Impacto de la pandemia en la niñez
Se podría decir que el Estado mexicano ha adoptado, en principio, todas las medidas a fin de salvaguardar los derechos de las infancias, pero ¿realmente se han llevado a la práctica dichos compromisos?
Vivas nos queremos
Si bien en la actualidad existen avances en cuanto al reconocimiento de la violencia contra las mujeres, hoy siguen aconteciendo atrocidades en nuestra contra y siguen existiendo Estados omisos y negligentes ante estas problemáticas.
CDH Vitoria, 36 años de transformaciones compartidas
Cada año de trabajo nos recuerda que reconocemos al otro o a la otra como parte de nuestras historias y vidas. Es cuando tomamos partido y nos hacemos parte de los trabajos y esfuerzos por la dignidad, la justicia y la paz.
Reinventarnos es una necesidad vital, para florecer
Las horas, el grito, las pintas, las mantas, bordados y demás expresiones son ahora herramientas políticas de madres, amigas y hermanas para denunciar a las violencias que hace falta observar para florecer
¿Política exterior mexicana de derechos humanos?
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Donovan Ortega 20 de octubre de 2020 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo compuesto por 47 Estados, es responsable de la protección y promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Sus miembros deben comprometerse a respetar las normas de derechos humanos en el plano internacional y nacional, cooperar efectivamente con los mecanismos y órganos del Consejo, establecer mecanismos internos sólidos en consulta con la sociedad civil para aplicar y dar seguimiento a sus obligaciones internacionales, así como asegurarse de promover acciones en plena consonancia con su política interna de derechos humanos. El pasado 13 de octubre México fue reelecto como miembro del Consejo para el período 2021- 2023i bajo las promesas de contribuir al fortalecimiento de las normas y estándares internacionales en la materia, mantener su política de apertura al escrutinio internacional y continuar cooperando con los órganos de tratados y mecanismos especiales. No es la primera ocasión en la que el gobierno mexicano es electo para ocupar una posición dentro del Consejo, inclusive se puede decir que fue uno de los Estados que más participó en las negociaciones que condujeron a su creación en el año 2006. Esta reelección que se da en un contexto de crisis global exige más que nunca consolidar una política exterior comprometida con la defensa de los derechos humanos en la región y el resto del mundo, así como con la atención efectiva de las responsabilidades internacionales en la materia. A pesar de que las instituciones internacionales tradicionalmente se han caracterizado por priorizar modelos multilaterales que acotan la participación y el diálogo a los Estados, en el caso particular del Consejo se ha encontrado una vía para que las colectividades, movimientos sociales, víctimas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil puedan establecer espacios de interlocución y denuncia sobre las graves situaciones que están atravesando. En México, la crisis de derechos humanos continúa imperante. Algunas de las situaciones más apremiantes en la realidad nacional actual se refieren al número de periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinadas, posicionándonos en el segundo lugar a nivel mundial ii; el continuo discurso de criminalización y estigmatización promovido desde el Estado; el debilitamiento de instituciones como el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por los recortes en materia presupuestal y por la desaparición de fideicomisos de carácter social iii; el incremento de la violencia feminicida y la negación a tipificarla como tal ya que de 2,535 asesinatos de mujeres documentados hasta agosto del presente año únicamente 626 han sido catalogados para su investigación como feminicidios iv. A este escenario se suman las responsabilidades de México en materia del cumplimiento de más de 3,400 recomendaciones internacionales de derechos humanos y las decisiones emitidas por los Comités del Consejov, que siguen sin atenderse de manera efectiva e integral. ¿Cuál será entonces el papel que tomará el gobierno mexicano frente a esta reelección? ¿De qué forma se garantizará el cumplimento de las recomendaciones