Tiempos de desafíos, respuestas desde el corazón (II)
A todas las personas que han venido acompañando al CDH Vitoria en estos 35 años. A las víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos y a las organizaciones de la Red TDT. A todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que defienden y promueven los derechos humanos. P R E S E N T E S Somos una organización defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres de forma intergeneracional. Reconocemos el reto que enfrentamos en estos momentos y desde años anteriores en la vida de nuestras organizaciones. Por ello refrendamos nuestro compromiso, como lo hemos asumido entre las redes de organizaciones en las que participamos, de no aceptar y mostrar cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus expresiones. Ante las denuncias suscitadas con anterioridad en contra de uno de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. y de la propia organización, damos a conocer algunos aspectos esenciales para abonar, compartir reflexiones, y colaborar en la construcción de espacios seguros y libres de violencia en nuestra organización y en la sociedad. Para ello es preciso aclarar, en primer lugar, que la denuncia presentada que se nos ha hecho no se relaciona con hechos de violencia sexual, hostigamiento sexual o acoso sexual, sino que más bien estamos frente a un conflicto laboral que se interpreta con perspectiva de género. Compartimos asimismo que todas las personas integrantes de la organización hemos reflexionado seria y colectivamente sobre la importancia de atender las áreas de oportunidad que se presentan en el Centro, con miras a desarrollar mejor una política institucional de protección integral que garantice, respete y promueva los derechos humanos laborales de todas las personas colaboradoras del CDH Vitoria. En este sentido, deseamos transparentar que sobre el caso de las recientes salidas de dos compañeras del área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación, es importante precisar que son casos diferentes. Uno de ellos se refiere a un despido por causas que en su momento se explicitaron a la compañera, y que, en congruencia con la labor que realiza el Centro, se firmó el convenio de terminación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y se le otorgó el finiquito respectivo, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo. El segundo caso se trató de una renuncia, a la que la Dirección General externó su petición de que la compañera continuara su colaboración en la organización. Sin embargo, mantuvo la renuncia y el procedimiento también fue atendido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, otorgándole una gratificación superior a la estipulada en la ley en casos de renuncia. También compartimos que agradecemos la colaboración que todas las compañeras tuvieron a lo largo de sus respectivos tiempos y años dentro del CDH Vitoria, y damos lugar a sus críticas constructivas enmarcadas en este conflicto y en los retos que ha venido enfrentando este Centro en los últimos 35 años. Considerando que su intención es abonar al fortalecimiento de este Centro de Derechos Humanos, y muy seguramente de otros espacios de defensa y promoción de los mismos. De acuerdo a esto, creemos igualmente pertinente compartir que desde que se suscitaron estos hechos por parte de las compañeras, exploramos procesos de transformación positiva del conflicto con ellas, entre los cuales se acordó un proceso de mediación, acompañado por una organización externa y experta en este tipo de situaciones, que fue aceptado por las dos partes (tanto el CDH Vitoria, como las compañeras que aprobaron esta gestión), todo ello realizado en sesiones de deliberación y establecimiento de acuerdos, entre los cuales se destaca el que no se comunicaría información relacionada con el proceso de mediación. Premisa y acuerdo del que hasta hoy el CDH Vitoria ha sido respetuoso. Dicho proceso quedó incompleto, dado que las compañeras que presentaron esta denuncia manifestaron posteriormente que habían decidido por su parte no continuarlo. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, este proceso de diálogo y mediación sigue abierto. Actualmente, el CDH Vitoria continúa, como ha venido siendo en los últimos años, en un trabajo de mejora de las condiciones laborales, puntualmente mediante el acompañamiento de un despacho que da asesoramiento técnico y jurídico adecuado, con esta expertise. Creemos también necesario dar a conocer que la persona que desempeñaba el cargo de Coordinador General del CDH Vitoria ya no se encuentra al frente de esa responsabilidad, dado el fin de su trienio en dicho puesto, y porque se encuentra en un proceso de reflexión personal e institucional con la Dirección General, con el fin de definir su situación dentro de la organización. Siendo esto así, actualmente dos compañeras