El Sembrador | Testimonio de Miguel Concha en la entrega del reconocimiento 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Testimonio presentado por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., al aceptar el Reconocimiento «El Sembrador», otorgado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Considero que mi modesta colaboración en la defensa y promoción de los derechos humanos tiene su origen consciente en la pasión por la justicia que se despertó en mí durante la primera mitad de la década de los sesenta, cuando, siendo estudiante de filosofía en la Orden de Predicadores (Frailes Dominicos), descubrí el pensamiento original de Santo Tomás de Aquino sobre la propiedad privada. Probablemente a ello contribuyeron también mis raíces familiares y los ejemplos y enseñanzas de congruencia cristiana que recibí de mis padres, pues por parte de mi madre soy nieto de una persona que por ideales se levantó dos veces en armas a comienzos del siglo pasado contra la dictadura de Porfirio Díaz y la reelección posterior de Obregón, y quien murió con el grado de General; y por parte de mi padre, quien fue hijo de una familia de hacendados que perdió casi toda su fortuna después de la Revolución. Ello no fue obstáculo para que quien tuvo que aprender a trabajar como artesano para mantener a duras penas a mis abuelos, la bendijera porque “le enseñó a trabajar”, y no a vivir de las rentas de sus familiares. Santo Tomás, en efecto, nunca consideró a la propiedad privada como un derecho natural, y por lo mismo inalienable, imprescriptible e inmutable, porque, para él, el verdadero propietario de los bienes de la tierra es Dios, creador de todas las cosas. Los seres humanos no somos sino administradores y distribuidores de lo que Él hizo para todas y todos sin excepción, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones y casos de necesidad. Por eso, en su concepción la propiedad privada es sólo una institución humana en la que han convergido muchos pueblos (derecho de gentes) para facilitar la conservación de los bienes, su mejor administración y la armonía entre los seres humanos que hacen uso de ellos para su subsistencia. Con ello no hizo otra cosa que traducir en los conceptos y lenguaje filosófico de su época el mensaje bíblico de los profetas, la doctrina evangélica de Jesucristo y la enseñanza de los primeros escritores cristianos. Hoy podemos preguntarnos si el régimen de propiedad privada, tal y como es defendido por el pensamiento liberal del Siglo XIX, y sobre todo por la globalización neoliberal del Siglo XX, realmente ha garantizado la paz, la conservación de la naturaleza y la mejor administración de la riqueza. Para nuestra fortuna el pensamiento de Santo Tomás sobre la propiedad fue retomado con vigor por el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), bajo cuyas enseñanzas hice mis cursos de Teología con profesores holandeses y franceses que fueron precursores y actores de esa magna asamblea eclesiástica internacional, y con italianos y españoles que a pesar de sus inercias lo asumieron con decisión y entusiasmo. No debemos olvidar que a ese Concilio se le debe la primera Declaración sobre la Libertad Religiosa en la Iglesia católica, y que además de reconocer la trascendencia de los derechos humanos para la convivencia social y política justa y pacífica de toda la humanidad, establece en su “Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy” la debida y legítima separación entre la Iglesia y el Estado. En congruencia con esto, una reunión internacional de Obispos celebrada en 1971 sobre el tema de la justicia, declaró que la defensa de la dignidad humana y la promoción de los derechos de las personas son parte de la misión pastoral de la Iglesia. No puedo dejar de mencionar también la poderosa influencia que al comienzo de mi servicio como religioso dominico ejercieron en mí, en los albores de los años setenta, los análisis y propuestas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en 1968 en Medellín, Colombia, sobre la misión de la Iglesia en América Latina y El Caribe a la luz del Concilio, y los de la III Conferencia General, celebrada en 1979 en Puebla, de la que junto con muchos otros compañeros teólogos de la liberación fui actor “extra muros”, pues desde entonces, y