que derivan de las visitas de los procedimientos especiales o las resoluciones de los órganos de tratados para que realmente se atiendan y no únicamente continúen acumulándose? Recientemente hemos visto que la agenda a nivel de cooperación internacional está enfocada, por claras razones, en atender la situación derivada de la pandemia por COVID-19 y el suministro de una posible vacuna para el país, empero el contexto cada vez más complejo en materia de derechos humanos también demanda ser eje central de las acciones a nivel de política exterior. Conocer ampliamente los posicionamientos de México en la materia y las acciones derivadas resulta primordial, así como cuestionar cuál será la postura que adoptará el país con respecto a situaciones de crisis que están pasando en otros países de la región. ¿Continuará con posicionamientos como los recientemente alegados en la resolución relativa al caso venezolanovi o tendrá una postura más contundente para denunciar y señalar este tipo de violaciones a los derechos humanos? Asimismo, debe cumplir con su obligación de informar, hacer partícipe e integrar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil sobre la actuación internacional de México y en específico en su papel frente al Consejo; es la responsabilidad del Estado atender a sus peticiones y necesidades siempre desde un diálogo franco y respetuoso. La política exterior de derechos humanos debe evitar cualquier acto de simulación, actuando eficazmente por el respeto y promoción de los derechos humanos, estableciendo diálogos efectivos con todas las partes interesadas y atendiendo integralmente sus responsabilidades para responder a esta crisis multinivel. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de cumplir y atender integralmente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tener posturas claras en cuanto a sus posicionamientos en el orden internacional y hacer de su presencia en el Consejo un espacio que represente a todas las voces, que trabaje por las comunidades y denuncie las violaciones a derechos humanos. @CDHVitoria i Además de México otros 14 países fueron electos (Bolivia, China, Costa de Marfil, Cuba, Francia, Gabón, Malawi, Nepal, Pakistán, Rusia, Senegal, Ucrania, Uzbekistán y el Reino Unido). Disponible aquí. ii Información presentada por la UNESCO en noviembre de 2019 en el informe “Intensified attacks, new defences: developments in the fight to protect journalists and end impunity”. Disponible aquí. iii Comunicado de organizaciones de la sociedad civil sobre la eliminación de los fideicomisos y fondos. Disponible aquí. iv Comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Disponible aquí. v Para profundizar más sobre el cumplimiento de las decisiones de los órganos de tratados. Disponible aquí. vi México se abstuvo en la votación relativa a la resolución A/HRC/45/L.43/Rev.1, para ver la resolución, aquí.
Ayotitlán: una potencial solución paradigmática
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Gisel Mateos González 06 de octubre de 2020 El pasado 22 de julio el Estado mexicano notificó su intención de explorar el procedimiento de solución amistosa para lograr un acuerdo entre las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán (en adelante “comunidad”) y México. Y lo hizo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”) para dirigirse a los representantes de las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán, a saber, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, y la Unión de Pueblos de Manantlán (en adelante “peticionarias”). El posible acuerdo que nazca de esta solución amistosa será paradigmático por dos razones: definirá los límites territoriales entre los estados de Jalisco y Colima, y reconfigurará el andamiaje jurídico interno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos de derechos humanos. Así, para comprender la complejidad de este caso, es necesario conocer al menos parte de su proceso de exigencia, porque, aunque la comunidad ha habitado las tierras y territorios desde tiempos ancestrales, el Estado mexicano no ha reconocido formalmente su adscripción como parte de los pueblos indígenas nahua y otomí, ni la posesión de sus tierras ni su libre determinación se hayan reconocido, y por ello tampoco la protección especial que les debe ser