Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer indígena amuzga defensora de derechos humanos, originaria del municipio de Xochistlahuaca de la Costa Chica de Guerrero. Fue injustamente privada de su libertad, teniendo múltiples procesos penales y carpetas de investigación en el ámbito local y federal en su contra por su delito más grave: la defensa de los derechos humanos.
En el marco del 4to aniversario del #19s, podemos decir que las consecuencias del sismo no son atribuibles exclusivamente a factores externos, pues existen responsabilidades estatales que cuando son incumplidas violentan los derechos humanos.
Por las omisiones de la perspectiva de juventudes y acciones particulares en las medidas destinadas a la prevención y atención de la pandemia por la COVID-19, se constituyeron violaciones a derechos humanos hacia las y los jóvenes en tanto no se garantizaron las obligaciones del Estado mexicano para proteger y respetar sus derechos.
La presión y las amenazas contra la comunidad de San Miguelito por la venta de sus tierras es una constante que se presenta desde el 2019, la cual ha afectado la vida cotidiana de sus habitantes.
Ante los altos índices de violencia y discriminación que sufren las mujeres, es claro que el país sigue careciendo de estrategias nacionales integrales que reduzcan las brechas de desigualdad y las múltiples violencias que las afectan, las cuales se han agravado potencialmente debido a la pandemia por la COVID-19.
Son diversos los desafíos que existen para el cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, nos enfrentamos a un contexto condicionado por la pandemia en donde los efectos a largo plazo todavía se desconocen.
Con la Campaña #SinMaizNoHayPais se hicieron presentes la creatividad, las manifestaciones artísticas, la protesta social, la interlocución para llevar a las discusiones públicas las necesidades de comunidades campesinas.
Ayotzinapa ha sido posibilidad radical para reconocer y asumir una realidad común, es decir, una posición frente al mundo donde el dolor y el daño instan a dejar de ser experiencias condenadas al sufrimiento privado.
Las soluciones para resarcir los daños de la pandemia no habrán de ser impuestas mediante mecanismos de violencia que provocan la ruptura de las comunidades y el desvanecimiento de la experiencia de las luchas sociales.
El Comité de los Derechos del Niño apremió al Estado mexicano para adoptar políticas amplias para proteger y asistir a niñas y niños víctimas de cualquier violencia.
A tres años del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, el Estado tiene el deber y la obligación de dignificar y reconocer su figura como defensor, así como de garantizar el acceso a la verdad sobre los hechos.
¿Cuáles son los puntos en común entre dos activistas de diferentes latitudes y con una diferencia de casi 50 años entre un caso y el otro? El uso del aparato institucional enfocado a perseguir, desalentar y estigmatizar a los sujetos que se involucran en la protesta social, lo cual tiene impactos diferenciados sobre las mujeres activistas cuando ellas no se acoplan al constructo social de la feminidad y deciden dedicarse a la defensa de los derechos humanos.
A través de la campaña “Juventudes transformando realidades”, buscamos fortalecer el apoyo a las juventudes defensoras en su labor para la construcción de un país más digno y justo.