hasta el año 2007 en otra reunión similar en Aparecida, Brasil, no fuimos requeridos por el Vaticano como asesores oficiales de los Obispos. Las dos Conferencias que les han seguido han ya hablado explícitamente de los derechos humanos, y no sólo de los derechos individuales, sino también de los colectivos, con un enfoque integral, y considerándolos como universales, iguales para todas y todos, indivisibles, interdependientes, inalienables e integrales. Con estos antecedentes, a partir de una reunión internacional realizada en 1977, los Frailes Dominicos asumieron la promoción de la justicia y de la paz como una de las cuatro prioridades de su acción evangelizadora en el mundo. Lo que de una u otra manera ha venido siendo reiterado cada tres años y de distintas maneras en reuniones semejantes. Con ello además retomaban de manera explícita uno de los elementos centrales de su tradición misionera al interior de la Iglesia, que se remonta hasta Santo Domingo de Guzmán y de manera especial a los primeros frailes del Siglo XVI en América Latina y El Caribe, quienes defendieron la dignidad humana de los indígenas contra los abusos estructurales de las encomiendas y sus derechos colectivos frente a las injusticias y excesos de la conquista: Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, y otros que les siguieron, como Fray Julián Garcés, Fray Antonio de Valdivieso, Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Fray Matías de Córdova. Como una de las acciones sobresalientes para llevar a cabo esta opción, desde entonces se repite de diferentes maneras el compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulneralizados (mujeres, exlcuidos, migrantes, personas pertenecientes a grupos muchas veces considerados indebidamente como minorías étnicas o raciales, u otros
Por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas de México
Convocantes y participantes de este 1er Encuentro apuestan a la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas Se dieron más de 500 asistentes, entre víctimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de diversos estados del país. Entre el 19 y 21 de noviembre tuvo lugar, en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Acudieron aproximadamente 500 asistentes entre vícitimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales; provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Coahuila y Ciudad de México, así como de Alemania, Argentina, Colombia, Chile y Guatemala. El Encuentro tuvo como propósito impulsar la construcción de un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias. El cual tenga lugar desde la participación central de las víctimas, vistas como dinamizadoras de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia. Con base en las diversas experiencias, se plantea que la justicia transicional sea una herramienta que se construye por medio de procesos colectivos que le permitan ser llevada a la práctica y fortalecer los procesos de memoria. Esto implica que no puede ser impuesta desde arriba, sino que tiene que ser reconocida y apoyada socialmente. Acudieron familiares y víctimas de diversas violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, feminicidios o ejecución extrajudicial. También participaron, en representación, diferentes comités de víctimas como el Comité 68, la Representación de Arantepakua, el Comité Cerezo, el Comité de Víctimas de Nochixtlán, Sabuesos Guerreras, entre varios más. Desde el sentir de las víctimas y sobrevivientes se identificaron algunas necesidades y propuestas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, caracterizado por la centralidad de las victimas. A partir de ahora se busca discutir de manera colectiva y organizada cuáles son los mecanismos pertinentes para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, según las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Además se destacó la voluntad de continuar con la realización de foros permanentes, al igual que conformar una comisión integrada por víctimas, sobrevivientes y participantes, con miras a dar continuidad a las propuestas aquí planteadas y hacerlas llegar al gobierno entrante. ATENTAMENTE Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. (CDHVITORIA) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C.