garantizada. La historia y posesión de las tierras de la comunidad ancestral indígena nahua data desde la época de la Colonia, en 1756. La Corona Española le otorgó una extensión de terrenos de 70 mil hectáreas, mediante Merced Real, ahora ubicadas en los estados de Colima y Jalisco, las cuales son ricas en recursos naturales y albergan el yacimiento de hierro más importante a nivel nacional. Ahora bien, la tenencia de la tierra se transformó a partir de 1917, y se creó la propiedad social como una reivindicación de los pueblos indígenas y el campesinado. Por ello, la población nahua solicitó que se reconocieran sus territorios, poseídos tradicionalmente bajo la figura de “bienes comunales”. Dada la carencia de la Merced, en vez de bienes comunales se crearon “tierras ejidales” a través de la publicación de un decreto presidencial. Así, el gobierno decidió crear tierras ejidales con el fin de evitar conflictos internos entre las personas ejidatarias y la comunidad indígena nahua que poseía las tierras. Es decir, la posesión de una parte de la comunidad indígena nahua no fue beneficiada por el decreto presidencial de dotación de tierras ejidales. Y pese a que siguieron poseyendo las tierras de facto, no tuvieron reconocimiento ni protección a la tenencia de su territorio. De esta forma la comunidad no fue beneficiada por la justicia social posrevolucionaria, ya que sus reclamos de tierra y reconocimiento fueron invisibilizados en el reparto agrario. Además, no se consultó de forma libre, previa e informada a la comunidad sobre las actividades no consentidas como decretar sus territorios como zona protegida, la operación de empresas mineras y el establecimiento de personas no originarias de la comunidad en sus tierras. Por si esto no fuera suficiente, existe un conflicto territorial entre Colima y Jalisco, lo cual les ha privado de su derecho de acceso a una jurisdicción, debido a que no pueden tener acceso a servicios básicos como agua potable y luz, ni tampoco seguridad ciudadana y justicia. Esto ha permitido la comisión de delitos del crimen organizado, las múltiples violaciones a derechos humanos por parte de autoridades de diferentes ámbitos y niveles de competencia, así como la explotación y desgaste de sus tierras por la extracción de hierro a cielo abierto, realizada impunemente por consorcios mineros. Todo esto ha tenido como resultado la precarización de la vida, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades a una vida digna de todos las personas de la comunidad. Han sido interpuestas numerosas denuncias ante las autoridades para dar a conocer esta grave situación, ya sea por delitos, violaciones a derechos humanos o daños ambientales, pero ninguna ha prosperado. Por ejemplo, pese a la Recomendación 122/1995, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se documentó este contexto de violencia sistemática y estructural contra la comunidad por parte de agentes estatales y particulares, los gobiernos de los estados de Colima y Jalisco no han cumplido totalmente la Recomendación. Por otro lado, desde 1995 hasta el día de hoy no han sido resueltas las controversias territoriales que fueron iniciadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están radicadas en el Senado. Esto orilló en 2008 a la comunidad a acercarse a las peticionarias con el fin de interponer una denuncia ante la CIDH sobre la violación sistemática a sus derechos, la cual no ha había sido atendida por las autoridades mexicanas. En este sentido, algunas personas de la comunidad han hecho públicos sus reclamos de justicia y verdad, por lo que han sido blanco de ataques. De hecho, el último tuvo lugar en la Conmemoración de la “Matanza de Timbillos”, con el objetivo de dar un mensaje claro, como hace 100 años: persuadir a la comunidad para que desista de su lucha por la verdad y justicia. Finalmente, celebramos la intención del Estado mexicano de buscar una solución amistosa ante la CIDH, pero a la vez lo llamamos a reparar integralmente las violaciones contra la comunidad indígena de Ayotitlán, reconociendo así su proceso de exigencia, y con ello siente un precedente que irradie el sistema jurídico mexicano para que éste respete y garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. * Gisel Mateos González es colaboradora del CDH Vitoria.