de la organización desempeñan de manera interina el cargo de la Coordinación General. Reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres, continuamos por coherencia en procesos y esfuerzos de construcción de un Protocolo, propuestas metodológicas y cuestiones prácticas al interior de la organización para generar políticas institucionales orientadas a generar y establecer las medidas más efectivas para atender los conflictos y las violencias con una perspectiva de género y de manera integral. Proceso en el que nos acompañan organizaciones expertas en el tema de violencia contra las mujeres y la creación de protocolos con estos fines. A su vez, este proceso será acompañado con el establecimiento de una instancia interna, integrada por compañeras del Equipo del Vitoria y del Consejo Consultivo de nuestra institución, para la atención a los casos de violencia de género que se llegaran a presentar dentro de la organización en los próximos años. A modo de ampliar información, en nuestra política institucional se asienta que serán las compañeras quienes lleven la vocería en procesos de mujeres y estrategias de mujeres. De igual manera, hemos institucionalizado espacios de reflexión diferenciados por género, libres de discriminación, y con inclusión de las diversidades sexuales y de identidad de género al interior de la organización. Asimismo, en los últimos cinco años el impulso en nuestra planeación
Nuevo intento de privatizar nuestras semillas
EL DIP. ERACLIO RODRÍGUEZ INTENTA DAR ALBAZO Y MODIFICAR LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES. ¿DE QUÉ LADO ESTÁ EL DIPUTADO ERACLIO? ¿DE LAS Y LOS CAMPESINOS, PUEBLOS ORIGINARIOS O DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES? UPOV 91 REPRESENTA RIESGO A NUESTRAS SEMILLAS La Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” alerta sobre el intento de albazo legislativo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez (presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria) de dictaminar modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Recordemos que México al firmar en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se vio obligado a ingresar a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en francés). En 1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Variedades Vegetales y en 1997 firmó el acta UPOV78. En la UPOV78 no se “patentan genes ni variedades, se privilegia el derecho milenario de los agricultores a usar e intercambiar libremente sus semillas, se favorece la diversidad genética y se permite que los campesinos obtengan nuevas variedades mediante cruzas de otras …” Sin embargo, durante el gobierno de Peña Nieto, México ratificó el Tratado Transpacífico (TTP) y recientemente el Senado mexicano ratificó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Donde nuestro país tiene la obligación de ingresar a la UPOV91 en “máximo 4 años”, lo cual implica prácticamente la privatización de nuestras semillas. El Dr. Alejandro Espinosa explica que el acta UPOV 91, patenta genes y variedades, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, como lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada. Es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y los transgénicos. Permitiría el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por transgenes patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes. El artículo 54 de esta iniciativa, atenta contra el campo mexicano, las y los campesinos y los pueblos originarios y beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, ya que establece: “Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4o. Bis y 4o. Bis 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente”. La intentona del diputado Eraclio de dictaminar y modificar dicha ley, en la próxima reunión de la comisión que él preside, que se realizará mañana jueves 28 de noviembre de 2019, atenta contra los intereses de las y los campesinos, de los pueblos originarios de usar e intercambiar sus semillas; atenta contra la autosuficiencia y soberanía alimentaria, abre paso a la utilización de semillas Genéticamente Modificadas (OGMs); atenta conta el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) de rescatar al campo mexicano y la autosuficiencia y soberanía alimentarias, la prohibición de semillas transgénicas, etcétera. Exigimos al diputado Eraclio Rodríguez y al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados: Que no aprueben el dictamen de la Ley Federal de Variedades Vegetales; 2. Aprueben en sus términos la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, boicoteada por el diputado y por la industria agroalimentaria; 3. Que protejan los intereses nacionales y no los de las empresas transnacionales. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Jorge Luis Aguilar
¿Qué pasa con los derechos civiles y políticos en México?
