Nuestras mártires. La violencia en contra de las mujeres

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 25 de noviembre de 2017 Por: Zuleyma Edain Ramos Valdez La dignidad en nuestras manos El pasado 16 de noviembre diferentes organizaciones con diversas inspiraciones religiosa, así como organizaciones civiles y de derechos humanos, conmemoramos a nuestras personas mártires de América Latina, en el marco de la conmemoración del lamentable asesinato en 1989 de ocho personas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ubicada en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Con cantos, poemas y música les recordamos. Todas nuestras personas mártires que a partir de la defensa de su lucha, les fue arrebatada la vida. Tal es el caso de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, opositoras a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mariposas, fueron víctimas del Estado represor y machista que no sólo les arrebató la vida, sino que también las expuso a la violencia de género  a partir de la tortura sexual. En memoria de las Mariposas y en aras de unir esfuerzos mundiales para eliminar la violencia en contra de las mujeres, se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Podemos entender esta violencia como toda acción que vulnera nuestra integridad como mujeres. Son acciones que van desde las miradas lascivas, hasta los tocamientos, golpes, torturas, violaciones sexuales, desapariciones, trata y por supuesto feminicidios, por mencionar sólo algunas formas de violencia. Esto es un problema estructural que en los últimos años ha ido en incremento y según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en América Latina se cometen al día 12 feminicidios, de los cuales, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 7 se producen en México.   Con estas cifras nos percatamos que estamos viviendo un contexto que necesita generar estrategias para contrarrestar dicha violencia, asimismo, estamos en un contexto que requiere recordar a cada una de las mártires de esta violencia estructural. Pareciera que hoy en día la lucha que cada mujer encabeza, comienza por enfrentar el sistema patriarcal y con ello, muchas vidas se nos han arrebatado. Recordar que el 25 de noviembre conmemoramos a las Mariposas y exigimos un cese a la violencia en contra de las mujeres, es un acto que necesita seguir sumando esfuerzos para que ninguna mujer más experimente algún tipo de violencia, para que autoridades de todas las naciones garanticen una vida libre de violencia hacia las mujeres y para que exista sanción a los responsables. Recordar que el 25 de noviembre es un día de lucha y de esperanza para mantener la vida digna nos lleva a recordar también los sueños de todas aquellas mujeres que no se encuentran con nosotras hoy y que ante el contexto actual de violencia patriarcal se han convertido en nuestras mártires.  Estas líneas las dedicamos a ellas. En memoria de Lesvy, Victoria, Valeria, Mara, Anayetzin, Beatriz, Karen, María del Sol, Miroslava, Miriam, Leticia, Joselin y cada una de las que no he nombrado en este texto. A ellas les decimos que su espíritu perdura en cada uno de nuestros puños en alto. Por ellas, por nosotras y por las que vienen, nadie podrá callar nuestro aliento de luz que siembra la esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]  *Zuleyma Edain Ramos Valdez es colaboradora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Consultar en Animal Político. Imagen destacada : Centro Vitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24

ALERTA: SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO SE PODRÍA DECIDIR ESTE VIERNES 24 Ciudad de México, 12 de julio de 2017 A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México. Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país. La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales. Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas. México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros. Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado. Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje. Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas. ¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud? Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248 Francia Gutiérrez Hermosillo Comisión de Comunicación  Demanda Colectiva Maíz