Los cómplices de #LaOtraEpidemia
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Víctor Manuel Chima 22 de septiembre de 2020 Recientemente en México se han cumplido 6 meses desde que inició la contingencia debido a la pandemia por la COVID-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy poco más de 73 mil defunciones han sido registradas de manera oficial, y el número de casos positivos estimados es de alrededor de 713 mil.1 Conforme avanzó la pandemia, se identificaron comorbilidades, es decir, factores de riesgo que hacen que las personas tengan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones al contraer la COVID-19, entre ellas algunas relacionadas con la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.2 Particularmente la obesidad y la diabetes son padecimientos relacionados con nuestra salud alimentaria. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 vino a resaltar los problemas de salud pública y alimentaria que durante los últimos 35 años se han agravado, derivados de un modelo agroalimentario industrial, de políticas públicas poco eficientes para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; de la influencia de las industrias de alimentos procesados en la toma de decisiones gubernamentales, y del poco interés de funcionarias y funcionarios públicos en la materia. Algunos datos De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de 1900 millones de personas adultas tenían sobrepeso a nivel mundial, y 650 millones de personas más padecían obesidad. Cada año se registra un total de 2.8 millones de muertes a causa de la obesidad y el sobrepeso. Con respecto a la diabetes4, en México fue la segunda causa de muerte para el año 2017, resultando en el 15.3% de todas las defunciones registradas de manera oficial. En 2016 el 9.4% de toda la población tenía un diagnóstico de diabetes, siendo la principal causa de complicaciones derivadas como la ceguera, enfermedades cardiovasculares y renales, así como la amputación de miembros inferiores. “Los cómplices de la otra epidemia” ¿Qué papel jugaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y exfuncionarias y exfuncionarios de estas instituciones en el aumento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, y por ende, en elevar el número de víctimas mortales por la COVID-19? El pasado lunes la Alianza por la Salud Alimentaria estrenó el minidocumental “Los cómplices de la otra epidemia”5, que nos muestra cómo exfuncionarias y exfuncionarios rechazaron políticas públicas a favor de la salud pública para favorecer la industria de alimentos procesados y velar por sus intereses, en detrimento de la población mexicana. Retirar la comida chatarra de las escuelas, regular de manera efectiva la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y promover un etiquetado de advertencia con información asequible, verídica y científicamente comprobada, son medidas importantes que, de haber sido aplicadas adecuadamente, habrían ayudado a atender de mejor manera las llamadas Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes. Medidas que, además, han sido ampliamente recomendadas por organismos nacionales e internacionales, como la OMS o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Sobre la medida de retirar la comida chatarra de las escuelas, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006 – 2009), se negó a su implementación, optando por firmar acuerdos que mantuvieron a las empresas refresqueras Coca-Cola y PepsiCo en las instituciones educativas públicas, permitiéndoles la venta de sus productos, cuando sabemos que el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de diabetes infantil. Así justificó estos acuerdos con la promoción de “estilos de vida saludables” por parte de las refresqueras. Ahora bien, la regulación efectiva de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes encontró dificultades para ser implementada como política pública durante la gestión de Salomón Chertorivsky como Secretario de Salud (2011-2012), optando por un fallido código de autorregulación que no reconoció los daños ocasionados a la salud de niñas, niños y adolescentes por el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Años más tarde, la misma Secretaría de Salud reconocería que dicha autorregulación de la industria fue una simulación.6 El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018), Pablo Kuri, y el excomisionado Federal de la Cofepris (2011-2016), Mikel Arriola, apoyaron un etiquetado frontal diseñado por la misma industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, el cual no