27 de noviembre de 2019 Por: Donovan Ortega (@donoortega), Isis Alves y Laurence Blattmer (@ Doms_at_UN) México recibió recomendaciones en más de 20 temas por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado de la evaluación de la que fue sujeto hace unas semanas. Organizaciones de la Sociedad Civil presentamos información ante el Comité para exponer la grave situación de los derechos humanos que vivimos. Asimismo, estuvimos presentes en Ginebra (Suiza) durante los días de la evaluación, momento en el que pudimos confirmar los grandes retos que se tienen en la materia en temas como la militarización del país, los altos niveles de violencia de género, la impunidad, la situación de las víctimas, la libertad de expresión, la migración, la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la discriminación racial y las grandes fallas del sistema judicial. La delegación mexicana que asistió a la sustentación mencionó los avances principalmente en el marco jurídico, así como las nuevas acciones y medidas que se están adoptando; no obstante, el Comité mostró preocupación por la falta de respuestas precisas, principalmente con respaldo en datos y estadísticas. En algunos casos la información mencionada no correspondía exactamente a la pregunta hecha; o había mención a una acción del gobierno y procesos en desarrollo, pero no se logró demostrar los resultados concretos de estas medidas. Las autoridades mexicanas admitieron la existencia de problemas graves como la violencia de género, la falta de información sobre poblaciones específicas como la LGBTI+ y los altos índices de desaparición forzada. Sin embargo, la delegación se negó a reconocer varios puntos importantes colocados en la discusión, por ejemplo el hacinamiento en las cárceles federales y las intervenciones médicas forzadas en personas menores de edad intersexuales. Tras el examen, el Comité emitió sus observaciones finales2, algunos de los asuntos de mayor interés y preocupación son los siguientes: Sistema de Atención a Víctimas El Comité mencionó que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido insuficiente, lo cual ha violentado directamente a las víctimas en su proceso de atención y reparación. Se reconoció que varias entidades federativas aún no cuentan con un organismo encargado de aplicar la ley y los existentes tienen grandes carencias financieras. Sobre el personal que ahí labora se señaló que no está adecuadamente calificado para brindar la atención especializada que se necesita en el trato con víctimas del delito, lo que hace del reconocimiento de la calidad de víctima un aparato burocrático que a menudo resulta revictimizante. El Comité recomendó a México generar las condiciones necesarias para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral que atienda aspectos culturales y de género. Además de proveer de los recursos necesarios y del personal capacitado en tan importante tarea. Violencia de Género El Comité mostró su preocupación por el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres que el Estado mexicano no ha podido atender y por la falta de armonización del delito de feminicidio en los códigos penales estatales. Además, reconoció la necesidad de que el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género debe ser fortalecido financieramente y hacer de su implementación un proceso de máxima transparencia. Recordó que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas deben ser investigados con perspectiva de género y diligentemente, facilitando el acceso a la justicia y la reparación integral. Modelo de seguridad militarizado El Comité mencionó que el Estado mexicano debe alejarse del enfoque militarizado que ha adoptado en los últimos años y que se mantiene con la Guardia Nacional; señaló la importancia de garantizar que sea constituida como una fuerza de carácter civil y a su vez, que se establezca un plan gradual y ordenado que haga real la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. De igual forma realizó recomendaciones en materia del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como, su debida investigación y sanción. Política migratoria El Comité informó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes: casos de tortura, extorsión y trata de personas, entre otras. Reconoció que le preocupa bastante la nueva política migratoria adoptada por el gobierno que pareciera estar caracterizada por el uso generalizado de la detención y la fuerza pública. Entre las recomendaciones que emitió se encuentran la importancia de evitar la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes, abstenerse de privar de la libertad a niños y niñas migrantes o solicitantes de asilo y la separación de sus familias. Libertad de expresión y asociación El Comité reconoció el alto de nivel de violencia e intimidación al que se enfrenta las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la falta de una política integral por parte el Estado mexicano en materia de su protección, además de que las medidas existentes son insuficientes. Se instó a fortalecer el Mecanismo de Protección desde la integración de una perspectiva de protección integral, la asignación adecuada y suficiente de recursos y el personal capacitado para la atención. Finalmente, tras esta evaluación, el Estado mexicano tiene dos años para informar sobre la aplicación de todas las recomendaciones hechas por el Comité, para lo cual debe responder de manera integral y efectiva, cumpliendo con sus responsabilidades internacionales en la materia y su deber de avanzar en la protección de los derechos de todas y todos en el país. *Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Isis Alves y Laurence Blattmer (@Doms_at_UN) son colaboradoras de la organización Dominicans For Justice and Peace O.P. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz Molina