Defensa indígena del agua

Defensa indígena del agua Sábado 18 de noviembre de 2017 Miguel Concha  Como resultado de una resolución del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los Valles Centrales de Oaxaca las comunidades indígenas zapotecas están siendo consultadas por el Estado mexicano sobre el uso y cuidado del agua para el campo. Esta consulta, como algunas otras de los pueblos indígenas realizadas en varias partes del país, se da sólo tras un largo camino de organización y demanda de las propias comunidades articuladas en la Coordinadora de Pueblos en Defensa del Agua (Copuda), y se realiza en medio de la oleada de proyectos extractivos, agroindustriales e inmobiliarios que ha provocado centenares de conflictos en todo México, en un contexto de graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el caso de la Copuda la consulta no se lleva a cabo para valorar la implementación y consentimiento de grandes megaproyectos, sino que se trata de plantear que las comunidades indígenas puedan normar y autorregular el consumo y extracción del agua de los mantos acuíferos de la región. Aspecto que implica también el reconocimiento de derechos territoriales, y del derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas. Y es que en un monumental trabajo organizativo intercomunitario, Copuda ha creado y mantenido un sistema de gestión del agua que se ha convertido en una de las muestras ejemplares de gestión de los bienes comunes naturales en nuestro país. Este sistema, en efecto, no existía hace dos décadas, y hoy es una realidad. Incluye cientos de pozos de absorción y recarga de los acuíferos; comités de agua por comunidad; coordinaciones que comunican los esfuerzos de 16 comunidades; reglamentos, vigilancia y autorregulación para un uso moderado y controlado de manera colectiva. De la misma manera se apuesta por la recuperación de prácticas de cultivo que ahorran y hacen más eficaz el uso del agua. El trabajo que las comunidades han hecho en las últimas décadas es consecuencia de un decreto de veda impuesto en la región desde hace una generación, por el que se les restringe a los pueblos el uso del agua. Lo que en los hechos ha afectado la práctica tradicional agrícola de la zona y la vida tradicional de sus habitantes, orillando a la pérdida de trabajo en el campo, e incentivando la migración. Dicho decreto de veda impide el aprovechamiento de pozos agrícolas que permanecían en una larga sequía, hasta que la gestión y creatividad de las comunidades revirtieron la escasez de agua que ahora la Comisión Nacional del Agua no les permite utilizar. Por ello, mientras los agricultores comenzaron los trabajos por los que ahora se les conoce como sembradores de agua, organizaciones sociales como Flor y Canto han acompañado la lucha jurídica que ahora desemboca en la consulta sobre la posible modificación del decreto de veda, al mismo tiempo que se avance en el reconocimiento de su propio sistema de gestión comunal. Lo que permitiría cumplir así con el derecho de acceso al agua, reconocido en el artículo cuarto de la Constitución. La lucha de la Copuda por defender el agua y la vida de sus comunidades, así como el proceso de consulta por la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias e instancias gubernamentales federales, es una oportunidad para que el Estado mexicano pueda reorientar su relación con los pueblos indígenas, o al menos enviar una señal positiva en esa dirección. Debería quedar claro que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, y que en esta consulta es fundamental que se respeten la cultura, los tiempos, y los usos y costumbres de las comunidades que decidirán. También es fundamental el monitoreo minucioso de la ciudadanía y de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Lo que cobra sentido teniendo en cuenta que en otras consultas ya realizadas en nuestro país, las autoridades insisten en desplegar recursos y artimañas para que el cumplimiento de las resoluciones judiciales se conviertan en un mero trámite formal, por el que, obligadas por las leyes, y sin mayor voluntad política, se niegan a cumplir con sus responsabilidades. O las utilizan para legitimar proyectos de inversión que atentan contra los territorios indígenas y vulneran derechos humanos, así como las prioridades o preocupaciones expresadas por los pueblos y comunidades al exigir su derecho a la consulta. El proceso de Copuda, y su sistema comunitario de gestión del agua, abre la pregunta de si el gobierno federal, una vez más, desviará su demanda central y dará una respuesta meramente burocrática, o si reconocerá al sistema comunitario como una manera exitosa, viable y sostenible de gestión y uso del agua. Significa también una oportunidad para que el Estado, en su propia visión de la consulta, integre el derecho a la autodeterminación y al territorio que tienen los pueblos indígenas, o por el contrario la reduzca a un procedimiento legal de importancia secundaria que desprecia a los pueblos, a sus modos de organizarse y a sus formas de reproducir y cuidar la vida, además de reforzar las brechas de desigualdad en la región. La resistencia de la Copuda, cuyo esfuerzo fue recuperado en la reciente Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio (VIDEOS : http://bit.ly/2AKtpoG | http://ow.ly/qmic30gPjfz ), muestra una alternativa. Será fundamental seguir de cerca el proceso y poner atención en el debate que de manera informal e implícita discutirá si sólo el Estado puede implementar la gestión de los bienes comunes naturales imprescindibles como el agua, o si existen otros modos y formas, en este caso comunales, que la hagan posible. La respuesta práctica de las y los campesinos indígenas zapotecos es a este respecto un rotundo sí, abriendo con ello un horizonte de esperanza y creatividad que nos hace voltear la mirada hacia las enseñanzas de Oaxaca. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : CDI Flor y Canto A.C.  Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24

Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín

A solicitud de la familia y defensa de Lesvy la investigación seguirá abierta hasta enero del 2018 Familia y organizaciones acompañantes podrán seguir aportando material de prueba para esclarecer el caso Este viernes 17 de noviembre se llevó a cabo una audiencia para definir la ampliación del plazo para la investigación en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio a petición de la familia de Lesvy, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; esto con el fin de seguir aportando datos de prueba en la carpeta de investigación. Dicha ampliación fue otorgada por la Jueza de Control de nombre Gloria Hernandez Franco adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Número Seis, representando así un paso a favor de la búsqueda de la justicia para Lesvy y el esclarecimiento del feminicidio ocurrido el 3 de mayo en Ciudad Universitaria. La ampliación de este plazo es determinante para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia ya que el periodo otorgado hasta ahora ha sido insuficiente, considerando que tanto a la familia como a su defensa les fue negado el acceso al expediente durante dos meses. La investigación continuará hasta el día 11 de enero del 2018, posibilitando que la familia de Lesvy  sigan aportando material de prueba en el caso con la intención de no dejar dudas sobre lo que ocurrió. A siete meses del feminicidio de Lesvy, familiares y organizaciones acompañantes hemos exigido una debida investigación, el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y garantías al debido proceso, así como congruencia en el proceso de justicia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX

SOBRE EL EVENTO: Les invitamos al Foro Alerta de Género para la Ciudad de México, el que, además de ser informativo, contará con la presencia de mujeres que han vivenciado la violencia institucional. La evidente violencia contra la mujeres en México es agravada por la respuesta omisa e insuficiente por parte de los poderes del Estado, la cual obstruye el derecho al acceso a la verdad y justicia de las mujeres. La Ciudad de México se ha convertido en una de las entidades con mayores índices de violencia de género y en particular de violencia feminicida que se traduce en hechos y delitos como violencia sexual, trata de personas, desapariciones de mujeres y niñas y feminicidios.  Por ello, consideramos importante y necesario reunirnos para exigir una ciudad en la que podamos tener una vida libre de violencia; en donde se construyan horizontes con futuros seguros para todas las mujeres que tienen sueños y metas. Y que estos no se vean quebrantados por obstáculos en el acceso a la justicia y violencia institucional, los cuales solamente han permitido que vivamos rodeadas de impunidad.  Convocan el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, les esperamos. Evento en facebook  Miércoles 22 de noviembre. 09-14 hrs. Hotel Imperial Reforma:  Paseo de La Reforma 64, Juarez, Juárez, 06600 Cuauhtemoc, CDMX

Investigación por feminicidio de Lesvy debe continuar

INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO DE LESVY DEBE CONTINUAR El día 17 de noviembre el Juez de Control Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Seis decidirá si se amplia el plazo de investigación en el Caso Lesvy en una audiencia realizada a petición de la familia.  La investigación debe continuar, el pasado 1o de noviembre terminó el plazo de cuatro meses que la autoridad judicial otorgó para que tanto la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) como la familia y defensa aportaran datos y pruebas en la carpeta de investigación. Tanto la familia de Lesvy como organizaciones acompañantes buscamos la verdad por nuestra cuenta, por lo que ante el cierre de la investigación de parte de la PGJ-CDMX, solicitaremos la ampliación hasta por el máximo que prevé la ley, lo que significaría que se podrían seguir aportando datos de prueba hasta el próximo 17 de enero.  Es necesario y urgente que la autoridad judicial responsable de conceder la ampliación de la investigación pondere el derecho a la verdad y a la justicia, que considere también la negativa al acceso a la carpeta de investigación que por dos meses enfrentó la familia de Lesvy así como diversas irregularidades y obstáculos que han sido descritos a lo largo de estos meses, entre ellos los que llevaron a la reclasificación del caso a feminicidio agravado ocurrida apenas en octubre y que evidenció la invalidez de la hipótesis que la PGJ-CDMX declaró e insistió como única desde mayo.  ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Declaración de la relatora de pueblos indígenas Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Defensa indígena del agua Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX Estado Mexicano rinde cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco Una sentencia excepcional Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer la situación de sus derechos humanos y colectivos CONVERSATORIO: Ley del Sistema Integral de DDHH de la Ciudad de México