brindaba información precisa sobre los contenidos calóricos de los productos, y que representó un riesgo para la salud. Sobre el exsecretario de Salud (2016-2018), José Narro Robles, quien en 2013, siendo Rector de la UNAM y durante la presentación del libro “La obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, reconoció las dimensiones del problema de salud pública que representaba en ese entonces la obesidad, y por ello recomendó que las propuestas de políticas públicas enunciadas en dicho libro debían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, durante su gestión como funcionario público no atendió las mismas recomendaciones que años atrás había respaldado, y contrariamente actuó cercano a los intereses de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. “Los cómplices de la otra epidemia” nos recuerda la urgente necesidad de implementar políticas públicas que gradualmente y de manera complementaria mitiguen los efectos dañinos en la salud de niñas, niños y adolescentes, de consumidoras y consumidores en general, ocasionados por el consumo de la comida chatarra. Además, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos Humanos7, el Estado mexicano deberá regular las actividades de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, para contrarrestar de manera decidida la influencia indebida de las empresas en la adopción de decisiones gubernamentales. Finalmente, el etiquetado frontal de advertencia, una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y la salida de la comida chatarra de las escuelas, no sólo ayudarán a
Resistencia LGBT+, defender nuestras vidas
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Jorge Luis Aguilar y Leslie Joryet 11 de septiembre de 2020 De algunos meses a la fecha han resaltado en medios diversos casos de asesinatos a personas LGBT+ en nuestro país, y aunque las latitudes son distintas, los crímenes están emparentados por las evidentes señales de violencia y saña con las que quien les atacó buscó imprimir su odio en los cuerpos de las víctimas. No sabemos quiénes son los o las culpables, pero las notas periodísticas enuncian disparos con armas de fuego, mutilaciones, arrollamientos e incineraciones como formas de tortura; que, además, de forma similar a como se ha insistido al hablar sobre uno de los signos que distinguen a la forma más extrema de violencia contra las mujeres -un feminicidio- muchos de estos ataques también terminan con los cuerpos de las víctimas abandonados en vía pública, como si de basura se tratara, intentando evidenciar el grito del perpetrador de “tú no vales nada”. En pleno 2020 persiste la discusión de si algunas personas son válidas y otras no, en donde las diversas formas del rechazo a la diferencia se cobijan del sistema cultural patriarcal que en ciertos casos discrimina y excluye sistemáticamente, en otros arrebata de manera violenta la propia vida y bajo otras formas ofrece a través de lo que podría ser considerado como tortura, la supuesta “cura” ante lo que por pura semántica es, entonces, lo “desviado”, lo “enfermo” o lo “anormal”. La discusión es tan añeja como argumentar si alguien tiene el derecho de votar, de sentarse en la parte de enfrente de un autobús o si puede vestirse como su identidad le dicte. Las personas activistas y organizaciones no se han quedado con los brazos cruzados, pues los avances, sobre todo en la visibilización de las realidades a las que día a día enfrenta el colectivo, han empujado enormes logros y transformaciones en el país, pero que a su vez, esa visibilidad y presencia en muchos de los casos genera un reflujo, una respuesta de una tendencia conservadora que nos tornó más vulnerables al odio en el contexto de una cultura que permite la impunidad y que hasta nuestros días se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma cisgénero-heterosexual. De frente a una discusión que implica dos creencias que se oponen y chocan, las autoridades casi siempre se han visto rebasadas por la realidad y prefieren minimizar la gravedad de las circunstancias. En México fue necesaria una serie de protestas en diversos estados, huelgas de hambre e incidencia en diversos niveles para conseguir que algunas Fiscalías se comprometan a dar seguimiento a los crímenes evidentemente impregnados de odio que nos sacuden día tras día, sin esas voces sería aún más probable que los asesinatos de Mireya Rodríguez en Chihuahua, de Jonathan Santos y Julie Torres en Jalisco, de Javier Eduardo Pérez y de Elizabeth Montaño en Morelos, de Gabriela Reyes en Tabasco, de Samantha Rosales en Puebla y de