Expectativas en la CNDH
Sábado 23 de noviembre de 2019 Miguel Concha La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una institución que desde su fundación en la década de los noventa ha enfrentado los retos de consolidar su autonomía y dirigir eficazmente todos sus esfuerzos a la atención de personas y grupos que han padecido violaciones a sus derechos humanos. El largo y lento camino en la realización de estos derechos en México pasa también por contar con instituciones autónomas encargadas de la vigilancia de su ejercicio por quienes habitan o transitan por el país. Quien ostenta la presidencia de este órgano autónomo tiene en su fuerza moral su principal herramienta para acompañar a víctimas y colectivos que acuden a ella para resolver y atender sus necesidades derivadas de hechos violatorios a sus derechos. Asimismo, esta institución tiene tareas pendientes muy importantes que observar, no sólo en cuanto al proceso de designación de su titular, sino en el cumplimiento de los preceptos constitucionales que la norman, pues hace ya algunos años que dejó de ser un órgano desconcentrado de la administración, para pasar a ser una institución constitucional de Estado. Es decir, la CNDH es un órgano constitucional autónomo del Estado mexicano, y en ello radica la razón de su existencia. Bajo ninguna circunstancia ésta debe ponerse en riesgo, pues funciona como un contrapeso a todas las instituciones de gobierno. Y con ese carácter promueve la legalidad, progresividad y creatividad para recomendar y orientar de manera efectiva lo que los gobiernos deben prevenir o corregir en su actuar, cuando violentan los derechos humanos de los ciudadanos. Dependiendo de la correlación de las fuerzas políticas, y conforme a los grupos en el poder, o en la oposición en el momento el modo de proceder de la CNDH en su historia ha sido constantemente cuestionado. Lo cierto es que desde la labor de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan, la exigencia es firme y la expectativa principal es la misma, independientemente de la persona titular o de las fuerzas políticas partidistas: la centralidad de los derechos humanos, el acompañamiento a las víctimas y el trabajo comprometido, libre de conflictos de interés, para hacer frente a la crisis de derechos humanos que padecemos en el país. Y en este sentido, en el contexto político actual, se hace necesario recurrir a los principios que debieran guiar las estrategias de fortalecimiento de instituciones autónomas relacionadas con la vigencia de los derechos humanos. Quiero decir que, en mi reflexión, y echando mano de mis experiencias a lo largo de los años, debemos recordar que un gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo, se desenvolverá necesariamente en función del Estado. Un Estado constitucionalmente democrático que está en función del pueblo, garante y respetuoso de los derechos humanos. Me explico: el gobierno y el régimen se deberán conducir bajo principios en relación con el Estado, que en el caso mexicano, y conforme a lo que establece la Constitución, tiene su vocación en la centralidad de los derechos humanos y en su protección, garantía, respeto y promoción. Un Estado a su vez que está en función y realiza acciones a partir del mandato del pueblo. Debemos reflexionar más a fondo sobre si en el actual momento político del país estamos o no en un escenario que pudiera llevarnos a todo lo contrario: un pueblo que es subsumido por el Estado, sin la centralidad en los derechos humanos; y éste subsumido al régimen, al gobierno, donde sólo tiene centralidad el Poder Ejecutivo. Llama la atención que este tipo de principios parecieran estar siendo obviados del debate y las tensiones que se han estado generando en diversas ocasiones durante casi el primer año del gobierno actual. Volver a los principios propios de un Estado garante de derechos humanos, que se conduce en función del pueblo, será una especie de brújula en medio de tanta confusión, posibilitando muy seguramente mínimos de entendimiento para pedagógicamente comprender qué puede llevarnos a avanzar en la consolidación de la democracia y de un Estado garante de derechos que responda al pueblo, alejándonos de la tentación de subsumir todo al régimen de gobierno. El proceso que venimos atestiguando desde hace dos meses para designar a la nueva ombudsperson, ha dejado señales de una limitación parlamentaria en el Senado, el cual debiera aceptar que estuvo viciado de origen, falto de transparencia y de fundamento. Pareciera estar dirigido conforme a los intereses de un determinado régimen, y no por principios de un Estado garante de derechos humanos, mandatado por el pueblo. Hagamos votos para que la CNDH no sea más debilitada y cuente con una presidencia con bríos renovados para impulsar aún más el cumplimiento de su mandato constitucional: protección de los derechos humanos, ejerciendo plenamente su autonomía, y un contundente compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos ocasionadas por las propias instituciones del Estado. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Los peligros de una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