Justicia transicional mexicana
La importancia del encuentro de Nochixtlán radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, desde donde se debe socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Sábado 24 de noviembre de 2018 Miguel Concha Bajo el nuevo escenario que han dejado en México las últimas elecciones, y con el propósito de desatar, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, entre el 19 y 21 pasados tuvo lugar en Nochixtlán, Oaxaca, un Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas sobre esta importante materia. Acudieron aproximadamente 500 personas, muchas de ellas víctimas y sobrevivientes de la violencia, aunque también personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, estado de México y Ciudad de México, así como personas expertas en la temática de Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y España. Durante el encuentro se consideró que los procesos de justicia transicional se componen de diversas herramientas teóricas que pueden permitir abrir horizontes que posibiliten que cada una de las víctimas pueda construir desde su experiencia procesos de justicia que abonen a la reconstrucción del tejido social y a la generación de mecanismos operativos que hagan efectiva la justicia y la garantía de los derechos humanos. Planteamientos que también nos llevan a la discusión sobre cómo se tendría que superar el dolor y la adversidad después de las violencias ejercidas en los cuerpos, la tierra y los territorios. Sin embargo, el conjunto de víctimas y sobrevivientes se mostró en este encuentro con cautela ante un proceso de justicia transicional desde el Estado, ya que, aunque se percibe la intención de atender de manera integral las graves violaciones a los derechos humanos, es importante y necesaria la centralidad y participación de las víctimas, quienes no sólo deben ser concebidas como pasivas, sino como activos dinamizadores de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia, dentro y fuera de las organizaciones y colectivos. Son además las que han fortalecido activamente los procesos de exigencia, a partir de la organización y movilización social. Se resaltó por ello que para que los tiempos de esta justicia tan necesaria se den desde sus propios tiempos, habría que organizarse desde las propias víctimas y las organizaciones que las acompañan. Se identificaron además algunas necesidades y propuestas concretas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, para lo cual es fundamental respetar el papel de las víctimas, reconociéndolas como actores y sujetos de derechos. Y desde su diversidad y la de los sobrevivientes se consideraron algunas tareas a fortalecer y construir que tendrían que tener en cuenta los siguientes aspectos comunes. 1) La construcción de redes y alianzas con otras organizaciones para sumar esfuerzos, saberes y experiencias. 2) La construcción de estrategias de comunicación para visibilizar las diversas luchas. 3) La generación de procesos de memoria colectiva y la reapropiación de espacios públicos contra el olvido. 4) La generación de más espacios de diálogo y reflexión en torno al significado y la utilidad de la justicia transicional, con el objeto de identificar sus implicaciones. 5) La consideración de la necesidad de generar herramientas jurídicas y de acompañamiento psicosocial. 6) La generación de un diagnóstico certero e integral para identificar las raíces de las causas de las violencias, y 7) Que los familiares deben seguir generando y fortaleciendo espacios seguros y de confianza para dialogar y diseñar procesos en común que pueden variar y son una oportunidad para encontrarse y narrar las historias, y sanar espiritual, emocional y físicamente. Se consideraron igualmente algunos puntos controversiales, como el iniciar un proceso de justicia transicional cuando los responsables están identificados y son parte del gobierno, así como el construir un proceso de justicia transicional en el que no se tomen en cuenta las condiciones de precariedad y constante despojo de territorios y bienes comunes, y el importante papel de las juventudes en estos procesos. Es imprescindible, se reiteró, reconocer a las víctimas colectivas en los casos de despojos de tierras y territorios, y deben discutirse los posibles aportes que puede generar la conformación de la Fiscalía Autónoma de la República. La importancia de este encuentro radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, ya que ningún proceso de justicia transicional se ha dado sin ellas, preocupándose genuinamente por socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Por otro lado, el encuentro reconoció la iniciativa del Comité de Víctimas de Nochixtlán, quien tomó la iniciativa, lo convocó y lo enriqueció con sus propias experiencias y las de las víctimas de otros colectivos y movimientos sociales, como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Mitos y realidades de la migración