Estado Mexicano rinde cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco

ESTADO MEXICANO RINDE CUENTAS ANTE CORTE IDH POR TORTURA SEXUAL EN CASO ATENCO 15 de noviembre de 2017 Los días 16 y 17 de noviembre del presente año, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual tras la represión de Atenco en 2006 sostendrán una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar las violaciones a derechos fundamentales que el Estado Mexicano perpetró y busca mantener en la impunidad durante 11 años El 3 y el 4 de mayo de 2006, habitantes de Texcoco y de San Salvador Atenco se manifestaron en apoyo a un grupo de hombres y mujeres que se habían instalado afuera de un mercado para vender flores. Los vendedores fueron rodeados por granaderos y pidieron el auxilio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ante la presencia de los ejidatarios la respuesta del Gobierno del Estado de México fue desatar una brutal represión con gas lacrimógeno, agresiones físicas y petardos. El operativo resultó  en 2 personas muertas (entre ellas, un menor de edad), 207 detenciones arbitrarias y 27 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de elementos policiacos. Once de estas mujeres decidieron denunciar al Estado, y a partir de ello se ha visto el intento de las autoridades de encubrir y dejar impunes estos hechos. El caso que ha sido visibilizado con el hashtag #MujeresDeAtenco, después de más de 11 años, ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de ese tiempo, el  entonces Gobernador del Estado de México y ahora Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, ha marcado una tendencia de criminalización, estigmatización y represión de la protesta social. Hasta la fecha, el Estado ha incumplido con su deber de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, respondiendo de manera sistemática a través del uso excesivo de la fuerza por parte de sus aparatos policiales, teniendo consecuencias graves desde detenciones arbitrarias masivas hasta la comisión de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, por medio del uso de armas letales. Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) consideramos de vital importancia que el Estado Mexicano acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la resolución que en particular emita en este caso, tomando todas aquellas medidas  estructurales que garanticen la no repetición de este tipo de hechos, además de la reparación que de manera integral proporcione a las mujeres víctimas de violaciones en sus derechos. Asimismo, hacemos énfasis en el hecho de que el Estado Mexicano es cómplice y partícipe de la violencia machista y misógina; y, en este caso, ha hecho uso de la tortura sexual como un medio para castigar la protesta social. Consideramos esta situación particularmente indignante y repudiable en un país donde diariamente se cometen 7 casos de feminicidio, quedando la mayoría impunes. Así, denunciamos que las autoridades perpetúan la violencia en contra de las mujeres, así como la represión de la protesta social, cuando está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos a la integridad personal, a la libre expresión de todas las personas. Frente a un contexto de graves violaciones a derechos humanos como el que atraviesa México, aunado a la imperante impunidad que existe y que incentiva a que se sigan cometiendo este tipo de hechos, exigimos a las autoridades de todos los niveles que garanticen de manera plena la verdad, justicia y reparación de todas las personas víctimas, sin simulaciones ni paliativos.   Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Eneas De Troya Entradas relacionadas: Estado Mexicano rinde cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer la situación de sus derechos humanos y colectivos CONVERSATORIO: Ley del Sistema Integral de DDHH de la Ciudad de México Organizaciones de DH y académicos publican Informe presentado a la CNDH a partir de la documentación del 19S Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la “modernización” del TLCAN Amenazas contra el derecho a la información El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH)