23 de octubre de 2019 Por: Víctor Manuel Chima Ortíz El pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cabe señalar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y reformada por última ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña Nieto. Según el artículo 1 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, otorgando a la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atribuciones como “fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor”, “difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas”, y “actuar como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3. En la iniciativa de reforma del diputado Eraclio Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar y registrar nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de “fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”. Aunque uno de los argumentos presentados en esta iniciativa es favorecer la productividad del campo mexicano, lo cual reduciría la importación de alimentos y la dependencia alimentaria de nuestro país, la productividad de la que se habla en ella no contempla la participación de las comunidades productoras de pequeña y mediana escala ni el apoyo a formas tradicionales de producción agrícola, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la producción total en el país; por el contrario, únicamente beneficiaría a grandes productores –principalmente transnacionales– que producen industrialmente y con base en el monocultivo, permitiéndoles registrar variedades de semillas nativas como propiedad privada. En efecto, con la aprobación de esta iniciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar y monopolizar las semillas nativas y variedades vegetales que ya se producen en México –y que son el sustento de dichas comunidades productoras y campesinas–, y de que nuestro país se ciña a las disposiciones en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), ratificado ya por el primero, por lo que con esta iniciativa se adoptarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales). El Acta UPOV 91, en términos generales, permite que variedades de semillas nativas sean patentadas y por lo tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas patentes. De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o autorización. Por lo tanto, es claro advertir por lo menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas, practicados por comunidades campesinas. La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que, por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de maíz nativo. Por tales motivos, desde la sociedad civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6 años ha evitado que el maíz transgénico ingrese a nuestro país, y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria. Ahora que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas entre campesinas y campesinos. Finalmente, si bien es cierto que reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las mexicanas y los mexicanos. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Designación en la CNDH: oportunidad perdida y crisis de legitimidad para la protección de los derechos humanos en México
En medio de una crisis de derechos humanos, la designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constituía no sólo un asunto del más alto interés público, sino también una oportunidad para cambiar el paradigma de las designaciones de personas titulares de los órganos constitucionales autónomos de nuestro país. El proceso de designación de la CNDH incumplió con su principal razón de ser: brindar de legitimidad de origen a la figura del Ombudsperson para que pueda cumplir con su mandato adecuadamente, por lo que su margen de acción, autonomía e independencia se ponen en riesgo. El proceso arrancó con una convocatoria en la que se incorporaron estándares participativos y de transparencia que darían certeza y legitimidad a la designación. Las y los senadores aprobaron una serie de criterios de idoneidad y probidad, con carácter vinculante, para definir las tres mejores candidaturas a presidir la Comisión, con lo que se comprometían a basar en evidencia todas sus decisiones. Pese a los estándares incorporados en la convocatoria, se incumplió el proceso y como resultado tenemos una actuación muy cuestionada del Senado de la República, una Ombudsperson sin legitimidad de origen, y descalificaciones por parte de la clase política sobre la actuación de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos que seguimos este proceso. En este marco, consideramos que el Senado de la República le quedó a deber a la sociedad mayor profesionalismo y compromiso para asumirse como un contrapeso real del poder ejecutivo, además de fortalecer el Estado de Derecho, ya que: 1. No hubo un escrutinio profundo de los perfiles, a pesar de algunos cuestionamientos a los mismos en torno a su falta de idoneidad e independencia que presentaban algunas postulaciones. 2. No se motivó debidamente la decisión en la elección de la terna, como lo indica la Ley. 3. La valoración de los perfiles terminó siendo discrecional y no se tomaron en cuenta los indicadores para evaluar la idoneidad de las personas candidatas. Inclusive, dichos indicadores no fueron públicos durante todo el proceso. 4. La votación de la terna, realizada en tres ocasiones, violó lo dispuesto en la Ley de la CNDH. 5. Las rondas de votaciones en el pleno del Senado, su cómputo y la decisión final no brindaron la certeza jurídica y legitimidad necesarias que el proceso de designación ameritaba. Por lo anterior, el Senado perdió la oportunidad, una vez más, de dar certeza y credibilidad a los procesos de designación con lo que se crea un mal precedente para la consecución de un verdadero Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Con esta designación se ha debilitado gravemente la legitimidad de la CNDH y la protección de los derechos humanos en México. Imagen destacada: #CNDHAutónoma
