guadalajara, represión que ha recibido el nombre del halconazotapatío, y por el que tampoco hay justicia hasta el momento. Como vemos, ante tal estado de impunidad, los agravios y agresiones se siguieron repitiendo a lo largo de los años, convirtiéndose la represión y la violencia en características esenciales de la respuesta de las autoridades frente a los movimientos sociales, aunque detrás de cada masacre, de cada asesinato y desaparición forzada, hay responsables directos, que en la mayor parte de los casos no han sido investigados ni sancionados. Hasta ahora, se observa lejana cualquier acción contundente para acabar con ese gran pacto de impunidad y complicidades que mantiene a salvo a los perpetradores, sobre todo a aquellos que aún forman parte de los aparatos de procuración e impartición de justicia, de las legislaturas y de los grupos políticos en México. Es necesario que desde sus diversas competencias, los poderes constituidos asuman verdaderamente sus responsabilidades e inicien o continúen con toda investigación o juicio a todos los funcionarios del Estado que hayan cometido crímenes en contra de la población. De no hacerlo, será aún más difícil alcanzar la verdad y la paz. Avanzar en la justicia es la única manera de conmemorar de manera digna la lucha y la memoria de quienes lucharon por un país más libre, justo y democrático.
Recientemente se realizó una misión de observación desde la sociedad en el penal de máxima seguridad de Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos de poder con los cuales se pretende disciplinar la lucha social de la defensora Kenia Hernández.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
Como se sabe, el pasado 11 de mayo de 2022, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó una visita inusitada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, luego de que, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, cerca de 500 mujeres privadas de libertad le entregaran una carta denunciando condiciones de maltrato y precariedad. Ocho días después de su visita, el ministro manifestó una serie de cinco medidas tendientes a generar un cambio de paradigma en relación con la prisión preventiva oficiosa y justificada, con el fin de, parafraseando al destacado jurista Ronald Dworkin, tomar los derechos en serio.
Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la que, en su artículo 18, establece que el sistema penitenciario deberá basarse en el respeto a los derechos humanos, aunque lamentablemente la realidad es otra, pues la situación que enfrentan las mujeres privadas de libertad en el país es sumamente grave, así como permanente su invisibilidad y el abandono por parte del sistema judicial.
Entre las medidas destaca el derecho a tener una defensa adecuada y la apertura de incidentes, es decir, que derivada de un criterio emitido recientemente por la primera sala de la SCJN, que establece que a partir de los dos años de cumplirse la medida de prisión preventiva, ésta necesariamente tiene que ser revisada, correspondiendo al Ministerio Público en cuestión acreditar las razones que justifiquen que dicha prisión preventiva puede seguir operando. En este sentido, se deben tener en cuenta las diferencias sustanciales entre lo que implica la prisión preventiva oficiosa y la justificada. En cuanto a la prisión preventiva oficiosa, el rasgo preponderante tiene que ver con el tipo de delito que es cometido, como está establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por lo que respecta a la prisión preventiva justificada, se aplica con el fin de evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia, procurando la protección de las víctimas, ante la manifestación de una conducta que haga presumible su riesgo social. Es decir, que a pesar de que se considere una excepción, si se quiere aplicar a determinada persona o grupo de personas, la prisión preventiva justificada termina convirtiéndose en una regla, pues para el Estado, de manera discrecional, cualquier conducta podría constituir un riesgo social que dé pie a la imposición de la prisión preventiva, traduciéndose esto en compurgar una pena sin sentencia, vulnerando con ello los derechos de las personas. En este caso de las mujeres actualmente privadas de la libertad, que no contaron con la garantía de un debido proceso, una defensa adecuada, y mucho menos que su caso fuera analizado con una perspectiva de género.
A este respecto, diversos instrumentos internacionales anteponen los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Por ejemplo, la regla siete de las llamadas Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas enuncia que ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento penitenciario sin una orden válida de reclusión. O el principio tres de los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas (https://bit.ly/38Fh4IX), que enuncia que “la privación preventiva de la libertad, como medida cautelar y no punitiva, deberá obedecer a los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad (…), que sólo podrá proceder de acuerdo con los límites estrictamente necesarios, para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia”. Por tanto, se debe abdicar de aplicar el poder punitivo del Estado bajo la lógica del derecho penal del enemigo, y transitar hacia la aplicación efectiva del derecho penal como la ley del más débil, a fin de romper el velo de la normalidad y naturalidad que oculta la opresión y discriminación histórica de relaciones asimétricas de poder, estipulando un nunca más el poder privado y político por encima de los derechos fundamentales y, en específico, de las mujeres privadas de la libertad.
Hacemos, por último, un llamado a seguir de cerca la próxima publicación del comunicado sobre la misión de observación que desde la sociedad civil se realizó al penal de máxima seguridad en Morelos, a efecto de visibilizar los mecanismos de poder con los cuales se pretende disciplinar la lucha social a partir de la acción de Kenia Hernández, mujer indígena n’ooomdaa’, de Xochistlahuaca, Guerrero, hablante de la lengua amuzga y abogada feminista injustamente presa, quien ha dedicado parte de su vida a la defensa jurídica y política de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia, en su lucha por la tierra y el territorio de pueblos campesinos, originarios e indígenas, y por la defensa de personas presas por motivos políticos.