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación más de la mitad de las personas encuestadas opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país, apenas 1% habría opinado que «deberíamos cerrar la frontera» y uno de cada diez que habría que deportarles a su país de origen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de noviembre de 2018 Miguel Concha Cumpliendo con su atribución de colaborar en la educación de la población contra la discriminación, el Consejo Nacional que previene su realización publicó un análisis sobre los mitos o prejuicios que suelen darse en el mundo contra la migración, los cuales más allá de las reales expresiones de sensibilidad, comprensión y solidaridad que han acompañado preponderantemente al éxodo centroamericano en nuestro país, han tenido, sin embargo, diversas manifestaciones en algunos individuos y grupos de México. En primer lugar, el estigma de calificarlos como personas analfabetas, pobres, holgazanas, pandilleras, asesinas, lo peorcito, expresiones clasistas y xenofóbicas que reproducen el odio y la discriminación que en otras latitudes se ejerce contra nuestros propios connacionales. Y ello sin siquiera asumir o percatarse que no representan la opinión de la mayor parte de nuestra población. En efecto, en México, según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación (Enadis) más de la mitad (53 por ciento) opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país y una tercera parte (33 por ciento) piensa que se les debe documentar para que puedan vivir y trabajar aquí. Por lo demás, la opinión de que deberíamos cerrarles la frontera y devolverlos a su país es francamente irrelevante (1 y 12 por ciento, respectivamente). En segundo lugar, su criminalización, culpabilizándolos por ejercer su derecho a existir, huyendo, en la mayoría de los casos, de sus lugares de origen como única alternativa, y sin tomar en cuenta que estas personas no son sólo víctimas en sus propios países, sino también víctimas potenciales de delincuentes ocasionales, grupos del crimen organizado y autoridades en sus trayectos. Ciertamente, de conformidad con diversos diagnósticos, más de 10 por ciento de las personas migrantes en tránsito por México es víctima de algún delito que, en la mayoría de los casos, no se denuncia y mucho menos se persigue legalmente. En tercer lugar, el no considerar y rehuir la responsabilidad jurídica y política que tiene México a brindar, mediante una acogida integradora, atención humanitaria a quienes necesitan refugio y protección internacional, así como a colaborar regionalmente en la búsqueda de soluciones para combatir las causas estructurales que propician la migración irregular, el desplazamiento forzado y el tráfico de migrantes. El ayudar a estas personas y no a las nuestras nos perjudica, es otra de las supuestas razones completamente falsas, pues lo que verdaderamente nos ha hecho mucho daño desde hace años es la desigualdad de oportunidades y el déficit en el ejercicio pleno de derechos, con su consiguiente falta de recursos. Pensar lo contrario es simplemente defender los privilegios de algunas minorías, hacer caso omiso de nuestras obligaciones éticas, jurídicas y políticas, no participar en la disminución de las migraciones en Centroamérica, y negarse a aprovechar las aportaciones económicas, sociales y culturales de la región. Es igualmente cuestionable el hecho de argumentar que la migración nos quita empleos, pues en primer lugar ésta es una de sus causas, no la única, además de que la evidencia internacional demuestra que no implica competencia por los puestos de trabajo de la población nativa, ya que se concentra en segmentos laborales muy específicos en la base de la pirámide o en empleos muy especializados. El que la migración se nos presente ahora como masiva, por la búsqueda organizada de seguridad por parte de los migrantes, no significa comparativamente con otros países en el mundo que se trate de una invasión, pues son menos de 10 mil personas, la mayoría de las cuales ni siquiera busca establecerse en México como primera opción. Además, tal cantidad equivale apenas a 0.008 por ciento de nuestra población; es decir, únicamente 1 por ciento de la población mexicana nacida en el extranjero, cuando con cifras de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que alrededor de 68.5 millones de personas se encuentran desplazadas a la fuerza en todo el mundo, y que, de ellas, alrededor de 40 millones son desplazadas internas, en el caso de 25.4 millones se trata de personas refugiadas, y 3.1 millones solicitantes de asilo político. Como contraste con nuestra realidad, Alemania, Irán y Líbano han recibido alrededor de un millón de refugiados cada uno; Pakistán y Uganda cerca de millón y medio cada uno, y Turquía ha acogido a más de 3.5 millones. Finalmente, el pensar que si dejamos que entren éstos, llegarán más, tampoco es razón que valga para negarnos a la migración, pues a decir del Acnur, y en comparación con la población mundial, el número de migrantes internacionales y personas refugiadas y asiladas se ha mantenido relativamente estable desde la década de los años 60 del siglo pasado: alrededor de 3 por ciento. De cualquier manera, la solución no consiste en el cierre de fronteras y el rechazo a este flujo, sino en realizar los cambios que se requieren para evitar su emergencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Informe de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) 2018