Ignacio Ellacuría y los pobres
Sábado 16 de noviembre de 2019 Miguel Concha Como informé en mi colaboración anterior, hoy se cumplen 30 años de la matanza de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (UCA), y de sus dos trabajadoras domésticas. Recordé también que según un informe de la ONU de 1993, el principal objetivo de la agresión era Ignacio Ellacuría, filósofo, teólogo, analista político y rector de la UCA, a causa de la rabia que le causaban a la oligarquía salvadoreña sus explicaciones estructurales sobre el origen de la injusticia y la violencia, a pesar de que por razones particulares éticas y teológicas él siempre tuvo reparos frente a la violencia física revolucionaria. Por la trascendencia de este acontecimiento en la memoria de los pobres del continente, pensamos que su conmemoración no puede pasar desapercibida en El Salvador, en México y en toda América Latina. Ignacio Ellacuría fue un gran mediador del conflicto armado salvadoreño. Pugnó siempre por el diálogo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la entonces fuerza guerrillera y hoy partido político que ha llegado a gobernar ese país, tras firmar la paz en el Castillo de Chapultepec, tres años después de la masacre de los jesuitas. Para el proceso de paz salvadoreño, el legado de Ellacuría no puede entenderse sin la vigencia de su pensamiento teológico y filosófico, pues Ellacuría creía en una paz con justicia social. Además, como creyente, veía en los pobres del continente el rostro del Cristo Crucificado por la opresión de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Como aporte original, en su tiempo como rector impulsó la cátedra de la Realidad Nacional, que hoy lleva su nombre y se imparte en muchas universidades jesuitas y no jesuitas en varios países de Iberoamérica. En esas sesiones se hacía un agudo análisis de las razones que dan cuenta de las injusticias que se cometen contra los pobres por razones ideológicas e intereses económicos y políticos particulares. Su formación filosófica le enseñó a buscar la verdad de las intenciones de quienes dicen trabajar por el desarrollo, pero esconden intereses que benefician a unos pocos, en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías populares. El legado de Ellacuría en teología y en filosofía puede resumirse en las frases, que retomando al filósofo vasco Xavier Zubiri, desarrolló en sus escritos: hacerse cargo de la realidad (momento noético), cargar con la realidad (momento ético) y encargarse de ella (momento práxico). Lo que significa reconocer las injusticias del mundo a través del análisis, asumirlas como inaceptables y hacer algo para cambiarlas. Una obra, como la desarrollada por él, es en sí misma de gran actualidad, porque pretende desentrañar analíticamente las claves de esa realidad, para transformarla en beneficio del pueblo crucificado. En El Salvador de hoy, como en México y en muchos países de América Latina, las condiciones sociales y económicas son prácticamente las mismas: una enorme desigualdad social, en la que millones de personas viven en condiciones de pobreza y sufren violaciones de sus derechos humanos, que contrasta con una pequeña minoría que acumula riquezas y provoca de facto la imposibilidad de una verdadera democracia, y la impunidad por sobre el poder mismo del Estado. Como recién dijo Lula, es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia. La región vive hoy en medio de una globalización económica, en la que el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas y delitos de cuello blanco– juega un rol preponderante y profundiza esta polarización social en los distintos países, imponiéndose en los territorios a través de la fuerza y de las armas. La exclusión social que viven niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, frente a las escasas oportunidades de empleo y las pocas posibilidades de reconstrucción del tejido social, se expresan en la migración y la sobrevivencia de sus familias. El análisis de las condiciones de vida de los conflictos específicos que viven las mayorías populares, puede haber cambiado respecto a los conflictos armados de los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero los intereses rapaces delas grandes corporaciones, el neo-extractivismo, el desarrollo de ne-gocios en telecomunicaciones, el propio narco, y el tráfico de personas y armas, al amparo del poder político, siguen el mismo patrón de acumulación capitalista, con unos pocos beneficiados y unos muchos excluidos, enajenados y oprimidos. El método, el pensamiento y la obra de Ignacio Ellacuría siguen vigentes para analizar lo que nos está pasando. Sin embargo, habrá que buscar releer sus escritos con nuevos ojos, para desentrañar cómo podemos salir de la barbarie en la que nos encontramos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Reuters
Nuevamente el Consejo Nacional Agropecuario miente