Jeanine Huerta en Baja California, entre otros que difícilmente conoceremos, queden en la impunidad. ¿Cómo saber si los ataques, en algunos de los casos, fueron motivados por su activismo? ¿Cómo diferenciar un homicidio a un crimen de odio? ¿Por qué no es ocioso reconocer de manera clara cuando los asesinatos implican agravantes en ese sentido? ¿Cómo dejar en el pasado narrativas que de manera casi automática responsabilizan a las propias víctimas de que les hayan arrebatado la vida de esas formas inhumanas? ¿Cómo dejar de encuadrar investigaciones en suicidios, “crímenes pasionales” y “malas amistades” a voluntad de investigadores que no saben ni quieren hacer su trabajo? ¿Por qué como siempre son las familias de las víctimas y la sociedad civil organizada en quienes parece recaer la investigación, la aportación de pruebas y todo el trabajo de las fiscalías? Avanzamos en el reconocimiento jurídico, en la prohibición de la discriminación, en medidas incluyentes que atienden obstáculos específicos como el derecho a la identidad de las personas trans, mientras al mismo tiempo se ponen sobre la mesa pendientes urgentes como la construcción de protocolos que permitan a las autoridades atender a las víctimas con el enfoque diferenciado y especializado que requieren estos crímenes. De nada sirve, tal como ocurre en los casos de feminicidios, la existencia de códigos penales que identifican la problemática pero no terminan de ser aceptados ni puestos en práctica por el personal al momento de investigar o sancionar, pues se evita reconocer por todos los medios la evidente señal de la violencia extrema a su dignidad y sus cuerpos vulnerados, acciones que a su vez, desde los perpetradores de estos crímenes, tienen la finalidad de mandar mensajes sociales de advertencia, terror y apología al machismo más destructivo y violento. Por otro lado, ¿qué ha cambiado para las personas LGBT+ con las ardientes discusiones revisionistas en redes sociales que tienden a la “cancelación” como propuesta de solución? ¿Qué sentido tiene el golpeteo constante de las pantallas de celular en puntos ciegos que a veces no tienen clara conexión con las víctimas que siguen recibiendo agresiones en la calle? Mientras los hashtags sobre declaraciones actuales y obras musicales de hace décadas se suceden uno tras otro, las noticias siguen mostrando que esa buena intención de extirpar la homofobia de la sociedad sigue siendo una batalla que convoca a poner los cuerpos en la calle, a plantar cara a las autoridades ineficientes y arrancarles compromisos de la forma en que sea necesario. Una posición justiciera que en su búsqueda de un mundo mejor atiende cruzadas de “supremacía ética” presumible en Twitter, pero apenas se atreve a tocar nociones de superficie está destinada a caducar si no profundiza en las expresiones más dolorosas de la problemática o si no ofrece una red de confianza a quienes están enfrentando la homofobia en la carne, no en la teoría. Mientras estas luchas y exigencias se generan y llevan a cabo día a día, es importante recordar que la
Los barrios que no pueden parar
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Viridiana Martínez Ortíz 📅 18 de agosto de 2020 En tiempos de pandemia, transitar por alguno de los barrios de la ciudad te acerca y conecta con una de las muchas realidades situadas en espacios y tiempos que danzan lentamente entre la vida y la muerte. Este borde de existencias deja al descubierto historias, vivencias y anécdotas cotidianas, habitadas por heridas del pasado, enraizadas desde el empobrecimiento estructural y que trae consigo consecuencias históricas que en estos momentos representan toda una serie de desventajas socioeconómicas que hacen de la clase popular y trabajadora de las periferias un grupo poblacional con vidas aún más precarizadas tras la situación detonada por el COVID 19. Las periferias no sólo se pueden comprender desde una concepción espacial, pues estas vienen acompañadas de procesos de urbanización que crean paisajes habitados de contrastes y de injusticias sociales. Ante las medidas implementadas desde la lógica del confinamiento y distanciamiento social, las crisis económicas se siguen agudizando y están repercutiendo en estos espacios y modos de vida, que muchas veces se han sostenido desde la informalidad laboral, por ejemplo, sin garantías de acceso a los derechos sociales mínimos indispensables para habitar efectivamente vidas dignas. Además, de estas situaciones la construcción de esta “nueva normalidad” trae consigo toda una serie de narrativas que individualizan el tema