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] En el presente informe, presentamos los resultados y damos cuenta de las actividades que como Red llevamos a cabo previo y durante la jornada electoral. Encuadramos de forma general en un inicio antecedentes, así como diferentes aspectos que nos parecen importantes a fin de contextualizar al lector y a la lectora en materia del marco jurídico electoral, procesos electorales anteriores y el contexto histórico nacional, las figuras de la observación electoral y la participación ciudadana en el pasado proceso electoral. Siguiendo la misma línea, compartimos las actividades que tuvimos previo al despliegue de observación en campo, tales como seguimiento y acercamiento con las autoridades electorales; más tarde, los resultados con los datos más relevantes que recabaron nuestras brigadas de observación en campo, seguidos de las denuncias formales presentadas a partir de los reportes de las mismas brigadas, así como la estrategia de denuncia en medios de comunicación y redes sociales con el propósito de visibilizarnos como Red e iniciativa ciudadana. Finalmente, compartimos igual en términos generales, las alianzas encontradas en distintos espacios para impulsar las acciones en defensa de un proceso íntegro y democrático, así como los resultados que nos compartieron los enlaces de la RUCD desde distintos estados del país. A manera de conclusión, en el penúltimo apartado enlistamoslas recomendaciones que como Red Universitaria y Ciudadana hacemos a las autoridades electorales respecto de los incidentes, anomalías e irregularidades observadas el todo el proceso electoral y para cerrar con algunos testimonios de personas que participaron en el despliegue de forma activa y que nos compartieron sus experiencias, expectativas, descubrimientos y observaciones más allá de lo cuantificable. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1XADyj7P205lbR6Tn3MC5Xwpk4HE4CVi6/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Alerta de género en Ciudad de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Teniendo en cuenta que la Alerta de Género es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta en la capital. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de noviembre de 2018 Miguel Concha El Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) presentó el pasado 30 de octubre el Informe Sombra, que ya ha sido respaldado por más de 132 organizaciones y siete personas. Tiene como propósito fundamental proporcionar al Grupo de Trabajo una herramienta que contribuya a la Declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en CDMX, ciudad en la que tan sólo de enero de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres. El comité es un órgano de ciudadanas provenientes de la academia, colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, que nació por la preocupación de la grave situación de violencia feminicida que permea en la capital del país. Teniendo en cuenta que la AVGM es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta. Se trata de un ejemplo acerca de cómo la ciudadanía puede y debe apropiarse y hacer uso de los mecanismos institucionales. Es menester señalar que la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) propició la creación de la AVGM, mecanismo único en su tipo que pretende enfrentar y erradicar la violencia feminicida por conducto de acciones legislativas, judiciales y de política pública en determinados estados de la República que presentan situaciones graves de violencia de género. Ahora bien, el proceso de la declaratoria de la AVGM en Ciudad de México tiene una génesis muy concreta: la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las mujeres, así como la grave situación de violencia feminicida en la capital del país. Mediante la solicitud realizada al gobierno de la ciudad por parte de las organizaciones Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC, dicho proceso inició el 7 de septiembre de 2017. Razón por la que posteriormente se conformó el Grupo de Trabajo, entidad responsable de investigar y dictaminar la viabilidad o no de la declaración de la AVGM. El Informe Sombra se compone de siete capítulos, a través de los cuales el Comité presenta en sus páginas: 1. Los principales aspectos sobre los hallazgos del Grupo de Trabajo contenidos en las 20 conclusiones de su informe. 2. Las comprobaciones del propio comité a lo largo de la investigación sobre la identificación de la ejecución o incumplimiento del gobierno capitalino respecto a las conclusiones del Grupo de Trabajo, por medio de las solicitudes de información hechas a diversas instituciones gubernamentales, entre ellas la procuraduría capitalina, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. 3. Lo que el comité propone como la esfera del deber ser, es decir, el ideal de lo que debería haber realizado el Estado mexicano para atender de manera adecuada las conclusiones del Grupo de Trabajo 4) La Mesa de Trabajo Interinstitucional, para dar seguimiento a los casos de muertes violentas. 5) La pertinencia de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Con base en lo anterior, el Comité Alerta CDMX consideró que las acciones estatales han sido hasta ahora insuficientes para enfrentar y erradicar los graves y altos índices de violencia feminicida en la capital del país, porque, entre otras cosas, y de acuerdo con la información que se obtuvo, el gobierno incumplió numerosos y cruciales indicadores fijados por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, la elaboración de planes de formación con perspectiva de género para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia y el clima de impunidad, que lejos de disminuir el problema, motiva la persistencia de la violencia feminicida y de la violencia de género. Si consideramos que la declaración de la AVGM se propone enfrentar la violencia feminicida de manera urgente y atender la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, entonces concluyamos los siguientes puntos: 1. La AVGM debe ser declarada en CDMX, lo cual no es sólo algo conveniente, sino absolutamente necesario para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en la capital de la República, pues con su declaratoria este mecanismo permite cambios estructurales. 