El día de ayer se llevó a cabo la 12va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados. Efectivamente, el dictamen de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN) se retiró de la orden del día de la agenda de dicha reunión, “debido a la campaña de desprestigio y mentiras que se difundieron días previos, generando en la opinión pública incertidumbre y caos”, argumentan diversos diputados. Incluso, al revisar la agenda, se retiraron dos temas: el dictamen de la LFFPMN y el tema de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. Ambos casos se votaron y fueron retirados. Se plantearon diversos argumentos para que el dictamen no se discutiera el día de ayer y fue turnado a otra sesión. Se presentó la propuesta de abrir el tema a Parlamento Abierto, generando opiniones encontradas con respecto a la viabilidad de hacerlo de esa manera, pero en ningún momento hubo consenso y mucho menos se aprobó dicha propuesta. La propuesta del Parlamento Abierto se mandó para asuntos generales. Al llegar al punto, no se puso sobre la mesa y por obvias razones no se discutió ni se votó. Inclusive, a la mitad de los temas de asuntos generales, la reunión se disolvió ya que los diputados tuvieron que ir a la sesión del pleno, para hacer la votación correspondiente. Minutos después, regresaron no más de 5 diputados, clausurando así los trabajos de la 12va. Reunión Ordinaria de dicha Comisión. Enlistamos los eventos acontecidos durante la Reunión: Tal como se aprecia en el video siguiente https://www.youtube.com/watch?v=O88Qds8Fczw el Presidente de la Comisión, Eraclio Rodríguez comenta (1:03:57): “por lo pronto el punto era si los mantenemos o no en el orden del día y luego si quieren vemos la posibilidad de ver en asuntos generales, si nos vamos a Parlamento Abierto o no”. Le da la palabra al Secretario de la Comisión para que voten que se saquen de la orden del día ambos temas, arriba mencionados. Insisten en que la propuesta del Parlamento Abierto se vaya a asuntos generales, sin embargo, se cambia de tema (PEF 2020, tema que se va a discusión al punto 4 de la orden del día). Minutos de silencio y pasan a otro tema, ajeno a LFFPMN. En dicho video, se observa claramente cómo se retiran los diputados de la sesión. Al continuar el video, se observa al diputado Eraclio Rodríguez, dando fin a la sesión. Se ve el salón vacío al final. Es lamentable que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), sus ‘bots’ y sus opinólogos sigan mintiendo y pretendan seguir confundiendo a la Opinión Pública. Hacemos un llamado a las y los diputados a que no se dejen llevar por las difamaciones del CNA, y que no traicionen al maíz nativo, a las comunidades campesinas e indígenas. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Mártires de la UCA
Sábado 09 de noviembre de 2019 Miguel Concha El próximo 13 de noviembre se cumplen 30 años de la masacre de los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, y dos de sus trabajadoras, por efectivos del batallón de élite Atlacatl. Se tiene además noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos despeja el camino para extraditar, por fin, al coronel salvadoreño que ordenó su muerte. Ellas y ellos son, Elba Ramos, ama de llaves; su hija adolescente, Celina; Ignacio Ellacuría, rector; Ignacio Martín-Baró, vicerrector y jefe del Departamento de Psicología; Segundo Montes, profesor de teología; Juan Ramón Moreno, director espiritual y ex presidente de la Conferencia de Religiosos de Panamá y Nicaragua; Amando López, profesor de filosofía, y Joaquín López y López, director de los Colegios Fe y Alegría de El Salvador. En entrevista concedida el pasado 24 de octubre al semanario estadunidense National Catholic Reporter (https://www.ncronline.org), el P. Jon Sobrino S.J., quien venturosamente se libró de ser ejecutado, por encontrarse en esos días en una conferencia de teología en Tailandia dirigiendo un taller sobre Jesús crucificado, recuerda el coraje que le dio el asesinato de las dos primeras personas, pues al fin y al cabo el de los jesuitas en aquellos días era hasta cierto punto previsible, pero el de las dos mujeres inocentes resultaba totalmente inexplicable. En un mundo entonces políticamente polarizado entre el oriente, ateo y comunista, y el occidente, cristiano y democrático, era muy fácil, en efecto, estigmatizar en bloque a los partidarios de la teología de la liberación como absolutamente marxistas y comunistas. Y un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (1993) planteaba que el objetivo principal de la agresión era el rector Ellacuría, y que los demás fueron asesinados para eliminar testigos. Recuerdo que entonces la Universidad Nacional Autónoma de México publicó, de manera extraordinaria, en los principales diarios de circulación nacional una esquela en la que subrayaba la saña con la que los soldados se habían cebado contra la cabeza de Ignacio Ellacuría, destruyéndola a culatazos, como símbolo de la aversión que le producía su pensamiento estructural sobre la injusticia y la violencia de la oligarquía salvadoreña. Vano intento por tratar de aniquilar la libertad de pensamiento y el compromiso ético de la inteligencia por la verdad y la justicia, pues hoy en día son muchas las investigaciones que se han venido haciendo para comprender mejor y desarrollar su pensamiento, y muchas de las cátedras e instituciones académicas que, sobre todo en Iberoamérica, llevan su nombre o se encuentran inspiradas por él. Prueba de ello es el libro Ignacio Ellacuría en las Fronteras, coordinado por Óscar Arturo Castro Soto, Luis Mauro Izazaga Carrillo y Helena Varela Guinot, de la cátedra de análisis de la realidad política y social, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que también lleva su nombre, y que próximamente será presentado en varias sedes y exposiciones, dentro y fuera del país. Como explica Jon Sobrino en el reportaje mencionado, para Ellacuría los males que debían superarse, y que de alguna manera desgraciadamente siguen, eran obvios: pobreza, empeoramiento de la explotación, la escandalosa brecha entre ricos y pobres, la destrucción ecológica, así como la perversión de los avances reales en democracia y la manipulación ideológica de los derechos humanos. Como explican los autores del libro mencionado, para Ellacuría Las violaciones a los derechos humanos son en