Una sentencia excepcional

Una sentencia excepcional Sábado 11 de noviembre de 2017 Miguel Concha  Defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan cotidianamente a policías, ministerios públicos y jueces que interpretan y aplican la ley de manera sesgada, atendiendo a los intereses de una oligarquía que corrompe la vida política e institucional. Pocas veces las decisiones judiciales se apegan a altos estándares de derechos humanos, debido proceso, presunción de inocencia y controles de constitucionalidad y convencionalidad. Por eso celebramos la decisión de un juez que tuvo a bien proteger al inocente frente al hostigamiento que ejercían en su contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Procuraduría General de la República (PGR). En nuestra colaboración del 20 de mayo reseñamos en estas páginas la lucha de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) por el derecho humano a ese servicio. Desde entonces ha enfrentado la creciente criminalización de su lucha. Las policías municipales del estado de México y la PGR, en contubernio con la CFE, han detenido e investigado, en los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Chimalhuacán, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Chalco, a por lo menos 18 personas, entre las que se cuentan mujeres y personas adultas mayores. A todas se les imputó el delito de Oposición a obra o trabajo públicos, previsto en el artículo 185 del Código Penal Federal. Este tipo penal es inconstitucional, pues contraviene el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación. Sin embargo la PGR y la CFE insisten en criminalizar a las personas por manifestar su desacuerdo con el proyecto de modernización de infraestructura eléctrica que la CFE implementa sin consultar a los usuarios del servicio. Como parte de ese proyecto, se está cambiando la infraestructura eléctrica en lugares donde se encuentra en buenas condiciones, sustituyendo el cableado de cobre por el de aluminio, cuando todo mundo sabe que el cobre es el mejor conductor de electricidad. Estos argumentos fueron los que el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria expuso ante el juez Cota Murillo en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, quien conoció el caso de los señores Manuel Damián Mendoza y José Pedro Moreno Herrera, miembros de la ANUEE, detenidos arbitrariamente el 9 de agosto de 2017. Ese día vecinos de la colonia Minas Palacio, entre ellos Manuel y Pedro, cuestionaron a personal de la CFE sobre las obras que realizaban. Les solicitaron información y manifestaron sus preocupaciones sobre las características de la obra, al no cumplir con los requisitos legales ni con la calidad adecuada. El personal de la CFE se negó a dar la información, y en lugar de ello se burló de la gente profiriendo insultos. Indios ignorantes les llamaron. Pedro y Manuel fueron engañados por la policía y por el supervisor de CFE, Luis Daniel Martínez Ornelas, quien les manifestó que les mostraría los documentos que solicitaban una vez que se subieran a la patrulla, para ir todos juntos frente al juez calificador. Kilómetro y medio adelante los policías les informaron que se encontraban detenidos y serían trasladados a la PGR de Naucalpan. La PGR solicitó a la autoridad judicial federal vincularlos a proceso, por lo que hubo que acudir a defenderlos a Almoloya, como si fueran los más peligrosos criminales. La audiencia se celebró el 16 de octubre y, pese a las artimañas de la PGR, la defensa pudo aportar pruebas en favor de los compañeros. El juez escuchó con atención y finalmente resolvió que Pedro y Manuel son inocentes y se encontraban en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. “Es demasiado –dijo a los representantes de la PGR y la CFE– traer un caso así aquí al Altiplano para analizar si los actos de protesta se pueden criminalizar o no; el ámbito de protección de la ley penal no puede llegar a ese extremo”. “El núcleo esencial de los derechos de la democracia es el derecho a protestar –añadió–; si no dejamos a las personas que protesten contra el ejercicio de un trabajo público de energía eléctrica, difícilmente esas personas van a encontrar voz en otro lugar para que ese trabajo se haga de manera adecuada”. “La vía penal, el Altiplano –dijo también-, no está para criminalizar actos de protesta social en trabajos de energía eléctrica. No hay democracia sin protesta, sin derecho a disentir. No veo por qué traer a las personas que se están manifestando aquí al Altiplano a criminalizar una protesta social de esa manera”. Y prosiguió, el trabajo público debe realizarse cumpliendo los requisitos legales, y aquí se explicó claramente que si se va a realizar una obra pública, una idea muy básica es que se informe a los propios usuarios de la energía eléctrica. Protestar por un trabajo público, en el que se está cambiando la infraestructura de cobre a aluminio sin aviso previo, no es delito. El servicio tiene que ser eficiente, efectivo y justo en lo que implica su remuneración. Hay vías administrativas y sociales previas que deben agotarse antes de acudir al Altiplano. Los conflictos sociales deben resolverse por otras vías. La tarea que ahora tenemos quienes luchamos por un Estado verdaderamente democrático, en el que no sea criminalizada la protesta, es defender esta resolución. Por su parte, la PGR y la CFE ya apelaron de esta decisión justa y protectora del pueblo, y el recurso pronto será resuelto por el tribunal unitario especializado en materia penal del segundo circuito en Almoloya de Juárez. Confiamos en que la magistrada a cargo de ese tribunal confirme el auto de no vinculación a proceso de Pedro y Manuel, y los libre así del escarmiento que pretenden darles la PGR y la CFE, que a su vez busca desmovilizar y desestructurar una organización social de 70 mil familias que defienden la energía eléctrica como un derecho frente a la reforma que la privatizó. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ANUEE Tlalpan (Facebook) Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Alerta: siembra de maíz transgénico se

Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer la situación de sus derechos humanos y colectivos

RELATORA DE LA ONU SE ENCONTRARÁ CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS   La Relatora especial de los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero, a fin de conocer las problemáticas específicas en los territorios Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; Eólicas del Sur en Juchitán; Proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; la minera de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, en otros.  Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto se han multiplicado. Por ello, la visitay su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve.   A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora. Organizaciones firmantes: Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo(AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA

CONVERSATORIO: Ley del Sistema Integral de DDHH de la Ciudad de México

SOBRE EL EVENTO:   ¿Cómo el Sistema Integral de derechos humanos puede aportar a garantizar la transversalidad de los derechos humanos para lograr una vida digna en la CDMX? ¿Por qué es tan importante asegurar e incentivar la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento a las disposiciones legales que habrán de garantizar que el gasto público de la Ciudad de México sea asignado con enfoque de derechos humanos? Les invitamos a encontrarnos y reflexionar en torno al SIDH, la entrada es libre. Lunes 13 de noviembre. 16 hrs SALA 21 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México.