2. La declaración de la AVGM obligará al Estado mexicano a realizar acciones de emergencia que, tal como señala el artículo 21 de la LGAMVLV, garanticen la seguridad de las mujeres, cese la violencia en su contra, y se eliminen las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 3. El informe del Comité Alerta CDMX debe ser considerado por el Grupo de Trabajo como un valioso insumo para la decisión de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Si desea consultar más información vaya a: derechoshumanos.org.mx/comitealertacdmx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Esx Queso [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Éxodo centroamericano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de noviembre de 2018 Miguel Concha Organizaciones de la sociedad civil en México y Honduras, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han monitoreado y expresado su preocupación por las formas de violencia sistemática y sistémica en aquel país, y han hecho referencia al papel que juegan los problemas estructurales como la pobreza, la marginación, la corrupción y la impunidad en la migración forzada de personas. El pasado 13 de octubre se dio a conocer que cerca de siete mil personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, saldrían de Honduras con la finalidad de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. De conformidad con las propias personas parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos, como producto de la pobreza y de la falta de oportunidades. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos (EU) respecto al trato de migrantes mexicanos en el exterior. Sin embargo, por medio de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF), éste ha puesto en marcha operativos de control, llevando a cabo acciones de detención y amedrentamiento, como dejar a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, varadas en condiciones climáticas extremas en el puente de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sin agua, alimentación, ni servicios de salud y sanitarios. Algunas de las consecuencias de esta actuación pudieran significar tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y es un mensaje de aquello a lo que se enfrentarán si insisten en ingresar al territorio mexicano sin un documento acorde con lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento. Diversas organizaciones civiles y albergues que trabajan en Chiapas y Oaxaca han logrado monitorear la situación y han denunciado la falta de información veraz sobre el derecho a solicitar y recibir asilo; el uso de la fuerza por parte de la PF; la privación de la libertad de personas que solicitan protección internacional en las estaciones migratorias; la falta de alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, y el condicionamiento a recibir servicios a cambio de entregarse al INM para comenzar su proceso de deportación. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de apoyar en la coordinación de la ayuda humanitaria, trabaja de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), intentando resolver un rezago de solicitudes de protección que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo el año pasado más de 14 mil solicitudes, de las cuales 50 por ciento sigue sin resolución. Lo que representa que más de cuatro mil personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre. En este contexto es fundamental que el Estado mexicano respete, proteja y garantice todos los derechos de las personas en contexto de migración internacional, por medio de: 1) el establecimiento de mecanismos de detección y atención integral, particularmente para mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y solicitantes de protección internacional, entre otros, brindándoles además asesoría legal sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y atención a su salud física y sicológica. 2) No privar de la libertad por motivos migratorios a personas solicitantes de asilo, y mucho menos a niñas, niños, adolescentes y sus familiares. 3) Fortalecer el trabajo de monitoreo y denuncia de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) a escala federal y estatal, así como vigilar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares solicitadas por la CNDH. 4) Implementar garantías de no repetición de actos de uso de la fuerza pública en contra de las personas migrantes, como los sucedidos el 19 de octubre. 5) Coordinar diversas entidades del Estado, como las Procuradurías de Protección a la Infancia, la Comar y los OPDH en el acompañamiento durante la ruta del éxodo centroamericano, y su coordinación con la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. 6) Elaborar estadísticas desagregadas por edad, nacionalidad, sexo y condición de viaje que permitan contar con una base de datos para la puesta en marcha de acciones humanitarias, acompañamiento legal y asignación presupuestal. 7) Garantizar la seguridad de las personas en albergues, casas de migrantes y centros de derechos humanos, así como el respaldo y facilitación de su trabajo de monitoreo. 8) Respetar el principio de no devolución y expulsión masiva. Es también imperante que en las acciones de ayuda humanitaria y de atención integral se tomen en cuenta las condiciones a las que se enfrentarán en el norte, como son las largas esperas para solicitar asilo en EU; las temperaturas, que pueden bajar a menos de 10 grados centígrados; el control del territorio por parte del crimen organizado, y las políticas del presidente Trump para que los países de origen y tránsito pongan en marcha medidas de control. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Sociedad Civil exigen al gobierno mexicano garantizar, respetar y proteger los derechos de migrantes durante el éxodo