de los cuidados, de la salud mental y del encuentro, responsabilizando a las personas de no guardar la “sana distancia”, invisibilizando la necesidad de quienes no tienen alternativa más que salir día con día para cubrir esa falta de garantías aseguradas por los gobiernos, entonces es así que cientos de personas se ven obligadas a desafiar este momento pandémico, salir y ponerse en riesgo para llevar algún sostén para sus personas queridas y familias y de estas maneras continuar re existiendo para vivir dignamente. Las dinámicas de la vida cotidiana desde estos espacios se están viendo trastocadas, y a diario se disputan sentidos de realidad, en búsqueda de construir posibles escenarios populares que les permitan ejercer economías dignas y solidarias, así como subjetividades que permitan ejercitar vínculos desde la cooperación, la caricia, palabras, miradas, sentires y emociones que nos reconecten y revitalicen, para hacer frente a las presentes y futuras crisis. Y para dar cuenta de ello nos adentramos a una de las muchas realidades de la periferia, partiendo de que no son escenarios romantizados, pero sí son realidades que nos ocupan, nos transitan y habitan. Entonces recorremos y las miradas sutiles revolotean en los ensamblajes que dan vida y humanizan las calles que se asemejan a grandes pasillos con luces apagadas que han encontrado otras formas de mantenerse alumbradas, desde rincones de vidas que encarnan diversas violencias, que carecen de servicios básicos y por ello han ido construyendo otros tejidos para la vida desde el encuentro con otras y otros. Sigues caminando y reconoces estas realidades frágiles que se sostienen, mientras el ambiente se armoniza al escuchar de fondo rolas cumbieras, al otro lado de la acera se alcanzan a mirar puestos pulguitas que intentan intercambiar algunos productos teniendo como vehículo las manos; el flujo de la gente deja ver un mundo que hace comunidad, hace presencia y hace conciencia poniendo los cuerpos ante los diversos virus que se han venido acumulando desde hace años, por ello una de las posibles preguntas a hacernos es: ¿qué pasará y hacia dónde podemos ir construyendo desde lo popular? ¿Qué sentidos le daremos a la palabra bienestar? La salud es vivienda, es educación, es trabajo, es vivir libres de violencias, es habitar espacios dignos, es organización desde la digna rabia para hacer de esta crisis una posibilidad de emerger desde otras maneras y formas de relacionarnos y reconocernos desde la vitalidad de la otredad. Porque donde se escucha y organiza desde y con los pueblos, los gobiernos no retroceden. *Viridiana Mtz. Ortíz es coordinadora del Área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación del @CDHVitoria.
Los efectos de la pandemia en las OSC
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por:Esmeralda A. García y Donovan Ortega* 📅 11 de agosto de 2020 Por décadas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México dedicadas a la defensa de los derechos humanos han ideado estrategias para llevar a cabo acompañamientos y actividades en condiciones poco favorables, articulándose y fortaleciéndose ante un Estado que no atiende de manera efectiva ni integral a todos los sectores de la población. La histórica labor realizada por las organizaciones1 ha requerido un ejercicio continuo de planteamientos y acciones creativas en las formas de trabajo y los mecanismos de acompañamiento, defensa jurídica, incidencia política y/o educación popular, atendiendo a los contextos en los que se desenvuelven y que complejizan la implementación de estrategias sostenibles e integrales para su labor. El recorte y la eliminación de recursos públicos, los discursos y narrativas que descalifican su labor, el contexto de riesgo, impunidad y amenazas constantes, así como la falta de políticas fiscales y tributarias integrales que atiendan sus realidades específicas y condiciones2, son elementos que constituyen la actualidad en el que muchas OSC desarrollamos nuestras actividades, sumando además la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que nos pone en una situación de bastante complejidad y mayor vulnerabilidad. Sin duda, durante esta contingencia nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestras dinámicas y formas de trabajo en circunstancias que dificultan mucho más la labor de defensa dentro de una OSC. Entre ellas las medidas de distanciamiento social, la limitada comunicación e interlocución con las autoridades e instituciones y las actividades total o parcialmente detenidas en éstas. Además, dicha emergencia tiene un