sí mismas aspectos negativos de la historia y la humanidad tiene que liberarse de ellos. Sin embargo, el proceso de liberación tiene que caminar hacia algo distinto, hacia la utopía de un mundo mejor. Así, la liberación no es la libertad en abstracto, sino el tránsito de una situación negativa a otra positiva en permanente reconocimiento y construcción histórica (p. 11). Por ello, en repetidas ocasiones habló contra la deshumanización, la degradación y la prostitución del espíritu, sobre las cuales se decía y todavía se dice muy poco. Para Sobrino, como para Ellacuría, su mentor, para sanar a una civilización que está muy enferma, necesitamos de alguna manera el aporte de los pobres y las víctimas. Y por cierto, a propósito de Jesús crucificado, del que se ocupaba Sobrino en Tailandia, mientras sus hermanos eran salvajemente ejecutados, el 15 de octubre pasado, con ocasión del 40 aniversario del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, el teólogo español Juan José Tamayo recordaba en un conversatorio que cuando sacaban de su habitación el cadáver de Ignacio Ellacuría, cayó inesperadamente de uno de los estantes sobre su cuerpo el libro de Jüngern Moltmann El Dios crucificado, la cruz de Jesucristo como base y crítica de toda teología cristiana, el cual quedó impregnado con la sangre del rector recién sacrificado. Lo que desde entonces dejó profundamente impresionado a su autor. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Comunica EDU
Tiempos de desafíos, respuestas desde el corazón
A todas las personas que han venido acompañando al CDH Vitoria en estos 35 años; a las víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que defienden y promueven los derechos humanos P R E S E N T E S En el momento histórico en el que vivimos, la defensa y promoción de los derechos humanos toma una nueva dimensión ante el recrudecimiento de los contextos de violencia, precarización y desigualdad; de modo que el trabajo que realizamos quienes defendemos derechos humanos pueda responder apropiadamente al complejo tejido de opresiones en el que se abre paso la vida. Las organizaciones de la sociedad civil y las personas que las conformamos, estamos emplazadas a generar procesos de análisis ético y político, no sólo del trabajo que realizamos, sino de cómo lo realizamos. Para esto, es fundamental reconocer que no estamos por encima del sistema contra el que luchamos, y que es una responsabilidad cotidiana mirar los procesos y dinámicas de las que somos parte, para poder transitar hacia la construcción de espacios de colaboración y de accionar político más dignos, de confianza y seguros, habitados por la solidaridad, sororidad y creatividad, entre otros aspectos. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. entendemos los derechos humanos como una apuesta para transformar esas realidades adversas y construir un mundo más justo, a partir de una posición crítica y autocrítica. Esto nos moviliza y anima en los acompañamientos colaborativos que llevamos a cabo desde hace 35 años con víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, colectividades, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Para que estos acompañamientos colaborativos sean una respuesta viable y factible, desde hace tiempo estamos reflexionando y construyendo en el CDH Vitoria políticas institucionales encaminadas a fortalecer condiciones más dignas para las personas defensoras de derechos humanos que colaboramos en esta organización. Debido a lo anterior, asumimos la importante y urgente tarea de seguir atendiendo los retos y desafíos creativa y éticamente. Hoy más que nunca sabemos que mirarnos para adentro es una tarea inaplazable, y que se articula con esta etapa inédita en el CDH Vitoria, en la que nos encontramos en un proceso de fortalecimiento institucional, mismo que está enfocado en gran parte a la consolidación de esta generación, de las siguientes y desde las experiencias de quienes han sido parte de este Centro. Un ejemplo concreto de lo anterior es el desarrollo, implementación y evaluación de un instrumento diagnóstico que surgió desde y para el equipo, el cual está basado en seis rubros: género e interseccionalidad autocuidado y bienestar convivencia y comunidad seguridad física seguridad laboral seguridad digital En consecuencia, se está llevando a cabo un análisis ampliamente participativo de toda la organización, en la construcción e implementación de rutas específicas y efectivas de atención a las necesidades del equipo y de los desafíos del contexto, tales como seguir consolidando espacios seguros para todas, todxs y todos. Reconociendo la importancia de reflexionar y actuar articulada y transparentemente, con ánimos de proseguir contribuyendo a la construcción de movimientos y organizaciones más fortalecidas para el desarrollo de sus actividades, desde el CDH Vitoria nos comprometemos a generar un primer espacio para compartir experiencias y herramientas en torno a los retos y desafíos que se viven dentro de las organizaciones, refrendando la convicción de este Centro de Derechos Humanos para generar plataformas de diálogo y construcción colectiva, del cual estaremos informando más detalles próximamente. Por último, queremos reiterar el compromiso que tenemos desde hace 35 años para fortalecer las acciones de acompañamiento a todas las víctimas y sobrevivientes, colectivas, movimientos y organizaciones, así como a las redes de personas que trabajan y desean habitar realidades de mayor justicia y dignidad. Sigamos juntas, juntxs y juntos pensando, dialogando, proponiendo, caminando y acompañando. Atentamente Desde el corazón del CDH Vitoria