Fundamental el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para reducir el riesgos y abusos en contra de personas migrantes. LIC. ALFONSO NAVARRETE PRIDA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN LIC. MANUEL VELASCO COELLO CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES PRESIDENTE LIC. RENATO SALES HEREDIA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESIDENTE Las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones de protección a los derechos humanos y atención humanitaria a personas del éxodo centroamericano en el trayecto que emprenden de la CDMX hacia el norte y los grupos que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur, así como brindar protección y respaldo a todas las organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos y paz, así como a organismos internacionales que han desplegado un esfuerzo importante para acompañar a las personas migrantes durante su paso por México. Las personas migrantes han recibido el apoyo humanitario generoso de personas, y de organizaciones internacionales y nacionales, así como el asesoramiento y acompañamiento legal y emocional en los lugares a los que han llegado, sin embargo, por diversas circunstancias son muy pocas las que han acompañado y acompañarán en su transitar por territorio mexicano. Los Organismos Internacionales son vitales para el monitoreo y vigilancia del desarrollo de la Caravana, y los Organismos Autónomos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para vigilar el respeto y garantía de los derechos de las personas por parte del Estado mexicano. Este acompañamiento humanitario es fundamental para la seguridad de las personas migrantes, que se verán cada vez más amenazadas por grupos del crimen organizado y las malas condiciones atmosféricas a medida que avanzan hacia el norte y del control fronterizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, no es suficiente ofrecer apoyos en los lugares en los que permanecen transitoriamente, sus derechos están en riesgo particularmente durante su caminar. Una protección humanitaria robusta, articulada y permanente por y entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, puede reducir significativamente la vulnerabilidad de las y los migrantes, así como servir de testimonio de los atentados que se cometan en su contra. La magnitud de esta movilidad obliga pensar en ella como un sujeto colectivo que tiene el derecho de gozar de protección especial, sobre todo cuando se han identificado a personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTI y personas de la tercera edad, las cuáles requieren y exigen atención prioritaria en los lugares en los que más riesgos y necesidades tienen como son las carreteras por las que transitan. Es preciso que, en esta coyuntura crítica, el Estado mexicano interprete sus mandatos lo más amplio posible, para maximizar la atención humanitaria y la protección de derechos de las personas migrantes, en lugar de convertirlos en obstáculos, para lograr tales fines con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La solidaridad activa de las organizaciones internacionales y nacionales es fundamental para reducir el riesgo de que la caravana migrante sea víctima colectiva de violaciones graves de derechos humanos. A mayor presencia de esas organizaciones y del Estado, menos vulnerables serán los migrantes y más visibles serán los atropellos que se cometan en su contra. Por lo cual es fundamental que el Estado ofrezca su protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a las organizaciones y personas que les acompañan. ORGANIZACIONES Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino Aldeas Infantiles SOS México Além das Fronteiras/Brasil Alianza Américas ALIANZA DE EX BRACEROS DEL NORTE Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) Asociación Todo Cambia y como Red Milano senza Frontiere Cafemin Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos AC Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE): Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís A.C. (Matamoros, Tamaulipas); Casa del Migrante Nuestra Sra. de Guadalupe (Reynosa, Tamaulipas); Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Refugiados (Ciudad de México); La Red Jesuita Con Migrantes México; Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada-CAFEMIN (Ciudad de México); Iniciativa KINO (Sonora); Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca); Casa del Migrante Jtatic Samuel (Chiapas); Casa del Migrante El Samaritano (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Seminario Scalabriniano (Ciudad de México); Hermanas de San José de Lyon en Albergue Decanal Guadalupano Tierra Blanca, Ver; Centro Agustín Prodh (Ciudad de México); Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León); Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León); Hermanas del Servicio Social Movilidad Humana (Michoacán); Comité́ Monseñor Romero-Casa del Migrante-Tochán (Ciudad de México); Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio de México, A.R. (Ciudad de México); Casa Migrante de Saltillo (Coahuila); Pastoral de la Migrantes Diócesis de Tulancingo (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Necesitado-CAMYN (Sonora); Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas); Comedor La Esperanza del Migrante- Las Patronas (Veracruz); SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (Ciudad de México); Comisión de Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana-Arquidiócesis de México (Ciudad de México); Casa del Migrante La Santa Cruz (Chiapas). Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Lic. María Mayela Blanco Ramírez; Mtra. Irazú Gómez, Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama, mscs., Estudios Fronterizos de la UACM Sicsal. Colectivo Ustedes Somos Nosotros Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas. Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, Comunidad Teológica de México. Comunidades por la Justicia y la Paz Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM) Dimensión de Pastoral de Pueblos Originarios y Afro Mexicanos (PPOYAM) Documenta desde abajo Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban AC, Fundación para el Desarrollo del Bajío Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos «Por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas de México»
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Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirma crisis de DDHH en México
#ColectivoEPUmx convoca al Gobierno federal electo, a través de la Cancillería, a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones del Examen Periódico Universal Impunidad, violencia contra personas defensoras y periodistas, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niñez, seguridad y justicia, principales preocupaciones internacionales. Países recomiendan la creación de una Fiscalía General autónoma e independiente y un Mecanismo contra la Impunidad. Hoy a las 9 de la mañana, hora de Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se examinó a México en materia de derechos humanos en el contexto del Mecanismo Examen Periódico Universal (EPU). Los países representados en dicho mecanismo internacional tuvieron oportunidad de expresar sus recomendaciones al Estado mexicano sobre la situación de derechos humanos que vive nuestro país. En las participaciones de los Estados se pudo confirmar el diagnóstico de actores internacionales sobre México: la crisis de derechos humanos persiste. El principal tema de preocupación fueron las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores. También se realizaron múltiples observaciones en torno a la violencia estructural e institucional que se ejerce contra las mujeres. Se reiteró la necesidad de atacar los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad, por considerar que se trata de indicadores certeros y verificables en el cumplimiento de las responsabilidades respecto a los derechos humanos de un Estado. En esta lógica se reiteró la necesidad de una #FiscalíaQueSirva y se retomaron muchas preocupaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra, como la revisión de la Ley de Seguridad Interior. Destacan las recomendaciones de Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega apoyando la necesidad de fortalecer esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la impunidad. Es importante señalar que los representantes de los Estados sostuvieron diálogos en los meses anteriores con el #ColectivoEPUmx, un ejercicio de articulación histórico desarrollado por más de 245 organizaciones de la sociedad civil, quienes el 29 de marzo presentamos un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos como insumo para este proceso. La delegación del Estado mexicano reconoció que nuestro país enfrenta retos considerables y que las violaciones a derechos humanos les sobrepasan. Las organizaciones que conformamos el #ColectivoEPUmx consideramos que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se ha constatado la utilidad de este examen para aportar datos objetivos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México. Desde nuestros diferentes campos de expertise hemos aportado nuestra documentación no sólo al informe (disponible en http://bit.ly/2DqgxcG), sino en un conjunto de fichas temáticas (disponibles en http://bit.ly/2Dr0wTJ) que fueron herramientas para este proceso. A partir del llamado que realizamos al nuevo gobierno durante el lanzamiento de nuestro informe el 29 de septiembre de 2018, sostuvimos contactos con la futura Cancillería, quien aceptó nuestra sugerencia de observar dicho proceso. De manera respetuosa les convocamos a sostener un encuentro público cuando ya sean gobierno y las recomendaciones hayan sido emitidas. De la misma manera, reiteramos nuestra solicitud para que en el marco de la asistencia técnica en materia de derechos humanos, se fortalezca la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones. Hemos documentado que desde el final del segundo ciclo del EPU México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos. Ello se ha expresado en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos. Reiteramos nuestro llamado al Consejo de Derechos Humanos para que colabore con el Estado mexicano para generar mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y mecanismos tendientes a erradicar la impunidad. Más info: Quetzalcoatl g. Fontanot | 5517966731