impacto diferenciado en las personas y grupos que acompañamos: comunidades, colectivos y articulaciones que desde mucho tiempo atrás se enfrentan a escenarios de vulnerabilidad, violencia, precarización y nula atención en sus procesos y exigencias de justicia, verdad y reparación, ahora agudizados ante la emergencia sanitaria. Esta discusión se enmarca en un contexto que pareciera ir “contra reloj” ya que el inicio de las medidas de confinamiento y distanciamiento social no significaron una paralización de actividades en las OSC, al contrario, se multiplicaron cuando la pandemia dejó ver que el Estado continúa sin priorizar sus obligaciones de atención. No es un escenario desconocido para las OSC la reducción o limitación de sus agendas y actividades ante la falta de recursos, llegando a plantearse en algunos casos escenarios como el cierre total de los espacios, lo cual desafortunadamente sí ha sucedido a lo largo de los años en México. Así, mientras las necesidades de atención aumentan, el acceso a recursos que sostengan las actividades continúa a la baja y el panorama se torna más preocupante, colocando en una extrema incertidumbre a muchos espacios que realizan actividades indispensables para la defensa de los derechos humanos. El tema de la sostenibilidad siempre ha sido una constante en los diálogos y reflexiones hacia el interior de las OSC, así como parte de las exigencias del sector frente al Estado. No obstante, la pandemia ha dejado ver mucho más la necesidad de generar estrategias que impacten positivamente en la sostenibilidad integral y la operatividad de nuestros espacios, garantizando una proyección a largo plazo que brinde seguridad no sólo a las personas defensoras dentro de las organizaciones, sino también a las personas que acompañamos y que son el motor principal de nuestro trabajo. Nos enfrentamos a una situación de emergencia que está teniendo fuertes efectos en la manera en que defendemos los derechos humanos, realzando la importancia de configurar y/o fortalecer alianzas y vínculos que permitan construir y llevar a cabo una agenda común desde las bases y la colectividad para tener un mayor alcance a corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local como nacional. Defender derechos humanos es nuestro derecho y debe garantizarse su ejercicio en condiciones integrales y dignas, lo que conlleva desde la obligación del Estado para generar y brindar herramientas y mecanismos que permitan la sostenibilidad de las OSC, hasta la responsabilidad que tenemos al interior de nuestros espacios para asegurar el bienestar integral de nuestros equipos. Es así que las OSC tenemos una diversidad de retos al exterior y al interior, los cuales deben mirarse y ser dialogados en todo momento desde visiones críticas y autocríticas que apuesten por la dignidad humana y el ejercicio integral de los derechos humanos. Es fundamental continuar con estas reflexiones tanto al interior de nuestros espacios como con actores diversos, quienes cuentan con saberes y trayectorias valiosas, las y los que han demostrado su apoyo a las causas y aún más con las personas y grupos que acompañamos, explorando alternativas y compartiendo experiencias y herramientas que permitan construir acciones colectivas efectivas. La tarea no es sencilla, aún quedan muchas reflexiones por dar y si bien son discusiones largas es imprescindible darles su debido espacio en el momento actual. ¿Cómo construimos e implementamos una sostenibilidad integral y digna dentro de las OSC? ¿Cómo seguimos impactando en procesos de carácter estructural cuando cada vez son más las necesidades inmediatas? ¿Qué implica la emergencia sanitaria para la defensa de los derechos humanos? ¿Qué nuevas realidades deberemos enfrentar? Estos cuestionamientos y otros se encuentran profundamente interrelacionados en cada una de nuestras labores por la defensa y promoción de los derechos humanos. El panorama claramente no es alentador, pero es indispensable no dejarse llevar por esta incertidumbre; la historia de las OSC no ha sido fácil pero la construcción de redes y las luchas compartidas continúan. Los impactos del contexto actual serán múltiples y empiezan a reflejarse. Es momento de seguir repensando las formas de hacer y vivir la defensa de los derechos humanos dentro de las OSC, sin dejar de lado que nuestro compromiso sigue siendo el mismo: abonar en la construcción de un país más democrático, justo y digno. * Esmeralda A. García es Coordinadora General del CDHVitoria. Donovan Ortega (@donoortega) es Coordinador del área de Fortalecimiento del Centro.
